viernes, 19 de diciembre de 2014

Deuda externa y poder nacional


Aritz Recalde
Diciembre 2014

“Únicamente con el dominio absoluto de sus finanzas un país es soberano (…) la revolución comienza en las finanzas”. Salvador Ferla

En el artículo queremos resaltar dos cuestiones. Primero: que el origen de la deuda externa no es una cuestión meramente económica, sino que es ante todo, un problema eminentemente político. Segundo: el endeudamiento es utilizado por las potencias occidentales como un instrumento de colonialismo y de dominación.

Los países sin una política nacional profundizan los ciclos de endeudamiento y sus economías son eternamente subdesarrolladas
En la Republica Argentina los gobiernos que impulsaron una política nacional independiente, desendeudaron al país en paralelo a que lo desarrollaron. Fue el ciclo político de Juan Domingo Perón el que inició una política nacional de recuperación de los principales resortes de nuestra soberanía y demostró con ello, la potencialidad del país para desarrollarse con sus propios recursos.  Néstor y Cristina Kirchner continuaron algunas de sus políticas y Argentina protagonizó una etapa de importante crecimiento sin el apoyo de organismos como el FMI.

Por el contrario, los proyectos liberales y dependientes endeudaron a los argentinos y como resultado de su gestión, no se produjeron aportes considerables al desarrollo nacional. Un caso que expresa lo dicho, es el ciclo neoliberal que condujeron Carlos Menem y Fernando De La Rua. En el año 1989 la deuda externa era de 63.000 millones de dólares y en el año 2001 aumentó a 142.000 millones. Mientras tanto, el Estado vendió las empresas públicas, privatizó buena parte del patrimonio nacional y la sociedad protagonizó al año 2002 un deterioro social dramático, alcanzando cifras de desempleo del 24%, de indigencia del 27% y de pobreza del 54 %.
En el siglo XX la cuestión de la deuda externa adquiere relevancia a partir del golpe de Estado del año 1955. Éste último año la deuda era de 500 millones de dólares, en 1976 subió a 8.000 millones y en 1989 alcanzó la cifra de 63.000 millones. La dictadura cívico militar que derrocó a Perón trajo consigo el abandono de una política nacional y ello determinó la pérdida de soberanía financiera, judicial, política y cultural.

-          Soberanía financiera. 
La revolución justicialista iniciada en 1945 nacionalizó los depósitos bancarios y el comercio exterior. Ambas medidas le daban al Estado soberanía financiera y altos niveles de autonomía frente al sistema financiero internacional. Completó el esquema la nacionalización del Banco Central, que generó las condiciones para poner el ahorro nacional y la política financiera al servicio de los planes de la revolución (primer y segundo Plan Quinquenal).
Luego del golpe militar de 1955 el Banco Central adquirió “autonomía”, cuestión que en los hechos implicó que lo controlen los grupos económicos trasnacionales. Algo similar ocurrió con la desnacionalización de los depósitos bancarios, que favoreció el manejo del sistema por parte de los especuladores. Los bancos privados trasnacionales fueron ganando mercados, captando y acaparando el ahorro nacional. Actualmente incluso, los depósitos del pago de deuda son efectuados en instituciones del extranjero. Luego de 1955 el comercio exterior quedó en manos de oligopolios y de empresas extranjeras y el Estado perdió un instrumento estratégico de adquisición de divisas.
Desde el año 1955 el país dejó de apostar al ahorro nacional como fuente primaria de financiamiento, para ingresar al Fondo Monetario Internacional (FMI) o al Club de París. El capital extranjero dejó de estar subordinado al interés nacional y obtuvo importantes beneficios para la exportación de remesas y para el manejo de la política económica.


-           Soberanía judicial.
Luego de derrocado Perón, el Estado argentino fue delegando soberanía política, económica, científica, cultural y tema importante, a partir del año 1958 el país incluyó a los tribunales extranjeros como ámbitos para la negociación de diferendos. A partir de acá, la Argentina delegó soberanía judicial e inició un camino que décadas después nos incluyó en el CIADI y que actualmente permite a los tribunales de Ney York y a la justicia de los Estados Unidos, favorecer al imperialismo financiero (fondos buitres).
Con el CIADI los Estados Unidos están promoviendo una judicialización mundial de los diferendos, permitiendo a sus corporaciones ubicarse por sobre los intereses de los Estados. 

-          Soberanía política y cultural.
Desde el año 1955 y cuestión que profundizaron la dictadura de 1976 y  Carlos Menem, el Estado Argentino es manejado por corporaciones locales y extranjeras. Estos mismos grupos económicos controlan los instrumentos de formación de opinión pública y ocupan lugares importantes en las universidades y centros de estudio.
Como resultado de la pérdida de soberanía, representantes directos del establishment dominaron lugares de responsabilidad decisiva en las acciones de gobierno. La intervención de éstos intelectuales al servicio del extranjero, permitió que se generen estafas de la talla del Mega-canje de De La Rua, que aumentó la deuda externa en más de 50.000 millones de dólares. La propuesta original fue de David Mulford y la impulsó activamente Domingo Cavallo en su condición de Ministro de Economía.  
Organismos como el FMI o el Banco Mundial adquirieron potestades importantes en la planificación de las políticas públicas de la Argentina e Iberoamérica. Ambas instituciones son, ante todo, representantes de los intereses norteamericanos. El Banco Mundial tiene su sede en Washington, sus 12 presidentes fueron ciudadanos de los EUA y varios de ellos ocuparon lugares en instituciones políticas de ese país, como es el caso de Robert McNamara (Secretario de Defensa) o en instituciones financieras como el Bank of América o el JP Morgan. Conociendo el resultado de éste tipo de manejos antinacionales, Brasil y Argentina cancelaron la deuda con el FMI y países como Bolivia y Venezuela se retiraron del CIADI. 
En el caso argentino, posiblemente fue Bernardino Rivadavia uno de los iniciadores del vinculo estrecho entre las finanzas públicas y la banca extranjera. El Banco de Descuentos que promovió el mandatario se componía con directores ingleses y Rivadavia recibió dividendos de empresas mineras y comerciales extranjeras, con las cuales el Estado inició contratos. Desde ésta época, el imperialismo financiero y las potencias occidentales, impusieron un control político e institucional de los destinos del país.  


