jueves, 30 de agosto de 2018

Aritz Recalde: “El desastre del plan económico de CAMBIEMOS es una gran estafa al pueblo argentino”.


En una entrevista con Posición Adelantada, Aritz Recalde, Sociólogo, Doctor en Comunicación y docente de la Universidad de Lanús, reflexiona sobre los factores que incidieron en el ascenso de la alianza CAMBIEMOS al gobierno, las severas consecuencias del modelo económico imperante, los desafíos de la oposición y el escenario político nacional y regional hacia el año 2019.

– Luego de aquel “que se vayan todos”, los sucesos del 19 y 20 de diciembre del  2001 y el corolario caracterizado por las serias consecuencias económicas y sociales para nuestro país, el contexto permitía pensar que un retorno a las políticas neoliberales era, al menos, impensado. ¿Cuál es su análisis sobre ello?
En el año 2015 CAMBIEMOS triunfó en las elecciones presidenciales y en varias provincias que eran controladas hasta ese momento por el peronismo, como fue el caso de Jujuy, Mendoza o Buenos Aires. Si bien en cada distrito o provincia existen particularidades políticas y sociales, se pueden trazar algunos rasgos generales para comprender los resultados.
Por un lado, la situación económica mundial, regional y nacional no era buena en 2015. La caída de los precios de exportación del país, la recesión de Brasil (principal aliado comercial) y el menor crecimiento de China (segundo aliado comercial) indujeron un bajo crecimiento. En el año 2013 se había producido una alta devaluación seguida de inflación, que si bien tendió a estabilizarse hacia el 2015, generó cierto malestar en un sector importante de la población. Este inconveniente fue amplificado por la estructura oligopólica y extranjerizante de los medios de comunicación y por las redes.
El segundo elemento a tener en cuenta en la elección es la pobreza estructural no resuelta. Néstor Kirchner encontró un país quebrado, con la mitad de la población pobre (54%) y con un tercio de los trabajadores desocupados (27%). La recuperación económica y el proceso de sustitución de importaciones generaron casi 5 millones de puestos de trabajo. Pese a eso, sigue sin resolverse la situación de subempleo y marginalidad de millones de compatriotas. En ese marco, el gobierno kirchnerista universalizó la cobertura social con fondos públicos (Asignación Universal, Plan Progresar y masificación de jubilaciones). La decisión fue fundamental y sumamente trascendente en términos históricos. Debido a las dificultades macroeconómicas y políticas los programas sociales dejaron de ser un “piso” de dignidad a mejorar y a superar, para convertirse en un “techo”. En la elección de 2015 el oficialismo no ofreció a los sectores populares un proyecto superador y una esperanza real de mejora de vida. Algunos funcionarios del oficialismo hablaban en campaña de un país idílico, más propio del nivel de consumo de la clase media, que el de las barriadas populares. Éstos últimos legítimamente querían mejorar su vida, conseguir seguridad, una mejor educación, salud o infraestructura para su barrio. El error del votante humilde a Macri no fue su legítimo deseo de querer mejorar, sino suponer que CAMBIEMOS podía garantizarlo.
El tercer elemento es el armado político. CAMBIEMOS es un frente político electoral y un poderoso entramado de poder económico trasnacional. Se subestimó a Mauricio Macri y no se le dio la entidad real que representa: es el principal operador en la región de los intereses de la Embajada norteamericana, del capital financiero y de los CEOS de EUA e Inglaterra. Macri tuvo la virtud de convertirse en el conductor de la oposición al FPV y utilizó en beneficio propio el poder mediático, judicial y económico de los sectores concentrados locales e internacionales.
Por el contrario, desde el año 2011 el FPV se dividió y no consolidó una estrategia de poder coherente para garantizar la sucesión de Cristina Fernández. La muerte de Néstor Kirchner le quitó al espacio un hábil armador político y electoral. En 2013 se intentó crear el “Cristinismo”, que se constituyó con la función de conducir al armado “justicialista” de gobernadores e intendentes y a los aliados iniciales del “kirchnerismo”. El eje del nuevo armado cristinista fueron Unidos y Organizados y las agrupaciones de la juventud de clase media. Los resultados electorales de la nueva estructura política no fueron buenos y se perdieron las elecciones 2013, 2015 y 2017.  En 2015 las divisiones políticas de la provincia de Buenos Aires y la inexistencia de un justicialismo unificado y con agenda propia, facilitaron el ascenso de Vidal y esos votos llevaron a Macri a la presidencia.
El cuarto elemento es cultural. De manera similar al planteo de Perón de La Comunidad Organizada, en la Argentina existe una crisis cultural profunda caracterizada por el individualismo y la falta de sentido de las responsabilidades sociales y públicas de millones de personas. El neoliberalismo es una ideología predominante en un sector importante de la sociedad. Esta ideología se imparte y se reproduce en las instituciones educativas y en los medios de comunicación, construyendo una perspectiva de vida hedonista, consumista e individualista. Muchos argentinos exigen derechos, pero no están dispuestos a reconocer obligaciones para con su comunidad. Este necesario cambio de valores demandará mucho tiempo y eso no se consiguió en una década de gobierno kirchnerista.
De las cuatro variables la que mejor explica la derrota del FPV en 2015 es la incapacidad política de organizar la sucesión presidencial. Lo ocurrido en Argentina no es frecuente en la región y los gobiernos populares que tuvieron la voluntad de triunfar y una conducción decidida a consumar su sucesión, ganaron la elección presidencial como es el caso de Alianza País de Ecuador, el PSUV de Venezuela, el PT de Brasil o el Frente Amplio de Uruguay.  Luego, en cada proceso, se abrieron disputas entre líderes y sectores, pero es innegable que existió una mayor voluntad política en ganar las presidenciales y lograr la sucesión. En 2015 Scioli llegó debilitado a la elección por la acción de sectores del mismo oficialismo.

-En uno de sus artículos planteó que este gobierno es de “descarte social”, ¿cómo se manifiesta?
El “descarte social” es una definición del Papa Francisco y expresa los alcances concretos de la política y de la ideología neoliberal mundial que destruyen la economía real, que le quitan el derecho a trabajar al ser humano y que impiden la vida digna a una parte importante de las familias de los países en desarrollo.
En nuestro país los números hablan por si solos y según un estudio reciente de la UCA el 39, 7% de los menores de 14 años son pobres. Crecen las villas miseria y aumenta la violencia sobre una parte importante de los argentinos “caídos” del país de los CEOS. En nombre de la “racionalidad económica”, se construyen políticas de Estado irracionales que condenan a generaciones enteras al hambre y a la exclusión.
Este modelo descarta al ser humano para garantizar la perversa acumulación de riqueza en pocas manos. En un informe reciente de la UNDAV se destaca que se pagaron $ 5.550 por segundo en concepto de intereses de las LEBACS, solamente en los dos primeros años de CAMBIEMOS. El informe calcula que con esos recursos se podrían haber construido 9.513 escuelas. El esfuerzo y el dolor de los argentinos sirven, solamente, para acrecentar ganancias de los especuladores financieros y de los CEOS extranjeros. El programa de CAMBIEMOS destruye la producción, concentra ganancias, extranjeriza nuestros patrimonio y aumenta inmoralmente la desigualdad social.

