viernes, 19 de octubre de 2018

Algunas lecciones de las elecciones presidenciales en Brasil


Aritz Recalde, octubre 2018

El dirigente del Partido Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro, obtuvo una holgada victoria en la primera vuelta de la elección presidencial del Brasil. Rápidamente, periodistas argentinos aseguraron que fue un triunfo de la “ultraderecha” y de los medios de comunicación. El argumento que subyace a ese análisis es simple, interpretando que cuando gana una elección un gobierno de izquierda lo hace por mérito propio y cuando pierde es el resultado de la manipulación y de la ignorancia popular. A Bolsonaro lo votó, democráticamente, más del 46% de los electores que hasta hace poco tiempo seguían al PT, y cuesta creer que eran racionales antes y muy retrógrados ahora.  Posiblemente, estos diagnósticos sirvan para persuadir a los convencidos de cara a la segunda vuelta, pero no para interpretar las causas que llevaron al electorado a seguir al PSL.
Es habitual que se caracterice al voto del PSL como de “ultraderecha” y lo mismo ocurre con su candidato presidencial que se manifestó cristiano, cercano a los militares y abogó por políticas activas para acabar con la inseguridad. Muchos analistas han caricaturizado al líder en base a recortes de declaraciones y entrevistas cuyo resultado es, meramente, convencerse a sí mismos de lo que ya creen de antemano. Matizando la caracterización corriente, Alberto Buela definió a Jair Bolsonaro como un "conservador en política y un liberal en economía". Las propuestas de la plataforma de gobierno[1] y del portal del PSL van en línea con la lectura realizada por Buela e incluyeron, entre otras cosas, la conformación de un “gobierno limitado”, la “división de poderes”, la “democracia representativa”, el “liberalismo económico”, la “inclusión social” y el “federalismo”. 