El endeudamiento es utilizado por las potencias como un instrumento de colonialismo
“La deuda externa se ha convertido en una actualizada forma de esclavitud, que condiciona de manera irreversible las posibilidades de desarrollo de cualquier país soberano”. Alejandro Olmos

Durante los últimos dos siglos las potencias occidentales utilizaron la deuda como un instrumento de dominio político. Existen diversos sucesos históricos que documentan las prácticas colonialistas de las potencias y de los grupos financieros.
A partir del año 1861 España, Francia e Inglaterra aduciendo que México no pagó sus deudas, ocuparon militarmente el país. La asonada militar permitió a los franceses organizar un imperio imponiendo a Maximiliano de Habsburgo.
Con la supuesta finalidad de cobrar una deuda, en el año 1902 Inglaterra, Alemania e Italia agredieron a Venezuela con una numerosa flota naval. José María Drago en su condición de canciller argentino, repudió la medida inaugurando la “Doctrina Drago”, que establece que un problema de deuda no puede vulnerar la soberanía de un Estado y derivar en un acto de fuerza.
Con estos antecedentes, debe quedar claro que el reciente secuestro de la Fragata Libertad argentina, lejos de ser una anomalía histórica, es una expresión más de la impunidad de los grupos financieros.
Los procesos de endeudamiento debilitan políticamente a los Estados y generan las condiciones para que los organismos financieros ocupen lugares preponderantes en los países morosos. Una vez que los Estados caen bajo la égida de entidades como el FMI o el Banco Mundial, van perdiendo capacidad de decisión y son obligados a tomar medidas de política económica contrarias a sus intereses nacionales y populares.
Los organismos financieros internacionales utilizan el crédito con fines políticos, favoreciendo o perjudicando a gobiernos considerados afines a los EUA. Un caso paradigmático de ésta actitud, fue el apoyo de los EUA y del FMI al gobierno golpista de Carmona que derrocó ilegalmente al proceso democrático de Hugo Chávez en el año 2002. Algo similar ocurrió en Brasil cuando el FMI no autorizaba préstamos a Juscelino Kubitschek y a Joao Goulart y si lo hicieron ágilmente en el año 1964 con la dictadura pro norteamericana de Castelo Branco.
Además de económica y financiera, la tarea de los organismos es cultural y de sus usinas de pensamiento se difundieron las teorías de ajuste estructural, de reducción del Estado y de apertura comercial que aplicó América Latina y buena parte del planeta. Los países de distintas latitudes y realidades que se valieron de éstas formulas, hoy se encuentran en plena crisis.

Frente a éste diagnóstico, consideramos que la única solución de fondo al problema de la deuda externa, es la conformación de una política nacional independiente que recupere la soberanía financiera, judicial, cultural y política de Argentina e Iberoamérica.    






miércoles, 19 de noviembre de 2014

Papelodromos y calificadoras de riesgo de docencia y de investigación


Aritz Recalde noviembre de 2014

En el sistema universitario argentino coexisten varias opiniones acerca de los criterios de valoración y de reconocimiento académico. Estos distintos puntos de vista se expresan al momento de efectuar un concurso docente, de requerir recursos para investigar, en la instancia de evaluación universitaria o al momento de acreditar una carrera frente a la CONEAU.
A continuación vamos a comentar los rasgos fundamentales de las perspectivas cientificista y la del nacionalismo popular.

El cientificismo, los papelodromos y las “agencias calificadoras de riesgo”
Nuestras universidades forman ingenieros, matemáticos, químicos, biólogos, que rara vez harán descubrimientos científicos y cuando los hagan lo único que podrán hacer con ellos es venderle la patente a una corporación norteamericana. Porque nuestra relación de dependencia, la misma que fijó el límite de nuestro desarrollo económico en el cumplimiento óptimo del papel de abastecedores de materias primas, también nos fijó el límite cultural, y le asignó a nuestros universitarios el rol subalterno de servidores de la tecnología extranjera”. Salvador Ferla

