sábado 26 de diciembre de 2009

La crisis de la Universidad de Buenos Aires

Aritz Recalde, CEHA - diciembre 2009

“Los estudiantes, al defender la “autonomía universitaria”, sin saberlo, tal es la fuerza de los credos morales, luchan en rigor, por el colonialismo”. Juan José Hernández Arregui[1]

La crisis actual de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se vincula directamente a su incapacidad para acompañar el debate y las acciones necesarias para promover el desarrollo nacional. El conflicto por la elección de autoridades es sólo una expresión más de su imposibilidad para contribuir a la resolución de los problemas nacionales y a la producción de conocimiento socialmente relevante.
La derecha radical cobista y el izquierdismo iluminista se juntan para producir y perpetuar la crisis. Los conflictos permanentes del cogobierno universitario y la última elección de Rector de la UBA, son sintomáticos de un sistema organizado en torno de un bagaje de ideas y de doctrinas arcaicas y lo que es innegable, analizando sus resultados, las acciones terminan siendo profundamente reaccionarias. El conflicto concreto por la elección de un Rector o el debate desatado en torno de él, son hechos atendibles y habituales a la universidad. No es habitual que el conflicto impida uno de los rasgos centrales en el cual se inscribe su supuesta causa: la democracia del cogobierno. Uno de los grupos en pugna - el sector estudiantil- bloquea las acciones de los ámbitos en donde pierde la elección y lo hace en nombre de la “democratización” e impide la libertad por la que supuestamente aboga. La única elección legitima, parece, es la que gana algún candidato de la FUBA. Dejando de lado este detalle, paradójico y absurdo, lo que nos interesa remarcar son los argumentos y las doctrinas esgrimidos por la FUBA y por algunos miembros docentes y graduados de la universidad. La desubicación del “desmovimiento estudiantil”, no es un tema nuevo y por el contrario y con pocas pero honrosas excepciones, es una práctica frecuente de los cenáculos vanguardistas indigestados con bibliotecas europeas, que los distancian del país y los estrecha a los pasillos de la isla democrática. Lo grave de esta situación no son simplemente sus dificultades tácticas para hacer política y que en algún momento e indefectiblemente, los llevó a enfrentar a todos los gobiernos progresistas del siglo XX y XXI o como dijo Juan José Hernández Arregui “Han estudiado tanto que en política siempre se equivocan”[2]. El problema tampoco son sus excéntricos métodos que fomentan que haya elecciones sólo donde ellos ganan y que además lo hagan en nombre de la autonomía y el reformismo de 1918. Por el contrario, la crisis de la universidad se define por su incapacidad para democratizarse en su verdadera y única forma y contenido: servirle al país que la financia y le da razón de ser. Para comprender la desconexión, la falta de seriedad en las agendas de debate o su desprecio con el país real, solamente hay que escucharlos hablar. Por ejemplo, el estudiante crónico y presidente de la FUBA Cristian Henkel, arguye que el problema de la UBA es la falta de democratización del cogobierno caracterizado por contener “camarillas”. En su opinión si le damos algún congresal más a la FUBA y el voto a algunos docentes relegados, la UBA será democrática. Su poco original planteo iluminista y vanguardista preocupado solamente por mantener sus privilegios en la universidad, reposa en un infantilismo absurdo y simplista que tuvo alguna lógica a 6 años de la Ley Sáenz Peña, pero no en pleno siglo XXI y a 26 años de la reapertura democrática de 1983.
La representación de los intereses y los miembros del pueblo y sus organizaciones no existe para estos democratizadores. Con banderas rojas y consignas rimbombantes piden por sus privilegios que son propios de la vida interna de la universidad y en ningún momento, se discute seriamente cuál debería ser el rol de la UBA para contribuir con el desarrollo sustentable país: ¿Qué profesionales deberían formar? ¿Qué transferencia demanda la región de la C.A.B.A. y el conurbano? ¿Cuáles son los posgrados que necesita el país? ¿Cuáles son las Carreras que demanda el país?, ¿Cómo podría intervenir la universidad con acciones socialmente relevantes para los humildes?, ¿Cómo podría intervenir la universidad en los debates sobre la pobreza, la industrialización, los recursos naturales, la vivienda, la dependencia tecnológica, el medio ambiente, la energía o la salud?. A la FUBA y a muchos de los Asambleistas[3], de izquierda a derecha, radicales e izquierdistas, docentes y alumnos, no se les ocurre pensar que en un país con 40 millones de argentinos, solamente 1,3 millones van a ir a la universidad y que además y tema preocupante, aproximadamente el 70% de ellos no van a culminar sus estudios. Posiblemente tenga razón Hernández Arregui cuando estableció que “piensa, la clase media universitaria, que al pueblo hay que enseñarle a ser libre”. Frente a este panorama hay que reconocer que la única y verdadera “camarilla” es el cogobierno de la UBA que se desentiende del pueblo y del país. El día que la clase media acomodada que consume su tiempo y el dinero de los pueblos en rimbombantes luchas “por un pibe, un docente o un graduado más en el cogobierno”, se enteren a conciencia de que hay un país que paga sus estudios, van a actuar en consecuencia. El año 1918 y la “reforma” que tanto se nombra para defender el privilegio de administrar dinero ajeno sin importar para qué y con qué finalidad, nos legó medios (cogobierno) y además fines: los fines de la reforma vinculados a la impronta renovadora de la juventud coexistieron en su origen con el cogobierno, pero y es bueno decirlo, no siempre estuvieron fusionadas dichas variables. El APRA peruano, el Movimiento 26 de julio de Fidel Castro y el peronismo retomaron los “fines” de la reforma y los jóvenes y los científicos actuaron junto a su pueblo en la resolución de sus problemas nacionales, sin preocuparse demasiado por la autonomía o por que algún joven o docente entre al cogobierno para salvar a la universidad y al mundo. Ninguna revolución social y nacionalista de America Latina con la excepción del peronismo en 1973, introdujo la autonomía de la universidad como sinónimo de cogobierno. La cara opuesta de esto, es la experiencia argentina y hoy parece que a la FUA, la FUBA y a los Asambleistas y docentes, cobistas e izquierdistas, lo único que les preocupa profundamente es administrar la plata ajena sin rendir cuentas a la sociedad. Hernández Arregui lo vaticino cuando afirmó que “la vida universitaria, en su alto nivel, queda reducida a una diputa de cargos”.
Lo chocante de todo esto es la coexistencia de discursos totalmente distanciados de las prácticas. Por un lado, se enuncia un argumento de izquierda y por otro, hay una práctica liberal, de derecha y acomodaticia y por ejemplo, no podemos desconocer que entre tanto modernismo y vanguardia de los discursos hay mucho medievalista en la FUBA: sus empleados de las fotocopiadoras son verdaderos siervos de la gleba que no conocen los derechos laborales. La política del “pone un pibe de la FUBA o un docente cobista al gobierno y salvarás al mundo”, se complementa con la consigna de quién propone la concepción y el modelo de sociedad más inaplicable. El mundo nunca se ajusta al modelo teórico cobista UCR liberal y tampoco al del socialismo estrafalario y por eso estos grupúsculos ven “todo negativo” en los procesos de masas. Decir “todo negativo” es simple y no así, lo es construir una alternativa para el país y por eso les fascina “denunciar” ante Clarín y la prensa oligopólica: la Franja Morada marcha “contra” las Retenciones K y la FUBA “contra” los burgueses K. Ahora, nunca se los vio en las casas de los humildes, en el campo o la ciudad, contribuyendo y por ejemplo, a que los hijos de los trabajadores gestionen el subsidio universal por hijo recientemente sancionado, desarrollen un emprendimiento productivo o accedan a los derechos laborales que fija la ley. Todo muy mundano y simple, cosas de “burgueses cegetistas o kirchneristas”. Hay que crear conflictos y espectáculos y por ejemplo, se da la paradoja de que en los años 60 y 70 las organizaciones evitaban con complejos esquemas de seguridad la represión y hoy en plena democracia, hay que organizar el autobombo para luego “denunciar” las respuestas buscadas.
La UCR cobista, el izquierdismo y los “independientes” se enroscan en estos debates sobre porciones de poder del cogobierno como si fueran los únicos temas. De izquierda a derecha, se le rinde tributo a la UBA de Bernardino Rivadavia inaugurada en 1821: una universidad de espaldas al país, y profundamente elitista. Por suerte para la Argentina, los problemas de la UBA no son los del conjunto del sistema de educación superior y hay otras universidades que se vinculan a los intereses nacionales y a la resolución de los dramas sociales de la región. Por ejemplo, hay instituciones preocupadas por el problema social y por eso este verano la Universidad de Lanus recibirá a más de 500 niños de comedores comunitarios de la zona para hacer actividades comunitarias, deportivas y culturales. Asimismo, hay universidades que están promoviendo la formación de carreras estratégicas y la ejecución de investigaciones que sirvan a la consolidación de la ciencia y las innovaciones tecnológicas, como es y por citar solo un ejemplo, la universidad de Río Negro que está trabajando con el INVAP para el desarrollo de Ingeniería Electrónica. Estas instituciones están verdaderamente consustanciadas con el desarrollo nacional y no se ven inmersas en feroces internas del cogobierno y lamentablemente, no salen en la prensa.
El cogobierno es un privilegio de los universitarios que les otorga derechos, pero y especialmente y para ser justos con la tradición de 1918, también establece deberes y responsabilidades. En este cuadro, el desenvolvimiento de los principales sucesos del país y de la universidad han demostrado un hecho fácilmente contrastable: mientras los reformistas y la derecha de la UCR dicen bravuconadas izquierdistas o liberales, el peronismo hace obras y desarrolla acciones. Mientras históricamente los liberales y la FUBA se pelearon en el cogobierno, el peronismo desde la democracia de masas construyó obras, desarrolló la ciencia aplicada a la industria automovilista o aeronáutica y sancionó las reivindicaciones del pueblo postergado como fueron la gratuidad universitaria o los servicios sociales para estudiantes. La actualidad es más que esquemática en ello y se puede observar que hay un gobierno nacional que avanza en realizaciones en medio de estos estériles e irresponsables conflictos. Por ejemplo, hay que decir que desde 2003 el gobierno está consustanciado con el establecimiento de los derechos de los universitarios y por eso sancionó el 82 % móvil para las jubilaciones docentes, creo 8 universidades, construyó cientos de obras e implementó planes para pasar a planta a los docentes ad honorem y aumentó sueldos, entre otros temas. Asimismo y lejos de los debates infecundos y sectarios propios del ombliguismo ilustrado, el gobierno está promoviendo las carreras estratégicas para la nación (Promei, promagro, etc.), financiando la ciencia y las innovaciones tecnológicas con un nuevo Ministerio, repatriando científicos, apoyando al CONICET, entregando becas en las áreas de producción de conocimiento socialmente relevante, financiando el Voluntariado, etc. Ni la FUBA, ni la UCR cobista, ni la izquierda independiente dice nada de la inversión actual en educación Superior que realiza el gobierno. Posiblemente, su ceguera ideológica, sus feroces internas sectoriales y sus intereses individuales no se lo permitan. La UCR cobista y el infantilismo de izquierda, están solamente preocupados por sus cargos y espacios y por eso cuestionan y ven solamente “todo negativo” en la trascendente gestión universitaria iniciada en el año 2003.

La universidad será democrática si se compromete con los intereses del pueblo y no importa si la gobierna un docente o un alumno más o uno menos. Frente este panorama sólo podemos reconocer una cosa: a la izquierda de la democracia de masas que acompañó y acompaña al peronismo no hay nada, solo discursos de una clase media autodenominada vanguardia. Solamente hay un liberalismo de izquierda y de derecha preocupados por mantener y perpetuar sus propios intereses.
[1] Juan José Hernández Arregui, Nacionalismo y Liberación. Ed. Peña Lillo. Ed. Continente. Buenos Aires, 2004. P 144
[2] Muchos docentes y la FUBA enfrentaron públicamente a Hipólito Yrigoyen, a Juan Perón, a Arturo Frondizi, a Arturo Yllia, a Néstor Kirchner y actualmente son opositores a Cristina Fernández.
[3] Hay que reconocer que la oposición a la Asamblea por los miembros de las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Exactas, Medicina, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Filosofía y Letras e Ingeniería, encuentra entre sus argumentos cuestiones más profundas y por ejemplo, en el comunicado del 14/12/09 sostienen que “La UBA es de sus docentes, graduados, estudiantes y trabajadores no docentes, pero también del conjunto de la sociedad que la sostiene con el valor de su trabajo. Defendemos a la autonomía como principio fundamental para el ejercicio de una práctica regida por el interés del conocimiento, pero rechazamos el aislamiento universitario. Creemos necesario profundizar la defensa de la Universidad pública y gratuita y trabajar por una Universidad con compromiso social, creadora y popular. Juzgamos imprescindible vincular la producción académica de excelencia con los principales temas de la agenda pública, de modo de constituir a la UBA en voz pública respecto de los grandes temas sociales y políticos, a partir de su tarea específica, esto es, la producción de conocimientos. Queremos, en definitiva, una universidad definida por su misión principal y no por los diversos pragmatismos, dependientes de las coyunturas, que suelen devenir en simple y llano oportunismo”.

miércoles 23 de diciembre de 2009

Historia, Presente y Futuro del Peronismo Universitario



El peronismo universitario tiene HISTORIA:
En el año 1949 creamos el MINISTERIO DE EDUCACIÓN;
En el año 1949 decretamos la GRATUIDAD UNIVERSITARIA y en el año 1954 le dimos fuerza de ley;
En el año 1949 ELIMINAMOS LOS CURSOS DE INGRESO;
En el año 1947 instituimos por ley las DEDICACIONES EXCLUSIVAS para los docentes;
En el año 1949 abrimos la UNIVERSIDAD OBRERA NACIONAL con carreras industriales, con horarios nocturnos para los trabajadores y con un gobierno con representación popular;
Entre 1946 y 1955 permitimos el ingreso de más de 10 mil ALUMNOS LATINOAMERICANOS;
En el año 1949 le dimos SANCIÓN CONSTITUCIONAL A LA AUTONOMÍA de la universidad y al derecho al acceso a BECAS a los trabajadores;
En el año 1974 le suministramos VOZ Y VOTO A LOS NO DOCENTES en el gobierno de la universidad;
En menos de 20 años escribimos 3 leyes universitarias: 1947, 1954 y 1974;
En el año 1974 expulsamos de la universidad a los representantes de la reacción Roberto Alemann y José Alfredo Martínez de Hoz;

El peronismo universitario tiene PRESENTE y entre los años 2003 y 2009:
Sancionamos el RÉGIMEN JUBILATORIO DEL 82 % MÓVIL para docentes.
Creamos 8 NUEVAS UNIVERSIDADES;
Aumentamos la INVERSIÓN EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES en más del 400 % y se sancionó una ley de financiamiento educativo;
Aumentamos los SALARIOS DOCENTES más de 400%;
Dispusimos de presupuesto para que cobren los docentes ad honorem y por eso más de 3.000 trabajadores lo están haciendo actualmente;
Duplicamos los sueldos y el número de becarios del CONICET que ya superan los 5.500;
Apoyamos la creación y financiamos los COMEDORES UNIVERSITARIOS en todo el país;
Dispusimos de 30 mil BECAS BICENTENARIO para que los hijos de los trabajadores estudien las carreras estratégicas para la Argentina;
Financiamos la creación de NUEVAS OBRAS Y LA REMODELACIÓN de cientos de instituciones en todas las universidades con una inversión cercana a los 200 millones de pesos;
Creamos el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA y financia actualmente más de 2.000 proyectos para promover su desarrollo en la Argentina;
Implementamos la política de REPATRIACIÓN DE CIENTÍFICOS ARGENTINOS en el exterior que ya alcanzan a 600 colegas que regresaron a nuestro país;
Apoyamos masivamente la EXTENSIÓN y creamos y financiamos el programa de Voluntariado universitario que cuenta con cerca de mil programas de trabajo con la comunidad;
Apoyamos la EDUCACIÓN TÉCNICA en todos los niveles, sancionamos una ley e instauramos los programas de mejoramiento de disciplinas como ingeniería, agronomía, farmacia, veterinaria y bioquímica, entre otras;
Disponemos de partidas presupuestaria para desarrollar CURSOS GRATUITOS DE POSGRADO para los docentes y no docentes de la universidad;

El peronismo universitario tiene FUTURO: sumate a construir la universidad y el país que soñamos.

jueves 10 de diciembre de 2009

¿Universidad reformista o universidad nacionalista?


Aritz Recalde - noviembre 2009

(Publicado en Revista Revisión)

En la historia reciente de las universidades argentinas coexisten diversas corrientes políticas y culturales sobre los diferentes modelos de educación superior. Dichas posiciones pueden sistematizarse en dos grandes perspectivas.
Por un lado, se encuentra la concepción “reformista” de la universidad cuya génesis se vincula a una interpretación parcial[1] de las jornadas de córdoba del año 1918, cuestionando y continuando a su vez, algunos rasgos tradicionales de la universidad argentina de raíz liberal[2]. Esta concepción fue refundada con el golpe militar de 1955 y en particular, con el ascenso de Eugenio Aramburu y la sanción del decreto ley 6403/55. Dicho proyecto establece una concepción política e institucional centrada en la importancia de establecer un gobierno universitario autónomo de la democracia de masas. Incluso, los miembros de la universidad pueden enfrenarse directamente al sistema político mayoritario justificando dictaduras en nombre de la defensa de sus propios intereses: 1930 o 1955[3] son dos fechas en donde importantes sectores de la universidad reformista pidieron públicamente golpes de Estado reivindicando consignas ligadas la autonomía universitaria. En la tradición reformista existe una marcada distancia entre el desarrollo social, económico, cultural y político del país y los programas de la universidad (investigación, transferencia, enseñanza y extensión). Dicha condición escindida entre la universidad y el proyecto nacional, encuentra su justificación en la supuesta existencia de una vanguardia cultural de clase media, que protegería los ámbitos de producción del saber de las desviaciones de poder externo a las casas de altos estudios. Esta corriente y retomando la tradición liberal de la universidad, reproduce en los ámbitos educativos y científicos las producciones de saber europeos y norteamericanos, estableciendo por acción deliberada u omisión, la inexistencia o la supuesta inferioridad de la cultura nacional. La reproducción de saber extranjero agudiza la separación entre la elaboración de conocimiento y los problemas nacionales: la universidad tiene como objeto de estudio privilegiado las agendas de reflexión extranjeras que y generalmente, son distantes del conocimiento socialmente relevante para el país. La Universidad de Buenos Aires (UBA) es una institución típica de esta tradición.
La tradición reformista contrasta con aspectos importantes del modelo de universidad del nacionalismo popular que fue introducida por el gobierno del general Perón y continuada por intermedio de los debates de las décadas del sesenta al setenta[4]. Dicha corriente intelectual y política sostiene que la universidad debe acompañar el modelo de desarrollo nacional y no viceversa. En este cuadro, la preocupación por la autonomía y el cogobierno pasan a un segundo plano y se priorizan los debates en torno de la consolidación de una arquitectura institucional que pueda dar cuenta de las demandas y los anhelos de la democracia de masas y de las organizaciones libres del pueblo. Las investigaciones, la extensión, la enseñanza o la transferencia se organizan teniendo en cuenta el proyecto nacional y las demandas regionales socialmente relevantes. Un modelo típico de dicha concepción fue la Universidad Obrera Nacional que se vinculó directamente desde su origen al proyecto del gobierno que se propuso industrializar el país y declarar e institucionalizar los derechos de los trabajadores. Con dicha finalidad la Universidad Obrera promovió el acceso al aula de los trabajadores[5], desarrolló carreras que se correspondieron a la producción y a la industria regional[6] y fue gobernada con representación directa de los trabajadores afiliados a la Confederación General del Trabajo (CGT)[7]. Como se observa y a diferencia de la tradición reformista, el modelo del nacionalismo popular promueve carreras y líneas de investigación no tradicionales (abogacía, economía y medicina) y ligadas a las demandas de la región y al proyecto nacional. Asimismo, incluye en sus órganos de gobierno a representantes directos de las organizaciones libres del pueblo ajenos a la universidad. En esta concepción se considera importante el conocimiento socialmente relevante que no se produce en la universidad y por eso se promueve el estudio y la problematización de la cultura local, regional y nacional en sus currículas.
La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) es una institución que recoge desde su nacimiento muchos de los legados del modelo universitario del nacionalismo popular y en especial, en los aspectos concernientes a la importancia de generar una vinculación directa de la UNLa con el proyecto nacional y regional, promoviendo el estudio y la divulgación de la cultura nacional. En este sentido, la Rectora de la UNLa Ana Jaramillo, define a dicha casa del altos estudios como una “Universidad Urbana Comprometida” que (...) “ha decidido que es la comunidad con sus problemas la que define su currícula. También hemos decidido que, inversamente al planteo escolástico, nuestra función hoy debe ser textualizar los problemas más que problematizar los textos, si queremos modificar nuestro futuro y poder decir junto a Scalabrini Ortiz que “aquí también se aprende a defender a la patria”[8]. Como se puede observar, se produce un doble desplazamiento que modifica la visión tradicional de la universidad reformista. Por un lado, se reconoce la decisión estratégica de la UNLa de formular carreras, desarrollar investigaciones, implementar procesos de transferencia y actividades de extensión en función de las problemáticas locales y regionales. Asimismo, Jaramillo entiende que el conocimiento se produce no solo en la universidad, sino que y por el contrario (...) “el conocimiento en sus diversas formas reside en toda la sociedad. Supone que participan en la generación y distribución del conocimiento el conjunto de la sociedad civil, el Estado en sus diversos estamentos y jurisdicciones, la empresa privada, así como organismos no gubernamentales”[9]. Universidad, proyecto nacional y problemas regionales se fusionan y estructuran el currículo de la UNLa. Es bueno remarcar que frente a la fuerte impronta europeísta de la universidad liberal y reformista argentina, la UNLa reconoce la existencia de la cultura y la producción de conocimiento nacional y en especial, reivindica los aportes intelectuales de las figuras de suma trascendencia como Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Rodolfo Puiggrós, Rodolfo Ortega Peña, Leopoldo Marechal, Homero Manzi o Juan José Hernández Arregui, que dan nombre a los edificios de la UNLa. La UNLa promueve carreras de grado ligadas la región como son y por ejemplo, las licenciaturas[10] en Ciencia y Tecnología en Alimentos, en Gestión Ambiental Humana, en Enfermería o en Seguridad Ciudadana y también de posgrado, como son las maestrías en gestión de PYMES o en Salud Mental Comunitaria. Para dar cauce a las opiniones de la comunidad y como un medio para implementar una acción coordinada con las instituciones y habitantes de la región, la UNLa estableció un Consejo Social Comunitario con representación del ejecutivo municipal, de organizaciones de la comunidad y de miembros de la universidad.

Ambas tradiciones que fueron resumidas por una cuestión didáctica, coexisten en el sistema de educación superior argentino. En algunos casos, dichas concepciones y modelos institucionales se complementan y en otros aspectos, se contradicen. La tradición del nacionalismo popular fue interrumpida con los golpes de Estado de 1955 y de 1976, que dejaron como saldo que la reapertura de la democracia de 1983 imponga el modelo reformista retrotrayéndonos en los debates universitarios varias décadas. Muchas de las nuevas universidades del conurbano, con mayores o menores desarrollos y aciertos, han recuperado muchas cuestiones del modelo del nacionalismo popular respetando el esquema del gobierno tripartito[11] instaurado con la dictadura de 1955. Es interesante remarcar, que la experiencia de la UNLa y de manera similar a otras nuevas universidades que han implementado aspectos del nacionalismo popular, han tenido un importante desenvolvimiento y crecimiento caracterizado por el incremento de las matriculas, el ingreso de los sectores populares y la promoción de nuevas carreras de grado y de posgrado que son estratégicas para el desarrollo del país.


Bibliografía
- Jaramillo, Ana, La universidad frente a los problemas nacionales. Ed. UNLa, Lanús, 2006
- Recalde, Aritz, Universidad y Liberación nacional, Ed. Nuevos Tiempos, Buenos Aires, 2007.

Normas
- Constitución nacional de 1949.
- Estatuto de la Universidad Nacional de Lanús - www.unla.edu.ar
- Estatuto de la Universidad nacional de Rio Negro - www.unrn.edu.ar
- Ley 13.031/47.
- Decreto ley 6403/55.
- Ley 20.654/74.


[1] El movimiento de la “reforma del año 1918” estableció “fines” y “medios”. Entre los fines mencionados en el Manifiesto Liminar estaba la necesidad de reactualizar los contenidos y las formas de transmitir el conocimiento y su relación con la sociedad. Los “medios” sugeridos para alcanzar los fines fueron el cogobierno (distinto de gobierno tripartito posterior a 1955). Finalmente, la tradición reformista vigente hasta la actualidad, se apoderó de los medios sin discutir demasiado con que fines los utiliza.
[2] Tradición cultural y política ligada a la fundación de la corriente intelectual iluminista porteña de Bernardino Rivadavia y de la Universidad de Buenos Aires de 1821. Las elites porteñas expresaron la frustración del imperialismo militar británico: la derrota militar de 1806 culminó con el triunfo cultural y político ingles que fue implementado por los intelectuales al servicio de los intereses del extranjero.
[3] El gobierno tripartito tradicional (docentes, estudiantes y graduados) fue concedido por Eugenio Aramburu a los socios del golpe de Estado que intervinieron de manera violenta las universidades: PS y UCR. La segunda forma del gobierno tripartito (docentes, no docentes y estudiantes) fue introducida en el año 1974 con la ley 20.654 dando paso al gobierno cuatripartito actual de muchas universidades.
[4] En el año 1973 se implementó el modelo del nacionalismo popular en las universidades a partir de una acción protagónica de la juventud que acompañó la revolución justicialista. Dicha experiencia articuló de manera positiva la tradición del reformismo (cogobierno) con el nacionalismo popular (universidad al servicio del proyecto nacional).
[5] Dicha medida fue complementada con la sanción de la gratuidad universitaria y con la supresión de los aranceles el día 22 de noviembre de 1949 (decreto 29.337/49).
[6] La noción de regionalización aparece mencionada en el artículo 2 inciso 4, de la ley 13.031 del año 1947 que estableció que entre los objetivos de la universidad estaba el de “Estimar el estudio y desarrollo de la ciencia aplicada y las creaciones técnicas, adaptándolas a las necesidades regionales”. La constitución del año 1949 se refirió a la regionalización de la universidad de la siguiente manera: “Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales”.
[7]La U.O.N. -actual Universidad Tecnológica Nacional o UTN- fue creada por la ley 13.229/48 e inaugurada en octubre de 1953. Entre las carreras promovidas estuvieron las de Ingeniería Ferroviaria e Ingeniería Química en Tucumán o la de Ingeniería Aeronáutica en Córdoba. El Rector tenía que ser un obrero egresado de la Escuela Sindical de la CGT y trabajaba con un Consejo de Coordinación Industrial con representación del capital y el trabajo.
[8] Jaramillo, A. La universidad frente a los problemas nacionales. Ed. UNLa, Lanús, 2006. P 8.
[9] Op. Cit. Pág. 19.
[10] La UNLa organiza las carreras en dos etapas: un primer ciclo corto de Tecnicatura y un segundo de licenciatura. Los títulos intermedios son un importante elemento para reducir la deserción y para vincular la educación a la producción y el trabajo. La noción de “carreras cortas” tuvo como antecedente el proyecto institucional de Rodolfo Puiggrós en la UBA del año 1973 que buscó acercar la educación a los trabajadores.
[11] La mayor innovación en el gobierno de las Universidades Argentinas la realizó la Universidad Nacional de Rio Negro que institucionalizó un sistema de toma de decisiones con participación de las organizaciones del trabajo, de la producción y el Estado.

miércoles 21 de octubre de 2009

CUADERNOS DE TRABAJO DEL CENTRO DE ESTUDIOS HERNÁNDEZ ARREGUI



CUADERNO Nº 3
MODELOS DE DESARROLLO EN LA ARGENTINA

Aritz Recalde - 0ctubre 2009

“La Argentina sufrió una de las peores formas de destrucción: el sojuzgamiento y el estancamiento. Ahora debe reconstruirse lo destruido. Ante todo, la fe en nosotros mismo, en nuestra propia capacidad para crear una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Para ello debemos reconstruir nuestras instituciones y su capacidad de realizar grandes obras y profundas transformaciones. Y, paralelamente, consolidar la unidad nacional, en una sociedad dinámica, cuyo ámbito no sea degradado por la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales. Este es un plan de liberación. Liberación de las necesidades básicas de los argentinos, cuya satisfacción les será asegurada, cualquiera sea su actividad o el lugar en que vivan. Liberación de la arbitrariedad de los poderosos, liberación de la coacción extranjera”[1]. Plan Trienal para la reconstrucción y la liberación nacional, Poder Ejecutivo Nacional, diciembre de 1973.

“En la vasta zona de países rezagados, que abarca a dos tercios de la población humana, América Latina vive su segunda revolución nacional. La primera, de la Independencia, fue obra del pueblo en armas. La segunda y actual, es la de su desarrollo integral”. Juan Enrique Gugliarmelli[2]

APARTADO I- DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
La noción de “modelo de desarrollo” refiere al debate centrado en las diferentes formas de organizar política, económica, social y culturalmente una comunidad nacional. Los distintos modelos implican un tipo de inserción específica del país en el teatro de la división del trabajo mundial y, de ella depende la posibilidad de lograr la emancipación plena y sustentable de sus habitantes. Decimos “modelo” ya que reunimos y presentamos de una manera simplificada y bajo las categorías de “liberalismo, desarrollismo, nacionalismo y socialismo”, todo conjunto de comportamientos sociales, políticos e históricos que son una construcción ideal o conceptual explicativa y que no encuentran una relación directa y determinista con el comportamiento de la sociedad. Son “modelos” y esquemas conceptuales y explicativos que no dan cuenta del conjunto de los factores y de las relaciones históricas situacionales, pero que pese a eso, nos permiten sistematizar algunas líneas interpretativas básicas acerca del comportamiento de los principales procesos de desarrollo encarados en la Argentina. En tanto son sólo modelos conceptuales, no podemos dejar de mencionar que existen cruces entre ellos y que los procesos históricos tomados como ejemplos encuentran características compartidas que no van a ser comentadas por cuestiones más bien didácticas.
Decimos que la noción de “modelos de desarrollo” es un “debate” ya que no existe una posición unívoca acerca de cuál es la receta o el proyecto capaz de encauzar el desenvolvimiento armónico, estable y perdurable de los factores sociales, económicos, políticos y culturales que dan consistencia y permanencia a la comunidad nacional. En realidad, es innegable que hay diferentes modelos en tanto los actores sociales que interactúan en el país y el extranjero encuentran intereses y en varios casos, objetivos claramente disímiles y enfrentados. Toda relación de poder se organiza políticamente, militarmente y además, se justifica culturalmente: la lucha por el poder se manifiesta en los debates sobre los diferentes “modelos de desarrollo”, que en muchos casos, son claramente antagónicos.
Consideramos pertinente relacionar el término “modelo de desarrollo” al de “comunidad nacional” por el hecho, insoslayable desde el estudio histórico, de la existencia de los Estados nacionales como marcos de encuadramiento, de organización y de desenvolvimiento de las relaciones de poder en los siglos XIX, XX y XXI. No se puede lograr un desarrollo social y económico perdurable sin consolidar previamente la comunidad nacional como unidad soberana. La competencia y la lucha de Estados a nivel internacional hace que los actores y los grupos sociales que habitan el país, sean aplastados por la acción de las metrópolis y sus operadores internos que garantizan la implementación de los programas del neocolonialismo y la dependencia. Las propuestas teóricas y políticas que creen superar el problema nacional a través de la introducción de las categorías de “internacionalismo, latinoamericanismo o regionalismo”, están lejos de resolver la cuestión. Con este postulado no negamos la importancia estratégica que implica la unidad latinoamericana ya que y tal como estableció Juan José Hernández Arregui: “Iberoamérica reúne las condiciones de una nación integral (…) la lucha por la independencia nacional de las nacionalidades latinoamericanas debe ser coordinada, pues no habrá independencia nacional fuera del cuadro general de la lucha antiimperialista latinoamericana.”[3] Hecha esta aclaración es importante remarcar el orden de las prioridades: la organización nacional es el paso previo para discutir cualquier tipo de integración y no hay muchas opciones a ésta ley de hierro de la política internacional, salvo que propugnemos ser un satélite o una semicolonia subordinada a otro país. A la hora de mencionar la categoría de nación lo hacemos como “comunidad” por el hecho de que la posibilidad misma de su desarrollo involucra el hecho de articular actores e interés disimiles. La organización nacional en el Tercer Mundo no es una tarea de un sólo grupo social o de una clase, sino que es una actividad de un frente político o de un conglomerado de organizaciones libres del pueblo. Hernández Arregui se refirió a esta cuestión de la siguiente manera: “La política de liberación, a pesar de cierta interpretación recíproca entre clases sociales interesadas -proletariado y burguesía industrial, etc.-, avanza sobre antagonismos vivientes que generan diversas ideas sobre el desarrollo nacional, y miden el desorden e indeterminación de estos periodos políticos, bien aprovechados por las clases explotadoras amenazadas de desplazamiento, o decididas a superar privilegios de antaño. A pesar de ello, el proletariado nacional, en tanto la burguesía industrialista contribuya al desarrollo, debe apoyar tal tendencia, no por solidaridad “patriótica” de clase, sino como táctica, pues el nacionalismo del proletariado es distinto al de la burguesía, aunque puedan ambos concurrir por separado, en las etapas preliminares, siempre contradictorias de la lucha, a la emancipación nacional”.[4]
El concepto de “pueblo” al que hacemos referencia tiene un sentido político, uno económico y otro cultural. Como categoría económica, el pueblo se refiere al conjunto de relaciones de producción que están enfrentadas a los intereses de las metrópolis: los trabajadores, los industriales o profesionales ligados al mercado interno tienen objetivamente un mismo enemigo estructural en el programa neocolonial agroexportador y financiero que promueve el capital trasnacional y sus aliados locales. La rentabilidad del capital trasnacional es sinónimo del saqueo de los recursos y del desempleo del habitante de la periferia. La dimensión “política” de la categoría pueblo, refiere al hecho de que las relaciones de poder económico y social mencionadas se ejercen y perpetúan a través de una organización política: las multinacionales y las empresas de las metrópolis se organizan a nivel de sus Estados y se habla por eso, de relaciones políticas dependientes e imperialismo como formas normales de funcionamiento del capitalismo. A nivel cultural, se habla de nacionalismo popular como marco de identidad que da consistencia organizativa y política al pueblo para enfrentar el programa neocolonial. Las nociones de pueblo y de nación se fusionan: el pueblo si no consolida la nación desaparece y a su vez, es inviable organizar el desarrollo pleno de la comunidad sin vincular a las organizaciones libres del pueblo en la tarea nacional y latinoamericana por la segunda independencia. El General Gugliamelli se refirió a la relación entre la organización política del pueblo y el modelo nacionalista de la siguiente manera: “El desarrollo integral significaba el económico – social, cultural y espiritual. (…) Definí asimismo como sectores nacionales a todos aquellos que no están comprometidos con los sectores opresores o que, en particular, sufren la opresión de los grupos dominantes externos, imperialistas o neocolonialistas, o de los grupos colonialistas internos, cualquiera fuera la modalidad que esa coacción adopte. La revolución nacional debe, según el mismo trabajo, consolidar el rango de nación y asegurar, por tanto, que el centro de decisión soberana le pertenezca.”[5] Tradicionalmente, se entiende que el actor político opuesto al pueblo es la “oligarquía”. El término “oligarquía” encuentra varias acepciones. Por un lado, se refiere a una función económica que se caracteriza por la actividad agropecuaria ejercida en base a la tenencia de grandes superficies de tierra. La oligarquía serían los grupos reducidos de poder identificados con los intereses de los grandes terratenientes ligados al sector agroexportador. Habitualmente su modelo de país se relaciona al programa del liberalismo clásico. Además, la palabra oligarquía adquiere una dimensión estrictamente política y refiere a aquellos grupos o clases que ejercen su poder de manera minoritaria con un programa que enfrenta objetivamente los intereses del pueblo. En este último caso, la “oligarquía” refiere a un conglomerado de clases y dirigentes en donde coexisten de manera inestable y cambiante, los intereses del capital extranjero, los bancos, los latifundios y los partidos políticos demoliberales. A esta última acepción haremos referencia en el Cuaderno.
A partir de lo expuesto, es bueno reconocer la importancia estratégica que adquiere el hecho de identificar cuál es el “modelo de desarrollo” que nos va a permitir alcanzar el progreso nacional y la emancipación de las organizaciones libres del pueblo. El debate acerca de los Modelos de Desarrollo en “abstracto” debe vincularse con la problemática histórica concreta relacionada a la formación y a la consolidación del desarrollo nacional. La cuestión acerca de los distintos modelos se circunscribe a la posibilidad de que nuestro país alcance el desarrollo nacional o como estableció Oscar Varsavky: “Desarrollo es, si, un término relativo, pero relativo a las metas que el país se plantea; a su propio Proyecto Nacional, no al de otro país. (…) Cuando alcancemos nuestros objetivos seremos desarrollados, hasta plantearnos otros nuevos. (…) Con un Proyecto Nacional tenemos nuestra propia pauta y medida de desarrollo, que recién entonces podremos cuantificar de la manera que nos resulte más útil.”[6] La imposición política de los Modelos de Desarrollo o la copia textual de los proyectos de otros países, dificultan la respuesta soberana al problema nacional que es el único camino para resolver los desafíos del país.
A lo largo del presente Cuaderno vamos a centrar la mirada en el análisis de los modelos de desarrollo atendiendo a las siguientes variables interrelacionadas que los componen:
A- la Economía;
B- el Rol del Estado;
C- las Relaciones exteriores;
D- la forma de organizar la Democracia y articulación política;
E- el Programa Cultural.
Citas
[1] Plan Trienal Para la reconstrucción y la liberación nacional. República Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, diciembre de 1973. Perón, Obras Completas. Ed. Docencia, Buenos Aires, 2006. P 5.
[2] Gugliarmelli, Juan Enrique, “Función de las fuerzas en la actual etapa del proceso histórico argentino”, Estrategia, Nº 1, mayo – junio de 1969. En Pensar Con Estrategia, UNLA, 2007, p 27.
[3] Hernández Arregui, Juan José, ¿Qué es el Ser Nacional?, Catálogos y Secretaría de Cultura de La Nación, 2002, pp. 42 y 214.
[4] Op. Cit., pp. 217-218.
[5] Gugliarmelli, Juan Enrique, “Fuerzas armadas para la Liberación Nacional”, Estrategia, Nº 23, julio – agosto de 1973. En Pensar Con Estrategia, UNLA, 2007, p. 130.
[6] Varsavsky, Oscar, Proyectos Nacionales, Periferia, Buenos Aires, 1971, pp. 111-112.

viernes 25 de septiembre de 2009

CUADERNOS DE TRABAJO DEL CENTRO DE ESTUDIOS HERNÁNDEZ ARREGUI


LA COLONIZACIÓN CULTURAL
Aritz Recalde –Septiembre 2009
Parte I: La industria cultural norteamericana y la guerra permanente.





(…) “La escuela, el periodismo, la radio, el cine, la Universidad, integran el frente de resistencia que los grupos económicamente encumbrados oponen al cambio social”. Juan José Hernández Arregui[1]

(…) “Un imperialismo fundado sobre bases económicas tratará naturalmente de crear una situación mundial en la cual pueda emplear en forma abierta, en la medida en que le es necesario, sus instrumentos económicos de poder, como las restricciones de los créditos, el bloqueo de las materias primas, la desvalorización de la moneda extranjera, y así sucesivamente. Considerará como “violencia extraeconómica” el intento de un pueblo o de otro grupo humano de resguardarse del efecto de estos métodos “pacíficos”. Empleará medios de coerción aun más duros (…) Por último, dispone todavía de instrumentos técnicos de eliminación física violenta, de armas modernas técnicamente perfectas, que se han vuelto de tan inaudita utilidad, mediando una inversión de capital y de inteligencia, como para ser realmente usadas en caso de necesidad. Para el empleo de estos instrumentos se está construyendo por otra parte un vocabulario nuevo, esencialmente pacifista, que no conoce ya la guerra sino sólo exclusiones, sanciones, expediciones punitivas, pacificaciones, defensa de los tratados, policía internacional, medidas para la preservación de la paz. El adversario no se llama ya enemigo, pero por eso mismo es presentado como violador y perturbador de la paz, hors-la-loi y hors- l`humanité, y una guerra efectuada para el mantenimiento y la ampliación de posiciones económicas de poder debe ser transformada, con el recurso de la propaganda, en la “cruzada” y en la “ultima guerra de la humanidad”. Carl Schmitt[2]


Los países nacen, se desarrollan y mueren en un estado de enfrentamiento político permanente o, como planteó Carl Schmitt: “la guerra y la enemistad forman parte de la historia de los pueblos.”[3] Dicha condición inmanente de la historia hace que la declaración de la guerra y de la paz sean etapas y medios a partir de los cuales las metrópolis buscan alcanzar sus objetivos políticos expansionistas como plataforma para lograr su desarrollo nacional. Las guerras entre las potencias fueron y son actualmente, una forma de dirimir el enfrentamiento con otras naciones y pueblos. Incluso, podríamos aseverar que la segunda guerra mundial no culminó en el año 1945, sino que siguió luego de Yalta con la lucha entablada por el reparto del planeta entre los bloques de las potencias triunfadoras. El conflicto por la posesión de los recursos del mundo se prolongó, desde esa fecha con otra dinámica, hasta la caída del Muro de Berlín y es innegable que y finalmente, su vencedor exigió los derechos al derrotado: Estados Unidos aplicó su programa neoconservador de manera violenta y brutal sobre gran parte del planeta durante casi dos décadas de una tiranía que fue ejercida políticamente, a veces de manera militar y en todos los casos, con una acción de enfrentamiento y avasallamiento económico. Hernández Arregui lo expresó claramente hace ya varias décadas al sostener que “Estados Unidos, tras la ciclópea estatua de la libertad que mira Nueva York, -“la sanguinaria, la monstruosa, la irresistible, capital del cheque”, como la llamaría Darío-, y no hacia el mundo, jamás ha reparado en medios para subyugar a los pueblos que caen bajo su esfera de influencia. Su actual política, favorable al reconocimiento de los regímenes militares, en sustitución de la anterior, partidaria de los gobiernos títeres que el Departamento de Estado consideraba “democráticos” y todos ellos, tutelados por su intervención directa o su consentimiento indirecto – como es el caso Betancourt en Venezuela – no es más que el descolorido cortinado de un nacionalismo prepotente y sin imaginación. La invasión de Santo Domingo, una vez más – y no será la última – lo prueba sin atenuantes”.[4] Efectivamente y tal cual transcurrió la historia posterior, Hernández Arregui tuvo razón: no fue la última asonada militar del imperio y sus operadores internos sobre el continente.
En este marco histórico e internacional, es pertinente mencionar que la industria cultural norteamericana se vincula estrechamente con la política exterior expansionista del país que se desenvuelve como un instrumento del aparato de colonización cultural que tiene entre sus funciones privilegiadas, la de justificar el programa imperial. Los bancos, los industriales, los obreros, técnicos y todo el conjunto de operarios de las fábricas conjuntamente a los cuadros militares, construyen las bases materiales de producción para la guerra norteamericana: en este marco, los políticos y la industria cultural de su país, la preparan y la justifican ante la opinión pública y finalmente y lo que es importante, la declaran como una ley de hierro que cae sobre las espaldas del Tercermundo. Sociedad, Estado, imperialismo e industria cultural se amalgaman y tal cual lo expresó Juan José Hernández Arregui (…) “La opinión pública es una de las caras del poder social. La estabilidad misma del Estado depende de ella. De acuerdo a lo que el Estado representa frente a las relaciones de poder, así será la propaganda periodística, radial o cinematográfica”[5].

(....) En este esquema de política nacional e internacional se desarrolla el cine norteamericano, que se desenvuelve como una manifestación cultural de una economía de guerra y de una potencia expansionista. Sintéticamente, podemos afirmar que existe una matriz que atraviesa las diversas expresiones de la industria del cine norteamericano y que presenta conjuntamente un argumento, un contenido y una imagen que:

PRIMERO: es apologética de la intervención policíaca, cotidiana y totalizadora del Estado sobre la vida privada de los ciudadanos norteamericanos en un país que, paradójicamente, hace alarde de ser la republica liberal ejemplar. Dicha mención permanente al “liberalismo” coexiste sin causar demasiadas contradicciones en la opinión pública, con un cine en el que los organismos de inteligencia intervienen teléfonos, domicilios, correspondencia, detienen personas y en el que las instituciones y órganos como el FBI y la CIA, son un motivo frecuente y reiterado que controla todos los ámbitos de la vida privada de los ciudadanos. El cine hace apología de un Estado autoritario que vigila e interviene policialmente la vida privada, generando un sentimiento de militarización total en el que se educa el ciudadano.

