En el artículo vamos a hacer un breve análisis de
la historia de las universidades argentinas en el periodo que va de la
inauguración de la Universidad de Córdoba de 1613, a la aparición del
programa reformista del año 1918. En el recorrido tendremos en cuenta las
vinculaciones existentes entre la institución educativa, el contexto histórico,
el modelo productivo y la política.
Vamos a trabajar sobre tres modelos diferenciados
de universidad:
-
La Universidad Colonial.
-
La Universidad
Liberal o de los Abogados.
-
La Universidad Reformista.
I-
LA UNIVERSIDAD COLONIAL.
El origen de la universidad argentina se remonta
a la fundación de la Universidad de Córdoba en el año 1613[1]
y fue producto de la política de ocupación colonial española.
Es oportuno remarcar, que el territorio de
nuestro actual país formaba parte del Virreinato del Perú hasta su
desprendimiento con el Virreinato del Río de La Plata (1776). A partir de este
último, se produce la separación de las actuales naciones de Argentina,
Paraguay, Uruguay y Bolivia. En este marco, la institución cordobesa coexistió
con otras como la
Universidad de Chuquisaca radicada en la actual Sucre -Bolivia- y en la cual se educaron muchos
dirigentes que ocuparon lugares prominentes en la política del continente, como
fue el caso de Mariano Moreno o de Bernardo Monteagudo.
La creación de las universidades se organizó con
la finalidad de garantizar la efectiva ocupación territorial y administrativa
de los territorios. La ciudad de Córdoba donde se radicó la institución, formó
parte fundamental del camino del Alto Perú y fue un nodo de desarrollo
importante en su época. A la primera etapa de ocupación militar ejercida por
España, le siguió la organización de un esquema institucional capaz de
garantizar el ordenamiento político y la posesión económica. Con esta
finalidad, se crearon las sedes de los futuros Cabildos que oficiaron como
cabeceras de las actuales provincias argentinas. Dichas ciudades implementaron
sus sistemas normativos a partir de la legislación de indias, del Derecho de Castilla
y del Derecho Canónico (Korn 1936: 28) y organizaron su sistema político a
partir de la llegada de dirigentes españoles (inmigración).
Los primeros pobladores se ligaron estrechamente
a las tareas de ocupación militar y a la organización del sistema de extracción
de recursos hacia el gobierno central y es por eso, que los Cabildos fueron
denominados de “Justicia y Regimiento”. Una vez consolidada la posesión
territorial, España se aboco a formar gobiernos estables en sus colonias con el
objetivo de sostener su programa económico y político. En este contexto,
aparece la necesidad de abrir universidades para educar a un conjunto de
individuos capaces de apuntalar la administración institucional y de aplicar la
política española en América.
Es importante remarcar, que los dirigentes que
ocupaban las funciones de mando eran españoles de origen y que por mucho tiempo
las universidades tenían las tareas de preparar a funcionarios de bajo nivel de
responsabilidades de gobierno. Asimismo y dada la condición racista de la
política colonial, no accedían a la educación los representantes de los pueblos
originarios, los mulatos o los zambos y por mucho tiempo tampoco, los criollos
americanos. La educación era impartida a grupos reducidos de personas que
conformaban una elite política y cultural.
Las universidades, las escuelas[2]
y conjuntamente a otras organizaciones ligadas a la imposición ideológica a las
poblaciones originarias (encomiendas) o las estrictamente religiosas (iglesias)
fueron prácticamente las primeras instituciones estables españolas abocadas a
la producción y divulgación de la cultura. Lo que es más importante aun, las
universidades fueron las instituciones más significativas en la tarea educativa
de España en América.
Dichas instituciones reprodujeron los esquemas
de las universidades españolas caracterizadas por su impronta escolástica y
religiosa. El tipo de formación se relacionó a que la religión era la doctrina
política del imperio español y por intermedio de ella, los dirigentes y
funcionarios de las colonias asimilaron la visión del mundo de la potencia
metropolitana.
Las instituciones impartían el cúmulo de saberes
morales de su tiempo y otros como matemáticas, historia o filosofía. La Universidad
de Córdoba se dividió en dos Facultades:
a- Facultad de Artes: aquí se estudiaba lógica,
física y metafísica según Aristóteles. La duración de los estudios fue de cinco
años. Se obtenía el título de bachiller, de licenciado y de maestro.
b- Facultad de Teología: se impartía el
conocimiento de Cánones, moral y teología y posteriormente, se sumó la escritura
y la historia sagrada. A los tres títulos mencionados, ésta Facultad sumó el de
doctor.
