sábado, 17 de octubre de 2020

El 17 de octubre y la Revolución Justicialista

 Aritz Recalde, Octubre 2020

Extraído de OPINARG

 El pueblo vence. El pueblo venía siendo derrotado por la oligarquía desde la Batalla de Caseros. Las guerras de policía de Mitre, los fusiles Remington de Sarmiento, las persecuciones a las montoneras y las represiones en Vasena y en la Semana Trágica habían regado de sangre trabajadora el suelo argentino. 

El 17 de octubre de 1945 tuvo a la clase obrera como el gran sujeto de la historia y en esa oportunidad no sólo triunfó sino que determinó la orientación de la política argentina. Con el fenomenal hecho de masas que, se calcula, movilizó 500 mil almas, el pueblo derrotó a las embajadas británica y norteamericana, así como a los representantes de capital concentrado reunidos en la SRA, la UIA y la Bolsa de Comercio.  La movilización debilitó a la oposición de los grandes partidos tradicionales (UCR, PS, PC y Conservadores), del periodismo comercial y de un sector militar enfrentado al proceso de cambio iniciado con la Revolución de junio de 1943.

Las bases empujan a la dirigencia y ganan la calle. El programa político y social iniciado en el año 1943 encontró una enconada resistencia tanto en sectores internos como internacionales. EUA, Inglaterra y la Unión Soviética cuestionaron el neutralismo del gobierno argentino en la Segunda Guerra y lo caracterizaron como parte de una estrategia de apoyo al frente alemán. Como resultado de las presiones diplomáticas y de los bloqueos económicos, el presidente Edelmiro Farrell emitió el decreto 6945 del 27 de marzo, declarando la guerra a Alemania y a Japón. La medida encontró oposición dentro del nacionalismo argentino y, si bien redujo la hostilidad internacional contra el país, el abandono de la neutralidad no impidió la campaña política pública y agresiva contra Perón, ejecutada por el embajador norteamericano Spuille Braden y por el Partido Comunista. 

El gran empresariado se opuso a la obra social de la Revolución del '43, cuestión frente a la cual Perón manifestó que era natural que frente a la reforma “se hayan levantado las fuerzas vivas, que otros llaman los vivos de las fuerzas (…) ¿En qué consisten esas fuerzas? En la Bolsa de Comercio, quinientos que viven traficando con los que otros producen; en la Unión Industrial, doce señores que no han sido jamás industriales”.

Los altos niveles de aceptación popular de las medidas sociales, fueron un llamado de atención para los partidos políticos tradicionales que vieron en Perón el riesgo que de que se prolongue la Revolución de 1943. Estos grupos iniciaron una dura campaña contra el gobierno desde el periodismo, que era mayoritariamente opositor. Organizaron movilizaciones y acciones callejeras destacándose la Marcha de la Constitución y la Libertad (19/9/45).

Empujados por la estrategia opositora, el 8 de octubre se produjo un amotinamiento militar en Campo de Mayo. En este escenario, el día 9 de octubre Juan Perón presentó la renuncia a todos sus cargos. En su último discurso al frente de la Secretaria de Trabajo y Previsión afirmó a los trabajadores: “venceremos en un año o venceremos en diez, pero venceremos. En esta obra, para mí sagrada, me pongo desde hoy al servicio del pueblo (…) y si algún día, para despertar esa fe, ello es necesario, me incorporaré a un sindicato y lucharé desde abajo”.

A partir del 9 de octubre los hechos se sucedieron rápidamente. Pese a haber renunciado a sus funciones, Perón fue encarcelado y conducido a la Isla Martín García. El día 12 las patronales se opusieron a pagar el aguinaldo ya convenido y se inició la típica revancha clasista que luego se reiteraría en 1955 y en 1976. Los partidos políticos organizaron la transición contrarrevolucionaria con el lema de transferir el poder a La Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, los rumores del encarcelamiento y del peligro de la vida del General circularon entre las barriadas humildes. El día 16 se reunió el Comité Central Confederal de la CGT y con una elección reñida de dieciséis votos a favor y once en contra, se convocó a un paro de 24 horas en defensa de las “conquistas” a realizarse el día 18. En la convocatoria a la huelga no se nombró a Perón, sino meramente al peligro de perder los derechos alcanzados.