SEGUNDO: construye la enemistad permanente de la comunidad norteamericana contra un supuesto agresor externo, al cual hay que derrotar y suprimir del planeta. Las poblaciones que disponen de los recursos que ambiciona el país se tornan un enemigo total: la etnia, la raza, la historia o los sistemas de gobierno, componen la amalgama sobre la que se construye el enemigo sobre el cual hay que actuar en una acción de guerra. El cine norteamericano recorrió las relaciones exteriores de su país y es por eso que se construyó una imagen exportable, masiva y profundamente desvirtuada, de Rusia, de las guerras de Indochina, de las acciones en Medio Oriente o de la Latinoamérica actual. La acción económica es disfrazada de lucha cultural: se combate contra la religión soviética –el comunismo-, se lucha contra la cosmovisión “árabe extremista” –el ser musulmán– y se enfrentan los valores de Latinoamérica –“narcoterrorismo y autoritarismo”-.

TERCERO: construye un estado de emergencia interna permanente donde el supuesto enemigo externo circunda la vida cotidiana del ciudadano norteamericano. El cine catástrofe es una expresión clara de la imposición cinematográfica de una construcción del sentimiento de potencial ataque exterior. Sobre este estado de ánimo, se configura la animosidad negativa entre Estados y pueblos. Esta imagen se amplifica con la formación del terror vinculado en un potencial exterminio tecnológico: por ejemplo, es frecuente encontrar en el cine norteamericano un arma bacteriológica o atómica en manos de los árabes o soviéticos.

CUARTO: desarrolla una tarea de promoción y de constante apología del rol de las Fuerzas Armadas para la defensa de su país y del mundo. La guerra, el armamento o los valores ligados al combate, la justicia y la tarea y práctica militar son motivos frecuentes del cine norteamericano. Nación, Fuerzas Armadas y guerra permanente hacen a la constitución del ser nacional norteamericano.

QUINTO: el enemigo externo es universal, pero la defensa y salvación del planeta sólo una actividad norteamericana. Esta construcción induce a formar una opinión pública mundial centrada en la defensa del monopolio de la producción de armas y de la declaración legal de la guerra y la muerte. Reproduciendo literalmente los contenidos se puede deducir que los asesinatos efectuados por los norteamericanos son “legítimos” y los realizados por otras naciones (más: en general defensísticos) son expresiones de “terrorismo”. Estas concepciones contribuyen a reforzar la actual división internacional de la guerra y la declaración del derecho a la muerte, que tiene a Estados Unidos como principal detractor.

La industria cultural norteamericana recorre un complejo entramado de tensiones por un lado, entre la hegemonía que ejerce la dirigencia ligada a la industria de la guerra y su aparato de la colonización cultural y por otro, con diversos mecanismos como el financiamiento direccionado o la censura gubernamental. La cultura de la guerra se produce y reproduce a través de convicciones, pero además, de subsidios y de persecuciones políticas. Asimismo, debemos reconocer que no manejamos la hipótesis de que existe un “sólo” cine norteamericano, sino que en realidad, repasamos algunas tendencias generales sobre una corriente cinematográfica particular que es respaldada por la estructura rentística y concentrada de la industria cultural y los aparatos de prensa norteamericanos y que se exporta masivamente a las pantallas latinoamericanas. Norteamérica y su dirigencia van a la guerra junto a su industria cultural, furgón de cola de la organización internacional de la muerte y el saqueo histórico y diario del imperio sobre el Tercermundo. Frente a este cine de raíz colonial es bueno traer la propuesta del grupo Cine de Liberación que sostiene que (…) “creemos que basta que el cineasta conciba su existencia como una militancia en el terreno de la cultura para que ese cine, sea y pueda cumplir su praxis total. A fin de cuentas, si entendemos el papel del cineasta como el de un operario o trabajador de la cultura, quedará claro que las dificultades que habrá de atravesar no serán ni mayores ni menores que las que viven hace años los trabajadores de otros frentes sujetos a leyes mucho más coercitivas y dictatoriales. (…) Importa más llegar a un solo hombre con la verdad de una idea, que a diez millones con una obra mistificadora. Aquello libera: lo otro es ignominia”.[9]




[1] Hernández Arregui Juan José (1957). “Imperialismo y Cultura. La política en la inteligencia argentina”. Ed Amerindia, Buenos Aires. P 34.
[2] Carl Schmitt (2001). “El concepto de lo político”. En Teólogo de la política. Ed. Fondo de Cultura Económica, México. P 223.
[3] Carl Schmitt (2001). “Enemigo total, guerra total, Estado total”. P 146.
[4] Juan José Hernández Arregui (2004) “Nacionalismo y Liberación”. Editorial Peña Lillo. Ediciones Continente. Buenos Aires. Pp. 128-129.
[5] Hernández Arregui (1957). P 270.
9 Octavio Getino y Fernando Solanas (1969). “Notas de Cine de Liberación. Tema: La censura”. Revista De Marcha, Uruguay

martes 8 de septiembre de 2009

Servicios Audiovisuales: liberación o dependencia

CENTRO DE ESTUDIOS HERNÁNDEZ ARREGUI
(El presente documento es un resumen de la propuesta del C.E.H.A. presentado al COMFER sobre la base del primer borrador del Anteproyecto de Ley Servicios Audiovisuales)

(…) “La cultura es un arma del dominio político”- Juan José Hernández Arregui

El C.E.H.A apoya la sanción definitiva del actual anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque:
PRIMERO: Considera que es el Estado, por intermedio de sus representantes elegidos en democracia, el actor legal y legítimo que debe planificar la comunicación atendiendo al interés social y cultural colectivo y que por lo tanto, no puede concederse la administración y control de los Servicios de Comunicación Audiovisual a empresas oligopólicas y a los negocios privados. Los medios de comunicación deben ser organizados por la democracia en función del interés del país, no por los grupos económicos concentrados y las corporaciones transnacionales.
SEGUNDO: Estima que el proyecto implica un gran avance en la democratización y en la organización de los Servicios de Comunicación Audiovisual, estableciendo reglas claras y precisas sobre tres cuestiones fundamentales: ¿quién emite?, ¿quién y cómo se controla? y ¿con qué objetivos se desenvuelve la comunicación?. Consideramos que el Anteproyecto implica un trascendente avance para hacer de la comunicación un instrumento del desarrollo nacional democratizando el acceso de las organizaciones libres del pueblo, a la producción, la emisión, la fiscalización y el control de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
TERCERO: Concluye que el Anteproyecto es consecuencia de propuestas, debates e iniciativas del Estado y de las organizaciones libres del pueblo. Las resoluciones de éstas últimas fueron recogidas por intermedio de las demandas y propuestas de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y a través de la organización de foros de debate en todo el país. Frente a la práctica de la democracia directa y popular que dio marco a dicho proyecto, aparecen los grupos reducidos de poder que por intermedio de operaciones políticas y construcciones falsas de sentido, enfrentan la legal y legítima decisión popular de sancionar otro marco institucional. Apoyamos el proyecto ya que consideramos innegable la trascendencia histórica que implicó conformar y concensuar una ley en base a la democracia directa y deliberativa y no por intermedio de los lobbys de los grupos concentrados de poder.

Atendiendo la diversidad de opiniones, de comentarios y las consecuentes modificaciones implementadas al texto, el C.E.H.A. considera pertinente mencionar brevemente en la agenda de debate, la importancia de incluir algunos aspectos de la relación entre la “soberanía nacional” y los Servicios Audiovisuales.

LA COMUNICACIÓN Y LA SOBERANÍA NACIONAL
La subsistencia de la comunidad nacional está estrechamente ligada al desarrollo pleno de los factores de la producción y el trabajo de nuestro país en el marco de la división del trabajo mundial. El desarrollo nacional se relaciona e interactúa con las acciones económicas, políticas y culturales del conjunto de los países y los grupos económicos que compiten por la obtención de los mercados o de los recursos naturales y financieros a nivel planetario. En esta línea, es bueno recordar que no fue casualidad que el paso previo para la entrega a manos privadas y extranjeras de los recursos estratégicos como el petróleo, fue la privatización de los canales y radios públicas que fueron transferidos a grupos económicos a partir de la sanción del la ley 23.696 de 1989, denominada como “De emergencia administrativa y reforma del Estado”. Dichos medios de comunicación privatizados, oficiaron en muchos casos como un instrumento para justificar la transferencia del patrimonio cultural, económico y social de los argentinos al extranjero y a las empresas trasnacionales. Transferido a particulares el ahorro nacional (servicios públicos, jubilaciones, bancos, recursos naturales, etc.) gran parte de la prensa concentrada y extranjera hijas de las privatizaciones se avocó:
- Primero: A cuestionar las OPCIONES POLÍTICAS AL SISTEMA NEOLIBERAL y a promover las agendas y programas de los imperios en el país; el periodismo concentrado fue el brazo cultural de los programas políticos del capital trasnacional. Actualmente al actuar privilegiando sus meros intereses comerciales, la prensa concentrada se vincula directamente a los proyectos de los grandes grupos económicos y a los gobiernos extranjeros que son sus publicistas. Sobre el particular, Juan Domingo Perón estableció que (…) Hoy no hay quien no utilice la publicidad para fines propagandísticos con resultados variables. Pero los imperialismos se sustentan en algo más serio que la simple publicidad. A ellos no les es suficiente publicar un aviso para vender su artículo, sino que deben imponerlo a toda costa, y para eso no es suficiente avisar. Por eso los Estados han creado todo un servicio publicitario, disfrazado con diversos nombres o siglas” (Política y Estrategia. No ataco, critico: “La Publicidad” “La Opinión Pública”, 03-1951).
- Segundo: A garantizar la rentabilidad y el consumo de la producción extranjera importada ya que, y entre otros temas, dichos grupos económicos son generalmente auspiciantes de la prensa. En muchos casos, y cuestión que se evidenció notoriamente con el punto de vista del grupo Clarín acerca de las retenciones móviles del año 2008, la prensa se vincula a la estructura de negocios del capital trasnacional utilizando su influencia cultural para apuntalar el modelo productivo agroexportador y dependiente. A partir de aquí, que compartimos la opinión de John W. Cooke cuando estableció que “nosotros creemos en la libertad de prensa, de la prensa independiente y la ideológica, de la equivocada y de la que esta en la verdad; pero en lo que no creemos es en el derecho de estas empresas mercantiles y capitalistas para procurar que los resortes del Estado se pongan al servicio de sus intereses cada vez que hay cuestiones gremiales en juego” (Acción parlamentaria 16/03/1951).

La Argentina, que anteriormente fue una potencia política con un importante desarrollo industrial y pleno empleo, se transformó en una economía de servicios, raquítica y dependiente, extranjerizada y profundamente fragmentada en lo social: el modelo concentrado, monopólico, comercial y extranjerizante de los Servicios Audiovisuales, favoreció dicho proceso. Las reformas implementadas a la ley 22.285 durante la democracia, lejos de revertirlo fueron un agravante. A partir de aquí pudimos ver como con el neoliberalismo:
a- Importamos el trabajo extranjero en lugar de la producción argentina: la prensa concentrada favorece, diariamente, la publicidad y el consumo de las firmas extranjeras oprimiendo al productor y al trabajador nacional.
b- Entregamos la administración de los recursos estatales y financieros a privados y a empresas trasnacionales: es bueno recordar que el capital español y norteamericano controla empresas estratégicas que son protegidas por la presencia de su prensa en el país.
c- Abandonamos nuestra política exterior soberana e independiente para pasar a las relaciones “carnales con Estados Unidos”: en su lugar importamos los modelos de política de las potencias y su justificación del estado actual de conflicto bélico mundial y permanente. La radicación de bases militares en Colombia o la actual dictadura de Honduras, actualizan el debate sobre las relaciones exteriores del país y en especial, plantean claros desafíos para América Latina. Las potencias que son parte del conflicto lo entienden al pie de la letra: Estados Unidos utiliza la industria del cine para hacer “apología” de las ocupaciones en Medio Oriente y lo que interesa, lo hace para justificar sus políticas en América Latina (el llamado “narcoterrorismo”, entre otros, es una construcción simbólica del cine norteamericano que favorece la política de avance militar sobre el continente). A la industria cultural de recreación, la acompañan las campañas de la prensa de las potencias con canales de noticias para América Latina como CNN, o sus agencias de noticias (como la United Press International, Associated Press o Reuters), que son utilizadas para enfrentar a los gobiernos democráticos que toman medidas populares: la campaña contra las figuras de Hugo Chávez, contra Evo Morales o contra las retenciones en la Argentina, son ejemplos de la utilización política que hace la industria cultural y la prensa extranjera.

A partir de aquí es que sostenemos la importancia de encuadrar el debate de la ley en términos de soberanía nacional y por eso proponemos que:
PRIMERO: La ley debe promover el DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL, privada, cooperativa y especialmente, de aquellas ligadas a las empresas y servicios públicos en manos del Estado. Por eso, planteamos para la ley:
- Que se establezca un costo diferenciado para la emisión de publicidad por parte de las pequeñas y medianas empresas de capital nacional, en relación a las grandes corporaciones y a las empresas extranjeras.
- Que se prohíba la publicidad en los Servicios de Comunicación por suscripción -ya que el mantenimiento del medio está garantizado por la cuota que paga el usuario-, con la excepción de aquella ligada a la pequeña y mediana empresa nacional.

SEGUNDO: La ley entre sus objetivos debe priorizar los irrenunciables preceptos de SOBERANÍA Y DE SEGURIDAD NACIONAL. Por eso, proponemos:
- Que en el Titulo I, Disposiciones Generales, Articulo 3, Objetivos, se mencione “Promover la identidad argentina fortaleciendo la soberanía, la seguridad y la defensa nacional”.
- Revisar las menciones a los Tratados Internacionales. Sobre éste tema, la Coalición por una Radiodifusión Democrática planteó la importancia del cumplimiento efectivo de la “reciprocidad”, cuestión sumamente importante y que fue incluida en el texto que ingresó al Congreso. Nosotros planteamos, siguiendo la línea de la Ley de Educación Nacional, que debería esbozarse una modificación más profunda y tajante del asunto estableciendo que: “El Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir los Servicios de Comunicación Audiovisual como una actividad meramente lucrativa o que alienten la extranjerización de la Comunicación y la puesta en cuestión de la soberanía cultural y política del país”.

- Introducir y siguiendo la ley 14.241 del año 1953, que (...) “Se prohíbe la transmisión de noticias o comentarios (…) que inciten a la traición contra el Estado, la rebeldía o a la sedición contra las autoridades constituidas; las que puedan provocar la alarma pública o perturbar las actividades económicas o financieras internas; las que pudieran dañar o comprometer las relaciones internacionales del país; las que susciten polémicas o contengan expresiones injuriosas o difamatorias o las que tengan por objeto causar perjuicio moral o material a terceros”.

Para culminar, traemos a consideración unas palabras de Juan Domingo Perón que establecen claramente y sin medias tintas, el espíritu que queremos dar a nuestros aportes (…) “La preparación de la opinión pública de un país soberano es parte de la soberanía que ejerce el Gobierno y no puede cederla al extranjero sin verse inmerso en el delito de alta traición”. (Política y Estrategia. No ataco, crítico: “La Publicidad” “La Opinión Pública”, 03-1951).

sábado 25 de julio de 2009

LA ELECCIÓN LEGISLATIVA DEL AÑO 2009 Y LAS OPCIONES DEL PROYECTO NACIONAL


Aritz Recalde C.E.H.A. – julio 2009

El gobierno nacional no enfrenta simplemente a un “no muy auspicioso” desempeño electoral, sino que principalmente se opone a una acción deliberada y sistemática de construcción y de deformación de la opinión pública, ejercida por algunas corporaciones económicas y mediáticas, que tiene como finalidad -más allá de la verborragia del periodismo o de la dirigencia opositora- quebrar algunas de las políticas de contenido progresista implementadas por el gobierno nacional. Las corporaciones no discuten simplemente con el “temperamento”, la “ceguera” o la supuesta “soberbia” de Cristina Kirchner, sino que interpelan algunas de sus decisiones políticas y económicas: no les interesa “transparentar” la gestión del gobierno o incidir sobre sus aspectos negativos, que por cierto son muchos, sino que por el contrario, intentan dar por tierra con los logros del gobierno ligados a la distribución del ingreso, la política regional y la recuperación del patrimonio público. La indiferencia respecto a este estado de cosas implica para las organizaciones políticas:

A- El peligro potencial de apoyar programas políticos de corte autoritario;

B- Permitir el ascenso de programas regresivos para la estructura productiva y social del país;

C- Desconocer las funciones y la organización de la prensa argentina y sus vínculos, actuales e históricos, con los esquemas de poder trasnacional y concentrado;

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jueves 9 de julio de 2009

COMISIÓN DE HOMENAJE A JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARREGUI



EN EL 35 ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO
22 DE SEPTIEMBRE DE 1974- 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009

LUGAR Y FECHA:
Colegio Nacional Rafael Hernández (UNLP): 22 de septiembre, 18 hs.
Universidad Nacional de Lanus (UNLa): 1 de octubre, 17: 30 hs. Sala 1, Talleres. En el marco de la Feria del Libro de la UNLa.

ORGANIZAN: Centro de Estudios Hernández Arregui (CEHA). Para adherir y/o formar parte de la organización escribí a hernandezarregui@gmail.com

Juan José Hernández Arregui (1912-1974), filósofo, político y ensayista. Uno de los representantes más vigorosos del pensamiento nacional. Su extensa obra logró compatibilizar su erudita formación teórica con la interpretación clara y profunda de la realidad política argentina e implicó un punto de inflexión y de ruptura con las formas de aproximación típicas de la izquierda tradicional y del pensamiento universitario de su época. Adscribió en su juventud al Partido Radical de la provincia de Córdoba, colaborando con numerosos artículos en los periódicos Debate, Nueva Generación, Doctrina Radical, Intransigencia y La Libertad. En 1935, publicó su primer libro de cuentos, Siete notas extrañas. Durante la década del 1940, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, en la que tuvo como principal maestro a Rodolfo Mondolfo, quien lo acercó a los debates del pensamiento europeo y al marxismo. Su formación se vio influenciada por los planteos nacionalistas y antiimperialistas de Raúl Scalabrini Ortiz y también, por los cuadernos de FORJA. En el año 1944, se graduó como Doctor en Filosofía con medalla de oro y diploma de Honor. En el año 1947, tras renunciar al Partido Radical, se produjo su acercamiento al Peronismo de la mano de Arturo Jauretche, quien lo llevó a colaborar en el gobierno bonaerense como Director de Publicaciones y Prensa del Ministerio de Hacienda. En 1948, comenzó su labor docente en la Universidad Nacional de La Plata siendo profesor en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en el Colegio Nacional Rafael Hernández, ambos de la UNLP y en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En el año 1951, desarrolló un programa en Radio del Estado sobre literatura y filosofía en el cual formuló profundas críticas e interpretaciones sobre la cultura. Publicó en esta época, entre otros, los trabajos Las corrientes históricas durante el siglo XIX (1951), El siglo XVI y el nacimiento del espíritu moderno (1952) e Introducción a la historia (1953). El golpe militar de septiembre de 1955 lo relegó de forma violenta al silencio y al aislamiento, retirándole sus cátedras universitarias y prohibiendo las revistas, periódicos y medios masivos de comunicación en donde había publicado. Se sumó en este período a la Resistencia Peronista y comenzó una ardua labor intelectual y militante, que conjugó lúcidamente la teoría revolucionaria marxista con el ideario peronista de las masas trabajadoras. En 1957, publicó Imperialismo y cultura, obra fundamental en la historia de las ideas en la Argentina, donde analizó la influencia de las ideas dominantes en la intelectualidad nacional. Poco después, en 1960, publicó La formación de la conciencia nacional, con el objetivo explícito de contribuir desde la izquierda nacional a esclarecer la cuestión nacional. En 1962, apareció un nuevo libro, ¿Qué es el ser nacional?, en el que abordó nuevamente la cuestión nacional desde una óptica latinoamericana. En 1964, junto con Eduardo Luis Duhalde, Rodolfo Ortega Peña, Ricardo Carpani y otros intelectuales y activistas, lanzó el movimiento CONDOR. Hacia el año 1969 publicó Nacionalismo y liberación (Metrópolis y colonias en la era del imperialismo) y en 1971, Peronismo y socialismo, donde abogó por la transformación del peronismo en un partido revolucionario capaz de construir el socialismo nacional. Sus obras fueron leídas ávidamente por la juventud militante, para la cual, representó el modelo ideal y práctico de intelectual revolucionario comprometido con la liberación nacional, iberoamericana y del Tercer Mundo. El 19 de octubre de 1972, sufrió un atentado político en su domicilio y comenzó a recibir sucesivas amenazas. Tras el triunfo popular de las elecciones del 11 de marzo de 1973, fue distinguido como Profesor Emérito de la UBA, recibiendo la distinción en manos del prestigioso historiador y Rector Rodolfo Puiggrós. Dirigió poco tiempo después, la Revista Peronismo y socialismo, que tras la muerte de Perón, en julio de 1974, pasó a llamarse Peronismo y Liberación, desde donde bregó por la unión del campo antiimperialista y el fortalecimiento de la izquierda nacional dentro del peronismo. Tras el recrudecimiento de las intimidaciones de la Triple A viajó a Mar del Plata, donde sufrió un síncope que le causó la muerte.

lunes 22 de junio de 2009

EL CENTRO DE ESTUDIOS HERNÁNDEZ ARREGUI FRENTE AL ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES



El C.E.H.A. apoya la sanción definitiva del actual anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque:


1- Considera que es el Estado, por intermedio de sus representantes elegidos en democracia, el actor legal y legítimo que debe planificar la comunicación atendiendo al interés social y cultural colectivo y que por lo tanto, no puede concederse la administración y control de los Servicios de Comunicación Audiovisual a empresas oligopólicas y negocios privados. Los medios de comunicación deben ser organizados por la democracia en función del interés del país, no por las corporaciones transnacionales.
2- Estima que el proyecto implica un gran avance en la democratización y en la organización de los Servicios de Comunicación Audiovisual, estableciendo reglas claras sobre quién emite, quién controla y con qué objetivos. El Anteproyecto, aunque perfectible, implica un trascendente avance para hacer de la comunicación un instrumento del desarrollo nacional poniendo al alcance de la democracia y de las organizaciones libres del pueblo, la producción, emisión y fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
3- Concluye que el Anteproyecto es consecuencia de propuestas, debates e iniciativas del Estado y de las organizaciones libres del pueblo. Las resoluciones de éstas últimas fueron recogidas por intermedio de las demandas y propuestas de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y a través de la organización de foros de debate en todo el país. Es fundamental para el futuro, respecto a la viabilidad de la democracia y de la posibilidad misma de consolidar la nacionalidad, masificar el debate y que la comunidad nacional, como una gran escuela, discuta y proponga cuál es el modelo de comunicación para el presente y para el futuro.

A continuación, se presenta una síntesis argumental de los fundamentos a partir de los cuales el C.E.H.A. esgrime su posicionamiento respecto a los tres aspectos mencionados. Incluimos en el texto además:

1- Un punto de partida general para enfrentar el debate;
2- Un esquema simplificado de algunos de los rasgos principales que propone la nueva ley;
3- Algunas iniciativas del CEHA;



3- ALGUNAS INICIATIVAS DEL CEHA
1- La ley debe promover el desarrollo de la industria nacional, privada, cooperativa y especialmente, de aquellas ligadas a las empresas y servicios públicos en manos del Estado. Por eso, proponemos que se establezca un costo diferenciado para la emisión de publicidad por parte de las pequeñas y medianas empresas de capital nacional, en relación a las grandes corporaciones y las empresas extranjeras.


2- En el Titulo I, Disposiciones Generarles, Articulo 3, Objetivos, se podría mencionar “Promover la identidad argentina fortaleciendo la soberanía, la seguridad y la defensa nacional”.


3- Tomando el criterio de la Coalición por una Radiodifusión Democrática se podría reducir el número de licencias en un mismo operador para los prestadores de radiodifusión abierta y por suscripción.


4- Se deberían revisar las menciones a los Tratados Internacionales. Sobre éste tema, la Coalición por una Radiodifusión Democrática plantea la importancia del cumplimiento efectivo de la reciprocidad, cuestión importante. Siguiendo la línea de la Ley de Educación Nacional, debería plantearse una modificación más profunda y tajante del asunto y se podría establecer que: “El Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir los Servicios de Comunicación Audiovisual como una actividad meramente lucrativa o que alienten la extranjerización de la Comunicación y la puesta en cuestión de la soberanía cultural y política del país”.

5- Los programas consideramos prioritarios por el Estado nacional, provincial y municipal de las carteras de Salud y Educación, podrían ser transmitidos de forma gratuita y obligatoria por los prestadores de radio y televisión de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

6- Se podría prohibir la publicidad en los Servicios de Comunicación por suscripción, con la excepción de aquella ligada a la pequeña y mediana empresa nacional.

7- La incompatibilidad del Artículo 23, inciso g) debe alcanzar a las personas de derecho ideal; un miembro de un directorio o un accionista de las empresas de Comunicación, no debería ocupar cargo público alguno.


8- El Artículo 63 al referirse a la emisión de Cadena Nacional o Provincial, debería decir “sin costo”.


9- La ley podría mencionar la importancia de establecer pautas mínimas de emisión de las producciones de las escuelas de música del Estado municipal, provincial o nacional;


10- La ley 14.241 del año 1953 establecía, entre otras cuestiones importantes que pueden rescatarse para el proyecto: “Se prohíbe la transmisión de noticias o comentarios (…) que inciten a la traición contra el Estado, la rebeldía o a la sedición contra las autoridades constituidas; las que puedan provocar la alarma pública o perturbar las actividades económicas o financieras internas; las que pudieran dañar o comprometer las relaciones internacionales del país; las que susciten polémicas o contengan expresiones injuriosas o difamatorias o las que tengan por objeto causar perjuicio moral o material a terceros”.


11- Compartimos la opinión de la Coalición por una Radiodifusión Democrática que establece la importancia de revisar la vigencia de los plazos del decreto 527/05.


12- Acompañamos la opinión de la Coalición por una Radiodifusión Democrática que establece que se debe prohibir la publicidad orientada a menos de 13 años.


13- El proyecto debería establecer claramente la potestad del Estado para regular las tarifas de los servicios de televisión por suscripción.



viernes 19 de junio de 2009

La Ley de Educaciòn Superior y la Historia Oficial Universitaria


Aritz Recalde - junio 2009




La universidad, conjuntamente al resto de las instituciones del Estado de las carteras de educación y de ciencia y técnica, tienen diversos problemas y desafíos, actuales e históricos, a abordar y a resolver para desarrollar plenamente sus funciones. Dicho complejo panorama involucra, entre otros temas, las estratégicas relaciones entre el sistema educativo y la producción, las organizaciones libres del pueblo y el conjunto del aparato del Estado. En este marco, existe una tendencia política y cultural que identifica entre las prioridades de un potencial cambio de funcionamiento o de la organización del sistema educativo, al tema concerniente a la legislación de la educación superior. Hay una muletilla que está de moda en la universidad y que se repite a modo de disco rayado: hay que “Derogar la Ley de Educación Superior, la “LES” infame menemista”. Como toda moda el producto “derogar la LES”, contempla en su desenvolvimiento a los “vendedores del producto”, a los propagandistas y a los “repetidores a coro y en masa” que consumen y alimentan la ganancia del proveedor. Los primeros y generalmente, son las personas y organizaciones políticas que administran los recursos de la universidad y que en el arco ideológico o político, se los puede identificar con la derecha y con la izquierda o con vertientes del radicalismo y algunos partidos que se dicen seguidores de Marx, de Mao y de Trotsky. Los auto considerados dueños de la universidad y vendedores del producto de moda, difunden los supuestos “males de la LES” por intermedio de una actualización de la Historia Oficial Universitaria, que en su origen está ligada a las opiniones de Bartolomé Mitre sobre Bernardino Rivadavia y derivados. Durante el siglo XX esta corriente liberal de la historia fue actualizada por intelectuales ligados al Partido Socialista y a la UCR. La Historia Oficial Universitaria que inventó y difundió un eje de discusión para pensar la historia de universidad en la dicotomía “autonomía – violación de la autonomía”[2], es difundida desde el aparato de prensa de sus agrupaciones partidarias nacionales, organizaciones universitarias, por sus legisladores o por intermedio de sus vínculos con el “periodismo independiente”. Finalmente, le queda a la juventud revoltosa que tiene iniciativas muchas veces genuinas pero y generalmente, planteadas de manera errónea, levantar el cuco de la LES y asustar con ello a los desprevenidos sobre los supuestos terribles males que esconde esa ley.
La PRIMERA y principal cuestión que resaltan dichos grupos, es que la LES es el principal problema de la universidad argentina ya que implicaría una intromisión del Estado en la administración de la universidad autónoma: las evaluaciones externas pero y especialmente, la CONEAU, son el “mal que atañe a la autonomía”. En SEGUNDO lugar y paradójicamente, la LES cometería el error de dejar en manos de la autonomía universitaria la posibilidad del cobro de aranceles en las carreras de grado. Digo “paradójicamente”, porque muchos de estos grupos son enemigos declarados de la democracia de masas según lo establece la Constitución Nacional[3] y en su lugar, defienden a rajatabla la autonomía como sinónimo del cogobierno y solución última de todos los problemas de la universidad. Si uno tira de la piola de dichas concepciones para justificar la planificación de las políticas educativas entre grupitos reducidos de miembros de la clase media, se puede encontrar en la otra punta del ovillo la formulación de justificaciones con ribetes preocupantemente racistas, sobre la supuesta superioridad del universitario que ejerce el cogobierno en relación al resto del mundo. Incluso podríamos decir, que la universidad argentina es una de las pocas instituciones en el país que públicamente plantean en términos de “peligro”, la potencial articulación de la democracia popular con la planificación de sus políticas. Las decisiones del Congreso Nacional como es una ley o la formulación de políticas vinculadas al resultado electoral desde el Gobierno y el Estado, por ejemplo desde la Secretaria de Políticas Universitarias, suelen ser vistas como intromisiones y violaciones de la autonomía y no importa que sean buenas o malas o que en su origen exista la legitimación electoral de la sociedad[4]. Retomando la cuestión de la “paradoja”, es bueno remarcar que el cogobierno y pese a que según estas interpretaciones es claramente superior en relación a la democracia de masas, esconde en si mismo un peligro “arancelador” y se le pide por eso al Estado que intervenga desde “el exterior” fijando límites a su accionar[5]. El TERCER problema de la LES se refiere a la distribución de poder del cogobierno y también como en el caso anterior, las rencillas entre los miembros del cogobierno son motivo de críticas cruzadas y existen tendencias y planteos que establecen que se le debería ampliar la representación a uno u otro actor de las casas de altos estudios. Nuevamente, se le pide al Estado y al Congreso que a partir de una ley intervenga para resolver las incapacidades, mezquindades y profundas internas, de la administración del propio sistema: por ejemplo, se exige elección directa o mayor representación estudiantil en los consejos.
Como se puede ver, para estas interpretaciones los ejes principales de debate para “derogar la LES” parten del supuesto de que el único problema que hay que resolver de la universidad es de funcionamiento interno: qué ocurre con la relación entre la educación, la ciencia, la investigación y el conjunto del país, pasa a un segundo plano. Según estos, la sociedad que elige a sus representantes del Estado, muchos de ellos profesionales y hombres de importante trayectos científica, tienen que:
- Poner el dinero para financiar el sistema y no pregunta “para qué”;
- Garantizar dicho financiamiento y “apagar incendios” introduciendo desde la legislación nacional cláusulas que intenten “racionalizar” la administración corporativa del propio sistema;
- No intervenir en el planteamiento de demandas del sistema, no evaluar que se hace con los recursos del pueblo, no pedir que se haga política universitaria atendiendo las necesidades de conjunto de los programas públicos y no exigir que se atiendan, prioritariamente, las problemáticas sociales y económicas de la democracia constitucional.

En resumen: el pueblo que no va y no va a ir a la universidad, no tiene derecho a exigir nada al sistema, ya que participa de la democracia de “segunda o de masas” y debe pagar, sin chistar u opinar, el mantenimiento de la estructura. A partir de aquí y desde mi modesta opinión quiero sostener:
PRIMERO: la LES no es la prioridad en un proceso de transformación de la universidad, es un aspecto secundario; incluso y tomando una opinión de Ernesto Villanueva, algunos de los temas prioritarios como el financiamiento, la alta deserción, la articulación interna del sistema y con la comunidad, se podrían discutir y articular en proyectos y normas sin necesidad de modificar la LES; incluso y leyendo los documentos y proyectos presentados en el Congreso de la Nación, se corre el riesgo de modificar la LES sin solucionar ninguno de los temas mencionados.
SEGUNDO: la LES tiene aspectos positivos, negativos e importantes “vacios” sobre temas del sistema de educación superior. Quienes ven en ese texto “todo negativo” se puede suponer o que no entienden de leyes, que mienten o que es sólo una muletilla de campaña que articula los dos aspectos mencionados.
TERCERO: los que dicen que la LES debe ser derogada por ser un legado neoliberal y “menemista” no dicen nada. Primero, por que es innegable que dicha ley se vincula al Pacto de Olivos que implicó un acuerdo público y concertado entre Alfonsin y Menem o sea que no es “simplemente menemista”. Segundo, por que si de derogar medidas sancionadas entre 1989 y 1999 se trata, deberíamos cerrar 9 importantes universidades y dar marcha atrás iniciativas positivas aunque perfectibles, para la articulación de las políticas públicas y la educación superior como son la CONEAU o el programa de Incentivos.

A partir de aquí, creo oportuno resaltar que no niego que sea positivo discutir y asentar las bases para la formulación un nuevo marco legal, pero de lo que sí dudo es de que varios de los promotores tengan en claro cuáles son los problemas reales, profundos, históricos y actuales, del sistema de educación superior y su relación con las demandas de la sociedad y el Estado. Si de lo que se trata es de avanzar solamente en los tres ejes o supuestos problemas que están en la agenda de la derecha y de la izquierda o simplemente de “bajar un símbolo de los noventa”, se estaría perdiendo una buena posibilidad de discutir y abordar soluciones reales y se va a invertir tiempo y dinero en un proyecto que no va a modificar prácticamente ninguno de las demandas del sistema educativo que tiene que contribuir al desarrollo del país que lo financia. Hecho este comentario, voy a mencionar algunos aspectos que considero importantes y que aparecen en un conjunto de proyectos de ley que están en el Congreso de la Nación. No voy a extenderme ya que se puede leer nuestra propuesta del portal del Congreso de la Nación en el documento “60 medidas para refundar la Educación Superior”[6]. Solamente voy a mencionar algunos mecanismos de vinculación entre sociedad y universidad que considero prioritarios y aquellos concernientes a la articulación interna del sistema.




[2] La Historia Oficial de la Universidad en vez de establecer un eje análisis centrado en el apoyo o enfrentamiento de la universidad al “desarrollo o al subdesarrollo del país”, establece la categoría “autonomía - violación de la autonomía”. No por casualidad, los estudios históricos de la universidad ven de manera peyorativa a Rosas y a Perón: ambos políticos que alcanzaron importantes logros para el desarrollo independiente del país.
[3] La justificación va de un lado al otro de los campos ideológicos: la “izquierda” mientras convoca a la lucha insurreccional o el voto en blanco, dice defender la autonomía universitaria para preparar la teoría socialista separada del “Estado burgués”. La derecha y mientras usufructúa el gasto publico y maneja el aparato del Estado “no autónomo”, dentro de la universidad defiende la autonomía para “proteger” la ciencia de la barbarie potencial que esconden las decisiones del pueblo.

[4] La justificación del peligro del “mal gobierno” y casi sin excepciones, culmina en la figura de “Menem”: la autonomía sería un “escudo protector” contra estos programas liberales. Contra dicha interpretación simplista habría que decir un par de cosas. Primero y lamentablemente, las agrupaciones de docentes y de alumnos apoyaron a lo largo de la historia golpes de Estado y acciones de terrorismo contra presidentes de distintas ideologías que nada tienen que ver con el liberalismo: en los golpes militares contra Hipólito Yrigoyen, contra Juan Perón o contra Arturo Illía varias agrupaciones de la universidad salieron a la calle a festejar y dar su apoyo público. En Segundo lugar, durante dicho gobierno “menemista” existieron medidas positivas como la creación de nuevas universidades o la apertura de programas de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU), que pese a ser perfectibles, son positivos: en realidad y en mi opinión, la universidad autónoma no puede decir que administra mejor los recursos que los representantes de la democracia de masas. En Tercer lugar, la universidad además de “resistir” al neoliberalismo, lo apoyó desde la producción textual, a partir de la formación profesional (por ejemplo, Ricardo López Murphy no se educo en Marte) o desde la campaña electoral de y por ejemplo, el radical y cavallista Fernando De la Rua.
[5] Además hay que decir que la gratuidad de los estudios universitarios resultó de una decisión del gobierno de Juan Perón del 22 de noviembre de 1949, al cual la “Historia Oficial de la Universidad” lo acusa de desarrollar una gestión “autoritaria” y “violar la autonomía”: se le pide al Estado que tanto se cuestiona que resuelva las incapacidades y limitaciones del cogobierno y acto seguido, se lo acusa de “intromisión”.
[6] “Agrupación 22 de noviembre”. Material de la Comisión de Educación del Congreso de la Nación recopilado como antecedente para la redacción de otra Ley de Educación Superior. http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/ceducacion/.

miércoles 27 de mayo de 2009

¿Qué es el Pensamiento Nacional?



mayo de 2009

“El dilema es de hierro. Ya se ha dicho. O nación o factoría.” Juan José Hernández Arregui[1]

I- PENSAMIENTO NACIONAL
El término “pensamiento” se vincula a la acción de “pensar”, definida como aquella actividad intelectual que intenta alcanzar la resolución de un problema. Siempre que nos refiramos a “pensamiento” o a “pensadores”, estaremos describiendo una actividad humana cuyo sustrato primordial se vincula estrechamente a la capacidad de dar respuesta a determinados interrogantes que nos presenta el medio histórico, social, político y cultural en determinado período histórico. Asimismo, hablamos de Pensamiento Nacional y no de Pensamiento Argentino, ya que el primero no implica únicamente un tipo de inscripción geográfica respecto a la producción intelectual, sino que además involucra un posicionamiento específico del intelectual y/o pensador en función del debate en torno al “problema nacional”. El Pensamiento Nacional aborda, desde diferentes perspectivas y ámbitos de acción, el debate sobre la nación cuya condición intrínseca implica problematizar y poner en cuestión, cuál es el camino más adecuado para alcanzar el desarrollo del país en el contexto de la división internacional del trabajo mundial.
El pensador brasileño Helio Jaguaribe, al referirse al término nación sostiene que dicho concepto incluye dos dimensiones básicas. Hay cuestiones objetivas que definen a una nación, como pueden ser las condiciones históricas, geográficas, culturales y sociales. El proceso de formación de una nación sólo se logra cuando existen vínculos de “Unidad de raza, de cultura y de territorio”.[2] Sobre el particular, el autor establece que: “El elemento cultural, comprendido en determinada época la cosmovisión básica de un pueblo, su lengua y demás medios de significación y comunicación, como el arte y el estilo, sus instituciones y su tecnología, es el principal factor de aglutinación nacional.” (Jaguaribe, 11). Jaguaribe sostiene que la nación no se consolida si dichas condiciones objetivas no son acompañadas de condiciones subjetivas, ya que: “Estas (las naciones) sólo se constituyen como tales cuando surge el proyecto político que aspira a fundarlas y mantenerlas. Las solidaridades objetivas son tópicas, por definición, y no implican el proyecto de su preservación. Es el proyecto de vida nacional lo que da a la nación su continuidad en el tiempo y su fisonomía propia, como sujeto e instrumento de acción política.” (Jaguaribe, 12). Estas condiciones objetivas son organizadas y promovidas a través de un proyecto político que surge como reflejo defensivo del pueblo, que por intermedio de su práctica cotidiana e histórica, intenta modificar la estructura subdesarrollada e inconclusa de un país determinado. El proyecto nacional en palabras de Jaguaribe: “Es suscitado por la necesidad sentida de una comunidad de construir y mantener en funcionamiento un mecanismo jurídico político que imprima efectos prácticos a su unidad social, cultural y geográfica.” La inexistencia de una nación en un país, lo conduce al subdesarrollo permanente y a la reproducción de la dependencia estructural que contempla la condena social de sus mayorías sociales. El debate sobre la nación tal como aclara Jaguaribe, se distancia de una interpretación meramente simbólica, folclórica, literaria o de biografía personal de algún dirigente y por el contrario, adquiere una dimensión material y estructural concreta que implica la posibilidad o la negación respecto a la existencia de nuestros países y sus comunidades ya que: “El nacionalismo, como se vio, no es imposición de nuestras particularidades, ni simple expresión de características nacionales. Es por el contrario, un medio para alcanzar un fin: el desarrollo” (Jaguaribe, 39). Cuando un grupo o conjunto social se organiza políticamente e intenta consolidar la nación, se habla de la existencia del “nacionalismo”. Dicho término, incluye la planificación del Proyecto Nacional que implica una respuesta teórica y conceptual a las demandas y a los anhelos de las organizaciones libres del pueblo. Asimismo, el nacionalismo involucra una práctica y una acción concreta de ejecución del Programa Nacional, experiencia sin la cual la comunidad no se realiza. Proyecto Nacional y práctica política, son los dos pilares sin los cuales no se consuma la nación y consecuentemente, el conjunto de actores que habitan su territorio. En esta misma línea argumentativa Juan José Hernández Arregui sostendrá que: “La conciencia nacional es la lucha del pueblo argentino por su liberación”.En las naciones del Tercer Mundo el Pensamiento Nacional discute el fenómeno de la Dependencia, que es una condición económica, social, política y cultural estructural de nuestros países que impide la consumación de la nacionalidad y obstaculiza cualquier tipo de desarrollo independiente y sustentable en nuestros Estados. Por el contrario, el pensamiento y la producción intelectual cuya función es planificar, implementar y justificar el programa de la dependencia, es denominado como Pensamiento antinacional, colonial o neocolonial. En tanto nuestros países y sus Estados a lo largo de su historia posterior a la Independencia no alcanzaron la independencia plena, no hay Pensamiento Nacional en el sur de la tierra que no discuta de una u otra manera, el fenómeno de la dependencia al que haremos referencia a continuación.

[1] Hernández Arregui, Juan José (2005), La Formación de la conciencia nación, Peña Lillo, Buenos Aires.
[2] Jaguaribe, Helio (1961), Burguesía y proletariado en el nacionalismo brasileño, Coyoacán, Buenos Aires 1961, p. 11.


martes 28 de abril de 2009

10 CUESTIONES PARA COMPRENDER EL CONFLICTO ENTRE ISRAEL Y PALESTINA

Aritz Recalde, abril de 2009
En el trabajo reunimos diez cuestiones que consideramos elementales para comprender el conflicto entre ambos pueblos y Estados. La primera y más básica, se refiere al momento de ocupación del territorio de Palestina. El segundo aspecto, tiene que ver con la historia del movimiento político y cultural judío denominado sionismo, que aportó la justificación doctrinaria y programática e implementó gran parte de las acciones para desarrollar el Estado de Israel. El tercer eje de análisis tiene que ver con la relación entre Israel y un grupo de gobiernos. En especial, nos vamos a referir a la vinculación con Inglaterra y Estados Unidos. El punto cuatro, se refiere a las acciones militares fundamentales que oficiaron como una bisagra en el desenvolvimiento del conflicto. La cuestión quinta se relaciona al tratamiento de la dimensión religiosa. El punto siguiente explica los mecanismos implementados por el sionismo para la ocupación del territorio y la apropiación de los recursos económicos de Palestina. La cuestión séptima aborda los mecanismos ideológicos y las estrategias comunicacionales y de sentido construidas para justificar la ocupación. El punto ocho introduce el factor de la industria de la guerra como un elemento a tener en cuenta a la hora de comprender el proceso político histórico y actual. La cuestión novena hace una breve mención a la historia de las organizaciones políticas de Palestina. Finalmente, el punto diez y a modo de cierre, presenta tres modelos políticos que actualmente tienen vigencia a la hora de atender posibles soluciones a los enfrentamientos.

viernes 30 de enero de 2009

60 años de la Constitución Argentina de 1949


Aritz Recalde, enero de 2009 [1]

En el 2009 se cumplen 60 años de la sanción de la Constitución Argentina de 1949. Dicho texto fue producto de la soberanía popular, que primero y por intermedio del ejercicio de las facultades del Congreso de la Nación, declaró la necesidad de la reforma constitucional; posteriormente, el pueblo eligió a los constituyentes y finalmente, a través de la ratificación plebiscitaria, institucionalizó el programa de la revolución peronista. El texto tradujo en el ordenamiento institucional del país los anhelos de las organizaciones libres del pueblo, que fueron silenciadas y perseguidas por décadas desde la batalla de Caseros que derrocó a Juan Manuel de Rosas. La línea política, cultural y social del nacionalismo popular inaugurada por San Martín, Rosas y los Caudillos federales, encontró en Hipólito Yrigoyen primero y en Juan D. Perón después, su continuación y expresión programática y política. La Constitución del año 1949 es la expresión concreta en el siglo XX de dicho desenvolvimiento histórico y cultural.

