viernes, 19 de junio de 2009

La Ley de Educaciòn Superior y la Historia Oficial Universitaria


Aritz Recalde - junio 2009




La universidad, conjuntamente al resto de las instituciones del Estado de las carteras de educación y de ciencia y técnica, tienen diversos problemas y desafíos, actuales e históricos, a abordar y a resolver para desarrollar plenamente sus funciones. Dicho complejo panorama involucra, entre otros temas, las estratégicas relaciones entre el sistema educativo y la producción, las organizaciones libres del pueblo y el conjunto del aparato del Estado. En este marco, existe una tendencia política y cultural que identifica entre las prioridades de un potencial cambio de funcionamiento o de la organización del sistema educativo, al tema concerniente a la legislación de la educación superior. Hay una muletilla que está de moda en la universidad y que se repite a modo de disco rayado: hay que “Derogar la Ley de Educación Superior, la “LES” infame menemista”. Como toda moda el producto “derogar la LES”, contempla en su desenvolvimiento a los “vendedores del producto”, a los propagandistas y a los “repetidores a coro y en masa” que consumen y alimentan la ganancia del proveedor. Los primeros y generalmente, son las personas y organizaciones políticas que administran los recursos de la universidad y que en el arco ideológico o político, se los puede identificar con la derecha y con la izquierda o con vertientes del radicalismo y algunos partidos que se dicen seguidores de Marx, de Mao y de Trotsky. Los auto considerados dueños de la universidad y vendedores del producto de moda, difunden los supuestos “males de la LES” por intermedio de una actualización de la Historia Oficial Universitaria, que en su origen está ligada a las opiniones de Bartolomé Mitre sobre Bernardino Rivadavia y derivados. Durante el siglo XX esta corriente liberal de la historia fue actualizada por intelectuales ligados al Partido Socialista y a la UCR. La Historia Oficial Universitaria que inventó y difundió un eje de discusión para pensar la historia de universidad en la dicotomía “autonomía – violación de la autonomía”[2], es difundida desde el aparato de prensa de sus agrupaciones partidarias nacionales, organizaciones universitarias, por sus legisladores o por intermedio de sus vínculos con el “periodismo independiente”. Finalmente, le queda a la juventud revoltosa que tiene iniciativas muchas veces genuinas pero y generalmente, planteadas de manera errónea, levantar el cuco de la LES y asustar con ello a los desprevenidos sobre los supuestos terribles males que esconde esa ley.
La PRIMERA y principal cuestión que resaltan dichos grupos, es que la LES es el principal problema de la universidad argentina ya que implicaría una intromisión del Estado en la administración de la universidad autónoma: las evaluaciones externas pero y especialmente, la CONEAU, son el “mal que atañe a la autonomía”. En SEGUNDO lugar y paradójicamente, la LES cometería el error de dejar en manos de la autonomía universitaria la posibilidad del cobro de aranceles en las carreras de grado. Digo “paradójicamente”, porque muchos de estos grupos son enemigos declarados de la democracia de masas según lo establece la Constitución Nacional[3] y en su lugar, defienden a rajatabla la autonomía como sinónimo del cogobierno y solución última de todos los problemas de la universidad. Si uno tira de la piola de dichas concepciones para justificar la planificación de las políticas educativas entre grupitos reducidos de miembros de la clase media, se puede encontrar en la otra punta del ovillo la formulación de justificaciones con ribetes preocupantemente racistas, sobre la supuesta superioridad del universitario que ejerce el cogobierno en relación al resto del mundo. Incluso podríamos decir, que la universidad argentina es una de las pocas instituciones en el país que públicamente plantean en términos de “peligro”, la potencial articulación de la democracia popular con la planificación de sus políticas. Las decisiones del Congreso Nacional como es una ley o la formulación de políticas vinculadas al resultado electoral desde el Gobierno y el Estado, por ejemplo desde la Secretaria de Políticas Universitarias, suelen ser vistas como intromisiones y violaciones de la autonomía y no importa que sean buenas o malas o que en su origen exista la legitimación electoral de la sociedad[4]. Retomando la cuestión de la “paradoja”, es bueno remarcar que el cogobierno y pese a que según estas interpretaciones es claramente superior en relación a la democracia de masas, esconde en si mismo un peligro “arancelador” y se le pide por eso al Estado que intervenga desde “el exterior” fijando límites a su accionar[5]. El TERCER problema de la LES se refiere a la distribución de poder del cogobierno y también como en el caso anterior, las rencillas entre los miembros del cogobierno son motivo de críticas cruzadas y existen tendencias y planteos que establecen que se le debería ampliar la representación a uno u otro actor de las casas de altos estudios. Nuevamente, se le pide al Estado y al Congreso que a partir de una ley intervenga para resolver las incapacidades, mezquindades y profundas internas, de la administración del propio sistema: por ejemplo, se exige elección directa o mayor representación estudiantil en los consejos.
Como se puede ver, para estas interpretaciones los ejes principales de debate para “derogar la LES” parten del supuesto de que el único problema que hay que resolver de la universidad es de funcionamiento interno: qué ocurre con la relación entre la educación, la ciencia, la investigación y el conjunto del país, pasa a un segundo plano. Según estos, la sociedad que elige a sus representantes del Estado, muchos de ellos profesionales y hombres de importante trayectos científica, tienen que:
- Poner el dinero para financiar el sistema y no pregunta “para qué”;
- Garantizar dicho financiamiento y “apagar incendios” introduciendo desde la legislación nacional cláusulas que intenten “racionalizar” la administración corporativa del propio sistema;
- No intervenir en el planteamiento de demandas del sistema, no evaluar que se hace con los recursos del pueblo, no pedir que se haga política universitaria atendiendo las necesidades de conjunto de los programas públicos y no exigir que se atiendan, prioritariamente, las problemáticas sociales y económicas de la democracia constitucional.

