martes, 24 de octubre de 2017

Los NODOCENTES y la participación en la política universitaria

Aritz Recalde, octubre 2017
Primera etapa de formación, desenvolvimiento y de unificación sindical
Los NODOCENTES obtuvieron sus derechos sociales y políticos a partir de la tarea de las asociaciones gremiales de base y de la Federación de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN). En la mayoría de las universidades, la herramienta sindical es el principal o incluso el único, aglutinador político de sus miembros.
En el año 1958 se organizó una Comisión Provisoria de la FATUN, compuesta con las asociaciones de Buenos Aires, Tucumán, La Plata, Cuyo y Litoral. Durante las décadas del sesenta y del setenta del siglo XX, la Federación estuvo dividida entre la “FATUN Autentica” y la FATUN.  El 26 de noviembre del año 1973 se produjo en Tucumán la unificación de la herramienta gremial, con la participación con voz y con voto de 16 de las 19 asociaciones del país. Recordando y reafirmando la importancia de esta histórica jornada, el decreto 366/06 en el artículo 114 la declaró asueto del “Día del trabajador NODOCENTE”.
La unidad de las asociaciones de base, le otorgó a la FATUN poder de negociación frente al Estado. Además, le confirió un capital político fundamental para discutir la sanción de la ley 20.654/74 que le otorgó a los NODOCENTES voz y voto. La unidad gremial es un elemento central para explicar la aprobación del decreto 366/06, que homologó el Convenio Colectivo de Trabajo NODOCENTE[1].  

Segunda etapa de reconocimiento institucional y de logros sociales

a-    Reconocimiento institucional
Durante décadas, los trabajadores NODOCENTES inscribían su labor en el marco del reglamento del Personal de la Administración Publica Nacional. Luego de extensas reivindicaciones y de luchas, en los años setenta consiguieron aprobar un Escalafón Propio (decreto 3494/70 y su modificatorio 2427/73).
El Convenio Colectivo aprobado en el año 2006, es el resultado de décadas de lucha NODOCENTE y expresa la acumulación de poder y la perseverancia y la capacidad de realización de los delegados de base, del Consejo Directivo y del actual Secretario Ejecutivo de la FATUN, Nelso Oscar Farina.
El contexto de sanción del decreto 366/06 fue el de la Presidencia de Néstor Kirchner, quien inició un programa de reparación histórica de los derechos de los universitarios. Gracias a este histórico instrumento legal, los trabajadores NODOCENTES alcanzaron reconocimiento institucional y participan de muchas de las decisiones que se toman en las universidades. Entre otros ámbitos, el decreto auspició las Comisiones de categorías, de planta y salariales (artículo 16) y aquellas abocadas a la capacitación (artículo 129).
Los dirigentes sindicales obtuvieron el derecho a la licencia paga (artículo 105), para dedicarse a la función gremial que le encomiendan los afiliados con su voto.

b-    Logros sociales
La historia de la universidad argentina es la de nuestra oligarquía y la institución es elitista en su composición y tipo de gestión. La Reforma de 1918 postuló que los docentes eran primero científicos y luego trabajadores y ello mermó sus derechos laborales. La figura contractual del concurso priorizó aspectos académicos y dejó a los profesores sin estabilidad en el empleo. La flexibilidad de la labor educativa fue la norma por décadas y recién cuando el peronismo impulsó la Carrera Docente, empezaron a reconocerle derechos. En el año 2015 el Decreto 1246 homologó el primer Convenio Colectivo de Trabajo Docente Universitario.
Hasta la declaración de la gratuidad de la universidad del día 22 de noviembre del año 1949, el estudiantado universitario era proveniente de la clase alta. Los obreros no ingresaban a la educación superior por los altos costos y por los cursos de ingreso eliminatorios. En este marco y por mucho tiempo, los trabajadores NODOCENTES no pudieron enviar a sus hijos a la universidad. Tampoco tuvieron derechos laborales y no participaban de las decisiones políticas e institucionales.
Como resultado de su organización, los NODOCENTES consiguieron el Escalafón propio en los años setenta y con el decreto 366/06 se homologó uno de los Convenios Colectivos de Trabajo más progresista de la Argentina. El artículo 11 del decreto institucionalizó los derechos de los NODOCENTES a la estabilidad; a la retribución y a la igualdad de oportunidades; a la capacitación permanente y FATUN impulsa tecnicaturas en gestión universitaria; a la libre agremiación y negociación colectiva; a las licencias, justificaciones y franquicias; a la renuncia, jubilación o retiro; a las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo; a la información; a la asistencia social[2]; a las compensaciones e indemnizaciones; a la interposición de recursos; y a la participación en organizaciones gremiales.