– El avasallamiento a los derechos civiles y sociales ha sido desde los primeros días de gobierno de Mauricio Macri una constante ¿Considera que tiene algún tipo de límites? ¿Cuáles podrían ser?
Para poner un límite al neoliberalismo el país requiere de un proyecto de desarrollo nacional. Para poder implementarlo hace falta poder nacional. Se deben fortalecer las organizaciones libres del pueblo que son la base del poder nacional.
Las organizaciones de la producción, el trabajo y la cultura son las estructuras fundamentales del poder nacional. El día que en la Argentina no existan los sindicatos, van a desaparecer gran parte de los derechos civiles y laborales. También será destruida la industria nacional como ocurrió desde 1976: los sindicatos eran la garantía política del modelo de desarrollo industrial. Algunos empresarios no lo comprendieron así y luego de conseguir la clausura del sindicato, el modelo económico de Martínez de Hoz no tuvo oposición y destruyó la economía y la actividad de la PYME local fue remplazada por la de los grupos extranjeros.
Si se debilitan las sociedades de fomento, los clubes, las capillas o los centros culturales, la comunidad no tendrá identidad y el país quedará a merced de los aparatos culturales de la oligarquía trasnacional, que controla los principales contendidos de internet y de la televisión.

El segundo paso es el de construir una herramienta electoral y una estrategia de campaña. En ese marco, si no se rehace el peronismo bonaerense (la provincia alberga casi el 40% de los votos del país) CAMBIEMOS tiene grandes chances de ganar las elecciones presidenciales del 2019. Debería reforzarse el concepto de justicialismo como federación de agrupaciones sindicales, sociales y culturales de base. De esta manera, el partido recuperaría vitalidad y adquiriría una representatividad que está perdiendo hace tiempo.
A nivel nacional sería deseable una oposición unificada por consenso o por intermedio de unas PASO amplias. En mi óptica, el peronismo y el Partido Justicialista podrían ser el centro del armado y luego deberían sumarse a todas las fuerzas en una gran interna. La militancia tiene la obligación de reclamarle este gesto a sus dirigentes. Luego de consumada la elección, el que gana conduce y el que pierde acompaña desde un lugar útil dentro del frente. Para alcanzar esta última condición, hay que consumar una fórmula electoral de distribución de cargos que le de participación a los distintos sectores de las PASO.
– La “pobreza cero”, “La luz al final del tunel” anunciados durante la campaña presidencial del 2015 o “el crecimiento del segundo semestre” nunca llegaron y tal vez no lleguen. Las falacias parecen ser una constante en el relato CAMBIEMOS ¿Cómo lo describiría usted?
Este modelo económico ya se aplicó, con altibajos y matices, desde 1976 al 2001. Terminó en la peor crisis de la historia de la Argentina.  La experiencia de CAMBIEMOS no será la excepción.
Ningún país puede desarrollarse en base a la inversión extranjera, sino que debe antes organizar antes el destino de su ahorro e invertirlo en un Proyecto Nacional. El país no va a tener industria si la actividad más rentable es la especulación financiera, como es el caso de las LEBAC y demás instrumentos de especulación actuales. Es inviable la Argentina si no regula la entrada y salida de divisas y de capitales especulativos y si no se organiza un programa de protección industrial de áreas estratégicas.
Argentina requiere un proyecto político, institucional y productivo regional que fortalezca la unidad de Iberoamérica, como paso necesario y previo para ingresar a un mundo en plena guerra comercial. La destrucción del MERCOSUR y de la UNASUR que impulsa Macri es una decisión contraria al vital interés del empresariado nacional y de los trabajadores argentinos y solamente se explica por el mandato de los EUA.
El desastre del plan económico de CAMBIEMOS (recesión, inflación, fuga de capitales y endeudamiento) podría ser conceptuado de “negligencia” o “errores” de algún funcionario, pero en realidad es una gran estafa al pueblo argentino. En nombre de la “libertad de mercado”, están organizando el vaciamiento nacional y una transferencia gigantesca de recursos a los CEOS. La industria argentina desaparecerá o será adquirida por grupos internacionales. El trabajador perderá aun más derechos.

-Teniendo en cuenta el poder político de los medios concentrados, las operaciones de algunos periodistas afines al gobierno de turno y la censura imperante ¿Es este un desafío para las bases políticas opositoras de repensar otras estrategias de comunicación que contribuyan a una deconstrucción de ese escenario?
La comunicación de CAMBIEMOS se apoya en el inmenso poder del sistema de medios de comunicación  oligopólico y extranjerizante de la Argentina. Macri sancionó el DNU 267/15 y profundizó este rasgo y le dio más poder a un grupo reducido de actores (principalmente Clarín), que ponen en jaque a la democracia. Hoy pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de los periodistas y grupos económicos que ponen a sus representantes y a sus autoridades.
La decisión del gobierno de salir de TELESUR y destruir TELAM forman parte de la estrategia: en su lugar veremos la norteamericana CNN y el Estado importará las noticias de las agencias de las potencias occidentales. Los contenidos de los buscadores de internet y de las redes sociales son direccionados por las corporaciones, principalmente norteamericanas. Están desapareciendo las libertades individuales y un grupo reducido de firmas y factores del poder reúnen toda la información de las personas (ubicación, gustos, orientaciones sexuales, partidarias, etc.-) y la están utilizando comercial y políticamente.
Ese inmenso poder mediático hoy es potenciado por el aparato judicial y por los servicios de inteligencia que construyen el temario y la agenda de la TV, diarios, portales y radios. Con la información reunida montan causas que son publicitadas masivamente y extorsionan a políticos y a sindicalistas.
En este escenario, CAMBIEMOS seguirá teniendo mayor poder de comunicación en TV, portales y radios. La oposición deberá maximizar la tarea de la organización popular para marcar agenda y comunicar su mensaje de cara al 2019. El intento de la oposición de copiar el modelo de comunicación de CAMBIEMOS no le dio resultados a Scioli en 2015 y tampoco a Cristina en 2017.  Posiblemente, antes de comunicar, hay que tener un frente político opositor sólido y saber qué se quiere hacer con el país para enviar un mensaje claro al electorado.
En el mediano y largo plazo, la Argentina e Iberoamérica tienen un serio problema por la forma actual que adquiere la distribución de información en la prensa e internet. Se deben regular los medios de comunicación con la finalidad de garantizar la libertad de expresión, la pluralidad de voces y la identidad nacional. El actual sistema de medios debilita la democracia de partidos. Además, oficia como un ordenador del consumo y el comercio e impide la planificación económica y el desarrollo de la producción nacional.

 – ¿Cuál es la perspectiva sobre la coyuntura política, económica y social que vislumbra para el 2019, en nuestro país principalmente y a nivel regional?
El 2019 nos encontrará unidos o dominados. La oposición debe ser consciente de esa histórica responsabilidad que encarna.
En la región se consolidaron programas nacionales y populares como es Bolivia o el Uruguay del Frente Amplio. Otras experiencias están en crisis, como ocurre con el sandinismo en Nicaragua y el chavismo en Venezuela. En ambos casos, no se puede aventurar una pronta resolución. El ascenso en México de un gobierno de orientación popular es una buena noticia, pero hay que ver qué ocurre cuando tome el mando del Estado y ver los márgenes de acción que tiene MORENA de López Obrador.
Para la Argentina y Sudamérica en general, el gran interrogante es la elección presidencial en Brasil.  La destrucción del PT es parte de un programa de recomposición del poder norteamericano. El Brasil de Lula estaba consolidándose como potencia sudamericana y apostaba a conformar los BRICS reformulando la geopolítica regional. El frente opositor al PT y al empresariado industrial nacional de ese país tiene poder mediático, judicial y financiero. El golpe institucional contra la ex presidenta Rousseff careció de legitimidad y es de dudosa legalidad. La detención de Lula denota la falta de imparcialidad y el alarmante partidismo judicial que construye causas por mandato de las potencias extranjeras y de la oligarquía brasileña. La estrategia de “lucha contra la corrupción” inaugurada en la causa de Odebrecht, no terminará con la corrupción en el país, sino que culminará con el proyecto de Brasil potencia industrial. Las empresas del país serán adquiridas por CEOS extranjeros y Sudamérica permanecerá definitivamente bajo la egida norteamericana.