Sin esperar la decisión del Confederal, la masa popular se movilizó el día 17 de octubre, exigiendo la vuelta de su líder y consagrándolo como el depositario de la lealtad del pueblo. En la histórica movilización, las bases superaron a sus dirigentes y le otorgaron a Perón un capital político excepcional y sin mediaciones.

El dilema de la clase dirigente. Los militares y civiles opositores presenciaron atónitos la plaza colmada de pueblo pidiendo por Perón. También fueron conscientes de que la policía desobedeció órdenes y levantó los puentes de ingreso a la Capital Federal permitiendo la movilización. El fantasma de la revolución social era un hecho y el régimen estaba en peligro. En ese contexto, un sector militar, entre los cuales estaban Vernengo Lima y Avalos, le propuso a Edelmiro Farrell reprimir violentamente la manifestación con las ametralladoras apostadas en el techo de la casa de gobierno. Farrell se opuso terminantemente y evitó que se produjera un reguero de sangre. Unos días antes, algunos militares ya habían sugerido asesinar a Perón.

Esta tendencia ideológica represiva y terrorista de los militares y los civiles no desapareció en octubre de 1945, sino que siguió vigente. Estos grupos organizaron los atentados contra civiles en 1953, los bombardeos de 1955 y los fusilamientos de 1956, entre otras atrocidades. Esta tendencia política sería hegemónica en la dictadura de 1976, que fue la respuesta al 17 de octubre: la clase dirigente no estaría dispuesta a cogobernar el país con los sectores trabajadores y nacionales. 

¿Por qué se movilizó el pueblo? Jorge Luis Borges consideró al 17 de octubre como “una especie de farsa” y el órgano periodístico Orientación del Partido Comunista caracterizó a los manifestantes como “hordas de desclasados” y “malevaje reclutado”.

En realidad, y para ser más objetivos, hubo dos grandes causas que favorecieron el 17 de octubre. La primera, fue la contundencia de la obra de la Secretaría de Trabajo y Previsión que, en un año y medio, aprobó más convenios y leyes protectoras del obrero y de su familia que todos los gobiernos nacionales anteriores juntos. Dicha efectividad Perón la logró con la intervención de los sindicatos y del partido militar, que le aportaron la agenda de temas a legislar y a resolver, y los cuadros técnicos para implementarlos. El segundo hecho excepcional que favoreció la movilización, fueron las destacadas condiciones de conductor, de orador y de organizador de Juan Domingo Perón, quien supo amalgamar un Movimiento político de articulación de clases y de diversas tradiciones partidarias y culturales.

La participación de los obreros en la obra iniciada en 1943 y su movilización del día 17 generaron las condiciones de posibilidad del Peronismo y a su vez, en un ida y vuelta, el líder potenció y refundó al Movimiento Obrero.

Los trabajadores columna del Movimiento Nacional. El 17 de octubre la clase obrera generó las condiciones para que Perón sea candidato a presidente en febrero de 1946. Los trabajadores aportaron su estructura para la campaña y formaron el Partido Laborista. Luego del triunfo electoral, el Movimiento Obrero ocupó ministerios, cargos legislativos y tareas en las embajadas, entre otros ámbitos. El Estado argentino fue refundado con los Planes Quinquenales y la reforma Constitucional de 1949, y la Revolución Justicialista permitió la universalización de los derechos laborales y sociales a la educación, la salud, el esparcimiento, las jubilaciones y la vivienda.

La clase obrera fue la columna vertebral del proceso político y generó las condiciones de posibilidad de formulación del programa de desarrollo y del despegue productivo argentino. El país inició un histórico ciclo de crecimiento y el sector más dinámico comenzó a ser la industria nacional y el resultado directo de ese proceso fue el pleno empleo.

Una parte de la burguesía no entendió que su propia clase dependía del Movimiento Obrero y acompañó los golpes de Estado contra el peronismo y los trabajadores de 1955 y de 1976. Las dictaduras debilitaron a la clase obrera, que era la base del proyecto político y el dique de contención al liberalismo y a los intereses de las corporaciones trasnacionales. La dictadura de 1976, al destruir el sindicalismo, que era la “gallina de los huevos de oro” del desarrollo argentino, generó las condiciones para el desembarco de la política económica neoliberal de desindustrialización, primarización y extranjerización productiva.