En la etapa se elevó la conciencia social y sindical del trabajador NODOCENTE. Los logros conseguidos le otorgaron legitimidad a los dirigentes sindicales, que adquirieron un creciente capital político y representatividad frente a sus bases.

Solamente entre los años 2003 y 2011, los NODOCENTES consolidaron aumentos de sueldos superiores al 1000 %, quedando en muchos casos, por sobre las paritarias de los profesores. En paralelo, se ampliaron los cargos en todas las universidades y se actualizaron las categorías de miles de trabajadores. Fue el ciclo de reparación social del trabajador NODOCENTE más importantes de su historia y pese aún sigue vigente el reclamo de mejora para las jubilaciones.

Con el esfuerzo de los afiliados, la FATUN construyó hoteles en Ciudad de Buenos Aires, Mar de Ajo, Villa Giardino y en Santa Rosa de Calamuchita conformando una política de esparcimiento y de recreación para la familia trabajadora.

Tercera etapa de concientización y de avance político
“Los no docentes, como parte integrante de la clase trabajadora argentina, bregaremos por la incorporación de los trabajadores al gobierno y dirección de la Universidad, y sostenemos esto, porque la realidad diaria nos ha mostrado que sus trabajadores han sido, son y serán, los más celosos custodios de la universidad estatal, de la cultura nacional y popular”. FATUN Autentica, mayo de 1973

La universidad tiene que formar hombres y mujeres para resolver los problemas de la patria”. Ana Jaramillo

Durante el siglo XIX la universidad fue gobernada por una elite oligárquica. Desde el año 1918, las decisiones fueron tomadas de manera cogobernada por los docentes de clase media alta y luego con la participación de estudiantes y de graduados (año 1956). Los reformistas retomaron e institucionalizaron la división entre las labores intelectuales y manuales y reclamaron el derecho monopólico al gobierno de los profesores. Para adquirir ese privilegio, reivindicaron el principio de la supuesta superioridad intelectual de los docentes, por sobre el conjunto de los actores universitarios. Dentro del universo de los profesores, en varias universidades se introdujeron diferencias en la distribución del poder político entre los docentes titulares y los ayudantes, y entre los concursados y los interinos.
En el año 1974 y con participación activa de los trabajadores de las universidades, se sancionó la ley universitaria 20.654 que introdujo el derecho de los NODOCENTES a participar con el 10% de representación en el Consejo Superior y en el de las Facultades.
A diferencia del claustro de profesores, los NODOCENTES se organizaron de manera única y no introdujeron diferencias de representación política entre tipos de contratación (concursados o no) o a partir de sus cuatro agrupamientos (administrativo, mantenimiento, técnico profesional y asistencial). Todos los trabajadores, sin diferenciación, tienen el mismo derecho político a votar y a ser los representantes de sus compañeros.
La ley 20.654/74 estableció que para ser Rector no era requisito obligatorio ser docente, sino que además, la máxima autoridad podría acceder al cargo disponiendo de un diploma académico. Esta innovación ya había sido incluida en las leyes 13.031/47 (Art. 11) y en la 14.297/54 (Art. 10). El contexto de aparición de ambas normas, se caracterizó por el protagonismo de los trabajadores en la política y en el año 1946 dirigentes sindicales de la CGT ocuparon la conducción de la Cancillería, el Ministerio del Interior y el de Trabajo y Previsión. El oficialismo les otorgó a los sindicalistas un tercio de los cargos de diputados y de senadores. No fue casualidad por ello, que al momento de apertura de la Universidad Obrera Nacional (UON)[3] en el año 1953, se designó un Rector de origen obrero y gremialista egresado de la Escuela Sindical dependiente de la CGT (Cecilio Conditi).
En el año 1973 los NODOCENTES jugaron en rol protagónico en la normalización de las universidades, luego de 18 años de proscripciones y dictaduras. Su labor incluyó una tarea activa en la construcción de una universidad con óptica social, ligada al pueblo y comprometida con la Nación. A continuación vamos a mencionar brevemente tres experiencias.