Inicialmente, la universidad de Córdoba fue
administrada por un sector de la
Iglesia denominado Compañía de Jesús que fue creada por
Ignacio de Loyola y los jesuitas. Posteriormente a la expulsión de los jesuitas
por parte de Carlos III y a la creación del Virreinato del Río de La Plata (1776), la universidad
fue controlada por los seguidores de Francisco de Asís (franciscanos).
Luego de la expulsión de los jesuitas la
Universidad se organizó en torno del gobernador de Buenos Aires y del Virrey,
hasta que en el año 1808 fue refundada bajo la denominación de Real Universidad
de San Carlos y de Nuestra señora de Monserrat. La educación impartida por las
universidades coloniales se relacionó estrechamente a la educación de
sacerdotes y de administradores.
Para perfeccionar la formación de éstos últimos,
entre los años 1791 y 1793 se organizó la enseñanza de derecho civil (Del Bello,
2007: 20).
La Universidad de Chuquisaca y a diferencia de la de Córdoba , impartió
conocimientos jurídicos desde su origen y es por eso, que muchos intelectuales
y políticos como Mariano Moreno, Bernardo Monteagudo o Juan José Castelli,
pasaron por sus aulas.
Educación y producción
El atraso de España en relación a la revolución
industrial y a los sistemas productivos ingleses, fue un factor fundamental
para la formación de sus sistemas educativos. A diferencia de España y sus
colonias, la nación europea se encontraba en pleno proceso de revolución
industrial.
El modelo institucional español fue el reflejo
de un país que no producía mucho de lo que consumía y que importaba gran parte
de las manufacturas desde Inglaterra. El exiguo desarrollo de las industrias de
las colonias americanas y su condición de ser exportadoras de recursos
naturales, generaron escasos incentivos a la educación productiva o técnica
aplicada a la transformación económica del continente.
En dicho marco, la universidad difundió el dogma
religioso y la doctrina política del Estado imperial, que estuvo centrada en la
exportación de los recursos de la colonia a la metrópoli y que no promovió las
industrias en América.
Esto no quiere decir que no se desarrolló la
industria en América. Por el contrario, se produjo en el continente una
considerable articulación de los modelos productivos precolombinos, con las nuevas
formas de acumulación y de trabajo europeo. Ello permitió la producción de
tejidos de lana y algodón, la fabricación de sandalias y de otros productos de
cuero, la creación de pólvora, de artesanías en oro y plata, de carretas o la
promoción de plantaciones en las haciendas y en las estancias.
Un caso excepcional de articulación entre
enseñanza y producción, fueron las Misiones Jesuíticas. En ellas se implementó
un proyecto productivo y cultural en el cuál se impartieron conocimientos para
la explotación agrícola y artesanal a los pueblos originarios. En estas
experiencias de carácter comunal se construyeron grandes haciendas de yerba, se
producían azúcar, cueros, tejidos y se promovió la formación técnica a los
pueblos originarios para la construcción de artesanías en hierro, en madera o en
plata (Astesano, 1986: 88-89).
II-
LA UNIVERSIDAD EN LA ETAPA
INDEPENDENTISTA
En el marco del proceso independentista
argentino, coexistieron diversas tradiciones políticas e ideológicas a partir
de los cuales se organizaron los proyectos educativos, incluyendo la
universidad.
Por un lado, existieron corrientes políticas y
culturales que plantearon la importancia de promover la independencia de España
recuperando territorialmente la unidad del Virreinato e impidiendo su
fragmentación en varios países. Los promotores de dichos programas impulsaron
el desarrollo de la economía y las formas de producción artesanal del interior
del país y el continente y movilizaron detrás de estos fines, a los sectores
sociales postergados (pueblos originarios, negros o mestizos). En términos
culturales, estos grupos consideraron que la independencia política no
implicaba la negación de las tradiciones culturales hispánicas y de aquellas
provenientes de nuestro acervo histórico originario.
Arturo Jauretche (2008) denominó a estos
políticos e intelectuales como los impulsores de la “Patria Grande ” y
mencionó a figuras como José de San Martín, Manuel Dorrego o Juan Manuel de
Rosas.