Los investigadores y las calificadoras de riesgo
El sistema de investigación argentino funciona aplicando parámetros cientificistas y como sostuvo Oscar Varsavsky “en pocos campos es nuestra dependencia cultural más notable que en éste, y menos percibida”.
Los parámetros cientificistas se expresan al momento de evaluar a los investigadores en la instancia de la  “categorización”. Para organizar el proceso de categorización se crearon ámbitos que funcionan a la manera de “calificadoras de riesgo de investigación”. En muchos casos, funcionan como las “calificadoras de riesgo financieras” que caratulan a los países con letras (pasando por la A y la D) y con signos (++). Los países con la letra D son “no solventes” y el sistema financiero les sube el costo del dinero o directamente les bloquea los créditos. Las agencias científicas son similares y organizan a los investigadores en una escala que va de la categoría “I” a la “V”. Los primeros adquieren un poder considerable dentro del sistema evaluando carreras y distribuyendo recursos. Los investigadores “no categorizados” son conceptuados como “no solventes”, para intervenir en varios circuitos de tomas de decisiones del sistema científico argentino.
El docente investigador cientificista obtiene el título de “papelodromo”, que demuestra su capacidad para juntar papeles. Desde su ingreso al sistema hasta su jubilación, su vida transcurre dentro de la misma universidad en una carrera de acumulación de certificados. No va a importar si como resultado de su trabajo se genera algún cambio o aporte social, económico o cultural considerable. La finalidad de su actividad se centra en reunir los certificados para ascender en la universidad.
Para acceder a la máxima categoría de la categorización se deben respetar las pautas del sistema cientificista. De manera similar a los concursos docentes, para acceder a la máxima puntuación se deben reunir créditos conseguidos en el paso por el mismo sistema. Juntar papeles de congresos y cursos internos de la universidad es una tarea principalísima y los jóvenes se vuelven verdaderos “papelodromos”. Para acumular créditos académicos se deben evaluar proyectos académicos dentro de la universidad, participar en jurados y apoyar a tesistas de la misma institución. La publicación en revistas extranjeras con referato es fundamental en la carrera del “papelodromo”.
En el plano de la docencia en últimas décadas se está profundizando una tendencia a que los poseedores de la máxima categoría de investigador, se desempeñen solamente en los niveles de posgrado. Los docentes investigadores con mayores categorías están abandonando la función principal de la universidad, que es la docencia a nivel de grado.
En el universo del cientificismo importa poco si el conocimiento generado tiene impacto social, si las tesis de los egresados derivan en innovaciones tecnológicas o si las investigaciones son apropiadas por el Estado y la sociedad que las financia y las justifica. Oscar Varsavsky mencionó que “cientificista es el investigador que se ha adaptado a este mercado científico, que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, desvinculándola de los problemas políticos, y se entrega de lleno a su carrera, aceptando para ella las normas y valores de los grandes centros internacionales”.
El investigador modelo promovido por las “calificadoras de riesgo de investigación” tiene el siguiente perfil:
-       trabaja con agendas de temas internos de la institución, sin necesidad de buscarle aplicación efectiva en la sociedad. Las agencias disciplinan y censuran la posibilidad de desarrollo de una ciencia alternativa que no se ajuste a sus parámetros. Los temas de la universidad suelen están definidos por los centros de poder mundial que introducen tendencias o como dijo Salvador Ferla, fijan un “límite cultural”.
-       realiza su tarea desconectado del mundo productivo y social nacional.
-       tiene escaso o nulo impacto lo que pública, ya que lo orienta hacia el mismo sistema científico para obtener el crédito de la “revista con referato”.

El sistema de actualización de las Categorías es escasamente dinámico y no permite una renovación fácil y permanente. Por el contrario y de manera similar a las “calificadoras de riego financieras”, tiende a mantener una lógica corporativa y cerrada. Tal cual aseveró Oscar Varsavsky, la “élite científica” y la “burocracia asignan importancia –y fondos- a los temas de investigación”. Las calificadoras de investigación de manera parecida a las financieras, disciplinan a los miembros y los distancian de los grandes problemas nacionales. Los investigadores se vuelven expertos papelodromos y dedican toda una vida a desarrollar temas que solamente leen ellos, su tutor y la agencia calificadora.
La dificultad principal de ésta concepción es que los miembros de la “Categoría I”, suelen ser quienes evalúan carreras de “interés público”. Según el artículo 43 de la Ley de Educación Superior estos títulos ponen en “riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la información de los habitantes”. Las “agencias calificadoras de riesgo de investigación” otorgan el poder para definir parámetros académicos a individuos con escasa práctica profesional e irrelevante intervención social. Como un resultado de ello, los papelodromos impugnan la posibilidad de desarrollo de una ciencia y de una investigación nacional aplicada a la resolución de problemas. En su lugar, impulsan una perspectiva libresca y teoricista, asentada en parámetros propios de la universidad y no del mundo productivo, social o político nacional. 
Por ejemplo, ¿qué debe saber un evaluador de una carrera de ingeniería?, ¿es preferible que tenga desempeño laboral en el mundo profesional o que solamente conozca el tema por los libros?, ¿es un requisito que sus investigaciones se efectúen en gabinetes de empresas o solamente en una cátedra?, ¿es valorable su tarea de formador en el sistema productivo o debe atenderse meramente su paso en la universidad?, ¿deben apreciare sus aplicaciones tecnológicas concretas o sus publicaciones en una revista con referato extranjero?.
Bajo las lógicas de las agencias calificadoras de riesgo de investigación, se pueden producir distorsiones en la distribución de recursos y de competencias académicas. Por ejemplo, al momento de un concurso docente en una asignatura de ingeniería, si se presenta un candidato que “inventó un auto que funciona a agua” y en paralelo un papelodromo que publicó un artículo (le dicen “paper”) en una “revista científica extranjera con referato sobre el auto que funciona a agua”, le van a dar el cargo a éste último. En el universo del derecho constitucional tiene más posibilidades de ser “Categoría I” un papelodromo que participó en congresos universitarios sobre constituciones de Europa y de Estados Unidos y que reunió los certificados, que un Congresal Constituyente que investigó, estudió, redactó y aprobó el texto constitucional argentino.

