Lo mejor de la reforma de 1918 lo aplicó Perón

Reflexiones sobre la reforma universitaria del año 1918:

siete hipótesis para el análisis.
Aritz Recalde, junio de 2008
(Resumen del texto)

4- La Reforma y su aplicación histórica

Haremos referencia aquí a ciertas nociones con el objetivo de plantear otras dos hipótesis:

Hipótesis nº 6: la aplicación práctica de gran parte de los planteamientos del Manifiesto y de los reformadores fue desarrollada por la revolución peronista como parte de un proyecto nacional que surge y se desenvuelve fuera de la Universidad.

Hipótesis nº 7: el peronismo obligó la actualización de gran parte de los postulados reformistas a la luz de una democracia de masas, demostrando que varios de sus principios habían caducado.

Sobre la hipótesis sexta y en el texto de referencia mencionado, sosteníamos que con Juan D. Perón en el gobierno se sancionaron tres leyes universitarias. Esto es, el peronista fue el primer gobierno que sancionó una ley universitaria desde el año 1885[1], y fue, además, el gobierno democrático que mayor cantidad de leyes de Educación Superior sancionó en la historia del país: Nº 13.031/47, Nº 14.297/54 y Nº 20.654/74. Estas tres leyes expresaron a través de un esquema jurídico normativo todos y cada uno de los planteos de los reformadores del año 1918. Durante los primeros 10 años de gobierno y por mencionar únicamente algunas medidas:

1- Ampliación de las matrículas y democratización del ingreso[2]: se suprimen gran parte de los exámenes de ingreso, se eliminan todo tipo de aranceles[3], se desarrolla un sistema de becas -cuestión que tiene sanción constitucional en 1949-, surgen horarios nocturnos para trabajadores, la Universidad Obrera, etc.

2- Extensión Universitaria: se la mencionó en la legislación universitaria nacional en el año 1954 y se iniciaron las prácticas rentadas en el Estado. La Universidad Obrera articulaba directamente el conocimiento y la acción práctica en las fábricas.

3- Promoción de Carreras prioritarias: el Estado estableció Regiones Universitarias y se efectuó una política de planificación del gasto y la uniformidad nacional de los programas. Se creó el Consejo de Universidades como ámbito de articulación de las políticas públicas. Se desarrollaron[4] las técnicas agrarias, la ingeniería del petróleo, la investigación oceanográfica, etc.

4- Ingreso de estudiantes latinoamericanos[5]: se avanzó en el reconocimiento de títulos, en la formulación de congresos científicos internacionales de primer nivel y en el desarrollo del intercambio estudiantil.

5- Vinculación obrero estudiantil: se tendieron los puentes concretos para esta unidad. Tanto dentro del aula al democratizar el ingreso, como asimismo, a través del fomento de las agrupaciones estudiantiles como la CGU o la UES.

6- Defensa de la cultura nacional y regional: aparecieron como objetivos de la Universidad la divulgación de los valores y de las tradiciones de nuestro país y de Latinoamérica. Asimismo, se dio importancia a la defensa del patrimonio no sólo espiritual, sino además económico y político de la Nación.

En definitiva, el peronismo en sus diez años de gobierno nos legó la gratuidad, importantes pasos en la articulación obrero estudiantil, la existencia de carreras prioritarias para la industrialización, el aumento del presupuesto, el fomento del latinoamericanismo y el antiimperialismo de la juventud y varios proyectos de Universidades y Carreras. Estos profundos cambios fueron desarrollados por un gobierno popular y democrático, que entre otras cuestiones, dio a la autonomía universitaria sanción constitucional en el año 1949. En definitiva, surgió la noción del derecho social a la Educación Superior. Asimismo, el peronismo nos dejó como legado varias innovaciones en diversos ámbitos de la Universidad. Por ejemplo, la ley Nº 20.654, de 1974, introdujo la participación de los trabajadores no docentes en el gobierno de la Universidad. Dicha ley permitió el ingreso a la Universidad -previo examen- a los trabajadores que no hubieran cursado el ciclo educativo secundario. Por otro lado, esta norma institucionalizó la implementación concreta del nacionalismo revolucionario al prohibir la práctica docente en Universidades estatales a aquellos profesores vinculados a las empresas trasnacionales.

