jueves, 9 de julio de 2020

Aritz Recalde: “Es momento de declarar una nueva independencia en la línea que planteó Perón en el año ’47”


Entrevista a Aritz Recalde de Gustavo Ramírez para AGN Prensa

Es 9 de Julio, una tarde apacible de invierno. Indefectiblemente el presente nos lleva a pensar en el futuro y a interrogarnos sobre el pasado. Mientras uno reflexiona suena Inconsciente Colectivo y Charly García canta:
Tal vez este párrafo enmarque el contexto preciso para transcribir el diálogo que mantuvimos hace horas con el sociólogo  Aritz Recalde, autor de libros como:  Intelectuales, peronismo y universidad, Estudios Sobre Brasil y El pensamiento de Jhon Willian Cook en las Cartas a Perón, entre otros. Pero más allá de los textos y los títulos, es un pensador nacional y allí está la clave para encontrarnos con esta fecha histórica en un nuevo contexto crítico y pensar a este bendito país.

G. R.: LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE 1816 VISTA DESDE LA PERSPECTIVA PRESENTE NOS PERMITE INTERROGARNOS SOBRE LO QUE NECESITAMOS COMO PUEBLO: ¿INDEPENDENCIA NACIONAL O DEMOCRACIA LIBERAL?
A. R. Si claro. En realidad uno podría decir que la Independencia en 1816, siendo la primera, es la independencia política. La segunda y definitiva independencia es la del desarrollo integral de la Nación Argentina. El desarrollo integral tiene un aspecto económico, no hay independencia política si no hay  independencia económica. Si vos para gobernar necesitás la plata de un organismo internacional, la inversión extranjera, sos esclavo de una corporación o de un organismo multilateral y no hay realmente soberanía política e independencia económica definitiva sin Justicia Social. Insisto, la primera independencia fue la política, la segunda va a ser la de la soberanía del desarrollo integral, que es la que tiene que ver con la independencia económica y la justicia social.

Independencia económica y justicia social salen, claramente, de los marcos del liberalismo clásico. El resultado del liberalismo clásico en los países es que queda mucha gente afuera y que el desarrollo económico, por ejemplo en nuestro país, termina siendo raquítico, insuficiente y subdesarrollado. Entonces, no necesitamos una democracia formal o liberal, porque en nombre de las buenas intenciones lo que se esconde es un sistema de explotación del trabajador y del productor argentino.

G. R: CON ESA REFERENCIA, ENTONCES, ¿CÓMO DEBERÍAMOS ABORDAR AL PENSAMIENTO NACIONAL ?
A.R.: El pensamiento nacional es una reflexión sobre los problemas de la Nación. La Nación es un territorio con un pueblo encima que comparte un problema y construye una unidad de destino y un principio de solidaridad social. Una Nación es lo que su pueblo está dispuesto a hacer frente a otros países. Entonces, el pensamiento nacional argentino discutió estas cuestiones, la unidad de destino, qué queríamos hacer con Argentina y dentro de esa unidad de destino discutió cuál era el principio de organización, indentitario, cultural, la conciencia nacional que refuerza el principio de solidaridad social y que le permite, a esa comunidad, insisto, pensar un proyecto, diagramarlo e implementarlo.
Dentro del pensamiento nacional se incluyó esta discusión desde distintos lugares: Raúl Scalabrini Ortíz pensó la Nación desde el transporte, desde la energía, desde la renovación del Banco Central. Arturo Jauretche pensó el tema nacional, centralmente, desde la cultura, desde la necesidad de revisar el rol de los medios de comunicación de masas, desde re-discutir los programas y planes de estudio. Hoy tenemos que reactualizar esos debates. O sea, pensar la nación, cómo la nación construye su unidad de destino, cuál es su proyecto de comunidad frente a los otros Estados y cómo esa unidad de destino, ese proyecto de solidaridad social se implementa sobre uno de  los pilares fundamentales de la Nación, que es su programa económico independiente y con un pueblo con Justicia Social y libre.

G.R: ¿ EN ESE “PENSAR EL PAÍS” QUE ASIGNACIÓN HAY QUE OTORGARLE AL CONCEPTO DE COMUNIDAD ORGANIZADA?
A.R. El concepto de Comunidad Organizada lo planeta Perón, en Mendoza, en el marco de un Congreso de Filosofía en 1949 y ahí Perón plantea que la Comunidad Organizada tiene dos aristas. Por un lado,  es un sistema civilizatorio  alternativo al liberalismo y al comunismo. Es la idea de que el hombre se realiza en comunidad, este es un principio moral. El hombre es feliz si la comunidad en la que vive se realiza y esa es una conducta política, pero sobre todo principios morales.
Hoy hay un tema fundamental, el liberalismo, el neoliberalismo, es un sistema egoísta que dice que la persona se realiza consumiendo o comprando, es un liberalismo filosófico existencialista que está destruyendo a la sociedad; la idea de Comunidad Organizada está fuerte como principio civilizatorio contrario al liberalismo, que plantea que el mercado organiza a la sociedad y eso es mentira. El mercado asigna bienes pero no construye sociedad. Después, a su vez, la Comunidad Organizada es un sistema de organización del poder. Perón lo que planteó , de abajo hacia arriba, es que el individuo tiene una tendencia natural a vivir en comunidad y consuma la comunidad primero a partir de la familia y esa familia va tendiendo otro sistema de relaciones hacia lo que Perón llama Organizaciones Libres del Pueblo y ese pueblo construye su representación y esa representación construye democracia.
A la Comunidad Organizada hay que re-actualizarla pero con este planteo que hace Perón: Crear un sistema civilizatorio alternativo a lo que expresa el liberalismo en la guerra del hombre contra el hombre y a su vez tenemos que ir hacia un sistema democrático donde el pueblo sea el sujeto de representación de la democracia.

