domingo, 31 de mayo de 2020

La Política Financiera del Peronismo


Aritz Recalde y Sebastián Tapia, mayo 2020


“¿Qué era el Banco Central? Un organismo al servicio absoluto de los intereses de la banca particular internacional. Manejaba y controlaba los cambios y el crédito bancario, y decidía la política monetaria de la Nación con total indiferencia respecto de la política económica que la Nación debía desarrollar para la promoción de su riqueza. En nombre de teorías extranjeras, desoía los justos reclamos de una mayor industrialización”. Juan D. Perón

En el año 1946 el Presidente Edelmiro J. Farrell modificó el funcionamiento de las instituciones financieras del país. El 25 de marzo nacionalizó el Banco Central con el decreto-ley 8503/46 y el 24 de abril reorganizó el Régimen de Depósitos bancarios con el decreto-ley 11.544/46. Según Antonio Cafiero la iniciativa fue inducida por Juan Perón y supuso la “primera medida del gobierno electo el 24 de febrero”.
Con ambas decisiones se instauró el principio doctrinario del Justicialismo, que establece que la política financiera tiene que vincularse estrechamente con la política económica nacional. Sobre esta base institucional y durante todo el Gobierno de Juan Perón el Estado adquirió la indelegable potestad de orientar y de planificar racionalmente la utilización de los recursos financieros de la colectividad. 

·         El decreto-Ley 8503/46 de Nacionalización del Banco Central
El 24 de marzo de 1946 el entonces Ministro de Hacienda de La Nación, Amaro Avalos, le envió un Informe al Presidente Edelmiro J. Farrell impulsando la creación de un nuevo régimen financiero nacional. Propuso integrar las normativas de “Bancos y del Banco Central”, la de “Coordinación de Bancos Oficiales” y de otras instituciones nacionales como las “Juntas Reguladoras, Elevadoras de Granos y Corporación para la Promoción del Intercambio”. Como complemento, promovió la creación de un instituto especializado de “Créditos, Garantías y Ahorro”.
Atendiendo las recomendaciones de Amaro Avalos, Farrell sancionó el decreto-Ley 8503/46 modificando parcialmente la ley 12.155/35 de creación y de funcionamiento del Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central de 1935
El Banco Central fue creado luego de la crisis bursátil y económica de los años treinta. El Ministro Avalos destacó que para garantizar su fundación el Estado “saneó” a los bancos privados, obligando al conjunto de los argentinos a cargar don dicho costo.
Alfredo Gómez Morales compartió el diagnostico de Avalos y puntualizó que la reforma monetaria y bancaria de 1935 incluyó un “salvataje financiero de los pocos privilegiados” que “conducían con hilos invisibles los resortes de la política y del gobierno del país”. En el mismo sentido Antonio Cafiero mencionó que en 1935 salvaron “de la ruina económica a los bancos e instituciones financieras privadas y extranjeras que durante la época precedente a la crisis del año 30 se habían dedicado a toda suerte de préstamos especulativos”.
La ley 12.155/35 estableció que el Banco Central estaba a cargo de un Presidente, de un Vicepresidente y de doce Directores. Estos últimos eran elegidos a razón de uno por el Poder Ejecutivo, uno por el Banco Nación y diez por la Asamblea de Bancos Accionistas siendo seis en representación de entidades bancarias (1 de provincia, 3 nacionales y 2 extranjeros) y cuatro elegidos en acuerdo con el Directorio y las entidades del agro, el comercio, la industria y la ganadería.
Gómez Morales consideró que este sistema mixto lesionaba la soberanía argentina ya que le otorgaba las decisiones a grupos financieros privados y extranjeros “ajenos al gobierno mismo”. Además puntualizó que el funcionamiento del Banco Central se caracterizó por la “falta de unidad entre el organismo monetario de tipo mixto y el poder político que representaba la soberanía del país (…) los intereses particulares de los bancos, especialmente los extranjeros, agravaban más aún la falta de disposiciones expresas y categóricas sobre el manejo del crédito”.
Antonio Cafiero consideró que el Control de Cambios y del crédito efectuados por el Banco Central no acompañaron la incipiente industrialización. El organismo implementó una “rigurosa ortodoxia” que benefició meramente a las actividades agrícolas. Cafiero consideró críticamente el hecho de que el Banco no favoreció el abastecimiento y el equipamiento del país en la antesala a la Segunda Guerra mundial.

La nueva estructura del Banco Central
El Directorio del Banco Central fue nacionalizado y salieron los accionistas de las entidades bancarias privadas. A éstos últimos se les reintegró su capital en bonos del Tesoro y en efectivo cuando así lo dispusieron.
A partir del decreto-Ley 8503/46 el Directorio se integró con un Presidente, un Vicepresidente y trece Directores. Se especificó que todos ellos tenían que ser argentinos nativos. El Presidente y Vicepresidentes debían disponer de experiencia industrial, comercial y bancaria. Formaron parte del Directorio tres representantes de los bancos oficiales (Nación, Hipotecario e Industrial), cinco delegados de las Secretarías de Estado (Hacienda, Agricultura, Obras Públicas, Industria y Comercio y Trabajo y Previsión). Lo integraron cinco “representantes auténticos” de la industria, de la agricultura, la ganadería, el comercio y de las “fuerzas del trabajo”. Los miembros del Estado y de la producción eran designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las Secretarías y de las entidades representativas del sector. En palabras de Gómez Morales a partir de 1946 “se formó un directorio netamente argentino”.
La cláusula 16 del decreto 8503/46 puso bajo la órbita del Banco Central a los Bancos Públicos, a la Caja Nacional de Ahorro Postal y a la Comisión Nacional de Vivienda. Incluyó a los entes reguladores del comercio como el Consejo Agrario, la Comisión de Granos y Elevadores, la Corporación para la Promoción del Intercambio y diversas Comisiones y Juntas (yerba mate, lecheras, industriales, carnes, vinos, algodón, azúcar, etc.-).