Arturo E. Sampay[2] define el termino Constitución como “una estructura de leyes fundamentales que cimenta la organización política del Estado, fijando sus fines y enunciando los medios adecuados para conseguirlos, y que establece, además, la manera de distribuir el poder político y elegir los hombres que lo ejercen. Dicho con otras palabras, la Constitución es el orden creado para asegurar el fin perseguido por una comunidad política, y la que instituye y demanda la órbita de las diversas magistraturas gubernativas”. La Constitución establece derechos y fija deberes de los hombres y colectivos sociales de una nación.
El texto constitucional y continuando con la interpretación de Sampay, se divide en una dimensión expositiva que define el esquema gubernativo y de distribución concreta del poder entre los miembros de un territorio (parte Orgánica); y otra dimensión que establece los fines de la nación (parte Dogmática).
La parte “Dogmatica” de la Constitución peronista puede ser resumida a través de la mención de un fragmento del preámbulo del texto del año 1949, que establece entre los fines del Estado la “irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.
Mencionados de manera resumida los fines de la Constitución, es importante ahora, aludir a la parte Orgánica del texto que nos permite dar cuenta de cuáles fueron los medios concretos que desarrolló el gobierno para alcanzar los objetivos de la revolución. Previamente, consideramos oportuno traer a consideración otro concepto de Sampay[3]. Al analizar la carta magna el autor establece una distinción entre la “Constitución escrita”, la “Constitución Real” y la “Constitución Justa”. La primera, establece (…) “en un acta legislativa solemne, las instituciones destinadas a que perdure y se desenvuelva la Constitución real”. Para saber cual es la “Constitución Real” (…) “corresponde averiguar, en primera instancia, qué sector social predomina en la actualidad y con que finalidad lo hace, y en segundo lugar, qué sector social lucha por conseguir el predominio y qué ideal e inclinación vital los lleva a buscarlo”. El autor además y como adelantamos, introduce la noción de “Constitución Justa” entendida como (…) “la institucionalización del predominio del sector de la población históricamente eficiente para ordenar la actividad social y los recursos sociales con vistas a lograr que todos y cada uno de los miembros de la comunidad tengan lo necesario para desarrollarse plena e integralmente”. En el marco de ascenso del peronismo la Constitución Escrita era la del año 1853, con las modificaciones posteriores a la Batalla de Pavón promovidas por la escuela del liberal y porteño Bartolomé Mitre. El esquema institucional del país de la oligarquía colisionó profundamente con los actores revolucionarios en asenso que y siguiendo a Sampay, definen la “Constitución Real”: los trabajadores, los industriales y la dirigencia con vocación de desarrollo nacional independiente[4]. Por ejemplo, los políticos de la oligarquía y el capital extranjero acusaban de “inconstitucional”[5] a los aumentos salariales y a la intervención del Estado en la explotación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Para superar el subdesarrollo del país, la revolución en el año 1949 implementó una nueva institucionalidad, que a diferencia de la de 1853, fue una “Constitución Justa” ya que generó las condiciones para el desarrollo pleno del conjunto de la Comunidad Nacional.

Parte “Orgánica” de la de 1949
Para resumir este apartado vamos a identificar cuatro aspectos principales del nuevo sistema institucional que introdujo el texto del año 1949: nuevo concepto del Estado; nuevo concepto de la Democracia; nuevo concepto de la Propiedad y nuevo concepto de la Soberanía.


1- Nuevo Concepto de Estado:
Se superó la noción de Estado Liberal “gendarme” y se institucionalizó el modelo de Estado Interventor y empresario. Con este objetivo, el Artículo 40 permitió al Estado:
- Monopolizar algunas áreas de la economía;
- Monopolizar el control de los Servicios Públicos que no podían ser privados;
- Monopolizar la tenencia y explotación de los recursos naturales definidos como “inalienables e imprescriptibles de la nación”.

2- Nuevo Concepto de Democracia:
Se superó la noción de democracia liberal que define al sujeto como “ciudadano”, que a través del voto solamente tiene derecho a que el Estado, supuestamente, proteja la propiedad privada o su desenvolvimiento en el mercado (sobre el particular, se introduce el apartado Capítulo II “Deberes, derechos y garantías de la libertad personal”). Las garantías individuales además, fueron ampliadas y por ejemplo, se introdujo la figura de Habeas Corpus y la noción garantista del derecho penal (Artículo 29).
En el lugar del derecho liberal clásico se institucionalizó la noción de “derecho social” a través del Capítulo III, “Derechos del trabajador, la familia, la ancianidad y de la educación y la cultura”.

3- Nuevo Concepto de Propiedad:
La noción de la propiedad privada del liberalismo fue remplazada por la idea de que la “propiedad privada tiene una función social”. El Artículo 39 estableció que “el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social”. Para cumplir con esta noción y por ejemplo, el Artículo 38 estableció las figuras de la “expropiación” con fines de utilidad pública y otorgó al Estado la facultad para fiscalizar la distribución y la utilización del campo.

4- Nuevo concepto de Soberanía:
A diferencia del liberalismo que enajena el patrimonio económico y espiritual del país en nombre de la supuesta “neutralidad valorativa”, la Constitución relacionó directamente el tipo de “administración del patrimonio” de los argentinos a un problema de soberanía nacional. Con este fin, estableció como fines del Estado la defensa de patrimonio:
- Económico: por ejemplo, el ya mencionado Artículo 40;
- Social: por ejemplo, el Capítulo III o el Artículo 39 indicados; asimismo, se puede señalar la mención al fomento de la pequeña propiedad agrícola y la extinción del latifundio que hace la Constitución (Artículo 68, inciso 16);
- Cultural: por ejemplo, el Artículo 37 inciso IV, 7 estableció que “Las riquezas artísticas e históricas, así como el paisaje natural cualquiera que sea su propietario, forman parte del patrimonio cultural de la Nación y estarán bajo la tutela del Estado, que puede decretar las expropiaciones necesarias para su defensa y prohibir la exportación o enajenación de los tesoros artísticos. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica que asegure su custodia y atienda a su conservación”.
- Político: la “independencia económica y la soberanía política” son objetivos del Estado que están mencionados en el texto. Tanto en su parte Dogmática como Orgánica.

La revolución nacionalista pacífica que dio espacio a la Constitución del año 1949 fue derrotada por la violencia cívico militar del golpe del año 1955. Este programa y sus detractores, pusieron al país al borde de la guerra civil y a través de casi 20 años de proscripciones y violaciones al derecho, prepararon e implementaron la dictadura de 1976. La Constitución luego del golpe del año 1955 fue derogada por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional, cuestión inconstitucional, ilegal y profundamente ilegitima. La dictadura del año 1976 y las políticas económicas del neoliberalismo posteriores, plantearon entre sus fines la dependencia económica, la entrega de soberanía a los organismos de crédito y a las empresas del extranjero y la profunda desigualdad social a la cual nos vemos inmersos. Con este fin, las Constituciones y los gobiernos posteriores, nos legaron un Estado que en su funcionamiento retrocedió al modelo del liberalismo del siglo XIX. Nos dejaron una Democracia que coexistió con una profunda desigualdad y que lejos de garantizar un Estado de derecho social, profundizó su opuesto. El modelo de Propiedad poco y nada tiene una función social, y por el contario, se produjo un efecto de centralización, extranjerización y de deterioro del aparto productivo y de fuga de los recursos naturales del país. Asimismo, la idea de Soberanía nacional fue remplazada por los conceptos de los “técnicos” del liberalismo enajenando las decisiones del país y depositándolas en el extranjero y los grupos económicos.

Desde el año 2001 y subsiguientes, el país inició un proceso de cuestionamiento de muchos postulados del programa neoliberal. En este cuadro, se produjeron importante avances, que al día de la fecha y lamentablemente, aun nos dejan a medio camino entre el proyecto de país del liberalismo y el de la nación soberana, libre y solidaria que institucionalizó la Constitución del año 1949.
[2] Sampay, Arturo Enrique, “Informe del despacho de la mayoría de la Comisión Revisadora de la Constitución de 1949”, 8 de marzo de 1949. Extraído de Unamuno, Miguel y Bortnik, Rubén, La reforma constitucional del siglo XX, Biblioteca Política Argentina, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1986. p. 54.
[3] Sampay, Arturo Enrique, Constitución y Pueblo, Cuenca Ediciones, Buenos Aires, 1974, pp. 102-103.
[4] El proceso de asenso de una fuerza social y siguiendo a Perón, atraviesa por 4 momentos: una etapa organizativa y Doctrinaria de imposición cultural del proyecto; un segundo momento de Toma del Poder Político (golpe de 1943; centralización de la CGT; Formación del Partido Laborista y finalmente del Partido Único –justicialista); un tercer momento que denomina como etapa Dogmatica de implementación de medidas de gobierno (Secretaria de Trabajo y Previsión primero y luego desde 1946 en la totalidad del Estado); finalmente, la cuarta etapa es la Institucional en donde la revolución se hace Constitución y el Estado consolida la nacionalidad. Perón Juan Domingo, La Hora de los Pueblos. Ed. Norte, Madrid, 1968.
[5] Con una reforma constitucional las revoluciones buscan bloquear la acción del capital extranjero y la oligarquía que actúan a través de sus operadores insertos en el aparato judicial.

jueves 29 de enero de 2009

Historia de las Municipalidades de Buenos Aires


"Autonomía o autarquía en las Municipalidades bonaerenses",

Aritz Recalde, diciembre de 2008


“Un Plan de Gobierno no puede ser la fría enumeración de intenciones a cumplir ni de proyectos a realizar. Eso sería un plan carente de alma; sería un verdadero muerto, por bonito y bien armado que estuviese. Un plan de gobierno, para que tenga alma, debe tener una doctrina, ya que la doctrina nacional es la verdadera alma colectiva del pueblo”.
Juan D. Perón, 1952[1].


Tesis de Maestría que discute los alcances del debate sobre la posibilidad de promover la autonomía municipal o de modificar las pautas de la actual autarquía institucional y política de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires.

El trabajo se compone de cinco capítulos. El capítulo I aborda cuestiones metodológicas definiendo los objetivos y elaborando una nomina de autores que trabajan el tema. El capítulo II desarrolla algunos antecedentes de la institución mencionando la influencia del Municipalismo español y del Derecho Romano en la formación de los gobiernos locales. Dicho capítulo traza un recorrido de la aparición de los primeros Municipios en América Latina (Cabildos). Este capítulo desarrolla brevemente las menciones realizadas sobre el régimen Municipal en la Constitución Nacional de 1853 y en la de 1949. Se abre un apartado para reconstruir algunas ideas y planteos de Alberdi referenciado entre las filas doctrinarias “autárquicas” y de Lisandro de La Torre entre los legados doctrinarios de los “autonomistas”. El capítulo III se denomina “Los Municipios bonaerenses en el siglo XIX” y aborda algunos acontecimientos de trascendencia en temas locales ocurridos durante dicho período. Este capítulo estudia las propuestas institucionales en la Provincia de Buenos Aires posteriores a la batalla de Caseros del año 1852 y la Constitución Nacional. A partir de dicha fecha, el trabajo analiza las Leyes Orgánicas Municipales 35 de 1854, 467 de 1865, 1079 de 1876 y 1810 de 1886. El capítulo IV contempla el núcleo temático estructural de la investigación. Se denomina los “Municipios bonaerenses en el siglo XX, estado actual y perspectivas” y refiere a las Leyes 4183 de 1933, al Decreto Ley 6769 de 1958 y de la Constitución de la Provincia de 1949. El capítulo V aborda la transición a la democracia abierta en 1983, reflexionando sobre las continuidades y rupturas existentes en relación a la dictadura. Se mencionan la Ley 7859 de 1972, el decreto-ley 9347/79 y la Ley 13.010 de 2003, “Programa de Descentralización Administrativa Tributaria de Impuestos Provinciales” y su antecedente directo sancionado durante la gobernación de Antonio Cafiero (Dto. 547/88). Como un medio para abordar los debates actuales de los Municipios bonaerenses, hacemos un comentario a dos de los proyectos más importantes encarados por la provincia en las últimas décadas para modificar el esquema normativo: se desarrolla un análisis del Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica Municipal del año 2003 y se realiza un comentario de la propuesta de reforma Constitucional en la Provincia de Buenos Aires de 1989 -1990. En el marco de los capítulos III y IV de la investigación, nos vamos a referir particularmente a algunas normas de la provincia referentes a la organización Municipal. En estos capítulos, haremos mención especial a las Constituciones del Estado de Buenos Aires de 1854, 1873, 1889, 1934 y 1949. En los cinco capítulos de la investigación se describen de forma resumida y esquemática las principales competencias Municipales en temas sociales, políticos, culturales y económicos. Asimismo, se reconstruye la problemática local relacionando el desarrollo Municipal con algunos acontecimientos provinciales y nacionales, encuadrando así la estructura legal en el contexto histórico. El trabajo finaliza con una conclusión a modo de cierre y balance de los cinco capítulos.

[1] Juan Perón (1953) Exposición del Presidente de la Nación, General Juan Perón. 2º Plan Quinquenal, Ed. Subsecretaria de Informaciones, Presidencia de la Nación, Buenos Aires.

lunes 27 de octubre de 2008

John William Cooke y el Partido Justicialista.


Apartado del libro "EL PENSAMIENTO DE JOHN WILLIAM COOKE EN LAS CARTAS A PERÓN 1956-1966". Aritz Recalde, noviembre de 2008.


(...) “Lo que antes insinué tímidamente, debo afirmarlo ahora con toda mi responsabilidad: el Partido Justicialista puede ser el camino para que la corrupción penetre en el Peronismo” (...) “Ya esos hombre ensayaron el neoperonismo y la política de no violencia con la libertadora, que a estos efectos era torpe” (...) “el triunfo de esa tendencia nefasta es el mejor regalo que puede hacerse al gobierno”. J. W. Cooke, 5 febrero de 1959 (Tomo II, P. 148).

Los Partidos políticos y como punto de partida, podemos decir que son agentes de organización y de representación política. A lo largo de la historia argentina y en una extrema síntesis, coexistieron dos tradiciones para pensar la finalidad, la forma de organización y las tareas que ejercieron, ejercen y que “deberían” implementar los Partidos. Por un lado, se ubica la tradición demoliberal burguesa y por otra y vinculado a la figura de Yrigoyen, pero y particularmente a la de Perón, transcurre la tradición del “Movimiento Nacional” a la cual se va a referir Cooke a lo largo de las Cartas.

Los Partidos de la tradición demoliberal burguesa tienen una génesis en el siglo XIX dado que son producto del afianzamiento del régimen liberal aliado al mercado mundial. Estos Partidos institucionalizaron el orden político de la oligarquía que es económicamente liberal, políticamente aristocrático, socialmente desigual y culturalmente neocolonial y dependiente de Europa. Dichos Partidos tuvieron en su origen y poseen actualmente, la finalidad prioritaria de ser un mero “agente electoral” y actúan como medios de representación en el “mercado político” estableciendo agendas de gobierno y canalizando demandas del electorado. Dichos Partidos se plantean representar a “ciudadanos” individuales que actúan en el mercado político y que son definidos de forma similar al movimiento de los factores del libre mercado. En su mayoría, poseen una identidad difusa que se modifica según el marco y el contexto de la alianza electoral. Desarrollan una organización burocrática y profundamente cerrada consolidando una cúpula profesionalizada con lógica propia en la cual se toman las decisiones, que esta separada de los cuadros auxiliares y los adherentes del Partido que se los convoca solo en períodos electorales. El teatro de operaciones de estos Partidos son los gabinetes empresarios, generalmente extranjeros, el Congreso y las instituciones del gobierno. Su relación con la masa se opera a través de los medios de comunicación de masas y/o la compra de aparatos y estructuras políticas preexistentes. En tanto su condición de clase los liga a la oligarquía, el capital financiero y a los grupos económicos extranjeros, sus programas de gobierno enfrentan cualquier posibilidad de desarrollo industrial independiente del país. A partir de aquí, que escinden la práctica política de la transformación social y económica a la cual definen como propia del “mercado”.

En el reverso de este modelo de Partido demoliberal se ubica el Movimiento Nacional producto del ingreso a las masas a la arena política en el siglo XX. Juan Perón[1] se refirió a la muerte del demoliberalismo y al nacimiento de nuevas formas políticas ya que:
(…) “la democracia de nuestro tiempo no puede ser estática, desarrollada en grupos cerrados de dominadores por herencia o por fortuna, sino dinámica y en expansión para dar cabida y sentido a las crecientes multitudes que van igualando sus condiciones y posibilidades a las de los grupos privilegiados. Esas masas ascendentes reclaman una democracia directa y expeditiva que las viejas formas ya no pueden ofrecerles” (…) La historia del demoliberalismo burgués es simple y casi reciente. Cuando hace vente años el Justicialismo anunciaba desde la Argentina la “Hora de los Pueblos” y su doctrina, el mundo demoliberal y el soviético, apoyados por el imperialismo capitalista, lanzaban ya su ofensiva contra nosotros con la acusación de “antiliberalismo”, “demagogia”, “nazifacismo”, etc. Sin embargo, ha pasado el tiempo y la evolución paulatina e irremediable ha ido alejándonos cada día más de los supuestos liberales que ya en la segunda mitad del siglo XIX comenzaron su fracaso, que se acentuó decisivamente con el desarrollo económico del siglo XX y se hizo efectivo e irreversible en la situación emergente de la Segunda Guerra Mundial”

A diferencia del Partido demoliberal el Movimiento puede ser un “agente electoral” pero “no solo”, “ni necesariamente”, ese es su único objetivo. Por el contrario, dentro del Movimiento existe una herramienta política electoral (en este caso, denominada Partido Justicialista) y otro conjunto de ámbitos organizativos. La trayectoria de Cooke luego del golpe del año 1955 se ejerció dentro del Movimiento que estaba impedido de actuar políticamente a través del Partido sin por eso, desaparecer el peronismo que excedió en su conformación ser una mera herramienta electoral. El Movimiento y dada su composición de clase, se plantea representar “colectivos” organizados y no individuos tal cual lo hace la tradición demoliberal. La noción de ciudadanía típica de los Partidos Demoliberales deja paso a la de “pueblo”[2], que involucra al conjunto de las clases y actores de un país enfrentados al imperialismo y su socio local, la oligarquía terrateniente o el capital financiero extranjero. Ya vimos como Perón denominó a dicho conjunto de clases y actores capases de alcanzar el desarrollo nacional y la industrialización, como Comunidad Organizada. En el contexto de acción del Movimiento la política y la economía se fusionan y la herramienta política es un medio de transformación económico y social. Su condición revolucionario implica, obligatoriamente, la necesidad de organizar al pueblo y es a partir de aquí, que el teatro de operaciones del Movimiento es la nación en su conjunto:

a- se enseña la Teoría y se inculca la Doctrina[3] en las masas[4] y en los cuadros políticos. Su práctica se desenvuelve en el marco del Estado y las organizaciones libres del pueblo.
b- se organiza el Movimiento a partir de la acción en la totalidad de la nación. Aparece dentro del Movimiento la rama sindical; una barrial; una cultural; una juvenil; una femenina, las formaciones especiales; etc.

El objetivo del Movimiento es alcanzar el desarrollo nacional y a partir de aquí que es, objetivamente, antiimperialista ya que enfrenta la dependencia estructural operada a partir del capital extranjero y sus socios internos. La inexistencia de industrias, la dependencia tecnológica y científica y el genocidio social del Tercer Mundo, reúne a diversos actores y clases en un mismo proyecto. El Movimiento es además, antioligaquíco, ya que el desarrollo nacional enfrenta a los poseedores de la riqueza social que en las naciones periféricas está, mayoritariamente, en manos del extranjero y sus aliados locales, la “oligarquía”. El proyecto de las minorías ligados a la metrópoli en el plano económico es agro exportador y dependiente; en el plano político es represivo y parasitario del Estado y actúa como la garantía de los intereses foráneos y el infra desarrollo del país.

La tarea básica de un Partido demoliberal o un Movimiento Nacional y más allá de una u otra tradición, consiste en articular una fuerza social de manera mancomunada con el objetivo de desarrollar una disputa por la distribución del poder político, económico y social. En este sentido, se puede sostener que dichos entes son la manifestación política de la lucha de clases. En ambos casos y generalmente luego de alcanzar nivel de desarrollo considerable y sin mediar un golpe militar o acto similar, uno de los ámbitos de actuación de los Partidos intenta ser el Sistema Institucional[5]. Una institución es la cristalización jurídica de una relación de poder y el mencionado “Sistema Institucional” y tal cual lo dice su nombre, es un conjunto de instituciones y actores organizados y reglamentados jurídicamente a través de la acción de “funcionarios de carrera” y de “cuadros políticos”. Estos últimos son sujetos con capacidades de actuar en función de un proyecto político estratégico y se formaron, históricamente, en los Partidos o Movimientos. Un Funcionario de carrera es un sujeto con capacidades de gestión administrativa de los proyectos y a diferencia de un Cuadro político, se forman en la Carrera profesional[6]. En este contexto, la lucha contra la dependencia y el subdesarrollo neocolonial se da a partir de la organización del Movimiento, que hace de la nación una gran escuela en donde reclutar y educar a sus cuadros políticos para encarar el control del Sistema Institucional y el enfrentamiento de poder.

El Movimiento es un agente de representación y de organización política que tiene una función electoral, ya que del resultado de las elecciones depende la posibilidad o no, de ocupar espacios en el sistema institucional. Su condición de ser un agente de representación implica canalizar y expresar demandas del pueblo; determinar las agendas de gobierno y dar continuidad la ideológica a los miembros del Movimiento. En tanto tiene una función de organización de la fuerza social para disputar el poder, se entiende que debe mantener la unidad del movimiento (organización y solidaridad entre sus miembros); dar orientación ideológica y promover la unidad doctrinaria a los Cuadros y la masa; y contribuir a que exista una unidad de “concepción” (conocer la “doctrina” y la “teoría de la práctica”) y de acción. El Movimiento se aboca a promover e implementar las vinculaciones con otros Partidos y Estados con los cuales interactúa.


Dentro del Movimiento existe una estructura compuesta por “cuadros de conducción” que desarrollan la estrategia; “cuadros auxiliares” que aplican la táctica y ofician como intermediarios con los adherentes y la masa del pueblo cuya finalidad es que este organizada y educada, elementos sin los cuales no se puede conducir. En este contexto adquiere suma importancia estratégica la formación de los cuadros políticos de conducción y auxiliares.

La historia de los Partidos políticos que acompañaron a Perón es relativamente corta. El primero fue el Partido Laborista que como ya mencionamos, fue fundado luego del 17 de octubre y disuelto tras la unidad de los partidos de la revolución en el año 1946. El Partido único, luego Justicialista, fue el instrumento electoral que dio el triunfo al gobierno en todas las oportunidades en las cuales se presentó a las urnas. Elecciones mediante, el peronismo más que un Partido, se caracterizó ante todo y desde sus orígenes, como un Movimiento, conformado por distintas expresiones de la sociedad argentina, a diferencia de la U.C.R. o de los partidos Socialista o Conservador, que poseían una estructura partidaria clásica.

El golpe de 1955 trajo nuevos desafíos al Partido Justicialista, dada la imposibilidad de practicar las elecciones y disputar el poder en las urnas, lo cual llevó a Cooke replantear los métodos de la acción política. El Partido Justicialista con Perón en el exilio y proscrito y desde la óptica de Cooke, no llegó nunca a ser el elemento de conducción que la historia exigía. Por el contrario, Cooke se refirió críticamente el comportamiento los cuadros políticos al mando del Partido a los que acusó, en muchas ocasiones, de no resistir la acción de los militares en 1955 y de pactar con diversos dirigentes de la oposición.

Las causas de esta práctica eran diversas. Cooke le mencionó a Perón en varias oportunidades que la formación ideológica de los cuadros de conducción era deficiente. Otra cuestión de suma importancia, tuvo que ver con los métodos de lucha empleados por el Movimiento ante una dictadura que prohibió las elecciones. En este contexto Cooke consideró que el Partido Justicialista debería actualizar su organización para la resistencia o en su defecto, no tenía razón de existir ya que y en sus palabras del 5 febrero de 1959 “no estoy exagerando en un ápice la importancia del Partido Justicialista. Como no creo que nosotros podamos llegar al poder por un proceso democrático y normal, no considero al Partido Justicialista como el medio de cumplir los objetivos finales” (Tomo II, p 149). Según Cooke uno de los dramas centrales del Partido tuvo que ver con que sus dirigentes tenían un punto de vista meramente electoralista, a partir del cual se cerró la posibilidad de desarrollar una política revolucionaria e insurreccional. No plantearse la vía insurreccional bajo un sistema político que bloqueaba la alternativa electoral, hacía del Partido una cáscara vacía sin una función concreta acorde a los desafíos de la resistencia.

Siguiendo con las críticas y tal cual Cooke mencionó en la nota del epígrafe, el Partido podía ser el camino para que “entre la corrupción” y se formulen acuerdos con los adversarios de Perón y del Movimiento. Las incapacidades y responsabilidades del Partido luego del año 1955 fueron mencionadas por Cooke en Carta del 24 de julio de 1961 cuando estableció que “los que hemos tenido la preocupación de meditar sobre las causas de nuestra caída del gobierno, computado tanto los factores que en un momento dado fortalecieron el frente cipayo como las fallas internas que entonces afloraron, hemos atribuido la máxima importancia a una debilidad estructural que resultaba de tener un líder revolucionario y una masa revolucionaria pero también una capa burocrática -sindical, política y administrativa- que hacía de aislante y no de mecanismo de transmisión, de freno y no de ejecutora de una política revolucionaria. (...) Es allí, en esas posiciones ideológicas absurdas y reaccionarias, donde está el mal y donde radica nuestra debilidad (Tomo II, Pp. 181-182).

En este cuadro y pese a que Cooke fue interventor en el Partido luego de junio del año 1955, su tarea se centró en la formación de los Comandos clandestinos y de las organizaciones extra partidarias ya que y en sus palabras del 25 de junio de 1958 en el Partido “el proceso de desintegración no se detuvo en ninguna estructura, y para la acción contra la tiranía hubo que valerse de los Comandos, nuevas formaciones que nada tenían en común con las formaciones políticas partidarias. (...) Por eso he luchado tanto por la incorporación directa de los obreros a los cuadros dirigentes partidarios, para que ese contacto no se debilite” (Tomo II, Pp. 78-79).

En la Carta del 3 de marzo del año 1962 Cooke estableció una diferencia clara entre los miembros del Partido y los gremios y desde Cuba sostuvo que “aquí estuvieron los gremialistas metalúrgicos (Vandor, Niembro, etc.). Recorrieron, vieron las cosas y comprendieron. Cuando se hacía la conferencia en Punta del Este, las 62 dieron una magnífica declaración. Los cuadros políticos, como son conservadores y están mentalmente congelados en el año 1945, nos están abochornando en toda América” (Tomo II, P. 212).

Con posterioridad a la elección a la gobernación de Buenos Aires que culminó con la caída de Frondizi, Cooke se refirió críticamente a los miembros del Partido. En la Carta del 15 de junio del año 1962 y adelantándose varios años a la futura organización de la izquierda peronista, estableció que existía una contradicción entre la “tendencia revolucionaria del Movimiento” y las “posturas reaccionarias” ya que los “cuadros intermedios que vienen de la vieja burocracia, que sólo conciben la política en los marcos tradicionales, ansiosos por congraciarse con los factores de poder y temiendo ser acusados de peronistas” (Tomo II, P. 228).


Eduardo Gurucharri mencionó una de las últimas participaciones públicas de Cooke, que no por casualidad, fue en el Plenario del Peronismo Revolucionario del año 1968 que marcó un hito importante en la conformación de la “tendencia revolucionaria” del peronismo. Dicha corriente política y tal cual mencionó Cooke más arriba, iba a aparecer como una alternativa a las “conducciones burocráticas” del Movimiento. En palabras de Gurucharri:

(…) “la apreciación de Cooke databa de 1964. Ahora era el momento y la gente del Bebe, Acción Revolucionaria Peronista, también estaba de acuerdo”. (…) “Debe rechazarse toda ilusión idealista de contar con las masas como acto reflejo por la sola presencia de un grupo armado”, había insistido Rearte en el documento de convocatoria. La idea, un tanto confusa aún, era crear una especie de partido de la izquierda peronista, aunque esas palabras no se usaran. Una plataforma donde hubiera lugar para representantes de las incipientes formaciones guerrilleras que estaban organizándose, aunque todavía no actuaran públicamente, para los sindicalistas de la CGTA y para las diversas agrupaciones políticas y del ámbito de la juventud y el estudiantado, apoyada en una red de organizaciones de base barriales y comandos fabriles” (…) “Roberto Sinigaglia, Jorge Gil Solá, Raimundo Villaflor y Bruno Cambareri representaban ARP. El domingo por la tarde, 19 de agosto de 1968, llegó Alicia Eguren acompañando al Bebe. Gil Soria fue el primero en reaccionar. Se paró y empezó a aplaudir. Los treinta o cuarenta reunidos lo siguieron. Un aplauso largo y un tanto asordinado por las circunstancias de la reunión, saludó la que sería la última aparición pública, si se puede calificar así la concurrencia a una asamblea clandestina, de John William Cooke. Estaba gravemente enfermo y todos lo sabían”.[7]

Tal cual pronosticó Cooke y luego de su muerte, se desarrolló la “tendencia revolucionaria” del peronismo que intentó desplazar a las “conducciones burocráticas” del Movimiento. Lo que no pudo percibir Cooke fue el fuerte enfrentamiento entre corrientes internas del Movimiento, Ezeiza y primero de mayo incluido. Asimismo y cuestión importante, Cooke no percibió la dinámica violenta y confrontativa que adquirió el debate de Montoneros o las FAP con Perón y luego de casi dos décadas de lucha por su regreso. Cooke había planteado y con razón, que el Partido Justicialista iba ser el instrumento de penetración neocolonial, cuestión que finalmente se confirmó en los hechos. Ahora bien y pese a eso y en el plano de la mera especulación, cuesta pensar que Cooke pueda haber justificado el enfrentamiento directo de la Tendencia con Perón y más allá de las provocaciones de la derecha peronista y el imperialismo que fueron en ese sentido. Cooke y pese a que discutió con el líder, lo reconoció como dirigente máximo del proyecto y como un legítimo conductor de la liberación nacional al cual había que acompañar conjuntamente al pueblo.


[1] Perón Juan, “La Hora de los Pueblos”, Ed. Norte, Madrid, 1968. Pp. 14-15.
[2] Ernesto Laclau desarrolló un prolifero debate en relación a la noción de “pueblo” y de “populismo”. En sus palabras, “el pueblo no constituye una expresión ideológica, sino una relación real entre agentes sociales. En otros términos, es una forma de constituir la unidad del grupo. No es, obviamente, la única forma de hacerlo; hay otras lógicas que operan dentro de lo social y que hacen posibles tipos de identidad diferentes de la populista”. “La razón populista”, Ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005. Pp. 97-98.
[3] (…) “Las doctrinas son, generalmente, exposiciones sintéticas de grandes líneas de orientación, y representan, en sí y en su propia síntesis, solamente el enunciado de innumerable problemas; pero la solución de esos problemas, realizada por el examen analítico de los mismos, no puede formar cuerpo en esa doctrina sin que constituya toda una teoría de la doctrina misma, así como también de ese análisis surgen las formas de ejecución de esa doctrina y de esa teoría. Una doctrina sin teoría resulta incompleta; pero una doctrina y una teoría sin las formas de realizarlas, resultan inútiles”; (…) “las doctrinas no son eternas sino en sus grandes principios, pero es necesario ir adaptándolas a los tiempos, el progreso y a las necesidades” (…) “lo importante en las doctrinas es inculcarlas, vale decir, que no es suficiente conocer la doctrina: lo fundamental es sentirla, y lo más importante es amarla” (…) “La Teoría es solamente la interpretación inteligente de la doctrina y la forma de ejecutarla es ya la acción mecánica en el empleo del esfuerzo llevarla a cabo” Juan Perón, “Conducción política”. Ed. Secretaria de la Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 1974. Pp. 5-9.
[4] (…) “En esto, como en todo lo demás, se comienza a construir desde abajo y nunca desde arriba. Es inútil dar a una masa inorgánica y anárquica un conductor. Lo van a colgar. Primero hay que formar esa masa” (…) “Esto es simple: un conductor, por genial que fuese, no podría llegar a cada uno de los millones de hombres que conduce. Hay una cosa que debe marchar sola; es decir la doctrina, que pone a todo el mundo “a patear el mismo arco”. Luego está la organización, que le da unidad en la ejecución de las cosas”. Perón Juan, “Conducción política” (1974). P. 35.
[5] (…) “Cuando observamos el sistema institucional, lo común es ver al: gobierno y sus ministerios, con sus funcionarios y cuadros políticos; el Parlamento y sus comisiones, con sus cuadros políticos y asesores de partido político; los Partidos Políticos con sus cuadros políticos y militantes. En síntesis, observamos, al ejecutivo del gobierno como coordinador de una constelación de cuadros políticos y funcionarios organizados en ministerios, Secretarias subsecretarias y jefatura de gabinete. También al parlamento en su juego de presiones, regateos y acuerdos entre partidos políticos; oficialista y oposición”. Walter Formento “El Sistema Institucional Político de Dominación” (Conducción, Liderazgo, Represión). Ed. Centro de Investigación en Política y Economía (CIEPE), Buenos Aires 1998.
[6] Walter Formento (1998) “El Sistema Institucional”.
[7] Gurrucharri Eduardo, “Un militar entre obreros y guerrilleros” (2001). Pp. 245-247.

jueves 16 de octubre de 2008

La comunicación que queremos para el siglo XXI: debates y propuestas para un nuevo Plan de Estudios









Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP

Comunicadores Para el Pueblo (Editores) Aritz Recalde (compilador)


La versión impresa la podes adquirir en la mesa del CPP en la Facultad, sede del bosque.

Introducción: La Comunicación Social y la Reforma Plan de Estudios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) Puntos de partida y desafíos para el debate.

La FPyCS ha tenido un crecimiento notable a nivel institucional en los últimos años y actualmente cuenta con alrededor de 6000 alumnos cursando y con aproximadamente 230 graduados que egresan al año. Dicha matricula de ingreso y egreso, ubica a la Facultad en el tercer lugar de importancia entre las carreras de Ciencias Sociales de la UNLP y en el octavo en relación al conjunto de carreras de la universidad. Asimismo y cuestión trascendente, la FPyCS de la UNLP se encuentra entre las tres Carreras de Comunicación Social de mayor de importancia del país.
El trabajo que presentamos a continuación introduce un debate de suma importancia para la agenda pública Argentina: desarrolla un breve repaso de los principales temas que se están discutiendo en la actualidad en el campo de la Comunicación Social, atendiendo particularmente las funciones que podría o que debería, según cada entrevistado, tener la disciplina. Ambas cuestiones se abordan teniendo como marco general la potencial reforma del Plan de Estudios de la FPyCS de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Dicha discusión y entre otras cuestiones y abordajes, involucra la posibilidad y la trascendente necesidad, de discutir la formación académica del comunicador social en relación a las demandas propias del campo de la disciplina, pero además y cuestión prioritaria, requiere establecer la formación educativa del comunicador en torno a las prioridades y objetivos de los habitantes de la región y el país, que nos dan el financiamiento y lo que es importante remarcar, nos aportan nuestra razón última de ser.
La FPyCS en el año 2006 presentó una propuesta de reforma del Plan de Estudios del año 1998 que fue suspendida. Este último Plan y entre otros temas, introdujo las Tesis, los Seminarios Interdiciplinarios, la orientación del Profesorado y la flexibilización en la elección de materias dejando entre las “optativas” varios cursos tradicionalmente obligatorios. Entre los temas más cuestionados y que tras un diagnostico certero la reforma del año 2006 se propuso modificar, fue este último de la flexibilidad en la elección de la formación por parte de los alumnos. Con este objetivo, se propuso un nuevo esquema de correlatividades y de materias obligatorias, que conjuntamente a la promoción de dos nuevas orientaciones y de espacios permanentes de investigación y de formulación de Tesis, sintetizan el núcleo duro de la propuesta 2006. El proyecto del 2006 fue el tercero en el período de la democracia, continuando las experiencias de reforma e implementación del Plan 1989 -que sustituyo al de 1977 de la dictadura- y el actual de 1998. El proyecto y más allá de que sea perfectible, inició un importante camino hacia la reformulación de nuestra formación académica. Lejos del consignismo y la simplificación realizada sobre el mismo por parte de algunas agrupaciones, consideramos oportuno analizar a conciencia, sin anteojeras y sistemáticamente, dicha propuesta, rescatando los avances que presentó en varios aspectos y marcando, cuando consideramos pertinente, las críticas y promoviendo propuestas para mejorarlo. El trabajo que usted va a poder leer a continuación se vincula a la reforma del Plan de Estudios mencionado y cuenta con el antecedente en la Consulta Popular Estudiantil sobre las fortalezas y debilidades del Plan 1998 que desarrolló Comunicadores Para el Pueblo en el año 2007. Conjuntamente a la consulta, se desarrolló una actividad de debate abierta con la presencia de un panel conformado por varios docentes de la Facultad. Con posterioridad a dichas actividades y como complemento, implementamos un diagnostico comparativo de los programas de otras carreas, lo cual nos permitió tener algunas herramientas para analizar el Plan 1998 y la propuesta 2006.
Finalmente y continuando las actividades mencionas y con el objetivo de enfrentar el desafío que implica una reforma académica, convocamos a un debate abierto a la comunidad docente, los profesionales y a un conjunto de actores ligados a la comunicación desde organizaciones sociales, políticas y culturales externas a la Facultad. La apertura que abrimos a la voz de las organizaciones libres del pueblo, tiene, por lo menos, dos claras justificaciones: por un lado, son esos habitantes y organizaciones de la nación los que sostienen con sus impuestos la educación pública y en cuanto tal, se torna prioritario poder vincular la formación académica de la Facultad a la solución de sus problemas y expectativas. Pero además y tema importante, nos distanciamos del pensamiento “cientificista” que establece que el saber se produce solamente en la Universidad y por el contrario, estamos convencidos que las organizaciones libres del pueblo desarrollan cotidianamente un conocimiento y son protagonistas de una experiencia rica y profunda, que puede ser un gran aporte al debate de la reforma del Plan de Estudios de la Facultad.
El planteo de la reforma de un Plan de Estudios adquiere una dimensión teórica y a su vez y paralelamente, incluye una dimensión pedagógica. Ambas cuestiones, tanto la elección de materias y temas, como la forma práctica de encarar el aprendizaje, van a tener un resultado político. Toda elección de materias y de programas, implica y solamente por una cuestión básica de tiempo y de recursos, recortar los temas a introducir, sumando algunas problemáticas y excluyendo otras. Esta elección va a implicar un posicionamiento, una mirada y una forma de entender y transmitir el conocimiento, que va a promover un determinado tipo de profesional de la comunicación.
En este marco, el recorte teórico y la proyección del perfil del comunicador del nuevo Plan, debería partir de un acuerdo general y básico entre la sociedad que nos financia y la Facultad, del tipo de profesional que queremos y que necesitamos para resolver los problemas de la región y el país. Es importante recordar que articular la formación académica con los problemas de la nación, involucra tener en cuenta la posibilidad de establecer una relación armónica entre la formación del comunicador, las políticas públicas, el conjunto de las organizaciones libres del pueblo y el resto de los factores de poder de la sociedad.

Este debate no es fácil de resolver y por el contrario, tiene distintos puntos de vista que deberán conciliarse. Entre las distintas miradas sobre el tipo de comunicador social podemos reconocer, al menos, cuatro propuestas de formación “profesional”:
1-están aquellos actores que sostienen que el Comunicador Social debe atender, prioritariamente, las necesidades y debates de la “Comunicación Alternativa” y la práctica de las Organizaciones libres del pueblo;
2- por otro lado, algunos van a plantear la importancia de vincular el perfil del profesional a las “demandas del mercado”;
3- asimismo, algunas personas van a plantear la importancia de mantener distancia del contexto y promover la “producción científica” independiente;
4- y por último, también estamos aquellos que sostenemos que el perfil del comunicador social debe relacionarse, prioritariamente, a las demandas del conjunto de las políticas de Estado depositarias de la soberanía popular e instrumentos de desarrollo nacional integrado.

Está claro que la elección de las alternativas mencionadas trae detrás de si un profundo debate desarrollado a través de la historia de la Comunicación y su relación con el país y el continente. Los cuatro posicionamientos no son los únicos y además y es bueno remarcarlo, no se excluyen necesariamente. Ahora bien y en una somera síntesis, si quisiéramos ubicarlos históricamente, podemos identificar cuatro momentos ligados a los puntos arriba mencionados:
1- durante las décadas de 1960 y 1970 los debates y prácticas de la
comunicación en Latinoamérica alcanzaron su punto más alto en lo que respecta a la crítica ideológica y la articulación, individual y colectiva, con la acción política. Allí están los libros e investigaciones de Heriberto Muraro de la década del setenta o los trabajos de Mattelart escritos durante el gobierno de Salvador Allende. Asimismo y en relación a las prácticas comunicacionales, podemos recordar las experiencias de comunicación alternativa de las Radios Mineras de Bolivia de las décadas del cincuenta y sesenta, la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA) de Rodolfo Walsh o el paso del argentino Ricardo Masseti en la fundación de Prensa Latina. Asimismo y llegando a la actualidad, podemos ver que existen diversas experiencias de comunicación en el marco de las organizaciones libres del pueblo, como y por ejemplo, aquellas vinculados al Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO). En este contexto, varios estudiantes, profesionales o docentes, van a sostener que el perfil de comunicador debe ligarse al estudio y/o el acompañamiento de experiencias de esta índole.
2- En lo que respecta a la articulación de la Comunicación Social y el Estado y
pese a la prácticamente inexistencia histórica de Políticas Nacionales de Comunicación en el país, es innegable la trascendente dimensión que adquirió la ley 14.241/53 del Servicio Nacional de Radiodifusión, la agencia de noticias TELAM o el Canal 7, creados durante los dos primeros gobiernos peronistas. Asimismo y de distinta índole o latitud, es bueno recordar la trascendente importancia que adquirieron el programa de Comunicaciones de Velasco Alvarado de Perú del año 1968, el debate de la UNESCO y el Informe Mac Bride en los setenta, el actual canal latinoamericano TELESUR, la programación del canal del Ministerio de Educación de la Nación ENCUENTRO o el proyecto reciente del Satélite Simón Bolívar. Estos casos son expresiones claras y trascendentes, de la potencialidad que tiene el Estado para desarrollar y promover las comunicaciones en una nación del sur de América. En este marco, vamos a encontrar propuestas que establecen que el perfil del comunicador debe estar orientado, prioritariamente, al estudio de la Planificación de la esfera Pública y las Políticas Nacionales de Comunicación.
3- De la crítica ideológica de los años setenta ingresamos a la década de 1980
en donde se desarrollaron extensamente los “Estudios Culturales”, muchos de ellos, importaciones de marcos conceptuales del marxismo europeo de posguerra. A diferencia de las décadas anteriores, se abordaron las diferencias culturales desentendidas de los factores materiales de poder y en muchos casos, se naturalizó la realidad existente y el programa neoliberal implementado en esa década y la siguiente. Ante el afán de recalcar la capacidad del receptor de resignificar lo que recibe de los medios de comunicación, se perdió de vista en estos estudios, el proceso de concentración de medios y de poder de la década.
4- Durante los años noventa se promovió un modelo de comunicación
estrechamente relacionada a los estudios de marketing y opinión pública publicitaria o electoral. En este sentido y de manera similar a los modelos anteriores, estarán aquellos docentes, profesionales o estudiantes, que van a sostener la importancia de orientar la formación académica en torno de la demanda laboral de mercado.

Una vez que acordemos los puntos precedentes, vamos a tener que plantear algunas dicotomías que nos presenta la posibilidad de la Reforma del Plan. Por un lado, entre los planteos que sostienen la importancia de mantener una Formación Teórica amplia y entre aquellos que por el contrario, promueven una formación prioritariamente técnica y más bien orientada a la práctica periodística concreta, que a los estudios o investigaciones. En el caso de la Facultad y durante el año 2007, se aprobó la Tecnicatura de Periodismo Deportivo, cuestión que, parecería, impulsó esta última posibilidad. Pero, tecnicatura mediante y en lo que respecta a las Licenciaturas, consideramos importante conservar la matriz teórica amplia en nuestra formación y fomentar, paralelamente, las prácticas laborales y comunitarias.

