sábado, 3 de julio de 2010

LA UNIVERSIDAD ARGENTINA, DEL MODELO COLONIAL AL REFORMISMO



LA UNIVERSIDAD ARGENTINA, DEL MODELO COLONIAL AL REFORMISMO
Aritz Recalde – junio 2010

En el artículo vamos a hacer un breve análisis de la historia de las universidades argentinas en el periodo que va de la inauguración de la Universidad de Córdoba de 1613, a la aparición del programa reformista del año 1918. En el recorrido tendremos en cuenta las vinculaciones existentes entre la institución educativa, el contexto histórico, el modelo productivo y la política.
Vamos a trabajar sobre tres modelos diferenciados de universidad:
-          La Universidad Colonial.
-          La Universidad Liberal o de los Abogados.
-          La Universidad Reformista.    

I-        LA UNIVERSIDAD COLONIAL.
El origen de la universidad argentina se remonta a la fundación de la Universidad de Córdoba en el año 1613[1] y fue producto de la política de ocupación colonial española.
Es oportuno remarcar, que el territorio de nuestro actual país formaba parte del Virreinato del Perú hasta su desprendimiento con el Virreinato del Río de La Plata (1776). A partir de este último, se produce la separación de las actuales naciones de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En este marco, la institución cordobesa coexistió con otras como la Universidad de Chuquisaca radicada en la actual Sucre  -Bolivia- y en la cual se educaron muchos dirigentes que ocuparon lugares prominentes en la política del continente, como fue el caso de Mariano Moreno o de Bernardo Monteagudo.
La creación de las universidades se organizó con la finalidad de garantizar la efectiva ocupación territorial y administrativa de los territorios. La ciudad de Córdoba donde se radicó la institución, formó parte fundamental del camino del Alto Perú y fue un nodo de desarrollo importante en su época. A la primera etapa de ocupación militar ejercida por España, le siguió la organización de un esquema institucional capaz de garantizar el ordenamiento político y la posesión económica. Con esta finalidad, se crearon las sedes de los futuros Cabildos que oficiaron como cabeceras de las actuales provincias argentinas. Dichas ciudades implementaron sus sistemas normativos a partir de la legislación de indias, del Derecho de Castilla y del Derecho Canónico (Korn 1936: 28) y organizaron su sistema político a partir de la llegada de dirigentes españoles (inmigración).
Los primeros pobladores se ligaron estrechamente a las tareas de ocupación militar y a la organización del sistema de extracción de recursos hacia el gobierno central y es por eso, que los Cabildos fueron denominados de “Justicia y Regimiento”. Una vez consolidada la posesión territorial, España se aboco a formar gobiernos estables en sus colonias con el objetivo de sostener su programa económico y político. En este contexto, aparece la necesidad de abrir universidades para educar a un conjunto de individuos capaces de apuntalar la administración institucional y de aplicar la política española en América.
Es importante remarcar, que los dirigentes que ocupaban las funciones de mando eran españoles de origen y que por mucho tiempo las universidades tenían las tareas de preparar a funcionarios de bajo nivel de responsabilidades de gobierno. Asimismo y dada la condición racista de la política colonial, no accedían a la educación los representantes de los pueblos originarios, los mulatos o los zambos y por mucho tiempo tampoco, los criollos americanos. La educación era impartida a grupos reducidos de personas que conformaban una elite política y cultural.
Las universidades, las escuelas[2] y conjuntamente a otras organizaciones ligadas a la imposición ideológica a las poblaciones originarias (encomiendas) o las estrictamente religiosas (iglesias) fueron prácticamente las primeras instituciones estables españolas abocadas a la producción y divulgación de la cultura. Lo que es más importante aun, las universidades fueron las instituciones más significativas en la tarea educativa de España en América.
Dichas instituciones reprodujeron los esquemas de las universidades españolas caracterizadas por su impronta escolástica y religiosa. El tipo de formación se relacionó a que la religión era la doctrina política del imperio español y por intermedio de ella, los dirigentes y funcionarios de las colonias asimilaron la visión del mundo de la potencia metropolitana.
Las instituciones impartían el cúmulo de saberes morales de su tiempo y otros como matemáticas, historia o filosofía. La Universidad de Córdoba se dividió en dos Facultades:
a- Facultad de Artes: aquí se estudiaba lógica, física y metafísica según Aristóteles. La duración de los estudios fue de cinco años. Se obtenía el título de bachiller, de licenciado y de maestro.
b- Facultad de Teología: se impartía el conocimiento de Cánones, moral y teología y posteriormente, se sumó la escritura y la historia sagrada. A los tres títulos mencionados, ésta Facultad sumó el de doctor.
Inicialmente, la universidad de Córdoba fue administrada por un sector de la Iglesia denominado Compañía de Jesús que fue creada por Ignacio de Loyola y los jesuitas. Posteriormente a la expulsión de los jesuitas por parte de Carlos III y a la creación del Virreinato del Río de La Plata (1776), la universidad fue controlada por los seguidores de Francisco de Asís (franciscanos).
Luego de la expulsión de los jesuitas la Universidad se organizó en torno del gobernador de Buenos Aires y del Virrey, hasta que en el año 1808 fue refundada bajo la denominación de Real Universidad de San Carlos y de Nuestra señora de Monserrat. La educación impartida por las universidades coloniales se relacionó estrechamente a la educación de sacerdotes y de administradores.
Para perfeccionar la formación de éstos últimos, entre los años 1791 y 1793 se organizó la enseñanza de derecho civil (Del Bello, 2007: 20).
La Universidad de Chuquisaca y a diferencia de la de Córdoba, impartió conocimientos jurídicos desde su origen y es por eso, que muchos intelectuales y políticos como Mariano Moreno, Bernardo Monteagudo o Juan José Castelli, pasaron por sus aulas.  

