La Universidad y las Retenciones

“Los mismos de siempre”:
algunos comentarios a las retenciones a las exportaciones

Sebastián Tapia, Secretaria General de la FUA
Aritz Recalde, Sociólogo y docente de la UNLP


En los últimos días el gobierno nacional anunció un aumento de las retenciones a la exportación de la soja en 9,1 puntos, que sumado al incremento implementado a la exportación de girasol en 7,1 y a la reducción del 0,8 y 0,9 puntos el derecho correspondiente al maíz y el trigo respectivamente, completan un paquete de medidas que son impulsadas para frenar los aumentos de algunos alimentos y promover cultivos considerados prioritarios. Contra las acciones de gobierno “los mismos de siempre”, los SRA o CARBAP, lanzaron sus furibundas acusaciones, demandas y reclamos contra este paquete de medidas. Sobre estas cuestiones, tanto el anuncio de la medida como la reacción de algunos sectores, vamos a hacer un breve comentario.

Como punto de partida, consideramos oportuno traer a consideración el precepto repetido por Perón de que “la tierra no debe ser un bien de renta, sino un bien de trabajo” y que la “propiedad privada tiene una función social”. A partir de aquí, es que es bueno reflexionar que el precio de los productos de la canasta básica que consumen los argentinos no es un debate meramente técnico entre los productores y el Estado, sino que y por el contrario, es profundamente social e involucra a la nación en su conjunto. El aumento considerable de los precios de los productos agrícolas en los mercados de exportación, es una variable internacional que el gobierno no puede modificar y que se traduce en un achicamiento de los saldos de producción vertidos al mercado interno y en una suba de los precios para las familias argentinas. A diferencia del mercado internacional, el Estado si puede adquirir una importante injerencia sobre el desenvolvimiento del mercado nacional. Sobre este complejo cuadro, el Estado no solo puede, sino que “debe” intervenir priorizando el sentido social de la propiedad y permitiendo el desarrollo de la ganancia de los productores, pero conciliando a la vez, la posibilidad del consumo de alimentos del conjunto de los trabajadores. La acción diaria de los productores agrícolas se inserta como un eslabón más en la cadena de la producción, la industrialización, la comercialización y el consumo del país y su desenvolvimiento debe acompañar el desarrollo nacional, le guste o no, a los productores del campo.
Las mayores retenciones de soja intentaron aumentar la producción de maíz y de trigo ya que y entre otras cuestiones, el primero es de suma importancia tanto para el consumo de los argentinos, como para la producción ganadera (carne, leche y derivados). Conjuntamente al aceite y la harina, estos frutos del país forman parte de los productos “conflictivos” y sobre los cuales se están estudiando implementar las retenciones móviles. En este marco, el debate “técnico” entre el Estado y las organizaciones del campo, debe subsumirse al problema social y político que implican los aumentos sobre las familias y la cadena de valor y la competitividad del país.
Además y completando lo dicho, es importante remarcar que las retenciones son un mecanismo recaudatorio legal y legítimo que tiene el Estado para redistribuir la riqueza del país y para garantizar el desarrollo pleno y sustentable. Desde la devaluación el país inició un proceso de reconstrucción industrial que necesita de crédito, de tecnología, de infraestructura en rutas o trenes, de educación y salud para los trabajadores que tienen que tener una canasta básica alimentaría accesible y popular: la recaudación de las retenciones tienen que apuntalar estas cuestiones. El Estado y para garantizar la existencia y grandeza nacional, debe armonizar el funcionamiento del conjunto de actores del país, sean provenientes de la producción o el trabajo y del Campo o la industria y limitando si es necesario, la obtención de rentas de privilegio de algún grupo en función del bien común. De más esta decir, que el campo se vio beneficiado por el tipo de cambio que implica un costo al país y lo mismo ocurre con los subsidios a los combustibles o los gatos en la construcción de rutas, en los hospitales a los cuales se dirigen sus trabajadores, en el acceso la educación gratuita en todos los niveles, en la inversión en seguridad, en el acceso a la tecnología o en la asistencia técnica de las agencias de investigación públicas (INTA, INTI, etc.), etc. El campo genera un “costo” al Estado y no solamente y como reclaman los productores, son “expropiados con impuestos injustos”. Asimismo y pese a las retenciones, el campo goza de una alta rentabilidad no solo de la producción, sino además, que han aumentado los precios de la tierra y los arrendamientos. No desconocemos las diferencias que pueden existir entre los reclamos de las Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina o la Federación Agraria Argentina o entre las demandas de los pequeños y grandes productores o entre los productores nacionales y los extranjeros, pero y pese a eso y aunque las medidas pueden mejorarse, vemos positivamente el aumento de las retenciones.
Dejando de lado el debate circunstancial por las medidas de las retenciones, estamos seguros que aun queda vigente discutir un programa nacional que establezca los derechos y los deberes de las partes “trabajo, producción, comercialización y Estado”, en el mediano y largo plazo. La formación de “retenciones móviles” por cuatro años intenta dar continuidad a la política: es positivo avanzar en ese camino, pero lejos esta de ser la solución que demanda el país. En la Argentina y en los temas del campo y la producción, hay problemas de fondo que tienen que discutirse y planificarse.
El Estado y entre los temas que le incumbe enfrentar, debe determinar los costos de producción y los modos de distribución de la ganancia con el objetivo de promover un reparto equitativo entre terratenientes y arrendatarios o entre productores y trabajadores. En este sentido, es bueno recordar la sanción del “Estatuto del peón del campo y el tambero mediero”, la fijación por ley del “precio de los arrendamientos” o las “suspensiones de juicios por desalojo” implementadas en la década de 1940. El campo debe discutir seriamente y no solo con el Estado, quién se “apropia” de la renta y el fruto del trabajo entre los distintos actores que forman la cadena de producción: está profundamente vigente la necesidad de revertir dichas asimetrías dentro de toda la cadena. Asimismo, es importante direccionar en el mediano plazo y como parte de un Programa nacional, una distribución sustentable entre los distintos cultivos y actividades agrícolas y ganaderas.
Otra cuestión que hay que discutir profundamente y con conciencia nacional, es el alarmante proceso de concentración y extranjerizaciòn de las actividades de la tenencia de la tierra, la fabricación de semillas, de tecnología y de patentes o de la producción y la comercialización de las actividades agropecuarias. Nuevamente, podemos regresar un poco en la historia y rediscutir los alcances y la actualidad de los intentos de recuperar la soberanía nacional en temas de comercialización, apropiación y redistribución de los excedentes desarrollados por el Instituto de Promoción del Intercambio (IAPI) en las décadas del cuarenta y el cincuenta. Asimismo, es bueno rediscutir el rol de lo que fue la Junta Nacional de Granos o la Junta Nacional de Carnes. El productor nacional o el pequeño, se ven desfavorecidos por los grandes acopiadores y comercializadores, muchos de ellos extranjeros, y esto debe discutirse atendiendo la soberanía y el desarrollo del país.
Otra cuestión crítica tiene que ver con la tendencia al despoblamiento del campo y las pequeñas comunidades, cuestión que debe ser atendida promoviendo la radicación de familias y de los jóvenes estudiantes en el interior, conjuntamente a la formación de cooperativas.

En el tema universitario que nos involucra directamente es importante rediscutir los perfiles y el tipo de las investigaciones de las carreras ligadas a la producción, atendiendo las demandas de las organizaciones del campo nacionales y en particular, del sector público y del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. El objetivo debe ser el fomento del desarrollo de una ciencia y una tecnología nacional que permita reducir los egresos financieros del país en carácter de pagos de patentes, de regalías, de profesionales extranjeros, de costos de insumos importados, reduciendo la exportación de profesionales. Asimismo, vamos a seguir sosteniendo la necesidad de articular la universidad con el país y el campo desde la implementación de Secretarias Económicos Sociales y desde la formulación de un Servicio Social obligatorio que fomente la radicación de profesionales en las comunidades agrícolas.

Las organizaciones del campo y previo abandono del enfrentamiento directo al gobierno, podrían sugerir al Estado una inversión en infraestructura y en servicios para sus sectores y beneficiosas, además, para el conjunto país. El Estado debe canalizar el ahorro de las retenciones en el desarrollo nacional, evitando el consumo superfluo propio de estos sectores caracterizados por su incapacidad histórica de reinvertir las ganancias en la industrialización de sus manufacturas. Distribuir los ingresos fruto de la renta diferencial del suelo, dar la cobertura necesaria para las zonas marginales, impulsar la presencia de la producción argentina en el mercado mundial, otorgar créditos, promover la tecnología nacional, apuntalar una colonización en el territorio federal, frenar la extranjerización de la tierra y el comercio, garantizar el abastecimiento interno, sostener la política cambiaria y regular los precios, articular la industria y el campo en un proyecto conjunto, favorecer a los medianos y pequeños productores nacionales y fortalecer la acción del Banco de la Nación Argentina, son alguna de las actividades a las cuales el Estado no puede renunciar.

Hay que asumir a conciencia que el debate del campo actual “excede” a las retenciones y que es importante que lo asumamos por el bien del país y no solamente, para obtener mayores beneficios de algunos sectores de la comunidad argentina. Como dirigentes universitarios que bregamos por el desarrollo nacional sustentable y por una justa distribución del ingreso, acompañamos al gobierno nacional en esta decisión, y fundamentamos nuestra posición como parte de una corriente de estudiantes y profesionales universitarios con conciencia nacional.

Análisis del Proyecto de Constitución de Bolivia

LA MARCHA DE BOLIVIA HACIA LA SEGUNDA INDEPENDENCIA
Análisis del Proyecto de Constitución de Bolivia
Aritz Recalde

Febrero de 2007

INTRODUCCIÓN

“Bolivia es, y será para siempre, independiente de toda dominación extranjera; y no puede ser patrimonio de ninguna persona, ni familia.” Artículo 2 de la C. N. del año 1826, Proyecto remitido por Simón Bolívar[1]

“Nosotros hemos aprendido a definir a las naciones dominantes como las progenitoras de la criatura colonial. Y a esa criatura la hemos asesinado sin ceremonias en la lucidez de nuestra conciencia histórica plegándonos a la lucha revolucionaria de las masas argentinas e iberoamericanas.” Juan José Hernández Arregui[2]