Por Andrea Rivas

jueves, 23 de agosto de 2018

¿Políticas de Estado o de gobierno en las universidades?


Aritz Recalde - agosto 2018

Uno de los grandes inconvenientes que atraviesa el país es la incapacidad de la dirigencia partidaria de continuar las acciones de sus predecesores y de consolidar Políticas de Estado en el mediano y en el largo plazo. Resultado de eso, Argentina atraviesa permanentes ciclos institucionales de construcción y de destrucción, de avance y de retroceso de programas y de acciones de gobierno realizadas con el esfuerzo y con los recursos de todos los argentinos.
El problema surge por el hecho de que el país arrastra una disputa de proyectos de desarrollo enfrentados y que hay divergencias de intereses locales e internacionales y entre grupos internos de poder de clase o de facción. Asimismo, buena parte de la dirigencia partidaria carece de visión estratégica, de vocación nacionalista y de patriotismo y se comporta como una clase que hace de la función pública un negocio. Los cargos de legislador o ejecutivos se utilizan al modo de franquicia y se venden al poder de turno y los partidos se comportan ambivalentemente y carecen de doctrina y de programa. Los mismos dirigentes que ayer fueron nacionalistas o desarrollistas, hoy son neoliberales y sin presentar demasiadas contradicciones estatizan y al poco tiempo privatizan las mismas empresas públicas, hacen leyes y regulaciones y luego las derogan justificando posiciones contrarias.
La política educativa padece el mismo mal argentino y CAMBIEMOS está desandando las medidas del gobierno anterior en nombre de la “pesada herencia”. La crisis universitaria que están generando fue exteriorizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que le manifestó oficialmente al Jefe de Gabinete de La Nación la necesidad de resolver la paritaria salarial y de retomar los planes de infraestructura vigentes y proyectados. En paralelo, los sindicatos docentes y nodocentes efectuaron paros, movilizaciones y se están implementando diversas protestas de las comunidades académicas como fueron los abrazos a las universidad Arturo Jauretche, La Plata o Quilmes, entre otras. 
Para justificar los desafortunados ajustes y la falta de programación científica y académica CAMBIEMOS distribuye los eslogan acerca de que hay una “pesada herencia”, que existen “muchas universidades” o de que los “pobres no estudian”.

LAS POLÍTICAS DE ESTADO UNIVERSITARIAS
La noción de “pesada herencia” debería ser erradicada definitivamente del lenguaje político ya que no explica nada. La política científica, de investigación o docente de una universidad se construye en décadas y no en años y su efectiva consolidación no depende de ningún gobierno particular, sino de varios. Las acciones de ciencia y de tecnología son por definición siempre de mediano y de largo plazo y lo lógico sería que la actual gestión consolide lo iniciado y que mejore o corrija lo que considera perfectible. Lo que no debería hacer es destruir y caracterizar fácilmente un complejo proceso de inversión educativa, que por definición, demandará mucho tiempo y recursos.
El planteo de CAMBIEMOS es anticientífico y para poder evaluar efectivamente una universidad primero hay que consolidarla. Ese tipo de razonamiento es desafortunado y permitió que en el año 1955 se cierre la Universidad Obrera Nacional meramente por considerarla “peronista” (luego fue reinaugurada como UTN). Tal sistema mental es peligroso y por ejemplo, ¿en nombre de la “pesada herencia militar” el gobierno democrático de 1973 debió haber cerrado las universidades de Rosario o de Jujuy del Plan Taquini?; ¿en el año 2003 Néstor Kirchner tenía que clausurar las instituciones nacionales de Tres de Febrero, Matanza o Quilmes por haber sido inauguradas en el ciclo neoliberal de Menem?. Por suerte para la ciencia y para el conjunto de los argentinos, a nadie se le ocurrió cometer semejante desatino.

¿HAY MUCHAS UNIVERSIDADES?

Periodos de mayor apertura de universidades públicas en la historia Argentina
Periodo
Apertura de universidades
1968 a 1973 / Plan Taquini
14
1989 a 2003 / Menem a Duhalde
13
2003 a 2015 / kirchnerismo (Ver Anexo)
19

La mención a que se crearon muchas universidades carece de seriedad por diversas cuestiones. Por un lado, el país podría tender a crear universidades federales más pequeñas que la UBA o la UNLP y descentralizar esas unidades académicas como propuso Alberto Taquini en los años sesenta. Esta decisión supondría la proliferación de diversas instituciones en las provincias y no su clausura como postula CAMBIEMOS.
Por otro lado, en un mundo en plena guerra comercial la economía Argentina tiene el gran desafío de aumentar la inversión científica para elevar las cadenas de valor y ser competitiva. Si nuestro objetivo es parecernos a las potencias capitalistas como postula CAMBIEMOS, deberíamos imitar su decisión de destinar una mayor inversión científica y tecnológica.
Lamentablemente y a contramano de lo ocurrido en la década anterior, están reduciendo las partidas presupuestarias del CONICET y de otros entes estatales vinculados a la actividad.

¿Pesada herencia del CONICET?
Año
2003
2013
Investigadores
3.804
7.194
Técnicos
2.378
2.312
Becarios
2.221
8.553

El planteo de que se crearon muchas universidad atrasa décadas y es más una muletilla publicitaria que un diagnostico o una propuesta real para el sistema de educación superior. La decisión actual de desandar lo actuado en el MINCYT, el INTA, el INTI o la CONEA y las demás instituciones científicas, genera un serio perjuicio al desarrollo nacional y profundiza nuestra condición de economía subdesarrollada y dependiente.

¿LOS POBRES NO ESTUDIAN?
CAMBIEMOS redujo año tras año la cantidad de becas universitarias y sub-ejecutó los programas sociales. Los aumentos del transporte y de los insumos universitarios (libros, fotocopias y tecnología) tampoco están ayudando a los estudiantes a culminar su formación.  
Algunos funcionarios justifican la decisión de recortar los fondos en nombre de la “equidad”. La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires declaró que los humildes no estudian en la universidad y que sería necesario por eso reorientar la inversión a los ciclos primarios y al secundario.

Desde el año 1949 la universidad argentina es gratuita. Durante las décadas del setenta y noventa se inauguraron instituciones en distritos de escasa tradición académica y de bajos recursos y eso permitió incluir en las aulas a nuevos actores sociales. Esta última tendencia fue profundizada desde el año 2003, periodo en que además aumentaron exponencialmente las becas.