Ejes de campaña de Bolsonaro
La economía. Bolsonaro propone un “cambio”[2] para la economía y ello no debería llamar la atención ya que desde el año 2014 la situación no es buena en el país. Brasil entró en una recesión que fue profundizada por el ajuste “gradual” de Dilma Rousseff (PT) y por el ajuste “brusco” de Michel Temer (PMDB-PT). El electorado castigó a ambos, de manera que la ex mandataria no alcanzó la banca a la que se postuló en las últimas elecciones y el PMDB tuvo un magro resultado en las urnas. El programa económico del PT iniciado en 2002 consiguió importantes avances sociales y no es casualidad que recientemente los hayan votado un tercio del electorado. Ahora bien, tampoco se pueden ocultar sus incapacidades y Bolsonaro supo capitalizar el descontento de 4 años de estancamiento. Un sector de los votantes tiene una legítima aspiración de cambio y acusarlos de “derechistas” es una forma poco sutil de no asumir los errores, las incapacidades y las contradicciones del gobierno del PT y sus aliados. El problema  del pueblo brasilero no es querer una mejora en la economía, sino suponer que Bolsonaro y los neoliberales son quienes pueden efectivizarla.
La cultura popular brasileña. Bolsonaro organizó su campaña presidencial cuestionando lo que definió, literalmente, como la imposición de una “ideología de género en las escuelas”. Su plataforma electoral está centrada en un conservadurismo con varios sesgos liberales y no es de ultraderecha. El programa del PSL postula una identidad que, en sus palabras, no está anclada en “el pasado”. Por otro lado, considera que deben respetarse las “costumbres” y las instituciones como la “familia y la iglesia”, ya que ello permitiría al “individuo” vivir libremente en sociedad. En Sudamérica existe una importante población religiosa —y no religiosa—que no comparte aspectos de las políticas de género de la izquierda o que no considera oportuno que sean obligatorias. Bolsonaro catalizó inteligentemente expectativas de esa mayoría silenciosa y polarizó al electorado acusando al PT de “izquierdismo”. No debe olvidarse, que el partido de Lula surgió ligado a miembros de la Teología de la Liberación y a las comunidades cristianas de base. En su alianza con el PMDB, el PT atrajo muchos votos y a legisladores evangélicos. En el PSL y también en el tradicional electorado del PT, hay sectores reticentes al aborto o que no aprueban aspectos del programa de género y consideran que son valores propios de la esfera privada y que no tienen que ser impuestos compulsivamente. Si la discusión sobre la cultura popular sudamericana se da en términos de derechas e izquierdas, hay grandes posibilidades de caer en el típico reduccionismo de civilización y barbarie. Acusar a un continente mayoritariamente cristiano de serlo, no es una buena estrategia electoral.  Si el PT no mantiene la pluralidad cultural originaria de su espacio y crece en la corriente anticristiana, puede quedar aislado frente a una importante parte de la población brasileña.
La política. Para derribar al PT se organizó una oposición económica, mediática y judicial que delineó los “márgenes” del debate político reciente: había que elegir entre “corruptos o no corruptos” y no se puso en juego el programa de país. Con las permanentes denuncias y la espectacularización mediatizada, se debilitó el conjunto del sistema de partidos (PSDB, PMDB o PT). El paso siguiente fue encarcelar al único actor competitivo del PT que era Lula Da Silva. Si bien Bolsonaro no era “él” postulante ideal del poder económico y mediático (de hecho O´Globo lo cuestionó), cuando ascendió en las encuestas polarizó la oposición al PT y consiguió  ser el centro de la estrategia “anti” izquierda. Además de la habilidad del establishment y del PSL, hay que reconocer que el partido de gobierno que manejó Brasil desde el año 2002 se mostró incapaz para construir una organización estable y un candidato nacional.
La seguridad. Bolsonaro tiene un discurso de “mano dura” contra la inseguridad y el habitante brasileño es lógicamente receptivo a ello en un país que padece una cotidiana violencia social y en el que existen redes mafiosas y de narcotraficantes que regulan la vida en ciudades y barrios. En lugar de acusar al elector de Bolsonaro de “derechismo”, la izquierda debería ofrecer una política real y palpable en la materia. Si bien la mención a la “mano dura” del PSL no conforma un plan de erradicación de la violencia, 16 años de gobierno de izquierda del PT tampoco lo lograron.
Los militares al poder. La formula de presidente y vice (Hamilton Mourão) del PSL incluyó a dos ex militares, que tuvieron la habilidad de presentarse como una dirigencia alternativa y rupturista de los viejos partidos. Actualmente, en Brasil y en Venezuela con dos orientaciones ideológicas diferentes, los militares se ponen en el centro del dispositivo político. No es oportuno, entonces, adelantar el comportamiento que tendrá la compleja institución militar del Brasil. En el gobierno de Bolsonaro las Fuerzas Armadas pueden ser tanto un medio de represión para garantizar un ajuste conservador, como también pueden oficiar como un límite al programa económico de desindustrialización y de privatizaciones del complejo productivo brasileño.
La corrupción. Éticamente es reprochable que un empresario pague coimas o que un empleado estatal acumule dinero público. Sin embargo, la corrupción no es una práctica de un solo país, de un partido o de un grupo económico puntual, sino que es la forma habitual de construcción de las decisiones del capitalismo. En los EUA los grupos económicos manejan la política, financian los candidatos y direccionan la sanción de las leyes conformando un sistema de ¿“corrupción institucionalizada”?. Son también los norteamericanos y un grupo reducido de CEOS, quienes regulan los “paraísos fiscales de la evasión” y las “calificadoras de riesgo” que mintieron y llevaron al sistema capitalista mundial a la crisis financiera del 2008. Estos grupos son los principales organizadores del actual esquema del desorden económico internacional, caracterizado por la especulación, la fuga ilegal de capitales y la creciente e inmoral desigualdad. La empresa Odebrecht acumuló poder económico siguiendo las pautas del capitalismo y no cayó por ganar licitaciones pagando coimas, sino por el hecho de que estaba disputando los negocios de empresas de las potencias occidentales. La investigación del Departamento de Justicia de los EUA que desencadenó el Lava Jato, no buscó la transparencia financiera sino que intenta destruir las industrias del Brasil o al menos que las adquieran grupos extranjeros. La operación judicial y mediática no va a construir la transparencia institucional, sino que tendrá como resultado frenar los programas de distribución del ingreso y la política exterior multilateral del PT. La estrategia de los CEOS y de los EUA se propone destruir el sistema de partidos y quitarle la fuente de financiamiento a la política. La democracia de masas será monopolizada por una gerencia de medios de comunicación de algún grupo trasnacional. Si bien Bolsonaro capitalizó el legítimo descontento de la sociedad con la corrupción, una vez que alcance el poder será esclavo de este mismo sistema financiero, mediático y político internacional. En Sudamérica no solamente hacen falta políticos que no acepten coimas, sino que deben generarse otras reglas económicas y otro sistema de costeo de la democracia de partidos, para no caer en manos de la oligarquía financiera trasnacional.            