G.R.: VEMOS QUE HUBO AUTORES QUE NOS PRONOSTICARON EL FIN DE LA HISTORIA, LA CAÍDA DE FRONTERAS Y LA DESINTEGRACIÓN DE LOS ESTADOS NACIÓN. NO OBSTANTE, LA ACTUAL COYUNTURA, HA DEMOSTRADO QUE ESTO NO ERA ASÍ. HOY HAY  AUTORES COMO ALEXANDER DUGUIN  QUE DAN CUENTA DEL PERONISMO, DEL MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO Y COMIENZAN A HABLAR SOBRE UNA CUARTA TEORÍA POLÍTICA. ¿QUÉ PENSÁS DE ÉSTE FENÓMENO?
A.R. -Primero habría que ver la cuestión de las naciones.  Hoy las naciones están vivas, el planteo de la muerte de las naciones fue la ideología de la Nación Norteamericana. Cuando la Nación Norteamericana impone su interés por sobre el resto del mundo eso fue llamado globalización, que es la ideología que esconde el interés de una nación sobre otras. La cuestión de la pandemia puso en el centro esta cuestión nacional. Hoy ningún país sale de los problemas que tiene con la ayuda internacional o con la globalización. No, todos los países salen con políticas nacionales, económicas y sanitarias nacionales.
Vos incluías en el planteo a Duguin. Duguin dice que hay que construir una teoría, un sistema de desarrollo social que supere a los sistemas tradicionales del fascismo, nazismo, comunismo y liberalismo. Entonces ahí habla de  la cuarta teoría política. El peronismo, en su momento, lo ordenó como tercera posición. Duguin hace mucho hincapié en la afirmación cultural de los pueblos. En realidad, lo que Duguin dice es que esta cuarta teoría política de lo que da cuenta es de una cultura nacional rusa cuya entidad amerita creación de una nación soberana. Construir  un Estado Nación sobre un principio cultural histórico que antecede a la Nación Rusa que atraviesa el tiempo. La posición de Duguin, en esa línea,  es acertada. Duguin ve en el peronismo un ejercicio de construcción soberana que se afirma frente a los otros pueblos y que plantea el derecho del principio para construir el destino y las formas de la democracia propia, original y que debe respetado por los otros. Ahí, en Duguin, algunas cosas son aciertos para pensar algunos elementos del peronismo.

G.R: ALGO QUE EN ALGÚN SENTIDO HABÍA PENSADO Y DESARROLLADO ABELARDO RAMOS CUANDO HABLA DE LA NACIÓN LATINOAMÉRICA.
A.R. -Claro, si. Eso atraviesa el pensamiento nacional, porque el tema es así: Si uno mira a la Argentina, a las Provincias Unidos del Río de la Plata y que las Provincias Unidas del Río de la Plata vienen de la experiencia del Virreinato del Río de la Plata y que el Virreinato del Río de la Plata viene del Virreinato de las Indias. Incluso que en 1816 participaron del Congreso de Tucumán representantes de la actual Bolivia y no participaron representantes de algunas provincias de nuestro litoral. Qué quiero decir con esto, que hispanoamérica precede a la República Argentina, entonces Abelardo Ramos dice que es lógica la construcción de una patria sudamericana. Es lógica por su historia, por su afinidad cultural y por su enemigo común, eso, en parte también, es  el discurso de Duguin que dice: hay una identidad histórico cultural que precede a la organización estatal o a la actual organización estatal y eso le permite plantear la organización del Estado que empieza a mover las fronteras.
En el pensamiento nacional de Hernández Arregui, Jorge Abelardo Ramos y Juan Domingo Perón, desde otro punto de vista, Cafiero. Todos ellos tenían la idea fuerte de que había una dimensión sudamericana de la construcción nacional y esa dimensión sudamericana tiene  antecedentes históricos culturales y obviamente una actualidad muy fuerte porque compartimos enemigo y si no tenemos conciencia del enemigo, bueno, difícilmente tengamos un país soberano.

G.R. POR ÚLTIMO. ¿ARGENTINA NECESITA PENSAR UN NUEVO ESTATUTO DE INDEPENDENCIA?
A.R: -Claro, mirá, Perón en 1947, también un 9 de julio, fue a Tucumán a declarar el Acta de la Independencia Económica y ahí estaba la idea moderna de la Nación, la segunda Independencia. La segunda Independencia real es la del desarrollo integral, el desarrollo integral implica a  la Independencia Económica y a la Justicia Social. Creo que hoy nosotros necesitamos una nueva declaración de la independencia que le de a la comunidad la administración de sus principales resortes de soberanía: economía, comercio exterior, el sistema de administración financiera y los principales resortes de la actividad industrial, hoy enajenados por corporaciones extranjeras y hacer de independencia económica un instrumento para emancipar socialmente al pueblo. Creo que hoy, comparto, es momento de declarar una nueva independencia pero en esta óptica, en la línea que planteó Perón en el año ’47.

Cae la tarde. Es 9 de Julio. Un tanto distinto pero tal vez algo igual. Ahora Charly canta, tan solo como una anécdota:
QUIÉN SABE ALICIA ÉSTE PAÍS
NO ESTUVO HECHO PORQUE SÍ.
TE VAS A IR, VAS A SALIR
PERO TE QUEDAS,
¿DÓNDE MÁS VAS A IR?


martes, 30 de junio de 2020

“Antonio Cafiero, el estadista bonaerense”: un recorrido por su gestión en la provincia de Buenos Aires


El libro lo escribió el sociólogo Aritz Recalde y se presentará esta tarde


Por Silvia Mercado para INFOBAE
30 de junio de 2020

El apellido Cafiero se puso de moda en los últimos meses. La llegada de Santiago a la Jefatura de Gabinete de Ministros trae a la memoria los tiempos que tuvieron de protagonista a Antonio, el fundador de una saga política familiar que no está exenta de críticas, quizás porque se conocen más las anécdotas falsas que hizo correr el propio Juan Domingo Perón, que nunca quiso demasiado a “Cafierito”, como él mismo lo llamaba, seguramente para bajarle el precio.
Sin embargo, Cafiero no solo fue el ministro más joven del segundo gobierno de Perón, sino también el dirigente que se animó a reclamar el respaldo de la clase media para ganar las elecciones de 1987, casi una herejía en el peronismo tradicional, y el que modernizó la gestión de gobierno con cuadros político-técnicos que, en muchos casos, siguen vigentes.
Ginés González García fue su segundo ministro de Salud, Felipe Solá fue su primer ministro de Asuntos Agrarios, Alberto Cormillot fue su primer ministro de Acción Social, Jorge Remes Lenicov fue su segundo ministro de Economía, Eduardo Amadeo fue su presidente del Banco Provincia, Mario Cafiero fue su secretario general de la gobernación, por nombrar algunos de los profesionales que fueron parte de su equipo, alguno de los cuales partieron al gobierno de Carlos Menem.
Pero más allá de los nombres, lo que impacta del libro Antonio Cafiero. El estadista bonaerense, del sociólogo Aritz Recalde, es la cantidad de políticas públicas progresistas, descentralizadoras y a favor de la transparencia que pudo desplegar a pesar del contexto. “Goberné la provincia durante cuatro años durísimos, en los que pasaron nada menos que tres estallidos hiperinflacionarios, tres asonadas militares, un rebrote subversivo, siete ministros de Economía Nacionales, doce planes de ajuste, una traumática sucesión presidencial y los dramáticos saqueos del hambre”, explicó Cafiero en la autobiografía que publicó en el 2011.