Frente al programa político de la Patria Grande y
siguiendo a Jauretche, se enfrentó el proyecto de la “Patria Chica ”. Dicho
modelo se caracterizó por permitir e incluso promover, la fragmentación del
Virreinato en varios países e impulsó las políticas de apertura económica y de
importación de manufacturas enfrentando a los productores locales. En el plano
político, fueron promotores de modelos restrictivos para el acceso y la
participación que quedó circunscripta a las elites y a los grupos de poder
económico. En el plano cultural se caracterizaron por el intento de negar la
identidad histórica del continente haciendo “tabla rasa” e impulsando el modelo
de la “razón iluminista” (Chávez 1977). Dichos intelectuales y políticos fueron,
generalmente, anti hispanistas y racistas bajo el lema de la “civilización y la
barbarie” y promovieron los valores y formas de vida y trabajo británicos y
franceses sobre los locales. Jauretche ubicó en este programa político y
cultural a Bernardino Rivadavia y a Bartolomé Mitre.
En este marco, es interesante rescatar la
opinión de Adriana Puiggrós (2004) que se refirió a la existencia de diversos modelos
educativos en las Provincias Unidas del Rio de La Plata luego de la independencia. La
autora reconoció cinco modelos y los denominó como una “pedagogía liberal
radicalizada” y citó a Mariano Moreno o a Simón Rodríguez; una “educación
federalista popular” mencionando a Gervasio Artigas o a Francisco Solano López;
una “pedagogía de la generación liberal del 37” con personajes como Domingo F. Sarmiento;
una “pedagogía liberal oligárquica” citando a Bernardino Rivadavia y a Bartolomé
Mitre; y una “pedagogía tradicionalista colonial anti independentista”.
El esquema de la Patria Chica y
retomando el modelo de Jauretche, fue el de la “pedagogía liberal oligárquica”.
Puiggrós menciona un hecho poco
difundido en la historia educativa argentina, que es el de la existencia de
proyectos educativos entre los caudillos federales y por ejemplo, recupera las
experiencias de Santa Fe (Estanislao López), de la Banda Oriental (Gervasio
Artigas) o de Entre Ríos (Justo José de Urquiza).
La
Universidad liberal o de los Abogados: la Universidad de Buenos Aires (UBA)[3]
La institución dependía de la provincia de
Buenos Aires y promovió principalmente y a diferencia de la Universidad de
Córdoba, los estudios profesionales en jurisprudencia (abogados) desplazando la
centralidad y pese a no suprimirlos, de conocimientos como teología.
Tal cual expresó Puiggrós, Rivadavia era devoto
de la “pedagogía liberal oligárquica” y dicho perfil profesional se vinculó al
programa económico agroexportador dependiente y que Jauretche mencionó como
parte de la “Patria Chica ”.
En el plano administrativo Rivadavia impulsó una
centralización educativa repitiendo en el modelo de universidad napoleónico,
que promovió que la institución sea el ámbito rector del conjunto del sistema
educativo[4].
El Rector de la universidad y siguiendo el modelo de organización francés, dependía
política y administrativamente del Estado (por intermedio de la provincia de
Buenos Aires a través del Ministro).
La formación en jurisprudencia era una
competencia vinculada a la administración del programa de servicios y
agroexportador, ligado al puerto porteño. En su modelo educativo, no se
impulsaron las industrias nacionales y por el contrario, se promovieron las
nociones liberales del libre cambio. Estas ideas eran difundidas por Inglaterra
y en nuestro país ingresaron como políticas de Estado desde el año 1809.
Se fomentaron modelos políticos propios de la
tradición europea y se sentaron los principios ideológicos para justificar la
acción de gobierno porteño en el resto del país. El modelo se desarrolló
plenamente durante la gestión presidencia de Bartolomé Mitre (1862-68). Tal
cual expresó Fermín Chávez “Europeizar
significó, para ellos, liquidar valores hispánicos de América, para dar paso a
los valores e ideales anglosajones, representativos de la encarnación
iluminista” (Chávez 1977: 32).
La organización institucional de la UBA en su proyecto original,
constaba de los Departamentos de primeras letras, de estudios preparatorios, de
ciencias exactas, de medicina, de jurisprudencia y de ciencias sagradas. Según
Mignone (1998: 16) la UBA en sus inicios solamente alcanzó a dictar estudios
preparatorios (latín, filosofía, física y matemáticas), de derecho y de medicina.