¿Qué debe saber un docente universitario al momento del concurso?
Los concursos docentes son de antecedentes y de oposición. Entre los primeros, la tradición cientificista postula que debe reconocerse al aspirante el haber obtenido los créditos del propio sistema científico y universitario. Entre los antecedentes destacados se pueden mencionar:
-       participar en congresos y jornadas organizados por la propia universidad.
-       publicar en revistas con “referato” del mismo tipo de institución y preferiblemente del extranjero.
-       efectuar especializaciones, maestrías, doctorados, posdoctorados en una carrera que no encuentra otro objetivo que juntar créditos académicos.

Para alcanzar la meta cientificista los aspirantes dedican tiempo completo a acumular los reconocimientos de la misma institución, desentendiéndose de la realidad externa a las casas de altos estudios. Arturo Jauretche se refirió a éste proceso y mencionó que “el desiderátum entonces es una Universidad aséptica, depurada de toda preocupación vinculada con el destino de la comunidad y por consecuencia, de la nación, a la que da expertos despreocupados de los fines de la técnica y el resultado de su aplicación”. Resultante de ello, el docente  universitario que accede al cargo suele reiterar el siguiente perfil:
-       escaso conocimiento real del objeto sobre el cual trabaja, al cual accedió por intermedio de la academia y no de la práctica profesional y social concreta.
-       dificultades para relacionarse con actores externos a la universidad al manejar solamente los códigos propios del sistema. Este inconveniente se agrava en el contacto con los alumnos ingresantes que manipulan otros saberes.
-       dedica la mayor parte de su vida a comentar revistas o investigaciones de la misma universidad y en menor medida, a interpelar y cambiar la realidad.
-       raramente interviene políticamente en la sociedad para dedicarse exclusivamente a acumular certificados. Desarrolla tareas solidarias y públicas solamente si consigue acreditarlas “académicamente”.

Los parámetros de los evaluadores de la CONEAU
A la hora de avaluar instituciones o de acreditar carreras, la CONEAU se encuentra atravesada por la tensión entre tradiciones universitarias. Parte importante de los parámetros que aplican son cientificistas y reiteran la lógica de las “calificadoras de riesgo de investigación” y de los “papelodromos”. Al momento de avaluar Carreras Nuevas de posgrado o de acreditar una en funcionamiento se aplican los parámetros que mencionamos anteriormente. Resultante de ello, se corre el riesgo de promover unidades de docencia y de investigación caracterizadas por:
-       profesores con escaso conocimiento o nula intervención en el mundo profesional y del trabajo.
-       investigadores de “teorías” y en menor medida actores capaces de hacer innovación, de resolver problemas y de intervenir concretamente en el mundo social y productivo.

Buena parte de estos problemas se hacen más complejos por el hecho de que la Ley de Educación Superior otorgó la definición de los parámetros y los contenidos mínimos del sistema, al Ministerio de Educación y al Consejo de Universidades. El Ministerio y el Consejo están a cargo de definir parámetros en las carreras de interés público (artículo 42) y los estándares de la CONEAU (artículo 45 y 46 b).
Distinto sería si los parámetros y los estándares fueran establecidos en conjunto con los organismos públicos y por el mundo productivo y del trabajo. Por ejemplo, ¿los técnicos del Ministerio de Salud no deberían intervenir en la definición de los parámetros para evaluar medicina o enfermería?; el Ministerio de Industria que impulsa el desarrollo del software argentino ¿no podría intervenir en los estándares para evaluar carreras de sistemas?.  
La CONEAU se compone de miembros universitarios y de otros que son promovidos por las Cámaras legislativas del Congreso, incluyendo con ello la opinión de los representantes de la democracia de masas. Ésta última tarea podría completarse creando comisiones asesoras del Estado y del mundo del trabajo y la producción, que contribuyan a la organización de nuevos parámetros y estándares.

El nacionalismo popular cultural y científico
“La misión de la Universidad no es perpetuar el sistema sino contribuir a transformarlo. Y ésta no es misión de profesores que con un ojo miran a la oligarquía y al poder burocrático del Estado y con el otro a Europa, sino educadores con conciencia nacional”. Juan José Hernández Arregui

Frente al cientificismo, los papelodromos y las calificadoras de riesgo de investigación, el nacionalismo cultural y científico ofrece un sistema alternativo. Las bases de la propuesta le otorgan a la ciencia una función central en el modelo de desarrollo nacional. La finalidad académica, cultural y científica es la de dotar al país de poder nacional de decisión y la ciencia es un medio y no un objetivo en sí mismo. Cambia positivamente la perspectiva del académico cuando persigue finalidades que superan el mero desarrollo individual y se ligan a un proyecto de desarrollo colectivo.     
Las soberanía de las decisiones de inversión y de planificación de la ciencia y de  la tecnología, no recaen meramente en el mercado como postula la tradición liberal y tampoco solamente en la opiniones del cogobierno como impulsa la perspectiva cientificista y reformista. Es la democracia de masas por intermedio del Estado y las organizaciones libres del pueblo, la encargada de definir los parámetros y los objetivos del sistema científico y tecnológico. La relación entre la universidad, el Estado y el mundo productivo se hace estrecha y las carteras científicas y universitarias van en consonancia con las políticas de desarrollo nacional.

 ¿Qué debe saber un docente universitario al momento del concurso?
Para el nacionalismo popular a la hora de acreditar recorridos académicos, deben contemplarse las trayectorias profesionales y de intervención concreta de los científicos y profesores sobre el mundo de la producción, la cultura y el trabajo.
El capital de conocimiento práctico y productivo adquirido por los docentes, es estratégico al momento del proceso de la enseñanza. La producción de innovación, la participación en programas sociales y en prácticas productivas y comunitarias, son cuestiones fundamentales para la práctica docente y el proceso de transmisión del conocimiento.
 