A pesar de eso, diseñó un programa de gestión participativa de la política pública y creó el Consejo para la Participación y el Desarrollo, el Consejo Provincial de la Mujer, los Consejos de Escuela, los Consejos de Seguridad Municipal, los Consejos de Emergencia Bonaerense y de Emergencia Municipal y los Consejos de Salud, muchos de los cuales continúan activos. Otros, fueron la base de políticas con demandas que recién se generalizaron ya en el siglo XXI.
Cafiero no le tenía miedo a los programas más disruptivos, en tiempos en que sus pares huían de los medios.
En diálogo con Infobae, Recalde cuenta que solo estuvo con Cafiero una vez en una cena, en el 2007, cuando él estaba haciendo trabajando en su tesis sobre la historia de las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. “Me llamaba la atención el hecho de que Antonio Cafiero fuera el único gobernador que planteó el modelo de la autonomía municipal, e incluso buscó darle entidad constitucional con una reforma de la Carta Magna provincial -fallida- en el año 1989″, explica.
También relata que empezó a estudiar la obra la Cafiero en el marco de un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Lanús, que analiza la gestión de los gobernadores bonaerenses. “En la investigación fui a buscar al gobernador Cafiero y me encontré con un intelectual, con un lúcido economista y con un gran doctrinario. Posiblemente, junto a John William Cooke, es de los teóricos justicialistas que más claramente reflexionaron sobre la organización política del peronismo. Cooke se orientó hacia la izquierda del peronismo y Cafiero, que era cristiano, se mantuvo siempre más cercano a la idea de la comunidad organizada y de la conciliación de clases”, agrega.

Recalde presentará hoy martes a las 18.30 el libro que editó UnLa a través del canal de youtube del Grupo Fabro.

sábado, 13 de junio de 2020

1949 – 2019: 70 aniversario de la sanción de la Gratuidad Universitaria


Aritz Recalde
Capitulo del libro "La conquista del Derecho

1.      Introducción
El 22 de noviembre del año 1949 por Decreto Presidencial 29.337, se suspendió el cobro de los aranceles universitarios. Con la medida se apuntó a democratizar el ingreso a la educación superior favoreciendo importantes reformas políticas, económicas y culturales en la sociedad argentina.
Hasta el advenimiento del Peronismo, la institución fue elitista y funcionó como un medio de separación de clases sociales otorgando el monopolio del conocimiento y del poder que ello conlleva, a una minoría selecta. La oligarquía terrateniente, el capital extranjero y un reducido grupo de empresarios y de comerciantes radicados en las capitales de provincia, detentaron el poder económico y también el cultural. Ello les otorgó capacidad de decisión política y el control institucional del Poder Judicial, de la administración económica, la salud pública y la educación, entre otras esferas de gobierno.
Según lo detalló Arturo Jauretche en su libro el Medio Pelo en la Sociedad Argentina, el desarrollo económico y social argentino de fines del siglo XIX y de principios del XX, generó las condiciones para el surgimiento de los sectores medios y de pequeños empresarios, muchos de ellos de origen inmigrante. Estos grupos forjaron un status aspiracional conformado por valores, prácticas y consumos culturales. La identidad de los sectores medios se construyó a partir del deporte (tenis o del rugby), de habitar barrios acomodados, ir al hipódromo, tener auto y pileta o viajar de vacaciones. La posibilidad de estudiar en colegios de elite y de acceder a la universidad fueron dos piezas fundamentales de su status.
Jauretche puntualizó que las clases altas y los representantes de los poderes extranjeros delinearon los contenidos y las finalidades de la educación superior, en un proceso que denominó de “colonización pedagógica”. El resultado fue que las clases medias y los empresarios argentinos educados en las universidades aspiraron a ser “clase alta terrateniente” y a verse más como europeos que como americanos y eso los condujo a distanciarse del pueblo. Los intelectuales de clase media se convirtieron en una “intelligentzia” y reprodujeron inconscientemente los conceptos formulados por las usinas ideológicas del extranjero. Como resultado de esa educación, las burguesías locales carecieron de ideología propia, de conciencia y de normas de grupo y para ellos “inglés es el lenguaje de los negocios” y “francés el lenguaje del espíritu”.
Jauretche mencionó que los descendientes de los criollos, de los pueblos originarios y de los gauchos fueron desplazados violentamente a los márgenes de las grandes urbes y culminaron en las villas miseria. Fueron por mucho tiempo desempleados, trabajadores rurales temporarios y con el advenimiento de la industrialización integraron las cuadrillas de obreros de la incipiente economía nacional. Los sectores populares tenían vedado el ingreso a los colegios nacionales y a la universidad y accedían meramente a la escuela primaria en la cual asimilaban los valores de la clase dominante, que edificó desde allí una “política de la historia” y una “colonización pedagógica”.

Ese esquema clasista, racista y estratificado de la universidad fue cuestionado por los nuevos grupos políticos y culturales que paulatinamente se integraron al socialismo y a la Unión Cívica Radical y que confluyeron en las jornadas de la Reforma del año 1918.
La sanción de la gratuidad universitaria de 1949 supuso un reconocimiento a los reclamos y a las luchas de las generaciones anteriores. Tal medida fue facilitada por el hecho de que el Justicialismo logró apoyó en un sector del reformismo y por la capacidad de instalar agenda que tuvo el Movimiento Obrero organizado.
La eliminación de los aranceles adquirió implicancias sociales, ideológicas, políticas y económicas de largo alcance y fue y sigue siendo un rasgo fundamental de la cultura nacional de la Argentina. La democratización de la educación favoreció un cambió de status de las clases medias y de los trabajadores. Los primeros modificaron su visión del mundo acercándose a las posiciones populares y como parte de dicho proceso es que pueden interpretarse la nacionalización de los grupos medios de los años sesenta, el Cordobazo o el rol de los jóvenes en el tercer gobierno Justicialista. Para los trabajadores la gratuidad de la universidad supuso un cambio político y aspiracional. Los obreros ascendieron socialmente, ocuparon lugares fundamentales del poder estatal y privado y tuvieron una renovada conciencia de su centralidad en la construcción de La Nación Argentina.