Achem, Miguel y Ramírez en la UNLP
Luego del triunfo electoral de Héctor Campora y con la finalidad de garantizar la asunción de las nuevas autoridades, una Comisión de cuatro miembros se hizo cargo de la UNLP. Uno de los titulares de la comisión, era el Secretario de ATULP Ernesto “semilla” Ramírez (La Prensa, 29/05/73). Éste último fue el fundador de la obra social de los trabajadores en el año 1967, participó de la CGT de los Argentinos y acompañó entusiastamente la unidad de la FATUN de 1973. Por su militancia al servicio de la causa popular y nacional, Ramírez fue asesinado por la dictadura militar en el mes de abril del año 1977.
En ATULP se destacaron los dirigentes Carlos Miguel, quién alcanzó el cargo de Director del Departamento Central de Planificación (1973) y Rodolfo Achem, quien se desempeñó como Secretario de Supervisión Administrativa de la universidad (1973). Ambos, participaron en la formulación de las “Bases Para una Nueva Universidad” (1972) impulsada por la Federación Universitaria de la Revolución Nacional (FURN) y otras agrupaciones. En las Bases se convocó a los NODOCENTES a “una incitación a la participación como miembros de la clase trabajadora, vertebradura esencial de la Patria, en la discusión y la decisión de las cuestiones universitarias, que transforme a la universidad de mero patrón insensible, en instrumento técnico, científico y artístico de profunda inspiración nacional y social”. Como resultante de la experiencia de los NODOCENTES en la gestión de la UNLP, se publicó el texto “La participación de los trabajadores en la conducción de la universidad”. El documento postuló que los “trabajadores deben tener conciencia política de su centralidad en la liberación nacional” y se abogó por desmitificar el “academicismo” y la separación entre el trabajo manual e intelectual. Achem y Miguel fueron cruelmente asesinados por la agrupación paramilitar Triple A, en el mes de octubre del año 1974.

Pellejero y la UNLu
En diciembre del año 1972 se creó la Universidad de Lujan, que abriría sus puertas pocos meses después. El Secretario Adjunto de Actas de la Comisión Organizadora Provisoria de ATUNLu, Oscar Eduardo Pellejero, jugó un rol fundamental en el nacimiento de la Casa de Altos Estudios. Fue congresal en FATUN en el encuentro de septiembre de 1973 en Córdoba, donde se discutieron las pautas para la unificación de la Federación producida ese mismo año.
Pellejero fue nombrado por el Rector Emilio Fermín Mignone, como “Organizador” y “Director de Personal y Servicios” (1974), como “Secretario de Asuntos Administrativos” (1974) y como responsable de la “Administración Académica del Centro Regional Chivilcoy”. Durante sus gestiones, impulsó el Reglamento de Concurso del Personal NODOCENTE (Res. 30/73) y la “Escuela de Capacitación Permanente” para el Personal NODOCENTE, que tenía entre sus finalidades “elevar el nivel de conciencia política y social del trabajadores”, desarrollando la “apreciación critica de los fines y propósitos de la institución”. En el periodo, se aprobó un “Sistema de formación profesional permanente del personal NODOCENTE” (Res. 58/74). La formación profesional incluyó aspectos políticos sindicales, de administración universitaria y de capacitación técnica.
Los NODOCENTES integraban junto a alumnos y los docentes, el consejo de gobierno de la UNLu y las comisiones curriculares, de planeamiento, de investigación, de coordinación popular y de bienestar (El Civismo, octubre de 1973). Dado el protagonismo de Pellejero y de ATUNLu, Emilio Mignone tenía una alta valoración de los NODOCENTES y el Rector manifestó que “estoy a favor de la participación de los estudiantes y de los trabajadores no docentes en el gobierno de la universidad. Una de sus formas, es la que establece la ley universitaria vigente, 20.654, sancionada hace poco tiempo por el Gobierno Nacional. La razón es también adelantada: los seres humanos, cualquiera sea su condición, tienen derecho a participar de la elaboración de las decisiones que hacen a su destino. Esto es válido para la comunidad universitaria, de la misma manera que los es para la sociedad política, las empresas, los sindicatos, las iglesias, la familia, etc. Es un elemento derivado de su dignidad de persona humana” (Mayoría, 13/8/74).
La dictadura cerró la UNLu[4] y asesinó en el mes de junio del año 1976 al trabajador NODOCENTE de ATUNLu, Oscar Peralta.