[1]El camino de la prosperidad. Propuesta de Plan de Gobierno”. Disponible en https://www.jairbolsonaro17.com.br/NossoPlano
[2]Bolsonaro impulsa a Paulo Gedes para ocupar el Ministerio de Hacienda y en caso de ser designado consideramos que se profundizaría la desigualdad social y la extranjerización y dependencia económica del Brasil.

miércoles, 17 de octubre de 2018

Las políticas de empleo de Antonio Cafiero en la Provincia de Buenos Aires


Aritz Recalde[1], octubre 2018

“Se insistirá en que las políticas públicas fijen como objetivo fundamental de la gestión económico social del Estado la creciente participación de sectores asalariados y jubilados en el ingreso nacional. Se deberá volver al concepto de retribución digna y al salario mínimo vital móvil actualizado con participación de representantes de los trabajadores”. Centro de Estudios para la Renovación Justicialista
Buena parte de las Políticas de Estado implementadas por Antonio Cafiero desde el año 1987, fueron formuladas previamente en el Centro de Estudios para la Renovación Justicialista (CEPARJ). En “Bases para el Plan Trienal Justicialista”, los técnicos del CEPARJ se habían puesto como meta consolidar una “política de pleno empleo” y con esa finalidad iban a impulsar “programas de promoción industrial, de activación de obra pública y de reconversión”. El ambicioso programa tenía como fin la “revolución productiva”, dando prioridad a la puesta en marcha de planes industriales, la asistencia a establecimientos productivos pequeños y medianos, el fomento a la investigación tecnológica y la apertura de planes crediticios en áreas prioritarias.
Según datos del documento “Bases para el Plan Trienal Justicialista”, el nuevo gobernador bonaerense tendría que enfrentar el problema de que el 20% de los hogares de la provincia eran pobres y esa cifra era aún más alta en el Gran Buenos Aires. Tres millones de habitantes vivían en “condiciones críticas”, dos millones dependían del cuentapropismo y alrededor del 40% de los menores de 24 meses eran pobres.
Cafiero administró el Estado bonaerense en un crítico contexto económico y político y el mandatario no exageró cuando mencionó que “goberné la provincia durante cuatro años durísimos, en los que pasaron nada menos que tres estallidos hiperinflacionarios, tres asonadas militares, un rebrote subversivo, siete ministros de Economía Nacionales, doce planes de ajuste, una traumática sucesión presidencial y los dramáticos saqueos del hambre” (Cafiero 2011: 435).