Para que un reloj de arena comience a andar y derrame la marcha del tiempo, primero, hay que darlo vuelta. La política y los relojes de arena se parecen: en la actualidad, las organizaciones libres del pueblo boliviano están “invirtiendo” las históricas relaciones políticas de opresión para que comience a fluir una nueva época en esta sufrida, pero siempre en pie, nación latinoamericana. El pueblo boliviano recorre un tránsito tumultuoso, contradictorio, muchas veces violento, pero trascendentemente necesario para iniciar las reformas estructurales de su gobierno y de su Estado que próximamente, será un Estado nacional, plural, independiente y definitivamente liberado. El pueblo de Bolivia se subleva, camina, tropieza, pero no cesa su marcha y bajo los millones de pies cubiertos de polvo, se escribe un nuevo capítulo en la historia de América Latina y de las naciones del Tercermundo en el camino de consumación de su verdadera y definitiva independencia.
Esta epopeya de los pueblos del sur tiene un líder y su nombre es repetido entre los mares de hombres que inundaron las calles bajo el sol hijo de la madre tierra, en las marchas indígenas para recuperar los hidrocarburos o en las guerras del agua: ese hombre se llama Evo Morales, encarnación viva y profunda de las generaciones de mártires caídos en las interminables luchas de liberación nacional y social latinoamericanas. Morales no es estrictamente un hombre, sino que es la síntesis histórica de un momento, es su pueblo hecho hombre, nervio vital de la revolución, único e irrepetible, pero a su vez, semilla germinada del surco y la azada en las manos y la acción de cada uno de los bolivianos encolumnados bajo la causa libertaria de los condenados de la tierra. Estos hombres- semillas, son sembrados y regados en las calles y los comités a través de los sueños y las luchas de populares a lo largo y ancho de la profunda América Latina. Las semillas germinan, crecen, echan raíces y muchas veces mueren sin llegar a florecer, pero incesantemente y pese a desaparecer antes de dar frutos, son fuentes de vida que nacen y renacen en nuestro inmenso continente sudamericano. Estas semillas, pequeños brotes de los intentos revolucionarios, tienen distintos nombres pero un mismo objetivo: liberar a Latinoamérica de la sombra mortal de los imperios y sus agentes locales. Morales, Correa, Chávez, Castro, Perón, Cárdenas, Villarroel, Vargas, Torres, Allende o Velasco Alvarado, cada uno durante los siglos XX o XXI, germinaron y dieron vida a los intentos de desarrollar la segunda y definitiva independencia latinoamericana.
De su mano, la mano cálida y profundamente indígena de Evo Morales, de ese hombre, reflejo de las luchas de su pueblo, está despertando el sueño de construir un Estado que enarbole la bandera y los programas de las naciones y los pueblos originarios. El despotismo liberal impuesto en forma violenta por varias generaciones de gobernantes sobre la mayoría de las comunidades de la tierra que alguna vez caminó Sucre junto a Bolívar, tiembla ante el ascenso de las organizaciones libres del pueblo que le exigen su derecho a la autodeterminación y al reconocimiento cultural, social, económico y político. Atrás va quedando el ciudadano universal del liberalismo clásico o el “sujeto consumidor” impuesto por el neoconservadurismo neoliberal y la dictadura ilustrada como “supuesto único camino al desarrollo bajo el telón del fin de la historia.” Cansados de ver la misma y desoladora obra neoliberal tras el telón de los ojos del imperio, los latinoamericanos prenden fuego el teatro neoconservador del supuesto fin de la historia e interpretan y montan su propia función.
Morales, Álvaro García Linera y el pueblo boliviano, están iniciando una larga marcha y tras de si, cuelgan una pesada mochila en sus espaldas cargada del sin fin de batallas de sus antecesores, que han caminado bajo un perpetuo cielo de ilusiones, a veces nublado, tomentoso o turbio, pero finalmente e irrevocablemente, despejado y luminoso. En esta mochila que no es ni más ni menos que la historia de su pueblo en el tránsito hacia la formación de la conciencia nacional, llevan grabada la imagen del derramamiento de interminables torrentes de sangre tras la espada y el fusil de las minorías ligadas a las metrópolis. Los bolivianos padecen el programa del imperio que establece que pese a que sus habitantes forman parte de un país profundamente rico en recursos naturales, la mayoría de ellos han sido histórica y tremendamente pobres. Las organizaciones libres del pueblo hoy reconstruyen con su hacer diario la conciencia histórica de los desarrapados de la tierra. A estos hombres y mujeres que se levantan, aún les duele en su memoria el saqueo del oro, la plata o el estaño extirpado y trasladado al exterior durante siglos. El país ha perdido la cuenta de los kilómetros de excavaciones y aperturas del suelo que ha realizado con las manos y el trabajo de generaciones de bolivianos, muchos de ellos sepultados en los oscuros túneles con los pulmones pútridos a consecuencia de respirar el veneno de las profundidades de la madre tierra. En las minas, similares a cementerios y tumbas para la juventud de un pueblo laborioso, coexisten dos procesos extremadamente disímiles: por un lado y mientras las procesiones de familiares clavaban las cruces de madera y acarreaban los cajones de los trabajadores muertos bajo los desmembramientos de piedra o las enfermedades de las minas, otros brazos, generalmente nacidos o educados en las metrópolis, acarreaban el producto mineral del suelo hacia el extranjero que lo consumía elevando su nivel de vida. Sobre el producto del sudor y la sangre del sur americano, se construyeron ciudades enteras en los países metropolitanos que nos legaron como saldo de nuestro esfuerzo, los estados raquíticos y endeudados del Tercermundo. La violencia derramada tras la sed de oro, plata, el estaño o el petróleo, aún le duele a Bolivia, presa de la acción de los imperios que promovieron las dos guerras que desangraron el país en el siglo XX. Detrás de los soldados de las hermanas naciones de Paraguay y Bolivia que morían enfrentados, la Standard Oil de Nueva Jersey y la Shell holandesa escribían los marcos legales para repartirse el Chaco y sus reservorios de petróleo. Entre las venas abiertas aún sigue drenando aquella sangre resultante de la Guerra del Pacifico, esto es, de la batalla del salitre y del guano, que finalmente tras la mutilación territorial de Perú y Bolivia, dejó en las manos de las empresas inglesas radicadas en Chile la función de hacer de esta nación una factoría exportadora británica.[3] Hoy, el pueblo boliviano ha identificado a su verdadero enemigo: la política del imperio y sus agentes locales, la oligarquía boliviana.
Contra esta escandalosa caravana de riquezas que históricamente viajó hacia las arcas de las potencias europeas o norteamericanas en estrecha complicidad con las oligarquías locales, se levantó Bolivia. Al defender la nacionalización de los hidrocarburos en las “guerras del gas”[4] y al movilizarse en el referéndum del 2004[5]; al redistribuir el producto por ellos generado en áreas de educación o salud[6]; al impulsar la reforma agraria enfrentando, por ejemplo, a un centenar de familias que tiene en sus manos 25 millones de hectáreas de tierra en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando o sea, cinco veces más que los dos millones de campesinos que trabajan en otras cinco millones de hectáreas[7]; al iniciar una nueva nacionalización de la minería[8] recuperando las competencias de la estatal COMIBOL; al implementar con parte de la renta de los hidrocarburos un subsidio para jubilados denominado “renta Dignidad”; al apoyar los acuerdos de integración con Cuba, Venezuela, Irán, Paraguay o Brasil; al ingresar y promover la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA); al encarar la lucha contra el analfabetismo; al anunciar que se recuperará la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) privatizada en los años ´90; al impulsar la reforma de la ley de electricidad favoreciendo la recuperación de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) privatizada en la misma década; al financiar y promover la acción de los pequeños productores agrícolas; al desarrollar las guerras del agua o en la defensa del precio del gas, el pueblo de Bolivia se despierta del letargo y ejerce su derecho irrenunciable a ser dueño de su destino.
En este cuadro, los imperios y las oligarquías, son los eslabones que unen y mantienen la cadena de la dependencia neocolonial y son estos mismos, sean españoles, ingleses o norteamericanos, los que han negado a lo largo de la historia del continente sudamericano, el derecho a la existencia de sus comunidades y pueblos. Sin entender la cuestión de la DEPENDENCIA, tanto en lo que respecta a la historia de expoliación del país, como asimismo, al profundo sentimiento genuinamente revolucionario y de refundación nacional que está atravesando el país, poco se comprenderá respecto al proyecto de Constitución que vamos a comentar a lo largo de este escrito. En este sentido, es importante recordar que a los Estados que son económica y políticamente dependientes, les corresponde una arquitectura jurídica neocolonial cuya función es perpetuar el modelo institucional de un país en el cual trabajan los nativos y usufructúan los extranjeros. En las naciones a medio camino o incompletas propias del sur de América, los pies que hacen andar la producción son latinoamericanos y los estómagos y los bolsillos que consumen el resultado del trabajo, son en gran parte, extranjeros. En muchos casos, fruto de la imposición de una cultura neocolonial, los profesionales de las clases medias latinoamericanos obnubilados por la cultura del imperio reproducida en universidades, escuelas, diarios, viajes al extranjero o subsidios, han copiado las constituciones, refrendando los textos europeos o norteamericanos y desconociendo las tradiciones propias de nuestra América, tanto previas, como posteriores a la ocupación Española. En este sentido, es importante recordar que una condición imprescindible para sostener un programa de gobierno dependiente que reposa en una desigual división internacional del trabajo, tiene que estar dada por la formación de un grupo social en los Estados de la periferia abocado a la organización técnica e institucional para reproducir esta relación neocolonial: los abogados, jueces y profesionales educados en las universidades nacionales y las fundaciones extranjeras, cumplen, generalmente este rol a lo largo de la historia intelectual dependiente de nuestros países.
A través de estas páginas glosaremos críticamente la propuesta de reforma constitucional que promueve el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera.[9] El gobierno revolucionario, más allá del desafío que implica triunfar en el referéndum que terminará de validar el proyecto de la nueva Constitución, encuentra grandes impedimentos que deberán ser superados. Actualmente, los peligros y los adversarios internos y externos de la revolución están lanzados a la oposición frontal al gobierno. Con este objetivo, la oligarquía y los enemigos externos, particularmente Norteamérica, desarrollan una vasta campaña de terrorismo mediático y político, apoyando las consignas separatistas de algunos Departamentos y convocando a los sabotajes económicos. La oligarquía gamonal a través de su aparato cultural y político, ha sido protagonista de una extraordinaria campaña contra la actual reforma de la Constitución, que finalmente y por mayoría legítima, fue aprobada en la Asamblea y avanza hacia el referendo.
En el marco de este enfrentamiento electoral y político que tiene una raíz profundamente histórica, el eco del pasado y las luchas indígenas que ayer parecían sólo un susurro, en la actualidad se están haciendo hombre y organización política en Bolivia. Tupac Amaru, Tupac Katari, Juana Azurduy, Petion, Sucre, Santa Cruz, San Martín, Bolívar y cada uno de los cientos de morenos, pardos, criollos o indígenas que combatieron contra los imperios poniendo su vida y no meramente su nombre en la historia escrita, brotan en la sangre del pueblo boliviano que recorre la tinta del proyecto de Constitución. La liberación y el derecho a la autodeterminación de las comunidades originarias, son una especie de ancho mar para Bolivia y es ese el rumbo hacia donde marchan las organizaciones libres del pueblo. Contra el modelo autoritario y despótico del Estado neocolonial difundido como un cáncer sobre las mentes del hombre americano a través de los medios de desinformación de masas, el artículo 1º del proyecto de la nueva Constitución establece que Bolivia se constituye en un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. Su condición de “Plurinacional Comunitario” implica tal cual lo expresa el artículo 2º, “la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales.”
El intento de cimentar un Estado sobre “principios ético-morales de la sociedad plural” o de “constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales”, forma parte de los objetivos del nuevo Estado expresados en su texto constitucional. En este cuadro, creemos, la madre tierra, tarde o temprano, dará abrigo a sus hijos en el marco de un Estado que será una nación plural y participativa.
Creemos que una manera de acompañar el proceso boliviano es difundiendo sin las anteojeras de la tiranía comunicacional del imperio, los anhelos y programas de la actual revolución boliviana y su proyecto. El objetivo de este escrito tiene que ver con el intento de transmitir en forma clara y sistematizada para el lector no especializado en cuestiones constitucionales, los principales aspectos del proyecto de Constitución de Bolivia. Por consiguiente, no en las definiciones o apreciaciones conceptuales sobre el tema del constitucionalismo en Latinoamérica ya que ya lo hemos desarrollado en otros trabajos relacionados con este.[10] Atendiendo a lo dicho, nos interesa meramente traer a consideración un concepto del constitucionalista argentino Arturo Enrique Sampay, mentor de la Constitución del año 1949.[11] Sampay al analizar la carta magna, establece una distinción entre la “Constitución escrita”, la “Constitución Real” y la “Constitución Justa”. La primera, establece “en un acta legislativa solemne, las instituciones destinadas a que perdure y se desenvuelva la Constitución real”. Para saber cual es la “Constitución Real”: “corresponde averiguar, en primera instancia, qué sector social predomina en la actualidad y con que finalidad lo hace, y en segundo lugar, qué sector social lucha por conseguir el predominio y qué ideal e inclinación vital los lleva a buscarlo”. En definitiva, el texto constitucional expresa un esquema de distribución del poder social a través del establecimiento de fines y medios institucionales para alcanzarlo. Ahora bien, como indica Sampay, detrás del texto existe una lucha por el poder entre distintos sectores sociales. El autor además y como adelantamos, introduce la noción de “Constitución Justa” entendida como “la institucionalización del predominio del sector de la población históricamente eficiente para ordenar la actividad social y los recursos sociales con vistas a lograr que todos y cada uno de los miembros de la comunidad tengan lo necesario para desarrollarse plena e integralmente”. Adecuando las categorías del autor al estudio de la Constitución boliviana, creemos que el mismo expresa las tres definiciones mencionadas: el proyecto “escrito” traduce el ascenso de las organizaciones libres del pueblo, legítimas expresiones de la “Constitución Real” fruto de la lucha por el poder del pueblo boliviano, claramente visible en su protagonismo en la última década incluyendo su triunfo electoral. Pero además y como cuestión de suma importancia histórica para ese país y para el conjunto de Latinoamérica, el texto es una “Constitución Justa” ya que plantea la única oportunidad de Bolivia para consolidar la unidad de la nación en el marco de la pluralidad étnica y cultural del país. El programa político enarbolado por Evo Morales tiene un claro contenido de unidad y de integración nacional, a diferencia de la tiranía liberal ejercida por décadas sobre las espaldas de la mayoría popular silenciada.
El tema central que nos interesa rescatar y desarrollaremos particularmente a lo largo del trabajo, tiene que ver con el primer capítulo denominado “Derechos a la autodeterminación indígena” a través del cual, intentaremos mostrar al lector algunos de los mecanismos que está promulgando la revolución boliviana para consagrar el derecho genuino e impostergable a la participación de los pueblos originarios en el gobierno del país. Entonces, mencionaremos particularmente los aspectos concernientes al derecho a la Identidad de las comunidades y a la aparición en el texto constitucional de diversos instrumentos de participación política de suma trascendencia histórica para los pueblos del sur americano. En el primer capítulo analizaremos cuáles son los instrumentos institucionales que establecen el derecho de las comunidades a la explotación de los recursos naturales. Este apartado termina con una mención al articulado referente al derecho al trabajo.
El segundo capítulo se denomina “Defensa del patrimonio nacional y público”, que nos permitirá gozar de una idea certera del contenido nacionalista y antiimperialista de la revolución boliviana actual y de su intento de institucionalizarla en el proyecto constitucional. Nos referiremos particularmente a las cláusulas que limitan la ingerencia extranjera en los asuntos nacionales y a los instrumentos y políticas de Estado para la defensa de la Infraestructura estatal, de los servicios de salud y de la cultura del país. Este punto culmina con una mención al proyecto constitucional en lo concerniente a la histórica reivindicación marítima del pueblo boliviano y con una mención particular a la tentativa de hacer un uso soberano y sustentable de los recursos naturales del país.
El capítulo tres versará en torno a algunas de las transformaciones más importantes del sistema político de Bolivia, distinguiendo las propuestas de ampliación del concepto de “democracia”. Por último, mencionaremos los nuevos derechos establecidos en el proyecto que instituyen toda una gama de derechos de cumplimiento obligatorio para los habitantes de Bolivia.
El capítulo cuarto menciona brevemente las cuestiones del proyecto constitucional referentes al esquema propuesto para la integración geopolítica de Bolivia que introduce el nuevo texto, comentando particularmente, la perspectiva latinoamericana.
El capítulo quinto y último, denominado “Organización del Estado para el desarrollo nacional”, se relaciona estrechamente con el segundo capítulo ya que indaga en los mecanismos institucionales que desarrollará el Estado para avanzar en la revolución. En este punto serán abordadas las cuestiones referentes al tipo de organización económica y al rol de Estado propuestas en el proyecto. El capítulo se cierra con una mención del texto constitucional sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el desarrollo nacional.El trabajo culminará con una breve conclusión que esperamos, sea relevante para el lector interesado en la liberación de los pueblos del Tercermundo.