Asimismo, la reforma del Plan incluye decidir entre propuestas que hacen
hincapié en la importancia de implementar una Formación Básica extensa ampliando la obligatoriedad de materias. Por otro lado, están aquellas personas que promueven un núcleo básico de materias obligatorias corto siguiendo el modelo del Plan de Estudio sancionado en el año 1998. En este sentido y tras la experiencia como docentes y alumnos, consideramos importante ampliar la formación básica y las correlatividades para homogeneizar las formaciones y elevar el nivel de los debates en los cursos. La especialización puede quedar circunscrita a la orientación en la última etapa de la carrera y paralelamente, a la elección de Seminarios de práctica técnica e instrumental de la comunicación, de ámbitos de formación de Tesis, de programas de Extensión o de Cátedras Paralelas. En lo que respecta a la propuesta del Plan del año 2006, observamos que introdujo el ciclo básico o “ABC” en el cual se propuso ampliar a 20 las materias obligatorias (en vez de las 13 actuales) y se introdujo un nuevo esquema de correlatividades. Asimismo, y en el tema de las especializaciones, el proyecto conservó las orientaciones de “Periodismo” y de “Planificación Comunicacional” y agregó además, las de “Investigación Socio Cultural y Política” y la de “Opinión Pública”. En este último punto por qué no pensar en la posibilidad ampliar los contenidos de la orientación de Planificación Comunicacional en cuestiones de agenda y políticas de Estado y servicios públicos de comunicación.

Hechas estas aclaraciones, podemos ver que la posibilidad de reformar el Plan incluye muchos interrogantes a contestar y diversas variables a resolver. Ahora bien y pese a esta complejidad, hay una pregunta que consideramos importante traer: ¿qué cuestiones no pueden dejar de estar en el nuevo Plan? Veamos algunos temas.
Como punto de partida, es de suma importancia para el Comunicador Social adquirir una formación sólida en Economía Política, conocimiento sin el cuál dificultosamente podemos comprender tres de los rasgos más importantes de los medios de comunicación del país y el continente: primero, la concentración de medios audiovisuales y gráficos en pocas manos; segundo, la extranjerización de las emisoras y las agencias de producción de programación y noticia; y tercero, la articulación de los intereses de empresas y gobiernos extranjeros y los medios de comunicación, simbiosis que se estructura y desenvuelve como imposición cultural y “política neocolonial”.
Asimismo, consideramos prioritario en nuestra formación reforzar el estudio de las Políticas y la Planificación incluyendo materias que aborden las siguientes temáticas: la legislación, planificación pública y las regulaciones de medios; una teoría del Estado del tercer mundo; la relación entre Planificación de la Comunicación y Desarrollo Nacional; la importancia existente entre las categorías de soberanía política, independencia económica y tecnológica y Plan Nacional de Comunicación.
Vamos a promover que las investigaciones se orienten hacia los problemas de la región y el país, superando los frecuentes estudios de “discursos sobre discursos”. Es importante implementar talleres e intervenciones comunitarias con el objetivo de generar ofertas académicas relacionadas con las demandas de las organizaciones libres del pueblo. Para garantizar la masividad de estas prácticas, es importante promover la acción comunitaria desde medidas que acrediten y premien académicamente a los participantes en este tipo de proyectos. Consideramos importante desarrollar Seminarios de grado sobre Comunicación Alternativa, Social y Comunitaria.
Un tema importante que quedó planteado en la Consulta Popular Estudiantil del año 2007 fue la posibilidad de hacer anuales las historias argentina y latinoamericana, con el objetivo de reforzar la mirada desde nuestro continente en la formación académica. Es importante traer a consideración que la propuesta del año 2006 contempló este tema ampliado las historias obligatorias en el Plan. Otra cuestión pendiente estrechamente ligada a esta, es que no existe en el Plan actual la materia Historia Argentina del siglo XIX.
Con el objetivo de articular la formación integral del comunicador social, consideramos central implementar espacios institucionales permanentes en los cuales los estudiantes desarrollen prácticas concretas sobre las herramientas de trabajo periodístico y de investigación, tales como la radio, la edición de programación, las prácticas de cámara, la formación de espacios de comunicación digitales, portales WEB, etc.

Con el objetivo de responder a estas y otras inquietudes familiarizadas, desarrollamos tres preguntas que fueron contestadas por un conjunto de docentes, profesionales y comunicadores sociales, universitarios y no universitarios, que nos dieron sus opiniones personales. La primera pregunta se relaciona a un “Diagnostico del estado actual de la Comunicación Social” y fue redactada de la siguiente manera: ¿Qué temas usted considera, se están debatiendo en el campo de la comunicación actual? Los temas que aparecieron están ligados a diversos debates entre los cuales podemos mencionar: cuestiones de incumbencia de la disciplina; temas vinculados a la aparición de nuevas tecnologías; a la digitalización; cuestiones ligadas a la Ley de Radiodifusión; a la extranjerización de la prensa; a los debates de la democratización en función de los alcances de los canales de cable y la televisión abierta; al estudio del poder económico y los medios; al conflicto agrario y la cobertura de la prensa; a temas de comunicación comunitaria y la tensión con la academia; a los desafíos que traen aparejados los tratados de libre Comercio y la Cultura; al debate de las desigualdades entre naciones en el terreno de la comunicación; a la tensión libertad de prensa y de empresa; a temas del rol del Estado y su relación con las organizaciones populares; a la falta de debate de muchos temas; a los análisis de la relación entre la disciplina y el mercado; a la aparición de nuevos estudios culturales; cuestiones de las Políticas Nacionales de Comunicación y el Desarrollo; al problema de duración de la carreras y las tesis: otros se refirieron al Observatorio de Medios; al debate sobre la libre expresión y el COMFER; al rol de las agencias de noticias como CNN o Al Jazzira; a la aparición de TELESUR; al abandono de los debates sobre el poder y la crítica o la diversidad de estudios, entre otros temas.

La segunda pregunta se relaciono al “Deber ser” de la Comunicación
Social” y quedo redactada de la siguiente manera: ¿Cuál es en su opinión la función o el “deber ser” del Comunicador Social? Aquí aparecieron respuestas que establecieron la importancia de distintas cuestiones entre las cuales se pueden rescatar los planteos de: comunicar de manera real; de acompañar la formación de una sociedad más justa; de afrontar el debate sobre calidad de los medios; de problematizar la relación entre comunicación y conciencia nacional; de apoyar la militancia e intervenir en el conflicto social; de acompañar el bien común; de apoyar el desarrollo de una mirada política, social y cultural propia del continente; de promover las Políticas de Comunicación Públicas; de acompañar el desarrollo nacional; de discutir la dinámica de la sociedad y la forma como transformarla; de cuestionar la concentración mediática de rediscutir la idea de verdad o de ubicar al comunicador en un proyecto nacional, entre otros.

La tercera y última pregunta, se relacionó a la “Articulación de los puntos 1
y 2 en el Plan de Estudios” y quedó redactada de la siguiente forma: ¿Qué problemáticas, materias o áreas de investigación, usted considera, deberían introducirse o tendrían que ocupar un lugar más amplio en el Plan de Estudios de la Carrera?. Entre las respuestas encontradas debemos mencionar la posibilidad de: desarrollar una formación curricular basada en una mirada latinoamericana; promover la práctica laboral y la extensión permanente; poner a prueba los marcos teóricos; difundir la comunicación Alternativa incluyendo una orientación en Comunicación Popular o Comunitaria; desarrollar una formación humanista; promover la articulación entre investigadores y docentes; modificar las correlatividades de algunas materias; modificar la duración de materias; articular el trabajo de las cátedras; articular Proyecto nacional y reforma curricular o introducir nuevas materias, entre otras cuestiones.

Las entrevistas aparecen por orden alfabético y van acompañadas de una breve referencia de las actividades en las que se desenvuelve el entrevistado.
El trabajo cuenta con una breve historia de la Carrera denominada “Siete décadas de estudios en Periodismo y Comunicación” que aporta una mirada integral del desarrollo desde sus orígenes a la actualidad.

Debemos recordar que el Plan de Estudios establece pautas generales y que solamente su aplicación concreta y comprometida por parte de los universitarios, promoverá determinado posicionamiento político e ideológico en relación su articulación o no, a las Políticas públicas, las Organizaciones Libres del Pueblo y el Conjunto de factores de poder de la sociedad. En este sentido, solamente la práctica cotidiana de los miembros de la Facultad y sus relaciones con el medio, dirá la última palabra sobre el nivel de adecuación o de distancia de la formación académica y la producción científica, en relación a los temas y la información socialmente necesaria para la región y el país.
Por último y cuestión que excede el mero debate del Plan, estamos seguros de la importancia de promover en nuestra formación una mirada desde autores latinoamericanos y nacionales. En el mediano y largo plazo, este posicionamiento debe dar los frutos esperados: desarrollar una escuela de comunicación social con una mirada y una teoría nacional y latinoamericana, que responda a los desafíos, las demandas y las exigencias del país y del sur del continente.-

miércoles 24 de septiembre de 2008

Liberación o dependencia: Bolivia y la Constituyente



Aritz Recalde, febrero de 2007.


“Se trata, para el Tercer Mundo, de reiniciar una historia del hombre que tome en cuenta al mismo tiempo las tesis, algunas veces prodigiosas, sostenidas por Europa, pero también los crímenes de Europa, el más odioso de los cuales habrá sido, en el seno del hombre, el descuartizamiento patológico de sus funciones y la desintegración de su unidad; dentro del marco de una colectividad la ruptura, la estratificación, las tensiones sangrientas alimentadas por las clases; en la inmensa escala de la humanidad, por último, los odios raciales, la esclavitud, la explotación y, sobre todo, el genocidio no sangriento que representa la exclusión de mil quinientos millones de hombres. No rindamos, pues, compañeros, un tributo a Europa creando estados, instituciones y sociedades inspirados en ella.” Frantz Fanon[1]

Como pudo observarse en páginas precedentes, el proyecto de la “Constitución Escrita” expresa desde lo hondo del pueblo boliviano la “Constitución Real” y es claramente una “Constitución Justa”. El proyecto de la nueva Constitución boliviana es expresión clara y profunda de la revolución que conduce Evo Morales, junto a la acción cotidiana y las ilusiones de las mayorías populares que están exigiendo el ingreso a la participación nacional tras siglos de humillación y postergación. En este contexto, es importante resaltar que el proyecto será sometido a referéndum y si resulta positivo, constituirá un importante sustento a la marcha de la revolución. Demás esta decir que, en el contexto de la disputa va a adquirir importancia el resultado en los departamentos opositores. El enfrentamiento electoral es la forma política que actualmente adquiere la lucha social en el país y es, entonces, un suceso de gran trascendencia histórica para Bolivia que quiere ser una nación definitivamente libre y soberana. Ahora bien, el triunfo electoral y la sanción de la Constitución están lejos de dar por tierra las contradicciones y los enfrentamientos políticos nacionales. La Constitución es un paso firme que dará marco para profundizar las necesarias transformaciones del esqueleto institucional neocolonial heredado de siglos de explotación y penetración imperialista, pero las reformas, una a una, las harán las organizaciones libres del pueblo que enfrentan a una oposición que ayer, hoy y probablemente también mañana, desconozcan los avances en la institucionalización de los anhelos de las mayorías populares, no importa si son hechas a través de una ley, una Constitución, un decreto, una movilización o una toma “ilegal” de tierras. La Constitución permitirá -o por lo menos eso está intentando el gobierno- transitar un camino pacifico para la transformación del país y la ruptura de la dependencia. La oposición en este cuadro, se rearma y busca apoyos en proyectos sediciosos de diferente índole, ya sea los ataques al orden político desde intentonas separatistas en Tarija, Pando, Beni, Cochabamba o Santa Cruz o a través de los sabotajes económicos huelguísticos y del desabastecimiento. En este caso especial y en lo que refiere a la Constitución, se enfrentan al proyecto utilizando los medios de difusión ideológica que poseen -prensa, universidades, tribunales, comités y todo el conjunto del inmenso aparato cultural de la oligarquía y el imperialismo-.
La Constitución sólo es un paso más y no el definitorio en la formación del “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”. Ahora bien, debemos decir, respondiendo a algunas opiniones que recorren los debates actuales en torno a la constituyente, que no es cierto que este proyecto sea el causante que inventó a la oposición o que dicho texto promueva un supuesto sentimiento indigenista que polarizaría políticamente al país. El país, desde la colonia y sin distinciones de imperios, está trágicamente en términos sociales y políticos, estructural y culturalmente, polarizado. La oposición encuentra en el Parlamento un lugar para enfrentar a un gobierno legítimo y a su proyecto de Constitución, pero lo mismo haría con otros programas de construcción de una alternativa de poder, no importa el ámbito y la forma. En este cuadro, la polarización política pone a los profesionales y a las clases medias en una situación de ambivalencia e inseguridad ante los vertiginosos sucesos políticos que atraviesan el país. En muchos casos, presas de la supremacía cultural y económica de la oligarquía, las clases profesionales desde los claustros universitarios, los juzgados o la prensa, repiten los temores infundados y las construcciones ideológicas, en su mayoría, importadas por las potencias imperiales. Las clases medias y las clases altas caminan por una cornisa entre el apoyo a los movimientos sediciosos y su fusión con el gobierno legal y legítimo del país. A su costado, las organizaciones libres del pueblo marchan y presionan a la conducción del programa revolucionario. En este cuadro, el gobierno está enredado en una situación política de suma tensión, pero creemos, que dicho enfrentamiento puede postergarse, no suprimirse. Esta cuestión no es una decisión solamente de Evo Morales, sino que forma parte de la dinámica impuesta por una minoría hoy y tantas veces a lo largo de la historia, reacia a la democracia y al gobierno de las mayorías. En este sentido, afirmamos que el proyecto constitucional no inventó a la oposición, ni dividió al país. Simplemente, la constituyente manifestó a la luz pública la lucha por el poder y la resistencia al cambio de sectores de un Estado con raíces neocoloniales que históricamente fue operado por una oligarquía gamonal enemiga de la democracia, siempre que este mecanismo representó la decisión de las mayorías. Completando lo dicho, es seguro que esta oposición que hoy encuentra el Parlamento como un ámbito de disputa política, el día de mañana no vacilará en recorrer los cuarteles una vez derrotada por medio del camino pacifico y democrático. En este complejo contexto, las Fuerzas Armadas poseen una eminente responsabilidad histórica: o acompañan el desarrollo industrial independiente del país y a las organizaciones libres del pueblo en la formación de una nación plural y participativa o en su defecto, Bolivia por intermedio de un baño de sangre fruto de una guerra civil, retrocederá hacia el abismo liberal y la asunción de un gobierno despótico, sea militar o liberal, pero inevitablemente, será un Estado en donde las decisiones se tomarán entre pocos y en el extranjero. Evo y el conjunto del gobierno revolucionario en este juego de tensiones, deberá encontrar el momento y la forma de manejar las agresiones del imperio y de la oligarquía nativa. Ya lo anunció Cristo cuando afirmó “He aquí, yo los envió como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas.”
Ahora bien, para no caer en falsas suposiciones de una supuesta “simple conciliación y dialogo con la oposición”, es bueno hurgar en los papeles olvidados por los engranajes de la memoria oficial: Villarroel es ahorcado en la Plaza Murillo por la oligarquía; Arbenz derrocado con un intervención militar con apoyo público norteamericano; Argentina fue bombardeada en el año 1955 con los aportes norteamericanos y británicos con el objetivo de derrocar y asesinar a Perón; Cuba, agredida en el desembarco en Bahía de los Cochinos, donde los terroristas poseían armamento y capacitación proveniente de los EUA; en la Casa de la Moneda, Allende resistió hasta morir en manos de un golpe militar organizado con apoyo norteamericano; el asesinato de Torres o Prats en Argentina o el intento de derrocar a Chávez en el golpe del año 2002, caen, ambos, bajo la “estrategia del pentágono o la Comisión de Relaciones exteriores del Senado de EUA”. Estas muertes nos hablan del desafío que actualmente enfrenta la revolución, que a lo sumo puede postergarse o modificarse por un tiempo en el terreno de la disputa, pero que, inevitablemente no puede evitarse.
La nueva Constitución expresa los anhelos y los objetivos de la revolución. En una primera instancia y como pudimos notar, introduce a los pueblos originarios en la política del país, contemplando tanto su participación en el Estado, como asimismo, en la formación de ámbitos autónomos de organización política. En este contexto, la ratificación del texto en el referéndum es una parte de la disputa: el tiempo y la lucha política dirán la última palabra acerca de la viabilidad y de la aplicación práctica de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y de cada una de las leyes respectivas. La Constitución abre la posibilidad de transitar un importante capítulo en la historia de los pueblos originarios del Tercermundo, que desde ahora, tendrán la responsabilidad de escribirlo.
Como comentamos precedentemente, el proyecto de Constitución establece la defensa del patrimonio del país, cuestión que implica la salvaguardia de la producción nacional, el uso estratégico de los recursos naturales y la utilización social de la propiedad. Concerniente a esta cuestión, debemos señalar que la cuestión nacional está estrechamente relacionada a la emancipación social y por eso, el texto introduce importantes avances en la distribución de la riqueza y en el ejercicio pleno de la democracia social. La reforma agraria, la prohibición del latifundio o la defensa del patrimonio del Estado, son parte de los ejes neurálgicos del texto. Asimismo, es importante remarcar el derecho al seguro social de salud o a las jubilaciones, que se introducen en el texto.
Los derechos de los trabajadores, el fomento del capital nacional o de las cooperativas, la defensa y promoción de la industrialización o la producción para el mercado interno, forman parte de los nudos políticos que plantea la Constitución y que constituyen parte fundamental de la agenda del nuevo modelo de desarrollo económico y social boliviano.
Para resumir los anhelos del proyecto de Constitución, reproducimos las palabras de Álvaro García Linera:[2]

“El primer resultado de esta revolución es la igualdad, entre pueblos, entre sociedades, entre culturas, entre idiomas, entre vestimentas, entre colores de piel. Éste es un hecho irreversible, ya no se puede ir para atrás, Bolivia ya no soportaría un regreso a formas de dominación colonial y de racismo camuflado. Bolivia ha cambiado y hoy, indígenas y mestizos, como en esta mesa, podemos compartir la toma de decisiones políticas y económicas, y la manera cómo conduciremos el país. El segundo resultado: el papel del Estado. Hemos pasado del Estado débil, adelgazado, light, que nos convirtió en furgón de cola de una globalización irrespetuosa y alocada, a un Estado fuerte. Hoy, el Estado boliviano controla cerca del 21% de la economía, del Producto Interno Bruto del país, nuestro horizonte es llegar al 30%. Y en lo productivo, el Estado boliviano que recibimos, literalmente aniquilado con apenas el 0,6% del control de la riqueza productiva de Bolivia, hoy mínimamente controla el 7 y 8% de la parte productiva de la riqueza. Es nuestra esperanza llegar a un 20 y a un 25% como un Estado sólido, moderno y capaz de redistribuir su riqueza.”

El tren de la revolución inició su marcha y las organizaciones libres del pueblo no están dispuestas a bajarse en estaciones intermedias hasta llegar a su destino. No están dispuestas a frenar el reloj de arena. Sólo podemos decir, que así sea. Si la máquina se detiene, si el reloj ya no vierte los granos de arena, en palabras de Tupac Katari: “Nayjaj sapjarukiw jiwyapxittaxa nayxarusti, waranqa, waranqanakaw kutt'anipxani.” [3]


[3] “A mí sólo me están matando, pero volveré y seré millones.” Extraído de Marina, Ari, Biografía. En: http://www.alternativabolivariana.org/.

[1] Fanon, Frantz, Los Condenados de la Tierra, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1974, p. 291.

[2] García Linera, Álvaro (2008).“Solemne Instalación del periodo ordinario de sesiones de la Legislatura 2008-2009", La Paz, 22 de enero de 2008.” En: www.vicepresidencia.gob.bo

sábado 20 de septiembre de 2008

¿Ley de educación superior o política nacional educativa?


Aritz Recalde, agosto 2008


Hay hoy más científicos vivos que en toda la historia previa de la humanidad, y disponen de recursos en cantidad más proporcional a su número. Con esos recursos adquieren aparatos y materiales maravillosos, asistentes bien entrenados, bibliografía completa y rápida. Disfrutan de gran prestigio y de sueldos nada despreciables. ¿Qué han producido con todas esas ventajas? toneladas de papers y muchos objetos, pero menos ideas que antes. Oscar Varsavsky[2],



Entre los universitarios y miembros del Congreso nacional y de los ministerios, se esta debatiendo la posibilidad de modificar la actual ley de educación superior (LES). La norma es del año 1995 a partir de lo cual, se la relaciona directamente con el proceso neoliberal y pareciere y sin excepciones, que esta última característica justifica que todos estén de acuerdo en derogarla. Este “anhelo reformador” es positivo, pero y valga la aclaración, dicho punto de partida no resuelve por si mismo ninguno de los desafíos que aquejan a la universidad y particularmente y cuestión que nos interesa, dicho énfasis en cambiar la LES no garantiza que la universidad cumpla las ansias de aquellos que la financian: el pueblo que en su mayoría no ingresa a los estudios superiores.
Dentro de la universidad y detrás de la modificación de la LES, hay y en una somera síntesis, tres posicionamientos sobre la necesidad y los alcances de su potencial reforma.


1- Por un lado, está la corriente política que llamaremos del reformismo conservador que es hija del alfonsinismo y de la transición democrática de 1983 y que cuenta con fuerte anclaje en los claustros docentes (UCR, PS, etc.), de graduados y de estudiantiles (FM, MNR, etc.-). El origen histórico e ideológico de esta corriente y pese sus menciones al año 1918, se remonta a la reivindicación del proyecto educativo de la dictadura de Eugenio Aramburu que derrocó a Juan Perón, que sancionó la existencia del gobierno tripartito[3] y que enfrentó a las mayorías populares a las que proscribió del sistema de partidos y expulsó masivamente de las universidades. Su modelo cultural reposa en la reproducción del canon “cientificista” generado por autores europeos y norteamericanos. Dichas corrientes políticas y culturales quieren cambiar la LES con el objetivo “simbólico” de terminar con el “neoliberalismo” que y según estos, buscó coartar la autonomía y la gratuidad de la universidad. Su proyecto de LEY y a partir de aquí, es “negativo”: intenta que el Estado y la sociedad no intervengan en la política universitaria y que solamente la financien. Su justificación teórica es resguardar a la “ciencia autónoma” ante la irracionalidad de las mayorías, expresadas en organizaciones económicas y políticas o en el sistema de partidos. Gobierno tripartito, gratuidad y autonomía son sus lemas de campaña para la nueva ley.

2- Por otro lado, se ubica la corriente política y cultural universitaria que denominaremos y siguiendo una palabra de Arturo Jauretche, como reformismo mitromarxista[4]. Dicha corriente política y cultural tiene un escaso desarrollo entre los docentes y los graduados y cuenta con una organización estudiantil de mayor envergadura relativa en algunas universidades (especialmente maoísta o trotskista). El origen histórico de esta corriente universitaria es la reivindicación de la fraseología de la reforma del año 1918 y de algunas corrientes políticas de izquierda de los sesenta y a partir de aquí, que hacen hincapié en el rol transformador de la juventud en la sociedad. Su propuesta se basa en derogar la LES “para terminar con el neoliberalismo” y mantener la autonomía de la cual y a diferencia del reformismo conservador, no creen, ya que ni en Rusia, ni en Cuba, ni menos aún en China, no existió, ni existe, ni existirá nada que se le parezca. Su modelo cultural se basa en la reproducción de las teóricas e interpretaciones de un conjunto de autores europeos y en algunos casos y excepcionalmente, asiáticos. A diferencia del reformismo conservador, la autonomía es vista como una táctica y no como una estrategia: hay que sostenerla para preparar las condiciones objetivas para la toma del poder obrero y la sanción del decreto que inaugure el socialismo. Son enemigas del Estado y de la democracia de partidos siempre que no ganen las elecciones, a partir de lo cual y ya que nunca triunfaron en una votación en la historia, sostienen a rajatabla el funcionamiento de la universidad corporativa distante del medio que la rodea. Democratización, gratuidad y autonomía son sus lemas para la nueva LES.

Ambas corrientes y como se puede ver, quieren derogar la LES y sancionar otra que coarte toda posibilidad de injerencia posible dentro de la universidad, tanto del Estado elegido por la democracia de partidos, como y asimismo, de la sociedad en general. Pese a que desarrollan distintas justificaciones doctrinarias, ambas tienen una concepción negativa y liberal para la nueva LES que tiene como objetivo garantizar que en las universidades no cambie nada para mantener sus lugares de privilegio. Ambas son profundamente elitistas y enemigas de las decisiones de las mayorías: una en nombre de la vanguardia científica y la otra, bajo la consigna de la vanguardia política, se autodenominan las únicas y legítimas detractoras de la planificación de la política y del uso del gasto educativo. A partir de aquí, sus consignas para otra LES son vagas y generalistas: autonomía, democratización, gobierno tripartito o gratuidad. Estas corrientes involucran los anhelos del 3,5% de los universitarios preocupados por seguir conduciendo la universidad sin importar la opinión de la democracia de masas y las organizaciones libres del pueblo.

3- Finalmente, existe una tercera corriente que vamos a llamar "nacional y popular" que nació en el año 1918 y que se expresó dentro del proyecto universitario y las tres leyes[5] de los gobiernos de Juan Domingo Perón. Dicha corriente tiene un desarrollo escaso entre los docentes y graduados y cuenta con un crecimiento significativo en el claustro estudiantil. Su modelo cultural se basa en el reconocimiento de la existencia de un pensamiento nacional y latinoamericano cristalizado en la obra de intelectuales y de políticos de nuestro continente. Esta corriente se plantea que es importante cambiar la LES, pero que y particularmente, hay que desarrollar una política educativa desde la acción del Estado y a partir de la voluntad popular y las organizaciones libres del pueblo. Dentro de las propuestas para la nueva LES, esta corriente se centra en proponer mecanismos que permitan a la universidad contribuir a resolver las demandas económicas, sociales y culturales del país. El debate de la “democratización” entre docentes o estudiantes, deja lugar a otro que incluye la posibilidad o no, de que la investigación, la extensión y la enseñanza sean instrumentos para acompañar el desarrollo nacional y la emancipación del hombre argentino. La corriente nacional y popular no solo le pide al Estado que financie la universidad, sino que además, le exige a esta última que cumpla con su deber de acompañar el desarrollo nacional y regional a través de diferentes mecanismos como y por ejemplo: un gasto estratégico de su presupuesto; a partir de la promoción de carreras y planes de estudio prioritarios para cada región; a partir del planeamiento de investigaciones con pertinencia social y productiva; el fomento de las carreras ligadas a la industrialización; la difusión de los intelectuales defensores del patrimonio nacional; a partir del ingreso de la voz de la sociedad y el Estado en la universidad a partir de Consejos Sociales y la participación directa en el gobierno. Esta corriente, entre otras cuestiones, propone un servicio social obligatorio y federal para estudiantes y la obligatoriedad de que los docentes con dedicaciones exclusivas otorguen asesoramiento gratuito a la sociedad que los financia.


La corriente nacional y popular y como mostramos en una extrema síntesis, considera que la sanción de una LES es solo un aporte parcial al debate universitario. Este diagnostico nació tras un supuesto que sostiene que solamente una política de planificación universitaria que nazca desde el Estado y a través de la acción de las organizaciones libres del pueblo, puede articular directamente las necesidades sociales y económicas, con la producción científica y técnica.
A la corriente nacional y popular y para hacerle un tributo a su historia, le cave la pesada responsabilidad de vincular la educación superior al desarrollo nacional enfrentando las concepciones, que de derecha a izquierda, atan a la universidad al neocolonialismo. Esta corriente deberá revertir el diagnostico de Juan José Hernández Arregui[6] que estableció que “la historia de la universidad es por eso, la historia de nuestra oligarquía. Con breves intervalos, esa oligarquía durante una centuria logró consolidar e imponer a la Nación su despotismo más o menos ilustrado. Esa universidad, sin ritmo, ni estilo peculiar, fue el medio más sutil del predominio espiritual del coloniaje”. El desafío es grande, pero el deber es impostergable y ya lo dijo Amílcar Herrera cuando estableció que “para los científicos del Tercer Mundo, la aplicación de la ciencia a la superación del subdesarrollo representa uno de los desafíos morales e intelectuales más grande de la historia.[7]


[2] Ciencia Política y cientificismo, Ed. Centro Editor de América Latina, 1969. P 36
[3] Hasta la dictadura de 1955 que apoyó el PS y la UCR solamente existió en algunas universidades, el “cogobierno”. El tercer actor que justificó la designación de “tripartito” (graduados) ingresó después de 1956.
[4] Personas que leen y reivindican a Carlos Marx y que son a su vez, defensores de la historia oficial de Bartolomé Mitre.
[5] Leyes 13.031/47; 14.297/54 y 20.654/74.
[6] La Formación de la conciencia nacional. Ed. Pella Lillo, Buenos Aires 2004. p 73.
[7] Ciencia y política en América Latina, Ed. Siglo veintiuno, México, 1974. P 18.

miércoles 20 de agosto de 2008

Universidad, ciencia y desarrollo Latinoamericano independiente


Aritz Recalde

Recién iniciado el ciclo político de la Independencia en las tierras del sur americano, se desató una batalla sobre el modelo de naciones a conformar. Por un lado, estaban aquellos políticos e intelectuales que abogaron por construir una gran nación cuya unidad geopolítica continuara los marcos territoriales de los antiguos Virreinatos e Intendencias. Para estos la independencia y la unidad americana implicaban, necesariamente, motorizar y organizar una gran gesta patriótica capaz de conjugar la acción mancomunada de los diferentes sectores sociales: el teatro de operaciones de la causa americana sería el pueblo en armas. Este programa en tanto intentó ser articulador de la voluntad del pueblo, se propuso como objetivo indeclinable la defensa de las economías artesanales americanas y sus poblaciones que eran agredidas por la economía de las metrópolis y en especial, por el imperio británico. Este modelo de naciones y en un exacerbado resumen, consistió en “independencia política” en base a la “unidad Latinoamericana”, la “integración social y la participación del pueblo postergado en la toma de decisiones” y en la promoción del “desarrollo industrial y artesanal y el proteccionismo” para el continente. Entre los abanderados de la unidad latinoamericana, no podemos dejar de mencionar a José de San Martín, Simón Bolívar y Juan Manuel de Rosas. Entre los promotores de la democracia social quién mejor que Gervasio Artigas. Entre los dirigentes industrialistas y proteccionistas, es bueno mencionar a Solano López o la gestión como gobernador de Mendoza, del ya citado San Martín.
Dicho proyecto encontró un enemigo en el imperialismo de las metrópolis y sus aliados locales, la oligarquía terrateniente, minera o comercial. El modelo de nación de estos sectores contempló la fragmentación del continente en diversos países. La América balcanizada sería administrada por las elites, sin participación popular en la toma de decisiones. El esquema económico de este programa estaba ligado directamente a la inserción dependiente del continente al mercado mundial en base a la exportación de materias primas. En resumen, este programa y en contraposición al primero, planteó un “continente fragmentado en distintos países”, profundamente “desigual en términos sociales y de acceso al poder político”, y cuya estructura productiva estaba centrada en el “modelo agro exportador y liberal”.
Al programa americanista impulsado por los primeros, se le opuso el mencionado esquema neocolonial dependiente. Así vimos como la oligarquía de las Provincias Unidas no envió a los delegados al Consejo Anfictiónico de Panamá de 1826, torpedeando la unidad del continente tras la decisión de Bernardino Rivadavia y el imperio británico. Los grupos allegados a este mismo dirigente, se opusieron a financiar la campaña del libertador San Martín en Perú, culminada finalmente por Bolívar y con el objetivo de desarrollar la guerra civil interna, en particular contra referentes políticos como Gervasio de Artigas. La oligarquía porteña y con posterioridad a la gestión rivadaviana y bajo la figura de Bartolomé Mitre, enfrentó en la Guerra de la Triple Alianza desde 1865 a Paraguay destrozando el proyecto industrialista independiente del país.
Como podemos observar, los dos programas se enfrentaron militarmente, políticamente, económicamente y en particular y tema que nos interesa en este documento, se opusieron en sus proyectos culturales. El programa de la balcanización y de la destrucción de las economías del continente fue parte del proyecto británico y francés para Latinoamérica. El plan contempló diferentes estrategias. Por un lado, la ocupación militar y la acción política colonial directa: por ejemplo, en las invasiones inglesas en el Virreinato del Río de La Plata en 1806, en la ocupación de las islas Malvinas en 1833 o durante el bloqueo militar y comercial al gobierno de Juan Manuel de Rosas. Es bueno recordar, que en la época de expansión imperial sobre América Latina, las metrópolis implementaron una política colonial sobre Asia y África: Francia ocupó Argelia y otras posiciones e Inglaterra haría lo mismo con Egipto, la India y gran parte de África.
El programa colonial fue resistido patrióticamente por los americanos. Fracasada la etapa colonial y de ocupación directa del territorio, se profundizó la política neocolonial tras la acción económica de la banca Baring Brothers y de la gestión política de las cancillerías y los servicios de inteligencia del imperio tras las figuras de Woodbine Parish o de George Canning.
La política neocolonial no se desentendió totalmente de la posibilidad de utilizar la violencia directa sobre Latinoamérica, cuestión que continuó siendo un mecanismo de dominación, incluso, en pleno siglo XX. Pero y pese a eso, es innegable que las derrotas militares británicas llevaron al imperio a centrar sus acciones sobre las tareas políticas, comerciales y culturales. De la misma manera que se desarrolla actualmente, el capital extranjero manejó directamente o por intermedio de sus agentes locales, la prensa escrita. Asimismo y cuestión elemental, desarrolló una acción profunda de asimilación neocolonial de los intelectuales y educadores americanos.
Una de las instituciones en las cuales el imperio operó para imponer su esquema dependiente en Latinoamérica fue la universidad. Es bueno recordar, que la historia de las universidades americanas tiene un origen colonial e hispánico, ya que tanto la Universidad de Caracas (1721), de Córdoba 1613 o de La Habana (1728), surgen bajo la orbita de España. La metrópoli tenía como objetivo primordial reforzar los lazos coloniales y con este fin, desarrolló las instituciones educativas en las cuales formar a los cuadros de la segunda línea de la administración. Los dirigentes de conducción de la primera línea política de los Virreinatos, Capitanías o Intendencias, provenían y dadas las restricciones legales, de la misma metrópoli. La matriz cultural de esta enseñanza estaba centrada en la religión católica y la enseñanza de las carreras de artes (filosofía, lógica, etc.-) y de teología. A esta primera universidad, de raíz colonial, vamos a llamarla de la Corporación Religiosa.
En el contexto del avance económico del imperio francés y británico se puede ver como su modelo económico, político y cultural se exportó al resto del planeta. En este cuadro, se ve como el desarrollo económico de la burguesía europea tuvo su proyección, por un lado, en el orden político con la centralización de gobierno ejercida por la monarquía y por otra parte, en el desenvolvimiento del plano cultural y científico. En esta última esfera y por ejemplo, es bueno mencionar la aparición de las Ciencias Naturales, en particular tras la figura de Isaac Newton y Galileo Galilei y los avances posteriores de la física y las matemáticas aplicadas que apuntalaron la revolución Industrial y la industria militar del capitalismo imperialista.
Este avance imperial expresado en la nueva forma de producir, de organizar políticamente la sociedad y de pensar al mundo, fueron, paulatinamente, asimilados en las universidad de la Corporación Religiosa en un contexto general de decadencia de España.
Tras la independencia y tal cual comentamos, los dos modelos de nación para nuestro continente entraron en disputa. Finalmente fue vencedor el esquema balcanizador, elitista y liberal expresado en los mencionados agentes locales y extranjeros. A dicho grupo social, generalmente ligado a la posesión de la tierra, los recursos naturales o el comercio, le toco planificar la política cultural y universitaria. Dada la estructura dependiente del continente, estas instituciones tuvieron, generalmente, una matriz de pensamiento cuya raíz era profundamente neocolonial. La metrópoli y como comentamos más arriba, operó su programa imperial a través de su política neocolonial. La persuasión que no garantizaban los cañones, la consiguieron los órganos de prensa, las acciones de inteligencia de las cancillerías y cuestión elemental, lo aplicaron los intelectuales americanos con mentalidad neocolonial.
En este cuadro y tras alcanzar una independencia inconclusa, dicha universidad de la Corporación Religiosa, pasó a manos de la Corporación Oligárquica. La alianza económica agro exportadora dependiente estaba centrada en la articulación comercial, la dependencia política y la implementación de una cultura neocolonial entre los funcionarios de gobierno americanos. En el marco de la expansión comercial de Inglaterra, tanto sus manofacturas, como su organización política (democracia burguesa liberal y parlamentarismo) se exportaron como modelo a imitar a través del desarrollo de las Ciencias Humanas. La intelectualidad de Latinoamérica miró a Inglaterra y la potencia comercial y política, exportó la justificación de su modelo económico (David Ricardo, Adam Smith) y su forma de organización política (John Locke y Tomas Hobbes). Las Ciencias Humanas producidas en Europa fueron asimiladas por los intelectuales latinoamericanos como un instrumento de penetración cultural y de justificación del imperialismo británico sobre el tercer mundo. Este proceso fue completado a partir de la introducción en la prensa escrita y en las aulas, del reflejo cultural del imperialismo francés: el iluminismo. La razón europea hizo universal al hombre de la metrópoli y le permitió a las potencias doblegar a las comunidades y a las formas de organizaciones sociales no capitalistas y originarias en su continente.
En la era de la expansión imperial sobre América, los intelectuales de la universidad de la Corporación Oligárquica hablaron castellano, pero pensaron en francés e ingles. De aquí nació la profunda escisión entre los intelectuales “afrancesados” y las elites de ideología liberal e europeísta, por un lado, y por otro, las masas y sus dirigentes, generalmente hispánicos, católicos y proteccionistas en el plano económico. En estas décadas se forjó el perfil de las universidades, que y lamentablemente, sigue en pie en muchas instituciones: una educación elitista, de contenido europeista y racista en relación al hombre americano, generalmente liberal en el terreno de la economía, de raíz profesionalista y no industrialista (ciencia aplicada). La universidad de los hijos de la Corporación Oligárquica formó abogados para administrar el esquema dependiente y de monocultivo y educó por mucho tiempo la dirigencia política que administró el sistema neocolonial enfrentando las alternativas políticas y sociales de raíz popular.
Contra esa universidad, pero en realidad contra ese modelo de país, nació el tercer momento de la tradición universitaria latinoamericana dando origen a la denominada corriente “reformista” o de la “Corporación Docente”[2]. Este programa universitario se caracterizó por plantear en un mismo tiempo “fines” y “medios”. Entre los “fines” de los reformadores, encontramos la posibilidad de que la universidad mire hacia América y no solamente a Europa. La recuperación de la perspectiva americana, sería acompañada por un movimiento juvenil con ímpetus de transformación social y emancipadores. A los fines, los reformistas le sumaron “medios”: el cogobierno[3]. Esta noción reposaba sobre la idea de que la juventud y los sectores medios, podían oficiar como “vanguardia” cultural en una sociedad y un contexto represivo. La historia latinoamericana mostró que en gran parte de los casos es más fácil introducir los “medios” de la reforma modificando leyes o estatutos (Argentina 1918; Ley docente de Cuba 1937; Venezuela ley de educación de 1940 y procesos de 1958 y 1968) que implementar e institucionalizar en el tiempo los “fines”. La experiencia argentina en este sentido, es la más paradigmática: las federaciones estudiantiles y docentes de la universidad autónoma apoyaron los golpes de Estado militar y las dictaduras contra los gobiernos populares de Hipólito Yrigoyen (1930) y de Juan Domingo Perón (1955). En esta línea, podemos ver las complejas dificultades actuales que enfrenta la revolución bolivariana para vincularse con las universidades autónomas. Otro caso ligado a esto, es el de las complejas dificultades que tiene el gobierno de Evo Morales para estrechar lazos entre la revolución boliviana y las clases medias.
La anacronía de la tradición reformista en el siglo XX y XXI se expresó en diversas circunstancias. Una tiene que ver con el modelo de revolución en el siglo XX: los obreros, campesinos o las FFAA, en gran parte de los casos, fueron la columna vertebral de las revoluciones y no las clases medias. El modelo vanguardista de la reforma fue dejando paso a la necesidad de abordar otro esquema de articulación entre la juventud y el cambio social. Por otro lado, es importante marcar la dificultad que tuvo y que tiene, el modelo teórico y cultural reformista para superar su dependencia neocolonial con el extranjero. Dicha dificultad se acrecentó con el desarrollo de las Ciencias Sociales y la expansión de la política imperial europea y norteamericana. En interesante plantear, que la política colonial europea desarrolló en el plano teórico y científico su propia justificación de la ocupación y el saqueo del tercer mundo: la antropología de Levis Strauss. La ciencia europea para reflexionar sobre el “hombre”, creó la sociología, para reflexionar sobre el habitante del tercermundo (no hombre) utilizó la antropología.
La asimilación de la cultura neocolonial en las universidades de la Corporación Docente adquirió una nueva forma con la expansión del imperio norteamericano tras la segunda guerra mundial. Las Ciencias Sociales latinoamericanas en la década del cincuenta se dividieron en Departamentos repitiendo los esquemas teóricos norteamericanos: la sociología, la economía y la ciencia política norteamericanas, ingresaron al continente latinoamericano en paralelo a las trasnacionales automotrices (FORD), los organismos multilaterales de crédito (FMI, BM) los bancos (City Bank, JP Morgan) y las operaciones militares sobre los gobiernos nacionalistas (contra Jacobo Arbenz Guzmán en Guatemala o contra Villaroel en Bolivia). El nuevo imperio se desarrolló económicamente, se organizo política y militarmente para oprimir otras naciones (por ejemplo, desde la OTAN) y se expreso culturalmente a través de las nuevas corrientes intelectuales desarrollistas, neoliberales, funcionalistas, etc. que fueron introducidas como “nuevas modas” intelectuales en las universidades cogobernadas. Es interesante ver como ante la eclosión de proyectos nacionales, los intelectuales de las universidades reformistas los caracterizan, generalmente, como fascistas, autoritarios, arcaicos, irracionales, setentistas, atrasados, comunistas, populistas y otro gran número de “ismos” que denotan la fuerte impronta de pensamiento importado entre nuestros teóricos, pensadores y estudiantes.
La aparición de los movimientos revolucionarios del siglo XX generaron un marco propicio para transformar las sociedades y en lo que a nosotros interesa en particular, permitieron avanzar en la superación de la universidad reformista o de la Corporación Docente, marchando hacia la cuarta etapa que vamos a denominar como la Universidad Nacional y Popular. Este modelo de universidad retomó los fines de la reforma y adecuó los medios para relacionarse con las revoluciones populares, abandonando los esquemas elitistas y de disputas sobre el cobobierno, pasando al debate sobre los distintos caminos que debe recorrer la juventud para acompañar el desarrollo nacional. Los casos de construcción de dichas universidades los encontramos en el marco de la revolución cubana, la revolución peronista[4] y la revolución bolivariana.
En la Universidad Nacional y Popular se fusiona la educación superior con las necesidades sociales del pueblo, los programas de desarrollo económico nacional, las políticas públicas del Estado y los procesos de refundación cultural de la revolución. Se redefine la “autonomía” y la universidad acompaña el camino de transformación social, política y cultural de los Estados (primero esta la revolución que encuadra a la nación entera y en segundo lugar los intereses sectoriales de los estudiantes o docentes y no viceversa). El nuevo eje ideológico que atraviesa la lógica universitaria se traslada del concepto de la “excelencia académica” entendida como monopolio del Cogobierno de la Universidad, hacia la “excelencia académica” en función de las necesidades de desarrollo de las naciones”. En este sentido, no es solamente el Cogobierno universitario el que define las líneas de investigación por fuera de la voluntad del resto del sistema político del país, sino que es el pueblo organizado en el Estado el que ejerce la soberanía y la planificación universitaria.
Es a partir de aquí, que las universidades intentan superar el modelo neocolonial impuesto por las metrópolis y comienzan a fomentar las carreras para terminar con la dependencia. Del fomento a las carreras con perfil agro exportador y profesionalista, se pasa al financiamiento de las ciencias aplicadas al desarrollo tecnológico y la industria, planificando los ingresos y las carreras en función de los objetivos del país y su revolución. En este cuado y traduciendo los anhelos populares de las revoluciones obreras y campesinas, se suprimen aranceles y se eleva el nivel educativo de las naciones. Son etapas caracterizadas por la movilización popular y la politización del pueblo: las ideas del pueblo son más avanzadas que los intereses de la corporación docente y es a partir de aquí, que se difunde una cultura nacional y latinoamericana, con perfil humanista y socio comunitario que se contrapone al modelo cultural neocolonial.
Gran parte de las universidades latinoamericanas actuales conservan muchos rasgos de las etapas de las universidades de la Corporación Oligárquica y de la Corporación Docente. Bajo esta última corriente es frecuente encontrar docentes y estudiantes detractores de los “medios” (gobernar la universidad) y no así, de los “fines” originarios de dicho movimiento juvenil. La posibilidad de superar la universidad reformista depende, directamente, del triunfo o no, de los movimientos nacionalistas y no viceversa. La juventud universitaria tiene que acompañar dichos procesos o en su defecto, va a la cola del tren de la oligarquía y el imperio, no importa si por derecha o por izquierda. En el marco de las revoluciones nacionales se van a discutir los programas políticos y teóricos para superar el esquema cultural neocolonial. Entre los desafíos actuales más importantes que tiene que superar la Universidad nacional y Popular están incluidos:
- la escasa inversión y resultados en ciencia aplicada al desarrollo tecnológico de las universidades latinoamericanas de tradición profesionalistas y de servicios;
- la defensa de una ciencia nacional y la promoción de patentes propias para terminar con la dependencia externa y los altos costos de importación tecnológica;
- la fuerte impronta agro exportadora o monoproductiva de las economías latinoamericanas y su reflejo en los accesos y egresos en las carreras a ellas vinculadas;
- la dependencia teórica y conceptual en relación a las metrópolis y la dificultad para desarrollar una ciencia propia para reflexionar sobre nuestro continente por fuera del racismo, el individualismo y el sentimiento de inferioridad neocolonial repetido por nuestros intelectuales durante siglos;
- el anacronismo del modelo de gobierno de la autonomía reformista y sus dificultades para vincular la universidad al desarrollo nacional;
- el ingreso de los sectores sociales más desprotegidos y la masificación de la educación superior;
- la integración curricular, teórica, cultural y organizativa, del MERCOSUR y la Unión de Naciones Suramericanas.

