lunes, 20 de mayo de 2019

65 medidas para una Nueva Universidad




I- Otra ley de Educación Superior
Somos concientes de que una nueva ley no resolverá la crisis universitaria y que únicamente el protagonismo y la participación del conjunto de la sociedad argentina y los diferentes sectores de la universidad, podrán planificar e implementar las reformas y acompañar la transformación de la Educación Superior que el país necesita. Hecha esta salvedad, no olvidamos la importancia que reviste el debate iniciado en lo concerniente a dicha modificación normativa de la Educación Superior. Creemos entonces:
- que las diversas fuerzas políticas y los estudiantes que componen la Agrupación 22 de noviembre, tras profundos análisis y extensos debates, debemos impulsar un debate amplio en el seno de la universidad pero también en toda la sociedad argentina tomando como base el discurso del 1ª de marzo de la Presidenta Cristina Fernadez de Kirchner y los proyectos de ley existentes actualmente en el Parlamento.
- que es necesario abrir este debate al gobierno universitario, a las organizaciones libres del pueblo y a los representantes de la soberanía popular.
II- Medidas Estudiantiles
Juzgamos cardinal establecer los derechos de los estudiantes, pero además, los “deberes” de la juventud de las Universidades nacionales. Con esta finalidad vamos a promover:
Respecto a los Derechos:
1- Implementación de una política de retención de la matrícula introduciendo cláusulas de compromiso de las universidades con este fin. Vamos a promover la fijación de acuerdos y pautas específicas en las Universidades sobre estos temas.
2- Desarrollo de un sistema de becas orientado a aquellos estudiantes de menores recursos y dirigido fundamentalmente a las carreras estratégicas.
3- Difusión de una política de descentralización de los ciclos introductorios y/o tecnicaturas de algunas carreras hacia los gobiernos locales del interior del país para el fomento en el acceso de los jóvenes de bajos recursos.
4- Promoción de la figura del Defensor Estudiantil.
5- Fomento para la construcción de comedores, guarderías y rampas para discapacitados.
6- Implementación de carreras cortas con tecnicaturas y títulos intermedios conservando la gratuidad de todos los niveles.
7- Implementación de un sistema de horarios de clase diferenciado para los alumnos full time y los alumnos que trabajan.
Respecto a los Deberes:
8- Sostener pautas mínimas de rendimiento estudiantil contemplando a aquellos estudiantes que trabajan, que son madres/padres o que presentan discapacidades especiales. Es importante favorecer una mayor tasa de egreso de los ingresantes.
9- Fomentar el Voluntariado social, e iniciar un profundo debate para que se amplié a todos los estudiantes.

III- Docentes, graduados y no docentes
10- La implementación de una Carrera Docente, en articulación con un sistema abierto de concursos.
11- La formulación de un régimen salarial centralizado.
12- El fomento de la capacitación permanente y los Posgrados gratuitos para los docentes de todos los niveles educativos en las áreas consideradas “estratégicas” para el Estado. Este derecho de los docentes, implica un “deber” con la sociedad que lo financia. Consideramos que deben priorizarse las áreas del conocimiento útiles al país y que en tanto es el Estado el que financia la Educación Superior, el es también el encargado de planificar y dirigir los postgrados.
13- Las medidas necesarias tendientes a terminar con el personal precarizado promoviendo la fijación de plazos y responsabilidades conjuntas entre las universidades, los gremios y el Ministerio de Educación.
14- La democratización de los concursos y ampliación y apertura de nuevas cátedras en las materias masivas. Especialmente, en las cátedras cuya composición tiene varios auxiliares.
15- Abogaremos por que se computen los criterios de pertinencia social de los proyectos docentes y la trayectoria de investigación en el Estado en los concursos.
16- El debate sobre la Ciudadanía Plena, el Claustro Único docente y el ingreso de lo no docentes a los Consejos.
17- Se reoriente la dirección de las investigaciones del Programa de Incentivos hacia una mayor utilidad social, priorizando las investigaciones científico tecnológicas de utilidad para el país. Vamos a favorecer la ampliación de las partidas y los montos destinados a dicha inversión. Vamos a acompañar el debate sobre la desburocratización de los trámites.

