viernes, 5 de febrero de 2021

Reparación histórica en la Provincia de Buenos Aires:

El Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el

Conurbano Bonaerense

Aritz Recalde, febrero 2020

 REVISTA MOVIMIENTO

Estructura y competencias del Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense

El gobernador Antonio Cafiero (1987-1991) instaló en la agenda política nacional el problema de la Coparticipación bonaerense. En la reunión de “Gobernadores para un Nuevo Pacto Federal” realizada el 8 de abril de 1989, destacó que “dejo constancia de que Buenos Aires considera inequitativa y perjudicial a sus intereses tanto la distribución secundaria de los impuestos coparticipados federalmente, como los cupos de vivienda que distribuye el gobierno nacional en las provincias (…) la provincia reclamará una ley de Coparticipación Federal que la coloque en un pie de igualdad con sus provincias hermanas”. Según información de la Gobernación, la Coparticipación Federal había caído del 32% en 1970 al 22% en 1990 y los bonaerenses eran desfavorecidos en el reparto de los fondos viales, los fondos para Desequilibrios Financieros, en los aportes del Ministerio de Acción Social y en los Regímenes de Promoción industrial. Buenos Aires tenía 19 empleados públicos cada 1000 habitantes, siendo la cifra más baja de todas las provincias. Por citar solo algunos casos, Entre Ríos tenía 37, Río Negro 49, Neuquén 67, Santa Cruz 97 y Catamarca 105.

Cafiero hizo hincapié en el tema puntual del Conurbano al cual caracterizó como “el verdadero país postergado de los argentinos”. En 1990 formuló desde el Ministerio de Gobierno el “Informe sobre la problemática estructural del Conurbano Bonaerense”, que luego fue retomado por el gobernador Eduardo Duhalde. El entonces Subsecretario de Asuntos Municipales, Raúl Fernández, puntualizó que el conurbano se caracterizó por la negativa incapacidad para realizar acciones coordinadas y persistentes en el tiempo. Había una capacidad ociosa instalada industrial, de transporte y de comunicación que tenía que reactivarse y modernizarse. Llevado al plano de la población, Fernández remarcó la negativa “degradación generalizada de la calidad de vida”, el alto desempleo y el “deterioro de la organización social solidaria”. Las áreas rurales eran desvalorizadas en favor de una “urbanización descontrolada”, que ponía en peligro el orden biológico, psicológico y social. Para empezar a resolver estos problemas, el Informe sugería la “necesidad de un Acta de Reparación Histórica del conurbano bonaerense” que tenía que facilitar “el desarrollo equilibrado e integral de la región y la dignificación de la calidad de vida del hombre y su familia” (Informe del Conurbano Bonaerense 1990).

Como parte de la negociación de la campaña electoral del año 1989, Duhalde acordó con Carlos Menem la obtención de un Fondo especial para la provincia que revirtiera en parte, la inequidad de los recursos que recibía Buenos Aires. Resultado de esto, el 2 de abril de 1992 se aprobó la ley nacional 24.073/92 que creó el Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense. El artículo 40 de la norma estableció que la recaudación del impuesto a las ganancias se distribuiría en “Un DIEZ POR CIENTO (10 %) al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense, a ser ejecutado y administrado por la Provincia de Buenos Aires. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática”.

Con la ley provincial 11.247/92 se creó una cuenta bancaria especial de destino de los fondos de la ley 24.073, denominada Fondo del Conurbano Bonaerense”. La ley mencionó que el Fondo estaría organizado con los recursos “a) Los Determinados por el artículo 40°, apartado 1), de la Ley Nacional N° 24.073; b) Los aportes del Tesoro Nacional otorgados especialmente para el cumplimiento de los fines previstos en la presente Ley; c) El recupero o reciclaje de aquellos aportes financieros destinados a diversos emprendimientos realizados de acuerdo a los fines previstos en la presente Ley. d) Los préstamos que específicamente sean otorgados por Organismos Nacionales e Internacionales; e) Donaciones y legados; f) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas sociales a cargo de la cuenta especial”. Si bien el origen de los recursos era diverso, en la práctica quedaron subsumidos mayoritariamente a los originados por la ley nacional 24.073/92.

Los fondos eran administrados por una Unidad Ejecutora dependiente del Gobernador. El artículo 4 de la ley 11.247/92 puntualizó que “Se financiarán total o parcialmente con los recursos del Fondo los estudios, proyectos, obras, mantenimientos y suministros que se requieran para la ejecución de programas sociales de saneamiento, infraestructura urbana, salud, educación, seguridad, empleo, y todos aquellos compatibles con la reparación y garantía de los derechos humanos básicos”. Los recursos podían ejecutarse por forma directa con los Organismos Provinciales, por convenio con Municipios y/u Organismos de otra Jurisdicción, por terceros contratistas o concesionarios y a partir de convenios con entidades intermedias, consorcios vecinales o Cooperativas.

Se incluyó a los Partidos de Avellaneda, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General San Martín, General Sarmiento, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, La Plata, Berisso, Ensenada y San Vicente. La Ley detalló que “El Poder Ejecutivo podrá incluir en el programa social aquellos proyectos que deban ejecutarse o que produzcan efectos en otros Municipios a los mencionados, en la medida que tengan vinculación técnica, socioeconómica y/o gráfica con algunas de las comunas precedentemente enumeradas”.

El Decreto 1279/92 organizó la Unidad Ejecutora destinada a administrar el Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense. La Unidad se integró con un Presidente y dos Secretarios siendo uno Administrativo y el otro Técnico. Posteriormente, se creó la Secretaría de Relaciones Institucionales que trabajó con las nuevas municipalidades creadas en el proyecto Génesis 2000. El Presidente tenía rango y jerarquía de Secretario de Estado. La gestión se organizó a partir de las Gerencias Administrativa, Económico Financiera y de Planeamiento (Danani, Chiara, Filc 1997).

La estructura de la Unidad Ejecutora era pequeña y gran parte de sus recursos fueron implementados por intermedio de acuerdos con otras entidades. En un estudio sobre  las modalidades de ejecución de fondos asignados a programas sociales del año 1993, se observa que la inversión se hizo mayoritariamente por intermedio de contratistas (55,41%), seguido por entidades intermedias (22%) como cooperativas escolares, mutuales, plan P.I.B.E.S., etc; y por intermedio de los municipios (8,9%) (Danani, Chiara, Filc 1997).

El Presidente Unidad Ejecutora, Antonio Arcuri, mencionó que el Fondo se orientó centralmente al desarrollo de los municipios, de las entidades intermedias y del conjunto social. La Unidad Ejecutora adquirió responsabilidades “administrativas” en la preparación de los proyectos, “técnicas” en la ejecución, de “promoción” y de “apoyo y capacitación” (Arcuri 2003).

En el año 1995 la ley Nacional 24.621/95 fijo el tope del impuesto en $ 650 millones de pesos anuales. Esta decisión implicó que luego de la devaluación del año 2002 el Fondo perdiera paulatinamente su valor.

La Ley Provincial 11.746/96 denominó al organismo como Unidad Ejecutora Reconstrucción del Gran Buenos Aires e incluyó en su articulado a las nuevas municipalidades creadas con el Programa Génesis 2000.

Según Antonio Arcuri, el dinero invertido entre 1992 y 1999 fue de alrededor de 4500 millones de pesos (dólares). Los recursos recibidos por el Fondo en relación al presupuesto de la Provincia, representaron un 4,39 % para 1992, un 7,83 % para 1993 y el 9,53 % en 1994 (Danani, Chiara, Filc 1997).