Los investigadores y el poder nacional
“Un pueblo sin un nivel elevado de Ciencia y Tecnología no es independiente. Tampoco lo es si ve el mundo con ojos extranjeros y no tiene una cultura propia”. Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Peronista, año 1973

Para el nacionalismo el objetivo de las investigaciones no es el de acumular créditos internos del sistema, sino que se propone desarrollar la soberanía cultural y tecnológica del país. Las agendas y los temas de investigación se orientan a los planes nacionales del Estado y se articulan con el mundo productivo. Para garantizar esta función el Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Peronista mencionó que era necesario “formular una política científica nacional” que determine “cuáles áreas de la investigación y el desarrollo técnico debe apoyar para alcanzar la metas establecidas, así como distribuir su presupuesto según el orden de prioridades”.
Las revistas internacionales y los referatos endogámicos son desplazados por la pertinencia social, el impacto público y la resolución de problemas regionales y nacionales.  Según los puntos de vista del Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Peronista “la investigación científica de nuestra propia realidad debe estar en manos argentinas. Esta es una condición indispensable de independencia y supervivencia nacional”.
Para el nacionalismo, los investigadores del sistema universitario tienen que poseer una práctica profesional, social, comunitaria y política adquirida. La producción de innovación, de tecnología y la experiencia en la empresa social o privada, son parte fundamental de la formación en investigación.    
Los proyectos de investigación universitaria tienen que resultar en un bien social y productivo de utilidad para el país que los financia. La investigación científica requiere una técnica y además, debe disponer de una ética nacionalista y de un compromiso popular.

Los parámetros de los evaluadores de la CONEAU
Para el nacionalismo y a diferencia de lo que opina un sector del reformismo, es necesaria la CONEAU. La evaluación externa forma parte de un ejercicio propio de la democracia de masas, que obliga a los funcionarios públicos a rendir cuentas frente a la sociedad.
Por
otro lado, la definición de parámetros comunes dentro del sistema es un paso importante para garantizar la unidad científica iberoamericana. Sin organismos como la CONEAU es inviable la necesaria y estratégica articulación dentro de las universidades del continente.  
En el punto de vista del nacionalismo los estándares y los parámetros para regular el interés público y para evaluar carreras e instituciones, dejan de ser  definidos por el mismo sistema universitario para organizarse a partir de los organismos resultantes de la democracia de masas y del mundo productivo.
Por ejemplo, quién debería definir el “riesgo de modo directo en la salud” sino es el Ministerio de salud?; ¿el ministerio de Planificación Federal no debería intervenir en la escritura de los parámetros para evaluar la “seguridad” en las ingenierías en construcciones o en arquitectural?. En la definición de estándares en las ciencias sociales para garantizar los “derechos” de los habitantes, no podría intervenir el Ministerio de Desarrollo Social?,
 

Finalmente y a modo de cierre consideramos oportuno reiterar la opinión de Amílcar Herrera quien estableció que “en un mundo que lo puede modificar prácticamente todo, con sólo utilizar los conocimientos generales por la revolución intelectual más profunda de la historia, el atraso reside más en la mente de los hombres que en las condiciones externas”. 

jueves, 30 de octubre de 2014

Brasil y el futuro de Iberoamérica











Aritz Recalde, octubre 2014
Proyecto de Investigación “Modelos de desarrollo Argentino Brasileño
en el período 2003 -2011”,
UNAJ – Secretaría de Política Universitaria.

“Brasil, que vivió siempre mirando a Europa y a Estados Unidos, de espaldas a América del Sur y de espaldas, en realidad, a África, gracias a una política externa audaz y propositiva, hace menos de un mes firmáramos, en la ciudad de Cusco, en Perú, la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones (…) después de crear la base para la Comunidad Sudamericana de Naciones, resolvimos girar hacia África, para la tan querida África, con quien Brasil tiene una deuda histórica”. Inácio Lula da Silva

En el mundo actual caracterizado por fuertes tensiones sociales, financieras y militares, la estabilidad política y económica del continente sudamericano depende estrechamente del rol que cumple Brasil.

Brasil potencia económica sudamericana y mundial
Brasil tiene una superficie cercana a los 8.500 millones de km2 y se ubica como la sexta economía mundial. Según datos de la CEPAL, en el año 2013 acumuló un PBI anual de 2.261.555 millones de dólares y ello implicó el 37,6 % del PBI del conjunto de la región.
Dentro de la potencia iberoamericana, existen marcadas diferencias de desarrollo económico y social entre sus 27 estados y sus 200 millones de habitantes. Coexisten en el país regiones con bajos niveles de desarrollo humano, con otras con una economía más adelantada. Según palabras de Marco Aurelio García “la desigualdad no sólo expresaba en los números fríos de las estadísticas sociales, sino que también aparecían las diferencias entre centro Sur rico y el Norte Nordeste pobre o miserable” (Saer – García 2010: 174). Contrastando con las regiones del norte más pobre del Brasil, San Pablo concentra una población cercana a los 40 millones de habitantes y allí radica el conglomerado industrial y tecnológico más importante del país. En San Pablo se encuentra la bolsa de valores más grande del continente sudamericano (BOVESPA).
El país conformó una estructura productiva abierta al mercado mundial desde el año 1808. Durante los siglos XIX y los inicios del XX, consolidó un perfil agroexportador que atravesó las etapas del café, del caucho, del cacao o del azúcar. Según un informe de la CEPAL, en el año 2013 los principales productos de exportación del Brasil son el mineral de hierro (13,6 %), la soja (9,5), el petróleo crudo (5,4%) y el azúcar (3,8%). Ocupan un lugar importante la producción y la exportación de carne[1], de maíz y de aves.
Además de un Estado agroexportador, el país es parte de un importante proceso de industrialización que ya acumula varias décadas. En el siglo XX fueron Getúlio Vargas y el Partido Trabalhista del Brasil (PTB), quienes impulsaron más conscientemente la industrialización del país. El mandatario promovió la creación de la petrolera PETROBRAS y del Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDE). Desde una perspectiva desarrollista cercana al argentino Arturo Frondizi, el presidente Juscelino Kubitscek y su vice Joao Goulart (ex PTB) continuaron el programa de crecimiento productivo del país. El país desarrolló importantes logros y tiene empresas de envergadura a nivel internacional  como son EMBRAER o PETROBRAS. La compañía aeronáutica es la tercera en la jerarquía mundial. De la mano de PETROBRAS Brasil declaró la autonomía energética en el año 2006. La CEPAL menciona que en el año 2013 dentro de los principales productos industriales que exporta Brasil, se encuentran los barcos (3,2%) y los automotores (2,2%). 