Estos son solo algunas cuestiones y un punto de partida para abordar la problemática, presentadas por cierto, de manera esquemática, simple y reduccionista. Queda en manos de los movimientos nacionales y del conjunto de las organizaciones libres del pueblo sean o no universitarias, pensar y aplicar las bases de la Universidad Nacional y Popular para el continente.

Citas
[2] Aritz Recalde, “Reflexiones sobre la Reforma Universitaria del año 1918: 7 hipótesis para el análisis”. (descargar del blog)
[3]Distinto del “gobierno tripartito” (graduados, docentes y alumnos). Esta forma de gobierno nació en Argentina en 1956 con la dictadura que derrocó al gobierno del General Juan Domingo Perón. Grupos de docentes y alumnos eran opositores a la revolución nacionalista, incluyendo en los segundos una participación en acciones terroristas contra los sindicatos obreros. Los graduados, fueron introducidos al gobierno para controlar el posible movimiento de acercamiento al pueblo de los estudiantes: eran un cuerpo profesional reaccionario de apoyo a los docentes opositores a Perón.
[4]Para leer un estudio de la relación entre la universidad y la revolución peronista se puede consultar: Recalde, Aritz y Recalde, Iciar, Universidad y Liberación nacional, Nuevos Tiempos, Buenos Aires, 2007. (Descargar del blog)

martes 1 de julio de 2008

Peronismo y Política Agraria entre los años 1943-55 y 1973-75


Aritz Recalde, julio de 2008

Ponencia efectuada en la Carpa de la JP en Plaza Congreso, CABA, 30-06-08.



A continuación presentamos un breve resumen de los proyectos de política agraria del peronismo entre los años 1943 – 1955 y entre 1973 - 1975.

Consideramos pertinente establecer a modo explicativo la diferenciación existente entre los distintos actores que se apropian la renta agraria y con los cuales el peronismo se relacionó:
1- Productores (grandes, pequeños, arrendatarios, trabajadores).-
2- Exportadores (transporte, acopio, exportación, financiamiento).-
3- Estado.-

Asimismo, se deben diferencia los 4 momentos por los cuales atravesó la política agraria peronista en el período en cuestión:

1- 1943-46: aplicación de leyes sociales a favor del pequeño productor, del arrendatario y del trabajador rural.
2- 1946-52: Nacionalización del comercio exterior y transferencias de recursos del sector agrario hacia la implementación del Primer Plan Quinquenal. Política de colonización y expropiaciones públicas de tierras.
3- 1952-55: tecnificación del campo y caída de precios internacionales. Apuntalamiento del Estado al sector agrícola con el objetivo de aumentar divisas para desarrollar el Segundo Plan Quinquenal.
4- 1973-75: apoyó al arrendatario, nacionalización del comercio de granos y carnes y proyectos de impuestos a la renta potencial.

Los temas van aparecer de forma extremadamente resumida esperando poder contribuir al ingreso a la problemática de aquellos actores no especializados en problemas agrícolas e interesados en comprender el paro agropecuario actual a la luz y las políticas del programa del general Juan Domingo Perón.

Hay 3 actores que se distribuyen la renta agraria:



A- PRODUCTORES
1- Terratenientes - propietarios: Estancia Ganadera - agrícola. (Hoy: SRA, CARBAP,CRA)
2- Arrendamientos (chacras ganaderas o agrícolas). (Hoy: pool se siembra – FAA: Grito de Alcorta, Santa Fe, 1912)
3- Mano de obra (estable – temporaria) y pequeños productores familiares (MOCASE, MoCaFor, etc. - Frente Nacional Campesino-).


B- EXPORTADORES
(Hoy: Bunge Born, Nydera, Cargill, etc.-)
Transporte. Acopio. Exportador. Crédito.

C- ESTADO
Instrumentos e instituciones del Estado durante 1946 y 1955 vinculadas al programa agrícola:
CONSEJO NACIONAL DE POSGUERRA (Decreto 23.847/44)
CONSEJO AGRARIO NACIONAL (1940): desde 1945 depende de la Secretaria de Trabajo y Previsión.
INSTITUTO ARGENTINO DE PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO (IAPI)
JUNTA NACIONAL DE CARNES
JUNTA NACIONAL DE GRANOS
BANCO DE CRÉDITO INDUSTRIAL
BANCO HIPOTECARIO
FABRICACIONES MILITARES
(Industrias Aeronáutica y Mecánica de Estado –IAME-)
MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS



Políticas del período 1946-1955 y medidas desarrolladas por el gobierno sobre los 3 actores fundamntales:


Políticas aplicadas sobre los PRODUCTORES diferenciados por grupo y función:


1- TERRATENIENTES – PROPIETARIOS.
I Plan Quinquenal: Transfiere excedente al Estado.-
II- Plan Quinquenal: tecnificación y aumento productivo.

2- PEQUEÑOS PRODUCTORES Y ARRENDATARIOS
- Suspenden juicios por desalojo rurales.
- Dto./Ley 14.001/43 de Arrendamientos y Aparcerías Rurales (las anteriores eran de 1931 y 1932): fija las rentas y obliga al terrateniente a asumir riesgos. Congelan arrendamientos y favorecen el acceso a la propiedad (Crean Cámaras Paritarias para efectivizar esta cuestión).
- Instituto de Colonización (ley 12.636/40) Consejo Agrario Nacional (1940): la primer gestión esta en manos de Antonio Molinari. Se expropian 2 millones de hectáreas entre 1946 y 1955 ( a Patron Costas o Pereira Iraola). Publica revistas, diarios, desarrolla conferencias, entrega tierras fiscales.
En 1946 pasa a depender del Banco Central.
- Importan y producen tractores y maquinaria agrícola. IAME: tractor Pampa.
- Fijan precios justos.
- Se otorgan créditos y asesoramiento técnico.

3- MANO DE OBRA - PEQUEÑOS PRODUCTORES FAMILIARES
A- Leyes protectoras
- Estatuto del Peón Rural o del Campo (Dto-ley 28.194 de 1944): contempló a trabajadores permanentes. Fija salario mínimo (duplica el actual) y establece derechos sociales (vacaciones, descanso dominica, indemnizaciones, aguinaldo, comida, vivienda, etc.-)
-Trabajadores Rurales Transitorios ley 13.020/47.
- Estatuto Tambero Mediero (1946).

B- Derechos sindicales:
- Creación de Negociaciones Colectivas.
- Sindicatos rurales. 1945 Centros de Oficio Rurales.-
1947: Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE)

Políticas aplicadas sobre los EXPORTADORES
Medidas tomadas:

I- COMERCIALIZACIÓN
- Se declara a los monopolios internacionales como adversos al interés general: Bunge Born, Dreyfus.

INSTITUTO ARGENTINO DE PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO Dto. 15.350/46 (liquidado por Dto. 2539/55)
Es un ente autárquico dependiente del Banco central (1946-49) y luego pasa al Ministerio de Economía (1949).

Pasa por dos Momentos:
Primero: Etapa Capitalizadora: el campo financia el Ier Plan Quinquenal.-

Segundo: Etapa Subencionadora.
Este segundo momento se liga a:
- la competencia internacional y caída de precios.
- a la sequía de 1951.
- Mayor consumo interno y menores saldos exportables.
- II Plan Quinquenal: Mecanizar; desarrolla nuevas semillas; fomentar las cooperativas.
- Se crea la Junta nacional de Carnes.
- Junta Nacional de Granos (1933 y refundada en 1944).

Tareas que desarrolladas:
1- Comerciales: compra, exporta y distribuye. Firma convenios y otorga créditos a naciones extranjeras para la compra de nuestra producción. Defender precios y proteger al pequeño en época de crisis ( principalmente desde 1951 y tras la segunda II guerra que introduce como competidores a Australia, Francia, EUA, Canadá).
2- Financieras. Otorga fondos al:
- Estado: nacionalización de servicios públicos (gas, trenes, flota mercante) y maquinaria e infraestructura.
- Sector privado: crédito y subsidios.
3- Regulaba mercado interno:
- Compra productos sin colocación (arroz 1952)
- Fija precios (carne, harina).
- Compra excedentes.
- Compra materia prima para la industria.
4- Promoción y fomento:
- Buscar Mercados: propaganda en el extranjero.
- Combate plagas.
- Aporta tecnología: inseminación artificial, leche y silos.
- Fomento y campañas de la inmigración y colonización.
- Venta de productos al costo a la industria.
- Distribuye semillas.
5- Abastecimiento del mercado interno y la industria: tenía facultades expropiatorias (Pino de Rumania 1949).
6- Subsidiaria para mantener bajo el costo del trabajo: ganadería, frigoríficos, etc.

II- BANCOS
- Nacionalización de depósitos bancarios y del Banco Central (Dto. 8503/46): se desarrolla una política activa de tipo de cambio. (fue suprimida la Corporación para la promoción del intercambio)
- Se fomenta: Banco de crédito Industrial.
- Banco Hipotecario.
- Leyes fijando las exportaciones de remesas de empresas extranjeras.

III- TRANSPORTE
- Desarrolla una Flota Mercante nacional.
- Se desarrolla una Flota Aérea.
- Se nacionalizan ferrocarriles.


Políticas desarrolladas para construir un nuevo ESTADO:

I y II Planes quinquenales: política nacional de desarrollo cuyos pilares eran la industria y la justicia social.
El campo oficiaría como medio para un fin: el desarrollo sustentable del país.

Organismos creados o promovidos:
CONSEJO NACIONAL DE POSGUERRA (Decreto 23.847/44)
CONSEJO AGRARIO NACIONAL (1940): desde 1945 depende de la Secretaria de Trabajo y Previsión.
INSTITUTO ARGENTINO DE PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO (IAPI)
JUNTA NACIONAL DE CARNES
JUNTA NACIONAL DE GRANOS
BANCO DE CRÉDITO INDUSTRIAL
BANCO HIPOTECARIO
FABRICACIONES MILITARES

El proyecto fue Institucionalizado con la CONSTITUCIÓN DE 1949 que estableció:
- Derechos del Trabajador sancionados desde 1943.-
- Noción de Estado Empresario.-
- Faculta al Estado para nacionalizar el Comercio Exterior



Políticas desarrolladas durante 1973-1975.



1972 “Actas de Compromiso” entre el futuro gobierno y la SRA, la FAA, las Ligas Agrarias (no acompaña CARBAP).

Se escribe el documento “Reforma Agraria Integral”. Objetivos:
1- Mayor productividad.
2- Colonizar tierras fiscales: Vs latifundio y apoyo a unidades familiares.
3- Impuesto a la renta potencia de la Tierra.
4- Restitución del Consejo Agrario Nacional: colonización, crédito, desalojos, seguro agrícola, etc.-
5- Programa de conservación de suelos.
6- Investigaciones del Estado.

Plan Trienal: Plan Sectorial Agropecuario (1974-77)
Horacio Giberti, Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación: ratifica Actas de Compromiso.

Leyes Sancionadas
1- Ley sobre desalojos 20.518/73.
2- Ley de fomento agrario 20.543/73.
3- Junta Nacional de Carnes 20.535/73
4- Junta Nacional de Granos 20.573/73: monopolio del comercio exterior de cereales. Se contempló la exportación de empresas nacionales.
5- Ley 20.538/72
a- Impuesto Nacional de Emergencia sobre tierra libre de mejoras.
b- Desde 1975 correría la Renta Potencial Normal de las Explotaciones Agropecuarias.
Se establece el impuesto porcentual sobre el suelo y se obliga a los propietarios a presentar declaraciones juradas de su costo (sería el precio de la potencial expropiación).

No sancionadas
ANTEPROYECTO DE LEY AGRARIA. 1er ronda mayo 1974 y luego septiembre 1974. Apoyó FAA y Ligas Agrarias. En contra: CRA, CARBAP, SRA.

- Incluyó las competencias de las leyes mencionadas.
- Facultades expropiatorias al Estado sobre las tierras improductivas: con el fin de alcanzar la política de colonización (se emiten bonos agrarios que se otorgarían para financiar la expropiación).
- Establecía prioridades al Estado para la compra del suelo.
- Fomentaba las formas directas de producción: familias y cooperativas.
- Arrendamientos: fijaba precios, obligaba a reconocer mejoras, establecía derechos preferenciales de compra. Establecía arrendamientos forzosos.

martes 24 de junio de 2008

Política Nacional o Autonomía Universitaria: ¿quién debe planificar la política educativa?

Comentarios al artículo de Juan Pablo Casas, “Polémica por el proyecto de crear otras 7 universidades nacionales”, diario Clarín.
Aritz Recalde, mayo de 2008
La nota de Clarín comenta diversos proyectos de creación de Universidades nacionales y trae a consideración algunas voces que ponen en cuestión la legitimidad de las nuevas instituciones. Dejando de lado cada una de las propuestas mencionadas, nos interesa señalar que el artículo acarrea un tema más profundo y es aquel referente a quién debe planificar la creación de Universidades y la política educativa. Por un lado, tal cual lo transcribe Casas, están aquellos que sostienen que se le deben dar mayores facultades en estos temas al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a los Rectores de las universidades autónomas. Por otro lado, están otros que guiándose en la ley, sostienen que es el Congreso de la Nación el ámbito legal y lo que es trascendente además, es el lugar legítimo para su creación.
La ley 24.541 (LES) en el artículo 48 sostiene que solo pueden crearse universidades por “ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa” y el mismo artículo sostiene que “tanto el cierre como la creación requerirán informe previo del CIN”. Contrariando la LES, Casas expresa la voz del CIN que le reclama al Estado nacional que el mencionado “informe previo” sea vinculante. Dichos Rectores y tal cual se expresa en algunos comentarios del CIN en este y otras intervenciones públicas, cuestionan al sistema político argentino y sus instituciones al sostener reiteradamente que la universidad autónoma debe planificar las políticas del conjunto del Estado y que los ámbitos de expresión mayoritaria, en este caso el Congreso de la Nación y las comisiones de educación, deben mermar en sus facultades.
Tal cual se expresa diariamente en el funcionamiento de la Educación Superior, ésta concepción genera una escisión profunda entre la democracia de masas y sus representantes, y la universidad cogobernada que funciona, con pocas excepciones, sin generar ámbitos de coordinación con el conjunto del Estado y las organizaciones económicas, sociales o culturales de una región.
El Congreso es la expresión federal de la voluntad popular, buena o mala, pero innegablemente producto de la democracia de masas. No ocurre lo mismo con el cargo de Rector de una Universidad que nace de una elección producto de un conjunto reducido de actores de la comunidad. No desconocemos la opinión del CIN, pero si creemos que el debate de la planificación universitaria debe dar lugar, prioritariamente, al conjunto de actores de la comunidad nacional ligados a las políticas públicas, la producción y el trabajo. Los Ministros de las distintas carteras y en una acción conjunta con los legisladores y los representantes de las organizaciones de la producción y el trabajo de cada región, deben ser los encargados de formular y acompañar la política de creación de universidades. En este cuadro, el CIN puede dar su opinión que no por ser importante, tiene que dejar de ser “no vinculante”. El Congreso y el conjunto de los representantes de la política de la nación, son los depositarios legales y legítimos, que deben planificar la Política Universitaria que tiene que atender las necesidades del conjunto del país y no solamente, la opinión del grupo de universitarios que gobiernan las Casas de Altos Estudios.
Tras 25 años de política electoral de masas, estamos seguros de la importancia que implica reforzar la democracia atendiendo las decisiones de las mayorías para la formulación de las políticas de Estado: los temas universitarios no son la excepción. En este sentido es que el Estado y sus representantes de la elección popular, tiene que iniciar un debate profundo sobre la Planificación Universitaria Nacional y dicha cuestión no puede ser delegada a un grupo de Rectores. Asimismo, y tal cual lo expresamos en las “65 propuestas para refundar Otra Universidad”, consideramos central para la calidad de la democracia y la vida de los habitantes de la comunidad, que los representantes de la políticas públicas municipales y provinciales, conjuntamente a los de la producción y el trabajo de cada región, ingresen al gobierno de las Universidades. En su defecto, se corre el riesgo de implementar dos democracias: una de elites universitarias “autogobernadas” y distantes de la gente; y otra de mayorías populares expresadas en gobiernos que no encuentran canales para relacionarse con la Universidad que les da la espalda. Esta separación puede promover corporaciones universitarias desentendidas de los problemas de la región de la cual forman parte y solamente con más democracia podemos superar este obstáculo.

viernes 13 de junio de 2008

Intelectuales y país en la antesala neoliberal: Morir con Rodolfo Walsh para resurgir desandando caminos

Iciar Recalde
Diciembre de 2007
Desacarga el libro completo:
Este escrito traza un recorrido por algunos aspectos y tópicos de cierta zona del campo intelectual de “izquierda”, que se tornaron fuertes en la conformación un tipo de intelectual colonizado en la Argentina de mediados de la década de 1980. En naciones del Tercer Mundo como la Argentina, donde la soberanía política, económica y cultural se encuentra sumida a los intereses de las grandes metrópolis imperialistas, encargadas de diseñar nuestras agendas de gobierno y de explotar el patrimonio nacional, la cuestión del rol de los intelectuales se torna medular. En este sentido, observamos que a lo largo de la historia nacional y en sus distintas variantes, los intelectuales han cumplido funciones fundamentales en la formulación de los mecanismos de dominación cultural, han sido factores activos en el proceso de constitución, como asimismo, en la puesta en crítica y posible reformulación, del estado de dependencia permanente de las naciones periféricas. Se trata del proyecto ideológico diseñado, plasmado y difundido por la revista de debate político La Ciudad Futura. Revista de cultura socialista, aparecida en el año 1986 y cuyas figuras fundamentales provenían de una trayectoria intelectual signada por un fuerte vínculo con la política de izquierda revolucionaria, como parte, por ejemplo, de la experiencia de la revista Pasado y Presente a mediados de la década de 1960. En el campo de la producción cultural nacional, La Ciudad Futura surgiría fuertemente asociada, tanto por el cruce de participantes como por la línea ideológica compartida, con la revista de cultura Punto de Vista y con el Club de Cultura Socialista fueron los espacios de discusión intelectual donde se operó la mutación político ideológica que emergió fuertemente consolidada años después en las páginas de La Ciudad Futura. Intentaremos en este escrito, trazar el recorrido de lo que podríamos denominar en términos de derroteros del intelectual colonial en un País del Tercer Mundo, en la medida en que comenzaremos nuestra exposición a través del bosquejo crítico del itinerario del grupo desde su conformación como tal, como asimismo a través de la centralidad que fueron cobrando ciertas figuras medulares del mismo en el campo intelectual y político de la Argentina de los años ´60 y ´70 (en los apartados “Contexto de surgimiento y formación del núcleo duro de La Ciudad Futura”, “Peronismo e izquierda armada”, “Intelectuales y lucha revolucionaria: contrapuntos”, “Algunas notas sobre la experiencia de Pasado y Presente”, “Pasado y Presente y los virajes políticos”, “Pasado y Presente y el Ejército Guerrillero del Pueblo”, “La experiencia de las Cátedras ´Marxistas´”, “La universidad en los años ´60” y “Montoneros, FAP y las Cátedras Marxistas”). Producido el golpe de Estado de 1976 (“Dictadura: algunas notas sobre economía, cultura e intelectuales”) analizaremos su accionar en el exilio mexicano (“La experiencia del exilio: la revista Controversia. Para el análisis de la realidad argentina”, “El marxismo del grupo de Pasado y Presente agoniza” y “Palabras preliminares: el grupo de Pasado y Presente en los ´80”) y posteriormente, centraremos nuestro interés de lleno en el período específico que seleccionamos para el análisis: las décadas de 1980 y 1990 a través de La Ciudad Futura, momento de materialización del proceso de colonización mental del grupo (“La Ciudad Futura. Revista de Cultura Socialista”, “Corpus y figuras recurrentes”, “Intelectuales del compromiso con la derrota”, “Nosotros los socialistas”, “Condena al intelectual del compromiso”, “El grupo Esmeralda”, “Nosotros de izquierda: debates, enemigos políticos y focos centrales de crítica”, “Disparen contra la izquierda”, “Transición democrática y fantasma del golpe de Estado”, “La Ciudad Futura frente a las leyes del perdón alfonsinista”, “Avances y retrocesos del alfonsinismo: políticas del olvido”, “Acerca de la Ley de “Autoamnistía (Ley Nº 22.924)”, “Los Decretos 157/83 y 158/83”, “El juicio a las Juntas Militares”, “Traiciones radicales I: Ley Nº 23.492 (Punto Final)”, “Traiciones radicales II: Ley Nº 23.521 (Obediencia Debida)”, “La Ciudad Futura ante las leyes alfonsinistas”, “Los “debates” hacia el seno de la revista”, “Alfonsinismo y modelo democrático: democracia y después”, “Los años de Menem”, “Variación I: revisión del peronismo histórico”, “Variación II: la cuestión económica”). Para quienes creemos que toda práctica cultural de revisión del pasado tiene como fin ejercer la memoria, actuarla y actualizarla como una forma de militancia tendiente a modificar un presente de injusticias, estas páginas intentarán dar cuenta del recorrido por un proyecto que logró instalar un modelo de intelectual colonizado, posibilista, progresista en el discurso pero reaccionario en la práctica política, ferviente defensor de las “reformas estructurales“ que beneficiaron a las minorías, pero escéptico a todo lo que no era propuesto por el neoliberalismo y, que a pesar de estar siendo discutido en la actualidad, posee aún una fuerte carga de legitimidad en el imaginario social y en las distintas instituciones productoras y reproductoras de la cultura y que, creemos, debe ser combatido desde todos los frentes en la conformación de un intelectual identificado con los intereses de las mayorías populares, o tal como quería Gramsci, orgánico a las clases subalternas. Al presente, en el marco de las luchas de las Organizaciones Libres del Pueblo por volver a forjar un proyecto de liberación nacional, estas páginas intentarán ser, como muchas otras que se escriben hoy incesantemente, meramente un poco de tinta y papel al servicio de ese proyecto.
Descarga el libro:

martes 10 de junio de 2008

Literatura Nacional




AVENTURAS DEL CABO LAGUNA

"Primera parte de una saga criolla" (descarga Cap. 1 a 3 del libro)
Manuel Ares, 2008.-

PRÓLOGO
Ernesto Jauretche, marzo de 2008.-

En 1975, cuando ya podía darse por cierta aquella aseveración de Lenin de que lo realmente difícil de una revolución viene cuando se llega al poder, Rodolfo Walsh convocó a un grupo de intelectuales para poner de manifiesto su idea de que era urgente empezar a producir: “Si ganamos -dijo- vamos a escribir la historia; pero si perdemos habrá un genocidio cultural”. La exhortación a trabajar para dejar evidencia de nuestro proyecto revolucionario no estaba dirigida a los cientistas sociales: “La historia se va a refugiar en las artes -afirmó-. Sobrevivirán la poesía, la literatura, la música, la plástica; sólo la ficción dará testimonio de lo que somos y de lo que soñamos”.
Un caso típico de esto es el apasionante relato de Pantaleón Rivarola en “Las atroces invasiones inglesas” de 1808. Casi único original en castellano, el poema da detallada cuenta del heroísmo desplegado por la población del río de la Plata en aquella ocasión. Valga como muestra algunos versos:
En el campo que se nombra
de Perdriel, por una hacienda,
cuyo dueño así apellida,
………………………………
algunas gentes armadas
de fusil y bayoneta
con dos tristes cañoncitos,
sin avantren ni cureñas
se iban juntando sin orden,
sin guardias ni centinelas,
para unirse con el cuerpo
de tropas que ya se espera.
El General Beresford
que esto sabe con certeza,
el día menos pensado
de noche el viaje acelera
con tren de volantes fraguas,
y sobre toda esta fuerza
quinientos de sus soldados
con sus sables y escopetas.
Los nuestros que descuidados
dormían a rienda suelta,
reciben secreto aviso
que el inglés armado llega.
………………………….
Pero, ¡oh valor español!
superior a cuanto pueda
referirse en las historias,
en fábulas y poemas!
Cuarenta y nueve resuelven
mantenerse en la palestra,
y sostener el ataque
de toda la gente inglesa.
Dijeron, y luego al punto
se preparan a la guerra.
¡Viva España! Dicen todos,
y muera la Inglaterra.
………………………….
Aquí, finalmente todos
como unos héroes pelean;
nadie muere, y se retiran
con orden y gentileza,
dejando en el campo algunos
muertos de la gente inglesa.

Rescatado contemporáneamente por Osvaldo Guglielmino como texto precursor de la poesía gauchi-política, no han trascendido otras pinturas realistas sobre los acontecimientos vividos en esta colonia del Río de la Plata en 1806 y 1807. No es casual. La historia es el manantial de donde los pueblos abrevan para armar la mano y las conciencias en la inmanente lucha por la justicia y la libertad. Oscurecer las causas, ocultar los protagonismos, distorsionar los contenidos de la historia es obra destinada a eliminar ejemplos para emular en el presente. Parece mentira que se pueda llegar a tales extremos, pero lo que fue una epopeya heroica y victoriosa ha trascendido apenas como un rezagado episodio casi intrascendente de nuestra prehistoria; cuando no las aviesas intenciones lo convierten, a la larga, en una derrota de nuestras luchas: ¿acaso no hubiera sido mejor que los ingleses hubieran ganado?
Y así con todos los triunfos populares. ¿No pertenece acaso a nuestra historia el 2 de mayo de 1808, cuando la corajuda insurrección de Madrid da origen a las guerras de la independencia contra la dominación napoleónica? ¿Es casual que el mismo destino corran la resistencia de Felipe Varela a la Guerra del Paraguay y la defensa de la soberanía sobre nuestros ríos en la Vuelta de Obligado en el siglo XIX o las contiendas sociales de anarquistas, socialistas y comunistas de principios del XX? ¿Para qué mencionar el “olvido” de los educadores del 17 de octubre de 1945? No. No importan lo torrentoso que fueren lo caudales de sangre que hayan derramado: los pueblos no pueden tener pasado.
Por eso, la imaginación también hace historia.
Otros testimonios que reafirman la autenticidad del relato del sacerdote (silenciado además por haber sido confesor de Juan Manuel de Rosas) amplían las fuentes que dan lugar a la ficción fundada en el presentimiento de cómo fueron los hechos que protagonizaron los pueblos del virreinato del Río de la Plata durante las “invasiones inglesas” (en rigor, “británicas”). Francisco Saguí, en su colección de obras y documentos, cita a un testigo presencial de aquella epopeya: “La tarea la realizaron guerrillas que voluntariamente se formaban y destacaban los mismos vecinos, particularmente los miñones que sin orden ni disciplina acechaban y avanzaban con puñal en mano matando a los centinelas avanzados”.
Parece cierto sin lugar a dudas que grupos de resistencia se organizaron en la ciudad y sus alrededores (el temido “ejército invisible” de Alzaga, Setenach y Esteve y Llach): existieron planes para volar el Fuerte y pasar a degüello a los rubios custodios del cuartel de la Ranchería. Desde Chuquisaca y Potosí, los patriotas apresuraron su regreso; en la Banda Oriental del Uruguay, el Gobernador Pascual Ruiz Huidobro convocó y entregó armas a la población.
En los bufetes de los abogados y contadores, en las trastiendas de los comercios, bullían las actividades conspirativas. Algunos destacados ciudadanos, de lograrse la expulsión del invasor, preparaban la convocatoria a Cabildo Abierto para juzgar a Sobremonte, derrocarlo y elegir autoridades entre quienes se hubieran hecho cargo de la reconquista; por lo menos hasta recibir nuevas instrucciones de la Corona. La idea de gobierno propio ya estaba cundiendo, aun antes del resultado de la batalla.
En aquellos años, en el vasto territorio de imprecisos límites que se daba en llamar Buenos Aires, los caminos conducían a un puerto. Pero era principalmente el puerto del Tucumán y del enorme y riquísimo conjunto de las posesiones españolas, que abarcaba regiones donde hoy se reconocen países enteros, como Bolivia, Paraguay, Uruguay y parte de Chile y de Brasil. La ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato, cuya mayor importancia era de orden político, era un poblado administrativo y comercial menor en ese contexto. Es claro, entonces, que el objetivo perseguido por los ejércitos imperiales británicos no se limitaba de manera alguna al dominio de la Ciudad; ésta era sólo la puerta de la fabulosa fuente de recursos materiales y humanos que hoy mismo sigue asechada por los ávidos apetitos del capitalismo globalizado.
Hacendado prestigioso y de vasta y buena familia de San Isidro, Juan Martín de Pueyrredón viajó a Montevideo para entrevistarse con Ruiz Huidobro y Liniers. Allí se decidió su regreso a Buenos Aires para reclutar gente de la campaña y apoyar el desembarco de las tropas provenientes de la Banda Oriental. Reunió paisanos, reseros, hombres de trabajo, de 200 kilómetros a la redonda, trayecto luego conocido como “Camino de las Cuarenta Leguas”: unos trescientos varones armados a sus propias costas, con montado, apero, provisiones y armamento. Y los concentró en la Villa de Luján. Las autoridades locales, al notar que la tropa no tenía divisa, hicieron entrega del estandarte oficial del Cabildo. El párroco, Padre Vicente Monte Carballo, rezó una misa, y entregó a cada gaucho unas cintas celestes y blancas de 38 centímetros: “Las medidas del altor de la Virgen”. Esas cintas sirvieron de distintivo, ya que los valientes paisanos vestían ropas de uso ordinario.
A la espera de Liniers y su gente, Pueyrredón resolvió vivaquear con sus hombres en la chacra de Perdriel (hoy Museo José Hernández, en Villa Ballester), propiedad del padre de Manuel Belgrano. Al tanto de ello, Beresford ordenó al coronel Denis Pack, jefe del Regimiento 71, al frente de 500 soldados de línea, reducir a los sublevados. En la madrugada del 1º de agosto de 1806, los ingleses atacaron sorpresivamente el campamento patriota. La tropa criolla, sin uniforme, sin armas de fuego, sin instrucción, pero decidida y valerosa, intentó resistir, pero no tardó en desbandarse ante el arrollador asalto de la experimentada infantería invasora. No obstante, Pueyrredón y un grupo de paisanos se lanzaron contra las líneas enemigas. Sorprendieron a los británicos flanqueando su formación e intentaron apoderarse de algunas piezas de artillería. En el audaz ataque el caballo de Pueyrredón recibió una descarga y se desplomó, despidiendo al jinete que, con destreza propia de un centauro, cayó de pie. Al instante otro gaucho, acercándose al galope, levantó a su jefe en ancas y lo retiró del campo, salvándole la vida. Era Lorenzo López, alcalde de Pilar, que juega un papel destacado en estas Aventuras del Cabo Laguna. La heroica acción no alteró el resultado del combate, pero los gauchos que desplegaron este primer ataque demostraron la vulnerabilidad de los invasores.
Esa tropa, precursora de los ejércitos patriotas, se sumó luego a los hombres que al mando de Liniers desembarcaron en el Tigre y fue protagonista de la heroica Reconquista de la Ciudad de Buenos Aires y también en la Defensa de 1807. Luego, participó en los acontecimientos políticos que gestaron la Revolución de Mayo y en todos los sucesos que desembocarían en un curso histórico definitivo y por fin triunfante: el de la Emancipación Americana.
Las pinturas más vívidas de la bravura con que la capital del virreinato se defendió del invasor provienen del propio enemigo. Contamos con la fiel evidencia de Alexander Gillespie, relator del ejército invasor, que describe la derrota de Beresfod a manos del improvisado ejército organizado por Liniers: “Su ejército se precipitó como torrente a la gran plaza (...) prorrumpiendo en el alarido más horrendo y arrastrando muchos cañones que se emplazaron a cincuenta pasos del portón (...) El capitán Quintana, ayudante del general Liniers (...) animosamente subió a las murallas y, abriéndose el chaleco y extendiendo ambos brazos en toda su longitud, parecía ofrecerse como víctima del furor desenfrenado de la plebe, y con gestos expresivos censuró su indisciplina con resultado instantáneo”.
El júbilo de la victoria del 12 de agosto de 1806 sobre los británicos fue tan inmenso como la admiración por el jefe que había acaudillado la victoria. Pero la escuadra inglesa continuaba dueña del río, esperando refuerzos para intentar el desquite. Ante la inminente amenaza, el 9 septiembre de 1806 Liniers, nombrado Gobernador Militar, emitió un Bando conforme a la ley de milicias que lo autorizaba a convocar al servicio militar a “Todos los vecinos y los extranjeros con más de cuatro años de residencia o casados y con bienes en el país". Los citó a la Real Fortaleza “A fin de arreglar los Batallones y Compañías, nombrando los Comandantes y sus segundos, los Capitanes y los Tenientes, a voluntad de los mismos cuerpos”. Y advirtió: “Ninguna persona en estado de tomar las armas dejará de asistir, so pena de ser tenida por sospechosa y notada de incivismo...”
Se crearon entonces una veintena de cuerpos voluntarios de todos los estamentos que elegirían por votación a sus jefes. Se alistaron criollos y españoles europeos, ricos y pobres, amos y esclavos, comerciantes y artesanos, profesionales y sirvientes, hacendados y paisanos, labradores y funcionarios, militares y sacerdotes, dispuestos nuevamente a comprometerse por su dignidad; hasta los indios se ofrecieron por medio del Cacique Catemilla a formar cuerpos de caballería.
Sobre la organización de las fuerzas milicianas de servicio obligatorio se formaron cinco Tercios de Infantería (vizcaínos y castellanos, montañeses, gallegos, andaluces y catalanes, y los hijos de estos españoles que se incorporaron al tercio correspondiente al origen de sus padres), que incluyeron la Legión Patricia (de la Patria, Buenos Aires), los Arribeños (del Alto Perú), los Castas (pardos, morenos e indios), los Granaderos y los Cazadores Correntinos; la caballería, que se organizó en tres cuerpos de Húsares, Migueletes y Labradores (donde se alistaron las gentes de las orillas); y por último, los Milicianos Artilleros, el Regimiento Unión (de criollos y catalanes) y una Maestranza, todos compuestos con voluntarios reclutados entre el pueblo insubordinado. Al mando de Saavedra, Pueyrredón, Martín Rodríguez, Murgiondo y otros iniciados en las artes militares, sirvieron como oficiales empleados, abogados, comerciantes y poetas como Belgrano, Viamonte, Díaz Vélez, Vicente López y Planes, Medrano, Chiclana, French. Además de la inexperiencia de estos oficiales, apenas una décima parte de esas fuerzas eran soldados veteranos.
Cuyo aportó caballos y jinetes. Tucumán mulas y carruajes. Del Paraguay y Corrientes llegaron contingentes organizados. Provenientes de Perú y Chile arribaron a la Ciudad dos mil quintales de pólvora.
La participación del pueblo en la Reconquista no se redujo a arriesgar la vida en los combates. Martín de Alzaga, fuerte comerciante del puerto y Alcalde de Primer Voto en el Cabildo, exigió a la población de la ciudad “contribuciones patrióticas” y “donativos individuales”. La obligación reunió más de un millón de pesos plata. Con esos recursos compró caballos, atalajes y cureñas para los cañones y pagó importantes cifras en la manumisión de esclavos. Luego puso a trabajar al pueblo de la ciudad y al crecido número de paisanos de las afueras instalados en ella esperando el reclutamiento: creó una maestranza para fabricar uniformes, arneses y espadas y reparar dos mil fusiles inservibles, fundir balas con materiales que donaron los vecinos, construir cuadras para la caballería, baterías, reductos para la artillería, etc. Al mismo tiempo, se imprimieron proclamas, órdenes, poesías épicas y, del teniente miliciano Vicente López y Planes, su poema “Triunfo Argentino”, que inflamaron espiritualmente a la población. La tarea no era fácil: “(…) Encuentra burlas y reticencias de la gente principal”. Así lo recordará Liniers: “¡Qué no trabajaría yo en los 11 meses después de echar a los ingleses de Buenos Aires para hacer guerrero a un pueblo de negociantes y ricos propietarios! (...) El dependiente era más apto que el patrón (...) Aproveché la confianza que me adquirieron mis servicios a los habitantes para hacerlos capaces de defenderse contra todos los esfuerzos de la Gran Bretaña para vencerlos”.
En una oscura conspiración, para esos días -y en vistas al inminente segundo desembarco- se produjo la fuga de los prisioneros ingleses (entre ellos, Beresford y Pack) que esta novela evoca. Los oficiales de alto rango confinados en Luján en virtud de los compromisos que supuso la capitulación de su ejército, violaron el compromiso de su palabra de honor y protagonizaron un indecoroso proceder, en complicidad con traidores y contrabandistas criollos y españoles. El hecho desató un repudio unánime en la ya encolerizada sociedad de la época. Además, durante los casi cinco meses del nuevo asedio al Río de la Plata, los ingleses acometieron una invasión mucho más sutil y silenciosa: los puertos se vieron abarrotados de buques mercantes, contrabandistas que desembarcaron toda clase de mercancías de su industria a precios ínfimos; mientras la población era hostigada con propaganda que insistía sobre las libertades que gozarían los habitantes del virreinato del Río de la Plata como súbditos de Su Majestad Británica.
Los primeros días del año 1807, las fuerzas imperiales reiniciaron su ofensiva militar a bordo de la flota más grande jamás vista por estas latitudes. El 5 de enero la expedición del Brigadier Samuel Auchmuty llegó a la Banda Oriental. Pretendía asegurar una cabeza de playa en Maldonado pero se lo impidieron las guerrillas gauchas. El jefe británico resolvió entonces apoderarse de Montevideo, a la que atacó con máxima violencia a partir de la mañana del 2 de febrero. Se combatió toda la noche. La heroica resistencia fue doblegada y los ingleses terminaron colándose por una brecha abierta a cañonazos en la muralla hacia el amanecer del día 3. La Ciudad vivió momentos de terror por el saqueo de la soldadesca británica que asoló a Montevideo. Hubo 800 muertos y un millar de heridos y Pascual Ruiz Huidobro, gobernador y comandante de la plaza, cayó prisionero.
La noticia de la caída de Montevideo desencadenó en Buenos Aires una ola de indignación contra Sobremonte, otra vez inepto y ahora sospechoso de traición. Liniers convocó a Junta de Guerra bajo presión del pueblo reunido en la Plaza. ¡Viva el Rey! ¡Muera el Virrey!, bramaba la multitud. Dentro del Cabildo, Alzaga reclamó la deposición de Sobremonte “Porque ante el peligro, no hay más ley que la salvación del pueblo”. El 17 de febrero el Virrey fue arrestado, sentándose el antecedente de la Revolución que sobrevendría tres años más tarde.
El 28 de junio de 1807 los ingleses desembarcaron sus fuerzas a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, en la Ensenada de Barragán: esta vez, fueron 12 mil hombres expertos y disciplinados, al mando del laureado General John Withelocke. Y el 2 de julio la vanguardia británica llegó hasta la costa del Riachuelo; mientras, otras columnas inglesas chocaban las fuerzas de Liniers: en los Corrales de Miserere, entrada oeste de la Ciudad, los novatos cuerpos de milicia popular tuvieron su bautismo de fuego, aunque no consiguieron detener al invasor. Sin embargo el Cabildo, por moción de Martín de Alzaga, dispuso la defensa de la ciudad, con la colaboración de todos los habitantes: se levantaron parapetos de tierra y tercios de yerba retobados y se cavaron trincheras en las esquinas; con las piedras se improvisaron proyectiles que se subieron a los techos; se distribuyeron estratégicamente las baterías de cañones, se convirtió a las casas en fortalezas y se iluminaron las calles como en las grandes fiestas. Nadie dormía ni descansaba en Buenos Aires. Trabajaron todos: esclavos y libres, blancos, negros y mulatos. Las azoteas próximas a la Plaza fueron ocupadas por tropas con armas, municiones, granadas y los llamados “frascos de fuego”; los vecinos colocaron muebles pesados, objetos grandes y jarras donde cargar grasa caliente para arrojar a los invasores. Con una ciudad lista para resistir, se acantonaron las escasas, bisoñas y mal armadas tropas en los puestos de combate.
El domingo 5, a la madrugada, Whitelocke lanzó el asalto a la capital del virreinato desde la actual Plaza Once con 8500 hombres repartidos en trece columnas, que debían avanzar por calles paralelas hasta la Plaza Mayor. Las centrales fracasaron contra las azoteas de las viviendas y las trincheras defendidas por la población: cada hombre, mujer, anciano y niño, de cualquier condición, fue un soldado. El avance británico se hizo a costa de grandes bajas, casa por casa.
El Regimiento 88° capituló frente a los “Arribeños” en la esquina de las actuales calles Sarmiento y Maipú; la caballería quedó encerrada por el fuego patriótico en la Plaza Lorea; el mayor Cadogan rindió su columna ante los “Patricios”; Crauford y Pack lo hicieron al cabo de un violentísimo combate ante Liniers en Santo Domingo. Al caer de una tarde fatídica, la reserva invasora se desplazaba dificultosamente desde el Riachuelo por la calle larga de Barracas (Montes de Oca) en infructuoso empeño.
Sólo la columna inglesa norte, por avanzar entre casas de adobe y las orillas de las quintas, estuvo a punto de alcanzar un efímero objetivo: la Plaza de Toros y el Cuartel del Retiro; pero con un heroísmo sin par, la Legión de los Patricios, los Marinos y los Pardos y Morenos junto a la Compañía de Granaderos del Tercio de Gallegos, terminaron por imponerse a los invasores, que los triplicaban en número, al fin de horas de combate. Al llegar la noche el fuego cesó en tregua caballeresca. Hasta ese momento, el enemigo había perdido, entre muertos, heridos y prisioneros, la mitad de sus tropas. Y la situación se había revertido: ahora eran los ingleses quienes se defendían del ataque de los patriotas.
Al cabo de diversas alternativas, el jefe de la fuerza invasora parlamentó ante Liniers. Al mediodía del martes 7 de julio de 1807 se firmó la capitulación británica y el cese de hostilidades, con la condición de devolución de los prisioneros, reembarco de las tropas invasoras y entrega de Montevideo. Los criollos tenían 200 muertos y 500 heridos e innumerables bajas, calculadas en dos mil, en la población civil. Pero habían vencido. Las campanas echaron a vuelo, los vecinos se abrazaron en las calles, las tropas descargaron sus fusiles al aire.
La más impresionante y a la vez más insospechable descripción de esta batalla, es la que surge de la defensa que el General Whitelocke interpone ante la Corte Marcial que se le incoa por la derrota en el Plata, recientemente traducida al castellano, y sobre la que vale la pena extenderse: “(…) No teníamos, al llegar yo a Sudamérica, ni un sólo amigo en todo el país (...) toda la población nos fue hostil desde el principio (...) la gente, sin excepción, era adversa a nosotros (…)” declara Whitelocke. “Esperé, al llegar -confiesa el comandante británico- encontrar una gran proporción de los habitantes preparados para ayudarnos en nuestros objetivos, información exacta para planear las futuras operaciones -se refiere al propósito de avanzar sobre el interior del virreinato, ya que Buenos Aires era apenas la cabecera de puente de la invasión- que surgiese de un trato amistoso con ellos, y un cuerpo de caballería formado, o al menos los medios para formarlo. Encontré un país completamente hostil, en el cual no podíamos, sea por medios conciliadores o por interés, obtener un amigo que nos asistiese o aconsejase, o nos procurase la menor información (...) sino que la única disposición manifestada a tal respecto por el general Elío, durante toda la conversación con el mayor Roache, fue una indisimulada e inequívoca determinación de no rendirse, y ni siquiera permitir hablar sobre términos (...) Por lo tanto, esperábamos una fuerte resistencia. (...) Se puede citar una multitud de ejemplos en que una cierta proporción de la población joven y activa ha incrementado los efectivos de la defensa, pero en general la población siempre ha dificultado, en lugar de asistir a los esfuerzos de un ejército defensor. Nadie, diría yo, puede presentar un ejemplo como el actual, en el cual no hay exageración alguna en decir que cada varón del lugar, sea libre o esclavo, peleó con una resolución y una perseverancia que no podía esperarse, incluso por el entusiasmo de la religión o el prejuicio nacional, o la más inveterada e implacable hostilidad. Estoy dispuesto a confesar que no había contemplado la posibilidad de tal resistencia, llevada a cabo por toda la población. (...) El objetivo era atravesar la ciudad, tan rápidamente como fuera posible, de manera de entrar en contacto con los soldados españoles, considerando a los habitantes menos merecedores de atención. (...) Admito que, si yo hubiera previsto la desesperada resistencia del enemigo, no habría realizado ese ataque.” Por fin, Sir John Whitelocke, reconoce que, a la hora de la capitulación: “Yo estaba convencido, y sobre esto el general Grower y sir Samuel Auchmuty coincidían conmigo, de que la captura de la ciudad no hubiera reportado, en las circunstancias en que estábamos, ningún beneficio; y era dudoso que hubiéramos podido mantenerla, en caso de haberla tomado (…)”
Gabriel Di Meglio en “Viva el bajo pueblo” refiere que, después de la Defensa, “Liniers invitó a almorzar con él al Cabildo, al obispo y a la audiencia, pero también a los comandantes de cuerpos, junto a un capitán, un teniente, un alférez, un sargento, un cabo y un soldado de cada uno; es decir, a todo el Buenos Aires masculino”. Luego, este autor concluye: “La experiencia de la lucha contra los ingleses determinó la forma en que los porteños se pensaron de ahí en más y el modo en que miraron los acontecimientos posteriores.”
Es que aquellos hechos no sólo confirmaron la aptitud que la población tenía para la guerra: es principal destacar el componente político que hizo posible la expulsión del inglés. Ante el invasor, que venía a imponer un nuevo vasallaje y más actualizadas formas de explotación económica, primó por encima de todo: LA UNIDAD. La victoria fue posible porque se disolvieron los estamentos, se refutó la esclavitud, se igualaron las fortunas, se equipararon los patrimonios: un gaucho alzado o un indio y un patricio hacendado o un comerciante pasaron a valer lo mismo: un caballo, un cuchillo y un fusil.
Aquellos paisanos, y entre ellos Martín Miguel de Güemes, Juan Manuel de Rosas, José Gervasio Artigas, Juan Bautista Bustos y Manuela la Tucumanesa, paraguayos, chilenos, peruanos y, por supuesto, orientales que participaron de la Reconquista, pobres y ricos, campesinos, productores, contrabandistas, mercachifles o artesanos, criollos y españoles, indios, negros, zambos y mulatos, de la campaña bonaerense y del interior del virreinato, fueron los verdaderos protagonistas de aquella epopeya y quienes generaron las condiciones para el éxito de la Revolución de Mayo.
El combate y lo que se desencadenó luego apuntalarán el acerto de que el pueblo hace la historia.
Hacía falta un Manuel Vázquez Montalbán criollo para que contara nuestro “día de cólera.” Matizado con una historia de amor, gracias a la pluma gaucha de Manuel Ares que escribe lo que muchos argentinos intuimos que ocurrió en aquellas jornadas, aquí lo tenemos.


martes 27 de mayo de 2008

Alcances, mitos y propuestas para una Ley de Educación Superior

Aritz Recalde,
mayo de 2008

El gobierno nacional esta proyectando la reforma de la Ley de Educación Superior, cuestión que pese a ser positiva, no resuelve la crisis de las universidades. Algunas personas creen que derogar la ley neoliberal es por si misma una política universitaria. Dicha tesis propia de las corrientes del reformismo conservador y la izquierda mitromarxista, debe ser desmitificada para tener una noción concreta de los alcances que puede tener una reforma de la LES para modificar el comportamiento del sistema de educación superior.

