miércoles, 20 de noviembre de 2019

1949 – 2019: 70 aniversario de la sanción de la Gratuidad Universitaria


Aritz Recalde
Noviembre de 2019


1.      Introducción
El 22 de noviembre del año 1949 por Decreto Presidencial 29.337, se suspendió el cobro de los aranceles universitarios. Con la medida se apuntó a democratizar el ingreso a la educación superior favoreciendo importantes reformas políticas, económicas y culturales en la sociedad argentina.
Hasta el advenimiento del Peronismo, la institución fue elitista y funcionó como un medio de separación de clases sociales otorgando el monopolio del conocimiento y del poder que ello conlleva, a una minoría selecta. La oligarquía terrateniente, el capital extranjero y un reducido grupo de empresarios y de comerciantes radicados en las capitales de provincia, detentaron el poder económico y también el cultural. Ello les otorgó capacidad de decisión política y el control institucional del Poder Judicial, de la administración económica, la salud pública y la educación, entre otras esferas de gobierno.
Según lo detalló Arturo Jauretche en su libro el Medio Pelo en la Sociedad Argentina, el desarrollo económico y social argentino de fines del siglo XIX y de principios del XX, generó las condiciones para el surgimiento de los sectores medios y de pequeños empresarios, muchos de ellos de origen inmigrante. Estos grupos forjaron un status aspiracional conformado por valores, prácticas y consumos culturales. La identidad de los sectores medios se construyó a partir del deporte (tenis o del rugby), de habitar barrios acomodados, ir al hipódromo, tener auto y pileta o viajar de vacaciones. La posibilidad de estudiar en colegios de elite y de acceder a la universidad fueron dos piezas fundamentales de su status.
Jauretche puntualizó que las clases altas y los representantes de los poderes extranjeros delinearon los contenidos y las finalidades de la educación superior, en un proceso que denominó de “colonización pedagógica”. El resultado fue que las clases medias y los empresarios argentinos educados en las universidades aspiraron a ser “clase alta terrateniente” y a verse más como europeos que como americanos y eso los condujo a distanciarse del pueblo. Los intelectuales de clase media se convirtieron en una “intelligentzia” y reprodujeron inconscientemente los conceptos formulados por las usinas ideológicas del extranjero. Como resultado de esa educación, las burguesías locales carecieron de ideología propia, de conciencia y de normas de grupo y para ellos “inglés es el lenguaje de los negocios” y “francés el lenguaje del espíritu”.
Jauretche mencionó que los descendientes de los criollos, de los pueblos originarios y de los gauchos fueron desplazados violentamente a los márgenes de las grandes urbes y culminaron en las villas miseria. Fueron por mucho tiempo desempleados, trabajadores rurales temporarios y con el advenimiento de la industrialización integraron las cuadrillas de obreros de la incipiente economía nacional. Los sectores populares tenían vedado el ingreso a los colegios nacionales y a la universidad y accedían meramente a la escuela primaria en la cual asimilaban los valores de la clase dominante, que edificó desde allí una “política de la historia” y una “colonización pedagógica”.

Ese esquema clasista, racista y estratificado de la universidad fue cuestionado por los nuevos grupos políticos y culturales que paulatinamente se integraron al socialismo y a la Unión Cívica Radical y que confluyeron en las jornadas de la Reforma del año 1918.
La sanción de la gratuidad universitaria de 1949 supuso un reconocimiento a los reclamos y a las luchas de las generaciones anteriores. Tal medida fue facilitada por el hecho de que el Justicialismo logró apoyó en un sector del reformismo[2] y por la capacidad de instalar agenda que tuvo el Movimiento Obrero organizado.
La eliminación de los aranceles adquirió implicancias sociales, ideológicas, políticas y económicas de largo alcance y fue y sigue siendo un rasgo fundamental de la cultura nacional de la Argentina. La democratización de la educación favoreció un cambió de status de las clases medias y de los trabajadores. Los primeros modificaron su visión del mundo acercándose a las posiciones populares y como parte de dicho proceso es que pueden interpretarse la nacionalización de los grupos medios de los años sesenta, el Cordobazo o el rol de los jóvenes en el tercer gobierno Justicialista. Para los trabajadores la gratuidad de la universidad supuso un cambio político y aspiracional. Los obreros ascendieron socialmente, ocuparon lugares fundamentales del poder estatal y privado y tuvieron una renovada conciencia de su centralidad en la construcción de La Nación Argentina.