APUBA y la intervención de 1973
En mayo de 1973 los NODOCENTES tomaron las dependencias de la Universidad de Buenos Aires. En ese contexto, miembros de la Comisión Directiva de APUBA sostuvieron que la medida fue “dispuesta para evitar la última maniobra del continuismo que pretende vaciar las arcas de la universidad de Buenos Aires en una entrega ilegal a espaldas del pueblo” (Clarín, 29/5/1973). No fue casualidad que el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Justino O´Farrell, manifestó que “Los no docentes no podrán olvidar que el decanato es ocupado por un compañero que no es ni patrón ni un distante académico, sino simplemente el compañero decano, junto al cual se trabaja en un objetivo común, y que ellos son en es este ámbito la expresión de lo más digno que tiene cualquier sociedad: la clase trabajadora, que construyó con su esfuerzo un mundo que disfrutan pocos y que creará con su labor las bases de la nueva Argentina que anhelamos” (El Cronista Comercial, 21/3/74).
Los NODOCENTES adquirieron conciencia política de su necesario protagonismo en la conducción universitaria. Trabajan para que la institución contribuya a la construcción de un país más justo y solidario. Paulatinamente, abandonan el mito cientificista que propone que los trabajadores manuales, no pueden planificar las políticas académicas y de investigación. 

Perspectivas actuales
Los trabajadores NODOCENTES y la FATUN tienen una importante historia de lucha, de realizaciones y de mártires. Esta experiencia acumulada es un capital político fundamental, que dejó como saldo una organización sindical y política sólida.

Las principales fortalezas de los NODOCENTES podrían resumirse en lo siguiente:
-       Son el único actor universitario que tiene estabilidad laboral. Ello les otorga conocimiento del funcionamiento universitario y fortalece los grupos humanos. La estabilidad es la base para la organización sindical.  
-       Disponen de una estructura de personal en todos los circuitos de decisiones y son el único claustro que integra el conjunto de tareas de la institución. La distribución en cuatro agrupamientos administrativos incluye prácticamente el conjunto de los procesos de la universidad (administrativo, mantenimiento, técnico profesional y asistencial).
-       Protagonizan una renovada tendencia a la capacitación permanente y profesionalización y desarrollan labores técnicas, de investigación, manuales o educativas.    

Los NODOCENTES se organizaron en una sola herramienta sindical, que es la FATUN y no existen las diferencias de ciudadanía universitaria propias de otros claustros. La FATUN garantiza la unidad política e ideológica en la diversidad, sin suprimir la pluralidad de las asociaciones de base y sin cercenar la condición asamblearia de los trabajadores de cada universidad. La Federación tiene una posición no partidista y respeta las ideas de sus miembros priorizando la defensa gremial del NODOCENTE por sobre otras posibles divergencias.

Los NODOCENTES a lo largo de su historia alcanzaron un importante piso de derechos sociales y políticos. La próxima década estará signada por la defensa y profundización de sus derechos, como son la mejora de sus jubilaciones o la participación política obligatoria en todas las universidades del país. En esta línea, el Secretario General de FATUN, Nelso Farina, destacó con firmeza que “Hoy más que nunca, los trabajadores debemos ser protagonistas de este tiempo político y a través de nuestra organización, volver a ser la columna vertebral del movimiento Nacional y Popular”.

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[1] Remplazó al Decreto N°2213/87, “Escalafón para el personal no docente de las Universidades Nacionales”.
[2] En el año 1995 OSFATUN fue incluida en el Registro Nacional de Obras Sociales, dotando a los afiliados de un servicio de salud de alta calidad.
[3] La contrarrevolución del año 1955 cerró la UON. Luego del golpe militar, fue reinaugurada como Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
[4] La UNLu fue reabierta a la vuelta de la Democracia a partir de 1983. En el año 2007 se aprobó la ley 26.319 de "Asignación Especial de Reparación Histórica para la Universidad Nacional de Luján Dr. Emilio Fermín Mignone", con “destino a la Universidad Nacional de Luján (UNLu), en concepto de reparación por los daños y posterior cierre sufridos por la Universidad y su comunidad durante su cierre en el período comprendido entre los años 1976 a 1983”.

martes, 17 de octubre de 2017

Maldonado, mapuches y soberanía nacional

Aritz Recalde, octubre 2017

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto luego de intervenir en una protesta en la pequeña localidad de Cushamen, provincia de Chubut. Maldonado participaba de una manifestación en la Ruta 40 que pedía la liberación del dirigente mapuche detenido en Esquel, el lonco (jefe o cacique) Facundo Jones Huala.