Educación y producción
El atraso de España en relación a la revolución industrial y a los sistemas productivos ingleses, fue un factor fundamental para la formación de sus sistemas educativos. A diferencia de España y sus colonias, la nación europea se encontraba en pleno proceso de revolución industrial.
El modelo institucional español fue el reflejo de un país que no producía mucho de lo que consumía y que importaba gran parte de las manufacturas desde Inglaterra. El exiguo desarrollo de las industrias de las colonias americanas y su condición de ser exportadoras de recursos naturales, generaron escasos incentivos a la educación productiva o técnica aplicada a la transformación económica del continente.
En dicho marco, la universidad difundió el dogma religioso y la doctrina política del Estado imperial, que estuvo centrada en la exportación de los recursos de la colonia a la metrópoli y que no promovió las industrias en América.
Esto no quiere decir que no se desarrolló la industria en América. Por el contrario, se produjo en el continente una considerable articulación de los modelos productivos precolombinos, con las nuevas formas de acumulación y de trabajo europeo. Ello permitió la producción de tejidos de lana y algodón, la fabricación de sandalias y de otros productos de cuero, la creación de pólvora, de artesanías en oro y plata, de carretas o la promoción de plantaciones en las haciendas y en las estancias. 
Un caso excepcional de articulación entre enseñanza y producción, fueron las Misiones Jesuíticas. En ellas se implementó un proyecto productivo y cultural en el cuál se impartieron conocimientos para la explotación agrícola y artesanal a los pueblos originarios. En estas experiencias de carácter comunal se construyeron grandes haciendas de yerba, se producían azúcar, cueros, tejidos y se promovió la formación técnica a los pueblos originarios para la construcción de artesanías en hierro, en madera o en plata (Astesano, 1986: 88-89).