¿Es posible un gobierno de izquierda en una potencia económica capitalista?
“El gobierno de Lula representaba una nueva expresión del campo popular, que tuvo en los gobiernos de Getúlio Vargas y de Joao Goulart sus antecedentes más próximos. Gobiernos de coalición de clases, pluriclasistas, que asumieron proyectos de unidad y desarrollo nacional, con una gran atención sobre las políticas sociales”. Emir Sader

Dentro de la nación lusitana no hay una sola perspectiva que defina las tareas y los objetivos que tiene que desempeñar el país. Las divergencias se originan en posiciones de clase e ideológicas y se expresan en el plano de la política interna y de la acción internacional. Actualmente en Brasil coexisten las tensiones políticas entre sus clases dominantes tradicionales y las diversas expresiones sociales emergentes desde mediados del siglo XX. Desde el año 2003 Brasil es gobernado por una coalición política de izquierda, en el contexto de un país que tiene una clase dominante históricamente de derecha y conservadora. El Partido de los Trabajadores (PT) de donde provienen Inácio Lula Da Silva y Dilma Ruseff, surgió en el año 1980 como resultante de una confluencia entre los siguientes sectores sociales:
-       grupos sindicales que se organizaron en la Central Única de los Trabajadores (CUT);
-       campesinos vinculados al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST);
-       organizaciones religiosas en un país con una importante desarrollo de la Teología de la Liberación y de las Comunidades Eclesiásticas de Base;
-       agrupaciones de izquierda y grupos medios universitarios.

La disputa existente entre una izquierda de base popular en ascenso y la tradicional clase dominante brasileña, se expresó hacia el mismo seno del partido de gobierno. En el año 2003 Lula Da Silva encabezó la fórmula electoral en un acuerdo con el vicepresidente José Alencar, de procedencia empresarial (textil) y de militancia en el Partido Liberal. Esta relación política inestable y conflictiva entre una izquierda y una clase dominante conservadora, es el reflejo de una nación en la que conviven una fuerza social con reivindicaciones emancipadoras, con un empresariado concentrado y poderoso con vocación expansiva y reacio a distribuir la riqueza y el poder social adquirido.