Becados por año y programa

2002
2006
2010
2013
PNBU - Cantidad de becados
2453

6259
15.021
16.669
Becas Bicentenario - Cantidad de becados

--

--
34.370
28.644
                         
A diferencia del planteo de María Eugenia Vidal, los datos muestran que muchos jóvenes de primera generación universitaria están ingresando a las aulas. Asimismo, las nuevas instituciones tienen importantes tasas de crecimiento y eso se ve favorecido por estar radicadas muchas de ellas en localidades de alta densidad poblacional.  
Lo que sí es real es que sigue existiendo una alta deserción y que hay alumnos con diferentes niveles de educación previa. En estos casos, en lugar de desfinanciar el sistema de educación superior y de buscar culpables, no ¿deberían implementarse medidas de apoyo y de fortalecimiento académico y social a estos estudiantes y sus familias?.

CAMBIEMOS y el conjunto de las fuerzas partidarias deberían convencerse de que la Argentina requiere políticas de Estado de educación, ciencia y tecnología.


ANEXO - CREACIÓN DE UNIVERSIDADES 2002 - 2015
Años 2002/3
Universidad Nacional de Chilecito, Ley Nº 25.813/03 (decreto del 2002).
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Ley Nº 25.824/3 (decreto del 2002).

Años 2003 - 2015
Universidad Nacional del Chaco Austral, Ley 26.335/07.
Universidad Nacional de Río Negro, Ley 26.330/07.
Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ley Nº 26.576/09.
Universidad Nacional de Avellaneda, Ley Nº 26.543/09.
Universidad Nacional de José Clemente Paz, Ley Nº 26.577/09.
Universidad Nacional de Moreno, Ley Nº 26.575/09.
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Ley Nº 26.559/09.
Universidad Nacional de Villa Mercedes, Ley Nº 26.542/2009.
Universidad Nacional del Oeste, Ley Nº 26.544/09.
Universidad Nacional de Hurlingham, Ley 27.016/14.
Universidad Nacional de las Artes, Ley 26.997/14.
Universidad Nacional de los Comechingones, Ley. 26.998/14.
Universidad Nacional de Rafaela, Ley. 27.062/14.
Universidad de la Defensa Nacional, Ley 27.015/14.
Universidad Nacional Alto Uruguay, Ley 27.074/14.
Universidad Nacional de San Antonio de Areco, Ley 27.213/15.
Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, Ley 27.212/15.
Universidad Nacional Guillermo Brown, Ley 27193/15
Universidad Pedagógica Nacional, Ley 27194/15

Creación de institutos universitarios 2002 - 2015
Instituto Universitario de Seguridad Marítima, Ley 26286/07
Instituto Universitario de Gendarmería Nacional, Ley 26.286/07
Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, Ley N° 26.995/14

Instituciones provinciales 2002 - 2015
Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires (2014)
Universidad Provincial del Sudoeste (2014)
Universidad Provincial de Córdoba (2015)
Universidad Provincial de Ezeiza (2015)
Instituto Universitario Patagónico de las Artes (2015)


lunes, 13 de agosto de 2018

El concepto de Comunidad Organizada en Juan Domingo Perón


Aritz Recalde, agosto 2018  
 “La comunidad organizada debe conformarse a través de una conducción centralizada en el nivel superior del gobierno, donde nadie discute otro derecho que el de sacrificarse por el pueblo; una ejecución descentralizada y un pueblo libremente organizado en la forma que resulte más conveniente a los fines perseguidos”.
Juan D. Perón, 1974

El concepto de Comunidad Organizada fue desarrollado por Juan Perón en el año 1949. Asimismo, la noción aparece mencionada por el mandatario en otras oportunidades y ocupó un lugar importante en su libro Modelo Argentino para el Proyecto Nacional del año 1974.
En una gran síntesis, la noción de Comunidad Organizada está fundada sobre tres ideas fuerza:
Primero: la República Argentina debe edificar un nuevo proyecto de civilización alternativo al capitalismo liberal. La Comunidad Organizada es un programa de democracia social, participativa y humanista que reconoce y que garantiza los derechos de las personas y que establece una clara conciencia de sus obligaciones. El individuo solamente se realizará en una Comunidad liberada y su destino estará directamente ligado al del conjunto de la colectividad.
Segundo: La Comunidad Organizada es una democracia participativa y está edificada en torno a la acción de las organizaciones libres de pueblo. El sujeto político de la Revolución Justicialista es el pueblo organizado autónomamente y no el individuo egoísta (liberal) o el Estado colectivista (comunista).  
Tercero: en el plano geopolítico mundial, la Comunidad Organizada es un proyecto de civilización alternativo al individualismo capitalista y al colectivismo soviético. Ambos sistemas fracasaron y producto de ello la humanidad está inmersa en una crisis política, económica, social y moral profunda.


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martes, 31 de julio de 2018

Antonio Cafiero y la autonomía municipal en la Provincia de Buenos Aires


Julio 2018
Aritz Recalde- Santiago Cafiero


El Peronismo histórico y el municipalismo bonaerense
La cuestión municipal está poco desarrollada en el Justicialismo originario. En parte,  dicha omisión surge en que el peronismo priorizó en su construcción política la edificación del Estado federal y Nacional. Se trataba en palabra de Juan Perón, de consolidar un “Gobierno centralizado para concebir unitariamente, Estado descentralizado para ejecutar independientemente y Pueblo libremente organizado para trabajar y producir en iniciativa y esfuerzo. Tal, en grandes líneas, la comunidad organizada que propugna el Justicialismo”.
Las municipalidades eran parte de los ámbitos administrativos y políticos del Estado descentralizado, que propugnó el justicialismo. Conformaban el espacio de desenvolvimiento de las organizaciones libres del pueblo provenientes del trabajo, la producción y la cultura. Muchas de dichas iniciativas quedaron inconclusas por la dictadura castrense del año 1955, que destituyó al gobernador bonaerense Carlos Aloé y a los intendentes y concejales. El golpe militar derogó la Constitución Provincial del año 1949 y la Ley Orgánica de Municipalidades número 5542/49. Caído el gobierno democrático, se sancionó el Decreto 6769/58, Ley Orgánica de municipalidades, que regula actualmente el funcionamiento de las intendencias bonaerenses.
Dentro del justicialismo fue Antonio Cafiero quien más claramente promovió una refundación institucional de las municipalidades, dotándolas de nuevos instrumentos políticos y de recursos económicos. El dirigente tuvo la particularidad de impulsar la autonomía municipal de manera complementaria y catalizadora del programa de refundación bonaerense. Ambas dimensiones -local y provincial-, iban a contribuir a edificar una democracia social y un proyecto nacional integrado.
   