Los legados del 17 de octubre. Gracias a la movilización, se instaló en la agenda política argentina la necesidad de garantizar o al menos de considerar, los derechos de la clase trabajadora. A partir de esa jornada, se desenvolvió con fuerza el Modelo Sindical Argentino y el Movimiento Obrero más poderoso de Sudamérica. La clase obrera adquirió una renovada conciencia social y política de su centralidad en los destinos de la República Argentina. Con base en un Movimiento de trabajadores, se inició un proyecto de desarrollo industrial nacional, popular y antimperialista, edificando un país moderno e integrado socialmente.

 

sábado, 10 de octubre de 2020

Los cuatro Peronismos Universitarios

Nuevo libro de Ernesto Villanueva y Aritz Recalde

LIBRO COMPLETO ACA

Introducción

El peronismo y las universidades

El Primer Peronismo Universitario: planificación y democratización social

El Peronismo nació el 17 de octubre de 1945. Su antecedente directo fue la Revolución del mes de junio de 1943 que inició un programa de gobierno de cariz nacionalista, industrialista y de orientación social.  Los militares que protagonizaron el proceso político tenían diversos orígenes, distintas visiones del país y sus alianzas partidarias no eran las mismas. Pese a su diversidad, en general había cierto acuerdo sobre la necesidad de refundar la política exterior del país en un contexto de finalización de la Segunda Guerra Mundial. Los militares propugnaban modernizar la estructura productiva conformando una industria dinámica, que era visualizada como el rasgo fundamental de los nacionalismos del siglo XX. Proponían refundar el Estado dotándolo de los medios institucionales necesarios para sortear el reordenamiento de la economía y de la política internacional.

Para implementar esta magna labor se requería de una firme voluntad y de un gran poder de decisión. Los partidos políticos tradicionales estaban en crisis en la Argentina, en la región y en el mundo. Los partidos liberales y conservadores europeos que había guiado el ideario de nuestra dirigencia, eran cuestionados por nuevos movimientos de carácter conservador como el falangismo español, el fascismo italiano o el nazismo europeo y por expresiones socialistas o comunistas. Ya desde finales de los años treinta en Iberoamérica surgieron Movimientos de masas que pusieron en jaque a las elites partidarias. Estas experiencias forjaron movilizaciones multitudinarias que trajeron nuevas demandas sociales, como fueron las impulsadas por Getulio Vargas, por Lázaro Cárdenas, por Raúl Haya de la Torre o por Víctor Paz Estenssoro.

Frente a este escenario, los partidos argentinos Unión Cívica Radical (UCR), socialista y conservador carecían de la fuerza, del programa y de la legitimidad necesarias para encarar esa reforma. El peronismo fue la respuesta a una demanda histórica y fue la expresión local del movimiento antiliberal mundial.

Entre los militares del proceso político abierto en 1943 se destacaron Juan Perón y Eduardo Avalos. El primero, entabló un estrecho vínculo con el sindicalismo y con dirigentes políticos de numerosas extracciones ideológicas, a los que convocó desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social fundada sobre el viejo Departamento de Trabajo.  Avalos implementó un acuerdo con la conducción de la UCR  y se sublevó junto a otros militares deteniendo a Perón y ofreciendo al radical Amadeo Sabatini la conducción de la política nacional.

El 17 de octubre el pueblo fue el gran fiscal de la historia y con la masiva movilización sacó al líder de su encierro en la isla Martin García e inició la construcción del nuevo sujeto histórico. En el año 1945 nació un Movimiento político que acentuó aún más la crisis de los partidos políticos tradicionales y que propugnó la construcción de un nuevo Estado.

Estas tensiones ingresaron de lleno a la universidad que era administrada, principalmente, por autoridades y por docentes radicales, socialistas, conservadores y liberales. Inicialmente, surgieron discrepancias en las Casas de Altos Estudios con las intervenciones de los delegados nacionalistas dispuestas por la Revolución de junio de 1943. Revirtiendo estas medidas, en febrero de 1945 Perón impulsó dos decretos tendientes a la normalización de los claustros (decreto 3.156) y a la reincorporación de los profesores cesanteados (decreto 3.157) en las universidades de La Plata, del Litoral, de Córdoba y de Buenos Aires.

Lejos de desaparecer los conflictos con ambas medidas, las tensiones con los académicos continuaron y la institución y sus miembros se encolumnaron en los dos grandes frentes políticos que apoyaban y que se oponían a Perón. Los principales referentes de los partidos tradicionales conservador, radical, socialista y comunista integraron la Unión Democrática y movilizaron sus frentes estudiantiles (FUA o FUBA) y docentes contra el líder Justicialista. Profundizando esa tensión, luego de que Perón asumiera la presidencia se produjeron disputas, renuncias y cesantías de profesores.