En el presente artículo vamos a documentar brevemente el marco histórico de aparición de la gratuidad universitaria. Haremos referencias a un conjunto de iniciativas previas al año 1949 y detallaremos de manera sucinta algunos debates sobre el restablecimiento de los aranceles luego de 1955.

domingo, 31 de mayo de 2020

La Política Financiera del Peronismo


Aritz Recalde y Sebastián Tapia, mayo 2020


“¿Qué era el Banco Central? Un organismo al servicio absoluto de los intereses de la banca particular internacional. Manejaba y controlaba los cambios y el crédito bancario, y decidía la política monetaria de la Nación con total indiferencia respecto de la política económica que la Nación debía desarrollar para la promoción de su riqueza. En nombre de teorías extranjeras, desoía los justos reclamos de una mayor industrialización”. Juan D. Perón

En el año 1946 el Presidente Edelmiro J. Farrell modificó el funcionamiento de las instituciones financieras del país. El 25 de marzo nacionalizó el Banco Central con el decreto-ley 8503/46 y el 24 de abril reorganizó el Régimen de Depósitos bancarios con el decreto-ley 11.544/46. Según Antonio Cafiero la iniciativa fue inducida por Juan Perón y supuso la “primera medida del gobierno electo el 24 de febrero”.
Con ambas decisiones se instauró el principio doctrinario del Justicialismo, que establece que la política financiera tiene que vincularse estrechamente con la política económica nacional. Sobre esta base institucional y durante todo el Gobierno de Juan Perón el Estado adquirió la indelegable potestad de orientar y de planificar racionalmente la utilización de los recursos financieros de la colectividad. 

·         El decreto-Ley 8503/46 de Nacionalización del Banco Central
El 24 de marzo de 1946 el entonces Ministro de Hacienda de La Nación, Amaro Avalos, le envió un Informe al Presidente Edelmiro J. Farrell impulsando la creación de un nuevo régimen financiero nacional. Propuso integrar las normativas de “Bancos y del Banco Central”, la de “Coordinación de Bancos Oficiales” y de otras instituciones nacionales como las “Juntas Reguladoras, Elevadoras de Granos y Corporación para la Promoción del Intercambio”. Como complemento, promovió la creación de un instituto especializado de “Créditos, Garantías y Ahorro”.
Atendiendo las recomendaciones de Amaro Avalos, Farrell sancionó el decreto-Ley 8503/46 modificando parcialmente la ley 12.155/35 de creación y de funcionamiento del Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central de 1935
El Banco Central fue creado luego de la crisis bursátil y económica de los años treinta. El Ministro Avalos destacó que para garantizar su fundación el Estado “saneó” a los bancos privados, obligando al conjunto de los argentinos a cargar don dicho costo.
Alfredo Gómez Morales compartió el diagnostico de Avalos y puntualizó que la reforma monetaria y bancaria de 1935 incluyó un “salvataje financiero de los pocos privilegiados” que “conducían con hilos invisibles los resortes de la política y del gobierno del país”. En el mismo sentido Antonio Cafiero mencionó que en 1935 salvaron “de la ruina económica a los bancos e instituciones financieras privadas y extranjeras que durante la época precedente a la crisis del año 30 se habían dedicado a toda suerte de préstamos especulativos”.
La ley 12.155/35 estableció que el Banco Central estaba a cargo de un Presidente, de un Vicepresidente y de doce Directores. Estos últimos eran elegidos a razón de uno por el Poder Ejecutivo, uno por el Banco Nación y diez por la Asamblea de Bancos Accionistas siendo seis en representación de entidades bancarias (1 de provincia, 3 nacionales y 2 extranjeros) y cuatro elegidos en acuerdo con el Directorio y las entidades del agro, el comercio, la industria y la ganadería.
Gómez Morales consideró que este sistema mixto lesionaba la soberanía argentina ya que le otorgaba las decisiones a grupos financieros privados y extranjeros “ajenos al gobierno mismo”. Además puntualizó que el funcionamiento del Banco Central se caracterizó por la “falta de unidad entre el organismo monetario de tipo mixto y el poder político que representaba la soberanía del país (…) los intereses particulares de los bancos, especialmente los extranjeros, agravaban más aún la falta de disposiciones expresas y categóricas sobre el manejo del crédito”.
Antonio Cafiero consideró que el Control de Cambios y del crédito efectuados por el Banco Central no acompañaron la incipiente industrialización. El organismo implementó una “rigurosa ortodoxia” que benefició meramente a las actividades agrícolas. Cafiero consideró críticamente el hecho de que el Banco no favoreció el abastecimiento y el equipamiento del país en la antesala a la Segunda Guerra mundial.

La nueva estructura del Banco Central
El Directorio del Banco Central fue nacionalizado y salieron los accionistas de las entidades bancarias privadas. A éstos últimos se les reintegró su capital en bonos del Tesoro y en efectivo cuando así lo dispusieron.
A partir del decreto-Ley 8503/46 el Directorio se integró con un Presidente, un Vicepresidente y trece Directores. Se especificó que todos ellos tenían que ser argentinos nativos. El Presidente y Vicepresidentes debían disponer de experiencia industrial, comercial y bancaria. Formaron parte del Directorio tres representantes de los bancos oficiales (Nación, Hipotecario e Industrial), cinco delegados de las Secretarías de Estado (Hacienda, Agricultura, Obras Públicas, Industria y Comercio y Trabajo y Previsión). Lo integraron cinco “representantes auténticos” de la industria, de la agricultura, la ganadería, el comercio y de las “fuerzas del trabajo”. Los miembros del Estado y de la producción eran designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las Secretarías y de las entidades representativas del sector. En palabras de Gómez Morales a partir de 1946 “se formó un directorio netamente argentino”.
La cláusula 16 del decreto 8503/46 puso bajo la órbita del Banco Central a los Bancos Públicos, a la Caja Nacional de Ahorro Postal y a la Comisión Nacional de Vivienda. Incluyó a los entes reguladores del comercio como el Consejo Agrario, la Comisión de Granos y Elevadores, la Corporación para la Promoción del Intercambio y diversas Comisiones y Juntas (yerba mate, lecheras, industriales, carnes, vinos, algodón, azúcar, etc.-).