La autonomía municipal y la propuesta de Reforma Constitucional de 1989-1990
Cafiero desarrolló varios de sus conceptos municipales en su gobernación (1987-1991) y propuso institucionalizarlos en la iniciativa de Reforma Constitucional iniciada en el año 1989. La Carta Magna bonaerense del año 1934 que se quiso remplazar, había nacido en un contexto de abstención de la UCR y en un sistema político caracterizado por el fraude electoral. La iniciativa de Reforma fue votada ampliamente por la Legislatura de la Provincia el 5 de diciembre del año 1989 y finalmente fue rechazada por un plebiscito efectuado el 5 de agosto de 1990.
Años después, y en sus memorias, el ex gobernador así recuerda la experiencia y los desafíos que enfrentaba el proceso de reforma “desde los primeros meses de 1989 los mejores constitucionalistas del PJ, de la UCR, de la Democracia Cristiana y de otros partidos con representación parlamentaria venían trabajando en un clima de cooperación y entendimiento pocas veces vistos. El resultado consensuado fue una propuesta sumamente avanzada, pero a contrapelo de las tendencias neoliberales imperantes en aquellos tiempos. El principal valor subyacente en todo el texto era la solidaridad; se destacaba el papel del Estado como agente de la justicia social y se hablaba de la función social de la propiedad privada, cuando el capitalismo más egoísta se mostraba triunfante en todo el mundo, el Estado estaba en retirada y lo más parecido a la justicia social que se pregonaba por los medios eran las cenas de caridad. Además, la dirigencia política estaba sumamente desprestigiada y el proyecto fue visto como un acuerdo de cúpulas. Todo esto fue explotado por la prensa de derecha, que advirtió que un triunfo del voto afirmativo podía significar un obstáculo en el proceso de “liquidación” del Estado en el que muchos estaban empeñados” (Militancia sin tiempo, Antonio Cafiero).
La nueva Constitución tenía cuatro “pilares fundamentales” que eran “la reafirmación de la identidad de la Provincia”; el reconocimiento de los derechos sociales e individuales; “el protagonismo popular”; y la “descentralización y autonomía Municipal”. La iniciativa definió a la Provincia como “un Estado social y democrático de derecho” y promovió el “pluralismo político, la participación popular, la solidaridad y la justicia social”. Se instituyó al trabajo como “un derecho y un deber social”, se introdujeron los Tribunales de Trabajo y se impulsó a las entidades sindicales, cooperativas y mutuales. El Estado tenía como función la “formación y defensa de la familia” y se obligaba a desenvolver un “sistema integral de seguridad social”. El proyecto ampliaba las garantías a la libertad de expresión, el habeas corpus o a vivir en un “medioambiente sano”.
En línea con el ideario de la Constitución del año 1949, la Reforma postuló que la “actividad económica y el capital deben estar al servicio del hombre y cumplir una función social”. En este marco institucional, las Municipalidades podrían “Declarar de utilidad pública y proceder a la expropiación de los bienes que considere necesario” e “intervenir con fines de utilidad común en la actividad económica, creando y promoviendo la participación popular”.
La Constitución sostuvo que “el Municipio es una comunidad natural dotada de autonomía institucional, política, económica - financiera, tributaria y administrativa”. El gobierno local estaba facultado para dictar su propia Carta Orgánica, introduciendo aspectos de organización política, institucional y administrativa y mecanismos de “participación comunitaria”. Las municipalidades debían promover las figuras de “iniciativa, referéndum, plebiscito y consulta popular”. Las Cartas Orgánicas podrían “prever la creación de Concejos Vecinales Electivos, en las localidades que no sean cabecera de Partido, los que tendrán las atribuciones y funciones que le establezcan las Cartas y para cuestiones estrictamente locales”. Las comunidades iban a regular su régimen financiero, presupuestario y contable, garantizando los derechos laborales y la “publicidad de los actos de gobierno”, entre otras diversas competencias.
Las intendencias tendrían como meta “instrumentar las políticas de apoyo y difusión de los valores culturales, regionales, provinciales y nacionales en general. Preservar el patrimonio histórico y artístico”.
Con el objetivo de garantizar el efectivo protagonismo  municipal, la Constitución instauró que los fondos del régimen de coparticipación a las intendencias no podrían ser inferiores al 20% de los ingresos de la provincia. Las intendencias estaban facultadas para constituir organismos Municipales, intermunicipales, consorcios o cooperativas de vecinos tendientes a la realización de obras públicas o brindar servicios.
Tras promover la reforma y haber quedado trunca, Antonio Cafiero dejó su impresión sobre las dificultades que se presentaron, no necesariamente por ausencia de consenso político y social: “Trabajamos mucho para reformar la Constitución provincial, incorporando una serie de principios emparentados con la doctrina justicialista y cristiana. A contramano del plan neoliberal que se quería implantar a nivel nacional, en nuestro proyecto se plasmaba el derecho a una información “veraz”, cláusula duramente resistida por los grandes medios de comunicación. Se incorporaba el concepto de que la propiedad privada debía cumplir con una función social, cláusula resistida por el poder económico que buscaba el laissez-faire. Se consagraba el principio de descentralización y autonomía municipal, duramente resistido por quienes querían volver al caudillismo político provincial” (Militancia sin Tiempo, Antonio Cafiero).

La reforma municipal bonaerense
Las intendencias bonaerenses tienen una centralidad demográfica, económica, social, cultural y política fundamental para el país. La ciudad de La Plata duplica en habitantes a la Provincia de Santa Cruz. La localidad de Lomas de Zamora tiene más individuos que la totalidad de Chubut. En Lanús habitan más personas que en la Provincia de la Rioja. En la localidad de Florencio Varela viven más ciudadanos que en La Pampa. En el partido de La Matanza, habitan prácticamente la misma cantidad de personas que en la provincia de Mendoza.  
La actual regulación municipal fue sancionada por un gobierno militar y ha recibido reformas parciales durante décadas. En 2019 se cumplen setenta años de la sanción de la Constitución Bonaerense de 1949 y de la “Ley Orgánica de Municipalidades número 5542/49” y treinta de la propuesta de Antonio Cafiero de dotar de autonomía política a las intendencias bonaerenses.
¿No habrá llegado la hora de convocar al pueblo y su dirigencia a elaborar la necesaria refundación institucional de las municipalidades bonaerenses?

  