El bloque oficialista que triunfó en las elecciones de 1946 organizó un nuevo espacio integrando a estudiantes, profesores y nodocentes de origen radical, socialista, conservador y nacionalista. La importante participación sindical dentro del peronismo, auspició una renovada agenda de reformas sociales en una institución educativa que había tenido un carácter elitista.

El gobierno iniciado en 1943 fundó el Consejo Nacional de Posguerra a partir del cual se redactó el Primer Plan Quinquenal (1947-1951). Como parte del programa de desarrollo, se sancionó la nueva normativa universitaria en el año 1947 que buscó estrechar la educación y la ciencia con la economía y con el conjunto de las políticas públicas. La legislación fue impulsada en el recinto por varios diputados que habían militado en la UCR y que desde 1946 integraban el bloque del oficialismo Justicialista. Tal cual vamos a comentar en el capítulo 1, la ley 13.031/47 incluyó aspectos de la tradición reformista y le agregó conceptos ligados a la planificación Estatal muy en boga en la etapa.

En el año 1948 se creó la Universidad Obrera Nacional (UON) que se regionalizó para atender las demandas productivas y tecnológicas de las zonas de influencia dónde estaba inserta. En 1949 la nueva Constitución Nacional le otorgó la autonomía a las universidades e incluyó una mención explícita a dicha regionalización.

El Justicialismo impulsó la democratización del acceso a la educación. Primero lo hizo otorgando subsidios y becas y luego lo complementó con la eliminación de los aranceles que fue establecida en el mes de noviembre de 1949. Desde 1952 se instituyó la gratuidad en todos los niveles educativos y en 1953 se eliminaron los cursos de ingreso en las universidades.

Durante la etapa Justicialista se aprobaron nuevos marcos regulatorios del trabajo docente y nodocente. Los primeros adquirieron por ley los derechos a la dedicación exclusiva, a la carrera docente y tener salarios dignos. Los nodocentes inscribieron su labor en el marco del derecho laboral del personal de la administración pública nacional. La etapa estuvo signada por la creación de sindicatos y asociaciones de trabajadores, como fue la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) fundada en abril de 1949 o la Asociación Docente Argentina (ADA). En línea con el ideario de la Comunidad Organizada que presentó Perón en el Congreso de Filosofía de Mendoza en el año 1949, surgieron agrupaciones oficialistas de estudiantes secundarios (UES), de jóvenes universitarios (Confederación General Universitaria) y de profesores e intelectuales (Confederación General de Profesionales). 

El Justicialismo creó una Comisión de Construcciones Universitarias e implementó un importante programa de infraestructura en las diversas instituciones de la Argentina.

Tal cual vamos a mostrar en el libro, si bien las luchas partidarias nacionales atravesaron la vida universitaria, los diez años del Justicialismo fueron sumamente importantes para el desenvolvimiento de las ciencias sociales, humanas y en las disciplinas aplicadas a la innovación y el desarrollo tecnológico.   

El Segundo Peronismo Universitario: la nacionalización de la juventud y de la ciencia

En el año 1955 se produjo un Golpe de Estado y los militares expulsaron a gran parte de los docentes, nodocentes y autoridades de las universidades. El país atravesó 18 años de regímenes de proscripciones y de dictaduras. En marzo de 1973 Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima triunfaron en las elecciones y propugnaron la implementación de un nuevo programa de desarrollo nacional que continuó los lineamientos generales del primer peronismo. Sus pautas fueron diagramadas en un Plan Trienal (1974-1977) que presentó Juan Perón a la Asamblea Legislativa.

El tercer gobierno Justicialista fue acompañado masivamente por la juventud. Una vez obtenido el triunfo electoral de marzo de 1973, las instituciones fueron intervenidas por estudiantes, profesores y por nodocentes que acompañaban al gobierno entrante.

La política universitaria siguió los lineamientos fijados anteriormente en la Hora de Pueblo y en las Coincidencias Programáticas de los Partidos Políticos. A diferencia del año 1947, la nueva ley universitaria sancionada en 1974 tuvo el apoyo del bloque legislativo de la UCR.