En resumen: el pueblo que no va y no va a ir a la universidad, no tiene derecho a exigir nada al sistema, ya que participa de la democracia de “segunda o de masas” y debe pagar, sin chistar u opinar, el mantenimiento de la estructura. A partir de aquí y desde mi modesta opinión quiero sostener:
PRIMERO: la LES no es la prioridad en un proceso de transformación de la universidad, es un aspecto secundario; incluso y tomando una opinión de Ernesto Villanueva, algunos de los temas prioritarios como el financiamiento, la alta deserción, la articulación interna del sistema y con la comunidad, se podrían discutir y articular en proyectos y normas sin necesidad de modificar la LES; incluso y leyendo los documentos y proyectos presentados en el Congreso de la Nación, se corre el riesgo de modificar la LES sin solucionar ninguno de los temas mencionados.
SEGUNDO: la LES tiene aspectos positivos, negativos e importantes “vacios” sobre temas del sistema de educación superior. Quienes ven en ese texto “todo negativo” se puede suponer o que no entienden de leyes, que mienten o que es sólo una muletilla de campaña que articula los dos aspectos mencionados.
TERCERO: los que dicen que la LES debe ser derogada por ser un legado neoliberal y “menemista” no dicen nada. Primero, por que es innegable que dicha ley se vincula al Pacto de Olivos que implicó un acuerdo público y concertado entre Alfonsin y Menem o sea que no es “simplemente menemista”. Segundo, por que si de derogar medidas sancionadas entre 1989 y 1999 se trata, deberíamos cerrar 9 importantes universidades y dar marcha atrás iniciativas positivas aunque perfectibles, para la articulación de las políticas públicas y la educación superior como son la CONEAU o el programa de Incentivos.

