domingo, 29 de septiembre de 2019

Las Políticas de Salud Pública del Gobernador Antonio Cafiero


Aritz Recalde, septiembre 2019
“Queremos un Estado de Justicia. Ese es el ideal que desea alcanzar el gobierno bonaerense, porque cuando los hombres no sólo sean libres por sus expresiones sociales y políticas, sino cuando sean libres de sus necesidades básicas insatisfechas, cuando sean libres de la pobreza, de la marginación, de la presión social, cuando esas libertades se logren, podremos decir que se ha llegado al Estado de Justicia, de la mano del Estado de Derecho”. Antonio Cafiero
“Los fundamentos filosóficos que orientan la política sanitaria son el producto de una ideología cuyo objetivo central es la justicia social, y en parte representan una versión actualizada de los principios doctrinarios de la llamada “sanidad justicialista”, concebida y ejecutada hace casi 50 años por el Dr. Ramón Carrillo, Primer Ministerio de Salud Pública argentino y pionero de la Medicina Social”. Ministerio de Salud bonaerense, año 1991

 Las propuestas de la campaña electoral del año 1987
“La Provincia deberá duplicar su capacidad hospitalaria instalada en el próximo quinquenio. Sin embargo, la verdadera revolución justicialista en el campo de la salud, no deberá producirse ahora, como en 1945, en la ampliación de las instalaciones sanitarias fijas, sino en la atención de la salud ambulatoria con una concepción preventiva asistencial de atención progresiva de la salud, realizada por el equipo de salud familiar”. Centro de Estudios para la Renovación Justicialista

En las Bases para el Plan Trienal Justicialista los equipos técnicos nucleados en el Centro de Estudios para la Renovación Justicialista (CEPARJ), puntualizaron que “la salud es un derecho esencial con la condición de bien social y por lo tanto ajeno a las condiciones de lucro y especulación de la economía de mercado” (CEPARJ 1986: 7). A partir de este concepto, incluyeron a la salud como un componente central de la justicia social y consideraron que el Estado tenía que garantizar su pleno derecho a todos los bonaerenses. Promovieron una gestión descentralizada, participativa y articulada entre los distintos niveles del sector público, social y privado.
Las Bases incluyeron una iniciativa de “Programa Provincial de Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud” y propugnaron la transformación del Ministerio de Salud en el Ministerio de Salud y Acción Social.  
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sería “gobernado por sus afiliados de acuerdo con las formas y condiciones de las organizaciones gremiales involucradas convengan oportunamente”. Se crearía el IOMA para “Trabajadores Autónomos”. El Instituto sería regionalizado y proponían sancionar un Vademécum Terapéutico Provincial (CEPARJ 1986: 8 y 13).
El CEPARJ planteó que las obras sociales debían ser administradas por las organizaciones sindicales que las crearon y que las financian. El Estado tenía la tarea de garantizar una efectiva solidaridad interna dentro del sistema, tendiendo a reducir las asimetrías de tamaño y de cantidad de afiliados.

  La opinión de las organizaciones libres del pueblo
“La intervención de los representante de la comunidad organizada en la deliberación, en la toma de decisiones, en la asunción de responsabilidades, en la ejecución y control de los servicios y acciones de salud, constituye el proceso de la Participación Social en el Sistema de Salud y es el instrumento sectorial de la democracia social”. Ministerio de Salud, 1991

Entre los meses de marzo y de octubre del año 1988 la Dirección de Entidades de Bien Público de la Provincia, realizó seis encuentros regionales de reflexión en las localidades de Quilmes, Moreno, Olavarría, Necochea, Bahía Blanca y San Nicolás. Intervinieron miembros de Sociedades de Fomento, Clubes y entidades deportivas, Hogares policiales, Cooperadoras, Cetros Nativistas, Centros de Jubilados y Pensionados, Cooperativas, Talleres Protegidos, Mutuales, Bibliotecas y de Bomberos Voluntarios (Dirección de Entidades 1989).
La dinámica de los encuentros fue de reflexión conjunta en comisiones temáticas y una de ellas trató el eje Salud Pública. Las Entidades de Bien Público propusieron:
-       Retomar el modelo de Ramón Carrillo que postuló una perspectiva integral de las políticas de salud;
-       Promover la participación comunitaria en la planificación de la salud y crear cuerpos de voluntarios;
-       Implementar planes de vacunación;
-       Subsidiar las salas de primeros auxilios municipales y otorgarle prioridad a la atención primaria de la salud;
-       Implementar campañas de concientización utilizando los medios de comunicación y formular un boletín informativo de salud;
-       Permitir que los hospitales atiendan a los afiliados del PAMI;
-       Agilizar la implementación del Vademécum Provincial único;
-       Realizar campañas de prevención y de detección temprana del cáncer;
-       Realizar campañas de detección de Diabetes Oculta y facilitar los tratamientos;
-       Implementar campañas sobre el peligro de la drogodependencia y crear Centros de rehabilitación;
-       Promover salas geriátricas en hospitales y Hogares de Día en acuerdo con los gobiernos municipales y provinciales y con los Centros de Jubilados;
-       Impulsar políticas de discapacidad;
-       Implementar programas de salud alimentaria;
-       Reducir la contaminación y principalmente los desechos industriales e impulsar la apertura de espacios verdes y de áreas recreativas.

Las Políticas de Salud Pública
A- Floreal Ferrara y el Programa de Atención Ambulatoria Domiciliaria de Salud (ATAMDOS) de 1987
“Hoy debemos acerca al médico a la familia y sólo en caso en que se detecte una enfermedad debe intervenir el hospital, pero antes hay toda una tarea que realizar. Una tarea que antiguamente desarrollaba el médico de cabecera. Era un hombre esforzado, que sabía no sólo prevenir y curar al enfermo, sino que también atendía las necesidades psíquicas de la familia. El médico era una institución familiar que se fue perdiendo”. Antonio Cafiero