En el presente artículo vamos a documentar brevemente el marco histórico de aparición de la gratuidad universitaria. Haremos referencias a un conjunto de iniciativas previas al año 1949 y detallaremos de manera sucinta algunos debates sobre el restablecimiento de los aranceles luego de 1955.
       
2.      La Reforma Universitaria del año 1918 y la gratuidad universitaria
En el año 1972 el filósofo Juan José Hernández Arregui mencionó que la gratuidad universitaria alcanzada en 1949, integró el ideario de los reformistas de 1918. Puntualizó que “En 1943 la universidad tenía algo más de 60 mil alumnos. Con Perón llegó a 260 mil. La enseñanza universitaria era gratuita, comedores estudiantiles, apuntes sin cargo impresos en la Fundación Eva Perón, privilegios para los estudiantes que trabajan, colonias, supresión de los exámenes de ingreso, mesas examinadoras mensuales, acortamiento de las carreras, etc.- Tal cual lo había reclamado la Reforma de 1918, en la Argentina, la enseñanza media y superior dejó de ser un prerrogativa de clase” (Hernández Arregui 1972: 120).
Como bien sostiene Hernández Arregui, la Reforma Universitaria del año 1918 estuvo caracterizada por un anhelo de cambio social y por un espíritu democratizador. Sus protagonistas cuestionaron el carácter arancelado y elitista del ingreso a las instituciones educativas públicas, ya que ese limitante dejaba como saldo que solamente las clases altas y medias acomodadas podían estudiar.
La experiencia reformista propuso acercar a la universidad a los problemas de la comunidad y favoreció la apertura de programas de extensión y de vinculación con el medio. En su ideario la universidad no podía estar aislada de la vida cultural del país, sino que debía comprometerse consciente y activamente con la vida nacional.
Como resultado del mandato del Primer Congreso Nacional de Estudiantes efectuado en el mes de julio del año 1918, Gabriel Del Mazo y Dante Ardigó elaboraron un Proyecto de Resolución de “Gratuidad de la Enseñanza Superiorcon el fin de elevarlo al poder público. La iniciativa propuso constituir una universidad “absolutamente gratuita” y que esté caracterizada por ser “abierta, amplia y democrática”. Del Mazo y Arigó destacaron que los altos aranceles conformaron una institución de carácter “oligárquica”, que profundizaba las desigualdades sociales existentes impidiendo a los pobres estudiar. La limitación económica se convertía en un filtro y muchos jóvenes no alcanzaban ese derecho pese a que tenían capacidades y vocaciones. En su óptica, la gratuidad de la institución iba a “afianzar la justicia”, contribuyendo a forjar un nuevo humanismo educativo.
Para financiar el Proyecto Del Mazo y Arigó impulsaron una reforma tributaria recuperando la experiencia de la República Oriental del Uruguay[3], que implementó un “Impuesto al Ausentismo” compuesto con una contribución inmobiliaria efectuada sobre las personas que tenían una propiedad y no eran residentes en el país.

La iniciativa de gratuidad universitaria no fue implementada en 1918 y no derivó en la propugnada actualización de la normativa nacional en la materia. Retomando los postulados reformistas, en el Segundo Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios del mes de agosto de 1932, los jóvenes siguieron pidiendo la democratización del acceso a las Casas de Altos Estudios. Entre las resoluciones del Congreso, se consideró necesario:
“1) El Estado debe establecer una asignación fija, que en ningún caso podrá ser disminuida, que permita el eficaz desenvolvimiento de la Universidad, limitándose únicamente a controlar la inversión de la misma. Ello sin perjuicio de la formación del fondo universitario proveniente del gravamen al privilegio y a la riqueza improductiva;
2) La gratuidad de la enseñanza, que es una consecuencia de la democracia universitaria y de la asistencia e investigación libre;
3) Aumento de la remuneración a los profesores con el fin de asegurarles su independencia económica;
4) Se creará un amplio sistema de becas con el fin de: a- asegurar a los estudiantes pobres sus estudios; b- asegurar a los estudiantes capacitados sus cursos de perfeccionamiento con vistas a sus vocaciones docentes o de investigación”. 