 

Destino del Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense[1]

Inversión en Salud

Se crearon 1200 camas a partir de construir ocho nuevos hospitales. Con presupuesto del Fondo y del Gobierno español de edificaron los nosocomios “Domingo Mercante” en José C. Paz, “Arturo Oñativia” en Almirante Brown, “Héroes de Malvinas” en Merlo y “Carlos Bocalandro” en la municipalidad de Tres de Febrero. Con recursos y ejecución del Fondo se construyeron los hospitales “Mariano y Luciano de la Vega” en Morón, “Evita Pueblo” en Berazategui, “Cecilia Grierson” en Presidente Perón, el “Municipal” en Tigre y se finalizó “Mi pueblo” de la localidad de Florencia Varela. Los servicios de salud fueron equipados en sus distintas especialidades y se construyeron consultorios externos con tecnología moderna.

En paralelo, se remodelaron y/o ampliaron los 21 hospitales existentes y se iniciaron obras de los nuevos de González Catán y de Tigre.

El Fondo destinó recursos especiales para los programas de Trasplante de Órganos y el Plan Materno Infantil Vida.

Inversión en Educación

La Provincia implementó la Ley Federal de Educación con la Ley provincial 11.612/94. En este marco, se invirtieron más de 300 millones de pesos (dólares) para la construcción de escuelas y de jardines. La ley 11.612 hizo obligatorio el nivel pre-escolar y se construyeron para eso 234 jardines para más de 40.000 chicos de 3 a 5 años. Los edificios tenían 424 metros cuadrados con salas, salón de usos múltiples, áreas administrativas, patios de juego con mástil, entre otras cuestiones pedagógicas, de apoyo docente, administrativa, de servicios y de recreación. 

Se construyeron 37 escuelas de Enseñanza General Básica con una superficie de 22.500 metros cuadrados, edificando 299 aulas, 7 aulas especiales, 6 talleres, 2 laboratorios, 25 gabinetes, 22 salones de usos múltiples, 53 baños individuales y 47 grupos sanitarios.

La Unidad Ejecutora construyó 18 establecimientos de enseñanza media y 11 de enseñanza técnica con una superficie de 44.500 metros cuadrados. Construyó otros 13 edificios para Escuelas Especiales con una superficie de 13.000 metros cuadrados.

Con recursos del Fondo se financió el “Plan P.I.B.E.S” y el Plan de Reciclado “No comas vidrios, recíclalo”, ambos dependientes de la Dirección General de Escuelas.

Inversión en calidad de vida y medio ambiente

Con el objetivo de diagramar las obras, se formuló entre la Unidad Ejecutiva y la Facultad de Ingeniería de la UNLP un “Plan Director de Agua Potable y Saneamiento”.

Se realizaron obras de desagües pluviales, de control de crecidas y de saneamiento alcanzando una superficie de 22.500 hectáreas beneficiando a 1,2 millones de personas. Entre otras acciones, se destacaron el saneamiento de “Arroyo Claro” y de la “Cuenca del Arroyo Las Horquetas Basualdo” (J.C. Paz, Tigre y Malvinas Argentinas) y el saneamiento del Arroyo Don Mario y recuperación de la cuenca del Arroyo Susana en la Matanza (incluyendo el entubamiento entre el Río la Matanza y la Ruta 3). Se entubó el “Arroyo Giménez” de Berazategui. Se realizó el saneamiento y entubamiento de la “Cuenca del Arroyo Santa Catalina” ubicada en Monte Grande y en Luis Guillon.

Se terminó el “Muro Costero” de Punta Lara con una superficie de 3500 metros lineales sobre la costa del Río de La Plata. Se dragó la Laguna de San Vicente y se parquizó y construyó una mampostería de 260 metros de longitud.

Se amplió la red de agua potable beneficiando a 500.000 habitantes. Entre otras obras, la iniciativa incluyó el servicio de agua en barrio Parque San Martin, localidad de Merlo; y la modernización del establecimiento potabilizador Donato Gerardi de La Plata, Berisso y Ensenada.

Se financiaron desagües cloacales beneficiando a 300.000 habitantes. Entre otras obras, se destacaron la “Planta de Paso de Rey” en Moreno y la red de desagües cloacales en el municipio de San Miguel.

 

Inversión en rutas, avenidas y calles

Se implementó el “Programa de Pavimentación de Accesos a Escuelas Unidades Sanitarias y Barrios”. En este marco, se pavimentaron e iluminaron 9870 cuadras integrando 1070 establecimiento educativos (93% de los accesos a escuelas).

Se creó el “Programa de Pavimentación de Redes Troncales” para unir los barrios con los centros. Se recuperaron y adaptaron avenidas y se construyeron nuevas vías de acceso en un total de 3104 cuadras.

El “Programa de Rehabilitación” de las principales rutas y vías del conurbano recuperó 370 kilómetros de calzadas.

Se rehabilitaron 1625 cuadras en zonas urbanas.

El “Programa Mejorando Calles” facilitó la conectividad de los barrios con el centro y se acondicionaron 10.470 cuadras. Entre las obras más destacadas, están las avenidas Días Vélez y Republica en Tres de Febrero (88 cuadras); la repavimentación de la avenida Otamendi en Quilmes (19 cuadras); la pavimentación de la avenida Iriarte en Almirante Brown (96 cuadras); la pavimentación de Donato Álvarez, Quilmes y Lanús (25 cuadras); la pavimentación de 144 cuadras de las avenidas de José C. Paz y la pavimentación e iluminación de la Avenida Dardo Rocha y calles Ranelagh en Berazategui (76 cuadras). En Lomas de Zamora se pavimentaron las avenidas Cerrito y Armesti y su continuación en Lanús (Lynch, 65 cuadras). En la ciudad de La Plata se amplió la Avenida Antártida y se pavimentó la avenida 25 (31 cuadras).

Por su importancia,  se destacó la obra de pavimentación, repavimentación y ensanche de las avenidas Pavón, Yrigoyen y la ruta 201 (29 kilómetros) que une Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y San Vicente. La Ruta 205 fue mejorada en sus 20,7 kilómetros.

El “Programa de Alumbrado Público” colocó 15.700 columnas alumbrando 4000 cuadras.

Inversión en Municipalidades

El “Proyecto Génesis 2000” creó las municipalidades de Presidente Perón (ley 11.480/94), Ezeiza (ley 11.550/94), José C. Paz (ley 11.551/94), Malvinas Argentinas (ley 11.551/95), San Miguel (ley 11.551/95), Punta de Indio (ley 11.584/95), Ituzaingó (ley 11610/95) y Hurlingan (ley 11610/95).

Las nuevas municipalidades tenían que organizarse siguiendo el modelo de gestión basado en los principios de “a) Modernización tecnológica administrativa; b) Desburocratización; c) Descentralización funcional y administrativa; d) Gestión, presupuesto y control por resultados; e) Calidad de servicios y cercanía con el vecino; f) Limitación Proporcional del gasto de los Concejos Deliberantes respecto de los presupuestos globales de los Municipios; g) Racionalidad de estructuras administrativas y plantas de personal acorde a las modalidades de prestaciones de los servicios”.

La Secretaría de Desarrollo Institucional de la Unidad Ejecutora tuvo a cargo la modernización tecnológica, la organización de la estructura administrativa y de gestión, la redistribución del personal y el desarrollo de circuitos y normas de las flamantes municipalidades. Con aportes del Fondo se adquirieron retroexcavadoras, motoniveladoras, camionetas, de gestión, herramientas y se construyeron galpones y centros logísticos en las nuevas municipalidades, entre otras.  Se invirtió en equipamiento y software de gestión para todos los nuevos municipios.