Floreal Ferrara era un destacado médico sanitarista y ya había ocupado la cartera de Salud durante la gobernación de Oscar Bidegain en el año 1973.
En el N° 1 de la Revista del CEPARJ Ferrara publicó el artículo “Farmacodependencia”. Allí proponía implementar una política de salud preventiva desde la escuela, los Centros de Salud, las Sociedades de Fomento, los clubes de barrio, los Centros Asistenciales y las instituciones vecinales. Impulsaba la labor interdisciplinaria y la intervención comunitaria para facilitar el diagnóstico precoz y el correcto tratamiento de la salud (Ferrara 1987).
Una vez designado por Cafiero como Ministro del área, Ferrara elaboró un Plan Provincial de Salud que se integró al Plan Trienal de Gobierno 1989/1991 (Síntesis Bonaerense 1988: 53).
Ferrara puso en marcha el programa de Atención Ambulatoria Domiciliaria de Salud (ATAMDOS). La propuesta tenía como objetivo la atención preventiva y domiciliaria de la salud a partir de un equipo interdisciplinario de médicos, enfermeros, psicólogos y de trabajadores sociales. Los equipos tendrían a cargo un barrio y un centenar de familias a las que atenderían aplicando una perspectiva integral e interdisciplinaria de la salud. Se les garantizaría a los pacientes el acceso gratuito a los medicamentos, a la radiología, a los laboratorios y a la internación de ser necesario. 
El Ministerio de Salud y como bien sostiene Antonio Cafiero en el epígrafe, proponía recuperar la figura del médico familiar no ya como un individuo sino “como un conjunto de hombres que viene a sustituir de una manera más compleja al viejo médico de cabecera. Este equipo interdisciplinario no va a ser un conjunto de burócratas, sino un grupo de profesionales unidos por una misma vocación” (Síntesis Bonaerense 1988: 52).
El ATAMDOS estaba gestionado por un Consejo de Administración elegido por las mismas familias. En una entrevista del mes de marzo de 1988 Ferrara puntualizó que pondrían en funcionamiento mil equipos y que la comunidad sería protagonista en la gestión y en el control del programa y “estamos con esto consolidando la posibilidad de que el pueblo defienda la Democracia, que el pueblo sea el artífice de su propio destino” (Ferrara 1988: 11).

B- La Política Provincial de Salud de 1988 a 1991
“La medicina como ciencia adquiere valor social y justifica su existencia, cuando es capaz de aplicarse en beneficio de la salud del hombre y de los pueblos”. Ministerio de Salud

Ginés González García era médico sanitarista y asesor del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de La Nación. Asumió como Ministro de Salud en lugar de Floreal Ferrara el 15 de julio del año 1988.
En el año 1991 el Ministerio de Salud bonaerense publicó un informe sobre la gestión de Ginés. Lo tituló “La Salud en la Provincia de Buenos Aires, política provincial de salud 1988-1991”. Allí se señaló que la salud es un derecho personal y también social y que el Estado era el encargado de ejecutar, regular, planificar y controlar las acciones. Como un balance general de la etapa, se puntualizó que entre 1988 y 1991 se atendieron 18 millones de consultas en los más de mil establecimientos entre Hospitales y Unidades Sanitarias bonaerenses. Solamente en 1990 se realizaron 520.000 internaciones y esa cantidad implicó un aumento del 25% en relación a 1984 (Ministerio de Salud 1991: 20).



martes, 17 de septiembre de 2019

Reformistas radicales y reformistas peronistas: debates parlamentarios y nueva legislación entre 1946 y 1955

 Ernesto Villanueva y Aritz Recalde, mayo 2019

REVISTA PENSAMIENTO UNIVERSITARIO


Contexto político y cultural de surgimiento del peronismo
Juan Domingo Perón accedió a la Presidencia luego del triunfo electoral del 24 de febrero del año 1946. El instrumento político que lo llevó a la primera magistratura se compuso de un entramado pluriclasista, pluripartidario y pluriideológico.
El Justicialismo canalizó históricas demandas sociales y culturales de los trabajadores, entre las cuales se destacó el ingreso gratuito e irrestricto a la universidad consagrado en noviembre del año 1949. Además, se creó la Universidad Obrera Nacional, orientada a favorecer el ingreso de los hijos de la familia trabajadora. El pujante empresariado nacional requería nuevas demandas de capacitación y de formación profesional y en la etapa se impulsaron las disciplinas tecnológicas y las líneas de investigación ligadas al nuevo patrón de desarrollo industrial.
El Justicialismo organizó una estructura partidaria con miembros de distintos orígenes ideológicos. Ya desde 1943, Perón entabló un vínculo con dirigentes del socialismo y miembros de esa fuerza participaron en la creación del Partido Laborista que fue un instrumento fundamental de la campaña electoral. Los socialistas Atilio Bramuglia y Ángel Borlenghi ocuparon la titularidad de la Cancillería y del Ministerio del Interior desde 1946. Además de dirigentes originarios de la izquierda, del Partido Independiente (conservadores) y de sectores nacionalistas, el peronismo integró a un importante grupo de miembros de distintas corrientes de la Unión Cívica Radical (UCR).  El Vicepresidente de Perón desde 1946, Hortensio Quijano, fundó la UCR Junta Renovadora (UCR-JR) y con este sello alcanzaron la banca de la Cámara de Diputados de La Nación 27 legisladores. Se sumaron al Justicialismo otros 10 diputados de distintas corrientes internas del radicalismo, en un bloque partidario compuesto de 109 miembros (CEHP 2019). Un grupo de radicales de FORJA ocupó lugares importantes de la administración de la Provincia de Buenos Aires (Godoy 2015).
Es interesante remarcar que al momento de tratar el Proyecto de Ley Universitaria en 1947, representaron al Justicialismo varios diputados de origen UCR-JR. Dichos legisladores eran docentes y académicos como Raúl Bustos Fierro (UCR-JR Córdoba), José Luis Moreno (UCR-JR Mendoza), Ricardo Guardo (UCR-JR Capital Federal) o Leonardo Obeid (UCR-JR Córdoba). Estos radicales tuvieron una influencia fundamental en la organización universitaria de la etapa, que adquirió marcados rasgos reformistas.
El peronismo fue un movimiento pluri-ideológico y lo integraron católicos, judíos, musulmanes y dirigentes marxistas y agnósticos. Esta diversidad estuvo estrechamente vinculada a la estratificación social de la Argentina, edificada con la afluencia de inmigrantes de diversas comunidades étnicas y nacionales. Tal cual documentó Raanan Rein, el peronismo protagonizó una experiencia de asimilación cultural sumamente exitosa (Rein 2007 y 2018). Si bien la iglesia católica aumentó su influencia en el área educativa ya desde los años treinta, las seis universidades argentinas durante el peronismo mantuvieron su condición de instituciones con una amplia pluralidad religiosa, étnica y partidaria (Recalde 2016) (Puiggrós 1993) (Dercoli 2014).