Política monetaria  y desarrollo económico y social
Entre los considerandos del Decreto 8503/46 se destacó que “es propósito del Poder Ejecutivo propender a una intensificación racional de la capacidad productora de la Nación en todos los órdenes, que permita expandir la economía mediante el más activo aprovechamiento de los recursos naturales y humanos y asegurar el bienestar general, el desenvolvimiento de las industrias, la especialización y mejoramiento de la producción agrícola ganadera, el acrecentamiento demográfico y toda otra actividad que suponga, en sus resultados, la elevación de la riqueza nacional”. El Decreto puntualizó que la política monetaria “no puede trazarse según normas aisladas y distintas de las que inspiren la política económica del Estado”.
Alfredo Gómez Morales detalló que el Banco Central nacionalizado se puso en línea con el plan de “promoción e independencia económica” trazados por el Poder Ejecutivo, en base a los estudios del Consejo Nacional de Posguerra. La nueva distribución de las divisas facilitó la implementación del programa de fomento industrial y la reposición de bienes de capital. El Banco favoreció la justicia social y la creación de un mercado interno pujante.

Con el decreto-ley 12.596 del 3 de mayo de 1946 el Banco Central concentró el manejo del control de cambios. Antonio Cafiero mencionó que se implementó un sistema de “tipo de cambio múltiple” y dicha política dejó de ser “cuantitativa” y se tornó “cualitativa”. Se atendió el abastecimiento del mercado interno y el fomento de la producción nacional. Con dicha labor el Estado pudo proteger al industrial argentino y se sustituyó el tradicional instrumento de la protección aduanera.
Gómez Morales destalló que dicho ciclo político de crecimiento y de pleno empleo derivó en un principio de inflación “circunstancia inevitable en la realización de una economía expansiva”.

·         El Decreto-ley 11.554/46 de nuevo Régimen bancario privado
“Antes los bancos daban al que pagaba mayor interés (…) Hoy no se presta dinero sólo con criterio comercial sino en atención, además, al interés general”. Alfredo Gómez Morales

En un Informe enviado a Farrell el 15 de abril de 1946, el Ministro Amaro Avalos mencionó que la ley 12.155/35 prohibió que el Banco Central realice las operaciones que creyó “peligrosas” y obligó a las entidades a disponer una cantidad de efectivo mínimo con relación a los depósitos. Avalos destacó que estas y otras medidas no impidieron las crisis frecuentes y el temor y la “desconfianza inmotivada” contra el sistema financiero. Resultado de esos fenómenos se generaron “liquidaciones ruinosas”, perdieron valor los documentos y se produjo la consecuente paralización industrial o el “emisionismo franco, que devalúa todo el dinero en manos del público”. En ese escenario fue frecuente que los ahorristas pierdan sus ingresos y que el Estado salga a subsidiar a los Bancos que se convierten en los únicos ganadores de las crisis.
Avalos destacó que en el sistema de la ley 12.155/35 los depositantes no participaron prácticamente de las ganancias de los bancos y que por eso tampoco deberían  participar de las “pérdidas”. Puntualizó que la mitad de los depósitos bancarios no les otorgaron nunca premios a los ahorristas y que el interés pagado fue siempre sumamente bajo en relación a la ganancia que generaron.
En este marco y con la finalidad de empezar a solucionar los problemas estructurales y las inequidades, el Ministro Avalos mencionó que “El Estado, velando por el bienestar general, debe a mi juicio tomar a su cargo la responsabilidad de todos los fondos que los habitantes del país lleven a los bancos no oficiales (…) Considero preferible que la Nación, por órgano del Banco Central, asuma la responsabilidad total ante los depositantes por los fondos que éstos depositen en los bancos, lo cual equivale a poner a todos en el mismo plano de protección en que hoy se hallan los depositantes de los bancos oficiales”.
Con la reforma introducida por el decreto-ley 11.554/46 el Banco Central tomó la garantía de todos los depósitos, dejando en cada banco particular el trato con los clientes que mantenían sus cuentas y servicios.
Los bancos receptores manejaron, recibieron y pagaron los depósitos a cuenta del Banco Central, quien les otorgó una comisión por el servicio financiero y administrativo que prestaron. En cada caso, el Banco Central analizó los papeles y los negocios de la institución y se definieron los márgenes y los destinos de los préstamos.
La autoridad nacional obtuvo el poder de policía para la “inspección activa y permanente” de los bancos y con esa facultad pudo defender el interés de los depositantes.
Avalos remarcó el hecho de que el Estado adquirió un instrumento fundamental para promover el desarrollo económico del país. El Ministro mencionó que a partir de la reforma el sistema financiero tenía que fortalecer la capacidad productiva de la Argentina. Puntualizó que desde ahora existiría una planificación nacional integral del desarrollo y “atendiendo al destino de los préstamos efectuados por los bancos, podrán establecerse tasas diferentes para su redescuento o caución en el Banco Central, con lo cual el mayor beneficio que los bancos recojan coincidirá con el desarrollo de aquellas operaciones que más convenga incrementar dentro de las orientaciones económicas del referido plan”.
Con la finalidad de garantizar la promoción industrial y productiva, se estipuló que el Banco Central no podía atender las necesidades fiscales y de funcionamiento del Gobierno con los depósitos.