Política monetaria  y desarrollo económico y social
Entre los considerandos del Decreto 8503/46 se destacó que “es propósito del Poder Ejecutivo propender a una intensificación racional de la capacidad productora de la Nación en todos los órdenes, que permita expandir la economía mediante el más activo aprovechamiento de los recursos naturales y humanos y asegurar el bienestar general, el desenvolvimiento de las industrias, la especialización y mejoramiento de la producción agrícola ganadera, el acrecentamiento demográfico y toda otra actividad que suponga, en sus resultados, la elevación de la riqueza nacional”. El Decreto puntualizó que la política monetaria “no puede trazarse según normas aisladas y distintas de las que inspiren la política económica del Estado”.
Alfredo Gómez Morales detalló que el Banco Central nacionalizado se puso en línea con el plan de “promoción e independencia económica” trazados por el Poder Ejecutivo, en base a los estudios del Consejo Nacional de Posguerra. La nueva distribución de las divisas facilitó la implementación del programa de fomento industrial y la reposición de bienes de capital. El Banco favoreció la justicia social y la creación de un mercado interno pujante.

Con el decreto-ley 12.596 del 3 de mayo de 1946 el Banco Central concentró el manejo del control de cambios. Antonio Cafiero mencionó que se implementó un sistema de “tipo de cambio múltiple” y dicha política dejó de ser “cuantitativa” y se tornó “cualitativa”. Se atendió el abastecimiento del mercado interno y el fomento de la producción nacional. Con dicha labor el Estado pudo proteger al industrial argentino y se sustituyó el tradicional instrumento de la protección aduanera.
Gómez Morales destalló que dicho ciclo político de crecimiento y de pleno empleo derivó en un principio de inflación “circunstancia inevitable en la realización de una economía expansiva”.

·         El Decreto-ley 11.554/46 de nuevo Régimen bancario privado
“Antes los bancos daban al que pagaba mayor interés (…) Hoy no se presta dinero sólo con criterio comercial sino en atención, además, al interés general”. Alfredo Gómez Morales

En un Informe enviado a Farrell el 15 de abril de 1946, el Ministro Amaro Avalos mencionó que la ley 12.155/35 prohibió que el Banco Central realice las operaciones que creyó “peligrosas” y obligó a las entidades a disponer una cantidad de efectivo mínimo con relación a los depósitos. Avalos destacó que estas y otras medidas no impidieron las crisis frecuentes y el temor y la “desconfianza inmotivada” contra el sistema financiero. Resultado de esos fenómenos se generaron “liquidaciones ruinosas”, perdieron valor los documentos y se produjo la consecuente paralización industrial o el “emisionismo franco, que devalúa todo el dinero en manos del público”. En ese escenario fue frecuente que los ahorristas pierdan sus ingresos y que el Estado salga a subsidiar a los Bancos que se convierten en los únicos ganadores de las crisis.
Avalos destacó que en el sistema de la ley 12.155/35 los depositantes no participaron prácticamente de las ganancias de los bancos y que por eso tampoco deberían  participar de las “pérdidas”. Puntualizó que la mitad de los depósitos bancarios no les otorgaron nunca premios a los ahorristas y que el interés pagado fue siempre sumamente bajo en relación a la ganancia que generaron.
En este marco y con la finalidad de empezar a solucionar los problemas estructurales y las inequidades, el Ministro Avalos mencionó que “El Estado, velando por el bienestar general, debe a mi juicio tomar a su cargo la responsabilidad de todos los fondos que los habitantes del país lleven a los bancos no oficiales (…) Considero preferible que la Nación, por órgano del Banco Central, asuma la responsabilidad total ante los depositantes por los fondos que éstos depositen en los bancos, lo cual equivale a poner a todos en el mismo plano de protección en que hoy se hallan los depositantes de los bancos oficiales”.
Con la reforma introducida por el decreto-ley 11.554/46 el Banco Central tomó la garantía de todos los depósitos, dejando en cada banco particular el trato con los clientes que mantenían sus cuentas y servicios.
Los bancos receptores manejaron, recibieron y pagaron los depósitos a cuenta del Banco Central, quien les otorgó una comisión por el servicio financiero y administrativo que prestaron. En cada caso, el Banco Central analizó los papeles y los negocios de la institución y se definieron los márgenes y los destinos de los préstamos.
La autoridad nacional obtuvo el poder de policía para la “inspección activa y permanente” de los bancos y con esa facultad pudo defender el interés de los depositantes.
Avalos remarcó el hecho de que el Estado adquirió un instrumento fundamental para promover el desarrollo económico del país. El Ministro mencionó que a partir de la reforma el sistema financiero tenía que fortalecer la capacidad productiva de la Argentina. Puntualizó que desde ahora existiría una planificación nacional integral del desarrollo y “atendiendo al destino de los préstamos efectuados por los bancos, podrán establecerse tasas diferentes para su redescuento o caución en el Banco Central, con lo cual el mayor beneficio que los bancos recojan coincidirá con el desarrollo de aquellas operaciones que más convenga incrementar dentro de las orientaciones económicas del referido plan”.
Con la finalidad de garantizar la promoción industrial y productiva, se estipuló que el Banco Central no podía atender las necesidades fiscales y de funcionamiento del Gobierno con los depósitos.