La política nacional ingresa a la universidad
La Revolución de 1943 y el posterior ascenso del peronismo dividió a todas las fuerzas partidarias y la disputa política nacional se trasladó al seno de las universidades. Uno de los escenarios de la disputa fue la campaña electoral de 1946, en la cual se movilizaron docentes y estudiantiles en ambas expresiones electorales. La FUA y las federaciones de Buenos Aires y del Litoral integraron las columnas de la Unión Democrática y encumbradas autoridades académicas firmaron una solicitada auspiciando la detención de Juan Perón y el traspaso de poder a la Corte Suprema de Justicia.
En el contexto del debate de la Ley Universitaria del año 1947 se produjeron fuertes debates y acusaciones cruzadas que revelaron el alto grado de politización de la Educación Superior que el peronismo no inventó, pero que innegablemente potenció. Hubo profesores y estudiantes de origen e ideario radical y socialista en ambos espacios políticos, aunque las conducciones de la UCR y del Partido Socialista se manifestaron en pública oposición a Perón. Por ejemplo, en el recinto de la Cámara de Diputados el radical Alfredo Calcagno cuestionó la vinculación con el conservador Patrón Costas que tenía el interventor de la UNLP de 1944, Ricardo Labougle. El dirigente justicialista originario de la UCR- JR, Eduardo Colom, le respondió acusándolo de que los rectores universitarios concurrieron a un banquete con el embajador de los EUA, Spruille Braden (Sesiones Cámara de Diputados 1947: 702).
Durante la etapa se crearon  nuevas agrupaciones y el oficialismo impulsó la Confederación General Universitaria (CGU), la Agremiación del Profesorado Universitario (ADA) y la Confederación General de Profesionales (CGP), que oficiaban como la contracara de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y de los Colegios Profesionales ligados directamente a la oposición partidaria nacional.
Esta situación derivó en renuncias, cesantías docentes y en enfrentamientos entre los grupos identificados con el oficialismo y con la oposición. Las tensiones en la universidad de 1946, fueron análogas a las disidencias de la UCR con los conservadores de Córdoba en el año 1918.  La diferencia entre ambos procesos es que el peronismo supuso una continuidad mayor con la institución reformista , a diferencia de esta última tradición que rompió más tajantemente con las autoridades y con los académicos anteriores al radicalismo (Recalde 2016).

Si bien esa disputa malgastó esfuerzos y conllevó a que valiosos académicos se alejaran de la universidad, no impidió el desenvolvimiento de un proyecto científico y tecnológico sumamente importante para la institución hasta nuestros días. Lamentablemente para el país y para la comunidad académica en particular, esta lucha entre partidos nacionales y corrientes universitarias siguieron y se radicalizaron durante el periodo y culminaron en el golpe de Estado de 1955 que expulsó a numerosos profesores y autoridades de las universidades. Incluso, el estatuto de la UBA de 1956 estableció la prohibición de la cátedra para quienes se identificaran con el peronismo.  


Los Planes Quinquenales y la Constitución Nacional de 1949
“La enseñanza impartida hasta el presente ha tenido un carácter enciclopedista, y nosotros debemos ir a la especialización. Hacen falta especialistas y no los hay (…) La mejor colaboración que pueden prestar los profesores al Plan Quinquenal es estudiándolo para ver cuáles deben ser las especializaciones a crearse”. Juan D. Perón año 1947
Una de las características centrales del justicialismo fue que planificó las políticas del Estado. En varios aspectos, esta voluntad entraría en colisión con una tradición que no percibía la necesidad de un diálogo permanente entre necesidades nacionales y formación académica, producto de una visión profesionalista estrecha.
El Gobierno Nacional sancionó el Primer Plan Quinquenal (1947-1952) que incluyó once metas generales para la universidad y un proyecto de ley para su regulación. La iniciativa adjuntó una “exposición de motivos”, en la cual la nueva fuerza política reivindicó el legítimo derecho a regular la vida académica. El documento consideró necesario vincular más estrechamente el desarrollo nacional y la ciencia. Entre otras metas, el Plan Quinquenal contempló extender la dedicación exclusiva de los docentes y su ingreso por concurso. Proyectó establecer la gratuidad de los estudios y crear un sistema de becas, entre otros temas fundamentales en los que había acuerdo entre oficialismo y oposición.

En el año 1949 se sancionó una nueva Constitución Nacional. Por primera vez en la historia de la Argentina, la Carta Magna incluyó la autonomía[5] de las universidades cuyos alcances serían determinados “dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento”. La Constitución estableció que “El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado superior, que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad”. Se crearon “regiones universitarias” y se mandató a la institución a  “organizar los conocimientos universales” y a “profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales”.
La Constitución incluyó “cursos obligatorios y comunes” tendientes a la formación política de los egresados, que tenían que adquirir “conciencia de la responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en esta Constitución”.
La nueva Carta Magna modificó el esquema de los cinco ministerios incluidos en la Constitución de 1853. Gracias a esta reforma, en el año 1949 se creó el Ministerio de Educación de la Nación como un desprendimiento del de Justicia e Instrucción Pública. Con el flamante organismo y conjuntamente con el Consejo Nacional Universitario, integrado por los rectores de las universidades nacionales, instituido en 1947, el Estado propendió a reorganizar y a reglamentar la cultura, la ciencia y la investigación de las Casas de Altos Estudios. La nueva cartera educativa empezó a definir estándares y a regular con mayor exactitud el funcionamiento del conjunto universitario. Se instauró la asistencia obligatoria de los alumnos, el monopolio de la emisión de títulos habilitantes, se coordinaron los planes de las carreras vinculadas y se homologaron condiciones de admisión, de equivalencias y de tipos de ingreso. Se regularon los mecanismos de entrada a la enseñanza por concurso y se instauraron las Carreras Docentes, tendiendo a conformar un sistema más integrado de Educación Superior (Ministerio de Educación de La Nación 1952: 30-31). La etapa estuvo caracterizada por la implementación de grandes programas de obra pública en todas las universidades de la Argentina.
En el año 1952 se aprobó el Segundo Plan Quinquenal (1953-1957) que postuló ocho grandes metas universitarias, entre las que se destacaron la de formar profesionales con, “responsabilidad social y plena conciencia de que están obligados a servir al pueblo”; la de consolidar una educación “gratuita, eminentemente práctica y especializada”;  avanzar en la implementación de la dedicación exclusiva de los docentes; abrir centros universitarios en todo el país; incluir de manera obligatoria “cursos para posgraduados” y entablar una “vinculación permanente con el mundo a fin de mantener el nivel de enseñanza universitaria”. El Plan propuso que las universidades asesoraran al Gobierno Nacional.
Sobre estas bases, la planificación gubernamental puntualizó que el Estado aseguraría el ingreso a todos los aspirantes y que las instituciones tenían que incluir a 200.000 alumnos al año 1957 (un 100% más que en 1951). El Segundo Plan Quinquenal contempló la apertura de las Facultades Obreras creadas por la ley 13.229/48.