Se construyeron edificios municipales en la Localidad de Guernica en Presidente Perón (4070 metros cuadrados), en Verónica (Punta Indio) y el centro administrativo de Esteban Echeverría (5975 metros cuadrados). Se remodeló el Centro Cívico en Alejandro Korn de San Vicente (1244 metros cuadrados). En Villa Tesei, Hurlingan, se remodeló y construyó el edificio del Centro Cultural (1492 metros cuadrados).

 

Inversión en justicia y seguridad

El Fondo del Conurbano financió la instalación de 248 redes informáticas en 233 Juzgados y 15 Cámaras en los Departamentos Judiciales de San Isidro, San Martín, Morón, Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza y La Plata.

La Unidad Ejecutora financió la construcción las unidades carcelarias de Campana, de Florencio Varela y de La Plata. Con recursos del organismo se remodelaron las cárceles de Olmos y las unidades 8, 10 y 17 de La Plata.

Se compraron 2520 camionetas y 2280 patrulleros para la policía bonaerense. Se adquirieron 22 camiones de bomberos (autobombas, polveros, etc.-) y 20 furgones para transportar brigadas explosivas.

El Fondo financió las “Casas Solidarias” del Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano para mujeres jefas de hogar y para capacitación laboral (390 mts 2 cada una ubicadas en Florencio Varela, Malvinas Argentinas, Lanús y Lomas de Zamora).

La Unidad Ejecutora apoyó la construcción del “Centro de Rehabilitación para la drogodependencia” de la Secretaría de Prevención y Asistencia a las Adicciones (585 mts 2 en Lomas de Zamora).

 

Bibliografía citada

- Arcuri Antonio Ernesto (1999) El conurbano bonaerense: origen, crecimiento y transformación, Buenos Aires.

                        (2003) Conurbano Bonaerense: aportes para un debate impostergable, Buenos Aires.

- “Basta de discriminaciones, bonaerenses de pie” (1989), extraído de Después de tres años de gobierno, 1990, Secretaria de Prensa y difusión de la Provincia, Buenos Aires.

- Cafiero Antonio (1988) “No sólo administramos un gobierno, también somos los portadores de un proyecto”, extraído de Cafiero y el pueblo, un años después: un proyecto en marcha, Secretaria de Prensa y difusión de la Provincia, Buenos Aires.

- Danani, C., Chiara M. Filc, J (1997) El papel del fondo de reparación histórica del conurbano bonaerense en la reproducción de los sectores populares de la Región Metropolitana de Buenos Aires: una aproximación macroinstitucional, Colección Investigación, Informe de Investigación Nº 2, Instituto del Conurbano, UNGS, Buenos Aires.  

- “El arte de administrar bien” (1990), extraído de Después de tres años de gobierno, 1990, Secretaria de Prensa y difusión de la Provincia, Buenos Aires.

- Feijo María del Carmen (2021) El conurbano como problema, algunos antecedentes, Revista Movimiento, en línea http://www.revistamovimiento.com/historia/el-conurbano-como-problema-algunos-antecedentes/

- Informe del Conurbano Bonaerense (1990) Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires.



[1] Los datos fueron obtenidos, centralmente, de los trabajos del presidente de la Unidad Ejecutora Antonio E. Arcuri (1993) (2003).

jueves, 17 de diciembre de 2020

El sentido de la universidad

 Aritz Recalde, 9 diciembre 2020


 Publicado en Revista Movimiento 

El pasado 6 de noviembre fui invitado a disertar en una actividad organizada por la Universidad Nacional de Hurlingam y por la Universidad del Sentido dependiente de la fundación Scholas, Organización Internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa Francisco en el año 2013.

La consigna del encuentro fue “la construcción del sentido de los jóvenes en el mundo de la universidad”. El marco fue propicio para reflexionar sobre el origen, el significado presente y el devenir de nuestra tarea de educadores. Entre otros temas, surgieron los interrogantes ¿qué finalidad le damos a la enseñanza?, ¿qué valores transmite la universidad?, ¿qué imaginario tienen los jóvenes y cómo se forma? y ¿qué cultura estamos fomentando entre los estudiantes?.

La universidad y el sentido común del hombre contemporáneo

La universidad no es la única institución que construye el sentido de los jóvenes y coexiste con otros ámbitos formadores de los valores neoliberales hoy hegemónicos e imperantes en la mayoría de los países del mundo. El resultado de tales ideologías es la conformación del hombre masa y de la sociedad consumista, injusta y apática actual.  

El Papá Francisco viene alertando acerca de la crisis civilizatoria contemporánea que conduce a la sociedad a un estado permanente de indignidad, angustia, desigualdad y violencia. La humanidad atraviesa un drama existencial, caracterizado por el hecho de que abandonó el sentido trascendente para de la vida y todo se vuelve efímero y trivial. El individuo perdió conciencia de su origen y del mandato histórico y cultural de sus antecesores y lo remplazó por el consumo, por la alienación materialista y por la búsqueda autodestructiva de poder. El hombre posmoderno no tiene conciencia del pasado y tampoco obligaciones con el futuro y vive el presente en un estado de angustia e inseguridad emocional, de violencia y anomia frente al prójimo.     

De la lectura de las encíclicas Laudato Si (Cuidado de la Cada en Común) y Fratelli Tutti (Fraternidad y Amistad social) y de la exhortación apostólica Evangelli Gaudium (La Alegría del Evangelio), se observa con claridad que el hombre actual ha asimilado y naturalizado cuatro principios de una perniciosa ideología:

Primero: el mercado manda al hombre y la finanza domina al mercado. A diferencia de la ideología actual, Francisco considera que la economía debe orientarse al bien común de la colectividad y no a la mera acumulación de riqueza. El Papa alertó acerca del peligro que adquiere el actual poder omnímodo del dinero y de la especulación financiera que destruyen la producción y el trabajo derribando fronteras y suprimiendo derechos. Tal cual sostiene Francisco, el dinero parece adquirir vida propia y tiende a reinar la vida de los países, cuando en realidad debería servir al desarrollo humano y a la construcción de la libertad de los pueblos.

Segundo: la marginación y la desigualdad son hechos naturales del mercado. Francisco denunció el descarte social y la extendida pobreza actuales y los caracterizó, sin dudar, como parte de una realidad anticristiana y de una situación humanamente repudiable. El Papa alertó sobre el hecho de que se vienen profundizando las desigualdades dentro de cada nación y también entre los distintos Estados del planeta. El resultado del proceso es la coexistencia de un centro político rico y poderoso y unas periferias subdesarrolladas y pobres.

Tercero: la ciencia y la tecnología son neutrales y la trasformación que se está implementando sobre el mundo de la naturaleza es parte de la evolución. En Laudato Sí Francisco es enfático en destacar el inmenso peligro para la humanidad que acarrea la racionalidad actual, que destruye la naturaleza por intermedio de la expansión de la industria y del uso de la tecnología. En nombre del progreso y de la supuesta neutralidad de la ciencia moderna, se están demoliendo las bases materiales sobre las cuales funciona el planeta.

Cuarto: los valores y el mandato cultural e histórico son negativos e impiden el progreso universal. La ideología del hombre posmoderno sostiene que la religión y la tradición de las comunidades son supersticiones y resabios medievales que se tienen que erradicar. Se quiere imponer en su remplazo una racionalidad única, un igualitarismo autoritario de dimensión universal que niega la pluralidad étnica y nacional y que considera negativamente a la espiritualidad y a la tradición histórica de los pueblos. En nombre del progreso y de la evolución, la ideología neoliberal intenta borrar el irrenunciable derecho humano a la identidad tradicional, lingüista y religiosa local, nacional y regional. 