Del subimperialismo brasileño a factor estabilizador regional
Brasil es el Estado de Iberoamérica que más cabalmente aplicó una política de expansión de su territorio. El país amplió su superficie considerablemente en relación a las fronteras del antiguo imperio portugués. No exageró Arturo Jauretche cuando mencionó que “Brasil crece en la industria y en el mapa a medida que nosotros nos achicamos” (Jauretche 1957). Siguiendo con el punto de vista de Jauretche es innegable que “toda la historia del Brasil es una dura y continuada lucha por el espacio” (Jauretche, 2008: 136).
Desde la época colonial, pasando del imperio a la República, Brasil desarrolló una política exterior de vocación nacional expansiva. En el siglo XIX influyó en la organización de la Cuenca del Plata acelerando la separación del Uruguay de las fronteras del antiguo Virreinato del Rio de la Plata, derrocó a Juan Manuel de Rosas combatiendo en Caseros e intervino activamente en la Guerra del Paraguay destruyendo a su adversario económico, militar y político Solano López.
Fue un aliado de Inglaterra en la antesala de su independencia y luego de los Estados Unidos durante buena parte del siglo XX. Según Jauretche “mientras nuestras llamadas élites niegan la existencia de los factores imperialistas, Itamaraty tiene plena conciencia de ellos y los cuenta como factores operantes (…) Brasil ha jugado a favor de esos intereses, pero sacando ventajas propias, porque los conoce (…) la colaboración prestada por el Brasil a los imperialistas ha tenido precio y siempre a expensas nuestras; su política ha sido de paralelismo negociado y nunca de sometimiento incondicional ni de adhesión a principios abstractos” (Jauretche 2008: 141).
Con honrosas excepciones, en Brasil se conformó una clase política escasamente consustanciada con la unidad continental. Tampoco existió una vocación manifiesta de acercamiento con la Argentina y por el contrario, la potencia lusitana entabló históricas rivalidades acentuando las disputas entre las antiguas potencias España y Portugal.
A contrapelo de la actitud tradicional de la diplomacia brasileña, el Barón de Río Branco impulsó un pacto pacifista con la Argentina. Resultante de su gestión, Branco suponía que Argentina, Brasil y Chile (ABC) iban a profundizar acuerdos comerciales reforzando una unidad que consideró necesaria e impostergable.
A mediados del siglo XX la posibilidad de un nuevo tratado del ABC, fue impulsado por Juan Domingo Perón, por Getulio Vargas y por Carlos Ibáñez del Campo en representación de la nación trasandina. Según el punto de vista de Perón, fueron las presiones de los grupos dominantes del Brasil quienes impidieron el acuerdo de integración. En palabras del presidente argentino la posibilidad de unidad había chocado con “Itamaraty que constituye una institución supergubernamental” (Perón 1968: 92).
Desde mediados del siglo XX y como afirmó Jauretche, sus acciones traducían los intereses de las clases dominantes brasileñas en sintonía con la política exterior de los EUA. Esta incapacidad manifiesta de las dirigencias políticas sudamericanas de actuar de manera mancomunada, favoreció las rivalidades y las disputas y Brasil fue en muchos casos, un factor de desestabilización de la política regional.
Actualmente, Brasil se presenta como una potencia mundial de segundo orden y su política exterior se orienta:
-       hacia Iberoamérica, oficiando como el eje de aglutinación fundamental del MERCOSUR y de la UNASUR;
-       hacia el continente africano, reforzando sus relaciones políticas y comerciales con un continente con el que tiene cercanía geográfica y racial[2];
-       hacia el Asia, integrando un acuerdo con Rusia, India y China -al que luego se sumó Sudáfrica - (BRICS).
El crecimiento económico, político y militar[3] del Brasil, le está permitiendo poner en debate la división mundial del trabajo. El país está interviniendo activamente en los foros internacionales y exige un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, cuestiona la composición de los organismos financieros internacionales como son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Es a partir de acá, que Brasil canceló su deuda con el FMI por decisión de Lula y no ingresó a organismos del Banco Mundial (BM) como el CIADI.
En el siglo XXI Iberoamérica puede dejar de ser el “patio trasero de los EUA”, para conformarse como el área de influencia directa del Brasil. La decisión de Brasil de enfrentar el tratado de apertura comercial impulsado por los Estados Unidos (ALCA), es sintomático del lugar que pretende jugar el país en las nuevas relaciones con la potencia del norte.
La asunción de Lula en el gobierno desde el año 2003, trajo aparejada una apuesta sustancial del Brasil a la unidad regional. Del Barón de Río Branco a la fecha, el PT es la expresión política más claramente integracionista de la historia del Brasil. En la actualidad Brasil[4] es el principal aliado comercial de la República Argentina y ambos países trabajan en conjunto para la producción del vehiculo militar Gaucho y en otras iniciativas como la Alianza Estratégica en Industria Aeronáutica (AEIA),  que incluyó el acuerdo para la producción del avión de carga KC - 390 (Embraer y FAdeA). Según el actual Embajador del Brasil en la Argentina, existen más 120 sucursales de empresas brasileñas en nuestro país que generan 40.000 empleos y un stock de inversiones de 17.000 millones de dólares (Vieira Vargas 2014: 58).
A lo largo del tiempo se demostró que el alto nivel de desarrollo relativo del Brasil con el resto del continente, puede derivar en políticas hegemonistas. Es en este aspecto, en donde la conducción política del PT puede oficiar como un contrapeso de las exigencias de las clases dominantes del mismo Brasil, que son poco permeables a la integración regional. Según Aurelio García “Brasil hizo una opción clara. No quiere ser un país próspero en medio de un conjunto de países pobres y desesperanzados sobre su propio futuro” (Saer – García 2010: 184). Las clases políticas del continente pueden alcanzar acuerdos para el desarrollo de iniciativas productivas, que le otorguen a los distintos países y pueblos beneficios concretos en términos de ingreso, de empleo y de desarrollo. De la mano del PT se está avanzando en la certeza de que la política de integración regional, no puede quedar sujeta solamente a los objetivos de las corporaciones.

Del imperio esclavista a la era social     
Conjuntamente al resto de los países fundados a partir del colonialismo Europeo, Brasil reprodujo dos tipos de divisiones:
-       racial: el Estado sostuvo un sistema económico esclavista hasta el año 1888 y durante el siglo XX reprodujo una matriz racista de la distribución del poder;
-        clasista: Brasil fue y sigue siendo uno de los Estados más desiguales en términos sociales del planeta.   

Gran parte de los primeros derechos sociales sancionados en el siglo XX, fueron promovidos por Getulio Vargas en una alianza entre los militares y la burguesía industrial. Más allá de los avances sociales producto de las dos gestiones del presidente Vargas o del crecimiento económico del país entre los años 1964 y 1985 que es recordado como el “milagro brasilero”, Brasil no pudo evitar que gran parte del pueblo pobre viva de milagro.   
El ingreso del PT a la realidad del Brasil en los años ochenta, viene a revertir ambas desigualdades. Lula ingresó a la política de la mano de la acción sindical y adquirió protagonismo en las huelgas y movilizaciones que transcurren entre los años 1977 a 1980. La primera manifestación masiva se produjo en el año 1977 en la “campaña de recomposición salarial”, en 1978 el sindicalismo impulsó la operación de “brazos caídos” y en 1979 se promovieron huelgas con la intervención de más de 3 millones de obreros.
La construcción política del PT  impulsó el Foro Social de Porto Alegre,  que ofició como uno de los ámbitos mundiales más trascendentes para la formulación y la divulgación de una agenda de reforma social y de predica política antiimperialista.
Desde su gestión presidencial el PT viene aplicando una agenda de reformas sociales, en el contexto de un modelo económico que alcanzó  tasas de crecimiento del 5,1 % entre 2003 y 2008 y del 2,7 % entre los años 2009 y 2012 (O´Farrell y Villafañe 2013: 109).
Las políticas de Lula da Silva y de Dilma Ruseff permitieron una mejora en el empleo. El desempleo se redujo del 9,7 % en 2003 al 5,3 % en el año 2010, como resultante de que se generaron 14 millones de trabajos. Aumentó el salario mínimo en valores reales un 50 % entre los años 2002 y 2010 (Singer 2013: 82). Muchos de los nuevos puestos de trabajo nacieron en la economía privada y otros fueron el resultante de la obra pública. Solamente en el último mundial de futbol, el Estado invirtió alrededor de 14.000 millones de dólares y el Programa Mi Casa Mi Vida se propone construir un millón de viviendas.
La gestión del PT favoreció la mejora de las condiciones de vida de los sectores históricamente marginados del país. Salieron 40 millones de brasileros de la línea de pobreza a partir de los programas Bolsa Familia[5] o Hambre Cero. La malnutrición infantil disminuyó un 43 % durante la primera gestión de Lula. El primer presidente del PT impulsó el programa de becas universitarias ProUni orientadas en un 40 % a brasileños negros e indígenas.
El gobierno amplió el crédito para las familias de bajos recursos y para la PYMES. Del 2003 a la fecha 42 millones de brasileños accedieron a la clase media (Vieira Vargas 2014: 55).