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[1] Fuente: http://www.cervantesvirtual.com
[2] Hernández Arregui, Juan José, Nacionalismo y Liberación, Peña Lillo, Ediciones Continente, 2004, p. 170.
[3] Galeano, Eduardo, Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI, Buenos Aires, 1974, p. 218.
[4] En el año 1937 David Toro rescinde las concesiones petroleras de la Standard Oil Co. que serán asumidas por YPFB al mando de Germán Busch, líder militar de la guerra del Chaco. El Gral. Alfredo Ovando Candia hará lo mismo con la Gulf Oil en el año 1969. El derrocamiento del Gral. nacionalista Juan José Torres en el año 1971 habilitó la desnacionalización del recurso natural, cuestión que viene a reparar la actual nacionalización.
[5] Una cifra superior al 80 % de los bolivianos apoyó la nacionalización que fue posteriormente implementada con el “Decreto Supremo 28.701 de nacionalización de los Hidrocarburos”.
[6] Por ejemplo, la ley Nº 3038/05 establece en su Artículo 1º que: “Se dispone la transferencia del 20% de los recursos económicos provenientes del 45% de las regalías hidrocarburíferas de la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, en favor de la Educación y Salud, dentro de la alícuota parte que le corresponde por las regalías hidrocarburíferas a la Primera, Segunda y Tercera Sección de la Provincia Gran Chaco”. Asimismo, el decreto Nº 28.421 modifica el artículo 8 del decreto nº 22.223 y establece entre otros temas, que el 6, 2% del monto de los fondos de hidrocarburos transferidos deben destinarse a la universidad.
[7]Fuete: http://www.presidencia.gov.bo/
[8] El año 1952 es el de de la nacionalización de la minería que será nuevamente privatizada en la década de 1980.
[9] El texto de la Constitución fue aprobado en grande, detalle y revisión por la Asamblea Constituyente. El paso siguiente, previo a su sanción definitiva, implica su aprobación por el pueblo boliviano a través de un referendo.
[10] Recalde, Aritz, “Constitucionalismo social y liberación nacional en Latinoamérica. Análisis sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, Marzo 2007; “La Constitución Peronista de 1949. Génesis y caída”, Abril de 2007. Ver bibliografía.
[11] Sampay, Arturo Enrique, Constitución y Pueblo, Cuenca Ediciones, Buenos Aires, 1974, pp. 102-103.

Universidad y Peronismo, hacia una superación histórica de la Reforma.

Aritz Recalde, noviembre de 2007

Documento publicado en la Revista de la "Agrupación 22 de noviembre"

La irrupción de los sectores populares y la apertura de democracia de masas en el país de la mano del programa político peronista, traería aparejada no pocas dificultades al gobierno entrante. Por un lado, la nueva fuerza política se enfrentaría con los grupos de poder económico tradicionales ligados al sector agroexportador o al capital extranjero, ya sea aquellos como la Sociedad Rural o la UIA. Asimismo y por otro lado, el peronismo generaría un fuerte rechazo en muchas de las instituciones políticas y culturales típicas del proyecto de país liberal consolidadas desde hacía varias décadas tras las figuras presidenciales de Rivadavia, Mitre, Roca o Justo. La universidad argentina en este marco, oficiaría como una palanca de ingreso de las ideas y teorías liberales favorables al capital extranjero y además, operaría como una escuela de funcionarios para hacer girar el engranaje de producción y reproducción del esquema neocolonial dependiente y pastoril argentino.
A partir de aquí, que dicha institución a la hora de la aparición del peronismo conservaría fuertemente su perfil e idiosincrasia tradicionalmente aristocrática, renuente al cambio social y económico industrial nacional y generalmente sus docentes eran de ideología liberal y desde aquí e históricamente, poseedores de una concepción anti popular. Previo al año 1945, dicha característica sería cuestionada, por lo menos en parte, por la reforma del año 1918 que y lamentablemente y tras la decadencia del partido radical, pasaría a los anaqueles del olvido bajo las cátedras de docentes estrechamente ligadas al capital extranjero y los negocios de país agrícola dependiente. De aquel ímpetu reformista poco quedaría concretamente en muchas facultades de aquellas 6 universidades argentinas que llegaban al año 1946 (1) tras una “primavera docente” durante la década infame, caracterizada por la complicidad universitaria con el esquema político de la “concordancia” bajo los acuerdos de sectores de los partidos socialistas y radicales con el régimen militar.
Esta desconexión entre la universidad y el país real y profundo, tendría varias dimensiones. Por un lado, existirían problemas de índole cultural o ideológico de los docentes y alumnos, cuestión que los llevaría a mantener un fuerte rechazo a las expresiones organizadas del movimiento obrero. A partir de aquí, muchos de ellos se comprometerían orgánicamente en la Unión Democrática, posteriormente algunos docentes renunciarían de la universidad en 1946 y finalmente y además, jóvenes y profesores formarían parte de las acciones militares y terroristas de junio y septiembre del año 1955 y posteriores de los “comandos civiles”. Pero más allá de la acción individual en cada caso, lo que era innegable además para definir la “desconexión” universitaria, era el perfil de las investigaciones y la formación de la educación superior, tradicionalmente liberales e europeístas en su ideología, como asimismo, renuentes a textualizar o desarrollar los temas y las carreras industriales acordes al país de las décadas del cuarenta. Era la universidad de un país soñado para ser una granja inglesa, económicamente y políticamente dependiente y socialmente desigual, anhelado por una aristocracia o clase media de espaldas a la argentina trabajadora y sufriente.
El peronismo a partir de aquí, tuvo que enfrentar esta desconexión de la universidad con el país, cuestión que implicaba un complejo proceso de negociación y de paulatino avance con cada uno de los claustros en pos de articular la universidad al programa de la revolución. Pese a las resistencias encontradas, dos golpes militares de por medio, podemos decir que el peronismo legaría a la universidad varios hechos de suma importancia para la educación superior vigentes hasta la fecha. Incluso, podemos afirmar, que el peronismo sería el protagonista de la ejecución concreta de los planteos de la reforma del año 1918 actualizándola y superándola dialécticamente para ajustarla a la democracia de masas (2).
Por un lado y solo con Perón en el gobierno, se sancionarían tres leyes Universitarias, oficiando a partir de aquí, como el primer gobierno en sancionar una ley desde 1885, pero además, como el gobierno democrático que mayor cantidad de leyes de educación superior sancionaría en la historia del país: 13.031/47, 14.297/54 y 20.654/74. Estas tres leyes expresarían en un esquema jurídico normativo todos y cada uno de los fines de los verdaderos reformadores del año 1918, incluso, superándolos ampliamente. Por un lado y para expresarlo concretamente, durante los primeros 10 años de gobierno y por citar algunas cuestiones:
a- Ampliación de las matriculas y democratización del ingreso (3): se suprimen gran parte de los exámenes de ingreso, se eliminarían todo tipo de aranceles (4), se desarrollarían un sistema de becas - cuestión que tendría sanción constitucional en 1949-, aparecerían los horarios nocturnos para trabajadores y la Universidad Obrera, etc..
b- Extensión Universitaria: por primera vez se la menciona en la legislación universitaria en el año 1954 y se iniciarían las prácticas rentadas en el Estado. La Universidad Obrera articulaba directamente el conocimiento y la acción práctica en fábrica.
c- Promoción de Carrera prioritarias: por primera vez el Estado establecería Regiones Universitarias y se daría una política de planificación del gasto y la uniformidad nacional de los programas. Se crearía en Consejo de Universidades como ámbito de articulación de políticas públicas. Se desarrollarían (5) las técnicas agrarias, la ingeniería del petróleo o la investigación oceanográfica, etc. Aparecerían los grupos de investigación antecedentes del CONICET.
d- Ingreso de Estudiantes latinoamericanos (6): se avanzaría en el reconocimiento de títulos, en la formulación de congresos científicos internacionales de primer nivel y en el desarrollo de intercambio estudiantil.
e- Vinculación obrero estudiantil: por primera vez se tenderían los puentes concretos para esta unidad. Tanto dentro del aula al democratizar el ingreso, como asimismo, a partir del fomento de las agrupaciones estudiantiles como la CGU o la UES.
f- Defensa de la cultura nacional: por primera vez aparecería como objetivo de la universidad la divulgación de los valores y tradiciones de nuestro país. Asimismo, se introduciría en la legislación universitaria la importancia de la defensa del patrimonio no solo espiritual, sino además, económico y político de la nación.