El Instituto Provincial de Empleo (IPE)
Como resultado de los programas neoliberales iniciados por la dictadura del año 1976, la Provincia de Buenos Aires perdió 10.000 establecimiento fabriles y 85.000 puestos de trabajo (Síntesis Bonaerense 1988). En este contexto de crisis social y productiva, Cafiero sostuvo taxativamente que “así como en el siglo pasado se decía que gobernar es poblar, en este gobernar es crear trabajo”.
En el mes de diciembre del año 1987 el mandatario lanzó el Instituto Provincial de Empleo, como un ente autárquico dependiente del gobernador y designó en el cargo a Oscar Tangelson. En el acto de apertura del Instituto, destacó que el organismo tenía como meta “reinstalar entre los argentinos la cultura del trabajo”, abordando el drama de los 650.000 subocupados y desocupados que tenia la Provincia. Cafiero remarcó que en su gestión el trabajo “volverá a ser un derecho para todos” y un “aporte solidario y responsable a la comunidad y un pasaporte a la dignificación individual y social”.
El IPE publicó la serie de Cuadernos del “Gobierno del pueblo de la Provincia de Buenos Aires”. En el Cuaderno N° 3 de abril de 1988, se destacó como prioridad de política pública la voluntad de erradicar la “Cultura de Especulación”, que promovió “el lucro fácil y la rentabilidad improductiva” y que “desalentó la apuesta a la inversión y el empleo”.
El Instituto tenía potestades para concertar y coordinar acciones con otros organismos de gobierno y trabajó activamente con las áreas de investigación, de capacitación, de planeamiento y de promoción de empleo local, provincial y nacional. El organismo centró su labor en cuatro ejes de intervención:
-       descentralización y fortalecimiento municipal;
-       cultura del trabajo y generación de empleo;
-       planificación participativa;
-       rescate de los principios de solidaridad y beneficios colectivos y formas asociativas de producción.

El IPE impulsó líneas de acción de “empleo de emergencia”, “proyectos asociativos y micro unidades”, “empresas asociativas”, “apoyo a empresas en dificultad”, “plan de obras y empleo por el protagonismo de la comunidad” o de “reactivación y empleo en la cultura del trabajo”.

Una gestión participativa
“Se procurará la generalización de los mecanismos de participación en ámbitos específicos como los vinculados a salarios, empleo, política de precios, supervisión de la estadística oficial sobre aspectos sociolaborales, gestión de empresas provinciales, progresiva incorporación por vía convencional del régimen de cogestión”. Centro de Estudios para la Renovación Justicialista

En línea con los principios de la Comunidad Organizada del justicialismo, Oscar Tangelson remarcó que el IPE iba a edificar una gestión estatal de manera participativa y en conjunto con las representaciones sindicales, empresarias, con las universidades y con el resto del sistema educativo.
Un rasgo importante del IPE y del conjunto de la política pública de Cafiero, fue el trabajo mancomunado con las municipalidades. El gobernador definió al gobierno local como una “célula básica de la administración provincial, será el nexo activo que debe convocar al primer eslabón de toda organización social: los gestos solidarios de la acción comunitaria”. Para reforzar las áreas comunales abocadas a temas laborales, el Ministerio de Gobierno creó el Servicio Municipal de Empleo que trabajó coordinadamente con el IPE y con los intendentes. 

Los gobiernos nacional, provincial y municipal iban a planificar las políticas de empleo en un contexto internacional caracterizado por la “revolución tecnológica[2]. Los desarrollos de la robótica, la microelectrónica o la ingeniería genética, exigían readecuar el perfil productivo y el Estado tenía una función indelegable en la “previsión en materia ocupacional”, “amortiguando racionalmente su gravitación sobre el desempleo”.