Nuestra opinión es que la identificación de todos los problemas de la universidad en dicha ley es una forma, conciente o inconsciente, de esquivar el necesario debate sobre las reformas que tiene que implementar el Sistema de Educación Superior para cumplir con sus objetivos de manera satisfactoria. Dicho mecanismo legal y pese a que tiene flancos débiles y cuestionables, auspicia la posibilidad de resolver y superar ampliamente, todos y cada uno de los anhelos y propuestas de la “reforma del año 1918” y de gran parte de las agrupaciones políticas existentes. La forma en que son encarados en la LES los temas de gobierno, de extensión, de coordinación interinstitucional, servicios sociales, derechos docentes o de planificación de carreras y posgrados, dejan en manos de la “autonomía” y el cogobierno la decisión última y la resolución de gran parte de los asuntos. En este cuadro, los universitarios suponen que la otra ley puede resolver los temas que ellos, por su cuenta y diariamente, esquivan por propia decisión. De más esta decir, que la Ley de 1995 no solo no es la “culpable de todos lo males”, sino que y por el contrario, introdujo cuestiones positivas, como y por ejemplo, la existencia de la CONEAU o de la figura de los Consejos Sociales. Hay un tema de la LES que es cuestionado por la dirigencia universitaria y se refiere a la posibilidad que esta abre al cobro de aranceles en estudios de grado. Este planteo se enfrenta con la sanción de la gratuidad universitaria decretada por Perón en la década de 1950 y que aun esta vigente. Hay que decir que la gratuidad universitaria tiene sanción constitucional y que fallos de la justicia lo han reforzado. En este cuadro, los planteos que creen que la “autonomía” y la “gratuidad” son un programa para la universidad, lo que están afirmando es que debe continuar sin modificaciones el sistema de educación superior argentino.
La posibilidad de que una ley de educación superior modifique el comportamiento universitario tiene que partir cuestionando la autonomía y adecuando el funcionamiento educativo a la democracia de masas. La autonomía actualmente es entendida como un sinónimo del gobierno tripartito que nació con Aramburu en 1956: un modelo de universidad para una dictadura. La democracia esta escindida entre las mayorías expresadas en el sistema de partidos y una minoría inserta en el cogobierno universitario. Las mayorías tienen la posibilidad de redactar las leyes a través de sus representantes -los legisladores- y paradójicamente, la “autonomía” imposibilita transmitir el mandato popular a la universidad ya que según la comunidad universitaria, hay que escribir una ley que les permita actuar desconociendo la voluntad popular: eso es la autonomía y el cogobierno en los hechos.

En nuestra opinión se abren tres posibilidades de las cuales dos pueden contribuir al país y otra que va a dejar la realidad tal cual es:
1- Sancionar una nueva LES que garantice la “gratuidad y la autonomía”: esta propuesta intenta que todo siga igual en las universidades argentinas. Esta ley es beneficiosa para la corporación universitaria.
2- Sancionar una nueva LES que traduzca los intereses de la voluntad popular y que priorice la democracia de masas al cogobierno: debe ser reglamentarista y su objetivo debe atender las demandas del desarrollo y las políticas públicas. Esta ley es beneficiosa para el pueblo.
3- Desarrollar una política de planificación y de fomento educativo desde los organismos del Estado: la Secretaria de Política Universitaria en consonancia al nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología deben ser los motores de la transformación educativa. Esta medida es beneficiosa para el pueblo.

Como se observa, los puntos 2 y 3 involucran las demandas, anhelos y la participación de las mayorías de argentinos que eligen a sus representantes. El punto 1 involucra los deseos del 3,5% de los universitarios preocupados por seguir conduciendo la universidad a espaldas de la democracia de masas, sea esta municipal, provincial, nacional, de productores, trabajadores o de organismos de la cultura.
Hecha estas aclaraciones, consideramos oportuno proponer medidas para formular otra LES, pero lo que es importante, vamos a promover políticas de Estado para la educación superior. Las actividades de la organizaciones libres del pueblo y las políticas del Estado deben ser los protagonistas de la transformación de la universidad, que no es un problema de leyes, sino que y por el contrario, es una cuestión de poder y de decisión política. A continuación vamos a proponer un índice de textos a los cuales usted puede acceder y que establecen medidas concretas para formular otra LES y otras política universitaria. Asimismo, en el lateral derecho de este portal hay diversos textos que usted puede descargar.

1- Lineamientos Políticos y Académicos para una Nueva Universidad, 65 Medidas para refundar la Educación Superior

2- Proyecto de ley de Educación Superior de Alberto Cantero Gutierrez

3- Power Point con 8 capitulos y 35 propuetas para otra LES

4- Estudio y comentarios de las leyes universitarias 13.031/47, 14.297/54, 20.654/74 y 22.207/80 (Libro "Universidad y Liberación Nacional")

domingo 18 de mayo de 2008

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN: LEY 14.241 DE 1953


Medios de Comunicación y Peronismo
Aritz Recalde

INTRODUCCIÓN

Lisa y llanamente, que las clases dirigentes argentinas después del 1853 fueron educadas de acuerdo con una aberrante interpretación de la escuela liberal, esto es, que debían servir primero a la Libertad y después a la Nación; en consecuencia, ellos mismo, los Paz y los Mitre, directores y propietarios de diarios antiguos, extendidos e influyentes en el país, entre la libertad para una prensa chantajista y dañina y la salud pública, prefieren la libertad, aun cuando esa prensa haya lesionado sus propios intereses.
Ramon Doll (1)

Este trabajo es un breve análisis de la única ley de Radiodifusión producto del voto del congreso nacional en la Argentina. Nos referimos a la ley 14.241 del año 1953 que fue derogada por la dictadura impuesta en el año 1955 (2) y olvidada por los distintos gobiernos, militares y civiles, existentes hasta el día de la fecha.
Pese a la existencia de la ley 14.241, producto, repetimos, del debate del congreso y el funcionamiento del sistema institucional democrático de partidos, el marco normativo actual es el decreto ley 22.285 del año 1980, ideado bajo el gobierno del dictador Jorge Rafael Videla. La vigencia del marco normativo de radiodifusión de la dictadura y el desconocimiento generalizado de la ley del año 1953, expresan y por lo menos, dos cuestiones elementales: por un lado, la capacidad de los grupos concentrados ligados a la producción y circulación de la información para mantener un esquema de funcionamiento normativo que les otorga altos privilegios y la posibilidad de actuar en muchos casos, discrecionalmente y en contra del bien común de la nación y cuestión que la ley 14.241 reglamentaba; pero además y tema central para el desarrollo de nuestra democracia, el estado actual de funcionamiento del sistema de radiodifusión es un síntoma de la inexistencia de una Política Nacional de Comunicación (3).
Dicha falencia no es propia de este gobierno, ni tampoco una cuestión de las últimas décadas, sino que por el contrario, es parte de la génesis misma de la fundación del Estado nacional. Las justificaciones de la defensa de los privilegios del sector privado en la comunicación y su relación con la negativa a que el Estado implemente una regulación estatal que priorice el bien común sobre el egoísmo individual, se liga directamente a los contenidos liberales de la constitución del año 1853 (4). Este texto cristalizó jurídicamente la supremacía económica, política y lo que nos interesa en particular en este trabajo, la supremacía cultural, de los intereses del liberalismo británico y los grupos de poder portuario. El “triunfo da derechos”, y entre ellos, el de promover el modo de pensamiento de los vencidos y es por eso, que la constitución del año 1853 estableció dos de los equívocos de interpretación, que al día de la fecha, son reivindicados como incuestionables por muchos sectores de la prensa: uno, es la interpretación de la categoría de la “libertad de prensa” (artículo 14 y 32 de la C.N. 1853) y el otro, el de “la igualdad de extranjeros” (artículo 20 de la C.N. 1853).
Al llamar “equívoco” a libertad de prensa, no cuestionamos el derecho a opinar, pensar libremente y a desarrollar distintas expresiones culturales y verterlas en la prensa que tienen los ciudadanos, derecho mencionado en la constitución nacional y digno de ser reivindicado. Ahora bien, la “libertad de prensa” para los vencedores de la batalla de Caseros del año 1852 y la sanción de la constitución de 1853, se relacionó a la libertad de empresa, que tuvo y tienen, los sectores del poder económico para hacer de la comunicación y la prensa, palancas de desarrollo de su capital y sus negociados, no importa que costos eso origine para el bien común del país. En nombre de la libertad de prensa los vencedores de Caseros fundaron los diarios La Nación y La Prensa, de las familia Mitre y Paz y que junto al control que ejercieron sobre la Academia Nacional de Historia, les permitió adquirir una fuerte influencia sobre la producción y distribución de la noticia en el país.
Lo pernicioso de este postulado llega hasta el día de la fecha y es por eso, que la libertad de prensa tal cual se ejerce desde los grupos oligopolios de la comunicación, no oficia como una garantía del derecho opinar y pensar libremente de los ciudadanos y los pequeños medios de comunicación, por ejemplo, frente a una dictadura o un gobierno autoritario. Sino que por el contrario y paradójicamente, la “libertad de prensa” esta relacionada estrechamente a “libertad de empresa” de grupos de oligopolios y oficia como un medio para chantajear, enfrentar y en muchos casos, desestabilizar gobiernos democráticos desconociendo el mandato popular (5). En nombre de este equívoco de interpretación se intentó obstaculizar el debate en los círculos intelectuales sobre la necesidad de reglamentar el funcionamiento de las comunicaciones y junto a ello, se obstruyó la necesidad de implementar una política de Estado que regule la prensa. A partir de aquí, es que sigue vigente la carencia de un marco legal que fije taxativamente el rol y la responsabilidad social que implica ser licenciatario de medios: los medios de comunicación, escritos o audiovisuales, son un servicio público y no un negocio privado y menos aún, deberían ser un negocio privado extranjero con sede en Argentina.
El otro equívoco de interpretación establecido por los grupos de poder terrateniente ligados Inglaterra y que obstaculizó el debate sobre la sanción de un marco legal para las comunicaciones, es la declaración de la “igualdad de extranjeros”, que llevada al campo de la prensa, implicó garantizar a los propietarios extranjeros la posibilidad de adquirir los medios de comunicación en nuestro país con escasas limitaciones. Esta posibilidad operó y oficia actualmente, como una palanca para desfavorecer económica y culturalmente, a nuestro país en beneficio de los intereses extranjeros. La acción de difusión de dicho concepto influyó en la educación de la intelectualidad y los sectores medios. El liberalismo conservador e históricamente, fue difundido por la prensa de la oligarquía y los grupos de poder bonaerense. Esta tarea se relacionó a la acción cultural extranjera y es repetida a lo largo de décadas detrás del supuesto de que las instituciones (la constitución liberal del año 1853, por ejemplo) “están antes que el país”. O sea, el derecho a la “libertad de prensa” de un particular estaría por sobre los derechos colectivos de los habitantes y las instituciones de la nación. A partir de aquí, que los planteos que cuestionaron el orden político liberal o el funcionamiento de la prensa extranjera, fueron acusados de “barbarie” o de “autoritarios” por las corrientes de pensamiento liberal. La civilización, sería el orden liberal impuesto a través de las normas de la Constitución del año 1853 y la barbarie, cristalizó en los caudillos y las poblaciones del interior que se opusieron a ese modelo. Este planteo sostuvo que las poblaciones de nuestro país eran atrasadas, carentes de cultura e incapaces de cumplir con los designios de las instituciones liberales y dichas nociones fueron incluidas y difundidas por la prensa (6). A partir de aquí, que varios de los intentos del Estado de regular la prensa fueron definidos como “autoritarismo” y como una “violación” de los derechos liberales y las libertades cívicas. Este equívoco haría y hace en la actualidad, un daño inconmensurable al país y a los valores, tradiciones y demás elementos de la cultura nacional.
El desarrollo de la gran prensa escrita luego de Caseros o la aparición de la radio en la década de 1920, nacieron a la sombra de esta concepción y es a partir de aquí, que tendrían acceso privilegiadamente los sectores vinculados a la oligarquía terrateniente. Ante este fenómeno, el Estado no implementó una reglamentación adecuada de las comunicaciones. Por mucho tiempo, el Estado no estableció el funcionamiento de la prensa y la radio, que quedaron sujetas a los artículos mencionados de la constitución nacional del año 1853. El liberalismo de la constitución del año 1853 y el supuesto de que el Estado no debe reglamentar la prensa y casi sin excepciones, funcionó hasta la llegada e implementación de la ley 14.241. Esta última, fue la primera experiencia concreta de implementar una Política Nacional de Comunicación en Argentina en el marco de un gobierno democrático.

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domingo 11 de mayo de 2008

Reflexiones sobre la Reforma Universitaria del año 1918: 7 hipótesis para el análisis


Aritz Recalde
Febrero de 2008

Propósitos
Presento al lector en las páginas que siguen algunas reflexiones en torno a la Reforma Universitaria del año 1918, respecto a su trascendencia histórica y a las posibilidades de tornarse un texto vigente y eficaz en los debates la actualidad. Me referiré, entonces, a los alcances concretos de las formulaciones introducidas en el “Manifiesto Liminar” a través de 5 ejes temáticos y 7 hipótesis donde se expresan brevemente las cuestiones más relevantes para interpretar los alcances, los mitos y las realidades de este documento en el funcionamiento concreto de las Universidades argentinas. Estimo que este debate se torna imperioso en las circunstancias actuales donde, lamentablemente, algunos sectores universitarios, alumnos, docentes, no docentes o graduados, al momento de discutir los alcances de la Reforma Universitaria, no consideran la centralidad que revisten las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que ha experimentado nuestro país y Latinoamérica del año ´18 a esta parte y por consiguiente, se arman de frases inconexas y descontextualizadas de sus ámbitos de producción y acción específicos. A 90 años de la Reforma, como asimismo, a 96 años de la Ley Sáenz Peña, es necesario poner en tela de juicio la vigencia del Manifiesto para las necesidades y las particularidades del presente. Estas cuestiones de historia y de actualidad, entonces, guiarán las formulaciones que siguen conjuntamente con el análisis de las propuestas de la Federación Universitaria cordobesa del año 18 y las derivaciones que inconsistentemente se hacen de las mismas en la actualidad.

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viernes 25 de abril de 2008

4 PROPUESTAS UNIVERSITARIAS PARA ACOMPAÑAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL


Aritz Recalde, Lic. En Sociología y docente UNLP
Sebastián Tapia, Secretario General de la Federación Universitaria Argentina

Abril de 2008

El texto que sigue a continuación aborda la relación entre el desarrollo nacional y la universidad Argentina a la luz de la huelga de productores agropecuarios. El mencionado conflicto y en algunos casos, fue patrocinado por las organizaciones estudiantiles de la autodenominada “izquierda” y de la “derecha”. Los claustros docentes mantuvieron y en líneas generales, una marcada indiferencia, con pocas pero valiosas excepciones. Contrastando con dicho posicionamiento diversas organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles, algunas vinculadas y otras no, al gobierno nacional, respaldaron las retenciones en una movilización masiva en la Plaza de Mayo. En este cuadro, la corriente de estudiantes y profesionales nacionales de la cual formamos parte apoyamos las retenciones y al pequeño trabajador y productor argentino, distanciándonos de aquellas interpretaciones que “enfrentan” las retenciones con los medianos y pequeños productores agrícolas. Estamos convencidos que y conjuntamente a las mencionadas retenciones, es importante impulsar el conjunto de políticas públicas anunciadas por el gobierno para complementar y fomentar la producción a pequeña y mediana escala.

En el texto que presentamos al lector tenemos como objetivo promover un conjunto de medidas para el sistema universitario nacional con el fin de acompañar al pequeño y al mediano productor y al trabajador argentino, sea o no agrícola, este o no empleado en la actualidad. Con dicho fin, nos vamos a diferenciar claramente del “consignismo” de la mencionada izquierda o la derecha, agrupaciones proclives a repetir frases vacías, abstractas y típicas de la clase media estudiantil del “animémonos y vayan” siguiendo la terminología de Arturo Jauretche. Detrás los anuncios de la “revolución socialista” o “reforma agraria” enarbolada desde algunas agrupaciones desde el aula y la universidad, se esconde una posición de comodidad, en varios casos de irresponsabilidad y sin excepciones, de falta de compromiso concreto y sustancial con el país. En vez de comprometerse con el trabajo diario junto a los productores y trabajadores locales, anuncian medidas que siempre tienen que “aplicar otros”, desentendiéndose de su rol y su deber de estudiante, de profesor, de administrativo o de graduado financiado por el pueblo argentino.

Nuestro punto de partida es simple: la universidad es del pueblo y el “universitario” debe ponerse a su servicio, acompañando las decisiones de los habitantes de las regiones conjuntamente al desenvolvimiento de las políticas publicas locales y provinciales. Las provincias y municipios financian la educación superior y no tienen y salvo marcadas excepciones, ámbitos concretos para formular propuestas y líneas de trabajo en la universidad que esta “enclaustrada” en su territorio y gobernada a si misma y muchas veces de espaldas a la región.
A partir de aquí, es que proponemos construir otra universidad y que no le vamos a pedir las soluciones del país a “terceros”, a los otros, siempre y sin excepciones, al “gobierno”, sino que y por el contrario, vamos a comprometernos desde nuestro rol de universitarios, para poner el gasto de los argentinos al servicio de los argentinos, sin tantas palabras y con más actos concretos.

PROPUESTA I- Direccionar los ingresos, egresos e investigaciones a las Ciencias Aplicadas
Con el fin de acompañar al productor y el trabajador consideramos importante y como punto de partida, analizar el comportamiento de la economía nacional en relación a las carreras y los presupuestos universitarios. Este punto de partida, nos permite sostener que la reconstrucción de la industria nacional y su influencia en el crecimiento del PBI o en la recaudación tributaria, ponen a este sector de vanguardia, como prioritario y estratégico para el país y las políticas públicas. Contrastando el crecimiento industrial argentino y con la importancia que le otorga el gobierno nacional en sus programas de política, podemos observar que las universidades autónomas siguen promoviendo, prioritariamente, las carreras de servicios más acordes al país de los años noventa que al actual y venidero. En este sentido, promovemos modificar el perfil del Sistema Universitario Nacional que se caracteriza por su alta proporción del ingreso y del egreso en las carreras ligadas a los servicios y no a la producción agrícola o industrial. Consideramos prioritario además, iniciar el debate de la importancia fundamental para el país de favorecer las carreras de las Ciencias Aplicadas a la producción nacional.

Si analizamos el promedio de la distribución de estudiantes del conjunto de las Universidades Nacionales del año 2005, distinguiendo por las distintas Ciencias podemos observar que el 75,7 % están anotados en las ciencias Básicas, Humanas, de la Salud y Sociales. El restante 24,3 % se ubica en las Ciencias Aplicadas. Las Ciencias Sociales ocupan el mayor número de ingresos y egresos de alumnos y profesionales. Solamente las carreras de Derecho y de Economía y Administración aportan el 34,86% del total de egresados del país del año 2005. Otro dato central, tiene que ver con que las Ciencias Sociales ocupan el 41,75% de los alumnos de las universidades nacionales en el año 2006.

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Propuestas universitarias para promover el desarrollo nacional
1- Promover el ingreso estudiantil a las Carreras de las Ciencias Aplicadas.
2- Otorgar becas a las Carreras consideradas Prioritarias para la producción de la región en la cual esta ubicada cada universidad.
3- Fijar metas de desarrollo de Patentes y de proyectos de ciencia aplicada al desarrollo tecnológico regional conjuntamente con las instituciones científicas del Estado provincial y los productores locales.
4- Desarrollar un Presupuesto Participativo en cada universidad con las organizaciones de trabajadores, de productores, el Estado municipal y el gobierno provincial sobre un porcentaje de los recursos de investigación.
5- Examinar los perfiles y programas de las universidades conjuntamente con los productores, trabajadores y el sector público con la finalidad de acercarlos a las necesidades del pequeño y mediano productor regional y provincial.
6- Implementar una política de retención de matrículas para enfrentar la alta deserción: promover títulos intermedios, descentralizar ingresos, articular la universidad con otros niveles educativos, desarrollar horarios nocturnos, etc.

PROPUESTA II- Implementar una Secretaria de Vinculación Económica Social que asesore gratuitamente a los productores y trabajadores de las regiones
Las universidades, casi sin excepciones, no disponen de ámbitos institucionales permanentes para la articulación de sus actividades con la comunidad y el Estado. En muchos casos, se atienden solamente las actividades de consultoría rentadas por el sector privado o público. No estamos en contra de que la universidad genere recursos externos, cuestión importante. Ahora bien, consideramos además, que debe brindar y prioritariamente, servicios gratuitos a la sociedad que aporta los recursos para su manutención. Con dicho objetivo y tras un estudio del presupuesto consideramos que existen los recursos humanos y económicos para implementar dicho asesoramiento gratuito a la comunidad y al Estado. Nuestra propuesta hace hincapié en que el asesoramiento lo podrían garantizar aquellos profesionales que tienen una relación contractual que gira entorno de las 40 horas semanales (dedicación exclusiva) y las 20 horas semanales (semiexclusiva).

En las universidades argentinas en el año 2006 había 148.712 docentes y 45.730 docentes universitarios que deben trabajar entre 20 y 40 horas. Dicha dedicación permite dictar horarios en dos turnos, disponer de horarios de consulta y desarrollar las materias los dos cuatrimestres seguidos, lo cual es necesario supervisar para que se cumpla en su totalidad, lo que hoy no ocurre. Hay que tener en claro que estas dedicaciones y con pocas excepciones, les permiten a los docentes cobrar los doce meses del año.

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Consideramos y atendiendo las cifras que los titulares, adjuntos y JTP con dedicación exclusiva y semiexclusiva podrían participar de la Secretaria de Vinculación Económico Social junto con gran cantidad de profesionales que lo harían de manera voluntaria. Por ejemplo, existían en el año 2006 3.671 titulares con dedicación exclusiva que tienen que trabajar 40 horas con un sueldo con antigüedad promedio que a enero del año 2008 era de $ 5.510 ($ 7160 ofrece el gobierno en el 2008). Había 1.808 asociados con la misma dedicación con un sueldo promedio $ 5.075 ($6578 ofrece el gobierno en el 2008). Había al 2006 5.283 adjuntos con un sueldo promedio a enero de $ 4350. (5638 ofrece el gobierno en el 2008). Existían 4.496 JTP con la misma dedicación con un sueldo a enero de 2008 de $ 3.987 ($5146 ofrece el gobierno en el año 2008).

Tengamos en cuenta, primero que hoy y en relación al año 2006 hay mayor cantidad de docentes. Segundo, observemos la propuesta salarial de la SPU actual que propone un aumento aproximado del 27% y cuestión que se va a hacer efectiva en breve, ya que fue rechazada por los gremios para “mejorar” y nunca, para empeorar el ofrecimiento de: 10% aumento en abril + 9,5 % en septiembre + 5% de recomposición en diciembre + 2,5% en enero 2009). Tercero, atendamos que en varios casos una Cátedra esta formada por un Titular, un Adjunto, un JTP y varios ayudantes. Cuarto, que a este sueldo se le suma aquellos ingresos relacionados con la inversión educativa estatal o privada motorizados desde la universidad: régimen de Incentivos, subsidios extranjeros, cargos en postgrados, proyectos de investigación CONICET, consultorias de la universidad, fondos de la Secyt, etc.

Otro dato a tener en cuenta es la carga de alumnos que tienen los docentes. En este caso consideramos la importancia de la dispersión existente entre Carreras y años, pero pese a eso, es un dato importante a analizar que nos permite avanzar en la implementación de la mencionada Secretaria. Al año 2006 existían, aproximadamente, 1 docente cada 9 alumnos en las universidades nacionales. Por supuesto, este promedio es algo engañoso pues va de profesores que atienden cientos de alumnos, a los que tienen una relación uno a uno e, incluso, aquellos que sólo dictan cursos de manera esporádica, pero permite tener una idea de la cuestión. Incluso, al respecto podría ponderarse la dedicación con la cantidad de docentes y con sus distintos niveles, tarea que queda para un futuro informe y que, seguramente, dará cuenta de la existencia de una masa de docentes jóvenes que soportan la inmensa cantidad de alumnos sin que ello sea debidamente reconocido y, a la inversa, una porción de profesores cuyo prestigio les permite dedicaciones formales y retribuciones altas.

La Secretaria de Vinculación económico Social debería tener participación permanente de las Organizaciones Libres del Pueblo y del Estado provincial y municipal y podría tener las siguientes funciones:
1- Asesorar técnicamente de manera gratuita a las organizaciones de la comunidad y al Estado provincial y municipal.
2- Aplicar el Presupuesto Participativo o las Audiencias Públicas para articular sus proyectos con la sociedad y el Estado.
3- Planificar el Voluntariado Universitario permanente.
4- Coordinar el Servicio Social Obligatorio de un año para todos los graduados.

PROPUESTA III- Implementar un Servicio Social Obligatorio para graduados y un Voluntariado permanente para alumnos.
Creemos a conciencia, que la condición de estudiante y de graduado es un “derecho”, pero además, implica un profundo “deber” por parte de los argentinos que vamos a la universidad pública financiada por otros argentinos. Teniendo en cuenta la relación entre presupuesto 2008 (solamente analizando el fondo de dinero de la ley de presupuesto 26.337) y la proyección de egresados media para este año, cada profesional le costaría a la sociedad, aproximadamente $89.862[1]. A partir de aquí y entre otras cuestiones, es que promovemos un Servicio Social Obligatorio de un año para los egresados con el objetivo de que le “devuelvan” al país la inversión del Estado y que se formen en una práctica profesional con compromiso social. Este Servicio debe ser federal: los profesionales deben regresar a las pequeñas localidades del interior que pagan la universidad y que no la usufructúan.

La relación entre la partida de presupuesto 2008 atendiendo solamente el fondo de la ley mencionada y los alumnos, nos da como saldo una inversión aproximada del Estado de $ 4398,72 por cada estudiante al año[2]. Esta inversión es un derecho de los argentinos, pero además, implica un deber de la juventud con la sociedad: proponemos que las universidades desarrollen un Voluntariado Permanente y que destine presupuesto, infraestructura y personal, para ejecutarlo. Asimismo, que es prioritario que el Sistema Universitario otorgue créditos académicos a los estudiantes y profesionales que hagan dichas prácticas sociales.

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PROPUESTA IV- Fomentar el protagonismo social para fiscalizar que la inversión educativa llegue a los trabajadores y productores de la región.

Consideramos elemental establecer que solamente con la participación de la sociedad Argentina y sus organizaciones, tanto públicas y privadas, conjuntamente con los estudiantes, profesores, graduados, funcionarios y administrativos universitarios, podremos modificar el comportamiento, en varios casos, poco comprometido de la universidad con la región. Hay que superar las frases vacías y el “animémonos y vayan”, y poner la universidad al servicio del pueblo argentino. A partir de aquí, es que llamamos a la comunidad, tanto universitaria (los usufructuarios de la inversión) y no universitaria (los que nos pagan), a que:

1- Exijan sus derechos a que sus problemas sean textualizados en la universidad y que se les busquen soluciones y se les brinde asesoramiento permanente gratuito.
2- A que controlen y fiscalicen a conciencia la forma en que se invierte el gasto universitario exigiendo un rendimiento de cuentas: hay que averiguar los temas y cuánto se gasta en lo que investiga promoviendo temas prioritarios para la región; se deben publicar los salarios y las dedicaciones de los docentes e investigadores; se deben publicar los contratos de las secretarias de trabajo a terceros; hay que exigir que los docentes trabajen las 20 o las 40 horas a favor de la comunidad, el municipio y los grupos sociales más desprotegidos.
3- Las organizaciones libres del pueblo y el Estado municipal y provincial, deben exigir el derecho a ingresar al gobierno de universidad y tal cual ocurre en diversas universidades del país, de Latinoamérica o de Europa. El debate del “cogobierno” y la democratización de la isla democrática debe dejar paso al debate de “la universidad del pueblo con el pueblo dentro”.
4- Difundan la importancia de implementar el Servicio Social Obligatorio, el Voluntariado Permanente o las Audiencias Públicas.


[1] Relación ley de presupuesto 2008 mencionada sobre 62.900 egresados.
[2] Relación 1.285.000 alumnos sobre presupuesto 2008.

martes 1 de abril de 2008

La Guerra de Malvinas: el pueblo, América Latina y los "doctores liberales"


Aritz Recalde
1 de abril de 2008

El 2 de abril se conmemora la iniciación de una guerra de un país dependiente, la República Argentina, contra el ejército mercenario de un imperio, Inglaterra, que invadió y que ocupa actualmente y de forma ilegítima desde el año 1833, un territorio que es y seguirá siendo nacional: el archipiélago de las Islas Malvinas, su mar adyacente y la plataforma submarina son argentinas. De la mano del imperio del norte se derramó sangre criolla por una causa que, salvando las diferencias que podemos poseer sobre los errores[2], la falta de preparación, el primitivismo político o los dudosos intereses de la Junta Militar que la condujo, era y continúa siendo una causa nacional: la defensa de la soberanía y la integridad política, territorial y espiritual del país. Este punto de partida no debe ser negociado: la sangre derramada de los jóvenes argentinos que murieron defendiendo el país de la agresión del imperio británico seguirá siendo una espina clavada en lo profundo del ser nacional. La causa de Malvinas y la de sus héroes combatientes, no debe ser claudicada políticamente, ni olvidada por la cultura del pueblo argentino y latinoamericano y por el conjunto de las naciones del Tercer Mundo que a lo largo de su historia enfrentaron a un imperio.
La actitud agresiva y expansionista de los imperios ya había sido denunciada por el general Perón cuando, en la apertura de la Cátedra de Defensa Nacional de la Universidad Nacional de La Plata en el año 1944, había establecido que en el planeta existían dos tipos de naciones, las “satisfechas” y las “insatisfechas”. Las primeras, ante la carencia de un bien, no dudarían de ocupar y oprimir a las otras naciones: la historia del hombre es la historia de los pueblos por liberarse de la opresión colonial y semicolonial. Detrás de la mencionada ambición material, en el año 1806 el imperio británico inició una ocupación del Virreinato que fue resistida por criollos y españoles, improvisando y dando nacimiento al ejército argentino, pueblo en armas que 176 años después enfrentó nuevamente al ocupante imperial. El desembarco en el Puerto Soledad en el año 1833 y la ocupación efectiva de las islas en 1867 durante el gobierno liberal de Mitre que estaba “ocupado” en la vergonzosa Guerra del Paraguay, le dio al imperio británico una base y un puerto naval para movilizar materiales y hombres en su política colonial sobre Australia y Asia.[3] Asimismo, le permitió al pirata exportador de manufacturas industriales y de las corrientes intelectuales de la economía política liberal, obtener una posición estratégica para el control de los mares y los recursos naturales del sur del planeta. De aquella usurpación que fue denunciada por Manuel Moreno durante el gobierno de Rosas a la actualidad, hay cuestiones que han cambiado y otras que permanecen invariables: el hurto ilegítimo y la ambición material que supone la ocupación siguen siendo las mismas. Ha variado y parcialmente, acompañando los avances científicos y productivos del capitalismo, el recurso que ambiciona el imperio: la explotación de petróleo de la plataforma submarina y la obtención de recursos marítimos con fines alimenticios[4], desatascándose el Krill. Estos son los motivos fundamentales de la ocupación de nuestro suelo. Demás está decir que, la ubicación de las islas le sigue permitiendo a Inglaterra y a la OTAN contar con un paso entre dos océanos de un valor “geopolítico” de suma importancia en el Atlántico Sur.

Es posible afirmar entonces que, la guerra iniciada en 1982, más allá de la opinión que tengamos de la conducción militar en manos de la dictadura, nos dejó varias enseñanzas. La primera, cuyo origen se remonta al año 1806 y a las luchas de la independencia, supone la afirmación de que existe un fuerte contraste entre la predisposición del pueblo postergado a la lucha contra el imperio en relación a los “doctores”, que guerra mediante, siguieron comerciando con los agresores: mientras los soldados morían en combate en el buque General Belgrano, el Ministro de Economía argentino y docente de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Alemann, honraba la deuda externa y hacía lobby de las empresas europeas destruyendo la industria nacional. En los fríos suelos del sur se combatía a muerte y en los cómodos gabinetes de los doctores de la escuela de Rivadavia, de Mitre o de Martínez de Hoz, se implementaba un programa de entrega de la industria nacional y de saqueo sobre los trabajadores desparramados en las costas malvinenses. Perdimos la guerra militarmente pero, lo que es peor aún, fuimos derrotados políticamente y culturalmente por los operadores políticos “internos” del poder imperial que actúan en gobiernos democráticos o militares sin hacer distinciones.
Otra de las enseñanzas que nos legó la guerra tiene que ver con el comportamiento de las distintas naciones. En este sentido, fue notoria la asimetría en la actuación de las potencias centrales en relación a las naciones latinoamericanas, con la triste excepción de Chile que apoyó a los ingleses. Mientras encontramos un apoyo solidario y un ofrecimiento militar, por ejemplo, de parte de Cuba o de Perú, los países “desarrollados” cerraron acuerdos para enfrentar a la Argentina: Francia votó en contra del país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, junto a Estados Unidos e Inglaterra y tanto URSS como China se “abstuvieron” de apoyar a nuestro país. El sueño de Leopoldo Galtieri de contar con el apoyo norteamericano en la guerra por sus favores en la lucha contra la revolución nicaragüense, como no podía ser de otra manera no se cumplió: las naciones colonialistas acordaron enfrentar de forma conjunta a nuestro país. En este marco y mientras el Ministro de Economía Alemann hacía oídos sordos a las solicitudes de varios sectores del país de confiscar empresas y bancos ingleses o de implementar medidas de suspensión de tráfico marítimo y comercial con Europa, las naciones imperialistas a través de la Comunidad Económica Europea declaraban un feroz bloqueo a la Argentina. El pueblo iba a la guerra y los doctores mantenían la paz económica y la entrega del país a las empresas del agresor y sus aliados. Es necesario recordarlo: sólo la unidad del Tercer Mundo y de Latinoamérica cortará las cadenas de opresión sobre nuestras naciones que ejercen Europa y Norteamérica.
La derrota en manos de ejército enemigo conducido por el gobierno de Margaret Tatcher, fue anunciada por el Gral. Menéndez que se rindió ante los militares británicos. Todos los argentinos conocieron la noticia de la derrota de la gesta de combatientes argentinos contra los soldados de un imperio usurpador. Lamentablemente, pocos de estos ciudadanos percibieron que el enemigo no estaba solamente en Malvinas: tras la salida de Galtieri, ingresó a la presidencia Reynaldo Bignone y de su mano, Domingo Felipe Cavallo fue nombrado presidente del Banco Central, en cuya gestión se transfirió al Estado nacional 15.000 millones de dólares de deuda externa privada[5]. Aquel precepto que establece que la guerra no se da exclusivamente en el campo de batalla sino que, termina de resolverse a través de la política y de la economía, adquirió ribetes dramáticos en nuestro país. Los argentinos abandonamos Malvinas, los ingleses y los norteamericanos con sus bancos y grandes empresas siguen en la Argentina.
Los combatientes regresaron a la patria por la puerta trasera, sin laureles y sin pueblo que los recibiera y muchos de ellos terminaron en el suicidio. Tras décadas de movilización y luchas, los ex combatientes consiguieron recién en la década de 1990 un modesto subsidio del Estado, que durante la gestión presidencial anterior fue elevado a la cifra del equivalente de tres jubilaciones mínimas. El resarcimiento económico es importante pero, es únicamente una parte del asunto para aquellos argentinos que esperan el reconocimiento de su país por haber jugado su vida enfrentando a un imperio.
Mientras tanto y paradójicamente, los “doctores liberales” operadores del interés extranjero, fueron y siguen siendo admiradores del pensamiento y la acción del liberalismo británico y ocupan lugares importantes de los gobiernos democráticos, las universidades y la prensa “independiente”.

Por eso en este nuevo aniversario decimos:

-La derrota militar de Malvinas fue acompañada por una derrota política y cultural que profundizó la destrucción de la industria del país y que favoreció la ocupación de tierra argentina por empresas e intereses ingleses y norteamericanos, conjuntamente con la desaparición y muerte de miles de luchadores sociales;

-La recuperación de Malvinas necesita como paso previo, reconstruir la conciencia nacional, ya que ninguna semicolonia “espiritual” puede ser libre políticamente;

-Sólo la unidad de los pueblos del sur nos permitirá sostener nuestro derecho integral a la independencia económica y a la soberanía política;

LA RECUPERACIÓN DE MALVINAS SIGUE SIENDO UNA CAUSA EMANCIPADORA CONTRA UN ENCLAVE COLONIAL EN EL SUELO AMERICANO


[1] Editor del blog http://sociologia-tercermundo.blogspot.com/
[2]El En el Informe Rattenbach se realiza un estudio sobre el inicio, desarrollo y finalización de la guerra: http://www.cescem.org.ar/informe_rattenbach/home.html
[3] Ramos, Jorge Abelardo, “1981: en defensa de las Malvinas solicito a la Corte medidas cautelares” en Adiós al Coronel, Mar Dulce, noviembre de 1982, p. 181.
[4] Guglianmelli, Juan Enrique, “¿Las negociaciones por Las Malvinas en una nueva etapa?”, Revista Estrategia, Nº 43/44, enero-febrero de 1977. Pensar con Estrategia, Colección Pensamiento Nacional de la Universidad nacional de Lanús (UNLA), Remedios de Escalada, Buenos Aires, 2007, pp 321- 331.
[5] Galasso, Norberto, La Dictadura Procesista (1976-1983), Cuadernos para otra historia, Centro Cultural Santos Discépolo, Buenos Aires, 2005. p. 35.

A la juventud Argentina: ¡Malvinas Volveremos!

por Iciar Recalde
abril de 2008

"Que flamee en los archipiélagos la bandera argentina. Pero sola, sin compañía. Que no hay soberanía compartida." José María Rosa "Oíd, mortales, el grito sagrado:"¡libertad, libertad, libertad!"Oíd el ruido de rotas cadenas,ved en trono a la noble igualdad.Ya su trono dignísimo abrieronlas Provincias Unidas del Sudy los libres del mundo responden:"Al gran pueblo argentino, ¡salud!Al gran pueblo argentino, ¡salud!"Y los libres del mundo responden:"Al gran pueblo argentino, ¡salud!"Sean eternos los laurelesque supimos conseguir,que supimos conseguir.Coronados de gloria vivamos...¡o juremos con gloria morir!,¡o juremos con gloria morir!," Estrofas del Himno Nacional Argentino
Dentro de unos pocos días, el 2 de abril del año 2008, el país dependiente volverá a conmemorar uno de los eslabones de las largas luchas de los pueblos latinoamericanos en su camino por romper las cadenas de la dependencia imperial. Creemos que en esta fecha es necesario de una vez por todas recuperar el sentido heroico de nuestra nación en su lucha por construir una nación soberana: cerca de 13.000 argentinos fueron a Malvinas, 649 nunca volvieron, los restantes entraron sin pena ni gloria por la puerta trasera de la patria desvastada por una de las dictaduras más sangrientas de la historia argentina y continúan al día de la fecha silenciados y olvidados. Para muchos ciudadanos progresistas, los caídos en Malvinas y los ex combatientes que han sobrevivido, estarían encorsetados en una guerra sin sentido, conducidos por la fuerza de la comandancia de un militar díscolo y alcohólico, donde no habría otra cuestión de fondo para el pueblo pobre que combatió contra los británicos.
A pesar de que en las escuelas argentinas entrado el siglo XXI se sigue repitiendo todas las mañanas escolares aquella frase que dice que "La bandera argentina nunca fue atada a ningún carro vencedor de la Tierra", la enseñanza de las nuevas generaciones de argentinos continúa acallando la historia del saqueo imperial y de las luchas de nuestro pueblo por revertirla y presentando acontecimientos cargados de fechas a memorizar y a repetir en una historia donde la Revolución Francesa y las revoluciones industriales europeas marcan el ritmo de lo que los jóvenes argentinos deben conocer de la historia en las aulas de las escuelas públicas. O más atrás, al dedillo las monumentales civilizaciones griegas y romanas. Demás está decir que nada se dice del papel de Argentina y América Latina en las tan mentadas revoluciones industriales porque no hubo una América de venas abiertas desangrándose por las políticas genocidas del Primer Mundo en expansión. La división internacional del trabajo se enseña en sus justos términos: Argentina país agroexportador minero debe gratitud y reconocimiento a la Europa proveedora de manufacturas para el deleite y las posibilidades de surgimiento de la cultura de élite nacional porque al fin y al cabo, somos descendientes de europeos, somos el espejo de Europa sin hibridación cultural indígena o más acá, somos legatarios de la metrópoli norteamericana que nos dicta las modas y nos permite pasear por Buenos Aires creyéndonos en la misma Nueva York a la luz de los slogan publicitarios a la vista porque para las ofertas tenemos sale, para las computadoras, Laptop Computers, Monitors, para los churrascos, ross beef… somos cualquier cosa menos criollos y argentinos y tenemos una historia esbirra fiel de ese mandato. Antes del año 1995, enseñar en la escuela pública argentina la Guerra de Malvinas no era obligatorio, pero con la reforma educativa de ese año se fijó para todo el Tercer Ciclo de la hasta hace poco EGB, estudiar en el área de Ciencias Sociales la Guerra de las Malvinas, con la salvedad de que a partir de ese contenido mínimo de enseñanza, cada provincia tendría la libertad para hacer sus propios diseños curriculares y, consecuentemente, cada docente gozaría de la autonomía para abordar el tema, otra nota más de la carencia de un proyecto de nación donde primen contenidos obligatorios para la formación de los ciudadanos en una noción de nación compartida justa, libre y soberana. En la escuela argentina se imparten conocimientos en castellano rioplatense pero se enseña a pensar a las nuevas generaciones en inglés o en francés según la variación identitaria del docente de turno en su pasaje por la universidad pública o los terciarios privados. La Guerra de Malvinas se presenta en los manuales de Historia para el Tercer Ciclo como una de las tantas desventuras nacionales, repleta de fechas de desembarcos, equívocos, rendimientos y muertos. Nada se dice de su sentido concreto para un país del Tercer Mundo, nada se dice de la deuda pendiente del pueblo argentino con los miles de combatientes que apenas entrados en la adolescencia marcharon al frente de batalla sin otra compañía que el miedo, el coraje y el amor a su Patria. Es hora de que el Estado argentino confeccione un proyecto de estudio para todos los niveles de la enseñanza escolar abocado al estudio de la guerra y, por sobre todas las cosas, promueva mecanismos de identificación con el sentido de la reivindicación y de la soberanía del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, consecuentemente con el reconocimiento a todos aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas y civiles que arriesgaron su vida para recuperar nuestras islas. Los ex combatientes son y serán en la memoria del pueblo argentino héroes nacionales, no víctimas sociales más allá de los justificativos que el Proceso de Reorganización Nacional haya puesto a jugar en la acometida bélica. La Guerra de Malvinas no fue una simple locura nacional, sino que por el contrario y más allá de los equívocos del momento respecto a la forma de resolver el conflicto en aquel contexto, fue una acción nacional contra las políticas coloniales de un imperio. Los ingleses derramaron sangre criolla en tierra argentina: esto no lo justifica ni Galtieri, ni Junta militar alguna, sino la actitud de piratería de las naciones centrales en relación a nuestras comarcas subdesarrolladas. Deberemos discutir luego la cuestión de la correlación de fuerzas, la legitimidad de un gobierno de facto al servicio de los intereses extranjeros o el envío al campo de batalla a argentinos con armamento precario, hambreados y muertos por el frío pero, lo que no podemos dejar de enseñar a las nuevas generaciones de jóvenes argentinos es que la guerra fue un acto de legítima defensa de la soberanía nacional y las Malvinas e Islas del Atlántico Sur son argentinas. No debemos claudicar jamás a nuestra soberanía tal como lo establece la Cláusula Primera de las Disposiciones Transitorias de la Constitución Nacional Argentina: "La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescindible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de soberanía respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino." Emprendimos un camino, el de la reconstrucción de la patria que, como decían los nuestros, dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas.

sábado 29 de marzo de 2008

La Universidad y las Retenciones

“Los mismos de siempre”:
algunos comentarios a las retenciones a las exportaciones

Sebastián Tapia, Secretaria General de la FUA
Aritz Recalde, Sociólogo y docente de la UNLP


En los últimos días el gobierno nacional anunció un aumento de las retenciones a la exportación de la soja en 9,1 puntos, que sumado al incremento implementado a la exportación de girasol en 7,1 y a la reducción del 0,8 y 0,9 puntos el derecho correspondiente al maíz y el trigo respectivamente, completan un paquete de medidas que son impulsadas para frenar los aumentos de algunos alimentos y promover cultivos considerados prioritarios. Contra las acciones de gobierno “los mismos de siempre”, los SRA o CARBAP, lanzaron sus furibundas acusaciones, demandas y reclamos contra este paquete de medidas. Sobre estas cuestiones, tanto el anuncio de la medida como la reacción de algunos sectores, vamos a hacer un breve comentario.

