sábado, 20 de septiembre de 2008

¿Ley de educación superior o política nacional educativa?


Aritz Recalde, agosto 2008


Hay hoy más científicos vivos que en toda la historia previa de la humanidad, y disponen de recursos en cantidad más proporcional a su número. Con esos recursos adquieren aparatos y materiales maravillosos, asistentes bien entrenados, bibliografía completa y rápida. Disfrutan de gran prestigio y de sueldos nada despreciables. ¿Qué han producido con todas esas ventajas? toneladas de papers y muchos objetos, pero menos ideas que antes. Oscar Varsavsky[2],



Entre los universitarios y miembros del Congreso nacional y de los ministerios, se esta debatiendo la posibilidad de modificar la actual ley de educación superior (LES). La norma es del año 1995 a partir de lo cual, se la relaciona directamente con el proceso neoliberal y pareciere y sin excepciones, que esta última característica justifica que todos estén de acuerdo en derogarla. Este “anhelo reformador” es positivo, pero y valga la aclaración, dicho punto de partida no resuelve por si mismo ninguno de los desafíos que aquejan a la universidad y particularmente y cuestión que nos interesa, dicho énfasis en cambiar la LES no garantiza que la universidad cumpla las ansias de aquellos que la financian: el pueblo que en su mayoría no ingresa a los estudios superiores.
Dentro de la universidad y detrás de la modificación de la LES, hay y en una somera síntesis, tres posicionamientos sobre la necesidad y los alcances de su potencial reforma.


1- Por un lado, está la corriente política que llamaremos del reformismo conservador que es hija del alfonsinismo y de la transición democrática de 1983 y que cuenta con fuerte anclaje en los claustros docentes (UCR, PS, etc.), de graduados y de estudiantiles (FM, MNR, etc.-). El origen histórico e ideológico de esta corriente y pese sus menciones al año 1918, se remonta a la reivindicación del proyecto educativo de la dictadura de Eugenio Aramburu que derrocó a Juan Perón, que sancionó la existencia del gobierno tripartito[3] y que enfrentó a las mayorías populares a las que proscribió del sistema de partidos y expulsó masivamente de las universidades. Su modelo cultural reposa en la reproducción del canon “cientificista” generado por autores europeos y norteamericanos. Dichas corrientes políticas y culturales quieren cambiar la LES con el objetivo “simbólico” de terminar con el “neoliberalismo” que y según estos, buscó coartar la autonomía y la gratuidad de la universidad. Su proyecto de LEY y a partir de aquí, es “negativo”: intenta que el Estado y la sociedad no intervengan en la política universitaria y que solamente la financien. Su justificación teórica es resguardar a la “ciencia autónoma” ante la irracionalidad de las mayorías, expresadas en organizaciones económicas y políticas o en el sistema de partidos. Gobierno tripartito, gratuidad y autonomía son sus lemas de campaña para la nueva ley.

2- Por otro lado, se ubica la corriente política y cultural universitaria que denominaremos y siguiendo una palabra de Arturo Jauretche, como reformismo mitromarxista[4]. Dicha corriente política y cultural tiene un escaso desarrollo entre los docentes y los graduados y cuenta con una organización estudiantil de mayor envergadura relativa en algunas universidades (especialmente maoísta o trotskista). El origen histórico de esta corriente universitaria es la reivindicación de la fraseología de la reforma del año 1918 y de algunas corrientes políticas de izquierda de los sesenta y a partir de aquí, que hacen hincapié en el rol transformador de la juventud en la sociedad. Su propuesta se basa en derogar la LES “para terminar con el neoliberalismo” y mantener la autonomía de la cual y a diferencia del reformismo conservador, no creen, ya que ni en Rusia, ni en Cuba, ni menos aún en China, no existió, ni existe, ni existirá nada que se le parezca. Su modelo cultural se basa en la reproducción de las teóricas e interpretaciones de un conjunto de autores europeos y en algunos casos y excepcionalmente, asiáticos. A diferencia del reformismo conservador, la autonomía es vista como una táctica y no como una estrategia: hay que sostenerla para preparar las condiciones objetivas para la toma del poder obrero y la sanción del decreto que inaugure el socialismo. Son enemigas del Estado y de la democracia de partidos siempre que no ganen las elecciones, a partir de lo cual y ya que nunca triunfaron en una votación en la historia, sostienen a rajatabla el funcionamiento de la universidad corporativa distante del medio que la rodea. Democratización, gratuidad y autonomía son sus lemas para la nueva LES.