En esta oportunidad como en el año 1918, la gratuidad no fue sancionada y las universidades siguieron siendo aranceladas y elitistas.


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[2] La rama política del peronismo se organizó con dirigentes originarios de la izquierda –principalmente socialista-, del Partido Independiente (conservadores), de sectores nacionalistas y de un importante grupo de miembros de distintas corrientes de la Unión Cívica Radical.  El Vicepresidente de Perón desde 1946, Hortensio Quijano, fundó la UCR Junta Renovadora (UCR-JR) y con este espacio alcanzaron la banca de la Cámara de Diputados de La Nación 27 legisladores. Se sumaron al Justicialismo otros 10 diputados de distintas corrientes internas del radicalismo, en un bloque partidario compuesto de 109 miembros. El Proyecto de Ley Universitaria del justicialismo del año 1947 fue presentado en el recinto de la Cámara de Diputados por varios miembros de la UCR-JR. Estos sectores y otros radicales oriundos de FORJA aportaron muchos miembros de militancia universitaria reformista, que tuvieron influencia en la organización de la educación superior de la etapa.  
[3] En la actualidad Uruguay sigue impulsando mecanismos alternativos de financiamiento educativo. La ley 16.524/94 creó el Fondo de Solidaridad que “tendrá como destino financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional”. Según lo estipuló la normativa “El Fondo se integrará con aportes anuales efectuados por todos los egresados en actividad que posean título profesional expedido o revalidado por la Universidad de la República o por el nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional”. La norma tuvo algunas modificaciones con la ley 17.451/02.