A partir de aquí, creo oportuno resaltar que no niego que sea positivo discutir y asentar las bases para la formulación un nuevo marco legal, pero de lo que sí dudo es de que varios de los promotores tengan en claro cuáles son los problemas reales, profundos, históricos y actuales, del sistema de educación superior y su relación con las demandas de la sociedad y el Estado. Si de lo que se trata es de avanzar solamente en los tres ejes o supuestos problemas que están en la agenda de la derecha y de la izquierda o simplemente de “bajar un símbolo de los noventa”, se estaría perdiendo una buena posibilidad de discutir y abordar soluciones reales y se va a invertir tiempo y dinero en un proyecto que no va a modificar prácticamente ninguno de las demandas del sistema educativo que tiene que contribuir al desarrollo del país que lo financia. Hecho este comentario, voy a mencionar algunos aspectos que considero importantes y que aparecen en un conjunto de proyectos de ley que están en el Congreso de la Nación. No voy a extenderme ya que se puede leer nuestra propuesta del portal del Congreso de la Nación en el documento “60 medidas para refundar la Educación Superior”[6]. Solamente voy a mencionar algunos mecanismos de vinculación entre sociedad y universidad que considero prioritarios y aquellos concernientes a la articulación interna del sistema.




[2] La Historia Oficial de la Universidad en vez de establecer un eje análisis centrado en el apoyo o enfrentamiento de la universidad al “desarrollo o al subdesarrollo del país”, establece la categoría “autonomía - violación de la autonomía”. No por casualidad, los estudios históricos de la universidad ven de manera peyorativa a Rosas y a Perón: ambos políticos que alcanzaron importantes logros para el desarrollo independiente del país.
[3] La justificación va de un lado al otro de los campos ideológicos: la “izquierda” mientras convoca a la lucha insurreccional o el voto en blanco, dice defender la autonomía universitaria para preparar la teoría socialista separada del “Estado burgués”. La derecha y mientras usufructúa el gasto publico y maneja el aparato del Estado “no autónomo”, dentro de la universidad defiende la autonomía para “proteger” la ciencia de la barbarie potencial que esconden las decisiones del pueblo.

[4] La justificación del peligro del “mal gobierno” y casi sin excepciones, culmina en la figura de “Menem”: la autonomía sería un “escudo protector” contra estos programas liberales. Contra dicha interpretación simplista habría que decir un par de cosas. Primero y lamentablemente, las agrupaciones de docentes y de alumnos apoyaron a lo largo de la historia golpes de Estado y acciones de terrorismo contra presidentes de distintas ideologías que nada tienen que ver con el liberalismo: en los golpes militares contra Hipólito Yrigoyen, contra Juan Perón o contra Arturo Illía varias agrupaciones de la universidad salieron a la calle a festejar y dar su apoyo público. En Segundo lugar, durante dicho gobierno “menemista” existieron medidas positivas como la creación de nuevas universidades o la apertura de programas de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU), que pese a ser perfectibles, son positivos: en realidad y en mi opinión, la universidad autónoma no puede decir que administra mejor los recursos que los representantes de la democracia de masas. En Tercer lugar, la universidad además de “resistir” al neoliberalismo, lo apoyó desde la producción textual, a partir de la formación profesional (por ejemplo, Ricardo López Murphy no se educo en Marte) o desde la campaña electoral de y por ejemplo, el radical y cavallista Fernando De la Rua.
[5] Además hay que decir que la gratuidad de los estudios universitarios resultó de una decisión del gobierno de Juan Perón del 22 de noviembre de 1949, al cual la “Historia Oficial de la Universidad” lo acusa de desarrollar una gestión “autoritaria” y “violar la autonomía”: se le pide al Estado que tanto se cuestiona que resuelva las incapacidades y limitaciones del cogobierno y acto seguido, se lo acusa de “intromisión”.
[6] “Agrupación 22 de noviembre”. Material de la Comisión de Educación del Congreso de la Nación recopilado como antecedente para la redacción de otra Ley de Educación Superior. http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/ceducacion/.