En definitiva, el peronismo en sus diez años de gobierno nos legaría la gratuidad, los primeros pasos en la articulación concreta obrero estudiantil, la existencia de carreras prioritarias para la industrialización, el aumento inmenso del presupuesto, la creación del Ministerio de Educación, el fomento del latinoamericanismo y el antiimperialismo de la juventud y varios proyectos de universidades y carreras. Estos profundos cambios y por si fuera poco, serían desarrollados por un gobierno popular y democrático, que entre otras cuestiones, daría a la autonomía universitaria sanción constitucional en el año 1949. En definitiva y para sintetizarlo, con el peronismo en sus primeros diez años aparecería la noción del “derecho social a la educación superior” y la “cultura de la industrialización y el pleno empleo” como fines culturales y políticos estratégicos nacionales.
Asimismo, el peronismo nos dejaría como legado varias innovaciones en diversos ámbitos de la universidad, muchas de ellas aún vigentes. Por ejemplo, la ley 20.654 de 1974 introdujo la participación en el gobierno de la universidad de los trabajadores no docentes. Asimismo, dicha ley permitía el ingreso a la universidad -previo examen- a los trabajadores que no hayan cursado el ciclo educativo secundario. Por otro lado, esta norma planteaba la implementación concreta del nacionalismo revolucionario al prohibir la práctica docente a aquellos profesores vinculados a las empresas trasnacionales. En este sentido, no podemos dejar de mencionar la inmensa lista de actividades de articulación universidad y sociedad (7). Por un lado, la universidad durante el peronismo avanzaría en la gestión abierta en año 1973 en la articulación con las políticas públicas desde la firma de convenios con el gobierno nacional y provincial. Por otro lado, desarrollaría mecanismos institucionales internos para la articulación con el medio como serían en la UBA los Centros Piloto de Investigación Aplicada (CEPIA), el Centro de Estudio del Trabajo o los programas de los consultorios barriales, la fabricación de medicamentos, de alfabetización o de vivienda social. No viene mal recordar que en el plano docente y durante la década de sesenta y setenta se desarrollarían las Cátedras Nacionales que oficiarían como los ámbitos de formación de muchos dirigentes políticos del país.

Más allá de la gran cantidad de medidas implementadas, lo que el peronismo universitario nos legaría fue un intento de articular la educación superior a la democracia de masas en una nación a medio camino y en el transito a su emancipación política, económica, social y cultural. En este sentido, las décadas de sesenta y setenta verían por primera vez en la historia nacional una articulación masiva entre las organizaciones libres del pueblo y los universitarios. Las dos dictaduras, la de los años 1955 y 1976, cortarían este ímpetu democrático y liberador y muchas universidades regresarían en el tiempo y llegarían al sigo XXI tras una concepción anacrónica y conservadora de la autonomía, más propia del siglo anterior que de los desafíos y anhelos que esta demandando actualmente el pueblo argentino



(1)Las Universidades eran la de Córdoba, la UBA, La Plata, Cuyo, Litoral y Tucumán.
(2)El peronismo actualiza la reforma del año 1918 al articular la universidad a una revolución de obreros industriales dejando atrás las concepciones vanguardistas de los universitarios ya caducas hacía décadas. El punto de partida de tal epopeya política y cultural nacería de priorizar los “fines” de la universidad (la emancipación de un pueblo y la participación juvenil en ese proyecto) y no los “medios” (el gobierno interno de la isla democrática). Los universitarios levantaron los “medios” como bandera tras una desviación del concepto de “autonomía, para enfrentar la revolución y los verdaderos y únicos fines de la juventud que es ver liberado a su pueblo de la violencia social, económica, cultura y política.
(3) Además de la gratuidad al eliminar aranceles, el gobierno desarrollaría una economía de bonanza, único medio para el ingreso concreto de los trabajadores a la universidad.
(4) Decretos 29.337/49 y 4.493/52.
(5) Se inició la Ciudad Universitaria, la obra del Hospital Escuela, la Facultad de farmacia (antes Escuela) y se formularían los proyectos de las universidades nacionales del Sur y la Mesopotamia. Jorge A. Taiana, “La Universidad Peronista”, Primera Plana N° 498 15/VIII/72.
(6) Debemos decir además, que los antecedentes del Mercosur se pueden buscar en el pacto ABC firmado por Perón entre Argentina, Brasil y Chile. Asimismo, a nivel sindical se desarrollaría el ATLAS.
(7) Universidad y Liberación nacional, Ed. Nuevos Tiempos, Mayo de 2007.

La Universidad argentina entre la dictadura de 1976 y la apertura democrática de 1983: ¿una cuenta pendiente?.

LA UNIVERSIDAD Y LA LLEGADA DE LA DEMOCRACIA

Este texto es un apartado del libro “Universidad y Liberación Nacional” de Aritz e Iciar Recalde, Ed. Nuevos tiempos (2007)

1- La paradoja de un gobierno que se dice democrático y obedece la legislación de la dictadura.

Con la llegada de la democracia se intervinieron las universidades, a través del Decreto Nº 154 del año 1983 en su artículo 1°. Esta medida se correspondía con los acuerdos de la Multipartidaria y con los anhelos del Congreso del PJ mencionado anteriormente. Este Decreto fue producto de un arduo debate previo, principalmente por el hecho de que Alfonsín y gran parte del bloque de legisladores de la UCR, intentaron implementar una medida legal que no derogaba la ley de la dictadura, que no fijaba plazo a la intervención tal como aparecía nombrada en el decreto Nº 154, que no reincorporaba a los cesanteados y prescindidos, que no anulaba los concursos universitarios del gobierno militar y, con una centralidad inaudita, que no reestablecía la Ley Taiana.(1) En este Decreto, la UCR, de manera similar a otras violaciones del orden constitucional en nuestro país, desconocía el mandato del último Congreso elegido democráticamente entre 1973 y 1975 y no retomaría la Ley Nº 20.654 de 1974. Esta medida contó con el agravante de que no sólo no se retomaría la Ley, sino que además y hasta junio de 1984 con la sanción de la ley Nº 23.068 de Normalización de Universidades Nacionales en su artículo 3º, debería esperarse a que el gobierno derogara la ley Nº 22.207 de la dictadura. Esta ley, producto de los reclamos de la oposición, fijaría una fecha a la intervención de un año, prorrogable por 180 días.
El papel de sectores de la UCR en el año 1955 fue el de organizar, acompañar y justificar el bombardeo a poblaciones civiles y de alentar la proscripción de las mayorías, a las cuales se les prohibió nombrar la sola palabra “Perón.” Ese fue además, su papel en la universidad: ocupar el lugar de una democracia a través del uso de la fuerza e implementar con Frondizi la educación privada y religiosa. La UCR, junto a la coalición golpista del año 1955, operó como la fuerza de choque de la reacción conservadora contra el ascenso de las masas. Esta acción antipopular más temprano que tarde, fue desnudada y denunciada por los sectores juveniles de su partido, muchos de ellos en tránsito hacia el peronismo. En 1983, Alfonsín jugará un rol similar al jugado por la UCR en el año 1955 dentro de la universidad, pero ahora, con el antecedente de una dictadura más destructiva aún que la de 1955 y con el “gigante invertebrado y el hecho maldito del poder burgués” sin fuerzas para enfrentar la avalancha conservadora. En nombre del “reformismo” y de la “autonomía” y de manera similar al período de la Libertadora, la UCR ocupó las universidades vinculándolas estrechamente con las empresas extranjeras y la continuidad de las cátedras de la dictadura. Con esta actitud se buscó borrar el proyecto del gobierno popular de 1973, tendiente a articular la universidad al desarrollo nacional. Las acciones de la UCR y de la Franja Morada en las universidades y en la administración pública serían culpables en parte, de la crisis cultural y política de la Argentina, que tuvo su punto más trágico en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 tras la gestión del radical de De La Rúa y de la “juventud reformista”.
El gobierno de 1983 no sólo desconoció al Congreso y al orden constitucional al no guiarse por la ley Nº 20.654, sino que además y a través del artículo 2° del Decreto Nº 154/83, le atribuyó a los Rectores Normalizadores facultades de la Ley de la dictadura, Nº 22.207 de 1980 (artículo 48°). Esto mismo legisló en el artículo 5° del Decreto, que establecía que las funciones de los Consejos Provisorios en cada universidad serían los establecidos en los artículos 43° y 51° de la Ley del año1980. Recién con la Ley Nº 23.068 de julio del año 1984, aparecían las funciones de los Rectores y Decanos normalizadores (artículo 5º), mientras tanto, el gobierno se rigió por la legislación de la dictadura. La sombra de la traición alvearista a los valores del Manifiesto Liminar denunciada por FORJA en la década de 1930, se hacía presente nuevamente en la UCR y en nombre de la democracia con la cual se vive, se come y se educa, se sometía a las instituciones de la cultura a la lógica de la corporación de docentes que continuaban de la dictadura. En este sentido, en el artículo 4° del Decreto Nº 154, se estableció para el funcionamiento de las universidades la vigencia de los estatutos en uso hasta julio de 1966. En el caso de las universidades creadas con posterioridad a dicha fecha, se sugería adherir a aquellos que resultaran “más apropiados a sus fines.” La Ley Nº 23.068 de 1984 en su artículo 2º fijaba como fecha definitiva para la vigencia de los Estatutos, julio de 1966. El Ejecutivo Nacional a través de un Decreto, disponía que las universidades tenían que guiarse por la legislación de los gobiernos fraudulentos y militares del período 1955-1966. A los demócratas de nuevo cuño no se les ocurrió que el Congreso Nacional en el año 1954 o en año 1974, había sancionado una Ley universitaria, o sea, que se podría haber mencionado en el Decreto de 1983, la necesidad de implementar los estatutos de los únicos dos momentos de la historia de la patria en donde la democracia, universidades incluidas, funcionó sin proscripciones: entre 1946 y 1955 y entre 1973 y 1976. Esta actitud sería el auspicio de la reacción conservadora que atravesaría el país y las universidades, que paulatinamente, profundizarían su alejamiento de la nación y de los problemas de los sectores populares.