·         Normas reglamentarias
El 21 de mayo de 1946 el entonces Presidente del Banco Central, Miguel Miranda, le presentó al Ministro Avalos un Informe con un conjunto de proyectos reglamentarios de los decretos 8503/46 y del 11.554/46.
Edelmiro Farrell recuperó los planteos de dicho Informe y sancionó una nueva regulación a la que organizó en tres niveles: Banco Central (decreto - ley 14.957); Bancos Particulares (decreto - ley 14.962) y Bancos Públicos (decretos – ley 14.959 Banco Nación, 14.960 Banco Industrial y 14.961 Banco Hipotecario). 
Miranda justificó la reforma financiera en el hecho de que el organismo potenció su condición de ser el gran catalizador del desarrollo. El artículo 3 del decreto-ley 14.957/46 puntualizó que el objeto del Banco era “Promover, orientar y realizar, en la medida de sus facultades legales, la política económica adecuada para mantener un alto grado de actividad que procure el máximo empleo de los recursos humanos y materiales disponibles y la expansión ordenada de la economía, con vistas a que el crecimiento de la riqueza nacional permita elevar el nivel de vida de los habitantes de la Nación”.
Miranda mencionó que “Como resultado de habérsele constituido en depositario de todos los fondos que la población confía a los bancos, el Banco Central de la República. Argentina tendrá la obligación de proveer los recursos que estos últimos precisen para proseguir la mayor parte de sus operaciones. Ese fin se satisface básicamente por vía del redescuento de sus carteras, que consiste en la entrega de fondos por el Banco Central contra pagarés, letras y otros valores comerciales que constituyen el activo de los bancos”.
Los bancos mantenían “la más plena responsabilidad respecto de sus préstamos, puesto que ellos son quienes estudian y deciden cada operación propia”.

·         La reforma financiera del año 1949
En 1949 el país debió enfrentar la inconvertibilidad de la libra británica, la decisión del Plan Marshall de no adquirir nuestra producción y la caída del precio de los bienes de exportación argentinos.
En 1949 se crearon los Ministerios de Finanzas y de Economía y se reorganizó el Consejo Económico[1] al que se le dio la función de coordinación de la política de desarrollo. Gómez Morales mencionó que el Banco Central fue reformado con la ley 13.571/49 y desde entonces quedó con la “función específica de ejecutar la política monetaria y bancaria que traza el Ministerio de Finanzas de la Nación”.
Gómez Morales mencionó que la reforma de 1946 mantuvo varios aspectos de la Carta Orgánica de 1935. Entre otros temas, “se respetó la relación mínima del 25% entre las reservas y la circulación monetarista”. El Gobierno modificó dicho régimen de garantía de los depósitos con la ley 13.571/49. Para justificar la medida Gómez Morales explicó que la “cantidad de circulante debe basarse en las necesidades de la producción y de la distribución del proceso económico”
Se redujeron los créditos para producciones superfluas. Gómez Morales mencionó que la decisión no supuso prohibir la producción de otros bienes, sino que en este caso el fabricante debería hacerlo con su propio capital. 

·         Un balance de la reforma financiera del Peronismo
Antonio Cafiero puntualizó que la reforma financiera del Justicialismo:
1- Fortaleció la soberanía económica nacional y las decisiones pasaron del sector bancario especulador extranjero al Estado, que es el promotor de los intereses de la colectividad;
2- Le dio al Banco Central la función de promover el desarrollo integral de la nación. El organismo conformó un Directorio con miembros de las carteras estatales y con referentes de la producción y del trabajo y eso favoreció la diagramación de políticas productivas. Se implementaron potentes líneas de crédito industrial y se abandonó la tradicional ortodoxia monetarista.
3- Auspició una política activa de control de cambios protegiendo el consumo del mercado interno y al empresario argentino.
4- Ordenó y potenció la Banca pública. El Banco Industrial financió la industria y la minería; el Banco Nación la actividad agraria, el comercio y las acciones de colonización y de impulso a la inmigración; el Banco Hipotecario se dedicó a sufragar viviendas; y la Caja Nacional de Ahorro Postal se abocó al fomento del pequeño ahorro y otorgó prestamos de consumo.
5- Permitió una utilización nacionalista de las reservas y se destinaron, centralmente, a importar bienes de capital, a rescatar la deuda externa y a nacionalizar los servicios públicos
  
Bibliografía citada
Alfredo Gómez Morales, Política Económica Peronista, Escuela Superior Peronista, Buenos Aires, 1951.
Antonio Cafiero, De la Economía social Justicialista al régimen Liberal Capitalista, EUDEBA, 1974.
Memoria del departamento de hacienda correspondiente a los Años 1946 y 1949, Buenos Aires, 1947.
Plan de Gobierno 1947 – 1951, Presidencia de La Nación, Buenos Aires, 1946.