Resultante de esta ideología se formó el hombre masa, que está cada día más enajenado y separado de sí mismo, de sus vínculos familiares y de su comunidad. El pueblo siente que ya no controla el devenir y que su único fin es el consumo y la lucha animal por la supervivencia. Al ocultarle y negarle las finalidades colectivas, históricas y trascendentes, al hombre posmoderno solamente le queda el egoísmo material, el deseo de goce presente y la búsqueda destructiva de poder.

Al desligar a la persona de los valores, de la cultura y del mandato histórico de sus predecesores, se confunde fácilmente ser con tener, felicidad con consumo y bienestar con acumular bienes.

El individuo amoral actual actúa de manera violenta con los otros hombres y se dedica a luchar por el poder material y político sin reflexionar sobre los resultados de su accionar. Romano Guardini en el “Fin de los tiempos modernos” ya había alertado el resultado negativo de este proceso y estableció que “El hombre de los tiempos modernos abriga la opinión de que todo acrecentamiento de poder es, sin más, progreso, una elevación de seguridad, de bienestar, de utilidad, de plenitud de valores, de fuerza vital. En verdad, el poder es algo por entero polivalente. Puede crear el bien como el mal, edificar como destruir. Lo que realmente llega a ser depende del pensamiento que lo rige y del fin para el cual se lo utiliza”. Tal cual expresó lucidamente Guardini, “El hombre tiene poder sobre la cosas, pero no sobre su poder” y “no tiene conciencia, ni ética de los fines alcances de su poder”. 

El sentido histórico, social y colectivo de la universidad nacional y popular

Uno de los peligros que enfrenta la universidad actual es el de convertirse en un enseñadero sin alma y sin misión nacional e histórica, cuya única tarea sea la de titular a individuos egoístas y carentes de sentido de responsabilidad ética y social.   

La universidad tiene la irrenunciable responsabilidad de construir nuevos sentidos para los jóvenes, evitando caer en el utilitarismo y en las ideologías individualistas y del descarte propias de la posmodernidad. Con este fin, es fundamental educar en valores solidarios forjando una conciencia del deber del individuo para con su colectividad y con su historia. Es en este sentido que Jacques Maritain en “La educación en este momento crucial”, destacó que “La educación debe poner fin a la discordia entre las exigencias sociales y las del individuo dentro del hombre mismo. Necesario le es por consiguiente desarrollar a la vez el sentido de la libertad y el de la responsabilidad, el de los derechos y el de las obligaciones humanas, el valor de que se ha de revestir ante el peligro y en el ejercicio en aras del bien general, y al mismo tiempo el respeto de la humanidad en cada persona individual”. Como bien sostiene Maritain, la universidad tiene que garantizar la libertad y la realización individual, pero también debe imponer la obligación moral de los jóvenes de contribuir a la construcción de la comunidad, de la tradición cultural y del mandato histórico de la nación.

En la Argentina la universidad es autónoma en el plano académico y eso favorece la libertad de pensamiento y de catedra. También lo es en el terreno administrativo y esta condición auspicia la posibilidad de formular y de consolidar políticas de investigación y docentes de mediano y de largo plazo. En nuestra óptica, dicha autonomía nunca puede desligar a la institución de los fines y de las obligaciones históricas y debe estar guiada como plantea Maritain por el “ambiente social y la inspiración política” de la colectividad nacional.

 Las tres funciones de la universidad nacional y popular

La universidad nacional y popular debe orientar sus tres funciones al cumplimiento del bien común y de la emancipación y realización social, económica, cultural y política de la comunidad nacional e internacional.

 Función social

Históricamente, la universidad fue elitista y tuvo como objetivo demarcar y profundizar las diferencias de clase, étnicas, raciales y nacionales. En la tradición liberal solamente la clase alta ingresa a la institución que es arancelada y con eso controla más fácilmente el poder político. 

La universidad nacional y popular por el contrario, debe contribuir a la igualdad de posibilidades y al ascenso social, eliminando las limitaciones al ingreso y a la permanencia de origen económico o étnico. La institución tiene que fomentar el voluntariado social y la cooperación permanente de sus miembros con la comunidad extraacadémica, tendiendo a entablar diálogos y a buscar las soluciones que el pueblo y la nación demandan.

 Función política

La universidad educa al sector dirigente de los países y de sus aulas egresan buena parte de los miembros que conducen el gobierno, las empresas y las ONG.

Asimismo y tema fundamental, la institución introduce a la vida política a los jóvenes. La academia es una verdadera escuela para la futura dirigencia y allí los estudiantes encuentran un ambiente de estudio, de reflexión y de debate sobre los problemas nacionales y sociales. 

Es tarea fundamental de la universidad ennoblecer la política y ordenarla al cumplimiento del bien común y a la búsqueda de la libertad y de la realización de la comunidad nacional. Frente a la crisis de los partidos, la institución tiene que contribuir activamente a la educación de una dirigencia que supere el accionar de la “clase” política que procede pragmáticamente y con una lógica de beneficio corporativo que vende y que compra votos y leyes haciendo de la actividad un negocio.

La universidad puede ayudar a dignificar una función que es fundamental e irremplazable en la vida del hombre y que hace tiempo que está en decadencia. La institución debe elevar los fines de la política para orientarlos a la realización de las grandes causas, evitando el cortoplacismo y las típicas confusiones entre gobierno y Estado que le impiden al país pensar y construir proyectos a mediano y largo plazo.  Tiene que concientizar a los jóvenes en que el gobierno no es una caja para para las agrupaciones y las facciones partidarias, sino que es un medio de realización nacional y colectiva y que deben llegar los mejores hombres y mujeres a los cargos ennobleciendo la función pública. Los estudiantes deben persuadirse acerca de que la política no es un recurso para el enriquecimiento y el beneficio personal, sino que es una causa de reparación social y de ideales elevados.

Se trata como sostuvieron Alfredo Calcagno y de Luis Dellepiane, de formar una universidad que labore “por la ciencia, por la Patria, por la Libertad y por América”. En este crucial momento histórico, debemos educar a los jóvenes para que breguen por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Los estudiantes de hoy serán los responsables de edificar el pluri-verso y la multipolaridad de paz y de desarrollo de las naciones del mañana.   

 Función productiva y científica

Las universidades tienen la estratégica tarea de contribuir a formular un proyecto científico y tecnológico orientado al adelanto productivo e industrial y a la construcción de las bases materiales necesarias para superar el subdesarrollo.

La tecnología debe ser un instrumento para la solución de los problemas sanitarios, sociales, medioambientales y educativos los pueblos. Esta tarea requiere abandonar la mentalidad tecnocrática que liga la producción de saber a la mera acumulación de riqueza material. La ciencia y la tecnología tienen que orientarse al desarrollo pleno y sustentable de la comunidad.

Función cultural

La ideología neoliberal imperante es totalitaria y parte del erróneo supuesto de que existen una sola cultura y una idea de sociedad única y universal. Los intelectuales del pensamiento único anhelan formar una gran aldea global unificada culturalmente por internet y por el avance de las tecnologías borrando las identidades históricas, étnicas y nacionales. En realidad, en nombre de la universalidad quieren imponer la ideología occidental y centralmente anglosajona, que obliga a todos los pueblos a adherir al liberalismo de derecha o al liberalismo de izquierda. 