II-      LA UNIVERSIDAD EN LA ETAPA INDEPENDENTISTA
En el marco del proceso independentista argentino, coexistieron diversas tradiciones políticas e ideológicas a partir de los cuales se organizaron los proyectos educativos, incluyendo la universidad.
Por un lado, existieron corrientes políticas y culturales que plantearon la importancia de promover la independencia de España recuperando territorialmente la unidad del Virreinato e impidiendo su fragmentación en varios países. Los promotores de dichos programas impulsaron el desarrollo de la economía y las formas de producción artesanal del interior del país y el continente y movilizaron detrás de estos fines, a los sectores sociales postergados (pueblos originarios, negros o mestizos). En términos culturales, estos grupos consideraron que la independencia política no implicaba la negación de las tradiciones culturales hispánicas y de aquellas provenientes de nuestro acervo histórico originario.
Arturo Jauretche (2008) denominó a estos políticos e intelectuales como los impulsores de la “Patria Grande” y mencionó a figuras como José de San Martín, Manuel Dorrego o Juan Manuel de Rosas.
Frente al programa político de la Patria Grande y siguiendo a Jauretche, se enfrentó el proyecto de la “Patria Chica”. Dicho modelo se caracterizó por permitir e incluso promover, la fragmentación del Virreinato en varios países e impulsó las políticas de apertura económica y de importación de manufacturas enfrentando a los productores locales. En el plano político, fueron promotores de modelos restrictivos para el acceso y la participación que quedó circunscripta a las elites y a los grupos de poder económico. En el plano cultural se caracterizaron por el intento de negar la identidad histórica del continente haciendo “tabla rasa” e impulsando el modelo de la “razón iluminista” (Chávez 1977). Dichos intelectuales y políticos fueron, generalmente, anti hispanistas y racistas bajo el lema de la “civilización y la barbarie” y promovieron los valores y formas de vida y trabajo británicos y franceses sobre los locales. Jauretche ubicó en este programa político y cultural a Bernardino Rivadavia y a Bartolomé Mitre.
En este marco, es interesante rescatar la opinión de Adriana Puiggrós (2004) que se refirió a la existencia de diversos modelos educativos en las Provincias Unidas del Rio de La Plata luego de la independencia. La autora reconoció cinco modelos y los denominó como una “pedagogía liberal radicalizada” y citó a Mariano Moreno o a Simón Rodríguez; una “educación federalista popular” mencionando a Gervasio Artigas o a Francisco Solano López; una “pedagogía de la generación liberal del 37” con personajes como Domingo F. Sarmiento; una “pedagogía liberal oligárquica” citando a Bernardino Rivadavia y a Bartolomé Mitre; y una “pedagogía tradicionalista colonial anti independentista”.
El esquema de la Patria Chica y retomando el modelo de Jauretche, fue el de la “pedagogía liberal oligárquica”. Puiggrós menciona un  hecho poco difundido en la historia educativa argentina, que es el de la existencia de proyectos educativos entre los caudillos federales y por ejemplo, recupera las experiencias de Santa Fe (Estanislao López), de la Banda Oriental (Gervasio Artigas) o de Entre Ríos (Justo José de Urquiza).

 La Universidad liberal o de los Abogados: la Universidad de Buenos Aires (UBA)[3]
La Universidad de Buenos Aires se fundó en el año 1821 por decisión del gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez y por intermedio de las gestiones de su ministro Bernardino Rivadavia y del sacerdote y bachiller en letras, Antonio Sáenz. Éste último fue su primer Rector y uno de sus principales promotores.
La institución dependía de la provincia de Buenos Aires y promovió principalmente y a diferencia de la Universidad de Córdoba, los estudios profesionales en jurisprudencia (abogados) desplazando la centralidad y pese a no suprimirlos, de conocimientos como teología.
Tal cual expresó Puiggrós, Rivadavia era devoto de la “pedagogía liberal oligárquica” y dicho perfil profesional se vinculó al programa económico agroexportador dependiente y que Jauretche mencionó como parte de la “Patria Chica”.
En el plano administrativo Rivadavia impulsó una centralización educativa repitiendo en el modelo de universidad napoleónico, que promovió que la institución sea el ámbito rector del conjunto del sistema educativo[4]. El Rector de la universidad y siguiendo el modelo de organización francés, dependía política y administrativamente del Estado (por intermedio de la provincia de Buenos Aires a través del Ministro).
La formación en jurisprudencia era una competencia vinculada a la administración del programa de servicios y agroexportador, ligado al puerto porteño. En su modelo educativo, no se impulsaron las industrias nacionales y por el contrario, se promovieron las nociones liberales del libre cambio. Estas ideas eran difundidas por Inglaterra y en nuestro país ingresaron como políticas de Estado desde el año 1809.
Se fomentaron modelos políticos propios de la tradición europea y se sentaron los principios ideológicos para justificar la acción de gobierno porteño en el resto del país. El modelo se desarrolló plenamente durante la gestión presidencia de Bartolomé Mitre (1862-68). Tal cual expresó Fermín Chávez “Europeizar significó, para ellos, liquidar valores hispánicos de América, para dar paso a los valores e ideales anglosajones, representativos de la encarnación iluminista” (Chávez 1977: 32).
La organización institucional de la UBA en su proyecto original, constaba de los Departamentos de primeras letras, de estudios preparatorios, de ciencias exactas, de medicina, de jurisprudencia y de ciencias sagradas. Según Mignone (1998: 16) la UBA en sus inicios solamente alcanzó a dictar estudios preparatorios (latín, filosofía, física y matemáticas), de derecho y de medicina. La emisión oficial de estos dos últimos títulos, quedaba en manos de la Academia de Jurisprudencia y del  Protomedicato creado en 1813. Se impartió una educación de contenido liberal y secular, apuntando a la formación de profesionales.
La asunción de Bernardino Rivadavia al mando del gobierno nacional en el año 1826, implicó la aplicación de un paquete de medidas de gobierno que generaron un profundo malestar en las provincias argentinas. En particular, fue rechazada la Constitución centralista, elitista y extranjerizante del año 1826, su política de venta de yacimientos mineros de La Fátima en La Rioja, el inicio de la deuda externa con un empréstito y sus negociaciones con Brasil para separar la Banda Oriental (Scalabrini Ortiz, 2004). En este cuadro de inestabilidad permanente, Rivadavia es expulsado del gobierno y asumió Manuel Dorrego que fue asesinado un tiempo más tarde por Lavalle.
En dicho complejo panorama, se tornó profundamente dificultosa la situación política nacional que entró en un estado de guerra civil y a partir de aquí, fue tumultuoso el funcionamiento de la UBA.