·         Normas reglamentarias
El 21 de mayo de 1946 el entonces Presidente del Banco Central, Miguel Miranda, le presentó al Ministro Avalos un Informe con un conjunto de proyectos reglamentarios de los decretos 8503/46 y del 11.554/46.
Edelmiro Farrell recuperó los planteos de dicho Informe y sancionó una nueva regulación a la que organizó en tres niveles: Banco Central (decreto - ley 14.957); Bancos Particulares (decreto - ley 14.962) y Bancos Públicos (decretos – ley 14.959 Banco Nación, 14.960 Banco Industrial y 14.961 Banco Hipotecario). 
Miranda justificó la reforma financiera en el hecho de que el organismo potenció su condición de ser el gran catalizador del desarrollo. El artículo 3 del decreto-ley 14.957/46 puntualizó que el objeto del Banco era “Promover, orientar y realizar, en la medida de sus facultades legales, la política económica adecuada para mantener un alto grado de actividad que procure el máximo empleo de los recursos humanos y materiales disponibles y la expansión ordenada de la economía, con vistas a que el crecimiento de la riqueza nacional permita elevar el nivel de vida de los habitantes de la Nación”.
Miranda mencionó que “Como resultado de habérsele constituido en depositario de todos los fondos que la población confía a los bancos, el Banco Central de la República. Argentina tendrá la obligación de proveer los recursos que estos últimos precisen para proseguir la mayor parte de sus operaciones. Ese fin se satisface básicamente por vía del redescuento de sus carteras, que consiste en la entrega de fondos por el Banco Central contra pagarés, letras y otros valores comerciales que constituyen el activo de los bancos”.
Los bancos mantenían “la más plena responsabilidad respecto de sus préstamos, puesto que ellos son quienes estudian y deciden cada operación propia”.

·         La reforma financiera del año 1949
En 1949 el país debió enfrentar la inconvertibilidad de la libra británica, la decisión del Plan Marshall de no adquirir nuestra producción y la caída del precio de los bienes de exportación argentinos.
En 1949 se crearon los Ministerios de Finanzas y de Economía y se reorganizó el Consejo Económico[1] al que se le dio la función de coordinación de la política de desarrollo. Gómez Morales mencionó que el Banco Central fue reformado con la ley 13.571/49 y desde entonces quedó con la “función específica de ejecutar la política monetaria y bancaria que traza el Ministerio de Finanzas de la Nación”.
Gómez Morales mencionó que la reforma de 1946 mantuvo varios aspectos de la Carta Orgánica de 1935. Entre otros temas, “se respetó la relación mínima del 25% entre las reservas y la circulación monetarista”. El Gobierno modificó dicho régimen de garantía de los depósitos con la ley 13.571/49. Para justificar la medida Gómez Morales explicó que la “cantidad de circulante debe basarse en las necesidades de la producción y de la distribución del proceso económico”
Se redujeron los créditos para producciones superfluas. Gómez Morales mencionó que la decisión no supuso prohibir la producción de otros bienes, sino que en este caso el fabricante debería hacerlo con su propio capital. 

·         Un balance de la reforma financiera del Peronismo
Antonio Cafiero puntualizó que la reforma financiera del Justicialismo:
1- Fortaleció la soberanía económica nacional y las decisiones pasaron del sector bancario especulador extranjero al Estado, que es el promotor de los intereses de la colectividad;
2- Le dio al Banco Central la función de promover el desarrollo integral de la nación. El organismo conformó un Directorio con miembros de las carteras estatales y con referentes de la producción y del trabajo y eso favoreció la diagramación de políticas productivas. Se implementaron potentes líneas de crédito industrial y se abandonó la tradicional ortodoxia monetarista.
3- Auspició una política activa de control de cambios protegiendo el consumo del mercado interno y al empresario argentino.
4- Ordenó y potenció la Banca pública. El Banco Industrial financió la industria y la minería; el Banco Nación la actividad agraria, el comercio y las acciones de colonización y de impulso a la inmigración; el Banco Hipotecario se dedicó a sufragar viviendas; y la Caja Nacional de Ahorro Postal se abocó al fomento del pequeño ahorro y otorgó prestamos de consumo.
5- Permitió una utilización nacionalista de las reservas y se destinaron, centralmente, a importar bienes de capital, a rescatar la deuda externa y a nacionalizar los servicios públicos
  
Bibliografía citada
Alfredo Gómez Morales, Política Económica Peronista, Escuela Superior Peronista, Buenos Aires, 1951.
Antonio Cafiero, De la Economía social Justicialista al régimen Liberal Capitalista, EUDEBA, 1974.
Memoria del departamento de hacienda correspondiente a los Años 1946 y 1949, Buenos Aires, 1947.
Plan de Gobierno 1947 – 1951, Presidencia de La Nación, Buenos Aires, 1946.



[1] El Consejo Económico se integró con los Ministros de Economía (plan general), Finanzas (divisas), Industria y  Comercio (abastecimiento) y de Hacienda (recursos).