Las universidades tienen que ser ante todo nacionales y federales y deben estudiar, respetar y difundir los valores, la historia, la tradición, la identidad étnica y religiosa de cada comunidad. Respetando y revalorizando lo propio, es como se puede contribuir al cauce y al desenvolvimiento de la cultura universal.

sábado, 17 de octubre de 2020

El 17 de octubre y la Revolución Justicialista

 Aritz Recalde, Octubre 2020

Extraído de OPINARG

 El pueblo vence. El pueblo venía siendo derrotado por la oligarquía desde la Batalla de Caseros. Las guerras de policía de Mitre, los fusiles Remington de Sarmiento, las persecuciones a las montoneras y las represiones en Vasena y en la Semana Trágica habían regado de sangre trabajadora el suelo argentino. 

El 17 de octubre de 1945 tuvo a la clase obrera como el gran sujeto de la historia y en esa oportunidad no sólo triunfó sino que determinó la orientación de la política argentina. Con el fenomenal hecho de masas que, se calcula, movilizó 500 mil almas, el pueblo derrotó a las embajadas británica y norteamericana, así como a los representantes de capital concentrado reunidos en la SRA, la UIA y la Bolsa de Comercio.  La movilización debilitó a la oposición de los grandes partidos tradicionales (UCR, PS, PC y Conservadores), del periodismo comercial y de un sector militar enfrentado al proceso de cambio iniciado con la Revolución de junio de 1943.

Las bases empujan a la dirigencia y ganan la calle. El programa político y social iniciado en el año 1943 encontró una enconada resistencia tanto en sectores internos como internacionales. EUA, Inglaterra y la Unión Soviética cuestionaron el neutralismo del gobierno argentino en la Segunda Guerra y lo caracterizaron como parte de una estrategia de apoyo al frente alemán. Como resultado de las presiones diplomáticas y de los bloqueos económicos, el presidente Edelmiro Farrell emitió el decreto 6945 del 27 de marzo, declarando la guerra a Alemania y a Japón. La medida encontró oposición dentro del nacionalismo argentino y, si bien redujo la hostilidad internacional contra el país, el abandono de la neutralidad no impidió la campaña política pública y agresiva contra Perón, ejecutada por el embajador norteamericano Spuille Braden y por el Partido Comunista. 

El gran empresariado se opuso a la obra social de la Revolución del '43, cuestión frente a la cual Perón manifestó que era natural que frente a la reforma “se hayan levantado las fuerzas vivas, que otros llaman los vivos de las fuerzas (…) ¿En qué consisten esas fuerzas? En la Bolsa de Comercio, quinientos que viven traficando con los que otros producen; en la Unión Industrial, doce señores que no han sido jamás industriales”.

Los altos niveles de aceptación popular de las medidas sociales, fueron un llamado de atención para los partidos políticos tradicionales que vieron en Perón el riesgo que de que se prolongue la Revolución de 1943. Estos grupos iniciaron una dura campaña contra el gobierno desde el periodismo, que era mayoritariamente opositor. Organizaron movilizaciones y acciones callejeras destacándose la Marcha de la Constitución y la Libertad (19/9/45).

Empujados por la estrategia opositora, el 8 de octubre se produjo un amotinamiento militar en Campo de Mayo. En este escenario, el día 9 de octubre Juan Perón presentó la renuncia a todos sus cargos. En su último discurso al frente de la Secretaria de Trabajo y Previsión afirmó a los trabajadores: “venceremos en un año o venceremos en diez, pero venceremos. En esta obra, para mí sagrada, me pongo desde hoy al servicio del pueblo (…) y si algún día, para despertar esa fe, ello es necesario, me incorporaré a un sindicato y lucharé desde abajo”.

A partir del 9 de octubre los hechos se sucedieron rápidamente. Pese a haber renunciado a sus funciones, Perón fue encarcelado y conducido a la Isla Martín García. El día 12 las patronales se opusieron a pagar el aguinaldo ya convenido y se inició la típica revancha clasista que luego se reiteraría en 1955 y en 1976. Los partidos políticos organizaron la transición contrarrevolucionaria con el lema de transferir el poder a La Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, los rumores del encarcelamiento y del peligro de la vida del General circularon entre las barriadas humildes. El día 16 se reunió el Comité Central Confederal de la CGT y con una elección reñida de dieciséis votos a favor y once en contra, se convocó a un paro de 24 horas en defensa de las “conquistas” a realizarse el día 18. En la convocatoria a la huelga no se nombró a Perón, sino meramente al peligro de perder los derechos alcanzados.

Sin esperar la decisión del Confederal, la masa popular se movilizó el día 17 de octubre, exigiendo la vuelta de su líder y consagrándolo como el depositario de la lealtad del pueblo. En la histórica movilización, las bases superaron a sus dirigentes y le otorgaron a Perón un capital político excepcional y sin mediaciones.

El dilema de la clase dirigente. Los militares y civiles opositores presenciaron atónitos la plaza colmada de pueblo pidiendo por Perón. También fueron conscientes de que la policía desobedeció órdenes y levantó los puentes de ingreso a la Capital Federal permitiendo la movilización. El fantasma de la revolución social era un hecho y el régimen estaba en peligro. En ese contexto, un sector militar, entre los cuales estaban Vernengo Lima y Avalos, le propuso a Edelmiro Farrell reprimir violentamente la manifestación con las ametralladoras apostadas en el techo de la casa de gobierno. Farrell se opuso terminantemente y evitó que se produjera un reguero de sangre. Unos días antes, algunos militares ya habían sugerido asesinar a Perón.

Esta tendencia ideológica represiva y terrorista de los militares y los civiles no desapareció en octubre de 1945, sino que siguió vigente. Estos grupos organizaron los atentados contra civiles en 1953, los bombardeos de 1955 y los fusilamientos de 1956, entre otras atrocidades. Esta tendencia política sería hegemónica en la dictadura de 1976, que fue la respuesta al 17 de octubre: la clase dirigente no estaría dispuesta a cogobernar el país con los sectores trabajadores y nacionales. 

¿Por qué se movilizó el pueblo? Jorge Luis Borges consideró al 17 de octubre como “una especie de farsa” y el órgano periodístico Orientación del Partido Comunista caracterizó a los manifestantes como “hordas de desclasados” y “malevaje reclutado”.

En realidad, y para ser más objetivos, hubo dos grandes causas que favorecieron el 17 de octubre. La primera, fue la contundencia de la obra de la Secretaría de Trabajo y Previsión que, en un año y medio, aprobó más convenios y leyes protectoras del obrero y de su familia que todos los gobiernos nacionales anteriores juntos. Dicha efectividad Perón la logró con la intervención de los sindicatos y del partido militar, que le aportaron la agenda de temas a legislar y a resolver, y los cuadros técnicos para implementarlos. El segundo hecho excepcional que favoreció la movilización, fueron las destacadas condiciones de conductor, de orador y de organizador de Juan Domingo Perón, quien supo amalgamar un Movimiento político de articulación de clases y de diversas tradiciones partidarias y culturales.

La participación de los obreros en la obra iniciada en 1943 y su movilización del día 17 generaron las condiciones de posibilidad del Peronismo y a su vez, en un ida y vuelta, el líder potenció y refundó al Movimiento Obrero.

Los trabajadores columna del Movimiento Nacional. El 17 de octubre la clase obrera generó las condiciones para que Perón sea candidato a presidente en febrero de 1946. Los trabajadores aportaron su estructura para la campaña y formaron el Partido Laborista. Luego del triunfo electoral, el Movimiento Obrero ocupó ministerios, cargos legislativos y tareas en las embajadas, entre otros ámbitos. El Estado argentino fue refundado con los Planes Quinquenales y la reforma Constitucional de 1949, y la Revolución Justicialista permitió la universalización de los derechos laborales y sociales a la educación, la salud, el esparcimiento, las jubilaciones y la vivienda.