La emisión oficial de estos dos últimos títulos, quedaba en manos de la
Academia de Jurisprudencia y del
Protomedicato creado en 1813. Se impartió una educación de contenido liberal
y secular, apuntando a la formación de profesionales.
La asunción de Bernardino Rivadavia al mando del
gobierno nacional en el año 1826, implicó la aplicación de un paquete de
medidas de gobierno que generaron un profundo malestar en las provincias
argentinas. En particular, fue rechazada la Constitución
centralista, elitista y extranjerizante del año 1826, su política de venta de
yacimientos mineros de La Fátima en La Rioja, el inicio de la deuda externa con
un empréstito y sus negociaciones con Brasil para separar la Banda Oriental (Scalabrini
Ortiz, 2004). En este cuadro de inestabilidad permanente, Rivadavia es
expulsado del gobierno y asumió Manuel Dorrego que fue asesinado un tiempo más
tarde por Lavalle.
En dicho complejo panorama, se tornó
profundamente dificultosa la situación política nacional que entró en un estado
de guerra civil y a partir de aquí, fue tumultuoso el funcionamiento de la UBA.
La UBA y Juan Manuel de Rosas
Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos
Aires y representante de las relaciones exteriores de la Confederación
Argentina
Su gobierno intentó pacificar y unificar el país
tras los fuertes conflictos políticos originados por el gobierno liberal y
unitario de Bernardino Rivadavia. Con dicha finalidad firmó el Pacto Federal de
1831, que es una pieza constitucional clave para la organización política e
institucional argentina.
En el año 1832 se formó una Comisión que
reorganizó el funcionamiento de la UBA y que constituyó un gobierno con un
Consejo de la Enseñanza y Administración compuesto por el Rector y por un
profesor de cada uno de los Departamentos y que entró en vigencia recién en
1834. En su primera gestión de gobierno, la UBA no conoció demasiadas
modificaciones en su funcionamiento en relación a la etapa anterior (Ramallo, 1954:
6).
El segundo gobierno de Rosas inició
transformaciones en el país que marcaron el funcionamiento de la universidad. Por
un lado y con la finalidad de proteger las industrias del interior, sancionó
una Ley de Aduanas en el año 1835 sobre una propuesta del gobernador correntino
Pedro Ferre. La protección aduanera le permitió mejorar las relaciones con los
gobernadores y fomentar la producción artesanal, dando estabilidad al régimen
político y crecimiento al modelo económico.
Un tema crucial para la época, fue el
enfrentamiento político y militar entre el gobierno argentino y el de Francia
en el año 1838. El país europeo intentó imponer condicionamientos al país[5]
y Rosas lo consideró un atropello a la soberanía nacional. Las potencias
europeas iniciaron un fuerte bloqueo económico al país, cuestión que implicó
una caída de la recaudación aduanera y de los presupuestos públicos. A dicho
crucial enfrentamiento de política exterior, se le sumó la guerra con Bolivia y
la agresión militar anglo francesa de 1845 (Rosa 1974).
En este cuadro, Rosas redujo el presupuesto a la UBA para invertirlo en los
gastos ocasionados por la guerra y por la defensa territorial. Para suplir los
recursos públicos, implementó un impuesto especial a los estudiantes y propulsó
un registro de suscriptores de altos recursos que destinaron dinero a la
educación.
En la etapa no se produjeron fuertes reducciones
de la matrícula universitaria exceptuando en la Facultad de ciencias exactas
que dejó de existir. Mientras tanto y pese a lo severo del conflicto militar,
continuaron egresando Médicos y Abogados en gran cantidad tal cual documentó
Fermín Chávez (1973) en su estudio de la cultura de la época.
Durante su segundo gobierno, Rosas abrió el
Colegio Republicano Federal, obligó a
los egresados de la UBA
a jurar a la causa federal, implementó un servicio social a los egresados de
medicina y reivindicó en los programas de estudio los derechos del país sobre el
Paraguay, las islas Malvinas y la Patagonia.
La historia oficial y los colegios nacionales de
Bartolomé Mitre
Mitre fue un político que alcanzó el cargo de gobernador
de Buenos Aires en 1861 y el de presidente en el año 1862. Se desenvolvió como militar,
participó en varios golpes de Estado[6]
e intervino en la guerra del Paraguay.