sábado, 16 de mayo de 2020

El Coronavirus y la economía nacional


Aritz Recalde, 13 de mayo de 2020

Publicado en REVISTA 2050
En los medios de comunicación se instaló la visión infectológica del Coronavirus, que si bien es fundamental, no agota la totalidad de los aspectos que integran una política de salud pública. El hecho de centrar la mirada solamente en cuestiones de reproducción de los contagios, lleva en muchos casos a suponer que el problema se resuelve únicamente con la Cuarentena y dando atención médica a la población contagiada.
En realidad, una política integral de salud tiene que incluir además de las cuestiones médicas, los aspectos sociales, emocionales y económicos vinculados. Asimismo, creemos que se tiene que contemplar la tarea de los agentes sanitarios y también la participación de la comunidad organizada, de la familia y del empresariado.
Cuatro ejes y cuatro actores de las políticas de salud
La lucha contra el Covid-19 tiene una dimensión médica. La expansión de un virus tiene que ser abordada por los infectólogos y los epidemiólogos, entre otros especialistas. En estos casos el Estado asume la indelegable tarea de diagramar la política de salud pública. Con este fin, dispone del conocimiento y de la organización de la industria médica, de los sindicatos que administran obras sociales y sistemas hospitalarios, del personal y de diversas instituciones de la comunidad.
Para enfrentar una epidemia es central la política social. El gobierno argentino diariamente asiste a millones de familias con dificultades para trabajar y que se ven impedidas de acceder a la alimentación o a los remedios. Esta labor es aún más fundamental en el universo de las personas con movilidad reducida o en situación de riesgo. Actualmente, el Estado planifica, financia y ejecuta la política social con la activa y la estratégica intervención de  la comunidad organizada que conoce los problemas populares y que tiene la llegada al territorio.
La política de salud debe atender también las cuestiones emocionales de la población. Con este objetivo, el Estado tiene que implementar una comunicación pública y debe diagramar un plan de asistencia de salud mental a los millones de argentinos desesperados, asustados o deprimidos. En este aspecto juegan un rol fundamental la comunidad organizada y la familia, que es la célula básica de la sociedad y que hoy tiene la inmensa responsabilidad de acompañar y de contener emocionalmente.  
Una política de salud requiere de una política económica.Querer separar ambas dimensiones puede conducir al fracaso de la estrategia sanitaria y al quiebre productivo del país con el potencial escenario de desabastecimiento, inflación y saqueos. Por un lado, el Estado y las empresas deben planificar la producción de los recursos médicos para abastecer el mercado interno. Es bueno destacar que más del 65% de la producción farmacológica que consumen los argentinos, es de origen nacional. Además, el Estado debe contribuir a garantizar las fuentes de trabajo, que son la base de los ingresos familiares. Si se pierden los empleos van a quebrar las obras sociales que le dan salud a más de 15 millones de personas. Si la economía continúa en recesión, el Estado no va a poder recaudar impuestos, aumentando aún más el déficit fiscal. Se puede producir un corte en la cadena de pagos de proveedores y en el pago de salarios de los empleados públicos.
La política económica del día después
Aún no se puede adelantar con certeza los tiempos que durará la circulación del Coronavirus, ni tampoco cuál será la dinámica de la cuarentena. Lo que sí es seguro, es que conviviremos con éste virus, como lo hacemos con tantos otros[1], y que debe preparase a la comunidad y al Estado para coexistir con ellos.  
En el marco de la incertidumbre actual, es importante reconocer que no existe una “única” solución sanitaria y tampoco “la” receta económica. En realidad, cada región y cada país están implementando su propia política que surge como el resultante de su cultura, su economía y de su situación sanitaria.
Incluso dentro de la misma República Argentina la situación infectológica, social y económica varía entre provincias y municipalidades y es correcto lo que hace el Gobierno Nacional de modificar la dinámica de la Cuarentena en cada lugar.
La crisis supone una oportunidad
Históricamente, las crisis internacionales generaron perjuicios para nuestro país en el terreno económico y social. Pero en algunos casos también acarrearon nuevas oportunidades, por el hecho de que las naciones centrales se abocaron a resolver sus frentes internos y no a obstruir la posibilidad de desarrollo del resto de los países. No es casual que en el marco de la Primera Guerra Mundial ascendió al poder Hipólito Yrigoyen y tras la segunda conflagración mundial Juan Perón alcanzó la presidencia.
El gobierno de Alberto Fernández tiene un importante consenso entre la población, emanado de la reciente elección presidencial y como resultado del tratamiento que le dio a la lucha contra el Coronavirus. Con ese poder aplicó medidas radicales y de excepción y puso en cuarentena a 45 millones de personas e inmovilizó a más de 400 mil pymes.
Ese poder puede utilizarse para implementar la reforma económica que la Argentina requiere para garantizar el despegue productivo y la emancipación social del pueblo. Es un momento oportuno para renegociar la deuda defendiendo los intereses argentinos, para iniciar un desarrollo industrial soberano y para implementar los cambios estructurales que el país necesita.
El plan económico: de la emergencia al proyecto nacional de mediano y largo plazo
El Gobierno Nacional no presentó aún un plan económico. En parte, esta falencia se le adjudica a la espera del resultado de la negociación de la deuda, que absorbe gran parte de los fondos públicos[2].
Economía de emergencia
El Coronavirus llevó al Gobierno a implementar una agenda económica de emergencia tendiente a enfrentar los perjuicios que generaron el Coronavirus y la Cuarentena. Entre otras acciones, se buscó proteger al trabajador del sector formal con la doble indemnización o directamente prohibiendo los despidos. El Gobierno financió el 50% de los salarios de algunas empresas y entregó créditos subsidiados a los trabajadores autónomos, entre otras acciones. Además, se implementaron gestiones para atender a más de 10 millones de personas de la economía informal que reciben diariamente alimentos y asignaciones.
De la emergencia a la Nueva Argentina
El país necesita un plan integral de desarrollo que incluya un programa económico. Para poder formularlo e implementarlo se requiere de una doctrina que marque el rumbo y de una organización política que lo haga realidad. En la Argentina existen tres grandes doctrinas económicas que se pusieron en práctica y son el nacionalismo industrialista popular, el desarrollismo productivista y el liberalismo agroexportador y financiero. El primer modelo lo implementó Juan Perón y tiene, entre sus grandes teóricos, a Antonio Cafiero. El desarrollismo tuvo su auge con Arturo Frondizi y entre otros pensadores que le dieron consistencia teórica se encuentran Aldo Ferrer o Enrique Gugliarmelli.
Desde nuestro punto de vista, hoy debemos orientar la economía argentina sobre principios justicialistas y desarrollistas avanzando en la industrialización, en la nacionalización productiva y en la elevación de la calidad de vida del pueblo.
Para formular e implementar el plan económico de la Nueva Argentina es fundamental dar vida al Consejo Económico y Social que anunció Alberto Fernández y que estaría integrado por representantes de la política, la producción, la cultura y el trabajo. El organismo puede funcionar de manera análoga al Consejo Nacional de Posguerra que formuló los Planes Quinquenales. Además, podría emular los Consejos que creó el gobernador Antonio Cafiero para implementar la gestión participativa de la provincia de Buenos Aires. 