La clase obrera fue la columna vertebral del proceso político y generó las condiciones de posibilidad de formulación del programa de desarrollo y del despegue productivo argentino. El país inició un histórico ciclo de crecimiento y el sector más dinámico comenzó a ser la industria nacional y el resultado directo de ese proceso fue el pleno empleo.

Una parte de la burguesía no entendió que su propia clase dependía del Movimiento Obrero y acompañó los golpes de Estado contra el peronismo y los trabajadores de 1955 y de 1976. Las dictaduras debilitaron a la clase obrera, que era la base del proyecto político y el dique de contención al liberalismo y a los intereses de las corporaciones trasnacionales. La dictadura de 1976, al destruir el sindicalismo, que era la “gallina de los huevos de oro” del desarrollo argentino, generó las condiciones para el desembarco de la política económica neoliberal de desindustrialización, primarización y extranjerización productiva.

Los legados del 17 de octubre. Gracias a la movilización, se instaló en la agenda política argentina la necesidad de garantizar o al menos de considerar, los derechos de la clase trabajadora. A partir de esa jornada, se desenvolvió con fuerza el Modelo Sindical Argentino y el Movimiento Obrero más poderoso de Sudamérica. La clase obrera adquirió una renovada conciencia social y política de su centralidad en los destinos de la República Argentina. Con base en un Movimiento de trabajadores, se inició un proyecto de desarrollo industrial nacional, popular y antimperialista, edificando un país moderno e integrado socialmente.

 

sábado, 10 de octubre de 2020

Los cuatro Peronismos Universitarios

Nuevo libro de Ernesto Villanueva y Aritz Recalde

LIBRO COMPLETO ACA

Introducción

El peronismo y las universidades

El Primer Peronismo Universitario: planificación y democratización social

El Peronismo nació el 17 de octubre de 1945. Su antecedente directo fue la Revolución del mes de junio de 1943 que inició un programa de gobierno de cariz nacionalista, industrialista y de orientación social.  Los militares que protagonizaron el proceso político tenían diversos orígenes, distintas visiones del país y sus alianzas partidarias no eran las mismas. Pese a su diversidad, en general había cierto acuerdo sobre la necesidad de refundar la política exterior del país en un contexto de finalización de la Segunda Guerra Mundial. Los militares propugnaban modernizar la estructura productiva conformando una industria dinámica, que era visualizada como el rasgo fundamental de los nacionalismos del siglo XX. Proponían refundar el Estado dotándolo de los medios institucionales necesarios para sortear el reordenamiento de la economía y de la política internacional.

Para implementar esta magna labor se requería de una firme voluntad y de un gran poder de decisión. Los partidos políticos tradicionales estaban en crisis en la Argentina, en la región y en el mundo. Los partidos liberales y conservadores europeos que había guiado el ideario de nuestra dirigencia, eran cuestionados por nuevos movimientos de carácter conservador como el falangismo español, el fascismo italiano o el nazismo europeo y por expresiones socialistas o comunistas. Ya desde finales de los años treinta en Iberoamérica surgieron Movimientos de masas que pusieron en jaque a las elites partidarias. Estas experiencias forjaron movilizaciones multitudinarias que trajeron nuevas demandas sociales, como fueron las impulsadas por Getulio Vargas, por Lázaro Cárdenas, por Raúl Haya de la Torre o por Víctor Paz Estenssoro.

Frente a este escenario, los partidos argentinos Unión Cívica Radical (UCR), socialista y conservador carecían de la fuerza, del programa y de la legitimidad necesarias para encarar esa reforma. El peronismo fue la respuesta a una demanda histórica y fue la expresión local del movimiento antiliberal mundial.

Entre los militares del proceso político abierto en 1943 se destacaron Juan Perón y Eduardo Avalos. El primero, entabló un estrecho vínculo con el sindicalismo y con dirigentes políticos de numerosas extracciones ideológicas, a los que convocó desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social fundada sobre el viejo Departamento de Trabajo.  Avalos implementó un acuerdo con la conducción de la UCR  y se sublevó junto a otros militares deteniendo a Perón y ofreciendo al radical Amadeo Sabatini la conducción de la política nacional.

El 17 de octubre el pueblo fue el gran fiscal de la historia y con la masiva movilización sacó al líder de su encierro en la isla Martin García e inició la construcción del nuevo sujeto histórico. En el año 1945 nació un Movimiento político que acentuó aún más la crisis de los partidos políticos tradicionales y que propugnó la construcción de un nuevo Estado.

Estas tensiones ingresaron de lleno a la universidad que era administrada, principalmente, por autoridades y por docentes radicales, socialistas, conservadores y liberales. Inicialmente, surgieron discrepancias en las Casas de Altos Estudios con las intervenciones de los delegados nacionalistas dispuestas por la Revolución de junio de 1943. Revirtiendo estas medidas, en febrero de 1945 Perón impulsó dos decretos tendientes a la normalización de los claustros (decreto 3.156) y a la reincorporación de los profesores cesanteados (decreto 3.157) en las universidades de La Plata, del Litoral, de Córdoba y de Buenos Aires.

Lejos de desaparecer los conflictos con ambas medidas, las tensiones con los académicos continuaron y la institución y sus miembros se encolumnaron en los dos grandes frentes políticos que apoyaban y que se oponían a Perón. Los principales referentes de los partidos tradicionales conservador, radical, socialista y comunista integraron la Unión Democrática y movilizaron sus frentes estudiantiles (FUA o FUBA) y docentes contra el líder Justicialista. Profundizando esa tensión, luego de que Perón asumiera la presidencia se produjeron disputas, renuncias y cesantías de profesores.

El bloque oficialista que triunfó en las elecciones de 1946 organizó un nuevo espacio integrando a estudiantes, profesores y nodocentes de origen radical, socialista, conservador y nacionalista. La importante participación sindical dentro del peronismo, auspició una renovada agenda de reformas sociales en una institución educativa que había tenido un carácter elitista.

El gobierno iniciado en 1943 fundó el Consejo Nacional de Posguerra a partir del cual se redactó el Primer Plan Quinquenal (1947-1951). Como parte del programa de desarrollo, se sancionó la nueva normativa universitaria en el año 1947 que buscó estrechar la educación y la ciencia con la economía y con el conjunto de las políticas públicas. La legislación fue impulsada en el recinto por varios diputados que habían militado en la UCR y que desde 1946 integraban el bloque del oficialismo Justicialista. Tal cual vamos a comentar en el capítulo 1, la ley 13.031/47 incluyó aspectos de la tradición reformista y le agregó conceptos ligados a la planificación Estatal muy en boga en la etapa.

En el año 1948 se creó la Universidad Obrera Nacional (UON) que se regionalizó para atender las demandas productivas y tecnológicas de las zonas de influencia dónde estaba inserta. En 1949 la nueva Constitución Nacional le otorgó la autonomía a las universidades e incluyó una mención explícita a dicha regionalización.

El Justicialismo impulsó la democratización del acceso a la educación. Primero lo hizo otorgando subsidios y becas y luego lo complementó con la eliminación de los aranceles que fue establecida en el mes de noviembre de 1949. Desde 1952 se instituyó la gratuidad en todos los niveles educativos y en 1953 se eliminaron los cursos de ingreso en las universidades.