La UBA y Juan Manuel de Rosas
Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y representante de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina en dos oportunidades (1829-32 y 1835-52).
Su gobierno intentó pacificar y unificar el país tras los fuertes conflictos políticos originados por el gobierno liberal y unitario de Bernardino Rivadavia. Con dicha finalidad firmó el Pacto Federal de 1831, que es una pieza constitucional clave para la organización política e institucional argentina.
En el año 1832 se formó una Comisión que reorganizó el funcionamiento de la UBA y que constituyó un gobierno con un Consejo de la Enseñanza y Administración compuesto por el Rector y por un profesor de cada uno de los Departamentos y que entró en vigencia recién en 1834. En su primera gestión de gobierno, la UBA no conoció demasiadas modificaciones en su funcionamiento en relación a la etapa anterior (Ramallo, 1954: 6).
El segundo gobierno de Rosas inició transformaciones en el país que marcaron el funcionamiento de la universidad. Por un lado y con la finalidad de proteger las industrias del interior, sancionó una Ley de Aduanas en el año 1835 sobre una propuesta del gobernador correntino Pedro Ferre. La protección aduanera le permitió mejorar las relaciones con los gobernadores y fomentar la producción artesanal, dando estabilidad al régimen político y crecimiento al modelo económico.
Un tema crucial para la época, fue el enfrentamiento político y militar entre el gobierno argentino y el de Francia en el año 1838. El país europeo intentó imponer condicionamientos al país[5] y Rosas lo consideró un atropello a la soberanía nacional. Las potencias europeas iniciaron un fuerte bloqueo económico al país, cuestión que implicó una caída de la recaudación aduanera y de los presupuestos públicos. A dicho crucial enfrentamiento de política exterior, se le sumó la guerra con Bolivia y la agresión militar anglo francesa de 1845 (Rosa 1974).
En este cuadro, Rosas redujo el presupuesto a la UBA para invertirlo en los gastos ocasionados por la guerra y por la defensa territorial. Para suplir los recursos públicos, implementó un impuesto especial a los estudiantes y propulsó un registro de suscriptores de altos recursos que destinaron dinero a la educación.
En la etapa no se produjeron fuertes reducciones de la matrícula universitaria exceptuando en la Facultad de ciencias exactas que dejó de existir. Mientras tanto y pese a lo severo del conflicto militar, continuaron egresando Médicos y Abogados en gran cantidad tal cual documentó Fermín Chávez (1973) en su estudio de la cultura de la época.
Durante su segundo gobierno, Rosas abrió el Colegio Republicano Federal,  obligó a los egresados de la UBA a jurar a la causa federal, implementó un servicio social a los egresados de medicina y reivindicó en los programas de estudio los derechos del país sobre el Paraguay, las islas Malvinas y la Patagonia.
    