5- La Reforma en la actualidad: perspectivas

“La inteligentzia es sustituida por la inteligencia de los argentinos. Ha bastado repensar para que el milagro se produzca y ahora sí, pueblo y cultura, caminan por la misma huella, no se superponen para negarse sino para compenetrarse porque el fenómeno viene de abajo y sube, sube, sube” (Arturo Jauretche, 2004: 236)

“La única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino heroico de la juventud (…) el sacrificio es nuestro mejor estímulo, la redención espiritual de las juventudes americanas, nuestra única recompensa”. Manifiesto Liminar.

Es oportuno reflexionar como lo hicieron los cordobeses cuando sostuvieron que la intervención de José Nicolás Matienzo, les había mostrado a cara destapada la fuerza de la corporación universitaria. Hoy, como en 1918, muchas Universidades están desconectadas de los anhelos de las mayorías populares de la Argentina. Suponiendo que compartimos los fines del Manifiesto y dado que han pasado 90 años de aquel intento, fracasos y aciertos de por medio, debemos revisar a conciencia los mejores métodos para modificar el orden de cosas. Como un medio para alcanzar este objetivo, tenemos la oportunidad de reflexionar como parte de varias generaciones que reiteradamente han repetido errores tras las consignas de reforma y autonomía. Ya lo había dicho Juan D. Perón, “la experiencia llega tarde y cuesta cara”. Con este objetivo, la primera conclusión que debemos asumir es que parte de los planteos reformistas fueron propios de principio de siglo y no de la hora actual: las organizaciones libres del pueblo durante el siglo XX y XXI van a la vanguardia del cambio social y muchas veces, la juventud con tal de sostener su “modelo de revolución” o la “autonomía”, juega un rol ciertamente reaccionario. En este sentido, considero que seguir desarrollando y sosteniendo una política estudiantil o docente centrada en las luchas y debates intestinos por un lugar más o un espacio menos en el cogobierno, es una medida anacrónica. Hace 90 años los reformadores establecieron que “Se había obtenido una reforma liberal mediante el sacrificio heroico de una juventud”. Hoy, ha llegado el momento de actualizar estos criterios. Desde el 17 de octubre y durante las décadas del 60 y del 70, sin distinción partidaria, las consignas de las “reformas liberales de la Universidad” fueron reactualizadas por la necesidad de alcanzar las “reformas sociales y económicas del país”. Desde mediados del siglo XX, con avances y retrocesos, América Latina camina hacia la segunda independencia inconclusa y actualmente y de manera más o menos acertada, lo hace en democracia. En este contexto, los enfrentamientos de la Universidad con el país tras las rencillas del cogobierno podrían formar parte del pasado.