Durante la etapa Justicialista se aprobaron nuevos marcos regulatorios del trabajo docente y nodocente. Los primeros adquirieron por ley los derechos a la dedicación exclusiva, a la carrera docente y tener salarios dignos. Los nodocentes inscribieron su labor en el marco del derecho laboral del personal de la administración pública nacional. La etapa estuvo signada por la creación de sindicatos y asociaciones de trabajadores, como fue la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) fundada en abril de 1949 o la Asociación Docente Argentina (ADA). En línea con el ideario de la Comunidad Organizada que presentó Perón en el Congreso de Filosofía de Mendoza en el año 1949, surgieron agrupaciones oficialistas de estudiantes secundarios (UES), de jóvenes universitarios (Confederación General Universitaria) y de profesores e intelectuales (Confederación General de Profesionales). 

El Justicialismo creó una Comisión de Construcciones Universitarias e implementó un importante programa de infraestructura en las diversas instituciones de la Argentina.

Tal cual vamos a mostrar en el libro, si bien las luchas partidarias nacionales atravesaron la vida universitaria, los diez años del Justicialismo fueron sumamente importantes para el desenvolvimiento de las ciencias sociales, humanas y en las disciplinas aplicadas a la innovación y el desarrollo tecnológico.   

El Segundo Peronismo Universitario: la nacionalización de la juventud y de la ciencia

En el año 1955 se produjo un Golpe de Estado y los militares expulsaron a gran parte de los docentes, nodocentes y autoridades de las universidades. El país atravesó 18 años de regímenes de proscripciones y de dictaduras. En marzo de 1973 Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima triunfaron en las elecciones y propugnaron la implementación de un nuevo programa de desarrollo nacional que continuó los lineamientos generales del primer peronismo. Sus pautas fueron diagramadas en un Plan Trienal (1974-1977) que presentó Juan Perón a la Asamblea Legislativa.

El tercer gobierno Justicialista fue acompañado masivamente por la juventud. Una vez obtenido el triunfo electoral de marzo de 1973, las instituciones fueron intervenidas por estudiantes, profesores y por nodocentes que acompañaban al gobierno entrante.

La política universitaria siguió los lineamientos fijados anteriormente en la Hora de Pueblo y en las Coincidencias Programáticas de los Partidos Políticos. A diferencia del año 1947, la nueva ley universitaria sancionada en 1974 tuvo el apoyo del bloque legislativo de la UCR.

La ley 20.654/74 siguió el ideario del primer Justicialismo en lo concerniente a la inducir la vinculación de la ciencia con el desarrollo y a promover la regionalización educativa y la cultura nacional y popular. Una de las diferencias fundamentales en relación a la normativa de 1947, es que la flamante Ley Taiana dotó de mayor autonomía a las universidades en lo referente a la organización del cogobierno. La ley 20.654 conformó un gobierno tripartito con docentes, estudiantes y nodocentes y fomentó la relación de la institución con los representantes de la producción y del trabajo.

La corta y convulsionada atapa que transcurrió de 1973 a 1975, fue un laboratorio pedagógico, cultural y político sumamente importante en la historia de las universidades argentinas. Se implementaron líneas de investigación sobre Latinoamérica y el Tercer Mundo y se realizaron diversas experiencias de articulación del conocimiento con el medio social y productivo. En línea con el movimiento cultural de los años sesenta y setenta, se propugnó activamente el compromiso del profesional con la política y con la reforma social y económica.

El Tercer Peronismo Universitario: expansión universitaria y nuevas regulaciones

Tomando distancia del justicialismo de los años cincuenta y del setenta, a partir del año 1989 Carlos Menem aplicó un programa económico, cultural y social de corte neoliberal. La política universitaria siguió un rumbo diferente y se expandió el Sistema Universitario y el Estado lejos de desligarse de la planificación educativa tuvo un rol activo y protagónico.

En línea con los dos primeros peronismos que impulsaron la planificación estatal educativa, en 1995 se creó una Secretaria de Políticas Universitarias. En 1995 se sancionó una nueva Ley de Educación Superior que le otorgó amplia autonomía a las instituciones, en paralelo a que dio al Estado nacional nuevas competencias regulatorias.

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) supuso un cambio fundamental en la gestión académica e instaló una nueva cultura institucional que puso al interés público y a la evaluación universitaria en el centro del sistema.

Se profesionalizó el área de estadística universitaria otorgándole al Estado un instrumento fundamental para la planificación. La política de Programas orientados a áreas estratégicas o los originados con fondos especiales, le dieron al Estado un instrumento importante para articular la autonomía académica con el desarrollo nacional.

El Régimen de Incentivos instrumentado fue y sigue siendo una importante política de impulso a la investigación entre los profesores. Si bien es perfectible, al día de la fecha no fue remplazado, ni superado.

Durante la etapa la esfera universitaria tuvo una expansión de los subsistemas públicos y privados. Entre 1989 a 1996 se crearon nueve Universidades nacionales y un Instituto de la misma índole, protagonizando uno de los ciclos de crecimiento institucional más significativos de la historia del país.

El Cuarto Peronismo Universitario: expansión del sistema y recuperación presupuestaria

El primero y el segundo peronismo fueron nacionalistas y el tercero neoliberal. Desde 2003 el justicialismo adoptó un esquema económico de carácter desarrollista.

Luego de la crisis del 2001 y de la renuncia del mandatario Fernando de la Rúa, asumió Eduardo Duhalde.  El presidente radical había aplicado una reducción del 13% al presupuesto público incluyendo a las universidades. Revirtiendo la tendencia de los recortes y ajustes,  en el año 2002 se crearon dos universidades y poco a poco fue normalizándose la vida política argentina y también la propia de la educación superior.

Continuando el ideario Justicialista, desde 2003 se aprobó una importante legislación laboral docente y nodocente que se consagró en dos flamantes Convenios Colectivos de trabajo.

El gobierno de Néstor Kirchner y luego el de Cristina Fernández continuaron las políticas de democratización social instaladas por el primer Justicialismo. Se implementaron diversos y masivos proyectos de becas sociales y científicas que intentaron articular la inversión educativa con las áreas estratégicas del desarrollo.  

Desde el Ministerio de Planificación Federal y luego con recursos de la Comunidad Andina de Fomento, se impulsó un inédito programa de infraestructura y de modernización universitaria en toda la Argentina.

Retomando la tendencia de los años noventa, el Gobierno Nacional instrumentó la expansión del sistema de universidades públicas más importante de la historia. En doce años se aprobaron en el Congreso de la Nación las leyes de creación de diecinueve universidades. Gracias a eso, la Argentina y por primera vez, dispone de instituciones en todas las provincias. 

 El Peronismo Universitario: legado y actualidad

El Peronismo Universitario conformó el cuarto gran modelo de gestión de las universidades argentinas, conjuntamente con los proyectos hispanoamericano, el liberal y el reformista. En todos estos sistemas de administración de la educación superior existen continuidades y rupturas con las iniciativas anteriores. En cada caso, se retomaron aspectos prexistentes, se cambiaron políticas y se fundaron nuevas modalidades.

Tal cual vamos a destacar en el presente libro, el peronismo universitario se integró con una confluencia de docentes, de investigadores, de nodocentes y de estudiantes de militancia anterior en la UCR, el socialismo, nacionalismo y otras corrientes partidarias. Este dialogo entre tradiciones ideológicas quedó reflejado en el abrazo de Perón y Balbín y se profundizó en la militancia de los años setenta y ello permitió forjar las Coincidencias Programáticas de los Partidos Políticos y facilitó la aprobación de la ley 20.654/74 con acuerdo unánime de todos los sectores.   