2- La paradoja de un gobierno que se dice democrático y que mantiene los docentes elegidos bajo la dictadura.

Tal como comentamos en el apartado sobre la política universitaria en la dictadura de 1976, las casas de altos estudios llamaron a concurso en el contexto del terrorismo de Estado y bajo las reglas de juego de los funcionarios puestos de manera directa o indirecta por el Ejecutivo de la dictadura. Los Rectores afines al gobierno de Videla, Viola o Galtieri serían el trasfondo político e ideológico del llamado a concursos docentes durante el gobierno militar. Dada la gravedad de la existencia de funcionarios de la dictadura en la universidad, tanto la Multipartidaria como el Congreso del PJ del año 1983, levantaron la consigna de que deberían suprimirse todos los concursos desarrollados durante el período militar. Esta era la universidad del año 1983: una institución sometida a la lógica del terrorismo de Estado bajo la lógica de funcionarios, en su mayoría, afines al régimen anterior. Lamentablemente, a diferencia del gobierno de 1973 que había llamado nuevamente a concursos docentes a todos los cargos de la universidad (artículo 58° de la ley Nº 20.654) el gobierno de Alfonsín se negará y en el marco de fuertes presiones y debates, dejará esta medida en manos de cada universidad. El Artículo 8º del Decreto Nº 154 establecía que:

“El Consejo Superior Provisorio de cada universidad dictará normas especiales, las que deberán ser aprobadas por el Ministerio de Educación y Justicia, a los fines de revisar la aparente validez de los concursos realizados bajo el imperio de la Ley Nº 22.207.”

El gobierno entonces, no llamará a concurso de “todos los cargos”, cuestión que estaba contemplada en la ley Nº 20.654 pero además, dejaría librada la cuestión a los “Consejos Superiores Provisorios de cada universidad.” Cada universidad debería tomar esta decisión sobre unos concursos que carecían de legitimidad y que pese a ello, fueron designados como de “aparente validez.”


La ley de Punto Final para la revisión de concursos.

A través del decreto Nº 154, el gobierno de 1983 no abrió todos los concursos y dejó a gusto de cada universidad la implementación de la medida. Con la ley Nº 23.068, en su artículo 9° se le puso un Punto Final al debate sobre la validez de los mismos y se fijó una fecha para la revisión: “Los concursos sustanciados durante el gobierno de facto podrán ser impugnados a pedido de parte interesada dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley.” Además, tal como aparece en el artículo, la posibilidad de impugnar el concurso quedó sujeta a la “parte interesada.” Estas medidas permitieron obstruir la necesidad de someter a concurso los cargos y además, operaron como una especie de tabique cultural y político, que obstruyó los debates en relación a la prolongación de la lógica de la dictadura dentro de la universidad.

La ley de Punto Final para reincorporar los docentes cesanteados y
perseguidos

La dictadura de 1976 será la etapa superior de la Libertadora del año 1955. El golpe del año 1976 tuvo el mismo objetivo que el de 1955 en lo que respecta al intento de desarticular al pueblo como actor social para postrar el país y ponerlo en manos del capital extranjero. El objetivo será similar, pero el diagnóstico de los sectores dominantes y el contexto mundial variarán y la represión crecerá enormemente. En la universidad, en el año 1976, ocurrirá lo mismo que en el resto del país después de 1955: serán reprimidos todos los actores en oposición al modelo. Pero ahora, a diferencia de 1955 donde la represión transcurrió por “etapas” en las cuales primero se persiguió a peronistas, luego a religiosos e izquierdistas y por último a “reformistas”, en el año 1976, con un modelo similar al perpetrado en 1966, aunque mucho más radical, la violencia se desplegará contra todo el arco de ideologías y expresiones políticas. La violencia en las universidades del año 1976, será mucho más cruenta que la del año 1966. Ante la violencia a que estaban sometidas las instituciones y ante el agravante de la expulsión de docentes por las dictaduras, el gobierno popular del año 1973, había establecido taxativamente la obligación del Estado de establecer la obligatoriedad de reincorporar a los cesanteados. Para eso y como comentamos en el apartado referido a la universidad del período camporista, el artículo 60º de la ley Nº 20.654 establecía que:

“A todos los docentes declarados cesantes por resolución expresa adoptada por la autoridad pertinente, desde septiembre de 1955 al 25 de mayo de 1973, derivada de razones políticas o gremiales, se les reconoce el grado académico que tenían al momento de su cesantía. A los docentes se les computará la antigüedad hasta el momento de la promulgación de esta ley, como si nunca hubieran sido cesantes, a los fines de los "antecedentes" a que se refiere el art. 9º.”

Un gobierno que se considera democrático y republicano no puede desconocer la necesidad de “democratizar” las instituciones. Ahora bien, a diferencia del gobierno peronista y de la Ley Nº 20.654, la UCR negará la reincorporación de todos los cesanteados. Como producto de severas discusiones, el gobierno accederá al reclamo de algunos sectores pero a diferencia de 1973, declarará un Punto Final a la reincorporación luego de transcurrido un año de democracia. Para eso, en el mes de julio de 1984, a través del artículo 10 de la Ley de Normalización de Universidades Nacionales Nº 26.068, se estableció que:

“Dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente ley, cada universidad asegurará la existencia de un régimen de reincorporación que contemple la situación del personal docente y no docente cesanteado, prescindido u obligado a renunciar por motivos políticos, gremiales o conexos, reconociendo las categorías al momento de las cesantías y computándosele la antigüedad hasta el momento de su reincorporación, que no deberá exceder los noventa (90) días de promulgada la presente ley.”

La gestión radical entonces, no reincorporaba obligatoriamente a “todos” los docentes y no docentes perseguidos o cesanteados, sino que disponía que “cada universidad” asegurara la implementación de la medida. Lo mismo que con la medida de la no apertura de todos los concursos, el gobierno radical aseguraba la “arbitrariedad” como método, ya que entre otras cuestiones, las universidades estarían ocupadas por funcionarios que venían de la dictadura. Ambas medidas, tanto el no llamado a todos los concursos y la no reincorporación obligatoria de los cesanteados, se implementaron en un contexto de profunda crisis política y cultural. La cultura del terror impuesta en la dictadura y la fragmentación de las organizaciones gremiales de la década de 1970, oficiaron como marco del cumplimiento de la arbitraria Ley, ya que entre otras cuestiones, muchos de los actores en cuestión llegaban al país tras el exilio y se encontraban con un ámbito académico inhóspito y sin el respaldo de los gremios fragmentados y perseguidos. El escaso tiempo para implementar las medidas permitió, en muchos casos, pese a la acción de sectores docentes y no docentes, la continuidad de los empleados de la dictadura al mando de la universidad.

Citas:
(1) Entrevista a Ana Lorenzo (2006).

Cultura nacional, medios de comunicación y soberanía

Aritz Recalde, Mayo 2006.