[1] El Consejo Económico se integró con los Ministros de Economía (plan general), Finanzas (divisas), Industria y  Comercio (abastecimiento) y de Hacienda (recursos).

sábado, 16 de mayo de 2020

El Coronavirus y la economía nacional


Aritz Recalde, 13 de mayo de 2020

Publicado en REVISTA 2050
En los medios de comunicación se instaló la visión infectológica del Coronavirus, que si bien es fundamental, no agota la totalidad de los aspectos que integran una política de salud pública. El hecho de centrar la mirada solamente en cuestiones de reproducción de los contagios, lleva en muchos casos a suponer que el problema se resuelve únicamente con la Cuarentena y dando atención médica a la población contagiada.
En realidad, una política integral de salud tiene que incluir además de las cuestiones médicas, los aspectos sociales, emocionales y económicos vinculados. Asimismo, creemos que se tiene que contemplar la tarea de los agentes sanitarios y también la participación de la comunidad organizada, de la familia y del empresariado.
Cuatro ejes y cuatro actores de las políticas de salud
La lucha contra el Covid-19 tiene una dimensión médica. La expansión de un virus tiene que ser abordada por los infectólogos y los epidemiólogos, entre otros especialistas. En estos casos el Estado asume la indelegable tarea de diagramar la política de salud pública. Con este fin, dispone del conocimiento y de la organización de la industria médica, de los sindicatos que administran obras sociales y sistemas hospitalarios, del personal y de diversas instituciones de la comunidad.
Para enfrentar una epidemia es central la política social. El gobierno argentino diariamente asiste a millones de familias con dificultades para trabajar y que se ven impedidas de acceder a la alimentación o a los remedios. Esta labor es aún más fundamental en el universo de las personas con movilidad reducida o en situación de riesgo. Actualmente, el Estado planifica, financia y ejecuta la política social con la activa y la estratégica intervención de  la comunidad organizada que conoce los problemas populares y que tiene la llegada al territorio.
La política de salud debe atender también las cuestiones emocionales de la población. Con este objetivo, el Estado tiene que implementar una comunicación pública y debe diagramar un plan de asistencia de salud mental a los millones de argentinos desesperados, asustados o deprimidos. En este aspecto juegan un rol fundamental la comunidad organizada y la familia, que es la célula básica de la sociedad y que hoy tiene la inmensa responsabilidad de acompañar y de contener emocionalmente.  
Una política de salud requiere de una política económica.Querer separar ambas dimensiones puede conducir al fracaso de la estrategia sanitaria y al quiebre productivo del país con el potencial escenario de desabastecimiento, inflación y saqueos. Por un lado, el Estado y las empresas deben planificar la producción de los recursos médicos para abastecer el mercado interno. Es bueno destacar que más del 65% de la producción farmacológica que consumen los argentinos, es de origen nacional. Además, el Estado debe contribuir a garantizar las fuentes de trabajo, que son la base de los ingresos familiares. Si se pierden los empleos van a quebrar las obras sociales que le dan salud a más de 15 millones de personas. Si la economía continúa en recesión, el Estado no va a poder recaudar impuestos, aumentando aún más el déficit fiscal. Se puede producir un corte en la cadena de pagos de proveedores y en el pago de salarios de los empleados públicos.
La política económica del día después
Aún no se puede adelantar con certeza los tiempos que durará la circulación del Coronavirus, ni tampoco cuál será la dinámica de la cuarentena. Lo que sí es seguro, es que conviviremos con éste virus, como lo hacemos con tantos otros[1], y que debe preparase a la comunidad y al Estado para coexistir con ellos.  
En el marco de la incertidumbre actual, es importante reconocer que no existe una “única” solución sanitaria y tampoco “la” receta económica. En realidad, cada región y cada país están implementando su propia política que surge como el resultante de su cultura, su economía y de su situación sanitaria.
Incluso dentro de la misma República Argentina la situación infectológica, social y económica varía entre provincias y municipalidades y es correcto lo que hace el Gobierno Nacional de modificar la dinámica de la Cuarentena en cada lugar.
La crisis supone una oportunidad
Históricamente, las crisis internacionales generaron perjuicios para nuestro país en el terreno económico y social. Pero en algunos casos también acarrearon nuevas oportunidades, por el hecho de que las naciones centrales se abocaron a resolver sus frentes internos y no a obstruir la posibilidad de desarrollo del resto de los países. No es casual que en el marco de la Primera Guerra Mundial ascendió al poder Hipólito Yrigoyen y tras la segunda conflagración mundial Juan Perón alcanzó la presidencia.
El gobierno de Alberto Fernández tiene un importante consenso entre la población, emanado de la reciente elección presidencial y como resultado del tratamiento que le dio a la lucha contra el Coronavirus. Con ese poder aplicó medidas radicales y de excepción y puso en cuarentena a 45 millones de personas e inmovilizó a más de 400 mil pymes.
Ese poder puede utilizarse para implementar la reforma económica que la Argentina requiere para garantizar el despegue productivo y la emancipación social del pueblo. Es un momento oportuno para renegociar la deuda defendiendo los intereses argentinos, para iniciar un desarrollo industrial soberano y para implementar los cambios estructurales que el país necesita.
El plan económico: de la emergencia al proyecto nacional de mediano y largo plazo
El Gobierno Nacional no presentó aún un plan económico. En parte, esta falencia se le adjudica a la espera del resultado de la negociación de la deuda, que absorbe gran parte de los fondos públicos[2].
Economía de emergencia
El Coronavirus llevó al Gobierno a implementar una agenda económica de emergencia tendiente a enfrentar los perjuicios que generaron el Coronavirus y la Cuarentena. Entre otras acciones, se buscó proteger al trabajador del sector formal con la doble indemnización o directamente prohibiendo los despidos. El Gobierno financió el 50% de los salarios de algunas empresas y entregó créditos subsidiados a los trabajadores autónomos, entre otras acciones. Además, se implementaron gestiones para atender a más de 10 millones de personas de la economía informal que reciben diariamente alimentos y asignaciones.
De la emergencia a la Nueva Argentina
El país necesita un plan integral de desarrollo que incluya un programa económico. Para poder formularlo e implementarlo se requiere de una doctrina que marque el rumbo y de una organización política que lo haga realidad. En la Argentina existen tres grandes doctrinas económicas que se pusieron en práctica y son el nacionalismo industrialista popular, el desarrollismo productivista y el liberalismo agroexportador y financiero. El primer modelo lo implementó Juan Perón y tiene, entre sus grandes teóricos, a Antonio Cafiero. El desarrollismo tuvo su auge con Arturo Frondizi y entre otros pensadores que le dieron consistencia teórica se encuentran Aldo Ferrer o Enrique Gugliarmelli.
