jueves, 9 de septiembre de 2010

La política argentina entre Isabel Martínez y la dictadura


Aritz Recalde, septiembre 2010.

El peronismo en el año 1973 aplicó un programa de gobierno similar al ejecutado entre los años 1946 y 1955. En el plano ECONÓMICO se implementó un proyecto nacionalista, industrialista y popular (Plan Trienal). En este marco, se sancionaron leyes protectoras de la industria nacional, se nacionalizaron depósitos bancarios, se promovieron las juntas reguladoras de granos y carnes, se nacionalizaron bancos, se creo una Corporación de Empresas Nacionales, se sancionó una ley de inversiones extranjeras o se promovieron medidas para gravar la tierra improductiva, entre otras acciones en sintonía con la década del cincuenta.
El programa fue concertado POLÍTICAMENTE con los representantes de la industria, del trabajo y del Estado a partir del Pacto Social. En temas SOCIALES los acuerdos alcanzados por el Pacto implicaron los momentos de mayor igualdad en la distribución del ingreso de la historia del país y del continente y ello se expresó en que los trabajadores se apropiaron de una cifra cercana al 50% de la riqueza del país. El encargado de diagramar los trazos del programa económico fue José Ber Gelbard que y siguiendo la tradición de Miguel Miranda, era un exponente de la burguesía industrial argentina y fundador de la Confederación General Económica (CGE).
El intento de repetir el programa nacionalista de los años cincuenta se encontró con serias dificultades en el plano político. Por un lado, se habían intensificado las diferencias históricas dentro del peronismo. Los grandes encuadramientos dentro del programa de gobierno eran la Tendencia revolucionaria y las juventudes políticas (izquierda peronista); los dirigentes ligados a la CGT, al partido justicialista y al empresariado nacional (centro o moderada); y los núcleos marginales vinculados a José López Rega o similares (derecha peronista). Se suponía que las diferencias políticas entre el centro y la izquierda peronista, estaban dadas por la posibilidad de otorgar o no, mayores competencias a los trabajadores y al Estado en la administración de los recursos y las empresas. La izquierda peronista abogó por el “socialismo nacional” que y en teoría, suponía avanzar en la estatización de varias empresas otorgando una participación importante al control obrero, en el contexto de aplicación de una política exterior de integración al universo de las naciones del tercer mundo. Más allá de las discusiones entabladas entre las posiciones de la izquierda y los sectores de centro, existían acuerdos básicos sobre gran parte de los proyectos del gobierno contenidos en el Plan Trienal. La derecha y por el contario, una vez que alcanzó mayores lugares de poder con la muerte de Perón, aplicó un programa económico, social y político que fue contrario a los trabajadores y a la industria argentina.
Estas diferencias internas se agravaron por el hecho de que desde el año 1955 las distintas dictaduras promovieron la violencia como un medio de dirimir las diferencias políticas. Los años setenta y a diferencia del primer peronismo, convivían con organizaciones armadas y con un alto nivel de violencia que hacía dificultoso ejecutar las políticas. En este cuadro, el protagonismo juvenil y lejos del ansiado trasvasamiento generacional pacífico iniciado en los años cincuenta, se vio sumergido en un espiral de enfrentamientos. En este marco, se inscriben los sucesos de Ezeiza en los cuales la derecha peronista disparó contra los manifestantes de otras vertientes que marchaban pacíficamente al encuentro con Juan Perón.
Asimismo y complicando el esquema político de la época, Perón se enfrentó a una izquierda armada que no reconocía la legitimidad del voto electoral y de la democracia popular. En este cuadro, el gobierno se encontró con fuertes debates internos en su fuerza, con enfrentamientos armados contra su gestión ejecutados en nombre de la izquierda y con la existencia de un aparato de seguridad y de fuerzas militares heredadas de las diferentes dictaduras y sobre las que no tenía control.
En el plano de la POLÍTICA EXTERIOR, el peronismo aplicó un programa multilateral que y de la misma manera que en el primer gobierno, se centró en la promoción de las relaciones con América Latina, en el impulso a los vínculos comerciales con los países del bloque de los estados no alineados, con las naciones comunistas y con la Europa capitalista. En dicho marco, el país retomó relaciones comerciales con Cuba y Argentina participó activamente de las reuniones de los No Alineados en Argel.
En dicho contexto, los enemigos históricos del gobierno promovieron la agudización de los conflictos y prepararon desde el año 1955 la “solución final” para dar por tierra al programa industrialista, nacionalista y popular. Las clases dirigentes habían intentando diferentes experiencias de fraude, de represión o de cooptación. El golpe de 1955, los fusilamientos de 1956, el Plan Conintes, el golpe de 1962, la dictadura de 1966, los fraudes electorales o los asesinatos de presos políticos en Trelew, tenían una intencionalidad concreta en el intento de terminar con el proyecto inaugurado en 1946. Al cerco político aplicado al gobierno por parte del poder concentrado de la oligarquía y del capital trasnacional, se le sumó la desestabilización económica y la guerra ideológica. Con este objetivo, los grupos concentrados promovieron el aumento de precios, la especulación comercial o implementaron operaciones culturales por intermedio de la prensa concentrada.
La muerte de Juan Perón el 1 de julio del año 1974 aceleró las internas políticas dentro del frente de gobierno e incluyó el avance de organizaciones terroristas como la Alianza Anticomunista Argentina (AAA). A la desaparición del líder del movimiento, se sumó la crisis económica mundial que implicó el aumentó de los precios del petróleo o inconvenientes como el bloqueo a los embarques de carne argentina a Europa.
El contexto latinoamericano del año 1974 no era demasiado propicio para aplicar los programas el gobierno popular y por el contrario, se caracterizó por la existencia de dictaduras militares en Brasil, Chile, Uruguay o Bolivia. Los golpes militares eran apoyados por Estados Unidos en el marco del Plan Cóndor que tenía por finalidad derrotar las experiencias populares en América Latina e inaugurar el neoliberalismo. En este marco, los factores internos y externos eran una seria dificultad para la continuidad del Pacto Social y del proyecto.
Isabel Martínez asumió la presidencia y junto a ella, ocuparon mayores posiciones grupos de derecha liberal ajenos a la historia del peronismo como es el caso de López Rega. Por primera vez en la historia y por intermedio de Celestino Rodrigo, el peronismo aplicó un programa económico liberal de contenido contrario a las industrias nacionales y a los derechos de los trabajadores. El intento de aplicar dicho proyecto fue enfrentado por los dirigentes de la CGT que obligaron al ministro a demitir de su cargo. En dicho cuadro de profunda inestabilidad política, económica y social, Isabel favoreció el asenso de Jorge Rafael Videla como comandante en Jefe del Ejército. Su figura es emblemática de la dictadura militar que se aplicaría en breve.