La planificación incluyó un apartado específico de “investigaciones científicas y técnicas”. La iniciativa proponía formar investigadores con conciencia social, “exaltando el valor de su misión en la comunidad y protegiéndolos mediante una adecuada legislación”. La conducción de la política científica estaba a cargo del flamante Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICyT), institución ignorada posteriormente como real antecedente del actual CONICET.

lunes, 2 de septiembre de 2019

Las elecciones PASO 2019


Aritz Recalde, agosto 2019
La elección tradujo el resultante de una conjunción de factores económicos, sociales y políticos.

La economía del subdesarrollo
El gobierno de CAMBIEMOS es una muestra cabal de que la política económica  neoliberal tiene consecuencias negativas para la producción, el trabajo y las finanzas públicas argentinas. Los Ministros Prat-Gay, Dujovne y Caputto reiteraron los perniciosos resultados de sus antecesores Martínez de Hoz, Cavallo, López Murphy o Roque Fernández.
Mauricio Macri recibió un país con problemas macroeconómicos caracterizados por el bajo crecimiento (+2,1% en 2015), una inflación que rondó los 25% y con déficit fiscal y comercial. El Presidente denominó a este escenario “pesada herencia” y en lugar de buscar las causas reales del histórico y cíclico proceso de estancamiento argentino, hizo una caracterización subjetiva y simplista y acusó a una persona: Cristina Kirchner. En realidad, el inconveniente económico del país con el cual se topó tenía entre sus causantes la recesión de Brasil, el proteccionismo de la economía mundial, el bajo crecimiento chino y el deterioro del precio de nuestros productos de exportación en una economía cartelizada y extranjerizada como la Argentina. Ya desde el año 2012 en el país empezaron a escasear las divisas y el gobierno protagonizó el recurrente ciclo de devaluaciones (2013), regulaciones cambiarias (cepo) y de falta de recursos para financiar la inversión.
Un tan simplista y erróneo diagnostico como el de Macri, difícilmente podía terminar bien.   Durante su gestión CAMBIEMOS no resolvió ningún problema estructural del país, sino que los potenció a todos. De los cuatro años de mandato solamente en uno creció la economía (+2,7% en 2017)  y en el resto se produjo una caída estrepitosa de la actividad industrial y comercial. De 2015 a 2019 el PBI se contrajo un 3,5%. En 2016 la inflación fue del 40% y en los últimos dos años ascendió al 50% anual. Recibieron un dólar que rondaba los $ 10 y actualmente está en $ 60 acarreando un desbarajuste general de los precios y de las cadenas de distribución y de venta.
En paralelo al cierre de miles PYMES y al aumento del desempleo, un grupo reducido de corporaciones se beneficiaron con la dolarización, con la suba de las tarifas y con la desregulación financiera que permitió fugar las divisas al extranjero. Los exportadores usufructuaron las devaluaciones y la baja de retenciones (soja o minería) que les permitió acrecentar sus ya cuantiosas ganancias.
Con CAMBIEMOS los productores locales y los trabajadores perdieron ingresos para transferírselos a los especuladores financieros, a las empresas de servicios y a los exportadores.  En paralelo, el país acumuló una deuda cercana a los 30 mil millones de dólares anuales, superando el volumen generado por la dictadura de 1976 y por Carlos Menem. Para morigerar la crisis financiera consiguieron un abultado préstamo del FMI, que suponían les daría estabilidad macroeconómica de cara a la elección, cuestión que no ocurrió.
La ambición desmesurada de los CEOS, la ideología liberal que es fácticamente anti productiva y la difícil inserción económica internacional del país, condujeron al desastre a la economía que minó la estrategia electoral oficialista.
La fábrica de pobres y más pobres
Entre 2003 y 2015 al gobierno le tocó remontar la crisis de 2001 y en 12 años se generaron 4,5 millones de empleos y se implementó una cobertura social universal (AUH y jubilaciones). Pese a eso, en el plano social CAMBIEMOS recibió según los datos del INDEC intervenido en 2015, el alarmante dato de que un 33% de los argentinos estaba en la pobreza.
En ese contexto, la propuesta de “pobreza cero” le había dado a Macri una consigna electoral atractiva para un sector popular que aspiraba, legítimamente, a mejorar su vida. Muy lejos de sus promesas CAMBIEMOS sumó otros 4,5 millones más de pobres y está hundiendo en el desamparo a seis de cada diez jubilados que cobran el haber mínimo y que deben enfrentar los aumentos de medicamentos que es regulado por los CEOS socios del mismo gobierno.
En 2015 CAMBIEMOS prometió “trabajo digno” en un mercado laboral caracterizado por un alto subempleo y por la informalidad. No solamente no se creó trabajo sino que según datos oficiales y solamente en 2018 se perdieron más de 266.000 puestos y el desempleo ya supera los dos dígitos (10,1%).
Los sectores medios siguieron pagando el impuesto a las ganancias y junto a las clases populares padecieron los permanentes aumentos de los alimentos, de los programas de salud, de las tarifas, del combustible, del transporte y de los remedios.
El malestar social acentuó el clima electoral anti Macri y contribuyó en buena medida a explicar el actual escenario electoral.
La unidad política de la oposición
Si en los planos de la economía y de la cuestión social CAMBIEMOS demostró incompetencia (o en realidad una gran capacidad de enriquecer a los CEOS a costa de la pobreza generalizada), en el plano político introdujeron una experiencia digna de análisis.
Teniendo minoría en ambas cámaras aprobaron prácticamente todas las leyes que impulsaron. En menos de dos años desandaron la política de negociación de deuda que le demandó una década al kirchnerismo, derogaron los aspectos centrales de la ley de Servicios de Comunicación, reprivatizaron la televisación del futbol y modificaron radicalmente la política exterior poniendo al país debajo la egida de los EUA. En poco tiempo contribuyeron a destruir la UNASUR y a poner en riesgo el MERCOSUR. Implementaron modificaciones tributarias antinacionales y aprobaron la reforma previsional pese a las masivas movilizaciones y cuestionamientos a la medida.
A lo largo de los casi cuatro años tuvieron una estrategia comunicacional y un discurso mediático ordenado y sin fisuras. Manejaron con destreza la imagen y la dimensión emocional alcanzando consenso en una parte importante del electorado al cual perjudicaron. Tuvieron escasas rupturas de su frente electoral y pese al deterioro económico controlaron la agenda pública y mediática con mucha habilidad.
Gestionaron el conflicto social evitando desbordes y CAMBIEMOS se demostró mucho más eficiente para enfrentar los reclamos del sindicalismo y de las organizaciones sociales que la UCR en 1989 y en 1999.
Previo a la actual derrota en las PASO, Macri preparaba su sucesión con una propuesta competitiva y dentro de CAMBIEMOS apuntaló a dos de sus candidatos PRO de cara al 2023 (Vidal y Larreta). En ambos distritos elaboraron una estrategia política ordenada, en la cual los radicales terminaron acatando la conducción del Presidente. El Gobierno Nacional a diferencia de sus antecesores kirchneristas que tejían alianzas con los intendentes, implementó una política de transferencia de recursos a la Gobernadora bonaerense. Vidal consiguió parte de los fondos del Ente de Reparación Histórica de la época de Duhalde y aplicó reformas institucionales muy importantes como fue el fin a la relección indefinida de los intendentes.
En 2019 y por primera oportunidad desde 2013, los CEOS y sus delegados políticos no consiguieron dividir al espacio peronista – progresista. En las elecciones presidenciales de 2015 CAMBIEMOS obtuvo 28% (PASO), 34% (generales) y 51 % (segunda vuelta). En 2017 el oficialismo sumó el 35,9 % de los votos a nivel nacional. Actualmente, CAMBIEMOS alcanzó el 32%. Exceptuando la segunda vuelta de 2015, entre 6 y 7 votos de cada diez no iban a Macri. La diferencia sustancial con las PASO de 2015 y de 2017 es que un sector mayoritario de la oposición se unificó y concentró el voto anti CAMBIEMOS (Kirchnerismo, Frente Renovador y PJ).
La “ancha avenida del medio” se redujo considerablemente en una campaña polarizada. El debilitamiento de la “tercera vía” en la Provincia de Buenos Aires fue definitorio del panorama nacional. La pérdida de votos en distritos importantes como Santa Fe, Mendoza o Córdoba terminó de torcer la balanza para el frente opositor.   
Para tener chances de triunfar CAMBIEMOS necesitaba que los actores sociales (sindicatos y  organizaciones sociales) y políticos (Kirchnerismo, Frente Renovador, gobernadores e intendentes justicialistas y radicales no oficialistas) no se reúnan. Lo consiguió en la elección a gobernador en Jujuy. No lo logró a nivel nacional y la operación de integrar a Pichetto llegó tarde y no tuvo el efecto divisorio esperado de la oposición peronista.
La decisión de correrse de la candidatura a la Presidencia de Cristina, favoreció que Alberto Fernández amalgame un sistema de alianzas similar al del 54% del 2011.   