sábado, 9 de noviembre de 2019

El pensamiento nacional y popular


Aritz Recalde, octubre 2019

¿Cómo definir al pensamiento nacional y popular?
El pensamiento nacional y popular es una corriente intelectual y política con rasgos propios. Su particularidad no estriba en la ubicación geográfica de nacimiento de sus titulares y no tiene que ver tampoco con una línea disciplinaria en particular. El pensamiento nacional no supone necesariamente una única afiliación partidaria. Se puede nacer en cualquier país y ser nacionalista, liberal, de izquierda o desarrollista. Los miembros de dicha corriente intelectual poseen una formación disciplinar diversa, siendo Raúl Scalabrini Ortiz agrimensor, Alberto Baldrich obtuvo el título de abogado, Juan José Hernández Arregui era filósofo, Juan Perón adquirió una formación militar y Leonardo Castellani era filósofo y teólogo. Dentro del pensamiento nacional existió una diversidad de orígenes y de modalidades de acción partidaria y no se los puede circunscribir a una sola expresión política.
El pensamiento nacional es una perspectiva para analizar los problemas y para construir los proyectos de país, de región y de mundo. En una gran síntesis, articula tres grandes perspectivas:
- La pregunta por el ser nacional. ¿Qué rasgos históricos, presentes y futuros definen la personalidad nacional?.  Dicho interrogante contempla aspectos culturales e históricos y también temas sociales, económicos y políticos. La nación es una herencia espiritual y un patrimonio civilizacional que pasa de generación en generación. La afirmación nacional de una comunidad contiene un pasado compartido, un adversario y/o enemigo presente y una unidad de destino futuro.
- Un análisis de nuestra condición nacional a partir de la inscripción del país en el sistema mundo. Este aspecto supone un análisis crítico de la dependencia y de todo tipo de colonialismo o de neocolonialismo en las relaciones internacionales.
- Una voluntad de emancipación política. El pensamiento nacional y popular valida sus análisis y sus aportes conceptuales en la capacidad histórica de la comunidad de realizarse. Lejos de ser una mera especulación teórica o académica, el pensamiento nacional se consuma y se valida en la acción política de las organizaciones libres del pueblo.
En una gran síntesis, para esta corriente intelectual y política, la comunidad nacional debe edificar y potenciar cuatro grandes pilares:
PRIMERO.  La nación es una unidad de destino. La nación se construye a partir de lo que una comunidad siente, desea y funda políticamente. Tal definición supone un principio de unidad cultural y una identidad colectiva que se despliegan en tensiones y en contradicciones. Las disputas de clases, de etnias o las diferencias de género existentes en el seno de cada país, no deben imponerse si ello supone desandar el interés nacional. En caso que esto ocurra, se puede llegar a fragmentar territorialmente un Estado en guerras étnicas o incluso destruir el proyecto colectivo en enfrentamientos internos de facciones. Si bien el conflicto nunca desaparece dentro de una nación, la tendencia a edificar una unidad superior debe prevalecer. Juan Perón lo explicó con lucidez cuando afirmó que primero están la patria, luego el movimiento y finalmente los hombres y sus intereses y sus ambiciones. 
La unidad de destino de una nación se desenvuelve como un proyecto social de vida en comunidad, como una organización de poder y como una fe.  Los pueblos que no tienen fe en la legitimidad de su causa y en su capacidad histórica, presente y futura para realizarla, no serán una nación, sino un mero conglomerado de individuos.
La nación es un principio de unidad moral y emocional y para que pueda unificase es necesario que el individuo actúe libremente al servicio de la colectividad, percibiendo en su tarea diaria la satisfacción del deber cumplido.
SEGUNDO: la nación es un principio de solidaridad social. Los pueblos sin ideales y sin sentimientos de justicia, no pueden conformar una comunidad y serán una mera acumulación gregaria de egoísmos. El interés comercial puede constituir un mercado, pero no una nación. Las naciones avanzan si tienen la capacidad de imponer un imperativo moral de colaboración con el prójimo, de bien común y de solidaridad con los hijos de la misma patria. 
TERCERO. La nación requiere del efectivo cumplimiento del derecho de los pueblos a la autodeterminación política. Cada comunidad organizada es única y diferenciada en relación a las otras unidades humanas. Como tal, cada pueblo debe tener el derecho propio e irrenunciable a construir y a planificar su propio modelo de desarrollo nacional.
CUARTO. La nación requiere de una economía independiente. En el siglo XX la categoría de nación se convirtió en sinónimo de industrialización y de planificación productiva y social. No hay nación posible, si los principales elementos de la economía de un país son manejados por el “mercado mundial”, que es la forma eufemística de nombrar a un grupo reducido de países y de corporaciones a ellos vinculadas.
Los Estados sin industria y sin una actividad productiva planificada socialmente, no pueden generar condiciones de empleo y dignidad para su pueblo. El resultado de dicho modelo económico es el descarte en masa de los seres humanos, que son sumergidos en la pobreza, el subconsumo y en la marginalidad. El pensamiento nacional argentino del siglo XX conceptuó como los pilares fundamentales de la soberanía de un país, la capacidad de los Estados para administrar los recursos naturales, la finanza (bancos y Banco Central), el comercio exterior y los servicios públicos.
El pensamiento nacional y popular comparte el respeto hacia las minorías, sin por eso olvidar el principio fundamental e irrenunciable de consumar primero la emancipación de las mayorías. Esta corriente intelectual considera al pueblo y a sus dirigentes como actores centrales de la nación y descree de la capacidad de las oligarquías para construir un programa colectivo y soberano. También niega el modelo de la dictadura del proletariado o del clasismo como posible esquema para organizar una comunidad libre. El pensamiento nacional no es xenófobo y su participación activa de apoyo al peronismo, demostró que es posible asimilar la diversidad étnica, en el marco de un programa soberano y antiimperialista.     