Desde nuestro punto de vista, hoy debemos orientar la economía argentina sobre principios justicialistas y desarrollistas avanzando en la industrialización, en la nacionalización productiva y en la elevación de la calidad de vida del pueblo.
Para formular e implementar el plan económico de la Nueva Argentina es fundamental dar vida al Consejo Económico y Social que anunció Alberto Fernández y que estaría integrado por representantes de la política, la producción, la cultura y el trabajo. El organismo puede funcionar de manera análoga al Consejo Nacional de Posguerra que formuló los Planes Quinquenales. Además, podría emular los Consejos que creó el gobernador Antonio Cafiero para implementar la gestión participativa de la provincia de Buenos Aires. 
El Consejo Social garantizaría así la participación de la comunidad organizada en la gestión del Estado. Esto le otorga al proyecto político tanto gobernabilidad institucional como estabilidad social y macroeconómica. Además, aportaría la estructura de cuadros técnicos y profesionales existente en el Movimiento Obrero organizado, en el empresariado, en las universidades y en las diversas instituciones de la cultura y la ciencia.
Medidas a corto plazo: el empleo y la reactivación del mercado interno
De manera similar al gobierno que enfrentó la crisis del 2001, debe implementarse un ambicioso plan de generación de puestos de trabajo. Actualmente, el desempleo supera el 10% y junto al subempleo y la precarización, dejan como saldo que alrededor del 40% de las familias tengan dificultades para proveerse de ingresos. La cuarentena profundizó una recesión que ya lleva casi dos años y todos los días se pierden puestos de trabajo, se reducen turnos en los empleos y se bajan los salarios.
Para reactivar la actividad podrían implementarse tres líneas de acción:
- Planes de empleo “Estado y comunidad organizada”. En 1987 Antonio Cafiero implementó los Programas Intensivos de Trabajo, cuya estructura fue retomada en 2002 con el Plan Jefes y Jefas. El Estado provincial y nacional aportaron los recursos para sueldos y las municipalidades compraban materiales y seleccionaban y dirigían las obras. Los trabajadores se organizaron en cooperativas y otras formas sociales de producción.
Este tipo de programas sirve para hacer pequeñas obras, planes de vivienda popular o reparar  edificios públicos, clubes y las instalaciones de las asociaciones barriales. Dicho programa también puede utilizarse para financiar parte de los salarios docentes de cursos, capacitaciones y actividades culturales y deportivas en clubes, iglesias e instituciones de fomento.
- Programas de “Obra Pública con el sector privado”. Desde el año 2003, la obra pública fue uno de los grandes motores que generó empleo y que facilitó la reactivación del mercado interno. Argentina tiene una importante cantidad de empresas que reúnen técnicos, profesionales y mano de obra disponible en un país que tiene mucho por hacer.
- Programas de “apoyo al sector empresarial”. La cuarentena quebró o puso al borde del cierre a miles de pymes. Hoy los diversos países del mundo[3] están otorgando créditos subsidiados al productor, le garantizan protección arancelaria e inyectan fondos a las familias para mantener la actividad del mercado interno.
El Plan a mediano y largo plazo: el desarrollo integral
Tal cual adelantamos, el país requiere de un programa de desarrollo que incluya un plan económico. Dicha programación no puede dejar de implementar:
- Políticas de impulso a la tecnificación y el aumento de los volúmenes de producción del “sector agropecuario”. Este último es sumamente dinámico en la Argentina y produce parte importante de las divisas.
- Políticas de fomento del “sector industrial” tendientes a sustituir importaciones. Se deben fortalecer las acciones para aumentar las cadenas de valor, invertir en tecnología, maquinaria y en capacitación. El sector requiere de estabilidad macroeconómica, de apoyo financiero y de protección arancelaria. Se debe garantizar la existencia un mercado interno pujante y de un mercado externo para colocar excedentes. La industria nacional, y centralmente las pymes, son los principales generadores de trabajo de calidad en el país.
- Políticas de fomento de “Regímenes especiales” de industria farmacológica, turismo, pesca, ganadería, agricultura familiar, artesanía, minería, energía, servicios públicos, ciencia y tecnología, etc.-.
Reformas estructurales para financiar y hacer viable el programa de desarrollo
La Argentina es inviable económica y socialmente si no impulsa un cambio estructural del funcionamiento de cinco sectores estratégicos:
- Reforma del sistema financiero. El actual sistema financiero garantiza la especulación y la fuga de recursos. Se debe terminar con el sistema que históricamente estafa al ahorrista y se tiene que orientar la tarea de los Bancos hacia la producción y la capitalización nacional. Con este fin hay que modificar la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Entidades Financieras y los marcos regulatorios de los Bancos Públicos. 
- Reforma del comercio exterior. Es fundamental hacer un uso racional y nacional de las divisas en un mundo que está cada día más cerrado. Con este fin, se pueden recuperar y actualizar las experiencias de las Juntas Reguladoras y del Instituto Argentino de Promoción de Intercambio. Asimismo, nuestra dirigencia tiene un inmenso desafío en buscar nuevos mercados para colocar los excedentes productivos. Hay mucho por avanzar en la construcción del mercado sudamericano y en el comercio bilateral con acuerdos estratégicos nacionales.
- Reforma del comercio interior. El Gobierno tiene que impedir la acción inflacionaria y de cartelización productiva que hacen los grandes comercializadores. En paralelo, se tienen que expandir los mercados y ferias populares y hay que implementar políticas de apoyo a los almacenes de cercanía. El Gobierno lanzó la Tarjeta Alimentaria y eso fondos van a los grandes supermercados. Sería deseable que el Banco Nación garantice un acceso gratuito o subsidiado al uso de posnet u otros sistemas de pago a los almacenes de cercanía.
- Reforma tributaria. Es fundamental que el sistema de recaudación de impuestos promueva la producción y que desaliente la especulación, instalando definitivamente el criterio de que "los que más tienen más aportan".
- Nuevo régimen de Servicios públicos. El país necesita mejorar el funcionamiento de los servicios de electricidad, gas, combustible y servicios de comunicación como internet y telefonía. Lo mismo ocurre en tema de rutas, autopistas, puertos, ferrocarriles, flota mercante, etc.-. En todos los casos, es fundamental instalar y hacer cumplir el concepto de servicio público estratégico e impedir que sea la mera lógica comercial lo que guíe su desenvolvimiento.  
Las dificultades son muchas, pero la dramática situación social y económica exige que se busquen soluciones profundas a los problemas nacionales. Llegó el momento de que la dirigencia se cargue la patria al hombro y que se convenza de que política es el arte de hacer que lo necesario sea posible.