En la actualidad, la sociedad argentina inicia una etapa de búsqueda y de reconstrucción de los nuevos pilares de la conciencia nacional, aplazada e interrumpida, tras el derramamiento de sangre llevado a cabo durante la intervención de la última dictadura militar. El terrorismo de Estado ofició como instancia previa y necesaria para que en 1983, la apertura democrática se encuentre apresada bajo la tutela del neoliberalismo mundial y sus beneficiarios locales, los grandes grupos económicos. Con el objetivo de implementar el modelo neoliberal, las políticas de la dictadura y luego aquellas implementadas durante la década del ´80 y explosivamente en los ´90, atacaron los principales vasos comunicantes que habían mantenido unido y habían dado identidad por décadas al pueblo argentino(1). Con este objetivo, las políticas neoliberales impulsaron una feroz ofensiva sobre los ámbitos sociales, políticos e institucionales históricos de la comunicación y de la cultura argentina: desmantelaron la escuela pública en todos los niveles; modificaron los programas de la universidad; en una doble acción de represión y cooptación de dirigentes, barrieron las identidades de los partidos; destrozaron los sindicatos y profundizaron la filosofía del divisionismo obrero a través del terror generado por el desempleo; atacaron la esfera pública que paulatinamente fue privatizada, deteriorándose así, los clubes locales, las plazas, los espacios de reunión barrial y los vínculos locales como un lugar de encuentro. En este contexto social y político, los actores sociales fueron perdiendo paulatinamente un rasgo característico de la cultura argentina: las prácticas colectivas.
Los sujetos entonces, se "individualizan" por miedo a la represión, por comodidad, por cooptación o por convicción y centralmente, por el desempleo que los obliga a retrotraerse a la esfera privada del hogar. En lo hogares, los aguarda la TV y la radio que van monopolizando de manera creciente los tiempos individuales de la sociedad en su conjunto. La centralidad de la TV y la radio en nuestro país y en Latinoamérica, con la excepción histórica de Cuba y en la actualidad de Venezuela, no se corresponde con la existencia de políticas nacionales y soberanas de comunicación. Entre los factores de esta ausencia, debemos atender a que la masividad de la radio y de la TV son fenómenos recientes(2). En el caso argentino, la radio surge desde el sector privado a través de la creación de las radios El Mundo, Splendid y Belgrano. La TV, a diferencia de la radio, es creada en 1951 por el Estado. En sus comienzos, con la excepción de la TV, los medios de comunicación se articulan bajo la lógica empresarial norteamericana asentada en la publicidad como medio de reproducción económica(3).
La gestión peronista, entre los años 1946 y 1955, intentó implementar un Programa Nacional de Comunicaciones, complementario de un Programa Nacional y Popular de defensa de la cultura del país. De esta manera, en 1953 se sancionó la Ley 14.241, única Ley de Radiodifusión Argentina dictada por el Congreso (las siguientes serán ideadas por gobiernos militares) y se promovió además, en 1945 la fundación de la agencia TELAM. Tras la caída del gobierno popular en 1955, los programas culturales y de medios de comunicación, comenzarán a inscribirse en el marco de esquemas represivos: el Plan Conintes, la Doctrina de Seguridad Nacional y el neoliberalismo serán las alternativas al modelo nacional y popular del peronismo. Además, tras el golpe de 1955 se introducen gran parte de los rasgos actuales de la economía, la cultura y los medios de comunicación, tales como la extranjerización, la privatización y la concentración. Por ejemplo, después de 1955 llega la TV privada (canal 11, 13 y 9), las universidades privadas y el FMI. El tercer gobierno de Perón intenta revertir el proceso abierto en 1955, nacionalizando los canales 11 y 13 y tras su caída, se derrumba y abandona este intento de nacionalizar la cultura argentina.
La Ley que legisla las comunicaciones en la actualidad es la Nº 22.285 dictada en 1980. Dicha legislación fue diseñada durante la dictadura, sin embargo actualmente sigue vigente(4) y es cabal producto de la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional tal cual se afirma en sus artículos 7 y 72 inc. a). Entre otras cuestiones, el artículo 45 de esta Ley prohibía el acceso a las licencias de radiodifusión a las instituciones sin fines de lucro (cooperativas y ONGs). Asimismo, en su artículo 96 establece que el organismo fiscalizador de la radiodifusión (COMFER) se conforma en su directorio por 6 miembros entre los cuales figuran 3 pertenecientes a las Fuerzas Armadas (5). El gobierno de 1983 y los subsiguientes, lejos de ampliar el debate sobre las comunicaciones o de implementar un esquema legislativo democrático, ahondaron en un camino inverso. En primer lugar, se mantuvo la Ley de la dictadura. En segundo lugar y atentando contra los principios democráticos, se permitió y se fomentó, la creación de grandes multimedios de la comunicación(6). Esta reforma permitió a un mismo dueño poseer radios, periódicos y TV: el imperio de Clarín es un caso paradigmático del proceso de concentración de medios. A su vez, esta Ley ordenó la privatización de canal 13, de canal 11, de Radio Belgrano y de Radio Exelsior. En el año 1991 se impulsó la Ley 24.124 que ratificó el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones Recíprocas con los EUA, cuya consecuencia fue la llegada masiva del capital privado de EUA (Soros, Exxel Group, Cei – Citicorp Holding, HMT&F). Posteriormente, a partir de un Decreto dictado para garantizar la existencia de grandes multimedios, se autorizó la ampliación de licencias a un número de 24 por propietario, que permitiría tener a una misma firma una licencia de TV y radio por cada provincia. En nuestro país(7) se repite entonces, el proceso mundial y latinoamericano de concentración de la información que ocasiona que a nivel mundial, existan solamente 10 grandes Compañías Trasnacionales, principalmente de EUA (Time Warner, General Electric, etc.), 50 grupos regionales con capital de Japón, EUA y Europa (The New York Times, CBS, etc.) y 90 grupos subregionales (Televisa de México, Cisneros de Venezuela, Globo de Brasil o Clarín)(8).
El actual gobierno hereda la inexistencia de una política de comunicación soberana y lamentablemente, y salvo en excepciones de algunos de sus funcionarios, no parece visualizar una propuesta de modificación legislativa. En este contexto, existen logros, pero además, marcados retrasos en términos de los debates sobre una real política de comunicación. No podemos dejar de citar la reforma del artículo 45 de la ley 22.285 de septiembre de 2005, que permite a las instituciones sin fines de lucro adquirir licencias. Otro avance en la democratización del modelo legado por el neoliberalismo, es el proyecto de ley de Bonasso y otros, que deroga el artículo 7 y 72 inc. a) de la ley 22.285 que sujeta el sistema de telecomunicaciones a la Doctrina de Seguridad Nacional y establece una nueva conformación del directorio del COMFER que excluye a las Fuerzas Armadas e introduce la participación del Congreso en la elección de una terna de candidatos para el directorio. Este proyecto de Ley tiene sanción en diputados y falta la aprobación de senadores. Ahora bien, en contraposición al espíritu de estas medidas, se sancionó en el año 2005 el decreto 527 que renueva por 10 años el debate por la renovación de licencias y que le permite a los grupos concentrados mantener sus privilegios.
Ante este panorama es deber del gobierno y de las organizaciones libres del pueblo, reconstruir el Estado y sus instituciones. Además, los partidos políticos y los sindicatos deben ser nuevamente una herramienta de formación y difusión de los programas populares. Paralelamente a esta construcción, es hora de que la sociedad discuta la implementación de una Política Nacional de Comunicaciones. En este sentido, existen antecedentes en Argentina que plantean una alternativa a la legislación vigente, tales como, la Iniciativa Ciudadana por Una Ley de Radiodifusión para la Democracia que establece 21 ejes de intervención para un nuevo esquema. En los países hermanos se están produciendo algunos avances en la implementación de un nuevo modelo, como por ejemplo en Venezuela, donde se dictó la Ley de Responsabilidad Social de medios de comunicación. El debate está planteado y los recursos humanos sobran; resta, creemos, la organización política que implemente las medidas de cambio necesarias para constituir una política de medios nacional y popular.



(1) La dictadura prohibió las reuniones de personas que eran caratuladas como "peligrosas". Los sectores conservadores durante la década del ´90 iniciaron fuertes campañas mediáticas para generar la paranoia de los "secuestros" fomentando el aislacionismo y el encierro de los sujetos en sus hogares.
(2)- La radio estatal surge en el año 1937 de un acuerdo entre El Mundo y el Estado. La primera aporta las instalaciones y el Estado a cambio otorga al privado una licencia para radiodifusión.
(3)- Diferente al modelo de "servicio público" europeo que nace ligado al pago de un Canon. Esta modalidad se modifica en Europa hacia 1980. Uruguay es otra excepción: la radio surge ligada a fines culturales.
(4)- En 1983, durante la apertura democrática, no se retoma la Ley 14.241/53, única Ley de comunicaciones votada por el Congreso. Lo mismo ocurre con la Constitución de 1994: la Constitución de 1949 fue derogada por decreto y esto es inconstitucional. Cabe preguntarse acerca de la legitimidad de ambas medidas.
(5)- Desde 1983 el COMFER está intervenido: el Poder Ejecutivo de la nación nombra al interventor.
(6)- Para cumplir con esas reformas se modifican los artículos 43 inc. c), 45 inc. e) y 46 incs a) y c) de la ley 22.285 a través de la ley de Reforma del Estado Nº 23.696 y la ley de Emergencia Económica 23.697 de 1989. Datos de Vialey P., Castro J. y Tovar C. Medios, Política y poder. La conformación de los multimedios en la Argentina de los 90, Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Mayo 2003.
(7)- En Argentina los grupos de medios de mayor importancia son Clarín (con un 18 % de la norteamericana Goldman Sachs SA) y por ejemplo, dueño de canal 13, canal 14 TN o Radio Mitre. El grupo que le sigue en importancia es la Española ADMIRA de Telefónica Internacional, propietario entre otros medios, de canal 11 y Radio Continental. Debajo de estos están el grupo de EUA Grupo Hicks, Muse, Tate & Furst Incorporated (HMT&F) que producen las revistas Gente o Billiken. El grupo Avila y Vila, etc.
(8)- Mastrini Guillermo y Martín Becerra. 50 Años de concentración de medios en América latina. Del patriarcado artesanal a la valorización en escala. Cátedra de políticas y planificación de la comunicación de la UBA.

Medios de Comunicación y Dependencia

Aritz Recalde, abril de 2007

El desarrollo de una Política Nacional de Comunicación en nuestro país es una de las grandes deudas de los diferentes gobiernos de la historia argentina.
A lo largo del tiempo los medios de comunicación e información han funcionado como herramientas de pequeños grupos de poder para imponer sus ideas sobre el conjunto de la comunidad nacional. Es por eso, que el funcionamiento de los medios de comunicación desde su génesis se ligan a los proyectos de la oligarquía terrateniente, clase rentista y exportadora, hostil a los movimientos populares y ajena a los debates y proyectos de desarrollo endógeno, mercado internistas o industriales. Esta clase y dada sus intereses económicos agro exportadores, estuvieron ligados directamente al imperialismo británico. O sea y para resumir, la gran prensa se liga desde su nacimiento a los intereses y la inversión económica de la oligarquía y este actor social que se impone triunfante desde la batalla de Caseros en el año 1852, es un satélite de los intereses extranjeros del imperialismo mundial. La prensa de los Mitre, el diario La nación, derramaría la soberbia de la oligarquía tras la tinta de la intelectualidad liberal, punta de lanza para doblegar culturalmente al país.
Para garantizar el orden político neocolonial, el imperialismo británico y particularmente desde su derrota en las invasiones de 1806 y luego bajo los cañones de Rosas y la Confederación en el fallido bloqueo anglo francés, educaría una intelectualidad en las tierras de sur, caracterizada por ser excéntrica, ajena al sentir nacional y comprometida con la cosmovisión liberal y los intereses de la madre de los mares Inglaterra. Lo que no lograrían los cañones y las corvetas del imperio ante la resistencia patriótica nacional, sería realizado por la intelectualidad europeizada de la oligarquía y sus aparatos de prensa.

En definitiva y lo que nos interesa rescatar, es que la historia de la prensa argentina es la historia de la dependencia económica, política y cultural del país ante el extranjero. No puede existir una análisis de los medios de comunicación sin la asunción de que la Argentina es un país dependiente, un Estado neocolonial y desde aquí, que su prensa escrita, radiofónica o audiovisual, reproduzcan esa dependencia.
Este modelo de prensa escrita ligada al poder económico de una minoría, poseedora de los medios o de los fondos para costear la publicidad, sería reproducido en otras áreas y el nacimiento de la radio durante las décadas del veinte y el treinta correría la misma suerte. La gran prensa argentina a partir de aquí, es que históricamente ha sido un medio de reproducción del modelo cultural neocolonial, pieza clave para garantizar la dependencia del país frente al extranjero y su socio local, la burguesía terrateniente. Sería de tal dimensión la hegemonía cultural de la oligarquía y de Inglaterra, que por décadas el Estado argentino careció de política alguna para reglamentar el espacio de radiodifusión que funcionó sin trabas en manos de los grupos económicos locales y los oligopolios extranjeros, en contra de los intereses de los sectores populares y la producción nacional. Esta pérfida acción de reproducción cultural del extranjero, funcionó a partir de los equívocos en los usos de las nociones de “libertad de prensa” (en realidad, utilizada por los periódicos como “libertad de empresa”) y del concepto de “igualdad de los extranjeros” (que permitió y permite, al capital extranjero y sus oligopolios monopolizar los medios de comunicación). Ambos conceptos fueron sancionados con la institucionalidad liberal de la constitución del año 1853.

Deberíamos esperar al año 1946 y el proceso de ascenso de la conciencia nacional a través del peronismo, para que apareciera por primera vez la idea de planificación de la radiodifusión con fines nacionales desde el Segundo Plan Quinquenal del año 1952, que preveía los objetivos generales a cumplir por el Servicio Nacional de Radiodifusión (1). Dichas nociones del nacionalismo popular serían institucionalizadas en la ley 14.241 del año 1953, primera y última ley de radiodifusión producto del congreso sin proscripciones, las otras serían dictadas por militares y gobiernos proscriptos (incluida la actual ley 22.285 de 1980).