La desaparición de Santiago Maldonado evidenció la existencia de un complejo conflicto de intereses:
- entre un grupo de argentinos étnicamente mapuches y una empresa multinacional (Benetton), por la tenencia de la tierra;
- entre los mapuches y el Estado Nacional, al cual le requieren derechos especiales por integrar una tradición étnica precolombina;
- entre el Estado Nacional y un grupo multinacional que ejerce el dominio de recursos naturales estratégicos del país.
- entre el Gobierno Nacional que apoya a las empresas multinacionales y los trabajadores y pequeños propietarios rurales argentinos.

El problema del acceso a la tierra y las corporaciones multinacionales
El conflicto principal que moviliza a la comunidad mapuche Pu Lof (grupo de familias), es la dificultad en el acceso a la tierra. En parte, sus reclamos se encuadran en el Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y que incluye el “respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. Además, sus requisitorias estás enmarcadas en la ley 26.160/06 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena (prorrogada por ley 26.894/13).
En el mes de marzo del año 2015 realizaron tomas de terrenos y sus miembros exigen el derecho a su propiedad frente al grupo económico Benetton. La empresa es origen italiano y desembarcó en la zona en los años noventa e inició un proceso de compra de tierras que a la fecha, alcanza alrededor de 900.000 hectáreas (según la BBC). Benetton las explota, centralmente, en la producción de algodón bajo la firma Compañía de Tierras Sud Argentino S.A[1].

La extranjerización del suelo argentino con empresas Benetton o las de Joe Lewis, es lesiva a la soberanía nacional. Para menguar los perjuicios ocasionados, en el año 2011 el gobierno de Cristina Kirchner sancionó la Ley 26.737 “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”. La norma fijó límites al dominio extranjero sobre la propiedad y estableció que “Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial[2].
La Ley 26.737 creó un Registro Nacional de Tierras y escribió que en los Tratados Bilaterales de Inversión no puede incluirse a la tierra rural, por ser un recurso natural no renovable. Lamentablemente, la norma no contempló modificar la actual tenencia oligopólica de Benetton, sino que meramente vendría a morigerar la posibilidad de nuevas posesiones.

La construcción gubernamental del caso Maldonado
La estrategia del Gobierno Nacional está centrada en evadir las responsabilidades de sus funcionarios y en ocultar el problema de fondo que es la extranjerización de los recursos naturales del sur argentino.
Los medios de comunicación quieren presentar la desaparición de Maldonado, como parte de un problema étnico que enfrenta a la supuesta “radicalizada nación mapuche”, con el Estado argentino y con el chileno.
En realidad, no se trata de un problema con una etnia, sino que la actitud de Benetton pone en riesgo a la soberanía del conjunto nacional. La acción del gobierno de los CEOS de CAMBIEMOS, está centrada en la defensa de Benetton y de las corporaciones y este hecho perjudica a todos los argentinos, incluyendo a la diversidad étnica de nuestro país.  

El desarrollo de las investigaciones: CAMBIEMOS encubre a Benetton y a la Gendarmería   
Inicialmente, el juez Guido Otranto ordenó desocupar la ruta 40 y no requirió ingresar violentamente a la comunidad Mapuche, como efectivamente ocurrió el 1 de agosto.  
En una primera instancia, la fiscal Silvia Ávila del Ministerio Publico, adujo buen desempeño de los rastrillajes y peritajes judiciales y adujo falta de apoyo por parte de los mapuches.
La investigación está viciada desde su origen. La acción del Juez y de la Fiscal, tiende a convertir en victimarios a las víctimas. Los abogados de Maldonado y del Centro de Estudios Legales y Sociales, recusaron la tarea del Juez que finalmente fue desplazado. Los letrados de la defensa también objetan la falta de parcialidad de la Fiscal y denuncian que toda la investigación está viciada y que se adulteraron pruebas como vehículos, libros de la Gendarmería o no se tuvieron en cuenta otras fuentes fundamentales que involucrarían a los agentes de la fuerza pública conducida por la Ministra de Seguridad.
El Poder Ejecutivo estuvo representado el día de la desaparición de Maldonado, con el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Este último habría participado de tareas de inteligencia y de coordinación previas al desalojo de la ruta. Lejos de ayudar a develar la desaparición, los poderes públicos la ocultan y es dudoso el hecho de que faltan las imágenes del momento de la detención de Maldonado en los videos que filmó la Gendarmería (en cumplimiento de los protocolos de acción).