Las cuentas pendientes
El gran desafío al que se enfrenta el PT tiene que ver con consolidar a Brasil como una potencia mundial, afianzando la integración sudamericana y permitiendo la emancipación social, cultural y política del pueblo.  La profundización del proyecto industrial forma parte de la agenda de una potencia de segundo orden, que ambiciona jugar un rol central en el mundo.
El PT alcanzó el poder como parte de los reclamos históricos del pueblo brasileño. Muchas de las reivindicaciones de las organizaciones campesinas y políticas, encontraron receptividad en la agenda de gobierno iniciada en el año 2003. Los indicadores de empleo, de vivienda o de acceso a la tierra, mejoraron considerablemente en relación a los proyectos neoliberales aplicados en las décadas del ochenta y del noventa.
Sin desconocer los logros alcanzados, son muchas las cuentas pendientes. Brasil, como buena parte de Sudamérica, tiene un sistema impositivo regresivo y mantiene una estructura económica concentrada poco permeable a la distribución de la riqueza.
En el plano social sigue existiendo una inmensa desigualdad en la distribución del ingreso entre clases y geografías del mismo Brasil. Estas diferencias que perpetúan situaciones de pobreza, de falta de acceso a la tierra y de indigencia de sectores importantes de la sociedad, generan condiciones para el aumento de la violencia y del accionar del crimen organizado.
De la capacidad de Brasil de resolver estos desafíos y de contribuir al desarrollo sustentable y a la estabilidad política de Sudamérica, dependerá su propio destino. La conformación de un continente dividido políticamente, atrasado económicamente y empobrecido socialmente, conducirá al subdesarrollo estructural de Sudamérica incluyendo al mismo Brasil.

Bibliografía
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Explorador Brasil (2013) Le Monde Diplomatique, Buenos Aires.
Gonsálvez Botelho Raúl (1974) Proceso al sub imperialismo brasileño, EUDEBA, Buenos Aires.
Jaguaribe Helio (1972) Crisis y alternativas de América latina: reforma o revolución, Paidos, Buenos Aires.
Jauretche Arturo (1957) Brasil crece en la industria y en el mapa a medida que nosotros nos achicamos, Revista Que, N 156, Buenos Aires.
(2008) Ejército y política, Corregidor, Buenos Aires.
Kathryn Sikkink (2009) El proyecto desarrollista en la Argentina y Brasil: Frondizi y Kubitschek, Siglo XXI, Buenos Aires.
Lula y Chávez en el Foro de Porto Alegre, Lemonde Diplomatique, Buenos Aires.
O´Farrell J. y Villafañe S. (2013) Macroeconomía y empleo en Argentina y el Brasil en los 2000” Revista del Trabajo, Año 9, N 11, Buenos Aires.
Piñeiro Iñiguez Carlos (2004) La Nación sudamericana, Nuevo Hacer, Buenos Aires.
Rapoport M. y Madrid E. (2011) Argentina Brasil, de rivales a aliados, Capital Intelectual, Buenos Aires.
Sader E. y García M. A. (2010) Brasil entre el paso y el futuro, Capital Intelectual, Buenos Aires.
Singer André (2013) Los sentidos del lulismo ¿será el lulismo un reformismo débil?, Revista del Trabajo, Año 9, N 11, Buenos Aires.
Viera Vargas Everton (2014) La Argentina y América del Sur en la inserción internacional del Brasil, GESTAR, Año 4, N 13, Buenos Aires.




[1] Brasil es el primer productor y exportador mundial de carne bovina y de cuero (30 % del mercado mundial).
[2] Brasil tiene la mayor población negra fuera de África. Según el Censo de 2010 97 millones de habitantes son negros o mulatos sobre un total de 190 millones (Explorador 2013: 3).
[3] El presupuesto militar de Brasil supera a la sumatoria del resto de los países Sudamericanos (Explorador 2013: 51).
[4] China es el principal aliado comercial de Brasil, Estados Unidos es el segundo y la Argentina el tercero (Vieira Vargas 2014: 59).
[5] Bolsa Familia reunió y profundizó los objetivos de los programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentacao o Auxilió Gas. En 2010 alcanzó a 13 millones de familias y la inversión implicó el 0,4 del PBI de Brasil (O´Farrell y Villafañe 2013: 118)