La historia oficial y los colegios nacionales de Bartolomé Mitre
Mitre fue un político que alcanzó el cargo de gobernador de Buenos Aires en 1861 y el de presidente en el año 1862. Se desenvolvió como militar, participó en varios golpes de Estado[6] e intervino en la guerra del Paraguay.
Además y cuestión que nos interesa remarcar, Mitre implementó un programa cultural en el país. Sus aportes principales a la cultura nacional se vincularon a la promoción de la denominada “historia oficial” que se enseñó en las instituciones educativas, a la fundación de un órgano de prensa (Diario La Nación) y a la creación del Colegio Nacional creado en 1864.
Mitre escribió la historia oficial a partir de su obra “Galería de Celebridades Argentinas” y de sus biografías de José de San Martín y de Manuel Belgrano (Galasso, 1999). En estos trabajos Mitre reivindicó algunas figuras políticas ligadas a lo que Jauretche identificó como “Patria Chica” y denostó a otras como Gervasio Artigas o Juan Manuel de Rosas. Dicha matriz de pensamiento liberal, se caracterizó por ser europeísta, elitista, antiindustrialista y represiva políticamente y favorable a nuestra dependencia con Inglaterra y con Francia. Ese proyecto cultural fue impartido en la UBA y asimilado por importantes grupos de la intelectualidad de Buenos Aires.
Mitre promovió la centralización de la formación cultural del país desde la provincia de Buenos Aires, que trasfirió su programa ideológico y su historia oficial a todo el territorio.
La presidencia de Domingo F. Sarmiento (1868-74) y continuando la línea cultural de su antecesor, impulsó la apertura de cinco Colegios Nacionales en las provincias y de dos Escuelas normales cuya finalidad fue educar maestros. Sarmiento además, promovió la apertura de otras instituciones educativas y culturales como el Observatorio de Córdoba o el Colegio Militar de Oficiales.



El modelo del Paraguay.
Paraguay era un territorio del Virreinato del Rio de La Plata y tras la Revolución de Mayo, se incluyó como parte de las Provincias Unidas. En el año 1840 declaró su independencia de nuestro territorio, cuestión que le fue reconocida definitivamente en 1852.
A  diferencia del programa agroexportador y liberal argentino aplicado desde 1853, el gobierno de Paraguay con Gaspar Francia y luego con los Solano López, impulsó un modelo económico industrialista autocentrado e independiente (Ortega Peña, 1973). El plan de gobierno incluyó la construcción y la promoción de fundiciones, de ferrocarriles, de una flota mercante, de un telégrafo y de grandes producciones de tabaco y de yerba estatales, entre otros importantes emprendimientos públicos.
El proyecto articuló el conocimiento científico europeo aprendido por los estudiantes paraguayos en los viajes de estudio que financió su gobierno, con las demandas propias del desarrollo nacional. Paraguay fue un pionero en la aplicación científica y técnica estatal a la producción y se desenvolvió como un país profundamente avanzado en términos industriales.
El programa quedó inconcluso por efecto de la Guerra de la Triple Alianza. Solano López y según Adriana Puiggrós, se ubicó entre los promotores de la “educación federalista popular con elementos liberales”. A partir de acá, deben leerse sus iniciativas de apertura de la Escuela Normal, del Colegio del Seminario o de la Escuela de Impresores y Litógrafos (Rosa 1985).

Cambios en la Universidad de Córdoba
Luego de la Independencia, la Universidad siguió dependiendo de las Provincias Unidas del Rio de La Plata hasta que en el año 1820, pasó a la jurisdicción de la provincia de Córdoba. Finalmente en 1854, fue nacionalizada.
Desde el año 1864 se eliminó la Facultad de Teología y se introdujeron los estudios de Derecho Civil, acompañando un ciclo de cambios en la institución que incluyó la apertura de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas en 1871 y pocos años después, la de Ciencias Medicas (1877) y la de Filosofía y Humanidades (Del Bello, 2007: 21).
Poco a poco, la UNC comenzó a tener un perfil de formación de profesionales similar al impulsado por la UBA.