La Ministra de Seguridad de La Nación, Marcos Peña y las cadenas de noticias de dedicaron a:
-          Desligar a Noceti y a la Gendarmería de la desaparición de Maldonado.
-          Evitar se caratule la causa como “desaparición forzada de personas” requerida por la querella y que finalmente se impuso frente a la figura “Persona desaparecida”.
-          Construir un enemigo de ficción, violento y secesionista en la “Resistencia Ancestral Mapuche” (RAM). Dicho grupo no tiene poder en el país y no hay pruebas de un vínculo real con la comunidad Mapuche local.

Con esa finalidad, desde el Gobierno Nacional y sus medios adeptos, fomentan hipótesis falsas:
1-      Maldonado viajó 45 kilómetros y se radicó en Chile. Luego sostuvieron algo similar, divulgando datos de testigos dudosos que afirmaban que lo habrían visto en Entre Ríos. Nada se comprobó.
2-      Los mapuches habrían atacado a los gendarmes, cometiendo un acto de flagrancia que llevó a la fuerza pública a reprimir y en la persecución Maldonado ahogó en el Río Chubut.
Ambas hipótesis son falaces. Es prácticamente imposible, que no aparezca Maldonado en una pequeña localidad como Cushamen o que nadie lo hubiera visto marcharse en semejante distancia. Asimismo, la escasa profundidad del río pone en duda que se hubiera ahogado o que no lo encuentren varado en alguno de los márgenes de su cauce. Por otro lado y cuestión fundamental, integrantes de la Comunidad mapuche declararon ante la Justicia, que a Maldonado se lo llevó la Gendarmería.

Otras hipótesis
Hipótesis 1: el gobierno asesinó a Maldonado para persuadir a los manifestantes. Hebe de Bonafini y sectores de los Mapuches sostienen que la gendarmería buscó un “muerto”, para disciplinar el conflicto social. Esta hipótesis es poco creíble atendiendo la relación asimétrica de poder entre Benetton y los mapuches: la empresa multinacional no necesita un asesinato para garantizar su inmensa riqueza en Chubut. Dicha hipótesis carece de veracidad y en realidad a Mauricio Macri no le sirve la muerte de Maldonado, sino que lo perjudica.
Hipótesis 2: el gobierno envió un mensaje de “orden” y la desaparición de Maldonado fue un exceso de la Gendarmería o una consecuencia no buscada de la represión.  Esta hipótesis es más creíble que la anterior y va en línea con las represiones de los conflictos laborales en la empresa Cresta Roja o en PepsiCo.

La tarea de la fuerza pública en el sur es parte de una estrategia de contención y de disciplinamiento de los reclamos sociales, que se complementa con medidas como el protocolo anti-piquete o la detención de Milagro Sala impulsada por el gobernador de CAMBIEMOS, Gerardo Morales. El Gobierno Nacional también “construyó” mediáticamente la “imagen del orden”, cuando reprimió la movilización del 1 de septiembre.  Ahora bien, una cosa es imponer la noción de orden como está haciendo CAMBIEMOS y otra muy distinta, salir a asesinar dirigentes sociales.

Conclusión preliminar
No es meramente la comunidad mapuche la que fue agredida por Benetton, sino la nación argentina en su totalidad. Una corporación extranjera es dueña de la riqueza y ello pone en riesgo la soberanía nacional en su totalidad.
El Poder Judicial no hace justicia, sino que acumula omisiones y parcialidades para favorecer al poder económico. Estas falencias son denunciadas por la familia de Maldonado, por el CELS o por el Comité contra Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
El Poder Ejecutivo Nacional está al servicio de los CEOS y su posicionamiento conduce a avalar los abusos de los empresarios extranjeros y no garantiza la seguridad de las personas y el derecho a la imparcialidad de la justicia.
Las fuerzas de seguridad en el país carecen de una conducción y organización de sus acciones que garantice una acción ajustada a la ley. Por el contrario, hace décadas que existe un desmanejo de la fuerza, que reitera abusos e imparcialidades.   



[1] Según lo documentó Ramón Minieri, inicialmente la Compañía de Tierras Sud Argentino era británica. La empresa nació con un grupo de particulares que requirieron gratuitamente al Estado Argentino la tierra, con la finalidad de radicar colonos europeos en el marco de la Ley de Inmigración de Nicolás Avellaneda.
[2] Para flexibilizar la ley y favorecer el acaparamiento extranjero del país, CAMBIEMOS sancionó el Decreto 820/16 modificando porcentajes de titularidad de los extranjeros.