Programa PRO-CASA
La iniciativa dependió de la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda y del IPE. El principal origen de los recursos fue el Fondo Provincial de Vivienda (FOPROVI)[3].
PRO-CASA tenía como meta organizar unidades productivas para construir viviendas, capacitar a su personal y asesorarlas para alcanzar su sustentabilidad a lo largo del tiempo.
La Provincia firmó 110 Convenios con las municipalidades. Los jefes políticos comunales conocían las demandas de los vecinos y sus capacidades y eran los encargados de impulsar las unidades productivas “privilegiando la formación de cooperativas o grupos de autogestión” de cada localidad. Según datos del Anuario que publicó la Provincia en 1988, de los convenios PRO-CASA suscriptos en el primer año de su ejecución, 56 eran de intendentes provenientes del Partido Justicialista, 49 de la Unión Cívica Radical y 5 de otras fuerzas políticas (Síntesis Bonaerense 1988).  
El IPE tenía como tarea central optimizar la mano de obra local en coordinación con los Servicios de Empleo Municipales. Asesoraba a las unidades productivas en aspectos de capacitación, de gestión empresarial y de selección de proveedores, entre otros temas.

Registro de Pequeñas Unidades Productivas (PUP)
El Registro de PUP se creó con el Decreto 799/89 y tuvo como finalidad que las pequeñas unidades productivas sean proveedoras del Estado. El Gobierno Provincial podría elegir la oferta más conveniente y no meramente la de menor precio y de esa manera el Estado “selecciona mejor, gasta menos, compra mejor y genera empleo”. 
Entre los fundamentos del programa, se remarcó el hecho de que este tipo de empresas y organizaciones tienen “escaso requerimiento de capital y alto coeficiente de empleo” y ello suponía un impacto directo en la vida de la familia bonaerense. Además, las pequeñas unidades reinvierten su ganancia en la zona de radicación “generando un efecto multiplicador”. 
Los municipios eran capacitados por el IPE y oficiaban como centros de admisión para la inclusión en el Registro.
Como complemento, el Banco de la Provincia creó una Gerencia de Crédito Social “para asistir financieramente a estos pequeños grupos de pequeños productores, que no deben exceder el cupo de 20 personas” (Síntesis Bonaerense 1990).

Programa Intensivo de Trabajo (PIT)
El PIT funcionó con recursos del Fondo Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad de La Nación. Tenía como meta realizar obras públicas y sociales y reinsertar laboralmente a personas inscriptas[4] en el Registro Demandante de Empleo, de las municipalidades que integraron la Red Provincial de Servicios de Empleo.
Las municipalidades y otros organismos adherentes garantizaban las herramientas, los materiales de construcción y pagaban los seguros. El Fondo era el encargado de sufragar los salarios.
El Provincia firmó acuerdos con 108 municipalidades que integraron el PIT. Se desarrollaron tareas de mantenimiento de la red vial, de infraestructura de microempresas, de fabricación de elementos de construcción, de instalación de agua y de reparación de edificios públicos y otros diversos emprendimientos de forestación y desmalezado de zonas urbanas.

Programa No Me olvides
La iniciativa se desarrolló con la intervención de tres áreas de la gobernación que eran el IPE, la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno y el Servicio de Acción Solidaria Integral del Detenido.
No Me Olvides tenía como finalidad reactivar “talleres y fábricas paradas a través de cooperativas de trabajo formadas por liberados”. Los grupos de de autogestión recibían capacitación por parte del Estado, que los acompañaba en un “criterio de adaptación que lo aleje del circuito perverso del delito”. Los ex detenidos tenían una nueva oportunidad y el Estado garantizaba su readaptación  terminando con la negativa cultura del “inmovilismo social”. 

Contribuyendo a las políticas de integración social, el IPE firmó un convenio con la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y con los Ministerios de Gobierno y de Acción Social y lanzó el Programa “Crecer Trabajando” que incorporó a jóvenes de instituciones de menores (Síntesis Bonaerense 1988).

La hiperinflación de 1989 y el empleo
Para paliar los efectos sociales de la hiperinflación, en el año 1990 Cafiero impulsó el Programa de Emergencia de Empleo y las municipalidades que firmaron Convenios con la Provincia implementaron acciones de forestación, redes de cloacas y agua y recibieron “Becas de Capacitación” para trabajadores desempleados. El Programa buscó el “aprovechamiento de proyectos existentes, la intensidad en el uso de mano de obra y la implementación descentralizada a cargo del municipio”. A poco de iniciarse, había 50 iniciativas que generaron más de mil puestos de trabajo (Síntesis Bonaerense 1990).