IV- Carreras prioritarias
18- Continuar, perfeccionar y profundizar las herramientas de fomento de carreras prioritarias como el PROMEI o el PROMAGRO de la SPU.
19- Modificar el perfil excesivamente profesionalista de las universidades
20- Establecer límites a la posibilidad de que las universidades abran carreras profesionalistas que no estén contempladas en la Política de Planificación Universitaria Nacional.
21- Desarrollar planes de estudio y perfiles de egresados relacionados a los problemas nacionales.
22- Impulsar un debate sobre la necesidad de relacionar los ingresos universitarios con el interés nacional.
23- Seguir sosteniendo la importancia de la CONEAU, rediscutiendo su función en relación a una Política de Planificación Universitaria Nacional. Vamos a fomentar la publicación de los listados de pares evaluadores y de los dictámenes de “no acreditación” del organismo. Vamos a promover la composición de un directorio con representantes universitarios, entre ellos estudiantes, y no universitarios óptimos para esa función.

V- Articulación con el medio y compromiso social universitario
24- La implementación en el currículum universitario de los temas prioritarios para el país y aquellos que revistan pertinencia social.
25- La creación deCentros de Investigación Científica e Innovación Tecnológica” en los Municipios.
26- El desarrollo de un Voluntariado permanente de graduados, docentes, no docentes y estudiantes.
27- Que los docentes Titulares con Dedicación Exclusiva participen de las actividades de la Secretaría de Planificación Económico Social o similares.
28- La creación de una Secretaría de Planificación económico social (o de Consejos Sociales Consultivos) para garantizar la participación de la comunidad y del Estado municipal a través de la presentación de proyectos, el ejercicio de un Presupuesto Participativo Local sobre un porcentaje de la inversión en educación, la planificación de la extensión, la implementación del programa de Voluntariado o en la implementación de audiencias Públicas.
29- Implementar una valorización de la extensión y la práctica social universitaria a partir de una suma de un 0,20 % del promedio anual a los alumnos que participen en proyectos de transferencia y articulación con la comunidad.
30- Un Servicio Social Federal para graduados de Universidades Nacionales.

VI- Gobierno universitario
Vamos a acompañar todas las medidas tendientes a democratizar el gobierno interno de la Universidad, pero creemos además, que la verdadera democratización de la Universidad se relaciona con su capacidad de expresar o no, los intereses de las mayorías populares del país. Vamos a promover entonces:
31- La Elección Directa de autoridades con un sistema de voto ponderado.
32- La participación plena en el gobierno universitario de los auxiliares docentes y los interinos.
33- La participación de los gobiernos provinciales y las organizaciones libres del pueblo (sindicatos, ONGs, cámaras de productores pequeños y medianos) en los órganos colegiados de gobierno.
34- Una sola reelección para rectores y miembros de la CONEAU.
35- El ingreso de los trabajadores no docentes al gobierno.
36- El debate sobre las representaciones de cada uno de los actores.
37- El régimen de Incompatibilidades y de frenos a las reelecciones indefinidas.
38- Los cupos de género en el gobierno.
39- Los Presupuestos Participativos en los Centros de Estudiantes.
40- La formación de un Presupuesto Participativo Local que permita destinar un porcentaje de los fondos de investigación a los temas requeridos por los gobiernos municipales y las organizaciones políticas, sindicales y sociales.
41- La formación de una Secretaría de Planificación Económico Social que articule la investigación y la extensión de manera estable y permanente, con la comunidad y el Estado.

VII- Articulación entre distintos niveles educativos
42- La instrumentación de un sistema de créditos que facilite el reconocimiento, acreditación y actualización de la formación y los estudios de los diferentes trayectos del sistema de educación superior.
43- Fomentar la participación de las universidades en los actuales CEPRES, promoviendo el ingreso de los estudiantes.