[1] Durante las últimas dos décadas cada cinco a seis años surgió o tomó estado público un nuevo virus que derivó en epidemia y/o pandemia. En el año 1997 fue la Gripe Aviar (H5N1), en 2002/3 el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en 2009/10 la Gripe Porcina (H1N1) en 2012/5 el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y en 2019/20 el Covid 19.
[2] En un gran resumen, el país tiene una deuda pública que ronda los 324 mil millones de dólares. Actualmente, se está negociando con los poseedores de 66 mil millones de títulos en dólares bajo legislación extranjera. Además, queda definir cómo se abordará el tema de los vencimientos de los 72 mil millones con los organismos internacionales, los 37 mil millones de títulos de legislación nacional y los 146 mil de deuda interestatal.

[3] EUA, que es un país liberal, implementó el mayor plan de apoyo económico del mundo con la ley de “Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus” (CARES). El Estado le otorgó subsidios a contribuyentes y sus familias y a desempleados. Se financió a instituciones de vivienda y se prohibieron desalojos. También recibieron partidas especiales las empresas y las organizaciones sin fines de Lucro. Se destinaron recursos a la asistencia alimentaria, a la inversión en infraestructura y seguros de salud y para préstamos a estudiantes, entre otros.

martes, 12 de mayo de 2020

John William Cooke y el nacionalismo económico


Aritz Recalde[1], marzo de 2019


“Las clases dominantes argentinas durante mucho tiempo no solo fueron instrumento material del capital extranjero (…) además del dominio económico había un dominio intelectual. No sólo se los dominaba por medio de la economía, se les creaba una mentalidad típica de indefensión, una mentalidad de entrega”. J. W. Cooke
“La clase dirigente entregó todo al extranjero, todo cuanto éste exigió, desde el manejo de la moneda y el crédito, hasta el monopolio de los transportes (…) extranjeros eran los ferrocarriles, los teléfonos, el gas, los frigoríficos trustificados que controlaban las exportaciones de carnes, las empresas de comercialización de cosechas, los tranvías, ómnibus y subterráneos”. J. W. Cooke

John William Cooke (1919-1968) es uno de los dirigentes políticos más destacados del justicialismo. Entre sus diversos roles alcanzó el cargo de Diputado Nacional y se desempeñó como el primer delegado de Juan Perón luego de iniciada la dictadura del año 1955. En su activa trayectoria vinculó las identidades del radicalismo, del peronismo y de la izquierda latinoamericana.
Se destacó además, por ser un agudo analista y un teórico del proceso histórico del cual fue protagonista. Entre sus aportes conceptuales más destacados deben mencionarse su noción del nacionalismo industrialista y la explicación del factor imperialista como el centro fundamental de las relaciones internacionales.