Para comprender los objetivos de la nueva ley deberíamos escuchar al mismo Perón(2). Primero, en el diagnóstico sobre la prensa privada, que sostenía, tenía fines meramente comerciales de pequeños grupos de poder ya que:

(…) Hoy no es un secreto para nadie que muchos consorcios y cadenas de diarios no son sino empresas comerciales, que venden papel escrito como se venden cosméticos o artículos de ferretería. (…)Cuando apareció la publicidad fueron poco a poco envileciendo su primitiva posición para servir a los móviles de sus avisadores y su propaganda. Convertidos así en un vulgar comercio, los diarios degeneraron poco a poco en verdaderos monopolios. P27.

Para revertir este diagnóstico, la ley 14.241/53 en su artículo 2 establecía que el servicio de radiodifusión no es un negocio privado, sino que por el contrario, es de interés público. Asimismo, el artículo 5 planteaba que la organización y el régimen de prestación de los servicios de radiodifusión se basarían en el principio de la subordinación del interés particular, al interés social, cultural, económico y político de la Nación. A partir de aquí, los licenciatarios privados deberían implementar un plan de acción dentro de las finalidades consagradas para la radiodifusión por el Estado nacional (artículo 6, inc. d).

La prensa al moverse por intereses privados empresariales (3) se vinculaba directamente a los designios y ambiciones de los grandes grupos económicos extranjeros, tal cual afirmaba Perón:

(…) Hoy no hay quien no utilice la publicidad para fines propagandísticos con resultados variables. Pero los imperialismos se sustentan en algo más serio que la simple publicidad. A ellos no les es suficiente publicar un aviso para vender su artículo, sino que deben imponerlo a toda costa, y para eso no es suficiente avisar. Por eso los Estados han creado todo un servicio publicitario, disfrazado con diversos nombres o siglas. Op. Cit. Pp 27-28

Perón se refería el monopolio de la información mundial desarrollado por las agencias norteamericanas Associates Press (AP) y United Press International (UPI) y para situarlo en la actualidad, podríamos ver la función de las cadenas de información como la norteamericana CNN o la inglesa BBC(4). Para contrariar la acción de la prensa internacional Perón apoyó la aparición de la Agencia Telenoticiosa Americana (hoy denominada agencia TELAM). Tengamos en cuenta que en la época de nacimiento de la agencia, no existían muchas experiencias desde el tercer mundo de producir su propia noticia y que dicha agencia es muy anterior a la aparición de la cubana Prensa Latina o del actual TELESUR.
Pero además y cuestión central, la ley 14.241 ponía límites al capital extranjero para la adquisición de medios. El artículo 6° establecía que para ser poseedor de un medio de comunicación era requisito ser argentino nativo. Tratándose de personas jurídicas o de sociedades, deberían estar constituidas con arreglo a las leyes del país, debiendo el 70% del capital pertenecer a argentinos nativos y el presidente y los miembros del directorio de la sociedad deberían ser argentinos nativos y el personal superior de la explotación, tanto técnico como administrativo, debería ser argentino nativo o naturalizado, pero todos ellos con domicilio real en el país. Una ley como esta en la actualidad impediría que el capital español o norteamericano siga ejerciendo la tiranía cultural sobre la opinión pública nacional, victima de los intereses comerciales y políticos empresariales extranjeros.

Perón y continuando con este concepto, establecía que el pueblo organizado desde el Estado nacional debería hacerse protagonista en el desarrollo de las políticas de comunicación ya que:

(…) La preparación de la opinión pública de un país soberano es parte de la soberanía que ejerce el Gobierno y no puede cederla al extranjero sin verse incurso en el delito de alta traición. Op. Cit. P 33.

Con este objetivo el Estado nacional en el año 1951 desarrollaría la TV, que a diferencia de la radio y los periódicos, nacen con fondos públicos. Pero además y cuestión central, el artículo 20 de la ley 14.241 establecía la existencia del Servicio Oficial de Radiodifusión que tenía por fines principales:

a) Contribuir a consolidar la unidad espiritual de la nación exaltando las genuinas tradiciones y sentimiento patrios y procurar un mejor conocimiento patrio del país;
b) Jerarquizar los programas radiotelefónicos mediante trasmisiones calificadas y servir de vehículo difusor para la acción del Estado.

Asimismo, el Estado desarrollaba el Servicio Internacional de Radiodifusión, cuyo objetivo principal sería cumplir las tareas específicas de difusión en el exterior de las actividades del país con el fin de difundir un mejor conocimiento de la nación.

Por primera vez en el país la comunicación tenía fines de interés público y no privados. Con este objetivo, el proyecto de ley la 14.241 establecía que el servicio de radiodifusión “es, potencialmente, el medio ideal para mejorar el grado de consolidación política de la Nación y de la cohesión espiritual de sus habitantes. (…)en países de tan dilatada extensión territorial como escasa densidad demográfica, donde la presencia de un agente unificador que actué en forma instantánea y uniforme sobre todos los habitantes, para dar la fisonomía que mejor cuadre a la nacionalidad, puede reportar considerables beneficios. (…) como medio de divulgar en forma rápida y asequible los actos y propósitos gubernamentales de interés general, con los que el pueblo pueda tener una versión directa de la acción de sus gobernantes”. El proyecto planteaba que “mayormente donde se percibe la misión civilizadora que se reconoce a la radiodifusión es en la faz cultural”.

Luego del año 1955 este proyecto quedaría en el camino y la radiodifusión regresaría al dominio de la lógica empresarial del capital trasnacional, cada día con más fuerza, de origen norteamericano. Junto con la decadencia del proyecto político del peronismo y particularmente en las décadas del ochenta y noventa, los estudios de la comunicación y su relación con el fenómeno de la dependencia neocolonial quedarían en el olvido, dejando como saldo la complicidad de muchos intelectuales ante la concentración y formación de oligopolios de la comunicación, la alarmante composición de capital extranjero de la TV o radio y la privatización de la lógica de funcionamiento del servicio de radiodifusión.
Pese al retroceso actual de muchos de los debates en relación a la ley 14.241, no podemos desconocer los avances alcanzados en los últimos años en la formulación de una agenda de temas para formular un Plan nacional de Comunicación: nos referimos a la Iniciativa Ciudadana Por una Ley de Radiodifusión Para la Democracia que define 21 puntos para escribir un nuevo marco normativo. La propuesta aborda temas diversos, que van desde la noción de servicio público, pasando por el derecho de los medios comunitarios a la comunicación, tocando temas como el de la democratización de la entrega de las licencias, el lugar de la cultura local y el arte en relación a la publicidad o el debate sobre la existencia de un defensor del público.
De más esta decir, que tanto Telesur, como Canal Encuentro o parte de la programación de Canal 7, son un ejemplo claro de las inmensas posibilidades y potencialidades que tiene el Estado para poner la tecnología y las comunicaciones al servicio de los pueblos y el bien común.

Más allá de estos proyectos anteriormente mencionados, debería quedar claro a los hijos del suelo del sur americano, que la única solución de fondo a la acción profundamente antinacional y antidemocrática que ejerce la prensa y los medios de comunicación contra el país, tiene que ver con una formulación, divulgación e implementación de una Política Nacional de Comunicación. Esta política y entre otras cuestiones, deberá formular los lineamientos para la construcción de una Cadena de Televisoras Públicas de alcance nacional y Latinoamericana.

En este camino de rencuentro con la soberanía cultural y política argentina y latinoamericana, la ley 14.241 aparece como un importante antecedente.

Citas:
En este link podes leer un trabajo sobre la ley de medios de 1953:
http://www.isepci.org.ar/aritz.pdf

1) Cámara de Diputados de la nación, Proyecto de ley de Servicio de Radiodifusión, 22-10-1953. Todas las citas que se presentan a continuación, tanto del proyecto, como de la ley definitiva pertenecen a este documento
(2)Juan Perón, Política y Estrategia. No ataco, crítico. “La Publicidad” 03-1951. Ed. Pleamar 1983.
(3) En Argentina los grupos de medios de mayor importancia son Clarín (con un 18 % de la norteamericana Goldman Sachs SA) y por ejemplo, dueño de canal 13, canal 14 TN o Radio Mitre. El grupo que le sigue en importancia es la Española ADMIRA de Telefónica Internacional, propietario entre otros medios, de canal 11 y Radio Continental. Debajo de estos están el grupo de EUA Grupo Hicks, Muse, Tate & Furst Incorporated (HMT&F) que producen las revistas Gente o Billiken. El grupo Avila y Vila, etc.
(4)En nuestro país se repite el proceso mundial y latinoamericano de concentración de la información que ocasiona que a nivel mundial, existan solamente 10 grandes Compañías Trasnacionales, principalmente de EUA (Time Warner, General Electric, etc.), 50 grupos regionales con capital de Japón, EUA y Europa (The New York Times, CBS, etc.) y 90 grupos subregionales (Televisa de México, Cisneros de Venezuela, Globo de Brasil o Clarín). Mastrini Guillermo y Martín Becerra. 50 Años de concentración de medios en América latina. Del patriarcado artesanal a la valorización en escala. Cátedra de políticas y planificación de la comunicación de la UBA.