Ambas corrientes y como se puede ver, quieren derogar la LES y sancionar otra que coarte toda posibilidad de injerencia posible dentro de la universidad, tanto del Estado elegido por la democracia de partidos, como y asimismo, de la sociedad en general. Pese a que desarrollan distintas justificaciones doctrinarias, ambas tienen una concepción negativa y liberal para la nueva LES que tiene como objetivo garantizar que en las universidades no cambie nada para mantener sus lugares de privilegio. Ambas son profundamente elitistas y enemigas de las decisiones de las mayorías: una en nombre de la vanguardia científica y la otra, bajo la consigna de la vanguardia política, se autodenominan las únicas y legítimas detractoras de la planificación de la política y del uso del gasto educativo. A partir de aquí, sus consignas para otra LES son vagas y generalistas: autonomía, democratización, gobierno tripartito o gratuidad. Estas corrientes involucran los anhelos del 3,5% de los universitarios preocupados por seguir conduciendo la universidad sin importar la opinión de la democracia de masas y las organizaciones libres del pueblo.

3- Finalmente, existe una tercera corriente que vamos a llamar "nacional y popular" que nació en el año 1918 y que se expresó dentro del proyecto universitario y las tres leyes[5] de los gobiernos de Juan Domingo Perón. Dicha corriente tiene un desarrollo escaso entre los docentes y graduados y cuenta con un crecimiento significativo en el claustro estudiantil. Su modelo cultural se basa en el reconocimiento de la existencia de un pensamiento nacional y latinoamericano cristalizado en la obra de intelectuales y de políticos de nuestro continente. Esta corriente se plantea que es importante cambiar la LES, pero que y particularmente, hay que desarrollar una política educativa desde la acción del Estado y a partir de la voluntad popular y las organizaciones libres del pueblo. Dentro de las propuestas para la nueva LES, esta corriente se centra en proponer mecanismos que permitan a la universidad contribuir a resolver las demandas económicas, sociales y culturales del país. El debate de la “democratización” entre docentes o estudiantes, deja lugar a otro que incluye la posibilidad o no, de que la investigación, la extensión y la enseñanza sean instrumentos para acompañar el desarrollo nacional y la emancipación del hombre argentino. La corriente nacional y popular no solo le pide al Estado que financie la universidad, sino que además, le exige a esta última que cumpla con su deber de acompañar el desarrollo nacional y regional a través de diferentes mecanismos como y por ejemplo: un gasto estratégico de su presupuesto; a partir de la promoción de carreras y planes de estudio prioritarios para cada región; a partir del planeamiento de investigaciones con pertinencia social y productiva; el fomento de las carreras ligadas a la industrialización; la difusión de los intelectuales defensores del patrimonio nacional; a partir del ingreso de la voz de la sociedad y el Estado en la universidad a partir de Consejos Sociales y la participación directa en el gobierno. Esta corriente, entre otras cuestiones, propone un servicio social obligatorio y federal para estudiantes y la obligatoriedad de que los docentes con dedicaciones exclusivas otorguen asesoramiento gratuito a la sociedad que los financia.


La corriente nacional y popular y como mostramos en una extrema síntesis, considera que la sanción de una LES es solo un aporte parcial al debate universitario. Este diagnostico nació tras un supuesto que sostiene que solamente una política de planificación universitaria que nazca desde el Estado y a través de la acción de las organizaciones libres del pueblo, puede articular directamente las necesidades sociales y económicas, con la producción científica y técnica.
A la corriente nacional y popular y para hacerle un tributo a su historia, le cave la pesada responsabilidad de vincular la educación superior al desarrollo nacional enfrentando las concepciones, que de derecha a izquierda, atan a la universidad al neocolonialismo. Esta corriente deberá revertir el diagnostico de Juan José Hernández Arregui[6] que estableció que “la historia de la universidad es por eso, la historia de nuestra oligarquía. Con breves intervalos, esa oligarquía durante una centuria logró consolidar e imponer a la Nación su despotismo más o menos ilustrado. Esa universidad, sin ritmo, ni estilo peculiar, fue el medio más sutil del predominio espiritual del coloniaje”. El desafío es grande, pero el deber es impostergable y ya lo dijo Amílcar Herrera cuando estableció que “para los científicos del Tercer Mundo, la aplicación de la ciencia a la superación del subdesarrollo representa uno de los desafíos morales e intelectuales más grande de la historia.[7]


[2] Ciencia Política y cientificismo, Ed. Centro Editor de América Latina, 1969. P 36
[3] Hasta la dictadura de 1955 que apoyó el PS y la UCR solamente existió en algunas universidades, el “cogobierno”. El tercer actor que justificó la designación de “tripartito” (graduados) ingresó después de 1956.
[4] Personas que leen y reivindican a Carlos Marx y que son a su vez, defensores de la historia oficial de Bartolomé Mitre.
[5] Leyes 13.031/47; 14.297/54 y 20.654/74.
[6] La Formación de la conciencia nacional. Ed. Pella Lillo, Buenos Aires 2004. p 73.
[7] Ciencia y política en América Latina, Ed. Siglo veintiuno, México, 1974. P 18.

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