Además y cuestión que nos interesa remarcar, Mitre
implementó un programa cultural en el país. Sus aportes principales a la
cultura nacional se vincularon a la promoción de la denominada “historia
oficial” que se enseñó en las instituciones educativas, a la fundación de un
órgano de prensa (Diario La
Nación ) y a la creación del Colegio Nacional creado en 1864.
Mitre escribió la historia oficial a partir de su
obra “Galería de Celebridades Argentinas” y de sus biografías de José de San
Martín y de Manuel Belgrano (Galasso, 1999). En estos trabajos Mitre reivindicó
algunas figuras políticas ligadas a lo que Jauretche identificó como “Patria Chica”
y denostó a otras como Gervasio Artigas o Juan Manuel de Rosas. Dicha matriz de
pensamiento liberal, se caracterizó por ser europeísta, elitista,
antiindustrialista y represiva políticamente y favorable a nuestra dependencia con
Inglaterra y con Francia. Ese proyecto cultural fue impartido en la UBA y asimilado por importantes
grupos de la intelectualidad de Buenos Aires.
Mitre promovió la centralización de la formación
cultural del país desde la provincia de Buenos Aires, que trasfirió su programa
ideológico y su historia oficial a todo el territorio.
La presidencia de Domingo F. Sarmiento (1868-74)
y continuando la línea cultural de su antecesor, impulsó la apertura de cinco Colegios
Nacionales en las provincias y de dos Escuelas normales cuya finalidad fue educar
maestros. Sarmiento además, promovió la apertura de otras instituciones
educativas y culturales como el Observatorio de Córdoba o el Colegio Militar de
Oficiales.
El modelo del Paraguay.
Paraguay era un territorio del Virreinato del
Rio de La Plata y tras la Revolución de Mayo, se incluyó como parte de las
Provincias Unidas. En el año 1840 declaró su independencia de nuestro
territorio, cuestión que le fue reconocida definitivamente en 1852.
A diferencia del programa agroexportador y
liberal argentino aplicado desde 1853, el gobierno de Paraguay con Gaspar
Francia y luego con los Solano López, impulsó un modelo económico industrialista
autocentrado e independiente (Ortega Peña, 1973). El plan de gobierno incluyó
la construcción y la promoción de fundiciones, de ferrocarriles, de una flota
mercante, de un telégrafo y de grandes producciones de tabaco y de yerba
estatales, entre otros importantes emprendimientos públicos.
El proyecto articuló el conocimiento científico europeo
aprendido por los estudiantes paraguayos en los viajes de estudio que financió su
gobierno, con las demandas propias del desarrollo nacional. Paraguay fue un
pionero en la aplicación científica y técnica estatal a la producción y se
desenvolvió como un país profundamente avanzado en términos industriales.
El programa quedó inconcluso por efecto de la
Guerra de la
Triple Alianza. Solano López y según Adriana Puiggrós, se
ubicó entre los promotores de la “educación
federalista popular con elementos liberales”. A partir de acá, deben leerse
sus iniciativas de apertura de la Escuela Normal , del Colegio del Seminario o de la
Escuela de Impresores y Litógrafos (Rosa 1985).
Cambios en la Universidad de Córdoba
Luego de la Independencia, la Universidad siguió
dependiendo de las Provincias Unidas del Rio de La Plata hasta que en el año
1820, pasó a la jurisdicción de la provincia de Córdoba. Finalmente en 1854,
fue nacionalizada.
Desde el año 1864 se eliminó la Facultad de
Teología y se introdujeron los estudios de Derecho Civil, acompañando un ciclo
de cambios en la institución que incluyó la apertura de la Facultad de Ciencias
Físico Matemáticas en 1871 y pocos años después, la de Ciencias Medicas
(1877) y la de Filosofía
y Humanidades (Del Bello, 2007: 21).
Poco a poco, la UNC comenzó a tener un perfil de
formación de profesionales similar al impulsado por la UBA.
El proteccionismo económico.
Tal cual mencionamos, tanto la Universidad Colonial
como la Universidad de los Abogados, no promovieron las carreras técnicas y tampoco
impulsaron el desarrollo de la industria nacional. Esta tendencia se agudizó desde
1853 cuando se impone el libre comercio y se difunde el programa agroexportador
que incluyó la importación masiva de las manufacturas británicas. Dicho
programa, desestimó a la industria y junto a ella, los necesarios debates sobre
la necesidad de promover una educación técnica para industrializar el país.