La dictadura de 1976
La dictadura se denominó a si misma como “proceso de reorganización nacional” y transcurrió entre los años 1976 a 1983 bajo las presidencias de Jorge Rafael Videla, de Roberto Viola, de Leopoldo Galtieri y de Reynaldo Bignone. Se busco y como lo establece su nombre, “reorganizar” la economía, la política, la sociedad y la cultura.
El programa ECONÓMICO se implementó en una batería de medidas y por intermedio de varios de Ministros, entre los cuales resaltan Alfredo Martínez de Hoz y Roberto Áleman. El proyecto se relacionó al liberalismo del siglo XIX y estuvo centrado en la promoción del modelo agroexportador y de los negocios de los bancos en lugar de las actividades de la economía real e industrial. En los hechos, ello implicó la desindustrialización del país, la concentración de la riqueza y la extranjerización de la economía. En el plano SOCIAL el plan se expresó como deterioro salarial, en la perdida de puestos de trabajo (desempleo), en el aumento de la pobreza y en la conformación de una fuerte desigualdad social. Unos pocos grandes grupos económicos, muchos de ellos extranjeros, se apoderaron de la riqueza social que no fue reinvertida en la industria y el desarrollo de los argentinos sino que y por el contrario, fue fugada al extranjero.
En términos POLÍTICOS, la dictadura tuvo como finalidad quitarle a los trabajadores y al empresariado argentino la posibilidad de incidir en la toma de decisiones y en la formulación de los proyectos del Estado. A partir de aquí, se implementó un plan selectivo de asesinatos y de persecuciones impartiendo el terror sobre los sindicatos, los partidos y el conjunto de las organizaciones libres del pueblo. El resultado de dicha política fue que las principales decisiones de la Argentina las tomarían a partir de aquí, los grupos concentrados de poder y los intereses extranjeros y ya no los trabajadores, los empresarios locales y el Estado. En POLÍTICA EXTERIOR la dictadura promovió nuestra relación dependiente y subordinada a los Estados Unidos y aplicó su programa de apoyo a las dictaduras en el hemisferio.
En el aspecto CULTURAL la dictadura buscó eliminar la conciencia nacional del pueblo, silenciando o impidiendo la aparición de otras voces por fuera del programa liberal, entreguista y represivo. Las producciones de los científicos, de los artistas o las ideas y las prácticas de la juventud fueron conceptualizadas como “subversivas” y en su lugar, los militares propusieron los valores de un supuesto mundo “occidental y cristiano”. En dicho marco, la dictadura realizó un pacto con la Iglesia Católica y con los grupos mediáticos Clarín, La Razón y La Nación a los cuales les entrego el control de Papel Prensa. Con esa acción, les otorgó a los grupos mediáticos el manejo del precio del papel y la posibilidad de que impidan el nacimiento de otras voces y opiniones. Asimismo y en esta línea, la dictadura sancionó una ley de medios de comunicación en el año 1980.
La aplicación del programa económico generó una fuerte crisis social y un estado de desestabilización permanente de la economía que se vio sumergida en la inflación crónica, la desinversión, la especulación financiera o la fuga de capitales. Dicho proyecto implicó un importante malestar social y político y favoreció la aparición de resistencias dentro del movimiento obrero. En este contexto, surgieron los organismos de derechos humanos y figuras como las Madres de Plaza de Mayo que son un emblema de la resistencia popular a la dictadura.
El fracaso económico, la desigualdad social creciente, la resistencia obrera y de los espacios como los organismos de derechos humanos y otras expresiones políticas entre las cuales estaba la Multipartidaria (PJ, MID, UCR, PI y Democracia Cristiana), contribuyeron al cuestionamiento al gobierno de facto y a la construcción de una alternativa. La derrota de la guerra de Malvinas aceleró la crisis del gobierno militar que culminó con el regreso de la democracia y con el triunfo en las elecciones presidenciales del año 1983 de Raúl Alfonsín.

El resultado de siete años de dictadura fue profundamente pernicioso para el país. Por un lado, los militares heredaron una economía con una inmensa deuda externa, con industrias quebradas, con grandes grupos concentrados y con un alto nivel de extranjerización. En el aspecto político, asesinaron una generación de activistas y les quitaron a los trabajadores su intervención en la planificación de los grandes temas del Estado, para transferir las decisiones a los representantes de los grupos concentrados y el extranjero. En el plano social, dejaron un país con altos índices de desigualdad, de desempleo, de marginalidad y de pobreza. Finalmente, en los aspectos culturales la dictadura socavó profundamente la conciencia nacional del pueblo argentino en todas sus manifestaciones.

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