El proteccionismo económico.  
Tal cual mencionamos, tanto la Universidad Colonial como la Universidad de los Abogados, no promovieron las carreras técnicas y tampoco impulsaron el desarrollo de la industria nacional. Esta tendencia se agudizó desde 1853 cuando se impone el libre comercio y se difunde el programa agroexportador que incluyó la importación masiva de las manufacturas británicas. Dicho programa, desestimó a la industria y junto a ella, los necesarios debates sobre la necesidad de promover una educación técnica para industrializar el país.
Las crisis económicas mundiales alertaron sobre la dependencia y la vulnerabilidad del modelo agro exportador del país. Producto de la crisis económica de 1873, se retraen las financias públicas y las actividades comerciales.
En este contexto, se produce un debate sobre la necesidad de aplicar una Ley de Aduanas que y siguiendo la norma del año 1835, promueva la industria nacional y que permita aumentar los erarios públicos.
Las figuras más prominentes de dichos debates fueron Carlos Pellegrini y Vicente Fidel López, que conjuntamente a Rafael Hernández, abrieron el Club Industrial Argentino en 1875.  Estos grupos promulgaron la Ley de Aduanas de 1876 que inició nuevas perspectivas para los estudios y desarrollos económicos en el país (Gugliarmelli, 2007).
Pese a que dichos planteos no ingresaron masivamente a la universidad, fueron un antecedente importante para la formación de nuevas escuelas de pensamiento, de actividades científicas aplicadas a la innovación y para la promoción de las actividades industriales.