Las crisis económicas mundiales alertaron sobre
la dependencia y la vulnerabilidad del modelo agro exportador del país. Producto
de la crisis económica de 1873, se retraen las financias públicas y las
actividades comerciales.
En este contexto, se produce un debate sobre la necesidad
de aplicar una Ley de Aduanas que y siguiendo la norma del año 1835, promueva
la industria nacional y que permita aumentar los erarios públicos.
Las figuras más prominentes de dichos debates
fueron Carlos Pellegrini y Vicente Fidel López, que conjuntamente a Rafael
Hernández, abrieron el Club Industrial Argentino en 1875. Estos grupos promulgaron la Ley de Aduanas de
1876 que inició nuevas perspectivas para los estudios y desarrollos económicos
en el país (Gugliarmelli, 2007).
Pese a que dichos planteos no ingresaron
masivamente a la universidad, fueron un antecedente importante para la
formación de nuevas escuelas de pensamiento, de actividades científicas
aplicadas a la innovación y para la promoción de las actividades industriales.
La organización nacional con Julio Argentino
Roca
Julio Argentino Roca fue presidente del país en
dos oportunidades (1880-86 y 1898-04). El dirigente implementó la institucionalización
definitiva del modelo agroexportador iniciado en 1853. Con dichos objetivos,
Roca derrotó militarmente Mitre en junio de 1880, centralizó el monopolio de la
violencia en el Estado nacional e impulsó la estabilización política de las
provincias.
Su acción contempló la ampliación de la frontera
productiva argentina con las campañas al mal llamado desierto[7]
y con la entrega de grandes superficies de tierras. Resultante de esa acción se
consolidó la “oligarquía” de la Argentina.
Posteriormente a su enfrentamiento con el
mitrismo y con las poblaciones originarias, Roca se abocó a la organización del
Estado. Con esta finalidad, culminó la aplicación de la Ley de capitalización
sancionada por Avellaneda fundando ciudad de La Plata en 1882.
El segundo
gobierno de Roca encomendó el mando de la cartera de Guerra a Pablo Ricchieri,
quién promovió la aplicación del servicio militar obligatorio[8].
Ricchieri impulsó la modernización del
ejército argentino que implementó importantes iniciativas científicas en el
siglo XX.
En el plano educativo su gobierno sancionó la Ley 1420 de 1884, que
estableció para todo el país la educación primaria, laica y obligatoria. Previo
a la sanción de la ley, se organizó un Congreso Pedagógico en el cual se
discutieron las bases del ordenamiento educativo. En el Congreso quedaron
expresadas las diferencias entre el representante del gobierno, Onésimo
Leguizamón y los políticos y educadores católicos.
La obligatoriedad educativa y la separación
entre religión y educación, favoreció la uniformidad cultural de las diversas
colectividades de inmigrantes. Estos grupos componían la población mayoritaria
del país, hablaban distintas lenguas y tenían historias y tradiciones diversas.
Durante el gobierno de Roca se construyeron un
alto número de establecimientos educativos pasaron de 1.214 en el año 1881 a 1.804 en el año 1886,
es decir un 50% de aumento (Galasso, 2000: 18).
Complementado el ordenamiento institucional
mencionado, Nicolás Avellaneda que en ese momento era Rector de la UBA,
presentó un Proyecto de ley universitaria en el año 1883. El proyecto fue
debatido en el parlamento y en una extremada síntesis, se puede establecer que
existieron dos grandes posiciones al respecto. Por un lado, estaba el punto de
vista de Avellaneda que propulsó dotar a las universidades de mayores potestades
y por ejemplo, propuso designar a los profesores por intermedio de concursos
internos con la participación de jurados docentes. Por otro lado, se expresó el
Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Eduardo Wilde, que sostuvo que
el Estado tenía que disponer de mayores funciones en el control de la
institución, incluyendo la designación de los docentes por parte del Poder
Ejecutivo.
Finalmente y tras los debates, se promulgó la Ley
1597 de 1885 recordada como “Ley Avellaneda”. La norma tenía solamente 4
artículos y estableció la posibilidad de que cada universidad dicte sus
estatutos atendiendo el esquema de la ley. El Rector era nombrado por una Asamblea Universitaria
que contaba con representantes de todas las Facultades. El texto mencionó un Consejo Superior que
estaba presido por el Rector, los Decanos y representantes nombrados por estos
últimos.