Unidos o dominados
CAMBIEMOS deja un país con empresas quebradas, con una pesada deuda externa y con una terrible y dramática deuda social. El gobierno entrante tendrá menos recursos públicos por la baja de las retenciones y deberá abordar los altos costos de los intereses de deuda.
La oposición habrá aprendido con lo ocurrido en 2013, 2015 y 2017 que el peronismo divido pierde elecciones. También queda claro que un sector importante de los argentinos apoya al neoliberalismo y lo hizo con Menem, con De la Rúa y ahora con Macri pese a los malos resultados macroeconómicos.  Hay mucho que trabajar políticamente con estos millones de argentinos. De esta prédica dependerá la posibilidad de tener políticas de Estado a largo plazo.
Estos últimos años también revelaron que el pragmatismo partidario es capaz de apoyar cualquier política, esté quien esté en el poder y por más deshonrosa que sea para los intereses nacionales. Los sindicatos, las organizaciones sociales y los sectores medios universitarios fueron el corazón de la resistencia a CAMBIEMOS, cuando en paralelo un sector de la dirigencia opositora cogestionó el programa con Macri.
El peronismo requiere de un Partido nacional y de una orgánica que contenga y que potencie a la militancia, que debata y que fije lineamientos programáticos y doctrinarios de mediano plazo. Actualmente, se desenvuelve como una desordenada federación de gobernadores, intendentes, sindicatos y organizaciones populares.
El nuevo Gobierno deberá ser consciente de que Macri y Dujovne son parte de la “pesada herencia”, pero que en realidad hay problemas económicos estructurales e históricos que no se van a ir con el actual Gobierno. El subdesarrollo, la inestabilidad macroeconómica y la desigualdad se quedarán por muchos años y la reconstrucción del país demandará tiempo.

Es momento de convocar a la unidad política y económica nacional de todos los sectores opositores. Se vienen tiempos de concertación económica y social y de diálogo y de acuerdo político interpartidario. El mes de diciembre de 2019 nos encontrará unidos o dominados.


martes, 13 de agosto de 2019

Políticas de seguridad de la gobernación de Antonio Cafiero


Aritz Recalde, de agosto 2019


La seguridad en las Bases para el Plan Trienal Justicialista
“La represión debe ser considerado el último instrumento de la seguridad delictiva, que debe siempre ir precediendo de la política social y de la prevención del delito”.  Bases para el Plan Trienal Justicialista

En el año 1986 los equipos técnicos de Antonio Cafiero integrantes del Centro de Estudios para la Renovación Justicialista (CEPARJ), publicaron las Bases para el Plan Trienal Justicialista. La propuesta incluyó el apartado “la protección de los derechos personales y la familia”. La iniciativa mencionó que las instituciones provinciales tenían la obligación de “erradicar la delincuencia organizada y las manifestaciones más antisociales de la criminalidad”.
Entre los dos tipos principales delitos identificados por el CEPARJ estaban el tráfico de drogas, la pornografía y el juego organizado; y en segundo lugar los asaltos y las agresiones personales. Puntualizaron que los primeros requerirían la acción coordinada de los tres niveles del Estado (municipal, provincial y federal), de las instituciones de la comunidad y de asesores profesionales especializados. Para el abordaje de los asaltos y agresiones el CEPARJ propuso implementar un esquema preventivo incrementando “la actividad ambulatoria de los efectivos policiales”. Se propició la reforma de la legislación penal y procesal y la recuperación social de los menores que delinquieron evitando su “internacionalización institucionalizada”.
El CEPARJ impulsó una Reforma Judicial orientada a modificar la política “centralista que conspira contra los principios de la celeridad, inmediación y economía de la Justicia”. Proponían renovar las cárceles atendiendo la densidad de población, la necesaria diferenciación funcional de los establecimientos y su distribución territorial con la finalidad de lograr “el mejor cumplimiento del fin constitucional de rehabilitación de los reclusos” (CEPARJ: 23-24).