Bibliografía citada
·         Bases para el Plan Trienal Justicialista (S/F), CEPARJ, Buenos Aires.
·         Cafiero Antonio (2001) Militancia sin tiempo, Planeta, Bs. As.
·         Cuadernos del IPE N°1 (1988) “Gobernar es crear trabajo”, febrero, Bs. As.
                                          N° 2, “Revolución Tecnológica”, febrero, Bs. As. 
      N° 3 “Políticas, programas, instrumentos”, abril, Bs. As.
·         Los doscientos emprendimientos, obras y logros del Gobierno del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, 1987-1991”, en Cafiero Renovador, Andrew McAdam (1996), Corregidor, Bs. As.
·         Programa No me olvides (S/F) IPE – Subsecretaría de Justicia.
·         PRO-CASA (S/F),  Construir con Trabajo, IPE - Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda.
·         Registro de Pequeñas Unidades Productivas(S/F), “Decreto 799/89”, IPE.
·         Síntesis Bonaerense N º 1 (1988) Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
·         Síntesis Bonaerense N º 3 (1990) Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.



[1] El texto es parte del Proyecto de investigación de la UNLa "El peronismo bonaerense entre 1987 y 1999: un estudio de la dinámica política e institucional de las gobernaciones de Antonio Cafiero y de Eduardo Duhalde".
[2] El Cuaderno del IPE N° 2 de febrero de 1988, se tituló “Revolución Tecnológica” y publicó el texto de Oscar Tangelson “Los cambios tecnológicos y la disminución del empleo”.
[3] Cafiero denunció que el ente nacional para la construcción de viviendas (FO.NA.VI) discriminaba a la provincia de Buenos Aires, que “teniendo el 32% del déficit habitacional del país recibe el 14,5% de estas recursos” (Síntesis Bonaerense 1990).
[4] En el mes de noviembre del año 1991 se sancionó la ley 24.013, que permitió que los titulares del PIT se incorporen con la modalidad de “Contrato de trabajo por tiempo determinado como medida de fomento de empleo”.

domingo, 7 de octubre de 2018

José Vasconcelos y la universidad

Aritz Recalde, septiembre 2018 

Vasconcelos en la Universidad Autónoma de México (UNAM)
“El cargo que ocupo me pone en el deber de hacerme intérprete de las aspiraciones populares, y en nombre de ese pueblo que me envía os pido a vosotros, y junto con vosotros a todos los intelectuales de México, que salgáis de vuestras torres de marfil para sellar pacto de alianza con la Revolución. Alianza para la obra de redimirnos mediante el trabajo, la virtud y el saber. El país ha menester de vosotros. La Revolución ya no quiere, como en sus días de extravío, cerrar las escuelas y perseguir a los sabios”. José Vasconcelos, 1920

El pensador, escritor y político mexicano José Vasconcelos (1881-1959) asumió el cargo de rector de la Universidad Nacional Autónoma[1] de México, en el período que transcurre de junio de 1920 al mes de octubre de 1921. En el momento de la toma de funciones sostuvo que:
"Yo soy en estos instantes, más que un nuevo rector que sucede a los anteriores, un delegado de la Revolución que no viene a buscar refugio para meditar en el ambiente tranquilo de las aulas, sino a invitaras a que salgáis con él, a la lucha, a que compartáis con nosotros responsabilidades y los esfuerzos. En estos momentos yo no vengo a trabajar por la Universidad, sino a pedir a la Universidad que trabaje por el pueblo. El pueblo ha estado sosteniendo a la Universidad y ahora ha menester de ella, y por mi conducto llega a pedirle consejo”.