La ley 20.654/74 siguió el ideario del primer Justicialismo en lo concerniente a la inducir la vinculación de la ciencia con el desarrollo y a promover la regionalización educativa y la cultura nacional y popular. Una de las diferencias fundamentales en relación a la normativa de 1947, es que la flamante Ley Taiana dotó de mayor autonomía a las universidades en lo referente a la organización del cogobierno. La ley 20.654 conformó un gobierno tripartito con docentes, estudiantes y nodocentes y fomentó la relación de la institución con los representantes de la producción y del trabajo.

La corta y convulsionada atapa que transcurrió de 1973 a 1975, fue un laboratorio pedagógico, cultural y político sumamente importante en la historia de las universidades argentinas. Se implementaron líneas de investigación sobre Latinoamérica y el Tercer Mundo y se realizaron diversas experiencias de articulación del conocimiento con el medio social y productivo. En línea con el movimiento cultural de los años sesenta y setenta, se propugnó activamente el compromiso del profesional con la política y con la reforma social y económica.

El Tercer Peronismo Universitario: expansión universitaria y nuevas regulaciones

Tomando distancia del justicialismo de los años cincuenta y del setenta, a partir del año 1989 Carlos Menem aplicó un programa económico, cultural y social de corte neoliberal. La política universitaria siguió un rumbo diferente y se expandió el Sistema Universitario y el Estado lejos de desligarse de la planificación educativa tuvo un rol activo y protagónico.

En línea con los dos primeros peronismos que impulsaron la planificación estatal educativa, en 1995 se creó una Secretaria de Políticas Universitarias. En 1995 se sancionó una nueva Ley de Educación Superior que le otorgó amplia autonomía a las instituciones, en paralelo a que dio al Estado nacional nuevas competencias regulatorias.

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) supuso un cambio fundamental en la gestión académica e instaló una nueva cultura institucional que puso al interés público y a la evaluación universitaria en el centro del sistema.

Se profesionalizó el área de estadística universitaria otorgándole al Estado un instrumento fundamental para la planificación. La política de Programas orientados a áreas estratégicas o los originados con fondos especiales, le dieron al Estado un instrumento importante para articular la autonomía académica con el desarrollo nacional.

El Régimen de Incentivos instrumentado fue y sigue siendo una importante política de impulso a la investigación entre los profesores. Si bien es perfectible, al día de la fecha no fue remplazado, ni superado.

Durante la etapa la esfera universitaria tuvo una expansión de los subsistemas públicos y privados. Entre 1989 a 1996 se crearon nueve Universidades nacionales y un Instituto de la misma índole, protagonizando uno de los ciclos de crecimiento institucional más significativos de la historia del país.

El Cuarto Peronismo Universitario: expansión del sistema y recuperación presupuestaria

El primero y el segundo peronismo fueron nacionalistas y el tercero neoliberal. Desde 2003 el justicialismo adoptó un esquema económico de carácter desarrollista.

Luego de la crisis del 2001 y de la renuncia del mandatario Fernando de la Rúa, asumió Eduardo Duhalde.  El presidente radical había aplicado una reducción del 13% al presupuesto público incluyendo a las universidades. Revirtiendo la tendencia de los recortes y ajustes,  en el año 2002 se crearon dos universidades y poco a poco fue normalizándose la vida política argentina y también la propia de la educación superior.

Continuando el ideario Justicialista, desde 2003 se aprobó una importante legislación laboral docente y nodocente que se consagró en dos flamantes Convenios Colectivos de trabajo.

El gobierno de Néstor Kirchner y luego el de Cristina Fernández continuaron las políticas de democratización social instaladas por el primer Justicialismo. Se implementaron diversos y masivos proyectos de becas sociales y científicas que intentaron articular la inversión educativa con las áreas estratégicas del desarrollo.  

Desde el Ministerio de Planificación Federal y luego con recursos de la Comunidad Andina de Fomento, se impulsó un inédito programa de infraestructura y de modernización universitaria en toda la Argentina.

Retomando la tendencia de los años noventa, el Gobierno Nacional instrumentó la expansión del sistema de universidades públicas más importante de la historia. En doce años se aprobaron en el Congreso de la Nación las leyes de creación de diecinueve universidades. Gracias a eso, la Argentina y por primera vez, dispone de instituciones en todas las provincias. 