Como punto de partida, consideramos oportuno traer a consideración el precepto repetido por Perón de que “la tierra no debe ser un bien de renta, sino un bien de trabajo” y que la “propiedad privada tiene una función social”. A partir de aquí, es que es bueno reflexionar que el precio de los productos de la canasta básica que consumen los argentinos no es un debate meramente técnico entre los productores y el Estado, sino que y por el contrario, es profundamente social e involucra a la nación en su conjunto. El aumento considerable de los precios de los productos agrícolas en los mercados de exportación, es una variable internacional que el gobierno no puede modificar y que se traduce en un achicamiento de los saldos de producción vertidos al mercado interno y en una suba de los precios para las familias argentinas. A diferencia del mercado internacional, el Estado si puede adquirir una importante injerencia sobre el desenvolvimiento del mercado nacional. Sobre este complejo cuadro, el Estado no solo puede, sino que “debe” intervenir priorizando el sentido social de la propiedad y permitiendo el desarrollo de la ganancia de los productores, pero conciliando a la vez, la posibilidad del consumo de alimentos del conjunto de los trabajadores. La acción diaria de los productores agrícolas se inserta como un eslabón más en la cadena de la producción, la industrialización, la comercialización y el consumo del país y su desenvolvimiento debe acompañar el desarrollo nacional, le guste o no, a los productores del campo.
Las mayores retenciones de soja intentaron aumentar la producción de maíz y de trigo ya que y entre otras cuestiones, el primero es de suma importancia tanto para el consumo de los argentinos, como para la producción ganadera (carne, leche y derivados). Conjuntamente al aceite y la harina, estos frutos del país forman parte de los productos “conflictivos” y sobre los cuales se están estudiando implementar las retenciones móviles. En este marco, el debate “técnico” entre el Estado y las organizaciones del campo, debe subsumirse al problema social y político que implican los aumentos sobre las familias y la cadena de valor y la competitividad del país.
Además y completando lo dicho, es importante remarcar que las retenciones son un mecanismo recaudatorio legal y legítimo que tiene el Estado para redistribuir la riqueza del país y para garantizar el desarrollo pleno y sustentable. Desde la devaluación el país inició un proceso de reconstrucción industrial que necesita de crédito, de tecnología, de infraestructura en rutas o trenes, de educación y salud para los trabajadores que tienen que tener una canasta básica alimentaría accesible y popular: la recaudación de las retenciones tienen que apuntalar estas cuestiones. El Estado y para garantizar la existencia y grandeza nacional, debe armonizar el funcionamiento del conjunto de actores del país, sean provenientes de la producción o el trabajo y del Campo o la industria y limitando si es necesario, la obtención de rentas de privilegio de algún grupo en función del bien común. De más esta decir, que el campo se vio beneficiado por el tipo de cambio que implica un costo al país y lo mismo ocurre con los subsidios a los combustibles o los gatos en la construcción de rutas, en los hospitales a los cuales se dirigen sus trabajadores, en el acceso la educación gratuita en todos los niveles, en la inversión en seguridad, en el acceso a la tecnología o en la asistencia técnica de las agencias de investigación públicas (INTA, INTI, etc.), etc. El campo genera un “costo” al Estado y no solamente y como reclaman los productores, son “expropiados con impuestos injustos”. Asimismo y pese a las retenciones, el campo goza de una alta rentabilidad no solo de la producción, sino además, que han aumentado los precios de la tierra y los arrendamientos. No desconocemos las diferencias que pueden existir entre los reclamos de las Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina o la Federación Agraria Argentina o entre las demandas de los pequeños y grandes productores o entre los productores nacionales y los extranjeros, pero y pese a eso y aunque las medidas pueden mejorarse, vemos positivamente el aumento de las retenciones.
Dejando de lado el debate circunstancial por las medidas de las retenciones, estamos seguros que aun queda vigente discutir un programa nacional que establezca los derechos y los deberes de las partes “trabajo, producción, comercialización y Estado”, en el mediano y largo plazo. La formación de “retenciones móviles” por cuatro años intenta dar continuidad a la política: es positivo avanzar en ese camino, pero lejos esta de ser la solución que demanda el país. En la Argentina y en los temas del campo y la producción, hay problemas de fondo que tienen que discutirse y planificarse.
El Estado y entre los temas que le incumbe enfrentar, debe determinar los costos de producción y los modos de distribución de la ganancia con el objetivo de promover un reparto equitativo entre terratenientes y arrendatarios o entre productores y trabajadores. En este sentido, es bueno recordar la sanción del “Estatuto del peón del campo y el tambero mediero”, la fijación por ley del “precio de los arrendamientos” o las “suspensiones de juicios por desalojo” implementadas en la década de 1940. El campo debe discutir seriamente y no solo con el Estado, quién se “apropia” de la renta y el fruto del trabajo entre los distintos actores que forman la cadena de producción: está profundamente vigente la necesidad de revertir dichas asimetrías dentro de toda la cadena. Asimismo, es importante direccionar en el mediano plazo y como parte de un Programa nacional, una distribución sustentable entre los distintos cultivos y actividades agrícolas y ganaderas.
Otra cuestión que hay que discutir profundamente y con conciencia nacional, es el alarmante proceso de concentración y extranjerizaciòn de las actividades de la tenencia de la tierra, la fabricación de semillas, de tecnología y de patentes o de la producción y la comercialización de las actividades agropecuarias. Nuevamente, podemos regresar un poco en la historia y rediscutir los alcances y la actualidad de los intentos de recuperar la soberanía nacional en temas de comercialización, apropiación y redistribución de los excedentes desarrollados por el Instituto de Promoción del Intercambio (IAPI) en las décadas del cuarenta y el cincuenta. Asimismo, es bueno rediscutir el rol de lo que fue la Junta Nacional de Granos o la Junta Nacional de Carnes. El productor nacional o el pequeño, se ven desfavorecidos por los grandes acopiadores y comercializadores, muchos de ellos extranjeros, y esto debe discutirse atendiendo la soberanía y el desarrollo del país.
Otra cuestión crítica tiene que ver con la tendencia al despoblamiento del campo y las pequeñas comunidades, cuestión que debe ser atendida promoviendo la radicación de familias y de los jóvenes estudiantes en el interior, conjuntamente a la formación de cooperativas.

En el tema universitario que nos involucra directamente es importante rediscutir los perfiles y el tipo de las investigaciones de las carreras ligadas a la producción, atendiendo las demandas de las organizaciones del campo nacionales y en particular, del sector público y del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. El objetivo debe ser el fomento del desarrollo de una ciencia y una tecnología nacional que permita reducir los egresos financieros del país en carácter de pagos de patentes, de regalías, de profesionales extranjeros, de costos de insumos importados, reduciendo la exportación de profesionales. Asimismo, vamos a seguir sosteniendo la necesidad de articular la universidad con el país y el campo desde la implementación de Secretarias Económicos Sociales y desde la formulación de un Servicio Social obligatorio que fomente la radicación de profesionales en las comunidades agrícolas.

Las organizaciones del campo y previo abandono del enfrentamiento directo al gobierno, podrían sugerir al Estado una inversión en infraestructura y en servicios para sus sectores y beneficiosas, además, para el conjunto país. El Estado debe canalizar el ahorro de las retenciones en el desarrollo nacional, evitando el consumo superfluo propio de estos sectores caracterizados por su incapacidad histórica de reinvertir las ganancias en la industrialización de sus manufacturas. Distribuir los ingresos fruto de la renta diferencial del suelo, dar la cobertura necesaria para las zonas marginales, impulsar la presencia de la producción argentina en el mercado mundial, otorgar créditos, promover la tecnología nacional, apuntalar una colonización en el territorio federal, frenar la extranjerización de la tierra y el comercio, garantizar el abastecimiento interno, sostener la política cambiaria y regular los precios, articular la industria y el campo en un proyecto conjunto, favorecer a los medianos y pequeños productores nacionales y fortalecer la acción del Banco de la Nación Argentina, son alguna de las actividades a las cuales el Estado no puede renunciar.

Hay que asumir a conciencia que el debate del campo actual “excede” a las retenciones y que es importante que lo asumamos por el bien del país y no solamente, para obtener mayores beneficios de algunos sectores de la comunidad argentina. Como dirigentes universitarios que bregamos por el desarrollo nacional sustentable y por una justa distribución del ingreso, acompañamos al gobierno nacional en esta decisión, y fundamentamos nuestra posición como parte de una corriente de estudiantes y profesionales universitarios con conciencia nacional.

martes 25 de marzo de 2008

Análisis del Proyecto de Constitución de Bolivia

LA MARCHA DE BOLIVIA HACIA LA SEGUNDA INDEPENDENCIA
Análisis del Proyecto de Constitución de Bolivia
Aritz Recalde
Febrero de 2007

INTRODUCCIÓN

“Bolivia es, y será para siempre, independiente de toda dominación extranjera; y no puede ser patrimonio de ninguna persona, ni familia.” Artículo 2 de la C. N. del año 1826, Proyecto remitido por Simón Bolívar[1]

“Nosotros hemos aprendido a definir a las naciones dominantes como las progenitoras de la criatura colonial. Y a esa criatura la hemos asesinado sin ceremonias en la lucidez de nuestra conciencia histórica plegándonos a la lucha revolucionaria de las masas argentinas e iberoamericanas.” Juan José Hernández Arregui[2]

Para que un reloj de arena comience a andar y derrame la marcha del tiempo, primero, hay que darlo vuelta. La política y los relojes de arena se parecen: en la actualidad, las organizaciones libres del pueblo boliviano están “invirtiendo” las históricas relaciones políticas de opresión para que comience a fluir una nueva época en esta sufrida, pero siempre en pie, nación latinoamericana. El pueblo boliviano recorre un tránsito tumultuoso, contradictorio, muchas veces violento, pero trascendentemente necesario para iniciar las reformas estructurales de su gobierno y de su Estado que próximamente, será un Estado nacional, plural, independiente y definitivamente liberado. El pueblo de Bolivia se subleva, camina, tropieza, pero no cesa su marcha y bajo los millones de pies cubiertos de polvo, se escribe un nuevo capítulo en la historia de América Latina y de las naciones del Tercermundo en el camino de consumación de su verdadera y definitiva independencia.
Esta epopeya de los pueblos del sur tiene un líder y su nombre es repetido entre los mares de hombres que inundaron las calles bajo el sol hijo de la madre tierra, en las marchas indígenas para recuperar los hidrocarburos o en las guerras del agua: ese hombre se llama Evo Morales, encarnación viva y profunda de las generaciones de mártires caídos en las interminables luchas de liberación nacional y social latinoamericanas. Morales no es estrictamente un hombre, sino que es la síntesis histórica de un momento, es su pueblo hecho hombre, nervio vital de la revolución, único e irrepetible, pero a su vez, semilla germinada del surco y la azada en las manos y la acción de cada uno de los bolivianos encolumnados bajo la causa libertaria de los condenados de la tierra. Estos hombres- semillas, son sembrados y regados en las calles y los comités a través de los sueños y las luchas de populares a lo largo y ancho de la profunda América Latina. Las semillas germinan, crecen, echan raíces y muchas veces mueren sin llegar a florecer, pero incesantemente y pese a desaparecer antes de dar frutos, son fuentes de vida que nacen y renacen en nuestro inmenso continente sudamericano. Estas semillas, pequeños brotes de los intentos revolucionarios, tienen distintos nombres pero un mismo objetivo: liberar a Latinoamérica de la sombra mortal de los imperios y sus agentes locales. Morales, Correa, Chávez, Castro, Perón, Cárdenas, Villarroel, Vargas, Torres, Allende o Velasco Alvarado, cada uno durante los siglos XX o XXI, germinaron y dieron vida a los intentos de desarrollar la segunda y definitiva independencia latinoamericana.
De su mano, la mano cálida y profundamente indígena de Evo Morales, de ese hombre, reflejo de las luchas de su pueblo, está despertando el sueño de construir un Estado que enarbole la bandera y los programas de las naciones y los pueblos originarios. El despotismo liberal impuesto en forma violenta por varias generaciones de gobernantes sobre la mayoría de las comunidades de la tierra que alguna vez caminó Sucre junto a Bolívar, tiembla ante el ascenso de las organizaciones libres del pueblo que le exigen su derecho a la autodeterminación y al reconocimiento cultural, social, económico y político. Atrás va quedando el ciudadano universal del liberalismo clásico o el “sujeto consumidor” impuesto por el neoconservadurismo neoliberal y la dictadura ilustrada como “supuesto único camino al desarrollo bajo el telón del fin de la historia.” Cansados de ver la misma y desoladora obra neoliberal tras el telón de los ojos del imperio, los latinoamericanos prenden fuego el teatro neoconservador del supuesto fin de la historia e interpretan y montan su propia función.
Morales, Álvaro García Linera y el pueblo boliviano, están iniciando una larga marcha y tras de si, cuelgan una pesada mochila en sus espaldas cargada del sin fin de batallas de sus antecesores, que han caminado bajo un perpetuo cielo de ilusiones, a veces nublado, tomentoso o turbio, pero finalmente e irrevocablemente, despejado y luminoso. En esta mochila que no es ni más ni menos que la historia de su pueblo en el tránsito hacia la formación de la conciencia nacional, llevan grabada la imagen del derramamiento de interminables torrentes de sangre tras la espada y el fusil de las minorías ligadas a las metrópolis. Los bolivianos padecen el programa del imperio que establece que pese a que sus habitantes forman parte de un país profundamente rico en recursos naturales, la mayoría de ellos han sido histórica y tremendamente pobres. Las organizaciones libres del pueblo hoy reconstruyen con su hacer diario la conciencia histórica de los desarrapados de la tierra. A estos hombres y mujeres que se levantan, aún les duele en su memoria el saqueo del oro, la plata o el estaño extirpado y trasladado al exterior durante siglos. El país ha perdido la cuenta de los kilómetros de excavaciones y aperturas del suelo que ha realizado con las manos y el trabajo de generaciones de bolivianos, muchos de ellos sepultados en los oscuros túneles con los pulmones pútridos a consecuencia de respirar el veneno de las profundidades de la madre tierra. En las minas, similares a cementerios y tumbas para la juventud de un pueblo laborioso, coexisten dos procesos extremadamente disímiles: por un lado y mientras las procesiones de familiares clavaban las cruces de madera y acarreaban los cajones de los trabajadores muertos bajo los desmembramientos de piedra o las enfermedades de las minas, otros brazos, generalmente nacidos o educados en las metrópolis, acarreaban el producto mineral del suelo hacia el extranjero que lo consumía elevando su nivel de vida. Sobre el producto del sudor y la sangre del sur americano, se construyeron ciudades enteras en los países metropolitanos que nos legaron como saldo de nuestro esfuerzo, los estados raquíticos y endeudados del Tercermundo. La violencia derramada tras la sed de oro, plata, el estaño o el petróleo, aún le duele a Bolivia, presa de la acción de los imperios que promovieron las dos guerras que desangraron el país en el siglo XX. Detrás de los soldados de las hermanas naciones de Paraguay y Bolivia que morían enfrentados, la Standard Oil de Nueva Jersey y la Shell holandesa escribían los marcos legales para repartirse el Chaco y sus reservorios de petróleo. Entre las venas abiertas aún sigue drenando aquella sangre resultante de la Guerra del Pacifico, esto es, de la batalla del salitre y del guano, que finalmente tras la mutilación territorial de Perú y Bolivia, dejó en las manos de las empresas inglesas radicadas en Chile la función de hacer de esta nación una factoría exportadora británica.[3] Hoy, el pueblo boliviano ha identificado a su verdadero enemigo: la política del imperio y sus agentes locales, la oligarquía boliviana.
Contra esta escandalosa caravana de riquezas que históricamente viajó hacia las arcas de las potencias europeas o norteamericanas en estrecha complicidad con las oligarquías locales, se levantó Bolivia. Al defender la nacionalización de los hidrocarburos en las “guerras del gas”[4] y al movilizarse en el referéndum del 2004[5]; al redistribuir el producto por ellos generado en áreas de educación o salud[6]; al impulsar la reforma agraria enfrentando, por ejemplo, a un centenar de familias que tiene en sus manos 25 millones de hectáreas de tierra en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando o sea, cinco veces más que los dos millones de campesinos que trabajan en otras cinco millones de hectáreas[7]; al iniciar una nueva nacionalización de la minería[8] recuperando las competencias de la estatal COMIBOL; al implementar con parte de la renta de los hidrocarburos un subsidio para jubilados denominado “renta Dignidad”; al apoyar los acuerdos de integración con Cuba, Venezuela, Irán, Paraguay o Brasil; al ingresar y promover la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA); al encarar la lucha contra el analfabetismo; al anunciar que se recuperará la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) privatizada en los años ´90; al impulsar la reforma de la ley de electricidad favoreciendo la recuperación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) privatizada en la misma década; al financiar y promover la acción de los pequeños productores agrícolas; al desarrollar las guerras del agua o en la defensa del precio del gas, el pueblo de Bolivia se despierta del letargo y ejerce su derecho irrenunciable a ser dueño de su destino.
En este cuadro, los imperios y las oligarquías, son los eslabones que unen y mantienen la cadena de la dependencia neocolonial y son estos mismos, sean españoles, ingleses o norteamericanos, los que han negado a lo largo de la historia del continente sudamericano, el derecho a la existencia de sus comunidades y pueblos. Sin entender la cuestión de la DEPENDENCIA, tanto en lo que respecta a la historia de expoliación del país, como asimismo, al profundo sentimiento genuinamente revolucionario y de refundación nacional que está atravesando el país, poco se comprenderá respecto al proyecto de Constitución que vamos a comentar a lo largo de este escrito. En este sentido, es importante recordar que a los Estados que son económica y políticamente dependientes, les corresponde una arquitectura jurídica neocolonial cuya función es perpetuar el modelo institucional de un país en el cual trabajan los nativos y usufructúan los extranjeros. En las naciones a medio camino o incompletas propias del sur de América, los pies que hacen andar la producción son latinoamericanos y los estómagos y los bolsillos que consumen el resultado del trabajo, son en gran parte, extranjeros. En muchos casos, fruto de la imposición de una cultura neocolonial, los profesionales de las clases medias latinoamericanos obnubilados por la cultura del imperio reproducida en universidades, escuelas, diarios, viajes al extranjero o subsidios, han copiado las constituciones, refrendando los textos europeos o norteamericanos y desconociendo las tradiciones propias de nuestra América, tanto previas, como posteriores a la ocupación Española. En este sentido, es importante recordar que una condición imprescindible para sostener un programa de gobierno dependiente que reposa en una desigual división internacional del trabajo, tiene que estar dada por la formación de un grupo social en los Estados de la periferia abocado a la organización técnica e institucional para reproducir esta relación neocolonial: los abogados, jueces y profesionales educados en las universidades nacionales y las fundaciones extranjeras, cumplen, generalmente este rol a lo largo de la historia intelectual dependiente de nuestros países.
A través de estas páginas glosaremos críticamente la propuesta de reforma constitucional que promueve el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera.[9] El gobierno revolucionario, más allá del desafío que implica triunfar en el referéndum que terminará de validar el proyecto de la nueva Constitución, encuentra grandes impedimentos que deberán ser superados. Actualmente, los peligros y los adversarios internos y externos de la revolución están lanzados a la oposición frontal al gobierno. Con este objetivo, la oligarquía y los enemigos externos, particularmente Norteamérica, desarrollan una vasta campaña de terrorismo mediático y político, apoyando las consignas separatistas de algunos Departamentos y convocando a los sabotajes económicos. La oligarquía gamonal a través de su aparato cultural y político, ha sido protagonista de una extraordinaria campaña contra la actual reforma de la Constitución, que finalmente y por mayoría legítima, fue aprobada en la Asamblea y avanza hacia el referendo.
En el marco de este enfrentamiento electoral y político que tiene una raíz profundamente histórica, el eco del pasado y las luchas indígenas que ayer parecían sólo un susurro, en la actualidad se están haciendo hombre y organización política en Bolivia. Tupac Amaru, Tupac Katari, Juana Azurduy, Petion, Sucre, Santa Cruz, San Martín, Bolívar y cada uno de los cientos de morenos, pardos, criollos o indígenas que combatieron contra los imperios poniendo su vida y no meramente su nombre en la historia escrita, brotan en la sangre del pueblo boliviano que recorre la tinta del proyecto de Constitución. La liberación y el derecho a la autodeterminación de las comunidades originarias, son una especie de ancho mar para Bolivia y es ese el rumbo hacia donde marchan las organizaciones libres del pueblo. Contra el modelo autoritario y despótico del Estado neocolonial difundido como un cáncer sobre las mentes del hombre americano a través de los medios de desinformación de masas, el artículo 1º del proyecto de la nueva Constitución establece que Bolivia se constituye en un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. Su condición de “Plurinacional Comunitario” implica tal cual lo expresa el artículo 2º, “la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales.”
El intento de cimentar un Estado sobre “principios ético-morales de la sociedad plural” o de “constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales”, forma parte de los objetivos del nuevo Estado expresados en su texto constitucional. En este cuadro, creemos, la madre tierra, tarde o temprano, dará abrigo a sus hijos en el marco de un Estado que será una nación plural y participativa.
Creemos que una manera de acompañar el proceso boliviano es difundiendo sin las anteojeras de la tiranía comunicacional del imperio, los anhelos y programas de la actual revolución boliviana y su proyecto. El objetivo de este escrito tiene que ver con el intento de transmitir en forma clara y sistematizada para el lector no especializado en cuestiones constitucionales, los principales aspectos del proyecto de Constitución de Bolivia. Por consiguiente, no en las definiciones o apreciaciones conceptuales sobre el tema del constitucionalismo en Latinoamérica ya que ya lo hemos desarrollado en otros trabajos relacionados con este.[10] Atendiendo a lo dicho, nos interesa meramente traer a consideración un concepto del constitucionalista argentino Arturo Enrique Sampay, mentor de la Constitución del año 1949.[11] Sampay al analizar la carta magna, establece una distinción entre la “Constitución escrita”, la “Constitución Real” y la “Constitución Justa”. La primera, establece “en un acta legislativa solemne, las instituciones destinadas a que perdure y se desenvuelva la Constitución real”. Para saber cual es la “Constitución Real”: “corresponde averiguar, en primera instancia, qué sector social predomina en la actualidad y con que finalidad lo hace, y en segundo lugar, qué sector social lucha por conseguir el predominio y qué ideal e inclinación vital los lleva a buscarlo”. En definitiva, el texto constitucional expresa un esquema de distribución del poder social a través del establecimiento de fines y medios institucionales para alcanzarlo. Ahora bien, como indica Sampay, detrás del texto existe una lucha por el poder entre distintos sectores sociales. El autor además y como adelantamos, introduce la noción de “Constitución Justa” entendida como “la institucionalización del predominio del sector de la población históricamente eficiente para ordenar la actividad social y los recursos sociales con vistas a lograr que todos y cada uno de los miembros de la comunidad tengan lo necesario para desarrollarse plena e integralmente”. Adecuando las categorías del autor al estudio de la Constitución boliviana, creemos que el mismo expresa las tres definiciones mencionadas: el proyecto “escrito” traduce el ascenso de las organizaciones libres del pueblo, legítimas expresiones de la “Constitución Real” fruto de la lucha por el poder del pueblo boliviano, claramente visible en su protagonismo en la última década incluyendo su triunfo electoral. Pero además y como cuestión de suma importancia histórica para ese país y para el conjunto de Latinoamérica, el texto es una “Constitución Justa” ya que plantea la única oportunidad de Bolivia para consolidar la unidad de la nación en el marco de la pluralidad étnica y cultural del país. El programa político enarbolado por Evo Morales tiene un claro contenido de unidad y de integración nacional, a diferencia de la tiranía liberal ejercida por décadas sobre las espaldas de la mayoría popular silenciada.
El tema central que nos interesa rescatar y desarrollaremos particularmente a lo largo del trabajo, tiene que ver con el primer capítulo denominado “Derechos a la autodeterminación indígena” a través del cual, intentaremos mostrar al lector algunos de los mecanismos que está promulgando la revolución boliviana para consagrar el derecho genuino e impostergable a la participación de los pueblos originarios en el gobierno del país. Entonces, mencionaremos particularmente los aspectos concernientes al derecho a la Identidad de las comunidades y a la aparición en el texto constitucional de diversos instrumentos de participación política de suma trascendencia histórica para los pueblos del sur americano. En el primer capítulo analizaremos cuáles son los instrumentos institucionales que establecen el derecho de las comunidades a la explotación de los recursos naturales. Este apartado termina con una mención al articulado referente al derecho al trabajo.
El segundo capítulo se denomina “Defensa del patrimonio nacional y público”, que nos permitirá gozar de una idea certera del contenido nacionalista y antiimperialista de la revolución boliviana actual y de su intento de institucionalizarla en el proyecto constitucional. Nos referiremos particularmente a las cláusulas que limitan la ingerencia extranjera en los asuntos nacionales y a los instrumentos y políticas de Estado para la defensa de la Infraestructura estatal, de los servicios de salud y de la cultura del país. Este punto culmina con una mención al proyecto constitucional en lo concerniente a la histórica reivindicación marítima del pueblo boliviano y con una mención particular a la tentativa de hacer un uso soberano y sustentable de los recursos naturales del país.
El capítulo tres versará en torno a algunas de las transformaciones más importantes del sistema político de Bolivia, distinguiendo las propuestas de ampliación del concepto de “democracia”. Por último, mencionaremos los nuevos derechos establecidos en el proyecto que instituyen toda una gama de derechos de cumplimiento obligatorio para los habitantes de Bolivia.
El capítulo cuarto menciona brevemente las cuestiones del proyecto constitucional referentes al esquema propuesto para la integración geopolítica de Bolivia que introduce el nuevo texto, comentando particularmente, la perspectiva latinoamericana.
El capítulo quinto y último, denominado “Organización del Estado para el desarrollo nacional”, se relaciona estrechamente con el segundo capítulo ya que indaga en los mecanismos institucionales que desarrollará el Estado para avanzar en la revolución. En este punto serán abordadas las cuestiones referentes al tipo de organización económica y al rol de Estado propuestas en el proyecto. El capítulo se cierra con una mención del texto constitucional sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el desarrollo nacional.El trabajo culminará con una breve conclusión que esperamos, sea relevante para el lector interesado en la liberación de los pueblos del Tercermundo.

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[1] Fuente: http://www.cervantesvirtual.com
[2] Hernández Arregui, Juan José, Nacionalismo y Liberación, Peña Lillo, Ediciones Continente, 2004, p. 170.
[3] Galeano, Eduardo, Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI, Buenos Aires, 1974, p. 218.
[4] En el año 1937 David Toro rescinde las concesiones petroleras de la Standard Oil Co. que serán asumidas por YPFB al mando de Germán Busch, líder militar de la guerra del Chaco. El Gral. Alfredo Ovando Candia hará lo mismo con la Gulf Oil en el año 1969. El derrocamiento del Gral. nacionalista Juan José Torres en el año 1971 habilitó la desnacionalización del recurso natural, cuestión que viene a reparar la actual nacionalización.
[5] Una cifra superior al 80 % de los bolivianos apoyó la nacionalización que fue posteriormente implementada con el “Decreto Supremo 28.701 de nacionalización de los Hidrocarburos”.
[6] Por ejemplo, la ley Nº 3038/05 establece en su Artículo 1º que: “Se dispone la transferencia del 20% de los recursos económicos provenientes del 45% de las regalías hidrocarburíferas de la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, en favor de la Educación y Salud, dentro de la alícuota parte que le corresponde por las regalías hidrocarburíferas a la Primera, Segunda y Tercera Sección de la Provincia Gran Chaco”. Asimismo, el decreto Nº 28.421 modifica el artículo 8 del decreto nº 22.223 y establece entre otros temas, que el 6, 2% del monto de los fondos de hidrocarburos transferidos deben destinarse a la universidad.
[7]Fuete: http://www.presidencia.gov.bo/
[8] El año 1952 es el de de la nacionalización de la minería que será nuevamente privatizada en la década de 1980.
[9] El texto de la Constitución fue aprobado en grande, detalle y revisión por la Asamblea Constituyente. El paso siguiente, previo a su sanción definitiva, implica su aprobación por el pueblo boliviano a través de un referendo.
[10] Recalde, Aritz, “Constitucionalismo social y liberación nacional en Latinoamérica. Análisis sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, Marzo 2007; “La Constitución Peronista de 1949. Génesis y caída”, Abril de 2007. Ver bibliografía.
[11] Sampay, Arturo Enrique, Constitución y Pueblo, Cuenca Ediciones, Buenos Aires, 1974, pp. 102-103.

miércoles 20 de febrero de 2008

Universidad y Peronismo, hacia una superación histórica de la Reforma.

Aritz Recalde, noviembre de 2007

Documento publicado en la Revista de la "Agrupación 22 de noviembre"

La irrupción de los sectores populares y la apertura de democracia de masas en el país de la mano del programa político peronista, traería aparejada no pocas dificultades al gobierno entrante. Por un lado, la nueva fuerza política se enfrentaría con los grupos de poder económico tradicionales ligados al sector agroexportador o al capital extranjero, ya sea aquellos como la Sociedad Rural o la UIA. Asimismo y por otro lado, el peronismo generaría un fuerte rechazo en muchas de las instituciones políticas y culturales típicas del proyecto de país liberal consolidadas desde hacía varias décadas tras las figuras presidenciales de Rivadavia, Mitre, Roca o Justo. La universidad argentina en este marco, oficiaría como una palanca de ingreso de las ideas y teorías liberales favorables al capital extranjero y además, operaría como una escuela de funcionarios para hacer girar el engranaje de producción y reproducción del esquema neocolonial dependiente y pastoril argentino.
A partir de aquí, que dicha institución a la hora de la aparición del peronismo conservaría fuertemente su perfil e idiosincrasia tradicionalmente aristocrática, renuente al cambio social y económico industrial nacional y generalmente sus docentes eran de ideología liberal y desde aquí e históricamente, poseedores de una concepción anti popular. Previo al año 1945, dicha característica sería cuestionada, por lo menos en parte, por la reforma del año 1918 que y lamentablemente y tras la decadencia del partido radical, pasaría a los anaqueles del olvido bajo las cátedras de docentes estrechamente ligadas al capital extranjero y los negocios de país agrícola dependiente. De aquel ímpetu reformista poco quedaría concretamente en muchas facultades de aquellas 6 universidades argentinas que llegaban al año 1946 (1) tras una “primavera docente” durante la década infame, caracterizada por la complicidad universitaria con el esquema político de la “concordancia” bajo los acuerdos de sectores de los partidos socialistas y radicales con el régimen militar.
Esta desconexión entre la universidad y el país real y profundo, tendría varias dimensiones. Por un lado, existirían problemas de índole cultural o ideológico de los docentes y alumnos, cuestión que los llevaría a mantener un fuerte rechazo a las expresiones organizadas del movimiento obrero. A partir de aquí, muchos de ellos se comprometerían orgánicamente en la Unión Democrática, posteriormente algunos docentes renunciarían de la universidad en 1946 y finalmente y además, jóvenes y profesores formarían parte de las acciones militares y terroristas de junio y septiembre del año 1955 y posteriores de los “comandos civiles”. Pero más allá de la acción individual en cada caso, lo que era innegable además para definir la “desconexión” universitaria, era el perfil de las investigaciones y la formación de la educación superior, tradicionalmente liberales e europeístas en su ideología, como asimismo, renuentes a textualizar o desarrollar los temas y las carreras industriales acordes al país de las décadas del cuarenta. Era la universidad de un país soñado para ser una granja inglesa, económicamente y políticamente dependiente y socialmente desigual, anhelado por una aristocracia o clase media de espaldas a la argentina trabajadora y sufriente.
El peronismo a partir de aquí, tuvo que enfrentar esta desconexión de la universidad con el país, cuestión que implicaba un complejo proceso de negociación y de paulatino avance con cada uno de los claustros en pos de articular la universidad al programa de la revolución. Pese a las resistencias encontradas, dos golpes militares de por medio, podemos decir que el peronismo legaría a la universidad varios hechos de suma importancia para la educación superior vigentes hasta la fecha. Incluso, podemos afirmar, que el peronismo sería el protagonista de la ejecución concreta de los planteos de la reforma del año 1918 actualizándola y superándola dialécticamente para ajustarla a la democracia de masas (2).
Por un lado y solo con Perón en el gobierno, se sancionarían tres leyes Universitarias, oficiando a partir de aquí, como el primer gobierno en sancionar una ley desde 1885, pero además, como el gobierno democrático que mayor cantidad de leyes de educación superior sancionaría en la historia del país: 13.031/47, 14.297/54 y 20.654/74. Estas tres leyes expresarían en un esquema jurídico normativo todos y cada uno de los fines de los verdaderos reformadores del año 1918, incluso, superándolos ampliamente. Por un lado y para expresarlo concretamente, durante los primeros 10 años de gobierno y por citar algunas cuestiones:
a- Ampliación de las matriculas y democratización del ingreso (3): se suprimen gran parte de los exámenes de ingreso, se eliminarían todo tipo de aranceles (4), se desarrollarían un sistema de becas - cuestión que tendría sanción constitucional en 1949-, aparecerían los horarios nocturnos para trabajadores y la Universidad Obrera, etc..
b- Extensión Universitaria: por primera vez se la menciona en la legislación universitaria en el año 1954 y se iniciarían las prácticas rentadas en el Estado. La Universidad Obrera articulaba directamente el conocimiento y la acción práctica en fábrica.
c- Promoción de Carrera prioritarias: por primera vez el Estado establecería Regiones Universitarias y se daría una política de planificación del gasto y la uniformidad nacional de los programas. Se crearía en Consejo de Universidades como ámbito de articulación de políticas públicas. Se desarrollarían (5) las técnicas agrarias, la ingeniería del petróleo o la investigación oceanográfica, etc. Aparecerían los grupos de investigación antecedentes del CONICET.
d- Ingreso de Estudiantes latinoamericanos (6): se avanzaría en el reconocimiento de títulos, en la formulación de congresos científicos internacionales de primer nivel y en el desarrollo de intercambio estudiantil.
e- Vinculación obrero estudiantil: por primera vez se tenderían los puentes concretos para esta unidad. Tanto dentro del aula al democratizar el ingreso, como asimismo, a partir del fomento de las agrupaciones estudiantiles como la CGU o la UES.
f- Defensa de la cultura nacional: por primera vez aparecería como objetivo de la universidad la divulgación de los valores y tradiciones de nuestro país. Asimismo, se introduciría en la legislación universitaria la importancia de la defensa del patrimonio no solo espiritual, sino además, económico y político de la nación.

En definitiva, el peronismo en sus diez años de gobierno nos legaría la gratuidad, los primeros pasos en la articulación concreta obrero estudiantil, la existencia de carreras prioritarias para la industrialización, el aumento inmenso del presupuesto, la creación del Ministerio de Educación, el fomento del latinoamericanismo y el antiimperialismo de la juventud y varios proyectos de universidades y carreras. Estos profundos cambios y por si fuera poco, serían desarrollados por un gobierno popular y democrático, que entre otras cuestiones, daría a la autonomía universitaria sanción constitucional en el año 1949. En definitiva y para sintetizarlo, con el peronismo en sus primeros diez años aparecería la noción del “derecho social a la educación superior” y la “cultura de la industrialización y el pleno empleo” como fines culturales y políticos estratégicos nacionales.
Asimismo, el peronismo nos dejaría como legado varias innovaciones en diversos ámbitos de la universidad, muchas de ellas aún vigentes. Por ejemplo, la ley 20.654 de 1974 introdujo la participación en el gobierno de la universidad de los trabajadores no docentes. Asimismo, dicha ley permitía el ingreso a la universidad -previo examen- a los trabajadores que no hayan cursado el ciclo educativo secundario. Por otro lado, esta norma planteaba la implementación concreta del nacionalismo revolucionario al prohibir la práctica docente a aquellos profesores vinculados a las empresas trasnacionales. En este sentido, no podemos dejar de mencionar la inmensa lista de actividades de articulación universidad y sociedad (7). Por un lado, la universidad durante el peronismo avanzaría en la gestión abierta en año 1973 en la articulación con las políticas públicas desde la firma de convenios con el gobierno nacional y provincial. Por otro lado, desarrollaría mecanismos institucionales internos para la articulación con el medio como serían en la UBA los Centros Piloto de Investigación Aplicada (CEPIA), el Centro de Estudio del Trabajo o los programas de los consultorios barriales, la fabricación de medicamentos, de alfabetización o de vivienda social. No viene mal recordar que en el plano docente y durante la década de sesenta y setenta se desarrollarían las Cátedras Nacionales que oficiarían como los ámbitos de formación de muchos dirigentes políticos del país.

Más allá de la gran cantidad de medidas implementadas, lo que el peronismo universitario nos legaría fue un intento de articular la educación superior a la democracia de masas en una nación a medio camino y en el transito a su emancipación política, económica, social y cultural. En este sentido, las décadas de sesenta y setenta verían por primera vez en la historia nacional una articulación masiva entre las organizaciones libres del pueblo y los universitarios. Las dos dictaduras, la de los años 1955 y 1976, cortarían este ímpetu democrático y liberador y muchas universidades regresarían en el tiempo y llegarían al sigo XXI tras una concepción anacrónica y conservadora de la autonomía, más propia del siglo anterior que de los desafíos y anhelos que esta demandando actualmente el pueblo argentino



(1)Las Universidades eran la de Córdoba, la UBA, La Plata, Cuyo, Litoral y Tucumán.
(2)El peronismo actualiza la reforma del año 1918 al articular la universidad a una revolución de obreros industriales dejando atrás las concepciones vanguardistas de los universitarios ya caducas hacía décadas. El punto de partida de tal epopeya política y cultural nacería de priorizar los “fines” de la universidad (la emancipación de un pueblo y la participación juvenil en ese proyecto) y no los “medios” (el gobierno interno de la isla democrática). Los universitarios levantaron los “medios” como bandera tras una desviación del concepto de “autonomía, para enfrentar la revolución y los verdaderos y únicos fines de la juventud que es ver liberado a su pueblo de la violencia social, económica, cultura y política.
(3) Además de la gratuidad al eliminar aranceles, el gobierno desarrollaría una economía de bonanza, único medio para el ingreso concreto de los trabajadores a la universidad.
(4) Decretos 29.337/49 y 4.493/52.
(5) Se inició la Ciudad Universitaria, la obra del Hospital Escuela, la Facultad de farmacia (antes Escuela) y se formularían los proyectos de las universidades nacionales del Sur y la Mesopotamia. Jorge A. Taiana, “La Universidad Peronista”, Primera Plana N° 498 15/VIII/72.
(6) Debemos decir además, que los antecedentes del Mercosur se pueden buscar en el pacto ABC firmado por Perón entre Argentina, Brasil y Chile. Asimismo, a nivel sindical se desarrollaría el ATLAS.
(7) Universidad y Liberación nacional, Ed. Nuevos Tiempos, Mayo de 2007.

martes 18 de diciembre de 2007

La Universidad argentina entre la dictadura de 1976 y la apertura democrática de 1983: ¿una cuenta pendiente?.


LA UNIVERSIDAD Y LA LLEGADA DE LA DEMOCRACIA

Este texto es un apartado del libro “Universidad y Liberación Nacional” de Aritz e Iciar Recalde, Ed. Nuevos tiempos (2007)

1- La paradoja de un gobierno que se dice democrático y obedece la legislación de la dictadura.

Con la llegada de la democracia se intervinieron las universidades, a través del Decreto Nº 154 del año 1983 en su artículo 1°. Esta medida se correspondía con los acuerdos de la Multipartidaria y con los anhelos del Congreso del PJ mencionado anteriormente. Este Decreto fue producto de un arduo debate previo, principalmente por el hecho de que Alfonsín y gran parte del bloque de legisladores de la UCR, intentaron implementar una medida legal que no derogaba la ley de la dictadura, que no fijaba plazo a la intervención tal como aparecía nombrada en el decreto Nº 154, que no reincorporaba a los cesanteados y prescindidos, que no anulaba los concursos universitarios del gobierno militar y, con una centralidad inaudita, que no reestablecía la Ley Taiana.(1) En este Decreto, la UCR, de manera similar a otras violaciones del orden constitucional en nuestro país, desconocía el mandato del último Congreso elegido democráticamente entre 1973 y 1975 y no retomaría la Ley Nº 20.654 de 1974. Esta medida contó con el agravante de que no sólo no se retomaría la Ley, sino que además y hasta junio de 1984 con la sanción de la ley Nº 23.068 de Normalización de Universidades Nacionales en su artículo 3º, debería esperarse a que el gobierno derogara la ley Nº 22.207 de la dictadura. Esta ley, producto de los reclamos de la oposición, fijaría una fecha a la intervención de un año, prorrogable por 180 días.
El papel de sectores de la UCR en el año 1955 fue el de organizar, acompañar y justificar el bombardeo a poblaciones civiles y de alentar la proscripción de las mayorías, a las cuales se les prohibió nombrar la sola palabra “Perón.” Ese fue además, su papel en la universidad: ocupar el lugar de una democracia a través del uso de la fuerza e implementar con Frondizi la educación privada y religiosa. La UCR, junto a la coalición golpista del año 1955, operó como la fuerza de choque de la reacción conservadora contra el ascenso de las masas. Esta acción antipopular más temprano que tarde, fue desnudada y denunciada por los sectores juveniles de su partido, muchos de ellos en tránsito hacia el peronismo. En 1983, Alfonsín jugará un rol similar al jugado por la UCR en el año 1955 dentro de la universidad, pero ahora, con el antecedente de una dictadura más destructiva aún que la de 1955 y con el “gigante invertebrado y el hecho maldito del poder burgués” sin fuerzas para enfrentar la avalancha conservadora. En nombre del “reformismo” y de la “autonomía” y de manera similar al período de la Libertadora, la UCR ocupó las universidades vinculándolas estrechamente con las empresas extranjeras y la continuidad de las cátedras de la dictadura. Con esta actitud se buscó borrar el proyecto del gobierno popular de 1973, tendiente a articular la universidad al desarrollo nacional. Las acciones de la UCR y de la Franja Morada en las universidades y en la administración pública serían culpables en parte, de la crisis cultural y política de la Argentina, que tuvo su punto más trágico en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 tras la gestión del radical de De La Rúa y de la “juventud reformista”.
El gobierno de 1983 no sólo desconoció al Congreso y al orden constitucional al no guiarse por la ley Nº 20.654, sino que además y a través del artículo 2° del Decreto Nº 154/83, le atribuyó a los Rectores Normalizadores facultades de la Ley de la dictadura, Nº 22.207 de 1980 (artículo 48°). Esto mismo legisló en el artículo 5° del Decreto, que establecía que las funciones de los Consejos Provisorios en cada universidad serían los establecidos en los artículos 43° y 51° de la Ley del año1980. Recién con la Ley Nº 23.068 de julio del año 1984, aparecían las funciones de los Rectores y Decanos normalizadores (artículo 5º), mientras tanto, el gobierno se rigió por la legislación de la dictadura. La sombra de la traición alvearista a los valores del Manifiesto Liminar denunciada por FORJA en la década de 1930, se hacía presente nuevamente en la UCR y en nombre de la democracia con la cual se vive, se come y se educa, se sometía a las instituciones de la cultura a la lógica de la corporación de docentes que continuaban de la dictadura. En este sentido, en el artículo 4° del Decreto Nº 154, se estableció para el funcionamiento de las universidades la vigencia de los estatutos en uso hasta julio de 1966. En el caso de las universidades creadas con posterioridad a dicha fecha, se sugería adherir a aquellos que resultaran “más apropiados a sus fines.” La Ley Nº 23.068 de 1984 en su artículo 2º fijaba como fecha definitiva para la vigencia de los Estatutos, julio de 1966. El Ejecutivo Nacional a través de un Decreto, disponía que las universidades tenían que guiarse por la legislación de los gobiernos fraudulentos y militares del período 1955-1966. A los demócratas de nuevo cuño no se les ocurrió que el Congreso Nacional en el año 1954 o en año 1974, había sancionado una Ley universitaria, o sea, que se podría haber mencionado en el Decreto de 1983, la necesidad de implementar los estatutos de los únicos dos momentos de la historia de la patria en donde la democracia, universidades incluidas, funcionó sin proscripciones: entre 1946 y 1955 y entre 1973 y 1976. Esta actitud sería el auspicio de la reacción conservadora que atravesaría el país y las universidades, que paulatinamente, profundizarían su alejamiento de la nación y de los problemas de los sectores populares.