Al menos, hay cuatro pilares que identifican los aportes del Peronismo Universitario y que integran el funcionamiento actual del sistema educativo.

La expansión y regionalización de las universidades argentinas

El Justicialismo es la fuerza política que más universidades nacionales fundó en los doscientos años de historia de la Argentina: 33 sobre un total de 57. Es la única expresión partidaria que en todas sus gestiones, sin excepciones, fundó instituciones. Juan Perón creó la Universidad Obrera Nacional en su primer gobierno e inauguró otras dos en su tercera gestión. Carlos Menem promovió nueve, Eduardo Duhalde dos y Néstor y Cristina Kirchner diecinueve.   

Con la Universidad Obrera Nacional se inició una experiencia sumamente importante de regionalización académica y en cada sede de la institución variaron las carreras y las líneas de investigación. Se orientó la oferta académica a la resolución de los problemas regionales y nacionales y eso promovió la apertura de nuevas líneas de trabajo. Esta característica fue imponiéndose como cultura institucional y actualmente nadie discute que las universidades deben regionalizarse y responder, propietariamente, a la resolución de las diversas agendas de las comunidades en donde están insertas.


La formación de un sistema universitario nacional vinculado a los planes de desarrollo

Con el primer Plan Quinquenal y luego con la ley 13.031/47 el Justicialismo inició la planificación universitaria argentina superando el concepto liberal y reformista de la autonomía.

En el año 1949 y en 1994 le otorgó a la autonomía rango Constitucional. El justicialismo demostró en sus cuatro gestiones que las propuesta de los representantes de la democracia de masas y la autonomía universitaria no son contradictorios, sino complementarios.

Con la finalidad de planificar y de orientar a la labor de las universidades autónomas, el justicialismo sancionó cuatro leyes de educación superior (1947, 1954, 1974 y 1995) sobre cinco aprobadas en toda la historia del país. Se buscó armonizar el desarrollo nacional con la dinámica interna universitaria y además se propugnó superar el aislamiento entre las instituciones a las que se unificó dentro de un mismo Sistema. 

El Justicialismo impulsó activamente la tarea de investigación en las universidades y en el conjunto de instituciones  públicas. Su propuesta fue y sigue siendo la de promover programas orientados a los Problemas Nacionales y regionales económica y socialmente relevantes. En el Primer gobierno fundó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en el Tercero el Programa de Incentivos y en el Cuarto el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

El peronismo creó nuevos instrumentos de gestión institucional que permitieron que el Estado potencie áreas estratégicas del desarrollo científico y que se favorezca la organización de un sistema integrado con estándares compartidos. En el año 1947 impulsó el Consejo Nacional Universitario, antecedente del actual Consejo de Universidades. Fundó en 1949 el Ministerio de Educación de la Nación y la Subsecretaria de Universidades, en 1993 la Secretaria de Política Universitarias y en 1995 la CONEAU. 

Actualmente, se habla de autonomía responsable y se ofrecen distintos modelos posibles de relación con el Estado. Ya prácticamente no se considera al conjunto de las Políticas Públicas emanadas del sistema democrático como un “peligro” o como un factor “distorsivo” de la ciencia. Por el contrario, cada día es más habitual el dialogo y el apoyo mutuo entre la educación superior y el conjunto del Estado. Paulatinamente gana consenso el concepto acerca de que la autonomía es un medio necesario para la gestión científica y cultural, pero no conforma un fin en sí mismo.  

Los derechos sociales y laborales de la comunidad académica

El primer Justicialismo estableció la gratuidad de las universidades, fomentó los horarios nocturnos, subsidió apuntes y creó por ley planes de becas. Tales acciones tuvieron como finalidad derribar la histórica barrera de clase que imponían las instituciones. Resultado de eso, aumentó considerablemente la matrícula y se modificó el perfil de la clase dirigente del país. La masificación del estudiantado permitió atender la demanda técnica generada por la industrialización. 

Durante el tercer y cuarto peronismo se expandió el sistema universitario por todo el país y principalmente en el conurbano bonaerense. Como resultado de este proceso, hubo un aumento importante de estudiantes de primera generación universitaria y originarios de los grupos más humildes.

Además, el peronismo en la primera y la cuarta etapa fue el que instauró y que potenció los principales derechos de los trabajadores docentes y nodocentes. Consagrando esta vocación, el Justicialismo kirchnerista sancionó los Convenios Colectivos de Trabajo nodocente (2006) y el de los profesores (2015).   


LIBRO COMPLETO ACA

jueves, 8 de octubre de 2020

Las regulaciones universitarias y la reforma de la Ley de Educación Superior

 Aritz Recalde para Página 12

El Presidente Alberto Fernández anunció que impulsará una nueva LES, en remplazo de la actual 24.541/95. La norma ya tiene 25 años y tuvo tres modificatorias parciales con las leyes 25.573/02, 25.754/03 y 27.204/15. Si bien al momento de su sanción el texto recibió diversas críticas, se debe reconocer que la LES fue lo suficientemente amplia al punto de que no fue un impedimento para implementar el programa universitario iniciado en 2003. Caracterizar a la LES como meramente neoliberal es una simplificación y para ser más exactos, la norma articuló aspectos las tres tradiciones universitarias del siglo XX que son el liberalismo, el reformismo y el nacionalismo popular.

El liberalismo sancionó la Ley 1597/85 que tenía solamente 4 artículos y que se complementó con la 1420/84 de Educación Común. La universidad era arancelada y los docentes eran designados por el Poder Ejecutivo en base a una terna enviada por las Facultades. La institución era elitista y tenía como finalidad profundizar las desigualdades sociales y en 1885 concurrían a la UBA y la UNC solamente 775 estudiantes.

Los reformistas de 1918 promovieron la formación de una cultura humanista, social y sudamericana y los jóvenes exigieron formar parte de las decisiones del cogobierno. Reivindicaron la importancia de la autonomía en los planos académicos y políticos institucionales. La vocación autonomista no favoreció la sanción de leyes, sino más bien cambios de los Estatutos de cada universidad.

El nacionalismo popular universitario fue implementado por el Justicialismo, que elaboró Planes Quinquenales e inscribió el programa educativo y científico como parte del desarrollo nacional. El peronismo sancionó las leyes universitarias 13.031/47, 14.297/54 y la 20.654/74 que estuvieron orientadas a articular más estrechamente la labor de las instituciones, con la búsqueda de la independencia económica, la justicia social y la construcción de un nuevo Estado. Las instituciones fueron regionalizadas y se creó un Consejo Nacional Universitario de coordinación con participación del Ministro de Educación y de los rectores. La regionalización universitaria indujo la creación de la UON que ofertó carreras de ingenierías vinculadas a la producción de cada provincia. El Justicialismo concibió a la educación como parte de la justicia social y en 1947 sancionó la legislación protectora del trabajo docente (dedicación exclusiva y Carrera docente) y nodocente. Estableció por ley las becas de estudiantes e instauró la gratuidad de la universidad (Dto 29.337/49) y del conjunto de la educación (Dto 4.493/52).

 

La nueva LES deberá ser parte de un amplio debate nacional con los representantes de la producción, del trabajo y de la cultura. Tendrá el desafío de articular armoniosamente la autonomía, con la necesaria planificación federal y estratégica del desarrollo. Deberá educar en el compromiso social de sus miembros y por la formación de un ideario nacionalista y sudamericano. Tendrá que crear condiciones para que estudien los sectores populares y para el efectivo cumplimiento de los derechos laborales docentes y nodocentes.

 

 

La gobernación de Eduardo Duhalde 1991- 1999

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