 El Peronismo Universitario: legado y actualidad

El Peronismo Universitario conformó el cuarto gran modelo de gestión de las universidades argentinas, conjuntamente con los proyectos hispanoamericano, el liberal y el reformista. En todos estos sistemas de administración de la educación superior existen continuidades y rupturas con las iniciativas anteriores. En cada caso, se retomaron aspectos prexistentes, se cambiaron políticas y se fundaron nuevas modalidades.

Tal cual vamos a destacar en el presente libro, el peronismo universitario se integró con una confluencia de docentes, de investigadores, de nodocentes y de estudiantes de militancia anterior en la UCR, el socialismo, nacionalismo y otras corrientes partidarias. Este dialogo entre tradiciones ideológicas quedó reflejado en el abrazo de Perón y Balbín y se profundizó en la militancia de los años setenta y ello permitió forjar las Coincidencias Programáticas de los Partidos Políticos y facilitó la aprobación de la ley 20.654/74 con acuerdo unánime de todos los sectores.   

Al menos, hay cuatro pilares que identifican los aportes del Peronismo Universitario y que integran el funcionamiento actual del sistema educativo.

La expansión y regionalización de las universidades argentinas

El Justicialismo es la fuerza política que más universidades nacionales fundó en los doscientos años de historia de la Argentina: 33 sobre un total de 57. Es la única expresión partidaria que en todas sus gestiones, sin excepciones, fundó instituciones. Juan Perón creó la Universidad Obrera Nacional en su primer gobierno e inauguró otras dos en su tercera gestión. Carlos Menem promovió nueve, Eduardo Duhalde dos y Néstor y Cristina Kirchner diecinueve.   

Con la Universidad Obrera Nacional se inició una experiencia sumamente importante de regionalización académica y en cada sede de la institución variaron las carreras y las líneas de investigación. Se orientó la oferta académica a la resolución de los problemas regionales y nacionales y eso promovió la apertura de nuevas líneas de trabajo. Esta característica fue imponiéndose como cultura institucional y actualmente nadie discute que las universidades deben regionalizarse y responder, propietariamente, a la resolución de las diversas agendas de las comunidades en donde están insertas.


La formación de un sistema universitario nacional vinculado a los planes de desarrollo

Con el primer Plan Quinquenal y luego con la ley 13.031/47 el Justicialismo inició la planificación universitaria argentina superando el concepto liberal y reformista de la autonomía.

En el año 1949 y en 1994 le otorgó a la autonomía rango Constitucional. El justicialismo demostró en sus cuatro gestiones que las propuesta de los representantes de la democracia de masas y la autonomía universitaria no son contradictorios, sino complementarios.

Con la finalidad de planificar y de orientar a la labor de las universidades autónomas, el justicialismo sancionó cuatro leyes de educación superior (1947, 1954, 1974 y 1995) sobre cinco aprobadas en toda la historia del país. Se buscó armonizar el desarrollo nacional con la dinámica interna universitaria y además se propugnó superar el aislamiento entre las instituciones a las que se unificó dentro de un mismo Sistema. 

El Justicialismo impulsó activamente la tarea de investigación en las universidades y en el conjunto de instituciones  públicas. Su propuesta fue y sigue siendo la de promover programas orientados a los Problemas Nacionales y regionales económica y socialmente relevantes. En el Primer gobierno fundó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en el Tercero el Programa de Incentivos y en el Cuarto el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

El peronismo creó nuevos instrumentos de gestión institucional que permitieron que el Estado potencie áreas estratégicas del desarrollo científico y que se favorezca la organización de un sistema integrado con estándares compartidos. En el año 1947 impulsó el Consejo Nacional Universitario, antecedente del actual Consejo de Universidades. Fundó en 1949 el Ministerio de Educación de la Nación y la Subsecretaria de Universidades, en 1993 la Secretaria de Política Universitarias y en 1995 la CONEAU. 

Actualmente, se habla de autonomía responsable y se ofrecen distintos modelos posibles de relación con el Estado. Ya prácticamente no se considera al conjunto de las Políticas Públicas emanadas del sistema democrático como un “peligro” o como un factor “distorsivo” de la ciencia. Por el contrario, cada día es más habitual el dialogo y el apoyo mutuo entre la educación superior y el conjunto del Estado. Paulatinamente gana consenso el concepto acerca de que la autonomía es un medio necesario para la gestión científica y cultural, pero no conforma un fin en sí mismo.  