La elección de los profesores quedaba sujeta a
la opinión del Poder Ejecutivo que debía nombrarlos a través de una terna
presentada por el Consejo Superior.
El texto mencionó el cobro de aranceles por
parte de las universidades (derechos universitarios) y estableció la facultad de
las universidades a emitir los diplomas como órganos delegados del Estado
nacional.
Tal cual se puede leer en la ley, las
Universidades y las Facultades disponían de un gobierno propio. Dicha cuestión está
vinculada estrechamente a la noción de autonomía universitaria y a la propuesta
de Avellaneda. Asimismo y tal cuál quedó expresado por la forma de seleccionar
los docentes, el Estado tenía importantes competencias para el control de la
educación superior.
Las universidades y en consonancia con el modelo
político nacional, eran profundamente elitistas e ingresaban a sus aulas solamente
los sectores dirigentes posibilitados de cubrir los costes educativos. Según
datos de Del Bello (2007: 31) en un país con una población de 4 millones de personas
en la UNC había solamente 173 estudiantes y en la UBA 602, o sea 0,2 estudiantes
cada mil habitantes.
Asimismo y dada las dificultades de asenso
social, la universidad se conformó tradicionalmente con jóvenes de clase alta y
ofició como un medio de perpetuación del
esquema político de la oligarquía. Ernesto Palacio se refirió a dicha característica
de la siguiente manera: “la Universidad
organizada por Avellaneda continuaba dando hornadas de profesionales, entre los
que descollaban los abogados, mimados y favoritos del régimen, ya que entre
ellos se reclutarían los ministros y parlamentarios indispensables para su
correcto funcionamiento. Recibían la preparación adecuada a la función a que
los destinaba, pues salían de las aulas convencidos de que el capital
extranjero (y sobre todo ingles) era no sólo un factor de la producción, sino
un beneficiario que merecía especial reverencia; de que los servicios públicos
debían estar a cargo de empresas privadas, por que el Estado (sobre todo el
argentino) era “mal administrador”; de que nuestras finanzas dependía del
crédito europeo, al que había que cuidar, ahorrando sobre la “sangre y la sed”
de los criollos; de que constituíamos un “emporio agrícola ganadero, destinado
a cambiar perpetuamente materias primas por manufacturas británicas” (Palacio, 1960: 300). Su formación y en
consonancia con el perfil agroexportador del país y con la matriz cultural promovida
por la UBA, se relacionó a la tradición enciclopédica, europeísta y liberal[9].
La clase dirigente educó a la juventud en el
liberalismo conservador, el positivismo y en algunas instituciones como la Universidad
de Córdoba, siguió teniendo fuerte importancia la promoción de marcos teóricos
cercanos a la tradición del catolicismo.
El modelo cultural fue incapaz de producir o de incorporar
el salto científico y tecnológico que venía sucediendo con la primera y la
segunda revolución industrial. La escasa promoción de la ciencia aplicada a la
industria, fue una manifestación de nuestra dependencia política y económica. Dicho
modelo educativo profesado por los intelectuales y dirigentes argentinos,
consolidó y profundizó la dependencia científica y tecnológica y la de nuestro
programa agroexportador que fue el rasgo típico de América latina del siglo XIX
(Herrera 1974).
Un legado característico de esta etapa, va a ser
la creación de los Consejos o Academias vitalicias que desarrollaban tareas en
el gobierno de las Facultades. Sus integrantes podían se externos a las
universidades.
Este hecho, sumado a la elección de docentes por
el Poder Ejecutivo, conformó un esquema de gobierno universitario estrechamente
ligado al poder político y a las elites de cada comunidad en donde se
insertaban las universidades. Ésta realidad va a ser una de las causas
fundamentales de los conflictos universitarios con los estudiantes en el año
1918
Ampliación del sistema universitario
Tal cual mencionamos, las primeras instituciones
universitarias fueron la
de Buenos Aires y la de Córdoba. A ellas se les sumarían las
universidades de Tucumán, de Santa Fe y de La Plata que surgen como producto de
iniciativas de los políticos provinciales y de las elites locales.
Estas experiencias innovaron en la apertura de
nuevas carreras que modificaron la concepción profesionalista que se impuso
desde la UBA. En
su lugar, promovieron actividades científicas. Si en dicho aspecto eran
innovadoras, en otros conservaron el cariz liberal y elitista del sistema
educativo de la oligarquía.