El pensamiento nacional del siglo XXI es la antítesis del pensamiento neoliberal
Hay que decirlo sin titubear: actualmente el país y la región se encuentran ante el dilema histórico de forjar la soberanía nacional o de profundizar la sumisión al imperio anglosajón.
Los comunicadores e ideólogos del establishment presentan a la globalización como un único e incuestionable camino al desarrollo. En realidad, detrás de esta categoría aparentemente neutral, se esconden los intereses y el proceso de expansión política de los norteamericanos que fue desenvuelto con fuerza desde la caída de la Unión Soviética.
El gobierno de las elites financieras trasnacionales pone en riesgo las democracias. El neoliberalismo busca destruir la organización del pueblo y le entrega la soberanía política y las decisiones gubernamentales a los organismos multilaterales y a los CEOS. En este sistema, el pueblo a lo sumo delibera, pero nunca gobierna y sus decisiones están enajenadas en las elites que son designadas por las corporaciones.
En nombre de la libertad el régimen político neoliberal conforma un totalitarismo de mercado, que está caracterizado por exportar las riquezas del centro hacia la periferia y por fabricar millones de pobres y de desempleados.
En el aspecto económico, la “división neoliberal del subdesarrollo” opera como un programa de socialización de pérdidas y de privatización de ganancias. A los países del sur les cabe la tarea de primarizar la producción, para reconvertirse definitivamente en economías agropecuarias y en una plaza para la especulación financiera. A este proceso, se le suma la tendencia a la concentración y a la extranjerización permanente de su patrimonio que se fuga hacia los centros de poder occidental. De no revertirse la tendencia, el capitalismo neoliberal puede destruir la propiedad privada y productiva de Sudamérica.
En el plano social, el gobierno de la finanza del siglo XXI está superando la clásica lucha entre las clases productivas. En su lugar, quiere instaurar el sistema de los descartados y de los excluidos que pelean por ingresar al mercado o por no caerse definitivamente al abismo de la miseria estructural. Los grupos financieros y los Estados que controlan las principales decisiones del mundo, están insectificando la vida de las barriadas populares en Sudamérica. La geografía del hambre y la cultura de la marginalidad estructural, se están tornando dos características centrales del caos políticos del mundo contemporáneo. Al modelo actual le sobran trabajadores y a diferencia de la modernidad liberal, ya no plantea un progreso en el futuro que sea capaz de revertir la tenebrosa tendencia.
La cultura neoliberal se presenta como universal y eso la hace represiva. En dicha ideología, se piensa como ellos o se está contra ellos. Caracterizan a las ideas políticas que no son liberales anglosajonas, como antidemocráticas y autoritarias (hoy le dicen “populistas”). A este esquema lógicamente totalitario, hay que enfrentarlo con la bandera del derecho a la identidad nacional, en el marco de un proyecto mundial de pluri-verso cultural y civilizatorio.    
El neoliberalismo difunde una ideología individualista, narcisista y nihilista y es por eso anti nacional y anti colectivista. La evocación al individuo consumista con derechos y sin deberes con la comunidad, conduce a que desaparezca el concepto de colectividad. La sociedad se disgrega y aumenta la violencia y la desigualdad. Lo que nunca debe olvidarse y pese a que quieran encubrirlo los cultores del liberalismo, es que la supervivencia de la nación es la única garantía de la libertad del individuo.
En el sistema neoliberal el hombre no tiene fe en el progreso de la humanidad y la remplazó por el deseo de consumir. Se es lo que se tiene y la patria es el dólar, la bolsa de valores es la iglesia y la ganancia su Dios único.
El fetiche tecnológico neoliberal está corroyendo los valores humanos fundamentales. Se plantea como un hecho positivo remplazar al trabajador en una empresa con la finalidad de no pagar cargas sociales, no financiar una licencia por maternidad o para evitar conflictos sindicales. Esta ideología conduce a la sustitución del hombre por la máquina. Con esa actitud aumentan el desempleo y se reduce el mercado interno y a la larga van conformando una crisis capitalista de superproducción. La ciencia desligada de la filosofía y de la metafísica puede conducir al mundo al caos ecológico, al desempleo, la pobreza y al enfrentamiento bélico de inusitadas dimensiones.  
El neoliberalismo difunde el mito de la republica formal y tal cual explicó Antonio Cafiero “Los liberales hablan del Estado de Derecho, nosotros hablamos del Estado de Justicia. Los liberales hablan de los derechos del ciudadano, nosotros hablamos de los derechos del hombre, que es más que un ciudadano: el hombre es una persona que genera familia, trabajo, profesionales, vida barrial, vida vecinal, partidos políticos y una multitud de acciones sociales”.

Los argentinos y sudamericanos tenemos el deber histórico de rehacer la patria sobre las ruinas del neoliberalismo. Para eso, es necesario fortalecer la comunidad nacional y la unidad moral del pueblo en una nueva fe cívica movilizadora y vital.




Aritz Recalde: “El peronismo tiene que darle un nuevo mito movilizador a la militancia"

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