Los derechos sociales y laborales de la comunidad académica

El primer Justicialismo estableció la gratuidad de las universidades, fomentó los horarios nocturnos, subsidió apuntes y creó por ley planes de becas. Tales acciones tuvieron como finalidad derribar la histórica barrera de clase que imponían las instituciones. Resultado de eso, aumentó considerablemente la matrícula y se modificó el perfil de la clase dirigente del país. La masificación del estudiantado permitió atender la demanda técnica generada por la industrialización. 

Durante el tercer y cuarto peronismo se expandió el sistema universitario por todo el país y principalmente en el conurbano bonaerense. Como resultado de este proceso, hubo un aumento importante de estudiantes de primera generación universitaria y originarios de los grupos más humildes.

Además, el peronismo en la primera y la cuarta etapa fue el que instauró y que potenció los principales derechos de los trabajadores docentes y nodocentes. Consagrando esta vocación, el Justicialismo kirchnerista sancionó los Convenios Colectivos de Trabajo nodocente (2006) y el de los profesores (2015).   


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jueves, 8 de octubre de 2020

Las regulaciones universitarias y la reforma de la Ley de Educación Superior

 Aritz Recalde para Página 12

El Presidente Alberto Fernández anunció que impulsará una nueva LES, en remplazo de la actual 24.541/95. La norma ya tiene 25 años y tuvo tres modificatorias parciales con las leyes 25.573/02, 25.754/03 y 27.204/15. Si bien al momento de su sanción el texto recibió diversas críticas, se debe reconocer que la LES fue lo suficientemente amplia al punto de que no fue un impedimento para implementar el programa universitario iniciado en 2003. Caracterizar a la LES como meramente neoliberal es una simplificación y para ser más exactos, la norma articuló aspectos las tres tradiciones universitarias del siglo XX que son el liberalismo, el reformismo y el nacionalismo popular.

El liberalismo sancionó la Ley 1597/85 que tenía solamente 4 artículos y que se complementó con la 1420/84 de Educación Común. La universidad era arancelada y los docentes eran designados por el Poder Ejecutivo en base a una terna enviada por las Facultades. La institución era elitista y tenía como finalidad profundizar las desigualdades sociales y en 1885 concurrían a la UBA y la UNC solamente 775 estudiantes.

Los reformistas de 1918 promovieron la formación de una cultura humanista, social y sudamericana y los jóvenes exigieron formar parte de las decisiones del cogobierno. Reivindicaron la importancia de la autonomía en los planos académicos y políticos institucionales. La vocación autonomista no favoreció la sanción de leyes, sino más bien cambios de los Estatutos de cada universidad.

El nacionalismo popular universitario fue implementado por el Justicialismo, que elaboró Planes Quinquenales e inscribió el programa educativo y científico como parte del desarrollo nacional. El peronismo sancionó las leyes universitarias 13.031/47, 14.297/54 y la 20.654/74 que estuvieron orientadas a articular más estrechamente la labor de las instituciones, con la búsqueda de la independencia económica, la justicia social y la construcción de un nuevo Estado. Las instituciones fueron regionalizadas y se creó un Consejo Nacional Universitario de coordinación con participación del Ministro de Educación y de los rectores. La regionalización universitaria indujo la creación de la UON que ofertó carreras de ingenierías vinculadas a la producción de cada provincia. El Justicialismo concibió a la educación como parte de la justicia social y en 1947 sancionó la legislación protectora del trabajo docente (dedicación exclusiva y Carrera docente) y nodocente. Estableció por ley las becas de estudiantes e instauró la gratuidad de la universidad (Dto 29.337/49) y del conjunto de la educación (Dto 4.493/52).

 

La nueva LES deberá ser parte de un amplio debate nacional con los representantes de la producción, del trabajo y de la cultura. Tendrá el desafío de articular armoniosamente la autonomía, con la necesaria planificación federal y estratégica del desarrollo. Deberá educar en el compromiso social de sus miembros y por la formación de un ideario nacionalista y sudamericano. Tendrá que crear condiciones para que estudien los sectores populares y para el efectivo cumplimiento de los derechos laborales docentes y nodocentes.

 

 

El sentido de la universidad

  Aritz Recalde, 9 diciembre 2020   Publicado en Revista Movimiento  El pasado 6 de noviembre fui invitado a disertar en una actividad o...