VIII- Integración Latinoamérica
44- La articulación normativa y de los programas entre las naciones del MERCOSUR y del resto de América latina y el Caribe.
45- La implementación de una Agenda Universitaria para el MERCOSUR.
46- La firma de convenios de intercambio y pasantías entre docentes y estudiantes del MERCOSUR, incluyendo el reconocimiento mutuo de aquellos programas acreditados.
47- La apertura y desarrollo de Cátedras libres y seminarios sobre la historia, el pensamiento y las luchas del movimiento obrero y campesino latinoamericano.
48- La formación de una Confederación de Estudiantes de Universidades del MERCOSUR.
49- La formación de un postgrado sobre la Integración Universitaria del MERCOSUR.

IX- Autarquía financiera y federalización del gasto
Consideramos que la crisis universitaria no se resuelve sólo a través del aumento presupuestario, sino que dicha situación es un problema que tiene raíces en la misma orientación que se imprime hoy a las universidades. Por ello, no vamos a renunciar al mejoramiento de la inversión educativa y por eso, consideramos positiva la implementación de las pautas de la nueva Ley de Financiamiento Educativo y en el tema universitario en particular, reivindicamos la importancia de la implementación reciente de partidas de dinero para rentar a los docentes “ad honorem” y se deben implementar pautas objetivas de distribución presupuestarias entre y para las casas de estudio.
En relación a los “derechos” de la universidad vamos a promover:
50- El desarrollo de un programa nacional de infraestructura universitaria.
51- La aplicación por parte de la SIGEN y la AGN de un sistema de auditoría económica específica para las universidades.
52- La fijación de pautas y metas temporales para eliminar en el corto plazo la cifra de los docentes “ad honorem”.
53- La revisión crítica del funcionamiento del programa FUNDAR en base a la experiencia del FOMEC para desarrollar una correcta política de calidad del aprendizaje y de apoyo a la universidad. Consideramos que los programas deben ser mejorados y que la oposición “consignista” que pide derogarlos sin ofrecer alternativas cae en el vacío retórico.
54- El desarrollo de un debate sobre la necesidad de revertir la concentración de recursos, universidades, alumnos y profesionales en Buenos Aires en relación al conjunto de las universidades de las provincias.
55- El sostén de la centralidad actual de la SIGEN, la AGN y la CONEAU en la evaluación y la auditoría a las universidades. Vamos a promover su permanencia y un debate acerca de las funciones específicas de cada uno de los entes.
56- Fomentaremos la presentación y publicidad de balances públicos y obligatorios de los ingresos y los gastos de las universidades.

X- Soberanía científica tecnológica
57- La formación de una ciencia aplicada al desarrollo nacional con el fin de alcanzar la soberanía tecnológica. Vamos a promover la creación de patentes argentinas, públicas y privadas.
58- La introducción del debate acerca de los mecanismos cientificistas existentes para la acreditación de investigaciones de los fondos públicos nacionales (SECYT, CONICET, etc.) con el fin encuadrarlos en el marco de la Política de Planificación Universitaria Nacional.

XI- Universidades privadas
Vemos de forma positiva la existencia actual de importantes competencias del Estado para la regulación de las Universidades Privadas. Estas universidades deben encuadrase en la Política de Planificación Universitaria Nacional.
Vamos a promover:
59- Su inserción programática y curricular en el marco de la Política de Planificación Universitaria Nacional.
60- El ingreso docente por concurso.
61- La obligación de apoyar el perfeccionamiento de sus docentes de forma gratuita.
62- El avance en la formulación del ingreso al gobierno de la Universidad de los alumnos, los docentes, los graduados, los no docentes y los representantes del Estado municipal.
63- La obligatoriedad de desarrollar la investigación y la extensión.
64- El derecho a que sus estudiantes provenientes de hogares humildes también reciban becas del Estado nacional, en simultáneo con la eximición del pago de aranceles.
65- El derecho a que sus programas académicos definidos como prioritarios por la planificación nacional, sean apoyados con créditos subsidiados, similares a los que benefician a las PYMES.