La opinión de las organizaciones libres del pueblo
Antonio Cafiero impulsó una gestión participativa y convocó a la comunidad a intervenir en el diagnóstico, la planificación y la implementación de las políticas del Estado. Con este objetivo entre los meses de marzo y de octubre del año 1988 la Dirección de Entidades de Bien Público de la Provincia, realizó seis encuentros regionales de reflexión en las localidades de Quilmes, Moreno, Olavarría, Necochea, Bahía Blanca y San Nicolás. Participaron miembros de Sociedades de Fomento, Clubes y entidades deportivas, Hogares policiales, Cooperadoras, Cetros Nativistas, Centros de Jubilados y Pensionados, Cooperativas, Talleres Protegidos, Mutuales, Bibliotecas y de Bomberos Voluntarios (Dirección de Entidades 1989).
Los participantes de los foros se distribuyeron en comisiones temáticas y una de ellas trató el eje Seguridad. El abordaje del concepto fue amplio y surgieron temas de delincuencia contra las personas y los bienes, aspectos de seguridad frente a siniestros, catástrofes y accidentes y se mencionaron políticas de prevención y de educación. En los encuentros se tocó la cuestión de la labor policial, del funcionamiento del Poder Judicial y de otras instituciones como los bomberos y los correccionales de menores.
Las Entidades de Bien Público propusieron:
-       Penalizar más severamente el consumo y el tráfico de drogas.
-       Modificar el Código Procesal Penal para facilitar el accionar policial frente a los delitos “a efectos de que no solo esté salvaguardada la figura y la persona que comente el delito, sino también la comunidad, de tal suerte de lograr mayor equilibrio en el logro de protección del bien común”.
-       Aumentar la cantidad de efectivos policiales y orientar su labor a patrullar las calles y menos a realizar tareas administrativas en comisarías.
-       Invertir mayores recursos en tecnología y en logística policial.
-       Reorganizar los radios de acción policial por ser muy amplios y por carecer de control eficiente del territorio.
-       Trabajar de manera conjunta entre la comunidad y el Estado para resolver problemas de iluminación y eliminar baldíos para evitar que sean utilizados para delinquir.
-       Articular la labor policial con las Entidades de Bien Público “para que en forma práctica, rápida y organizada se piense en una táctica y estrategia que le permitan actuar rápidamente” y para “controlar las personas extrañas que merodeen” por los barrios de la Provincia (Dirección de Entidades 1989).
  
Las fuerzas de seguridad en épocas de crisis
La situación social bonaerense y la delincuencia
El contexto social e institucional de la gobernación de Cafiero no fue nada fácil. La política económica de la dictadura deterioró la estructura productiva bonaerense. Este proceso fue continuado en democracia durante la gestión de Raúl Alfonsín y como resultado de eso se acrecentaron el desempleo y la pobreza. El Producto Bruto por habitante del país se redujo casi el 20% entre 1974 y 1990 y en el mismo período el sector industrial cayó en su participación del 28% al 21% del PBI (Síntesis Bonaerense 1990: 99).
Relacionado con esta realidad económica y social aumentaron los índices de criminalidad. En 1985 en la Provincia de Buenos Aires se produjeron 47.370 delitos y en 1989 122.608. En el mismo período en el conurbano bonaerense la cifra se elevó de 27.226 a 83.645 casos.
En el año 1990 la Subsecretaría de Seguridad publicó el documento Plan de Seguridad. En el texto se presentaron estadísticas que daban cuenta del crecimiento de los hechos delictivos durante las décadas del setenta y del ochenta. En el texto se remarcó que el principal aumento se observó en los delitos contra la propiedad y contra las personas. Se detalló que “el achicamiento del aparato productivo, la concentración urbana, la vulnerabilidad de los asentamientos, la desocupación y especialmente las crisis económicas años 75 y 86, entre otros, han repercutido sobre la vida cotidiana consolidando profundas desigualdades sociales (…) y este creciente desequilibrio en la generación y disfrute de bienes contribuye al incremento de la actividad delictiva creando un clima de inseguridad en la población” (Plan Seguridad 1990: 7).
Frente a esta realidad en el año 1989 el Ministro de Gobierno Carlos Álvarez, planteó que la tarea de seguridad tenía que ir de la mano de una nueva política económica que genere trabajo y que garantice a las familias el acceso a la educación, la salud y la vivienda. Álvarez sostuvo que una vez atacados los fenómenos sociales que inciden en la tasa del delito,  “hay que tener en cuenta que aún los países desarrollados tienen el problema de seguridad” (Síntesis Bonaerense 1989: 140-141).

La cultura policial de la dictadura
En el documento Plan de Seguridad se detalló que en los años 70 la policía había sido “conducida políticamente como fuerza de repliegue ante un objetivo de conflicto interno (…) este objetivo principal sobre cualquier otro existente, marcó en la fuerza policial una conducción operativa definida de repliegue y actuación como represión ante objetivos determinados. Lo expuesto definió una tendencia permanente de falta de presencia policial en las calles y un acostumbramiento de estilo operativo de sus cuadros y tropas en actuar reaccionando y no previniendo”. A este inconveniente se sumó el hecho de que no había una Ley de Seguridad nacional y las competencias provinciales y municipales eran difusas (Plan Seguridad 1990: 17).
Un tema que sobrevoló la etapa fueron las desobediencias y los levantamientos militares carapintadas contra el gobierno nacional. Antonio Cafiero se enfrentó públicamente a este accionar sedicioso y en sus palabras “En todos los casos, fuera el presidente Alfonsín o Menem, siempre sostuve la misma actitud de pleno respaldo a las instituciones democráticas que había adoptado durante los episodios de Semana Santa de 1987” (Cafiero 2011: 440).
Por requerimeinto del Gobernador la policía de Buenos Aires resistió el intento de copamiento guerrillero del regimiento de La Tablada, producido el 23 de enero de 1989 (Los 200 emprendimientos 1991) (Síntesis Bonaerense 1990: 101).
En el mes de mayo de 1987 se produjo la muerte a manos de la policía de tres jóvenes en la localidad de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. Poco tiempo después, en agosto de 1987 se originó un acuartelamiento policial en la Provincia de Buenos Aires. En una entrevista del mes de diciembre de 1987 Antonio Cafiero mencionó que el episodio más negativo del año había sido la “asonada policial” y si bien fue presentada por los efectivos como parte de reclamos salariales, el gobernador la caracterizó como un “apriete”. En ese marco, puntualizó que “Nosotros apuntamos a una revalorización de la institución policial y para eso necesitamos una policía ética, con profunda vocación de servicio y consustanciada con la democracia” (Síntesis Bonaerense 1988).
Durante la gobernación Cafiero se iniciaron investigaciones sobre la corrupción policial y en 1989 se dejaron cesantes y fueron exonerados 607 efectivos y al 1 de octubre de 1990 otros 537 agentes siguieron el mismo camino (Síntesis Bonaerense 1990: 101). 