En la UNAM puso en práctica muchas de sus ideas elaboradas en el Ateneo de la Juventud fundado en 1909 junto a Antonio Caso, Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña, entre otros. Estos pensadores y hombres de la cultura abogaron por el compromiso político del intelectual e hicieron una activa campaña por la renovación educativa del país y de la región. Los miembros del Ateneo se enrolaron en la lucha partidaria de su tiempo y fundaron organismos de prensa, dictaron conferencias y crearon la Universidad Popular (1912) que ofició como una experiencia de difusión social del saber que Vasconcelos retomó en la UNAM. En palabras de Alfonso Reyes, la Universidad Popular tenía su origen en que  Si el pueblo no puede ir a la escuela, la escuela debe ir al pueblo. Esto es la Universidad Popular, la escuela que ha abierto sus puertas y derramado por las calles a sus profesores para que vayan a buscar al pueblo en sus talleres y en sus centros de agrupación”[2].
Vasconcelos impulsó las campañas nacionales contra el analfabetismo, congregando una cruzada educativa con más 1500 “profesores honorarios”. Convocó a los pensadores y hombres de la cultura a erradicar la ignorancia y mencionó que “un peligro inmenso amenaza a nuestra patria mientras no redimamos la miseria del pueblo, mientras no ilustremos la mentes de todos nuestros compatriotas”.
En el rectorado trabajó para garantizar el derecho a estudiar de los jóvenes de bajos recursos, que fueron eximidos del pago de cuotas y la universidad creó comedores[3] para facilitar la educación popular. En su libro De Robinson a Odiseo remarcó el hecho de que durante su gestión el estudiante “rico” pagó cuotas altas, permitiendo al pobre acceder a las aulas. 
En línea con la tradición reformista del año 1918, promovió los Departamentos de “Intercambio” del cual dependía la “Escuela de Verano para extranjeros” y el de “Extensión Universitaria”. Desde su punto de vista, la extensión no implicaba una “distracción a la angustia” humana, sino el “remedio” y la solución a los problemas sociales. El universitario hispanoamericano no debe y no “puede eximirse del contacto humano, siquiera ocasional, a través del consejo técnico, la conferencia, el discurso y el libro”[4].  Estas experiencias fueron potenciadas e institucionalizadas en el rectorado de uno de los  miembros de aquel Ateneo, Antonio Caso (1921-1923).
Vasconcelos sostuvo que la universidad tenía que orientar a los estudiantes a realizar carreras “cortas de carácter inmediatamente práctico”, sin por ello abandonar el “espíritu del tiempo en asuntos que no son de ocasión, sino de raíz y perennidad”. No debía emularse el modelo institucional norteamericano que imponía un esquema práctico y materialista desligado del problema social general. Vasconcelos propuso seguir el programa francés que ubicaba a la ciencia en el “cuadro general de los conocimiento humanos”.

El autor concluyó que las universidades tendrían que ser vanguardia de la “investigación especializada” y “conservar la cultura y difundirla, aumentarla por obra de la investigación y de creación, organizar y defender el alma nacional, reglamentar y crear el profesionalismo, colaborar en la educación pública construyendo una aristocracia del espíritu y con ella aconsejar, dirigir los destinos patrios con miras de universidad”.





[1] Luego de diversas manifestaciones de la comunidad académica, la institución alcanzó la autonomía en el año 1929 por intermedio de la promulgación de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma.
[2] Gallegos Carlos, Pensamiento y acción política de José Vasconcelos, México, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 1992.
[3] En el libro “De Robinson a Odiseo” Vasconcelos se refirió a la importancia de los comedores en la escuela pública. La asistencia social en ámbitos educativos permitió reducir enfermedades y la institución dejó el típico hábito de “catalogar calamidades”, para pasar a desterrarlas. La escuela tenía como tarea central la prevención de la salud, el aseo de los estudiantes humildes, la alimentación sana, el servicio dental y la promoción del deporte.  Vasconcelos José, De Robinson a Odiseo, México, H. C. de Senadores, 1935.
[4] Vasconcelos José, De Robinson a Odiseo.