A lo largo del presente artículo, vamos a describir de manera sucinta algunos de sus conceptos fundamentales sobre el funcionamiento de la economía de la Argentina.

La historia de la dependencia económica argentina
“La dependencia económica aseguró la esclavitud mental”. J. W. Cooke

En su trabajo “Apuntes para la militancia” Cooke realizó un breve análisis sobre la historia de la Argentina.  Allí descrió la existencia de dos grandes tendencias políticas, sociales, culturales y económicas enfrentadas. Por un lado, se desenvolvió  un proyecto orientado al desarrollo soberano, productivista y de carácter federal; por el otro, avanzó el programa económico de sumisión al mandato del capitalismo británico y de inserción dependiente del país al mercado mundial.   
Cooke detalló que en el siglo XIX el grupo unitario porteño fue la polea de transmisión del proyecto foráneo y  le “concedió a Inglaterra la franquicia para que sus barcos navegasen nuestros ríos, a cambio del derecho espectral de que los barcos que no teníamos navegasen por el Támesis”. Bernardino Rivadavia continuó estas acciones y pactó un préstamo con la Baring Brothers inglesa, entregó las minas de la Fátima en la Rioja -a un consorcio europeo del cual el mismo era miembro- y fundó el Banco de Descuentos controlado por comerciantes británicos. Esta corriente política impidió el desarrollo de las artesanías del interior del país arruinando a la “provincias mediterráneas”. La economía aperturista frenó el desenvolvimiento industrial y desató los sangrientos enfrentamientos entre los representantes de las provincias y el gobierno de Buenos Aires. En óptica de Cooke, el unitarismo porteño descuidó las Guerras de la Independencia, permitió la escisión de la Banda Oriental y fue un acelerador del desmembramiento del Alto Perú y del Paraguay.  
La contracara del programa unitario lo encarnaron los caudillos federales. Cooke caracterizó de forma positiva a Juan Manuel de Rosas, quién forjó un pacto político entre Buenos Aires y el interior tendiente a detener al colonialismo europeo. La Ley de Aduanas del año 1835 protegía la industria artesanal existente en las provincias y sentó las bases para la organización de la Nación sobre principios federales. Como resultado de esa promoción, se desenvolvió una “industria capitalista independiente del sistema del comercio de Inglaterra” con la cría de ganado, los saladeros y la flota de barcos bonaerenses.
Cooke destacó el hecho de que en el Río de La Plata la búsqueda de soberanía política nacional, adquirió la dinámica de lucha económica y de disputa militar. El Imperio británico intentó desandar el proyecto productivo proteccionista con la guerra de 1845 siendo derrotado por la Confederación y recién pudo aplicar su agenda de gobierno luego de la Batalla de Caseros de 1852. 
Cooke cuestionó a Justo José de Urquiza  por su decisión de incorporar al nuestro país al proceso económico mundial como “complemento del capitalismo inglés”. Caracterizó críticamente las políticas del liberalismo aperturista y el hecho de que los ríos protegidos en la Batalla de la Vuelta de Obligado “pasan a ser vías internacionales por prescripción institucional: no la prosperidad sino la miseria navegará por ellos”.
Cooke consideró que el programa de desarrollo nacional autónomo desarticulado por las oligarquías y por los ingleses, fue retomado recién por Hipólito Yrigoyen quién había tenido entre sus méritos “el de cumplir su promesa de no enajenar ninguna parte de la riqueza publica ni ceder el dominio del Estado sobre ella”.  En particular, Cooke le reconoce al dirigente de la UCR el apoyo que le otorgó a YPF y las tentativas, fracasadas, de fundar el Banco Agrícola y el Banco del Estado. Puntualizó que “dentro de su política económica nacionalista hay fallas fundamentales tal como la de haber desamparado a la industria que creció durante la guerra, indefensa luego ante la competencia extranjera, la cual fue consecuencia de la mentalidad agrarista de la que no se evadió ni el radicalismo ni su jefe”.
Luego de ser derrotados Juan Manuel de Rosas e Hipólito Yrigoyen, se impuso un orden económico e ideológico neocolonial y en palabras de Cooke “el imperialismo es tanto un hecho técnico-económico como cultural”. Las clases dirigentes locales asumieron el liberalismo propio de las burguesías de las Naciones adelantadas y “eran las consignas del desastre para un país que se hallaba en estadios inferiores de desarrollo; su trasplante servil nos dejó a merced del extranjero y nos deparó un siglo de economía deformada”.

Cooke sostiene que le correspondió al Justicialismo refundar económicamente al país sobre los principios industrialistas, soberanos y populares. Sus ideas quedaron expresadas, centralmente, en sus intervenciones en el recinto de la Cámara de Diputados. En el año 1964 Cooke destacó que el Justicialismo de 1946 a 1955 impulsó una “política nacionalista en su más estricto sentido, cosa que, por otra parte, fue fijada por nuestro bloque. Personalmente lo hice en debates tales como el de la nacionalización del Banco central, el de la nacionalización de los depósitos bancarios, cuando se creó la Secretaría de Transporte, cuando se liquidó la Corporación de Transporte de Buenos Aires, etc. (…) algún rotativo que sirve al imperialismo aludía a mis discursos diciendo “ha pronunciado un nuevo ritornelo antiimperialista”. Ese fue el sentido de nuestra actuación”.