2- La paradoja de un gobierno que se dice democrático y que mantiene los docentes elegidos bajo la dictadura.

Tal como comentamos en el apartado sobre la política universitaria en la dictadura de 1976, las casas de altos estudios llamaron a concurso en el contexto del terrorismo de Estado y bajo las reglas de juego de los funcionarios puestos de manera directa o indirecta por el Ejecutivo de la dictadura. Los Rectores afines al gobierno de Videla, Viola o Galtieri serían el trasfondo político e ideológico del llamado a concursos docentes durante el gobierno militar. Dada la gravedad de la existencia de funcionarios de la dictadura en la universidad, tanto la Multipartidaria como el Congreso del PJ del año 1983, levantaron la consigna de que deberían suprimirse todos los concursos desarrollados durante el período militar. Esta era la universidad del año 1983: una institución sometida a la lógica del terrorismo de Estado bajo la lógica de funcionarios, en su mayoría, afines al régimen anterior. Lamentablemente, a diferencia del gobierno de 1973 que había llamado nuevamente a concursos docentes a todos los cargos de la universidad (artículo 58° de la ley Nº 20.654) el gobierno de Alfonsín se negará y en el marco de fuertes presiones y debates, dejará esta medida en manos de cada universidad. El Artículo 8º del Decreto Nº 154 establecía que:

“El Consejo Superior Provisorio de cada universidad dictará normas especiales, las que deberán ser aprobadas por el Ministerio de Educación y Justicia, a los fines de revisar la aparente validez de los concursos realizados bajo el imperio de la Ley Nº 22.207.”

El gobierno entonces, no llamará a concurso de “todos los cargos”, cuestión que estaba contemplada en la ley Nº 20.654 pero además, dejaría librada la cuestión a los “Consejos Superiores Provisorios de cada universidad.” Cada universidad debería tomar esta decisión sobre unos concursos que carecían de legitimidad y que pese a ello, fueron designados como de “aparente validez.”


La ley de Punto Final para la revisión de concursos.

A través del decreto Nº 154, el gobierno de 1983 no abrió todos los concursos y dejó a gusto de cada universidad la implementación de la medida. Con la ley Nº 23.068, en su artículo 9° se le puso un Punto Final al debate sobre la validez de los mismos y se fijó una fecha para la revisión: “Los concursos sustanciados durante el gobierno de facto podrán ser impugnados a pedido de parte interesada dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley.” Además, tal como aparece en el artículo, la posibilidad de impugnar el concurso quedó sujeta a la “parte interesada.” Estas medidas permitieron obstruir la necesidad de someter a concurso los cargos y además, operaron como una especie de tabique cultural y político, que obstruyó los debates en relación a la prolongación de la lógica de la dictadura dentro de la universidad.

La ley de Punto Final para reincorporar los docentes cesanteados y
perseguidos

La dictadura de 1976 será la etapa superior de la Libertadora del año 1955. El golpe del año 1976 tuvo el mismo objetivo que el de 1955 en lo que respecta al intento de desarticular al pueblo como actor social para postrar el país y ponerlo en manos del capital extranjero. El objetivo será similar, pero el diagnóstico de los sectores dominantes y el contexto mundial variarán y la represión crecerá enormemente. En la universidad, en el año 1976, ocurrirá lo mismo que en el resto del país después de 1955: serán reprimidos todos los actores en oposición al modelo. Pero ahora, a diferencia de 1955 donde la represión transcurrió por “etapas” en las cuales primero se persiguió a peronistas, luego a religiosos e izquierdistas y por último a “reformistas”, en el año 1976, con un modelo similar al perpetrado en 1966, aunque mucho más radical, la violencia se desplegará contra todo el arco de ideologías y expresiones políticas. La violencia en las universidades del año 1976, será mucho más cruenta que la del año 1966. Ante la violencia a que estaban sometidas las instituciones y ante el agravante de la expulsión de docentes por las dictaduras, el gobierno popular del año 1973, había establecido taxativamente la obligación del Estado de establecer la obligatoriedad de reincorporar a los cesanteados. Para eso y como comentamos en el apartado referido a la universidad del período camporista, el artículo 60º de la ley Nº 20.654 establecía que:

“A todos los docentes declarados cesantes por resolución expresa adoptada por la autoridad pertinente, desde septiembre de 1955 al 25 de mayo de 1973, derivada de razones políticas o gremiales, se les reconoce el grado académico que tenían al momento de su cesantía. A los docentes se les computará la antigüedad hasta el momento de la promulgación de esta ley, como si nunca hubieran sido cesantes, a los fines de los "antecedentes" a que se refiere el art. 9º.”

Un gobierno que se considera democrático y republicano no puede desconocer la necesidad de “democratizar” las instituciones. Ahora bien, a diferencia del gobierno peronista y de la Ley Nº 20.654, la UCR negará la reincorporación de todos los cesanteados. Como producto de severas discusiones, el gobierno accederá al reclamo de algunos sectores pero a diferencia de 1973, declarará un Punto Final a la reincorporación luego de transcurrido un año de democracia. Para eso, en el mes de julio de 1984, a través del artículo 10 de la Ley de Normalización de Universidades Nacionales Nº 26.068, se estableció que:

“Dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley, cada universidad asegurará la existencia de un régimen de reincorporación que contemple la situación del personal docente y no docente cesanteado, prescindido u obligado a renunciar por motivos políticos, gremiales o conexos, reconociendo las categorías al momento de las cesantías y computándosele la antigüedad hasta el momento de su reincorporación, que no deberá exceder los noventa (90) días de promulgada la presente ley.”

La gestión radical entonces, no reincorporaba obligatoriamente a “todos” los docentes y no docentes perseguidos o cesanteados, sino que disponía que “cada universidad” asegurara la implementación de la medida. Lo mismo que con la medida de la no apertura de todos los concursos, el gobierno radical aseguraba la “arbitrariedad” como método, ya que entre otras cuestiones, las universidades estarían ocupadas por funcionarios que venían de la dictadura. Ambas medidas, tanto el no llamado a todos los concursos y la no reincorporación obligatoria de los cesanteados, se implementaron en un contexto de profunda crisis política y cultural. La cultura del terror impuesta en la dictadura y la fragmentación de las organizaciones gremiales de la década de 1970, oficiaron como marco del cumplimiento de la arbitraria Ley, ya que entre otras cuestiones, muchos de los actores en cuestión llegaban al país tras el exilio y se encontraban con un ámbito académico inhóspito y sin el respaldo de los gremios fragmentados y perseguidos. El escaso tiempo para implementar las medidas permitió, en muchos casos, pese a la acción de sectores docentes y no docentes, la continuidad de los empleados de la dictadura al mando de la universidad.

Citas:
(1) Entrevista a Ana Lorenzo (2006).

jueves 13 de diciembre de 2007

Cultura nacional, medios de comunicación y soberanía


Aritz Recalde, Mayo 2006.

En la actualidad, la sociedad argentina inicia una etapa de búsqueda y de reconstrucción de los nuevos pilares de la conciencia nacional, aplazada e interrumpida, tras el derramamiento de sangre llevado a cabo durante la intervención de la última dictadura militar. El terrorismo de Estado ofició como instancia previa y necesaria para que en 1983, la apertura democrática se encuentre apresada bajo la tutela del neoliberalismo mundial y sus beneficiarios locales, los grandes grupos económicos. Con el objetivo de implementar el modelo neoliberal, las políticas de la dictadura y luego aquellas implementadas durante la década del ´80 y explosivamente en los ´90, atacaron los principales vasos comunicantes que habían mantenido unido y habían dado identidad por décadas al pueblo argentino(1). Con este objetivo, las políticas neoliberales impulsaron una feroz ofensiva sobre los ámbitos sociales, políticos e institucionales históricos de la comunicación y de la cultura argentina: desmantelaron la escuela pública en todos los niveles; modificaron los programas de la universidad; en una doble acción de represión y cooptación de dirigentes, barrieron las identidades de los partidos; destrozaron los sindicatos y profundizaron la filosofía del divisionismo obrero a través del terror generado por el desempleo; atacaron la esfera pública que paulatinamente fue privatizada, deteriorándose así, los clubes locales, las plazas, los espacios de reunión barrial y los vínculos locales como un lugar de encuentro. En este contexto social y político, los actores sociales fueron perdiendo paulatinamente un rasgo característico de la cultura argentina: las prácticas colectivas.
Los sujetos entonces, se "individualizan" por miedo a la represión, por comodidad, por cooptación o por convicción y centralmente, por el desempleo que los obliga a retrotraerse a la esfera privada del hogar. En lo hogares, los aguarda la TV y la radio que van monopolizando de manera creciente los tiempos individuales de la sociedad en su conjunto. La centralidad de la TV y la radio en nuestro país y en Latinoamérica, con la excepción histórica de Cuba y en la actualidad de Venezuela, no se corresponde con la existencia de políticas nacionales y soberanas de comunicación. Entre los factores de esta ausencia, debemos atender a que la masividad de la radio y de la TV son fenómenos recientes(2). En el caso argentino, la radio surge desde el sector privado a través de la creación de las radios El Mundo, Splendid y Belgrano. La TV, a diferencia de la radio, es creada en 1951 por el Estado. En sus comienzos, con la excepción de la TV, los medios de comunicación se articulan bajo la lógica empresarial norteamericana asentada en la publicidad como medio de reproducción económica(3).
La gestión peronista, entre los años 1946 y 1955, intentó implementar un Programa Nacional de Comunicaciones, complementario de un Programa Nacional y Popular de defensa de la cultura del país. De esta manera, en 1953 se sancionó la Ley 14.241, única Ley de Radiodifusión Argentina dictada por el Congreso (las siguientes serán ideadas por gobiernos militares) y se promovió además, en 1945 la fundación de la agencia TELAM. Tras la caída del gobierno popular en 1955, los programas culturales y de medios de comunicación, comenzarán a inscribirse en el marco de esquemas represivos: el Plan Conintes, la Doctrina de Seguridad Nacional y el neoliberalismo serán las alternativas al modelo nacional y popular del peronismo. Además, tras el golpe de 1955 se introducen gran parte de los rasgos actuales de la economía, la cultura y los medios de comunicación, tales como la extranjerización, la privatización y la concentración. Por ejemplo, después de 1955 llega la TV privada (canal 11, 13 y 9), las universidades privadas y el FMI. El tercer gobierno de Perón intenta revertir el proceso abierto en 1955, nacionalizando los canales 11 y 13 y tras su caída, se derrumba y abandona este intento de nacionalizar la cultura argentina.
La Ley que legisla las comunicaciones en la actualidad es la Nº 22.285 dictada en 1980. Dicha legislación fue diseñada durante la dictadura, sin embargo actualmente sigue vigente(4) y es cabal producto de la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional tal cual se afirma en sus artículos 7 y 72 inc. a). Entre otras cuestiones, el artículo 45 de esta Ley prohibía el acceso a las licencias de radiodifusión a las instituciones sin fines de lucro (cooperativas y ONGs). Asimismo, en su artículo 96 establece que el organismo fiscalizador de la radiodifusión (COMFER) se conforma en su directorio por 6 miembros entre los cuales figuran 3 pertenecientes a las Fuerzas Armadas (5). El gobierno de 1983 y los subsiguientes, lejos de ampliar el debate sobre las comunicaciones o de implementar un esquema legislativo democrático, ahondaron en un camino inverso. En primer lugar, se mantuvo la Ley de la dictadura. En segundo lugar y atentando contra los principios democráticos, se permitió y se fomentó, la creación de grandes multimedios de la comunicación(6). Esta reforma permitió a un mismo dueño poseer radios, periódicos y TV: el imperio de Clarín es un caso paradigmático del proceso de concentración de medios. A su vez, esta Ley ordenó la privatización de canal 13, de canal 11, de Radio Belgrano y de Radio Exelsior. En el año 1991 se impulsó la Ley 24.124 que ratificó el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones Recíprocas con los EUA, cuya consecuencia fue la llegada masiva del capital privado de EUA (Soros, Exxel Group, Cei – Citicorp Holding, HMT&F). Posteriormente, a partir de un Decreto dictado para garantizar la existencia de grandes multimedios, se autorizó la ampliación de licencias a un número de 24 por propietario, que permitiría tener a una misma firma una licencia de TV y radio por cada provincia. En nuestro país(7) se repite entonces, el proceso mundial y latinoamericano de concentración de la información que ocasiona que a nivel mundial, existan solamente 10 grandes Compañías Trasnacionales, principalmente de EUA (Time Warner, General Electric, etc.), 50 grupos regionales con capital de Japón, EUA y Europa (The New York Times, CBS, etc.) y 90 grupos subregionales (Televisa de México, Cisneros de Venezuela, Globo de Brasil o Clarín)(8).
El actual gobierno hereda la inexistencia de una política de comunicación soberana y lamentablemente, y salvo en excepciones de algunos de sus funcionarios, no parece visualizar una propuesta de modificación legislativa. En este contexto, existen logros, pero además, marcados retrasos en términos de los debates sobre una real política de comunicación. No podemos dejar de citar la reforma del artículo 45 de la ley 22.285 de septiembre de 2005, que permite a las instituciones sin fines de lucro adquirir licencias. Otro avance en la democratización del modelo legado por el neoliberalismo, es el proyecto de ley de Bonasso y otros, que deroga el artículo 7 y 72 inc. a) de la ley 22.285 que sujeta el sistema de telecomunicaciones a la Doctrina de Seguridad Nacional y establece una nueva conformación del directorio del COMFER que excluye a las Fuerzas Armadas e introduce la participación del Congreso en la elección de una terna de candidatos para el directorio. Este proyecto de Ley tiene sanción en diputados y falta la aprobación de senadores. Ahora bien, en contraposición al espíritu de estas medidas, se sancionó en el año 2005 el decreto 527 que renueva por 10 años el debate por la renovación de licencias y que le permite a los grupos concentrados mantener sus privilegios.
Ante este panorama es deber del gobierno y de las organizaciones libres del pueblo, reconstruir el Estado y sus instituciones. Además, los partidos políticos y los sindicatos deben ser nuevamente una herramienta de formación y difusión de los programas populares. Paralelamente a esta construcción, es hora de que la sociedad discuta la implementación de una Política Nacional de Comunicaciones. En este sentido, existen antecedentes en Argentina que plantean una alternativa a la legislación vigente, tales como, la Iniciativa Ciudadana por Una Ley de Radiodifusión para la Democracia que establece 21 ejes de intervención para un nuevo esquema. En los países hermanos se están produciendo algunos avances en la implementación de un nuevo modelo, como por ejemplo en Venezuela, donde se dictó la Ley de Responsabilidad Social de medios de comunicación. El debate está planteado y los recursos humanos sobran; resta, creemos, la organización política que implemente las medidas de cambio necesarias para constituir una política de medios nacional y popular.



(1) La dictadura prohibió las reuniones de personas que eran caratuladas como "peligrosas". Los sectores conservadores durante la década del ´90 iniciaron fuertes campañas mediáticas para generar la paranoia de los "secuestros" fomentando el aislacionismo y el encierro de los sujetos en sus hogares.
(2)- La radio estatal surge en el año 1937 de un acuerdo entre El Mundo y el Estado. La primera aporta las instalaciones y el Estado a cambio otorga al privado una licencia para radiodifusión.
(3)- Diferente al modelo de "servicio público" europeo que nace ligado al pago de un Canon. Esta modalidad se modifica en Europa hacia 1980. Uruguay es otra excepción: la radio surge ligada a fines culturales.
(4)- En 1983, durante la apertura democrática, no se retoma la Ley 14.241/53, única Ley de comunicaciones votada por el Congreso. Lo mismo ocurre con la Constitución de 1994: la Constitución de 1949 fue derogada por decreto y esto es inconstitucional. Cabe preguntarse acerca de la legitimidad de ambas medidas.
(5)- Desde 1983 el COMFER está intervenido: el Poder Ejecutivo de la nación nombra al interventor.
(6)- Para cumplir con esas reformas se modifican los artículos 43 inc. c), 45 inc. e) y 46 incs a) y c) de la ley 22.285 a través de la ley de Reforma del Estado Nº 23.696 y la ley de Emergencia Económica 23.697 de 1989. Datos de Vialey P., Castro J. y Tovar C. Medios, Política y poder. La conformación de los multimedios en la Argentina de los 90, Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Mayo 2003.
(7)- En Argentina los grupos de medios de mayor importancia son Clarín (con un 18 % de la norteamericana Goldman Sachs SA) y por ejemplo, dueño de canal 13, canal 14 TN o Radio Mitre. El grupo que le sigue en importancia es la Española ADMIRA de Telefónica Internacional, propietario entre otros medios, de canal 11 y Radio Continental. Debajo de estos están el grupo de EUA Grupo Hicks, Muse, Tate & Furst Incorporated (HMT&F) que producen las revistas Gente o Billiken. El grupo Avila y Vila, etc.
(8)- Mastrini Guillermo y Martín Becerra. 50 Años de concentración de medios en América latina. Del patriarcado artesanal a la valorización en escala. Cátedra de políticas y planificación de la comunicación de la UBA.

miércoles 12 de diciembre de 2007

Medios de Comunicación y Dependencia


Aritz Recalde, abril de 2007

El desarrollo de una Política Nacional de Comunicación en nuestro país es una de las grandes deudas de los diferentes gobiernos de la historia argentina.
A lo largo del tiempo los medios de comunicación e información han funcionado como herramientas de pequeños grupos de poder para imponer sus ideas sobre el conjunto de la comunidad nacional. Es por eso, que el funcionamiento de los medios de comunicación desde su génesis se ligan a los proyectos de la oligarquía terrateniente, clase rentista y exportadora, hostil a los movimientos populares y ajena a los debates y proyectos de desarrollo endógeno, mercado internistas o industriales. Esta clase y dada sus intereses económicos agro exportadores, estuvieron ligados directamente al imperialismo británico. O sea y para resumir, la gran prensa se liga desde su nacimiento a los intereses y la inversión económica de la oligarquía y este actor social que se impone triunfante desde la batalla de Caseros en el año 1852, es un satélite de los intereses extranjeros del imperialismo mundial. La prensa de los Mitre, el diario La nación, derramaría la soberbia de la oligarquía tras la tinta de la intelectualidad liberal, punta de lanza para doblegar culturalmente al país.
Para garantizar el orden político neocolonial, el imperialismo británico y particularmente desde su derrota en las invasiones de 1806 y luego bajo los cañones de Rosas y la Confederación en el fallido bloqueo anglo francés, educaría una intelectualidad en las tierras de sur, caracterizada por ser excéntrica, ajena al sentir nacional y comprometida con la cosmovisión liberal y los intereses de la madre de los mares Inglaterra. Lo que no lograrían los cañones y las corvetas del imperio ante la resistencia patriótica nacional, sería realizado por la intelectualidad europeizada de la oligarquía y sus aparatos de prensa.

En definitiva y lo que nos interesa rescatar, es que la historia de la prensa argentina es la historia de la dependencia económica, política y cultural del país ante el extranjero. No puede existir una análisis de los medios de comunicación sin la asunción de que la Argentina es un país dependiente, un Estado neocolonial y desde aquí, que su prensa escrita, radiofónica o audiovisual, reproduzcan esa dependencia.
Este modelo de prensa escrita ligada al poder económico de una minoría, poseedora de los medios o de los fondos para costear la publicidad, sería reproducido en otras áreas y el nacimiento de la radio durante las décadas del veinte y el treinta correría la misma suerte. La gran prensa argentina a partir de aquí, es que históricamente ha sido un medio de reproducción del modelo cultural neocolonial, pieza clave para garantizar la dependencia del país frente al extranjero y su socio local, la burguesía terrateniente. Sería de tal dimensión la hegemonía cultural de la oligarquía y de Inglaterra, que por décadas el Estado argentino careció de política alguna para reglamentar el espacio de radiodifusión que funcionó sin trabas en manos de los grupos económicos locales y los oligopolios extranjeros, en contra de los intereses de los sectores populares y la producción nacional. Esta pérfida acción de reproducción cultural del extranjero, funcionó a partir de los equívocos en los usos de las nociones de “libertad de prensa” (en realidad, utilizada por los periódicos como “libertad de empresa”) y del concepto de “igualdad de los extranjeros” (que permitió y permite, al capital extranjero y sus oligopolios monopolizar los medios de comunicación). Ambos conceptos fueron sancionados con la institucionalidad liberal de la constitución del año 1853.

Deberíamos esperar al año 1946 y el proceso de ascenso de la conciencia nacional a través del peronismo, para que apareciera por primera vez la idea de planificación de la radiodifusión con fines nacionales desde el Segundo Plan Quinquenal del año 1952, que preveía los objetivos generales a cumplir por el Servicio Nacional de Radiodifusión (1). Dichas nociones del nacionalismo popular serían institucionalizadas en la ley 14.241 del año 1953, primera y última ley de radiodifusión producto del congreso sin proscripciones, las otras serían dictadas por militares y gobiernos proscriptos (incluida la actual ley 22.285 de 1980).

Para comprender los objetivos de la nueva ley deberíamos escuchar al mismo Perón(2). Primero, en el diagnóstico sobre la prensa privada, que sostenía, tenía fines meramente comerciales de pequeños grupos de poder ya que:

(…) Hoy no es un secreto para nadie que muchos consorcios y cadenas de diarios no son sino empresas comerciales, que venden papel escrito como se venden cosméticos o artículos de ferretería. (…)Cuando apareció la publicidad fueron poco a poco envileciendo su primitiva posición para servir a los móviles de sus avisadores y su propaganda. Convertidos así en un vulgar comercio, los diarios degeneraron poco a poco en verdaderos monopolios. P27.

Para revertir este diagnóstico, la ley 14.241/53 en su artículo 2 establecía que el servicio de radiodifusión no es un negocio privado, sino que por el contrario, es de interés público. Asimismo, el artículo 5 planteaba que la organización y el régimen de prestación de los servicios de radiodifusión se basarían en el principio de la subordinación del interés particular, al interés social, cultural, económico y político de la Nación. A partir de aquí, los licenciatarios privados deberían implementar un plan de acción dentro de las finalidades consagradas para la radiodifusión por el Estado nacional (artículo 6, inc. d).

La prensa al moverse por intereses privados empresariales (3) se vinculaba directamente a los designios y ambiciones de los grandes grupos económicos extranjeros, tal cual afirmaba Perón:

(…) Hoy no hay quien no utilice la publicidad para fines propagandísticos con resultados variables. Pero los imperialismos se sustentan en algo más serio que la simple publicidad. A ellos no les es suficiente publicar un aviso para vender su artículo, sino que deben imponerlo a toda costa, y para eso no es suficiente avisar. Por eso los Estados han creado todo un servicio publicitario, disfrazado con diversos nombres o siglas. Op. Cit. Pp 27-28

Perón se refería el monopolio de la información mundial desarrollado por las agencias norteamericanas Associates Press (AP) y United Press International (UPI) y para situarlo en la actualidad, podríamos ver la función de las cadenas de información como la norteamericana CNN o la inglesa BBC(4). Para contrariar la acción de la prensa internacional Perón apoyó la aparición de la Agencia Telenoticiosa Americana (hoy denominada agencia TELAM). Tengamos en cuenta que en la época de nacimiento de la agencia, no existían muchas experiencias desde el tercer mundo de producir su propia noticia y que dicha agencia es muy anterior a la aparición de la cubana Prensa Latina o del actual TELESUR.
Pero además y cuestión central, la ley 14.241 ponía límites al capital extranjero para la adquisición de medios. El artículo 6° establecía que para ser poseedor de un medio de comunicación era requisito ser argentino nativo. Tratándose de personas jurídicas o de sociedades, deberían estar constituidas con arreglo a las leyes del país, debiendo el 70% del capital pertenecer a argentinos nativos y el presidente y los miembros del directorio de la sociedad deberían ser argentinos nativos y el personal superior de la explotación, tanto técnico como administrativo, debería ser argentino nativo o naturalizado, pero todos ellos con domicilio real en el país. Una ley como esta en la actualidad impediría que el capital español o norteamericano siga ejerciendo la tiranía cultural sobre la opinión pública nacional, victima de los intereses comerciales y políticos empresariales extranjeros.

Perón y continuando con este concepto, establecía que el pueblo organizado desde el Estado nacional debería hacerse protagonista en el desarrollo de las políticas de comunicación ya que:

(…) La preparación de la opinión pública de un país soberano es parte de la soberanía que ejerce el Gobierno y no puede cederla al extranjero sin verse incurso en el delito de alta traición. Op. Cit. P 33.

Con este objetivo el Estado nacional en el año 1951 desarrollaría la TV, que a diferencia de la radio y los periódicos, nacen con fondos públicos. Pero además y cuestión central, el artículo 20 de la ley 14.241 establecía la existencia del Servicio Oficial de Radiodifusión que tenía por fines principales:

a) Contribuir a consolidar la unidad espiritual de la nación exaltando las genuinas tradiciones y sentimiento patrios y procurar un mejor conocimiento patrio del país;
b) Jerarquizar los programas radiotelefónicos mediante trasmisiones calificadas y servir de vehículo difusor para la acción del Estado.

Asimismo, el Estado desarrollaba el Servicio Internacional de Radiodifusión, cuyo objetivo principal sería cumplir las tareas específicas de difusión en el exterior de las actividades del país con el fin de difundir un mejor conocimiento de la nación.

Por primera vez en el país la comunicación tenía fines de interés público y no privados. Con este objetivo, el proyecto de ley la 14.241 establecía que el servicio de radiodifusión “es, potencialmente, el medio ideal para mejorar el grado de consolidación política de la Nación y de la cohesión espiritual de sus habitantes. (…)en países de tan dilatada extensión territorial como escasa densidad demográfica, donde la presencia de un agente unificador que actué en forma instantánea y uniforme sobre todos los habitantes, para dar la fisonomía que mejor cuadre a la nacionalidad, puede reportar considerables beneficios. (…) como medio de divulgar en forma rápida y asequible los actos y propósitos gubernamentales de interés general, con los que el pueblo pueda tener una versión directa de la acción de sus gobernantes”. El proyecto planteaba que “mayormente donde se percibe la misión civilizadora que se reconoce a la radiodifusión es en la faz cultural”.

Luego del año 1955 este proyecto quedaría en el camino y la radiodifusión regresaría al dominio de la lógica empresarial del capital trasnacional, cada día con más fuerza, de origen norteamericano. Junto con la decadencia del proyecto político del peronismo y particularmente en las décadas del ochenta y noventa, los estudios de la comunicación y su relación con el fenómeno de la dependencia neocolonial quedarían en el olvido, dejando como saldo la complicidad de muchos intelectuales ante la concentración y formación de oligopolios de la comunicación, la alarmante composición de capital extranjero de la TV o radio y la privatización de la lógica de funcionamiento del servicio de radiodifusión.
Pese al retroceso actual de muchos de los debates en relación a la ley 14.241, no podemos desconocer los avances alcanzados en los últimos años en la formulación de una agenda de temas para formular un Plan nacional de Comunicación: nos referimos a la Iniciativa Ciudadana Por una Ley de Radiodifusión Para la Democracia que define 21 puntos para escribir un nuevo marco normativo. La propuesta aborda temas diversos, que van desde la noción de servicio público, pasando por el derecho de los medios comunitarios a la comunicación, tocando temas como el de la democratización de la entrega de las licencias, el lugar de la cultura local y el arte en relación a la publicidad o el debate sobre la existencia de un defensor del público.
De más esta decir, que tanto Telesur, como Canal Encuentro o parte de la programación de Canal 7, son un ejemplo claro de las inmensas posibilidades y potencialidades que tiene el Estado para poner la tecnología y las comunicaciones al servicio de los pueblos y el bien común.

Más allá de estos proyectos anteriormente mencionados, debería quedar claro a los hijos del suelo del sur americano, que la única solución de fondo a la acción profundamente antinacional y antidemocrática que ejerce la prensa y los medios de comunicación contra el país, tiene que ver con una formulación, divulgación e implementación de una Política Nacional de Comunicación. Esta política y entre otras cuestiones, deberá formular los lineamientos para la construcción de una Cadena de Televisoras Públicas de alcance nacional y Latinoamericana.

En este camino de rencuentro con la soberanía cultural y política argentina y latinoamericana, la ley 14.241 aparece como un importante antecedente.

Citas:
En este link podes leer un trabajo sobre la ley de medios de 1953:
http://www.isepci.org.ar/aritz.pdf

1) Cámara de Diputados de la nación, Proyecto de ley de Servicio de Radiodifusión, 22-10-1953. Todas las citas que se presentan a continuación, tanto del proyecto, como de la ley definitiva pertenecen a este documento
(2)Juan Perón, Política y Estrategia. No ataco, crítico. “La Publicidad” 03-1951. Ed. Pleamar 1983.
(3) En Argentina los grupos de medios de mayor importancia son Clarín (con un 18 % de la norteamericana Goldman Sachs SA) y por ejemplo, dueño de canal 13, canal 14 TN o Radio Mitre. El grupo que le sigue en importancia es la Española ADMIRA de Telefónica Internacional, propietario entre otros medios, de canal 11 y Radio Continental. Debajo de estos están el grupo de EUA Grupo Hicks, Muse, Tate & Furst Incorporated (HMT&F) que producen las revistas Gente o Billiken. El grupo Avila y Vila, etc.
(4)En nuestro país se repite el proceso mundial y latinoamericano de concentración de la información que ocasiona que a nivel mundial, existan solamente 10 grandes Compañías Trasnacionales, principalmente de EUA (Time Warner, General Electric, etc.), 50 grupos regionales con capital de Japón, EUA y Europa (The New York Times, CBS, etc.) y 90 grupos subregionales (Televisa de México, Cisneros de Venezuela, Globo de Brasil o Clarín). Mastrini Guillermo y Martín Becerra. 50 Años de concentración de medios en América latina. Del patriarcado artesanal a la valorización en escala. Cátedra de políticas y planificación de la comunicación de la UBA.

domingo 9 de diciembre de 2007

Universidad y Liberación Nacional





PRÓLOGO al libro "Universidad y Liberación Nacional"
Norberto Galasso

Los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre del 2001 no sólo significaron el repudio del “Que se vayan todos” a una dirigencia en su mayor parte perimida. Resultaron, asimismo, el inicio de la ruptura con un mundo ideológico viejo, cargado de fábulas y mitos, que los poderosos de adentro y de afuera habían instilado sobre los cerebros de la mayoría de los argentinos, en especial, sobre sus clases medias. A partir de ese momento fueron arrojados al desván tanto el liberalismo económico divulgado por los muchachos traviesos del CEMA, como las propuestas del “consenso de Washington” y la supuesta neutralidad del FMI, junto a los libros venerables de la historia mitrista con que habían sido azonzadas varias generaciones y el complejo de autodenigración con que se habían apagado tantos sueños. En ese desbordar de las aguas, quebrando los antemurales dispuestos por la clase dominante, ha ido ocupando mayor espacio el pensamiento nacional vinculado a los mejores años vividos por el pueblo argentino, mientras se verificaba que la catástrofe del último cuarto de siglo quedaba estrechamente ligada a concepciones nefastas que ya no podrían volver: la prédica privatista, “las relaciones carnales”, la incorporación al primer mundo, etc.
Estamos asistiendo, pues, a un renacer del pensamiento nacional, a un reencuentro con aquellos “malditos” que osaron cuestionar las ideas dominantes, los Scalabrini Ortiz, Cooke y tantos más. Este recupero de aquel “pensar en nacional” de la posguerra y del agitado período que fue desde el Cordobazo hasta la muerte del Gral. Perón resulta fundamental en una época en que la sociedad argentina se sumerge en profunda introspección. Las asambleas populares, los piquetes y las fábricas recuperadas –más allá de marchas, contramarchas y hasta frustraciones– son los síntomas de esa búsqueda. Los argentinos de los diversos sectores del campo popular quieren saber por qué están como están, cuáles son las razones fundamentales de la pobreza y la indigencia en un país rico, del endeudamiento externo sin contrapartida de inversiones, de la impotencia de políticos e intelectuales para desentrañar la realidad nacional y ofrecer caminos de superación. Estamos volviendo los ojos sobre nosotros mismos e indagando en el pasado aquellas verdades que nos permitan comprender el presente y arrojarnos audazmente hacia el futuro.
En este cuadro de situación, se advierte que, desde las catacumbas, marginado de la prensa y las academias, discriminado en los medios masivos de comunicación, sin embargo el pensamiento nacional avanzó sobre cuestiones claves que es preciso retomar y profundizar, desde la renta agraria diferencial, descubierta por los hombres de “Frente Obrero” en el 45, y profundizada luego por Jorge E. Spilimbergo y Alberto Methol Ferré hasta la comprensión de América Latina como nación fragmentada que hay que reunificar, según predicó Manuel Ugarte, desde la alienación de nuestra “inteligencia” reducida a copiar y traducir, como enjuiciaron Arturo Jauretche y Juan José Hernández Arregui, hasta el modo de operar del imperialismo que empezamos a aprender con Scalabrini Ortiz y profundizamos luego con Alejandro Olmos.
Pero ese pensamiento nacional en desarrollo se detuvo, sin embargo, ante algunos temas considerados tabúes y entre ellos, el más importante fue la Universidad durante los gobiernos peronistas. Hubo, es cierto, orientaciones generales sobre la cuestión, como cuando Hernández Arregui sostuvo que si bien “no fue perfecta, tuvo grandes fallas, pero fue nacional”. Pero no se fue más allá de definiciones generales. En cambio, desde el antiperonismo aparecieron ácidas críticas, como ésta: “La universidad fue uncida al carro político del peronismo...Durante una década, la labor de las universidades argentinas quedó en las sombras. Fue una época que tuvo su calificativo: la de los ‘profesores flor de ceibo’, aquellos que ocuparon las cátedras de los renunciantes o cesanteados o jubilados de oficio como el prestigioso titular de Fisiología, Bernardo Houssay ...” (Hugo Gambini, “Historia del peronismo”). Hoy, interpretaciones como ésta, ya no entusiasman a nadie, salvo a algún liberal anacrónico que nada ha aprendido en el último medio siglo.
Pero quedaba un tremendo vacío: ¿qué opinaba el campo nacional sobre la Universidad del 50 o la Universidad del 73? Se pudo pensar que tan intensa había sido la campaña de la colonización pedagógica que hasta en el campo nacional muchos prefirieron no incursionar en el tema universitario por temor a recibir el mote de “flor de ceibo” o ser tildados de “fascistas”, curialescos o ultramontanos. Asimismo, alguien pudo suponer que la carencia de ensayos sobre el tema evidenciaba la debilidad del pensamiento nacional para encarar su propia historia en un área tan delicada como los altos estudios. Si así fue, ahora puede afirmarse –con este libro que tengo el gusto de prologar- que el pensamiento nacional ha cumplido esa asignatura pendiente y lo ha hecho con profundidad, rigurosidad y espíritu crítico.
Profundo y riguroso, digo, pero también comprometido, quebrando desde ya la “zoncera” tan divulgada de que si es “comprometido” no es científico, según el criterio de aquellos para los cuales la ciencia está al margen de las luchas sociales y políticas.
Se trata de un ensayo escrito a la luz de una información minuciosa y abrumadora, que no solo aborda lo específico de la Universidad sino también el contexto social donde ella funciona, pero cuya seriedad no exime la pasión. Los autores no son observadores de laboratorio, que pinchan conejos y toman distancia para medir la reacción, sino que forman parte de lo mismo que están analizando, que se hallan profundamente involucrados, “desde adentro”, siguiendo el consejo de Gramsci: “comprender, pero sentir”. Es decir, analizar, pero sin negar que ese análisis integra también la lucha por la liberación.
Por lo que conozco, es el primer trabajo de esta índole desde el campo nacional, insoslayable para quienes se interesen en el tema o hagan política universitaria.
La obra define los distintos modelos de universidad, desde aquella de las elites, con la Facultad de Derecho convertida en incubadora de diputados y senadores, hasta la reformista de la época radical, pasando luego a la del 46 tan infamada, después a la del liberalismo oligárquico y luego nuevamente a la peronista de los años setenta.
Desde el campo nacional, los hermanos Recalde tiran sobre la mesa sus datos, desde los estadísticos hasta los que resultan de testimonios y muestran sus conclusiones, sin ambigüedades ni concesiones a tantos prejuicios que circulan profusamente en los ámbitos estudiantiles respecto a esta cuestión. Seguramente, habrá muchos que se escandalizarán pues la obra rompe esquemas consagrados, desnuda “zonceras”, arrasa con mitos cuidadosamente instalados por la clase dominante sobre los sectores medios, desarrolla tesis que no son comunes en la discusión entre los estudiantes.
La obra es sólida, precisa, contundente... y polémica. Pero, ¿qué mejor oportunidad para polemizar, especialmente para aquellos que durante largos períodos han tenido el monopolio de la verdad? ¡Que ocasión interesante para que bajen al ruedo los académicos, tan poco proclives al diálogo, acostumbrados al viejo monólogo de las clases magistrales!
Esperamos esa polémica, ardua y profunda aunque conocemos que desde el sector privilegiado se polemiza generalmente silenciando las obras que disgustan. Confiemos, sin embargo, en que la discusión se produzca. Inclusive hasta desde el campo nacional habrá quienes no compartirán todas las conclusiones de estos ensayistas. Quien escribe hasta líneas, por ejemplo, coincide más con la opinión crítica de Alcira Argumento sobre la Universidad del 46/55 -que los autores reproducen- que con la interpretación que ellos mismos hacen de ese período que, por momentos, parece eximir al peronismo de responsabilidad en el desencuentro entre el Gobierno y los estudiantes y profesores. Recuerdo, al efecto, el alerta de Jauretche a Perón acerca de este problema, en una carta no demasiado conocida (del 4/7/44) donde le sugiere corregir la táctica desarrollada respecto al estudiantado y la clase media en general. Pero también es cierto que sobre este desencuentro es difícil encontrar responsables: la clase dominante impone sus ideas al resto de la sociedad y especialmente a la clase media cuyos cuadros políticos e intelectuales, en su mayor parte, se le someten y de ahí las dificultades cuando un gobierno popular intenta incorporar a esos sectores, cuya actitud es tozudamente opositora. (Bastaría con preguntarle al comandante Hugo Chávez acerca de esta carencia de cuadros políticos e intelectuales, originada en causas semejantes a aquellas del 46). Recuerdo siempre que en una oportunidad, al concluir una conferencia sobre la necesidad de reemplazar la Historia Oficial por una historia revisada, en colegios primarios y secundarios, se me acercó una maestra y me dijo: -¿usted podría hacerlo, si mañana lo nombrasen Ministro de Educación? -Lo intentaría, le contesté, aunque sabía que el gran problema está dado por los planteles docentes, “los educadores que también han sido educados” como señala Hernández Arregui, aunque mucha agua ha corrido bajo los puentes y hoy existe una búsqueda también entre maestros y profesores que se observa en la nutrida concurrencia a los ciclos de debates sobre Historia Argentina.
Pero estos son, por un lado, matices, que provienen de las diversas experiencias vividas por cada uno de nosotros, aún dentro mismo del campo nacional o de los obstáculos que el viejo régimen opone a los cambios revolucionarios y en manera alguna debilitan el valor singular de esta obra.
Su enorme importancia reside en que aborda el problema universitario, con una óptica nacional, nutrida en Jauretche, Cooke y otros, punto de partida para una posible vinculación orgánica entre estudiantes y trabajadores, que faltó en el primer peronismo, que tendió a darse en los setenta, aunque también con grandes dificultades.
Por otra parte, el estudio de los hermanos Recalde con respecto a la universidad del período 46-55 revela aspectos poco conocidos o premeditadamente olvidados por los formadores de opinión. Es rico en información y sugerencias. Asimismo, resulta valioso cuando analiza críticamente a la Universidad pretendidamente científica de los sesenta, desnudando el mito de la Universidad neutra y asentando el principio fundamental de que no puede difundir verdad una Universidad inmersa en un país sometido. Dejan ellos en claro que es falso el planteo de “la isla democrática” donde se preservarían los valores que no existen en el resto de la patria vasalla, así como también insisten en la necesidad de llegar a la verdad con una confrontación implacable con el discurso de la clase dominante, que reasegura ese vasallaje.
También enriquecen el trabajo varias reflexiones tomadas de John William Cooke, que, a mi juicio, no merecieron, hasta ahora, la debida atención por parte de las agrupaciones universitarias peronistas. Muy interesante resulta, además, el estudio de las Cátedras Nacionales –donde recupera para la memoria la importancia de Justino O’Farrell y Gonzalo Cárdenas- como así la indagación sobre la revista “Antropología del Tercer Mundo” y la revista “Envido”, así como la lucha entablada para que se enseñara marxismo y se analizase el peronismo en los claustros. En todos estos casos se trata de caminos poco transitados por los ensayos publicados sobre esa época y su recupero resulta valiosísimo para comprender en profundidad lo que fue la JUP y en especial, las organizaciones armadas del campo nacional. En este aspecto, destaco la riqueza de los testimonios que reproducen, en especial los de Alcira Argumedo, Horacio González y Mario Kestelboim. Alcira señala certeramente, cómo en esa época “se empezaron a legitimar esas ideas provenientes del campo popular que eran vistas como en los suburbios del pensamiento: Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz y Perón”.
El ensayo aporta tanto información como interpretaciones sobre cuestiones claves de ese momento histórico singular como la discusión sobre el foquismo, la relación entre marxismo y peronismo, así como también la influencia ejercida desde el campo de los trabajadores por la CGT de los Argentinos. Sobre estos temas brindan materiales no demasiado conocidos que permite recrear la atmósfera de las polémicas y entender el fenómeno tan particular de esa juventud que pasó al campo nacional de manera tumultuosa, dispuesta a asaltar al cielo.
Finalmente, cabe destacar la recreación de los marcos históricos en que se desarrollan los diversos modelos de Universidad. En esa contraposición, y para aquellos que sólo ven los defectos en la épocas de avance popular, resulta oportuno recordarles no sólo que profesores y estudiantes universitarios embistieron contra Yrigoyen en 1930 y contra Perón en 1945, sino otros pecados no tan divulgados, como cuando el Consejo Superior Universitario se expidió favorablemente sobre el Tratado Roca Runciman, en plena Década Infame o cuando –y esto va por mi cuenta- la FUBA se ofreció en el 56 para manejar ‘democráticamente’ los tranvías ante la huelga de la U.T.A. Quizás algunos nos puedan tildar de tendenciosos por estas opiniones. En ese caso, estimo que no hay que preocuparse sino por el contrario, asumirse como tal. No hay historia sin política. Sólo que nosotros nos reconocemos integrando uno de los bandos en lucha, mientras que ellos pretenden que son neutros y pasan la mercadería de contrabando. O en otras palabras, la vieja enseñanza de Claude Lanzmann: “Cuando alguien dice que izquierdas y derechas no existen, es porque es de derecha”.
Saludemos, pues, la aparición de e