El primer año de gestión
Según datos del Ministerio de Gobierno Buenos Aires estaba en el puesto 23 en la cantidad de policías por habitante en las provincias argentinas. Los bonaerenses disponían de 2,7 agentes cada mil personas, La Pampa 5,8 y Tierra del Fuego 10 y “el mínimo indispensable para un desempeño aceptable de la función de prevención debe ser 4 x 1000 y el ideal de 7 x 1000” (Plan Seguridad 1990: 11-14 y 17).
El Ministro de Gobierno del primer año de la gestión de Antonio Cafiero, Luis Brunati, puntualizó que “la policía bonaerense cuenta con 38.000 efectivos de los cuales 8.000 cumplen funciones del tipo administrativo”. Los 30.000 agentes de calle se dividían en tres guardias para cumplir las 24 horas en las 663 dependencias entre unidades regionales, comisarias, subcomisarias, destacamentos y puestos de vigilancia. El Ministro consideró necesario “el remplazo del modelo actual por otra más eficiente que asegure una mayor presencia policial en la calle”. Entre las medidas implementadas en el primer año de gestión, Brunati puntualizó que se sumaron 1400 agentes y se firmaron convenios con las municipalidades que aportaban autos, sistemas de comunicaciones y combustible.
En una entrevista del mes de diciembre de 1987 Cafiero hizo referencia a las primeras acciones de su gobierno y a los proyectos que tenía en cartera. Indicó que “incorporamos a 1400 agentes policiales para que recorran las calles y no para que ocupen escritorios”. Propuso crear un arancel para algunos de los servicios brindados por la fuerza y sus fondos serían destinados a modernizar la policía. 
En otro plano, Brunati mencionó que el “sistema carcelario bonaerense[1] era más que sombrío” y con la finalidad de mejorarlo se creó una Comisión Pro-Olmos y se trasladó a otras dependencias a prisioneros de alto riesgo para “desmembrar las verdaderas fuerzas policiales de choque que se habían constituido en los penales” (Síntesis Bonaerense 1988: 102).

El Plan de Seguridad 1989 / 1990
El 25 de noviembre de 1989 el entonces Ministro de Gobierno Carlos Alvarez presentó el Plan de Seguridad Provincial. La propuesta  tenía cinco pilares centrales que eran la lucha contra el narcotráfico, el reequipamiento y restructuración de la policía provincial, la reforma del Código de Procedimiento, la construcción de nuevas cárceles y la participación de la comunidad. El programa incluyó la descentralización con las municipalidades y difundió el lema “ganamos la calle, para que la calle sea tuya” (Síntesis Bonaerense 1989: 31).
Para implementar el Plan Cafiero creó un Consejo de Seguridad presidido por el Ministro de Gobierno, los subsecretarios de Seguridad, Gobierno y Justicia, el Jefe Policial, representantes de ambas cámaras, intendentes e instituciones de la comunidad (Síntesis Bonaerense 1989: 30-31).
El Plan de Seguridad puntualizó que frente a los problemas de seguridad era habitual culpar a las policías por ser corruptas y proponer mayores penas con reformas legales. En la óptica de la Gobernación, si bien ambas cuestiones eran aspectos a tener en cuenta, debían necesariamente integrarse con un plan global de seguridad. Se destacó por eso que aplicarían una política integral en la materia y con esta meta Cafiero implementó un “Ciclo de Seguridad” conformado con los cuatro ejes Sistema Normativo, Sistema de Seguridad (policía), Sistema Judicial y Sistema Penitenciario.

La nueva Estructura Orgánica de la seguridad bonaerense
En el año 1989 se aprobó una restructuración de la Seguridad de la Provincia y se crearon:
-       La Dirección General del Narcotráfico y la Drogodependencia[2] integrada a la Drugs Enforcement Administration (DEA) norteamericana;
-       La Dirección General de Ciencias Técnicas y Criminalista;
-       La Dirección General de Inspección y Control de Gestión  con asiento en la Jefatura de Policía y con cinco Directores Regionales;
-       La División Sustracción de Automotores y se fundaron nuevas Delegaciones de la Dirección de Abigeato (Plan Seguridad 1990: 60-61).
-       La División de la Mujer[3] y el Menor que tenía como tarea verificar el correcto funcionamiento de la Comisaría del Menor y de la recientemente fundada Comisaria de la Mujer. El Plan detalló que el “organismo que representará a la Policía ante otras dependencias del Estado o Poderes y coordinará con los mismos todo lo inherente a la problemática (…) centralizará todo requerimiento que le efectúen las dependencias bajo su órbita y se ocupará de realizar el seguimiento de expedientes (…) se incorpora a esta División la Sección Prevención Asistencial y por lo tanto se la dota de las Asistentes Sociales que cuenta la Repartición para atender los distintos casos de la citadas comisarias” (Plan Seguridad 1990: 74).

Se implementó un Programa de Formación de Subcomandos Radioeléctricos, caracterizados por “su presencia permanente en las calles con el solo objetivo de prevenir y/o recibir las urgencias o necesidades de la población para actuar de inmediato”, permitiendo que la comunidad “disponga las 24 horas del día de un elemento que reacciones en el menor tiempo posible ante una urgencia o necesidad que se le presente  (Plan Seguridad 1990: 50).
Cafiero formó los destacamentos de la Policía Vial con las funciones de la anterior Policía Caminera (Cafiero 2011: 467).

Mejorar la relación de la policía con la comunidad
El Gobernador creó los Consejos de Seguridad Municipales otorgando una participación activa a la comunidad y a las autoridades locales. Estaban integrados por “un coordinador designado por el Intendente, por un miembro del Consejo Deliberante, uno de cada organización intermedia de la zona, cooperadoras, sociedades rurales y un representante de la Unidad Regional o comisarias del lugar. Su tarea: sumar esfuerzos, priorizar necesidades y fortalecer la acción de la policía provincial” (Síntesis Bonaerense 1989:74). En cuatro años se abrieron en la Provincia 80 Consejos se Seguridad Municipal (Los 200 emprendimientos 1991).
La Subsecretaría de Seguridad modificó la capacitación de los efectivos incluyendo materias humanísticas, con la finalidad de mejorar el vínculo de los agentes con los vecinos. 
Se potenciaron las tareas de las Cooperadoras Policiales y se difundió “en la comunidad el accionar desinteresado y abnegado de estas organizaciones, buscando su reconocimiento, y ampliación de la participación de la población en sus proyectos de apoyo a la institución municipal” (Plan Seguridad 1990: 44).