El Consejo Social garantizaría así la participación de la comunidad organizada en la gestión del Estado. Esto le otorga al proyecto político tanto gobernabilidad institucional como estabilidad social y macroeconómica. Además, aportaría la estructura de cuadros técnicos y profesionales existente en el Movimiento Obrero organizado, en el empresariado, en las universidades y en las diversas instituciones de la cultura y la ciencia.
Medidas a corto plazo: el empleo y la reactivación del mercado interno
De manera similar al gobierno que enfrentó la crisis del 2001, debe implementarse un ambicioso plan de generación de puestos de trabajo. Actualmente, el desempleo supera el 10% y junto al subempleo y la precarización, dejan como saldo que alrededor del 40% de las familias tengan dificultades para proveerse de ingresos. La cuarentena profundizó una recesión que ya lleva casi dos años y todos los días se pierden puestos de trabajo, se reducen turnos en los empleos y se bajan los salarios.
Para reactivar la actividad podrían implementarse tres líneas de acción:
- Planes de empleo “Estado y comunidad organizada”. En 1987 Antonio Cafiero implementó los Programas Intensivos de Trabajo, cuya estructura fue retomada en 2002 con el Plan Jefes y Jefas. El Estado provincial y nacional aportaron los recursos para sueldos y las municipalidades compraban materiales y seleccionaban y dirigían las obras. Los trabajadores se organizaron en cooperativas y otras formas sociales de producción.
Este tipo de programas sirve para hacer pequeñas obras, planes de vivienda popular o reparar  edificios públicos, clubes y las instalaciones de las asociaciones barriales. Dicho programa también puede utilizarse para financiar parte de los salarios docentes de cursos, capacitaciones y actividades culturales y deportivas en clubes, iglesias e instituciones de fomento.
- Programas de “Obra Pública con el sector privado”. Desde el año 2003, la obra pública fue uno de los grandes motores que generó empleo y que facilitó la reactivación del mercado interno. Argentina tiene una importante cantidad de empresas que reúnen técnicos, profesionales y mano de obra disponible en un país que tiene mucho por hacer.
- Programas de “apoyo al sector empresarial”. La cuarentena quebró o puso al borde del cierre a miles de pymes. Hoy los diversos países del mundo[3] están otorgando créditos subsidiados al productor, le garantizan protección arancelaria e inyectan fondos a las familias para mantener la actividad del mercado interno.
El Plan a mediano y largo plazo: el desarrollo integral
Tal cual adelantamos, el país requiere de un programa de desarrollo que incluya un plan económico. Dicha programación no puede dejar de implementar:
- Políticas de impulso a la tecnificación y el aumento de los volúmenes de producción del “sector agropecuario”. Este último es sumamente dinámico en la Argentina y produce parte importante de las divisas.
- Políticas de fomento del “sector industrial” tendientes a sustituir importaciones. Se deben fortalecer las acciones para aumentar las cadenas de valor, invertir en tecnología, maquinaria y en capacitación. El sector requiere de estabilidad macroeconómica, de apoyo financiero y de protección arancelaria. Se debe garantizar la existencia un mercado interno pujante y de un mercado externo para colocar excedentes. La industria nacional, y centralmente las pymes, son los principales generadores de trabajo de calidad en el país.
- Políticas de fomento de “Regímenes especiales” de industria farmacológica, turismo, pesca, ganadería, agricultura familiar, artesanía, minería, energía, servicios públicos, ciencia y tecnología, etc.-.
Reformas estructurales para financiar y hacer viable el programa de desarrollo
La Argentina es inviable económica y socialmente si no impulsa un cambio estructural del funcionamiento de cinco sectores estratégicos:
- Reforma del sistema financiero. El actual sistema financiero garantiza la especulación y la fuga de recursos. Se debe terminar con el sistema que históricamente estafa al ahorrista y se tiene que orientar la tarea de los Bancos hacia la producción y la capitalización nacional. Con este fin hay que modificar la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Entidades Financieras y los marcos regulatorios de los Bancos Públicos. 
- Reforma del comercio exterior. Es fundamental hacer un uso racional y nacional de las divisas en un mundo que está cada día más cerrado. Con este fin, se pueden recuperar y actualizar las experiencias de las Juntas Reguladoras y del Instituto Argentino de Promoción de Intercambio. Asimismo, nuestra dirigencia tiene un inmenso desafío en buscar nuevos mercados para colocar los excedentes productivos. Hay mucho por avanzar en la construcción del mercado sudamericano y en el comercio bilateral con acuerdos estratégicos nacionales.
- Reforma del comercio interior. El Gobierno tiene que impedir la acción inflacionaria y de cartelización productiva que hacen los grandes comercializadores. En paralelo, se tienen que expandir los mercados y ferias populares y hay que implementar políticas de apoyo a los almacenes de cercanía. El Gobierno lanzó la Tarjeta Alimentaria y eso fondos van a los grandes supermercados. Sería deseable que el Banco Nación garantice un acceso gratuito o subsidiado al uso de posnet u otros sistemas de pago a los almacenes de cercanía.
- Reforma tributaria. Es fundamental que el sistema de recaudación de impuestos promueva la producción y que desaliente la especulación, instalando definitivamente el criterio de que "los que más tienen más aportan".
- Nuevo régimen de Servicios públicos. El país necesita mejorar el funcionamiento de los servicios de electricidad, gas, combustible y servicios de comunicación como internet y telefonía. Lo mismo ocurre en tema de rutas, autopistas, puertos, ferrocarriles, flota mercante, etc.-. En todos los casos, es fundamental instalar y hacer cumplir el concepto de servicio público estratégico e impedir que sea la mera lógica comercial lo que guíe su desenvolvimiento.  
Las dificultades son muchas, pero la dramática situación social y económica exige que se busquen soluciones profundas a los problemas nacionales. Llegó el momento de que la dirigencia se cargue la patria al hombro y que se convenza de que política es el arte de hacer que lo necesario sea posible.



[1] Durante las últimas dos décadas cada cinco a seis años surgió o tomó estado público un nuevo virus que derivó en epidemia y/o pandemia. En el año 1997 fue la Gripe Aviar (H5N1), en 2002/3 el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en 2009/10 la Gripe Porcina (H1N1) en 2012/5 el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y en 2019/20 el Covid 19.
[2] En un gran resumen, el país tiene una deuda pública que ronda los 324 mil millones de dólares. Actualmente, se está negociando con los poseedores de 66 mil millones de títulos en dólares bajo legislación extranjera. Además, queda definir cómo se abordará el tema de los vencimientos de los 72 mil millones con los organismos internacionales, los 37 mil millones de títulos de legislación nacional y los 146 mil de deuda interestatal.

[3] EUA, que es un país liberal, implementó el mayor plan de apoyo económico del mundo con la ley de “Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus” (CARES). El Estado le otorgó subsidios a contribuyentes y sus familias y a desempleados. Se financió a instituciones de vivienda y se prohibieron desalojos. También recibieron partidas especiales las empresas y las organizaciones sin fines de Lucro. Se destinaron recursos a la asistencia alimentaria, a la inversión en infraestructura y seguros de salud y para préstamos a estudiantes, entre otros.

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