La organización nacional con Julio Argentino Roca
Julio Argentino Roca fue presidente del país en dos oportunidades (1880-86 y 1898-04). El dirigente implementó la institucionalización definitiva del modelo agroexportador iniciado en 1853. Con dichos objetivos, Roca derrotó militarmente Mitre en junio de 1880, centralizó el monopolio de la violencia en el Estado nacional e impulsó la estabilización política de las provincias.
Su acción contempló la ampliación de la frontera productiva argentina con las campañas al mal llamado desierto[7] y con la entrega de grandes superficies de tierras. Resultante de esa acción se consolidó la “oligarquía” de la Argentina.
Posteriormente a su enfrentamiento con el mitrismo y con las poblaciones originarias, Roca se abocó a la organización del Estado. Con esta finalidad, culminó la aplicación de la Ley de capitalización sancionada por Avellaneda fundando ciudad de La Plata en 1882.
El segundo gobierno de Roca encomendó el mando de la cartera de Guerra a Pablo Ricchieri, quién promovió la aplicación del servicio militar obligatorio[8]. Ricchieri impulsó la modernización del ejército argentino que implementó importantes iniciativas científicas en el siglo XX.
En el plano educativo su gobierno sancionó la Ley 1420 de 1884, que estableció para todo el país la educación primaria, laica y obligatoria. Previo a la sanción de la ley, se organizó un Congreso Pedagógico en el cual se discutieron las bases del ordenamiento educativo. En el Congreso quedaron expresadas las diferencias entre el representante del gobierno, Onésimo Leguizamón y los políticos y educadores católicos.
La obligatoriedad educativa y la separación entre religión y educación, favoreció la uniformidad cultural de las diversas colectividades de inmigrantes. Estos grupos componían la población mayoritaria del país, hablaban distintas lenguas y tenían historias y tradiciones diversas.
Durante el gobierno de Roca se construyeron un alto número de establecimientos educativos pasaron de 1.214 en el año 1881 a 1.804 en el año 1886, es decir un 50% de aumento (Galasso, 2000: 18).
Complementado el ordenamiento institucional mencionado, Nicolás Avellaneda que en ese momento era Rector de la UBA, presentó un Proyecto de ley universitaria en el año 1883. El proyecto fue debatido en el parlamento y en una extremada síntesis, se puede establecer que existieron dos grandes posiciones al respecto. Por un lado, estaba el punto de vista de Avellaneda que propulsó dotar a las universidades de mayores potestades y por ejemplo, propuso designar a los profesores por intermedio de concursos internos con la participación de jurados docentes. Por otro lado, se expresó el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Eduardo Wilde, que sostuvo que el Estado tenía que disponer de mayores funciones en el control de la institución, incluyendo la designación de los docentes por parte del Poder Ejecutivo.
Finalmente y tras los debates, se promulgó la Ley 1597 de 1885 recordada como “Ley Avellaneda”. La norma tenía solamente 4 artículos y estableció la posibilidad de que cada universidad dicte sus estatutos atendiendo el esquema de la ley. El Rector era nombrado por una Asamblea Universitaria que contaba con representantes de todas las Facultades. El texto mencionó un Consejo Superior que estaba presido por el Rector, los Decanos y representantes nombrados por estos últimos.
La elección de los profesores quedaba sujeta a la opinión del Poder Ejecutivo que debía nombrarlos a través de una terna presentada por el Consejo Superior.
El texto mencionó el cobro de aranceles por parte de las universidades (derechos universitarios) y estableció la facultad de las universidades a emitir los diplomas como órganos delegados del Estado nacional.
Tal cual se puede leer en la ley, las Universidades y las Facultades disponían de un gobierno propio. Dicha cuestión está vinculada estrechamente a la noción de autonomía universitaria y a la propuesta de Avellaneda. Asimismo y tal cuál quedó expresado por la forma de seleccionar los docentes, el Estado tenía importantes competencias para el control de la educación superior.  
Las universidades y en consonancia con el modelo político nacional, eran profundamente elitistas e ingresaban a sus aulas solamente los sectores dirigentes posibilitados de cubrir los costes educativos. Según datos de Del Bello (2007: 31) en un país con una población de 4 millones de personas en la UNC había solamente 173 estudiantes y en la UBA 602, o sea 0,2 estudiantes cada mil habitantes.
Asimismo y dada las dificultades de asenso social, la universidad se conformó tradicionalmente con jóvenes de clase alta y  ofició como un medio de perpetuación del esquema político de la oligarquía. Ernesto Palacio se refirió a dicha característica de la siguiente manera: “la Universidad organizada por Avellaneda continuaba dando hornadas de profesionales, entre los que descollaban los abogados, mimados y favoritos del régimen, ya que entre ellos se reclutarían los ministros y parlamentarios indispensables para su correcto funcionamiento. Recibían la preparación adecuada a la función a que los destinaba, pues salían de las aulas convencidos de que el capital extranjero (y sobre todo ingles) era no sólo un factor de la producción, sino un beneficiario que merecía especial reverencia; de que los servicios públicos debían estar a cargo de empresas privadas, por que el Estado (sobre todo el argentino) era “mal administrador”; de que nuestras finanzas dependía del crédito europeo, al que había que cuidar, ahorrando sobre la “sangre y la sed” de los criollos; de que constituíamos un “emporio agrícola ganadero, destinado a cambiar perpetuamente materias primas por manufacturas británicas”  (Palacio, 1960: 300). Su formación y en consonancia con el perfil agroexportador del país y con la matriz cultural promovida por la UBA, se relacionó a la tradición enciclopédica, europeísta y liberal[9].
La clase dirigente educó a la juventud en el liberalismo conservador, el positivismo y en algunas instituciones como la Universidad de Córdoba, siguió teniendo fuerte importancia la promoción de marcos teóricos cercanos a la tradición del catolicismo.
El modelo cultural fue incapaz de producir o de incorporar el salto científico y tecnológico que venía sucediendo con la primera y la segunda revolución industrial. La escasa promoción de la ciencia aplicada a la industria, fue una manifestación de nuestra dependencia política y económica. Dicho modelo educativo profesado por los intelectuales y dirigentes argentinos, consolidó y profundizó la dependencia científica y tecnológica y la de nuestro programa agroexportador que fue el rasgo típico de América latina del siglo XIX (Herrera 1974).
Un legado característico de esta etapa, va a ser la creación de los Consejos o Academias vitalicias que desarrollaban tareas en el gobierno de las Facultades. Sus integrantes podían se externos a las universidades.
Este hecho, sumado a la elección de docentes por el Poder Ejecutivo, conformó un esquema de gobierno universitario estrechamente ligado al poder político y a las elites de cada comunidad en donde se insertaban las universidades. Ésta realidad va a ser una de las causas fundamentales de los conflictos universitarios con los estudiantes en el año 1918