La Universidad de La Plata nació como una
iniciativa del senador de la provincia de Buenos Aires Rafael Hernández. La ley
de creación se promulgó en 1890 e incluía las Facultades de Derecho, de Medicina,
Química y Farmacia y de Ciencias Físico Matemáticas. La inauguración oficial fue
en 1897 con las clases de la Facultad de Derecho y con la inscripción exigua de
47 alumnos. La baja matrícula no se modificó por mucho tiempo y por ejemplo, en
el año 1904, tenía solo 75 jóvenes en las aulas.
La institución fue nacionalizada en el año 1904 por
intermedio de la gestión del Ministro de Justicia e Instrucción pública de La
Nación, Joaquín V. González, que ocupó el rectorado en el año 1906. La
institución incluyó el pase a la orbita nacional de la Universidad provincial, del
Museo, del Observatorio Astronómico, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria
y de la Escuela
Práctica de Santa Catalina, entre otros (Barba, 1998).
La Universidad de Santa Fe nació el año 1889 y
fue nacionalizada en 1919, fecha a partir de la cual adoptó su nombre actual
que es de Universidad Nacional del Litoral. Promovió carreras como la de
química industrial y agrícola en Santa Fe o la de agricultura, ganadería e
industrias afines, en la provincia de Corrientes. Impulsó estudios de ciencias
jurídicas y sociales en Santa Fe y de ciencias médicas en Rosario.
La universidad de Tucumán se fundó en el año 1914
por parte de la provincia y fue nacionalizada en 1921. El proyecto incluyó estudios
no tradicionales como fueron los de Ingeniería Química, Agrimensura y geodesia
y Farmacia, que se articularon con la producción industrial y agrícola local
(Del Bello, 2007: 34).
Algunas de nuevas carreras no se consolidaron y
entre otros factores, se debe destacar el hecho de que no se produjeron cambios
sustanciales en el perfil productivo del país, que siguió estrechamente ligado
al programa agroexportador.
III-
LA UNIVERSIDAD EN LA ETAPA REFORMISTA
“Los que respiran en
una época de excepción como la nuestra, lejos de epilogar sobre los
acontecimientos, deben vivirlos; lejos de juzgar la historia, deben hacerla” .Manuel Ugarte (1996:
51)
El termino “reformismo” se utiliza para definir
a las personas o corrientes culturales y/o políticas, que adhieren a los
postulados para la organización de las casas de altos estudios impulsados en la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC) en el año 1918. Dichos principios organizativos, son el
resultado de un conjunto de transformaciones propias de la universidad
argentina y se ligan los cambios producidos en el país y el continente durante
la presidencia de Hipólito Yrigoyen.
Yrigoyen
fue un dirigente político que llegó a la presidencia del país en dos oportunidades
(1916-22 y 1928-30). Alcanzó la primera magistratura luego de un largo proceso
que implicó la creación de un partido -la Unión Cívica Radical
(UCR)- y además, participó de varios procesos revolucionarios[10]
contra el programa liberal.
Los alcances de sus políticas pueden resumirse en tres
grandes aspectos. Primero, el gobierno impulsó una democratización política y
cultural en el país. Yrigoyen implementó el sufragio secreto y universal[11]
que modificó profundamente el funcionamiento del sistema político, caracterizado
por el fraude y el clientelismo de los gobiernos de la oligarquía liberal. Estas
modificaciones impulsaron un importante movimiento político y cultural en el país
y en particular, fueron motorizados los sectores medios.
En dicho contexto, se generó la posibilidad de que
ingresen nuevos dirigentes a la política argentina que cuestionaron en muchos
casos, a los referentes políticos conservadores incluyendo los universitarios.
Asimismo, la etapa implicó el reverdecimiento cultural y la posibilidad de
promover nuevos debates intelectuales.
Segundo: el gobierno impulsó una política exterior independiente
que había sido abandonada desde la caída de Rosas y a partir de nuestro
alineamiento a la geopolítica británica[12].
Esta posición soberana en las relaciones internacionales, se expresó en la
decisión del país de mantener la neutralidad en la primera guerra mundial y en el repudio por
parte del gobierno a las actitudes de la ocupación de EUA en Nicaragua y a los
Congresos Panamericanos.
El tercer aspecto se refiere a
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