Inversión en recursos humanos
En la Gobernación consideraban que atendiendo las demandas y el crecimiento poblacional la Provincia tenía que sumar 5000 policías por año durante cinco años. En 1987 se incorporaron 1400 agentes, en el año 1989 6000 y 2.025 en el primer semestre de 1990 (Plan Seguridad 1990: 59) (Síntesis Bonaerense 1990: 100). En los cuatro años de su gestión se incrementó la dotación policial en 10.000 agentes y aumentó un 20% su presencia en las calles (Los 200 emprendimientos 1991).
Estos efectivos de seguridad integraron el “Programa de Incrementos, Racionalización y Política salarial del personal Policial” aprobado por Decreto 236/90. Los nuevos agentes se destinarían a cubrir tareas en las Comisarias, Comandos y Subcomandos Radioeléctricos, Cuerpo de Infantería, Grupos Operativos de las Brigadas de Investigaciones e Inteligencia y a otras dependencias priorizando la presencia policial en las calles.
La Subsecretaría de Seguridad impulsó diversos programas de capacitación orientados a la terminalidad de la escuela secundaria, Cursos a Distancia para Oficiales Subalternos, Seminarios de Perfeccionamiento Docentes y se impulsó un proyecto de Academia de Estudios Superiores[4] (Plan Seguridad 1990: 59-60).

Inversión en logística y material policial
En el texto Plan de Seguridad se mencionó que en el año 1987 no había uniformes, 800 autos estaban sin funcionamiento, la fuerza carencia de municiones y la mitad de los equipos de radio eran obsoletos. Para empezar a saldar estos faltantes, se aprobó un importante Programa de adquisición de uniformes, de armamento, de automóviles y camionetas y de equipos de comunicaciones, entre otros recursos fundamentales de la logística policial (Plan Seguridad 1990: 65-69).
En el año 1987 Cafiero había manifestado su decisión de que la policía cobre algunos de los servicios que brindaba. Con esta meta, el Plan de Seguridad creó el “Programa de recaudación de recursos propios”. En este marco, la policía dispondría la recaudación proveniente de la Tasa de Servicios Administrativos, de la Verificación y grabado de vehículos, de la Ley de Alarmas, de la Ley de Policía Adicional y de la Ley de Agencias Privadas de Seguridad, entre otros (Plan Seguridad 1990: 53-54).

Grupo Halcón
El Gobernador impulsó la Brigada Especial Operativa Halcón[5] como “cuerpo de elite de la policía provincial para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y los piratas del asfalto”. Inicialmente, funcionó en el conurbano bonaerense y en un segundo momento alcanzó a las localidades de Bahía Blanca, San Nicolás y Mar del Plata. La nueva fuerza tenía equipamiento de última tecnología (Síntesis Bonaerense 1989).

Un nuevo Código de Procedimiento Penal
El gobernador impulsó –sin éxito- un proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal de 1915. Para realizar dicha modificación en el mes de agosto de 1988 Cafiero creó una Comisión especial compuesta por los subsecretarios de Seguridad, Justicia y Asuntos Legislativos, por la Asesoría General de Gobierno y con técnicos designados por el gobernador. Intervinieron en su formulación los Colegios Profesionales, legisladores de distintos partidos políticos, representantes de los municipios, la policía provincial, juristas y representantes de organizaciones intermedias y comunitarias. Entre otros aspectos, contemplaba el principio de instancia única, el juicio oral, la celeridad y verdad real y “busca limitar la impunidad de los delitos graves” (Síntesis Bonaerense 1988: 15 y 102) (Síntesis Bonaerense 1989: 136) (Síntesis Bonaerense 1990: 102).

Bibliografía citada
- Barreneche Oscar (2006) Una política para la seguridad pública: Adolfo Marsillach y la nueva policía peronista, en El Gobierno de Domingo Mercante en Buenos Aires (1946-1952), T II, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.
- CEPARJ (1986) Bases Para el Plan Trienal Justicialista, Frente Renovador Peronista de la Provincia de Buenos Aires.
- Dirección de Entidades de Bien Público (1989) Propuesta de las Entidades de Bien Público al Gobierno del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Acción Social, Provincia de Buenos Aires.
- Fernández María Belén (2019) entrevista personalizada, junio 2019.
- Los Doscientos emprendimientos, obras y logros del Gobierno del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, 1987 – 1991, extraído de Andrew Mcadam (1996), Cafiero el Renovador.
- Recalde Aritz (2018) Políticas para la mujer durante la gobernación de Antonio Cafiero.
- Síntesis Bonaerense (1988) Cafiero y el Pueblo, un año después, un proyecto en marcha, Dirección Provincial de Prensa, Provincia de Buenos Aires.
- Síntesis Bonaerense (1989) Transformaciones, concertación, solidaridad, descentralización, participación, Dirección Provincial de Prensa Provincial, Buenos Aires.
- Síntesis Bonaerense (1990) Después de tres años de gobierno, Dirección Provincial de Prensa, Provincia de Buenos Aires.
- Plan de Seguridad 1990, Subsecretaría de Seguridad, Ministerio de Gobierno, Provincia de Buenos Aires.



[1] El Gobernador Cafiero llamó a licitación  la construcción de cinco cárceles en el conurbano para atender los Departamentos Judiciales de San Isidro, Morón, Lomas de Zamora y San Martín (Síntesis Bonaerense 1990: 112).
[2]  Anteriormente, existía una División de Toxicomanía. El gobierno de Cafiero introdujo el tema de las adicciones a las políticas públicas bonaerenses y desde los Ministerio de Salud y de Acción Social realizó Jornadas Regionales de Participación y Capacitación sobre el uso indebido de las Drogas (Síntesis Bonaerense 1989: 83).
[3] El Gobernador Domingo Mercante incluyó a la mujer a la policía provincial y creó en 1947 la “Brigada Femenina” con 55 agentes, cuyo objetivo era cuidar a la mujer y el menor. Cafiero modificó la legislación para formentar el ingreso femenino a la fuerza de seguridad y creó la Comisaria de la Mujer. El Ministro de Seguridad León Arslanian impulsó la ley 13.201/04 eliminando las restricciones normativas a las mujeres policías (Barreneche 2006: 83-84) (Recalde 2018).
[4] En 1946 fue designado como Jefe de Policía el Coronel Adolfo Marsillach quién impulsó la ley 5270/48 incluyendo un nuevo escalafón y en 1949 fundó la Escuela Superior de Policía que es un antecedente del proyecto de Academia de Estudios Superiores (Decreto Nº 17204/50) (Barreneche  2006).
[5] En el mes de septiembre de 1986 se creó el Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Luego de los levantamientos del Regimiento de La Tablada, Cafiero la refundó como Brigada Especial Operativa Halcón comúnmente denominada “Grupo Halcón”. En 1997 adquirió la denominación de División Especial de Seguridad Halcón. Datos  de https://www.mseg.gba.gov.ar/interior/halcon_div/mision.html

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