Universidad y Liberación Nacional

PRÓLOGO al libro "Universidad y Liberación Nacional"
Norberto Galasso

Los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre del 2001 no sólo significaron el repudio del “Que se vayan todos” a una dirigencia en su mayor parte perimida. Resultaron, asimismo, el inicio de la ruptura con un mundo ideológico viejo, cargado de fábulas y mitos, que los poderosos de adentro y de afuera habían instilado sobre los cerebros de la mayoría de los argentinos, en especial, sobre sus clases medias. A partir de ese momento fueron arrojados al desván tanto el liberalismo económico divulgado por los muchachos traviesos del CEMA, como las propuestas del “consenso de Washington” y la supuesta neutralidad del FMI, junto a los libros venerables de la historia mitrista con que habían sido azonzadas varias generaciones y el complejo de autodenigración con que se habían apagado tantos sueños. En ese desbordar de las aguas, quebrando los antemurales dispuestos por la clase dominante, ha ido ocupando mayor espacio el pensamiento nacional vinculado a los mejores años vividos por el pueblo argentino, mientras se verificaba que la catástrofe del último cuarto de siglo quedaba estrechamente ligada a concepciones nefastas que ya no podrían volver: la prédica privatista, “las relaciones carnales”, la incorporación al primer mundo, etc.
Estamos asistiendo, pues, a un renacer del pensamiento nacional, a un reencuentro con aquellos “malditos” que osaron cuestionar las ideas dominantes, los Scalabrini Ortiz, Cooke y tantos más. Este recupero de aquel “pensar en nacional” de la posguerra y del agitado período que fue desde el Cordobazo hasta la muerte del Gral. Perón resulta fundamental en una época en que la sociedad argentina se sumerge en profunda introspección. Las asambleas populares, los piquetes y las fábricas recuperadas –más allá de marchas, contramarchas y hasta frustraciones– son los síntomas de esa búsqueda. Los argentinos de los diversos sectores del campo popular quieren saber por qué están como están, cuáles son las razones fundamentales de la pobreza y la indigencia en un país rico, del endeudamiento externo sin contrapartida de inversiones, de la impotencia de políticos e intelectuales para desentrañar la realidad nacional y ofrecer caminos de superación. Estamos volviendo los ojos sobre nosotros mismos e indagando en el pasado aquellas verdades que nos permitan comprender el presente y arrojarnos audazmente hacia el futuro.
En este cuadro de situación, se advierte que, desde las catacumbas, marginado de la prensa y las academias, discriminado en los medios masivos de comunicación, sin embargo el pensamiento nacional avanzó sobre cuestiones claves que es preciso retomar y profundizar, desde la renta agraria diferencial, descubierta por los hombres de “Frente Obrero” en el 45, y profundizada luego por Jorge E. Spilimbergo y Alberto Methol Ferré hasta la comprensión de América Latina como nación fragmentada que hay que reunificar, según predicó Manuel Ugarte, desde la alienación de nuestra “inteligencia” reducida a copiar y traducir, como enjuiciaron Arturo Jauretche y Juan José Hernández Arregui, hasta el modo de operar del imperialismo que empezamos a aprender con Scalabrini Ortiz y profundizamos luego con Alejandro Olmos.
Pero ese pensamiento nacional en desarrollo se detuvo, sin embargo, ante algunos temas considerados tabúes y entre ellos, el más importante fue la Universidad durante los gobiernos peronistas. Hubo, es cierto, orientaciones generales sobre la cuestión, como cuando Hernández Arregui sostuvo que si bien “no fue perfecta, tuvo grandes fallas, pero fue nacional”. Pero no se fue más allá de definiciones generales. En cambio, desde el antiperonismo aparecieron ácidas críticas, como ésta: “La universidad fue uncida al carro político del peronismo...Durante una década, la labor de las universidades argentinas quedó en las sombras. Fue una época que tuvo su calificativo: la de los ‘profesores flor de ceibo’, aquellos que ocuparon las cátedras de los renunciantes o cesanteados o jubilados de oficio como el prestigioso titular de Fisiología, Bernardo Houssay ...” (Hugo Gambini, “Historia del peronismo”). Hoy, interpretaciones como ésta, ya no entusiasman a nadie, salvo a algún liberal anacrónico que nada ha aprendido en el último medio siglo.
Pero quedaba un tremendo vacío: ¿qué opinaba el campo nacional sobre la Universidad del 50 o la Universidad del 73? Se pudo pensar que tan intensa había sido la campaña de la colonización pedagógica que hasta en el campo nacional muchos prefirieron no incursionar en el tema universitario por temor a recibir el mote de “flor de ceibo” o ser tildados de “fascistas”, curialescos o ultramontanos. Asimismo, alguien pudo suponer que la carencia de ensayos sobre el tema evidenciaba la debilidad del pensamiento nacional para encarar su propia historia en un área tan delicada como los altos estudios. Si así fue, ahora puede afirmarse –con este libro que tengo el gusto de prologar- que el pensamiento nacional ha cumplido esa asignatura pendiente y lo ha hecho con profundidad, rigurosidad y espíritu crítico.
Profundo y riguroso, digo, pero también comprometido, quebrando desde ya la “zoncera” tan divulgada de que si es “comprometido” no es científico, según el criterio de aquellos para los cuales la ciencia está al margen de las luchas sociales y políticas.
Se trata de un ensayo escrito a la luz de una información minuciosa y abrumadora, que no solo aborda lo específico de la Universidad sino también el contexto social donde ella funciona, pero cuya seriedad no exime la pasión. Los autores no son observadores de laboratorio, que pinchan conejos y toman distancia para medir la reacción, sino que forman parte de lo mismo que están analizando, que se hallan profundamente involucrados, “desde adentro”, siguiendo el consejo de Gramsci: “comprender, pero sentir”. Es decir, analizar, pero sin negar que ese análisis integra también la lucha por la liberación.
Por lo que conozco, es el primer trabajo de esta índole desde el campo nacional, insoslayable para quienes se interesen en el tema o hagan política universitaria.
La obra define los distintos modelos de universidad, desde aquella de las elites, con la Facultad de Derecho convertida en incubadora de diputados y senadores, hasta la reformista de la época radical, pasando luego a la del 46 tan infamada, después a la del liberalismo oligárquico y luego nuevamente a la peronista de los años setenta.
Desde el campo nacional, los hermanos Recalde tiran sobre la mesa sus datos, desde los estadísticos hasta los que resultan de testimonios y muestran sus conclusiones, sin ambigüedades ni concesiones a tantos prejuicios que circulan profusamente en los ámbitos estudiantiles respecto a esta cuestión. Seguramente, habrá muchos que se escandalizarán pues la obra rompe esquemas consagrados, desnuda “zonceras”, arrasa con mitos cuidadosamente instalados por la clase dominante sobre los sectores medios, desarrolla tesis que no son comunes en la discusión entre los estudiantes.
La obra es sólida, precisa, contundente... y polémica. Pero, ¿qué mejor oportunidad para polemizar, especialmente para aquellos que durante largos períodos han tenido el monopolio de la verdad? ¡Que ocasión interesante para que bajen al ruedo los académicos, tan poco proclives al diálogo, acostumbrados al viejo monólogo de las clases magistrales!
Esperamos esa polémica, ardua y profunda aunque conocemos que desde el sector privilegiado se polemiza generalmente silenciando las obras que disgustan. Confiemos, sin embargo, en que la discusión se produzca. Inclusive hasta desde el campo nacional habrá quienes no compartirán todas las conclusiones de estos ensayistas. Quien escribe hasta líneas, por ejemplo, coincide más con la opinión crítica de Alcira Argumento sobre la Universidad del 46/55 -que los autores reproducen- que con la interpretación que ellos mismos hacen de ese período que, por momentos, parece eximir al peronismo de responsabilidad en el desencuentro entre el Gobierno y los estudiantes y profesores. Recuerdo, al efecto, el alerta de Jauretche a Perón acerca de este problema, en una carta no demasiado conocida (del 4/7/44) donde le sugiere corregir la táctica desarrollada respecto al estudiantado y la clase media en general. Pero también es cierto que sobre este desencuentro es difícil encontrar responsables: la clase dominante impone sus ideas al resto de la sociedad y especialmente a la clase media cuyos cuadros políticos e intelectuales, en su mayor parte, se le someten y de ahí las dificultades cuando un gobierno popular intenta incorporar a esos sectores, cuya actitud es tozudamente opositora. (Bastaría con preguntarle al comandante Hugo Chávez acerca de esta carencia de cuadros políticos e intelectuales, originada en causas semejantes a aquellas del 46). Recuerdo siempre que en una oportunidad, al concluir una conferencia sobre la necesidad de reemplazar la Historia Oficial por una historia revisada, en colegios primarios y secundarios, se me acercó una maestra y me dijo: -¿usted podría hacerlo, si mañana lo nombrasen Ministro de Educación? -Lo intentaría, le contesté, aunque sabía que el gran problema está dado por los planteles docentes, “los educadores que también han sido educados” como señala Hernández Arregui, aunque mucha agua ha corrido bajo los puentes y hoy existe una búsqueda también entre maestros y profesores que se observa en la nutrida concurrencia a los ciclos de debates sobre Historia Argentina.
Pero estos son, por un lado, matices, que provienen de las diversas experiencias vividas por cada uno de nosotros, aún dentro mismo del campo nacional o de los obstáculos que el viejo régimen opone a los cambios revolucionarios y en manera alguna debilitan el valor singular de esta obra.
Su enorme importancia reside en que aborda el problema universitario, con una óptica nacional, nutrida en Jauretche, Cooke y otros, punto de partida para una posible vinculación orgánica entre estudiantes y trabajadores, que faltó en el primer peronismo, que tendió a darse en los setenta, aunque también con grandes dificultades.
Por otra parte, el estudio de los hermanos Recalde con respecto a la universidad del período 46-55 revela aspectos poco conocidos o premeditadamente olvidados por los formadores de opinión. Es rico en información y sugerencias. Asimismo, resulta valioso cuando analiza críticamente a la Universidad pretendidamente científica de los sesenta, desnudando el mito de la Universidad neutra y asentando el principio fundamental de que no puede difundir verdad una Universidad inmersa en un país sometido. Dejan ellos en claro que es falso el planteo de “la isla democrática” donde se preservarían los valores que no existen en el resto de la patria vasalla, así como también insisten en la necesidad de llegar a la verdad con una confrontación implacable con el discurso de la clase dominante, que reasegura ese vasallaje.
También enriquecen el trabajo varias reflexiones tomadas de John William Cooke, que, a mi juicio, no merecieron, hasta ahora, la debida atención por parte de las agrupaciones universitarias peronistas. Muy interesante resulta, además, el estudio de las Cátedras Nacionales –donde recupera para la memoria la importancia de Justino O’Farrell y Gonzalo Cárdenas- como así la indagación sobre la revista “Antropología del Tercer Mundo” y la revista “Envido”, así como la lucha entablada para que se enseñara marxismo y se analizase el peronismo en los claustros. En todos estos casos se trata de caminos poco transitados por los ensayos publicados sobre esa época y su recupero resulta valiosísimo para comprender en profundidad lo que fue la JUP y en especial, las organizaciones armadas del campo nacional. En este aspecto, destaco la riqueza de los testimonios que reproducen, en especial los de Alcira Argumedo, Horacio González y Mario Kestelboim. Alcira señala certeramente, cómo en esa época “se empezaron a legitimar esas ideas provenientes del campo popular que eran vistas como en los suburbios del pensamiento: Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz y Perón”.
El ensayo aporta tanto información como interpretaciones sobre cuestiones claves de ese momento histórico singular como la discusión sobre el foquismo, la relación entre marxismo y peronismo, así como también la influencia ejercida desde el campo de los trabajadores por la CGT de los Argentinos. Sobre estos temas brindan materiales no demasiado conocidos que permite recrear la atmósfera de las polémicas y entender el fenómeno tan particular de esa juventud que pasó al campo nacional de manera tumultuosa, dispuesta a asaltar al cielo.
Finalmente, cabe destacar la recreación de los marcos históricos en que se desarrollan los diversos modelos de Universidad. En esa contraposición, y para aquellos que sólo ven los defectos en la épocas de avance popular, resulta oportuno recordarles no sólo que profesores y estudiantes universitarios embistieron contra Yrigoyen en 1930 y contra Perón en 1945, sino otros pecados no tan divulgados, como cuando el Consejo Superior Universitario se expidió favorablemente sobre el Tratado Roca Runciman, en plena Década Infame o cuando –y esto va por mi cuenta- la FUBA se ofreció en el 56 para manejar ‘democráticamente’ los tranvías ante la huelga de la U.T.A. Quizás algunos nos puedan tildar de tendenciosos por estas opiniones. En ese caso, estimo que no hay que preocuparse sino por el contrario, asumirse como tal. No hay historia sin política. Sólo que nosotros nos reconocemos integrando uno de los bandos en lucha, mientras que ellos pretenden que son neutros y pasan la mercadería de contrabando. O en otras palabras, la vieja enseñanza de Claude Lanzmann: “Cuando alguien dice que izquierdas y derechas no existen, es porque es de derecha”.
Saludemos, pues, la aparición de este ensayo que viene a cubrir un vacío en el pensamiento nacional y entendámoslo como la confirmación de que las mayorías populares en la Argentina están de nuevo avanzando, dispuestas a protagonizar en este momento clave de la historia latinoamericana, donde todo indica que están cada vez más cercanas las metas por las cuales bregaron nuestros libertadores.


Norberto Galasso

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