Ampliación del sistema universitario
Tal cual mencionamos, las primeras instituciones universitarias fueron la de Buenos Aires y la de Córdoba. A ellas se les sumarían las universidades de Tucumán, de Santa Fe y de La Plata que surgen como producto de iniciativas de los políticos provinciales y de las elites locales.
Estas experiencias innovaron en la apertura de nuevas carreras que modificaron la concepción profesionalista que se impuso desde la UBA. En su lugar, promovieron actividades científicas. Si en dicho aspecto eran innovadoras, en otros conservaron el cariz liberal y elitista del sistema educativo de la oligarquía.
La Universidad de La Plata nació como una iniciativa del senador de la provincia de Buenos Aires Rafael Hernández. La ley de creación se promulgó en 1890 e incluía las Facultades de Derecho, de Medicina, Química y Farmacia y de Ciencias Físico Matemáticas. La inauguración oficial fue en 1897 con las clases de la Facultad de Derecho y con la inscripción exigua de 47 alumnos. La baja matrícula no se modificó por mucho tiempo y por ejemplo, en el año 1904, tenía solo 75 jóvenes en las aulas.
La institución fue nacionalizada en el año 1904 por intermedio de la gestión del Ministro de Justicia e Instrucción pública de La Nación, Joaquín V. González, que ocupó el rectorado en el año 1906. La institución incluyó el pase a la orbita nacional de la Universidad provincial, del Museo, del Observatorio Astronómico, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y de la Escuela Práctica de Santa Catalina, entre otros (Barba, 1998).
La Universidad de Santa Fe nació el año 1889 y fue nacionalizada en 1919, fecha a partir de la cual adoptó su nombre actual que es de Universidad Nacional del Litoral. Promovió carreras como la de química industrial y agrícola en Santa Fe o la de agricultura, ganadería e industrias afines, en la provincia de Corrientes. Impulsó estudios de ciencias jurídicas y sociales en Santa Fe y de ciencias médicas en Rosario.
La universidad de Tucumán se fundó en el año 1914 por parte de la provincia y fue nacionalizada en 1921. El proyecto incluyó estudios no tradicionales como fueron los de Ingeniería Química, Agrimensura y geodesia y Farmacia, que se articularon con la producción industrial y agrícola local (Del Bello, 2007: 34).
Algunas de nuevas carreras no se consolidaron y entre otros factores, se debe destacar el hecho de que no se produjeron cambios sustanciales en el perfil productivo del país, que siguió estrechamente ligado al programa agroexportador.

III-    LA UNIVERSIDAD EN LA ETAPA REFORMISTA
“Los que respiran en una época de excepción como la nuestra, lejos de epilogar sobre los acontecimientos, deben vivirlos; lejos de juzgar la historia, deben hacerla” .Manuel Ugarte (1996: 51)

El termino “reformismo” se utiliza para definir a las personas o corrientes culturales y/o políticas, que adhieren a los postulados para la organización de las casas de altos estudios impulsados en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en el año 1918. Dichos principios organizativos, son el resultado de un conjunto de transformaciones propias de la universidad argentina y se ligan los cambios producidos en el país y el continente durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen.             
            Yrigoyen fue un dirigente político que llegó a la presidencia del país en dos oportunidades (1916-22 y 1928-30). Alcanzó la primera magistratura luego de un largo proceso que implicó la creación de un partido -la Unión Cívica Radical (UCR)- y además, participó de varios procesos revolucionarios[10] contra el programa liberal.
Los alcances de sus políticas pueden resumirse en tres grandes aspectos. Primero, el gobierno impulsó una democratización política y cultural en el país. Yrigoyen implementó el sufragio secreto y universal[11] que modificó profundamente el funcionamiento del sistema político, caracterizado por el fraude y el clientelismo de los gobiernos de la oligarquía liberal. Estas modificaciones impulsaron un importante movimiento político y cultural en el país y en particular, fueron motorizados los sectores medios.
En dicho contexto, se generó la posibilidad de que ingresen nuevos dirigentes a la política argentina que cuestionaron en muchos casos, a los referentes políticos conservadores incluyendo los universitarios. Asimismo, la etapa implicó el reverdecimiento cultural y la posibilidad de promover nuevos debates intelectuales.
Segundo: el gobierno impulsó una política exterior independiente que había sido abandonada desde la caída de Rosas y a partir de nuestro alineamiento a la geopolítica británica[12]. Esta posición soberana en las relaciones internacionales, se expresó en la decisión del país de mantener la neutralidad  en la primera guerra mundial y en el repudio por parte del gobierno a las actitudes de la ocupación de EUA en Nicaragua y a los Congresos Panamericanos.

El tercer aspecto se refiere a 

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