viernes, 22 de junio de 2018

La Segunda Reforma Universitaria



Aritz Recalde - Leonardo Moyano
Junio de 2018
El legado de los reformistas del año 1918
Hace un siglo se produjo la Reforma Universitaria del año 1918, conformando uno de los sucesos políticos y culturales sudamericanos más importantes del siglo XX. Con justeza, el peruano Raúl Haya de La Torre lo caracterizó como el “más trascendente movimiento de renovación intelectual acaecido en Indoamerica desde la Independencia”.
Europa se encontraba sumergida en una cruenta guerra y en una decadencia política, económica y cultural. Frente a ese panorama, la juventud iberoamericana elevó la esperanza de un nuevo mundo. Los universitarios promovieron activamente la edificación de una cultura humanista, que iba a funcionar como marco para construir una sociedad justa, libre y solidaria.
La Reforma retomó el legado de los pensadores, artistas, dirigentes políticos y trabajadores de nuestra región. Las jornadas reflejan los aires libertarios de la revolución mexicana y el legado intelectual de José Vasconcelos. La iniciativa afirmó los ideales americanistas de la Magna Patria del uruguayo Enrique Rodó y también la causa democrática y social del presidente José Batlle y Ordóñez. El proceso luego se irradió por las diversas universidades sudamericanas, templando la política regional con nuevas consignas y con renovadas banderas emancipadoras.    
La Reforma Universitaria fue pluripartidista y diversa en el plano ideológico. El movimiento expresó los anhelos de cambio social y de democratización electoral, en línea con la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Los reformistas bregaron por una universidad comprometida con su tiempo, que garantizara la participación activa de los jóvenes y que estuviera consustanciada con el cambio social y político de los pueblos. La institución tenía que ser forjadora de la conciencia nacional independiente y antiimperialista, contribuyendo a la unidad sudamericana y a un nuevo orden regional y mundial de paz y de fraternidad.
La Universidad de la Segunda Reforma Universitaria
En el contexto de surgimiento y de desenvolvimiento de la Reforma, los trabajadores carecían de derechos sociales y laborales, y en muchos casos las organizaciones sindicales no eran reconocidas institucionalmente. Las represiones de los Talleres Vassena y de la Patagonia son expresiones trágicas de esa realidad. Las mujeres no votaban y tenían cercenadas las posibilidades de estudiar en la universidad. Los modelos productivos del país y de la región eran dependientes y atrasados y se caracterizaban por la escasa industrialización y por la mera exportación de recursos naturales.
Con posterioridad al año 1918, surgieron en todo el Continente diversos movimientos nacionales que intentaron superar el subdesarrollo y emancipar socialmente al pueblo. En ese marco, se conformó una nueva agenda universitaria, científica, cultural y social y eso supuso cambios y actualizaciones a la Reforma.
Los obreros exigieron el derecho a estudiar y a participar activamente de la vida académica. Cumpliendo este anhelo, Juan Perón sancionó la gratuidad de los estudios en el año 1949 y sostuvo que “yo no quiero una universidad para el privilegiado: yo quiero la universidad para el Pueblo (…) hemos de llevar a las universidades profesionales a nuestros muchachos pobres, porque entre ellos, estoy persuadido, hay más inteligencia y más corazón que en los otros”.  La Revolución Justicialista creó comedores estudiantiles subsidiados, horarios nocturnos y promovió becas para jóvenes de bajos recursos y derechos laborales para docentes y nodocentes. El gobierno inauguró la Universidad Obrera Nacional (UON), con carreras de ingeniería orientadas a alcanzar la independencia económica.
En las décadas del cuarenta al setenta, los sindicatos de trabajadores ocuparon un lugar fundamental en la vida nacional y en su origen la Universidad Obrera designó un rector proveniente de la Confederación General del Trabajo. Con justeza, Ernesto “semilla” Ramírez afirmó que “en la universidad no puede lograr hacerse otra cosa que lo que sucede en el país; en este momento el pueblo y su columna vertebral, los trabajadores, asumen el gobierno y también lo tenemos que asumir en la Universidad”. Los universitarios argentinos lucharon por alcanzar los derechos laborales de estabilidad, salario digno, capacitación y carrera académica y administrativa. Con estos antecedentes y por primera vez en la historia, en los años 2006 y 2015 se sancionaron los Convenios Colectivos de trabajo nodocente y docente, respectivamente.
Abandonando posiciones elitistas, las Casas de Altos estudios fueron reconociendo la importancia de incluir en los órganos de gobierno a los docentes (1918), los estudiantes (1918), a los graduados (1956), a los nodocentes (1974) y a miembros de la producción y del trabajo que intervienen en consejos sociales y comunitarios en diversas universidades argentinas.

Ciencia para la emancipación
Los académicos no pueden ser ajenos al acontecer nacional. Los universitarios no nos podremos realizar plenamente en una comunidad que no se realiza. La autonomía no puede convertirse en la justificación de una universidad isla, distante de la realidad nacional y social. Ernesto “semilla” Ramírez lo manifestó con lucidez: “nosotros decimos que vamos a crear una universidad para la liberación (…) lo que no vamos a tolerar es que en nombre de la libertad de cátedra o en nombre de la autonomía universitaria venga a trabajarse en contra del país”. Con esta misma finalidad, entendemos que las instituciones deben orientar sus funciones de docencia, transferencia, cooperación e investigación, para acompañar el desarrollo nacional y la soberanía cultural y tecnológica de los países.
A cien años de las históricas jornadas de Córdoba, seguiremos bregando por edificar:
-       Una cultura y una ciencia nacional y antiimperialista, reconociendo la diversidad histórica, étnica y regional, promoviendo el dialogo interdisciplinario y orientando la actividad académica hacia la solución de los problemas argentinos, sudamericanos y universales;
-       Una universidad abierta al pueblo y en la cual la educación sea un derecho social universal y no un privilegio de elite o de clase;
-       Una comunidad colegiada y democrática de trabajo, en la cual intervengan los cuatro claustros con voz y voto, en dialogo directo y permanente con consejos sociales compuestos con organizaciones de la producción y del trabajo de cada región;
-       Una institución cogobernada, con participación protagónica de los sindicatos y en la cual se reconozcan, garanticen y profundicen los derechos laborales de sus trabajadores docentes y nodocentes;
-       Una conciencia sudamericana que contribuya a la efectiva integración cultural, social, productiva y tecnológica de nuestros pueblos, gobiernos y Estados;
-       Una agenda de investigación, de docencia y de transferencia que contribuya a la formación de cadenas de valor, a la innovación y a la soberanía industrial y tecnológica sudamericana;
-       Una cultura humanista y democrática, que reconozca y que promueva el pleno ejercicio de los derechos humanos, repudiando las dictaduras y la violación del orden constitucional.

Como bien dijo Arturo Jauretche, “el remedio no es menos Reforma, si no más Reforma, es decir más politización (…) entendiendo por politización aproximar más la Universidad al país”.

jueves, 24 de mayo de 2018

El Fondo Monetario Internacional y el desorden mundial


Aritz Recalde, mayo 2018
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En el mes de julio del año 1944, las Naciones Unidas organizaron una conferencia en la instalación hotelera de Bretton Woods, Estados Unidos. Durante el encuentro, en el que participaron 44 Estados, los gobiernos triunfadores de la Segunda Guerra Mundial se propusieron organizar las finanzas y el sistema monetario mundial. En esa conferencia surgió la iniciativa de crear el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento[1] (BIRF).
La creación del Fondo se justificó en la necesidad de otorgar estabilidad al sistema financiero internacional, fomentando la “cooperación monetaria”, el “crecimiento equilibrado del comercio”, la “estabilidad cambiaria” y el establecimiento de un “sistema multilateral” de desembolsos. El FMI destinó recursos para enfrentar los “desequilibrios” de la balanza de pagos de los países.
Tal cual documentó Oscar Ugarteche en el libro “Historia crítica del FMI”, y más allá de los planteos originarios, el organismo expresó claramente los intereses comerciales del Imperio Norteamericano e impulsó el dólar como moneda de reserva internacional. En Bretton Woods se exteriorizó un enfrentamiento entre el representante de los Estados Unidos, Harry Dexter White y el miembro del Reino Unido, John Maynard Keynes. El delegado norteamericano fue quien impulsó el área del dólar y la apertura comercial de las zonas de preferencia comercial inglesas.
El nuevo el orden internacional: los que ganan la guerra organizan la política
Ni bien culminó la Segunda Guerra, los países triunfadores se propusieron el control económico, cultural y político del mundo. Con dicha finalidad promovieron las siguientes instituciones:

Institución política de control mundial
Ámbito Militar
Instituciones
económicas
Patrón Monetario



EUA
ONU

OEA
(área de influencia en Iberoamérica)
OTAN
(Organización del Tratado del Atlántico Norte)

Consejo de Seguridad de la ONU (con poder de veto)

FMI


BIRF




Dólar


 
Rusia
Unión Soviética
(área de influencia Europa y Asia)

ONU
Pacto de Varsovia

Consejo de Seguridad de la ONU (con poder de veto)

COMECON
(Consejo de Ayuda Mutua Económica)