La democratización real tiene que ver con la posibilidad de relacionar la Universidad con las demandas de los argentinos que, entre otras cuestiones, se manifiestan en el sistema político de partidos: hospitales, medios de comunicación, rutas, energía, política social, educación, forman parte de las agendas públicas y los temas que la comunidad delega a sus representantes y sobre los cuales la Universidad podría tomar partido. No es acertado en esta etapa democrática del país exigir autonomía de las políticas del Estado del que forma parte. Esa consigna era comprensible hace 90 años a “la sombra de los jesuitas” como dice el Manifiesto escrito a sólo seis años de la Ley Sáenz Peña y en el marco de un sistema político represivo y previo al Estado de bienestar. Actualmente, seguir sosteniendo que el Estado es represivo y viola la autonomía, es una posición cercana al despotismo liberal ilustrado: declarar la autonomía como un fin en sí mismo ante el peligro del “mal gobierno” o la injerencia estatal, supone previamente, sostener que las mayorías electorales son permeables a los aparatos e irracionales y por eso, dignas de ser gobernadas por terceros. Este planteo tras 25 años de democracia en el país, es una justificación de un sistema político en el que sólo pueden tomar decisiones los “ilustrados”: si realmente creemos que las decisiones de las mayorías populares y sus representantes del Estado o corporativos, no pueden opinar sobre las agendas de investigación, de extensión o acerca de los perfiles profesionales que forma la Universidad, estamos dando por hecho la supremacía intelectual, moral y política de la clase media universitaria sobre el resto del país. Si es así, proponemos públicamente: volvamos al voto restrictivo e ilustrado y que los profesionales desde la Universidad gobiernen la Argentina. Está claro, que considero esa coartada como errónea y además, genera una noción profundamente peligrosa para la juventud del país al escindir, por un lado, la Universidad y su mundo interno, y por otro, el país concreto y la marcha de sus organizaciones económicas, sociales y políticas. Actualmente, distanciándonos de ciertos planteos de la autodenominada escuela reformista, creemos que la Universidad no necesita autonomía sino que por el contrario, requiere vincularse y consustanciarse con las políticas del Estado, con los productores nacionales y con las organizaciones libres del pueblo.

La juventud debería problematizar los planteos de la supuesta tiranía del Estado o de la teórica privatización neoliberal, ya que ambas consignas pueden utilizadas como pretextos para bloquear la democratización universitaria. Por un lado, demás está decir, que ambas consignas no son históricamente acertadas: el Estado, con sus defectos, fue y sigue siendo en la actualidad la única oportunidad de los argentinos de medianos y bajos recursos, para acceder a un sistema de seguridad social o a una apoyatura económica. La supuesta acechanza de privatización de la Universidad no es actual, sino y como ya lo señaláramos, la inició el presidente radical Arturo Frondizi cuando en el año 1958 permitió el ingreso de Universidades privadas y católicas. Por el contrario, es bueno hacer hablar a las estadísticas: entre 1989 y 2004 se abrieron once universidades estatales[6] y más allá de que se crean varias privadas, éstas no varían su representación proporcional en la matrícula en relación con las primeras[7]. La falacia de la acechante privatización debería revisarse a la luz de la historia, abandonando además los planteos tales como que la CONEAU[8] es una herramienta de las Universidades privadas o del Banco Mundial y que la existencia actual de una Secretaría de Políticas Universitarias se relaciona con el intento de privatizar[9] el sistema público de Educación Superior.

Creemos que es cardinal que los docentes, los graduados, los no docentes y los estudiantes hagan un análisis histórico de los alcances concretos de los planteos de 1918 y de las acciones de 1955, ambas, reivindicadas como fechas fundacionales de la universidad. El desafío actual, no debería ser mantener la autonomía sino que por el contrario, de lo que se trata es de introducir al país dentro de la Universidad: acompañar, analizar y debatir junto con las organizaciones libres del pueblo y con el Estado, cómo superar los dramas sociales y la dependencia económica y cultural de la nación Argentina. Y por otro lado, una mirada en perspectiva, nos debe permitir problematizar la posibilidad de reivindicar los “medios” de la Reforma sin pensar en los fines de la misma.