La planificación Estatal Justicialista del Primer Plan Quinquenal
“Ningún partido podrá ya gravitar en el escenario nacional sino está imbuido de nacionalismo en materia económica”. J. W. Cooke

El Gobierno Justicialista implementó un programa de desarrollo nacionalista e industrialista caracterizado por la intervención y la planificación del Estado. La Revolución formuló el Primer Plan Quinquenal (1947-1951) que fue presentado por Juan Perón en el Congreso el día 21 de octubre de 1946. La propuesta incluyó más de 25 Proyectos de Leyes sobre aspectos estructurales de Política, Salud Pública, Educación, Cultura, Justicia, Defensa Nacional, Población, Obra Social, Energía, Transportes, Producción, Comercio Exterior y Finanzas.
En ese contexto Perón denunció la condición de dependencia extranjera que padecía la economía argentina. Mencionó que “quienes se sentaban en el honroso sillón de Rivadavia tenían el gobierno político de La Nación, pero no el gobierno económico ni el gobierno social del país. La economía ha sido en gran parte manejada desde el exterior por intermedio de los grandes consorcios capitalistas del país (...) En 1810 fuimos libres políticamente. Ahora anhelamos ser económicamente independientes. Vasallaje por vasallaje, no sé cuál sería peor”.
Sobre la institución argentina reguladora de la política monetaria Perón expresó “¿Qué era el Banco Central? Un organismo al servicio absoluto de los intereses de la banca particular internacional. Manejaba y controlaba los cambios y el crédito bancario y decidía la política monetaria de la Nación con total indiferencia respecto de la política económica que la Nación debía desarrollar para la promoción de su riqueza”.
El Presidente caracterizó a los bancos privados como parte de la estructura de la dependencia, ya que eran controlados por “monopolios” que manipulaban el ahorro del país desconociendo los intereses de la producción y del trabajo argentino. Cuestionó el hecho de que el comercio interior y exterior era controlado por grandes grupos económicos. En ese sombrío panorama Perón se preguntó “¿quién ha de organizar la riqueza? ¿los monopolios?. Se habla de economía dirigida. Y yo pregunto ¿dónde la economía es libre?. Cuando no la dirige el Estado, la dirigen los monopolios”.
Sobre la base de este diagnóstico y teniendo en cuenta los informes y lineamientos técnicos elaborados por el Consejo Nacional de Posguerra, el Justicialismo nacionalizó el Banco Central, los depósitos bancarios, el comercio exterior (IAPI), los servicios públicos y buena parte de los recursos naturales.
 En su condición de Diputado de la Nación, Cooke acompañó las medidas del oficialismo y fijó una posición marcadamente antiimperialista. En el recinto efectuó una defensa del Primer Plan Quinquenal y de la planificación estatal de la economía. En las sesiones del 27 de marzo del año 1947 estableció “queremos dejar constancia que intervención ha habido siempre en este país, y sobre todo en los gobiernos anteriores a la revolución. El intervencionismo no es nuevo. Lo que es nuevo es el intervencionismo en favor de la clase necesitada y el intervencionismo por medio de la planificación, porque puede haber intervencionismo sin planificación y lo ha habido en este país; lo que no puede haber es planificación sin intervencionismo; se demuestra que la planificación es imprescindible, de hecho quedará demostrado que no puede dejar el Estado de intervenir en la relaciones del capital privado”.
Cooke compartía las opiniones de Perón y apoyó la planificación económica que implementó el Justicialismo y fundamentó su posición doctrinaria en la existencia del factor imperialista mundial. El diputado remarcó el hecho de que los países centrales y las grandes empresas multinacionales estaban luchando permanentemente entre ellas con la finalidad de apropiarse de la riqueza de sus competidores. Mencionó en el recinto el día 27 de marzo de 1947 que “Desde el punto de vista económico no existe la paz (…) las economías guerrean entre sí”. En este contexto, el Plan Quinquenal tenía como meta fundamental “evitar los efectos de las crisis o de hipotéticos estados de guerra en nuestro país, tiene por objeto favorecer a todos los sectores de la población incrementando sus niveles de vida, y procurar la expansión económica de nuestro potencial. El programa de desarrollo de la Revolución Justicialista hacía realidad su certeza acerca de que “La planificación es la única perspectiva que le queda a la democracia para salvarse”.
Cooke propugnó la intervención activa del gobierno en la economía y propuso regular las aduanas, reorganizar impuestos y nacionalizar recursos naturales y servicios públicos. Con esa meta, el Estado tenía que adoptar una renovada y protagónica capacidad de decisión sin por eso reproducir el modelo comunista. En sus palabras “hay que hacer una planificación en el verdadero concepto y sentido en que puede hacerse una planificación en la República Argentina, es decir, hay que hacer lo que Karl Mannheim llamó una planificación para la libertad y no una planificación para la servidumbre; no una planificación totalitaria, sino una planificación congruente con nuestro sistema constitucional que, al mismo tiempo que asegure las elementales garantías individuales, no permita que esas mismas garantías se vean perturbadas por el desarrollo desmesurado del poder financiero”.



[1] Capítulo del libro John William Cooke, ecos de un Pensamiento, compilado por Cristian Gaude y editado por la UNGS en majo de 2020.

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