Rublo

El gobierno que impone la divisa, controla el mundo: Dólar contra Libra Esterlina
Durante los siglos XVIII y XIX los imperios británico, portugués, francés y español, se retiraron de América, en paralelo a que ocuparon África y Asia. En la Primera Guerra Mundial (1914-1918), las potencias europeas en ascenso se enfrentaron violentamente con la finalidad de repartirse las nuevas posiciones coloniales. Como resultado de la contienda, se desplomaron los imperios alemán, austro húngaro, otomano y zarista.
A partir del desenlace bélico y político de la conflagración internacional, el Imperio Británico impuso a Europa sus reglas institucionales, militares y culturales. En el terreno monetario, promovió la Libra Esterlina como matriz de intercambio internacional. En 1931 se terminó el patrón oro en Europa y un año después se inició la hegemonía del billete inglés, que duró hasta 1945. 
En 1930 se originó una crisis en la bolsa de valores de Wall Street y, para enfrentarla, el país aplicó un programa proteccionista (Ley de aranceles Smoot – Hawley). Con la finalidad de morigerar la depresión económica, Inglaterra organizó en 1932 la Conferencia de Ottawa y el Imperio obligó a sus dominios y colonias de la Commonwealth a aplicar tarifas aduaneras y a sostener la zona de la Libra Esterlina. Británicos y norteamericanos disputaron sus intereses comerciales y monetarios y la Segunda Guerra le otorgó la supremacía definitiva a los Estados Unidos, que se convirtió en prestamista y en el reconstructor de Europa (Plan Marshall).  
En el año 1936 Inglaterra, Francia y los EUA acordaron el valor de referencia del oro en relación a la libra, el franco y el dólar, en la antesala de lo que luego serían los compromisos de Bretton Woods.
El “engendro putativo del imperialismo” llega a la República Argentina
“Era preciso crear el instrumento para consolidar el área dólar. El Fondo Monetario Internacional fue la solución (…) el Gobierno Justicialista de la República Argentina no se adhirió al Fondo Monetario Internacional. Para nosotros, el valor de la moneda lo fijábamos en el país, como también nosotros establecíamos los cambios de acuerdo con nuestras necesidades y conveniencias. Para el intercambio internacional recurrimos al trueque y así nuestra moneda real fueron nuestras mercaderías. Ante el falseo permanente de la realidad monetaria internacional y las maniobras de todo tipo a que se prestaba el insidioso sistema creado, no había más recurso que hacerlo o dejarse robar impunemente”. Juan D. Perón

En plena Revolución Justicialista, representantes del FMI llegaron en una misión especial a nuestro país. La opinión acerca del organismo efectuada por el Presidente argentino fue sumamente negativa. En el libro “La Hora de los Pueblos”, Juan Perón declaró:
“Cuando en 1946 me hice cargo del gobierno, la primera visita que recibí fue la del Presidente del Fondo Monetario Internacional que venía a invitarnos a que nos adhiriéramos al mismo. Prudentemente le respondí que necesitaba pensarlo y, de inmediato, destaqué dos jóvenes técnicos de confianza del equipo de gobierno, para investigar a este “monstruo tan peligroso”, nacido según tengo memoria en los sospechosos acuerdos de Bretton Woods. El resultado de ese informe fue claro y preciso: en síntesis se trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo. Yo, que tengo la ventaja de no ser economista, puedo explicarlo de manera que se entienda”.
Perón veía críticamente a los acuerdos de Bretton Woods y al FMI, ya que en su óptica expresaban los intereses de los norteamericanos y del área del dólar. En sus palabras:
“Este Fondo, creado según decían para estabilizar y consolidar las monedas del Mundo Libre, no ha hecho sino envilecerlas en mayor medida. Mientras tanto, los Estados Unidos se encargaban, a través de sus empresas y capitales, de apropiarse de las fuentes de riqueza en todos los países donde los tontos o los cipayos le daban lugar, merced a su dólar ficticiamente valorizado con referencia a las envilecidas monedas de los demás”.