En lo concerniente a la transformación universitaria actual, es importante abandonar el misticismo de suponer que la ley Nº 24.521 de 1995 es la responsable total de la crisis de la institución. Incluso, es importante reconocer que este marco legal le permite a las Universidades alcanzar y superar los medios y los fines del Manifiesto del año 1918. El punto de vista que atribuye las culpas a factores exógenos a la Universidad podría dar paso al necesario debate de la comunidad nacional sobre el tipo de Universidad que se necesita para la Argentina, cuestión que no se arregla meramente con la tinta y el papel de los archivos oficiales. Con este objetivo, es oportuno traer a consideración algunas palabras de Ernesto Villanueva (2009) que sostiene como punto de partida para una reforma del sistema universitario la emergencia de discutir cuatro aspectos fundamentales:

“Una primera pregunta está referida a qué carreras necesitamos, una segunda relacionada con el perfil de estudiantes deseable, una tercera sobre las características que deberían reunir los docentes, y una cuarta, teniendo en cuenta las respuestas a las tres primeras, acerca de las estructuras de poder necesarias para esos cambios”.

La posibilidad de que la juventud promueva y acompañe la transformación que el país necesita, es el verdadero legado de la reforma del año 1918.

[1] Según el Manifiesto se debe: “Reformar la ley que nuestra salud moral lo está exigiendo”.

[2] Además de la gratuidad al eliminar aranceles, el gobierno desarrolló una economía de bonanza, único medio para el ingreso concreto de los trabajadores a la universidad.

[3] Decretos Nº 29.337/49 y Nº 4.493/52.

[4] Surgió la Ciudad Universitaria, la obra del Hospital Escuela, la Facultad de Farmacia (antes Escuela) y se formularon los proyectos de las Universidades Nacionales del Sur y de la Mesopotamia. Para ampliación ver Taiana, Jorge, “La Universidad Peronista”, Primera Plana, Buenos Aires, N° 498, 15/VIII/72.

[5] Los antecedentes del Mercosur se pueden buscar en el pacto ABC firmado por Perón. Asimismo, a nivel sindical se desarrollaría el ATLAS. La integración latinoamericana no era un proyecto meramente universitario.

[6] Universidad Nacional de Quilmes (1989), Universidad Nacional de la Matanza (1989), Universidad Nacional de General San Martín (1992), Universidad Nacional de General Sarmiento (1992), Universidad Nacional de la Patagonia Austral (1994), Universidad Nacional de la Rioja (1994), Universidad Nacional de Lanús (1995), Universidad Nacional de Tres de Febrero (1995), Universidad Nacional de Villa María (1995), Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (2002), Universidad Nacional de Chilecito (2002).

[7] Sobre el particular, Juan Carlos Del Bello y Graciela Gimenez establecen que: “En el caso argentino durante la década de los 90 no se registró a nivel empírico ninguna evidencia de que dicho sector (universidades privadas) haya incrementado su participación relativa respecto de 1980 (en torno al 20% del total de alumnos). Más aún, según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias se estimaba que en 1980 la participación del sector privado ascendía al 18,3% en un contexto de ingreso selectivo a la universidad estatal, mientras que para el año 2004 dicha Secretaría estimaba la participación en el 15,3% que contrasta con los datos censales que la ubican en el mencionado 20%”. Puede consultarse este trabajo en: http://www.saece.org.ar/docs/congreso2/delbello_gimenez.doc

[8] Desde el año 1995 todas las iniciativas de creación de instituciones universitarias privadas deben obligatoriamente contar con un dictamen técnico favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. En diez años de existencia, la CONEAU analizó 97 solicitudes de las cuales aprobó únicamente 11 y ninguna de ellas de universidades sino de “institutos universitarios” que son aquellas instituciones acotadas a un campo disciplinario (Medicina, Administración, Psicología). Juan Carlos Del Bello y Graciela Gómez, Op. Cit., p.10.

[9] “Argentina registra una inversión del 0,8% del PIB, y para universidades la inversión es del orden del 0,6%, tasa que se mantiene prácticamente constante desde 1996. Incluso, en la primera mitad de los noventa es cuando se alcanzan esos guarismos, ya que con anterioridad el valor era inferior al 0,5%. Esta evidencia pone en duda el supuesto desfinanciamiento público de las universidades estatales”. Juan Carlos Del Bello y Graciela Gimenez, Op. Cit., p. 12.