La Revolución Justicialista implementó un programa económico interno nacionalista y una política exterior multilateral (Tercera Posición). Para evitar la dependencia de los créditos foráneos y la fuga de divisas, Perón nacionalizó los depósitos bancarios, el Banco Central y el Comercio Exterior. El mandatario argentino impulsó acuerdos comerciales con gobiernos miembros de la Unión Soviética y de Iberoamérica. Con varios de ellos, se intercambiaron maquinarias por materias primas o manufacturas locales.
El fin del orden de Bretton Woods y los cambios en el FMI
En el año 1971, Francia le requirió a los EUA cambiar su tenencia de dólares por el oro de la Reserva Federal. Como respuesta, Richard Nixon decretó el fin del patrón oro – dólar.
La moneda norteamericana se devaluó y el país inició el vertiginoso proceso de emisión sin respaldo, que sigue vigente hasta la actualidad. Desde ese año, los Estados Unidos exportan dólares y acrecientan su deuda y la de los países en desarrollo.
En ese contexto y habiéndose debilitado las normas originadas en Bretton Woods, el Fondo asumió un papel de asesor y de controlador económico internacional. Su tarea fundamental es la de:
-       Imponer y resguardar el dólar como divisa de intercambio internacional;
-       prestar dólares a los países en desarrollo, con el objetivo de garantizar la fuga de recursos de los especuladores y de las corporaciones hacia los EUA y Europa;
-       privatizar empresas y transferir el capital y el ahorro nacional de los países en desarrollo, hacia las corporaciones multinacionales y los gobiernos de las Potencias Occidentales;
-       obligar a los países en desarrollo a implementar programas de apertura comercial y de ajuste, favoreciendo las importaciones de manufacturas desde EUA y Europa;
La Argentina ingresa al FMI
Tal cual mencionó Norberto Galasso en el libro “De la Banca Baring al FMI”, en el mes de junio del año 1956, la dictadura que derrocó a Perón decidió el ingreso de la Argentina al FMI y al Banco Mundial. Dos años después, Frondizi tomó préstamos del organismo iniciando un camino que emularían los militares a partir del golpe de 1976.
A la vuelta de la democracia en 1983, el FMI adquirió una centralidad inusitada en el país, dado el crecimiento exponencial de la deuda externa desde 1976. En una primera instancia, Raúl Alfonsín intentó renegociar –infructuosamente- los acuerdos con la banca multinacional, conjuntamente a su par peruano Alan García. El presidente de la UCR denunció que el FMI lo presionaba para “llevarnos a una política recesiva que redujera drásticamente el consumo mediante recursos tales como el mantenimiento de salarios bajos, un incremento de la tasa de interés y una fuerte disminución de las importaciones”.
A la salida del mandatario radical, su sucesor Carlos Saúl Menem (1989-1999) aplicó gran parte del mandato del FMI y el país privatizó sus principales empresas y recursos, e inició el Plan de Convertibilidad con el apoyo del organismo.
El presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) aplicó al pie de la letra el programa del Fondo y redujo los gastos federales y bajó salarios a estatales (-13%). El mandatario impulsó la Reforma Laboral exigida por el FMI, que culminó con escandalosas denuncias de coimas en el Congreso. De La Rúa y su Ministro Machinea acordaron con el Fondo y otros organismos, un “blindaje financiero” de 32.700 millones de dólares (se sumaban otros 7.000 millones en bonos). Poco tiempo después, De La Rúa impulsó el “megacanje” de 28.144 millones de dólares en bonos, reprogramando el pago de vencimientos y generó un aumento de la deuda en 2.257 millones. Domingo Cavallo y David Mulford, habrían obtenido 150 millones de dólares de comisión por el oneroso canje. El gobierno de la UCR, siendo el mejor alumno del FMI, protagonizó en el año 2001 la más profunda crisis económica y social de la historia argentina del siglo XX.
El FMI les negó apoyo a los presidentes Duhalde (2002) y Kirchner (2003). Éste último, acompañando la decisión del brasilero Lula Da Silva del año 2005, canceló los préstamos con el organismo en 2006 declarando que el FMI, “ha actuado, respecto de nuestro país, como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino (…) Formamos parte de la triste realidad de integrar el grupo de países en los que esa institución ha aplicado y monitoreado mucho de sus 150 planes de ajuste. El resultado ha sido exclusión, pobreza, indigencia, la destrucción de aparato productivo (…) Estamos con este pago sepultando buena parte de un ominoso pasado, el del endeudamiento infinito y el ajuste eterno”.
Recientemente, y en el marco de una fuga de capitales y una corrida financiera contra el peso, el presidente Mauricio Macri solicitó un nuevo préstamo al FMI. En diciembre del año 2017, el Directorio Ejecutivo del Organismo emitió un informe haciendo referencia al funcionamiento de la economía argentina. Según datos del Organismo, “Felicitaron a las autoridades por haber adoptado medidas que facilitaron la reactivación económica, y por lo avances logrados en la transformación sistémica de la economía argentina, incluidos los esfuerzos desplegados para reconstruir las instituciones y restablecer la integridad, transparencia y eficiencia del gobierno”. Cinco meses después de publicado este informe, estalló la peor crisis financiera de los dos años y medio de gestión de CAMBIEMOS. Como es de costumbre, en el mismo documento el FMI le exigió a Macri “reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en que dicho gasto ha aumentado rápidamente en los últimos años, en particular salarios, pensiones y transferencias sociales”.
El FMI y la doble vara de la economía internacional
Si bien desde el origen el organismo estuvo digitado por los EUA y por un grupo reducido de países europeos, desde los años setenta su función se orientó decididamente a garantizar el desenvolvimiento de los intereses de la primera economía mundial. Los norteamericanos no aplican los acuerdos y las reglas financieras y no son auditados por el FMI como el resto de los países. El FMI no evitó -y ni siquiera previó-, las crisis financieras de los Estados Unidos del año 2008 y las de Europa (España, Grecia, Portugal, etc.-).
El FMI impulsó los programas de ajuste estructural y los lineamientos del Consenso de Washington (apertura comercial, desregulación financiera, apoyo a las exportaciones y no al mercado interno, etc.-). Abogó por el achicamiento del Estado con las privatizaciones y con la eliminación de subsidios. Los desastrosos resultados de sus programas de racionalización y de ajuste están a la vista. Según datos presentados por Oscar Ugarteche, solamente entre los años 1977 y 2001 se produjeron 112 crisis bancarias en 93 países. Durante las últimas décadas, los gobiernos que aplicaron sus iniciativas destruyeron sus estructuras productivas y deterioraron seriamente las condiciones de vida de sus comunidades. Las crisis mexicana (1994), asiática (1997), rusa (1998), brasilera (1998) y argentina (2001), hablan por sí solas.
El organismo apoyó los golpes de Estado y las dictaduras de Argentina (1956 y 1976), Brasil (1964), Chile (1973) o Uruguay (1972). En el año 2002 y en plena asonada castrense, el FMI se mostró dispuesto a financiar al golpista venezolano Pedro Carmona.
América Latina implementó los programas del FMI y la década del ochenta fue de crecimiento negativo de la economía. En los años noventa, los Estados vendieron su patrimonio al extranjero y reconvirtieron la economía orientando las prioridades al sector exportador, en desmedro del mercado interno. Los gobiernos flexibilizaron las condiciones laborales y se perdieron muchos de los derechos sociales alcanzados.
El FMI y el sistema de poder norteamericano
De la tarea del FMI dependen los valores de Wall Street y el desenvolvimiento de las empresas norteamericanas en el mundo. El FMI actúa en línea con el Tesoro (ente público) y con la Reserva Federal (ente público - privado) de los EUA.
Sus operaciones se articulan con las Calificadoras de Riesgo financiero que son mayoritariamente norteamericanas, como es el caso de Moody’s, Standard & Poor's, Fitch Ratings o JP Morgan.
Además, las decisiones del FMI son abaladas por los tribunales de resolución de litigios económicos de los EUA (jueces como Tomas Griesa) e internacionales (CIADI-BM).


Es necesario un nuevo Bretton Woods
En el siglo XXI el FMI perdió credibilidad y disminuyó sus clientes por ser considerado el responsable de diversas crisis financieras, productivas y sociales. Según datos de Oscar Ugarteche, entre 2000 y 2006 el ente redujo su presupuesto casi un 69%. En 2002 había 37 países aplicando sus políticas de ajuste y en 2007 el número bajó a 27 Estados.
El FMI surgió en el año 1944 y no expresa la realidad productiva y política contemporánea. Las actuales primeras 12 economías del planeta difieren de las que originaron Bretton Woods[2]. Atendiendo estas situaciones, los países en desarrollo promueven:
I- Reformas en el FMI y en los entes reguladores de la finanza mundial creados en Bretton Woods. Desde su origen, los presidentes del FMI y del Banco Mundial son designados por EUA y Europa. Los norteamericanos además, tienen alta participación en las decisiones conformando poder de veto[3]. El organismo debería remodelar la distribución de poder (cuotas y Directores), actuar con transparencia y promover la estabilidad financiera y no meramente la agenda de las Potencias Occidentales. 
II- La apertura de nuevos instrumentos financieros como es el caso de los bancos de los BRICS o de la UNASUR. El crédito debe ser un instrumento de desarrollo social y del bien común y no una mera herramienta para el ajuste.   
III- Un sistema financiero que priorice la agenda de las periferias, la promoción de la economía productiva, la generación de empleo y el desarrollo social íntegro y sustentable. El sistema de Bretton Woods no impide la especulación desmedida, los paraísos financieros offshore y la fuga de riquezas del sur hacia el norte.  

Los países en desarrollo financian al FMI y no tiene participación en la toma de las principales decisiones del organismo, sino que solamente padecen las consecuencias de los ajustes. Es momento de crear un nuevo orden mundial y en ese escenario a los sudamericanos nos encontrará unidos o dominados.

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[1] Actualmente Banco Mundial (BM).
[2] Las 12 principales economías mundiales son EUA, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, India, Italia, Brasil, Canadá, Corea del Sur y Rusia. Jorge Argüello destacó que en 1980 los EUA aportaban el 25% del volumen económico mundial y en 2011 esa cifra se redujo al 19%. La Unión Europea cayó del 31% al 21%. Los países en desarrollo de Asia aumentaron su participación del 8% al 25%.
[3] El FMI se compone de 24 Directores con participación proporcional en las decisiones: EUA (16.52%), Japón (6.15 %), Alemania (5,32%), Francia (4,3%), Inglaterra (4,03%), Brasil y 10 países más (3,07%), Rusia (2,59%), Argentina y 5 países más (1.59%), entre otros. Datos de http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx