lunes, 17 de febrero de 2014

El acuerdo de precios del año 1973

Aritz Recalde, febrero de 2014

El gobierno nacional está implementando el programa Precios Cuidados[1].
Entre los antecedentes relevantes de ésta política, no puede dejar de mencionarse el Pacto Social del año 1973. La iniciativa la impulsó el peronismo durante su tercer mandato y el acuerdo incluyó, entre otras cuestiones, el congelamiento de precios y de salarios. Resultante de éste acuerdo, el porcentaje de participación de los asalariados en el ingreso nacional, pasó del 36,1% al 50%.
El Pacto Social del año 1973, se formuló como consecuencia de negociaciones y de alianzas previas, que incluyeron a los principales actores económicos y políticos del país. Con la finalidad de avalar la iniciativa de concertación política, Perón impulsó con anterioridad a la asunción de Héctor Campora:
-          Un acuerdo con los principales PARTIDOS DE OPOSICIÓN. Se alcanzó en el año 1970 un compromiso con Ricardo Balbin y la UCR (Hora del Pueblo). La UCR abandonó su posición golpista propia del año 1955 y generó condiciones de sustentabilidad del Pacto Social.
-      Un frente amplio y plural de gobierno. El FREJULI contuvo al justicialismo, pero además, sumó a la Democracia Cristiana, a la izquierda nacional, al Partido Conservador Popular y a un grupo de desarrollistas, entre otros.
-     Un pacto entre SINDICATOS y EMPRESARIOS. José Ignacio Rucci y José Ber Gelbard firmaron el “Programa Conjunto de la CGT y de la CGE” en el año 1972.

Resultante de los diálogos entre Rucci y Gelbard, se redactó el documento de “Coincidencias programáticas del Plenario de Organizaciones Sociales y Partidos Políticos”. Adhirieron al documento en diciembre de 1972, buena parte del espectro político y partidario, quedando por fuera la Nueva Fuerza (Álvaro Alsogaray), la Alianza Popular Federalista (Manrique), la Alianza Republicana Federal (Lanusse) y el Partido Comunista, entre otros.
En mayo de 1973 se rubricó el acuerdo por intermedio del “Acta de Compromiso Nacional”, que fue firmada por la CGT, la CGE y la Federación Agraria Argentina. Inicialmente, el Acta obtuvo el consentimiento de la Unión Industrial Argentina y de la Sociedad Rural Argentina. Luego se sumaron otros actores económicos como la Cámara Argentina de Comercio
En agosto del mismo año, se firmó con las provincias el “Acta de compromiso del Estado”.

Al acuerdo entre actores sociales, económicos y políticos, Perón le sumó la capacidad punitiva del Estado. El proyecto nacional sancionó la Ley de Abastecimiento 20.680/74[2], creó comisiones sectoriales de precios y salarios y motorizó un importante paquete de medidas de regulación de la industria nacional, de las empresas extranjeras y del comercio exterior.

El Pacto Social encontró cuatro grandes dificultades:  
1.     Sectores del capital concentrado impulsaron el desabastecimiento y la suba de precios.
2.     El asesinato de Rucci eliminó un articulador central.
3.   Las oposiciones políticas dentro del peronismo y las provenientes de la ultraizquierda y de la derecha, generaron un marco de inestabilidad permanente.
4. Aumentaron los precios del petróleo y el Mercado Común Europeo bloqueó las exportaciones argentinas[3].

Muerto Perón, el nuevo gabinete abandonó el programa de Gelbard para aplicar recetas de corte liberal. Isabel convocó a Alfredo Gómez Morales y luego a Celestino Rodrigo, que terminaron con la concertación entre la empresa nacional, los partidos políticos y el peronismo[4].

¿Qué continuidades y qué diferencias existen entre 1973 y la actualidad?
Entre las continuidades, es innegable que los empresarios concentrados, de manera similar a 1973, inducen los aumentos de precios, la fuga de capitales o la especulación con el dólar.

Entre las diferencias existentes del Pacto Social y el programa Precios Cuidados, resaltan las siguientes:
-        El Pacto Social se originó por fuera del Estado y surgió desde las Organizaciones Libres del Pueblo. Precios Cuidados es una iniciativa gubernamental.
-        El Pacto Social acordó un programa de desarrollo nacional ambicioso y global, que excedió el mero objetivo de cuidar los precios. El paso siguiente y complementario del Pacto, fue la sanción del Plan Trienal (1974).
-        Al programa Precios Cuidados, no lo acompañan los partidos políticos de la oposición. La oposición actual no conoce la Hora del Pueblo y apuesta a la desestabilización para alcanzar el poder en 2015.
-         El proceso político actual mantiene una relación distante con la CGT, que no está cumpliendo un rol importante, ni en la planificación, ni en la aplicación del control de precios
-          El empresariado actual es, en buena medida, oligopólico y extranjero. Gelbard representó a un sector del empresariado que perdió peso relativo y capacidad de negociación.

La garantía del programa Precios Cuidados no es la CGT y tampoco la CGE. La imagen de Rucci protegiendo con un paraguas a Perón, es emblemática de rol que ocupó el movimiento obrero organizado frente al Pacto Social. El programa Precios Cuidados no tiene en el centro de la estrategia a la poderosa central sindical, sino que se convocó a los sectores medios. La CGT no es el paraguas del acuerdo de precios: ese lugar lo ocuparon los celulares de tecnología Android.

El enemigo es el mismo y lo que se modificó considerablemente, es el frente político, económico y social para enfrentarlo.




[2] http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/58603/texact.htm
[3] La economía mundial dificultó la aplicación del Pacto Social. El aumento de los precios del petróleo modificó los costos de importaciones de energía, que pasaron de 3,1 % en octubre de 1973 al 15 % en 1974 sobre el total de las importaciones.
[4] A partir de la llegada de ambos, ingresó Ricardo Zinn quien se desempeñaba como ejecutivo de Sasetru y del grupo Macri. Con Zinn desembarcaron asesores como Pedro Pou, artificies de las reformas neoliberales en la Argentina. Completa el cuadro, el acuerdo que impulsó López Rega con el Consejo Empresario Argentino  presidido por Martínez de Hoz. 

lunes, 3 de febrero de 2014

Wilde y la autonomía universitaria

Aritz Recalde, enero de 2014 [1]

 A lo largo de la historia del sistema universitario, se debatió en diversos ámbitos cuáles son los alcances y las obligaciones de las universidades frente al resto del Estado y al conjunto social. En este marco, algunos intelectuales y miembros académicos, sostuvieron que se debe dotar a la institución de mayor autonomía. Por el contrario, otros actores mencionan que los representantes de la democracia de masas, tienen una legitimidad de origen para planificar las acciones universitarias[2].
Uno de los más lucidos expositores de la doctrina que promueve la intervención del Estado en la planificación universitaria, fue el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública del gobierno de Julio A. Roca, Eduardo Wilde[3]. El Ministro exteriorizó sus opiniones en el marco del debate de la ley universitaria sancionada en 1.885[4].
Wilde mencionó que existe una tendencia generalizada a que las “corporaciones” (universidades) ejecuten sus actos en base a los intereses de sus propios miembros, desconociendo las funciones y los objetivos establecidos en su creación. El Ministro sostuvo que las “corporaciones son muy irresponsables” y que actúan bajo la sujeción de intereses particulares (Debate Parlamentario 1959: 102).
Sobre este presupuesto, promovió una mayor regulación del Estado con la finalidad de que permita direccionar las acciones y los recursos universitarios.
Uno de los aspectos que mencionó, fue el de la modalidad de designación de los docentes. Wilde era Contrario al sistema de concursos y mencionó que dicha fórmula no era garantía alguna de excelencia académica. Por el contrario, sostiene que “la garantía que se busca en el concurso es una garantía falaz” que da lugar a que lleguen “nunca los más competentes, repito: son siempre los más audaces” (Debate Parlamentario 1959: 103).  Para sostener su argumento frente a los otros legisladores, indicó dos aspectos:
a-    El autor estableció que en su origen la UBA copió el modelo de Francia. Afirmó que dicho país desde 1852, derogó los concursos que tenían como función nombrar profesores titulares. Con una cuota de ironía, sostuvo que durante Napoleón existió la “formalidad” de los concursos, pero que en la realidad, el emperador “Hacía ver a los miembros del Jurado para que nombraran al candidato que él quería, es decir, Napoleón tenía indirectamente el nombramiento de los catedráticos” (Debate parlamentario 1959: 122).
b-    Por otro lado, sostuvo que la “generalidad de los jueces (jurados) es incompetente”, ya que nació de un compromiso previo de los miembros del jurado con el aspirante y “se presenta con grandes formas, con gran aparato, una cosa que con unas palabras se destruye, diciendo que ese nombramiento no es el de un jurado independiente, que reúna las condiciones necesarias de competencia, sino un nombramiento debido a un caucus, a un complot” (Debate Parlamentario 1959: 110 y 130).

Las tendencias corporativas propias de la universidad, contrastaban con un hecho fundamental que era la dependencia presupuestaria de la institución. Sostuvo Wilde que “nuestras universidades no pueden vivir por sí solas: es un hecho. Viven del poder público (…) No tienen fondos propios. Por consiguiente, no se puede todavía invocar su independencia” (Debate Parlamentario 1959: 182). Queda claro para el autor, que no hay autonomía universitaria posible con el resto del Estado, sin antes alcanzar financiamiento propio.
Tal cual se lee, para Wilde la universidad era corporativa y tomaba sus decisiones atendiendo el interés de sus propios miembros. ¿Cómo solucionar éste problema?. El autor propone reorganizar las potestades de control del Estado, sobre el funcionamiento de las casas de altos estudios[5].
El Poder Ejecutivo nacional tenía que intervenir en la designación de los docentes[6], atendiendo el hecho de que cumplía un mandato popular “que tiene la vista de la República sobre él”  (Debate Parlamentario 1959: 129). El Poder Ejecutivo, a diferencia de los universitarios, alcanzaba su cargo por elección popular y rendía cuentas de sus acciones, cuestión que lo conducía a ser más prudente al momento de sus actos.
En el terreno financiero, el Estado nacional tenía que vigilar y poner límites[7] a las Facultades “controlándolas en sus ambiciones legítimas, pero quizás también exageradas” (Debate Parlamentario 1959: 184). 
Finalmente, Wilde sostiene que el Estado nacional tiene el monopolio de la emisión de títulos, cuestión que sumada a la erogación financiera, consolidan una dependencia estrecha de la universidad con el Congreso y con el Poder Ejecutivo.




[1] El texto es un apartado del Proyecto de Doctorado en Comunicación de Aritz Recalde.
[2] Pese a que la universidad pública es una dependencia del Estado, existe una tendencia a ubicarla por fuera. Se habla por eso de “universidad” y de “Estado” como dos lugares distintos. Éste último, representaría al conjunto de instituciones estatales por fuera de las universidades.
[3] Eduardo Wilde (1.844-1.913) fue uno de los promotores de la ley educativa número 1420 de 1884. Obtuvo el título de médico y se desempeñó como docente de la UBA. 
[4] En el año 1.881 por decreto del Poder Ejecutivo Nacional se formó una Comisión para proyectar los Estatutos y el Plan de Estudios de la UBA. La integraron Nicolás Avellaneda, Juan B. Alberdi, Vicente Quesada, D. de Peralta y Eduardo Wilde. El proyecto de Estatuto se elevó al Congreso de La Nación, quién no emitió pronunciamiento. Atendiendo la ausencia de regulación, Nicolás Avellaneda presentó el proyecto de ley universitaria que regularía el funcionamiento de la UBA y Córdoba (Debates parlamentarios 1959).
[5] En el marco del debate de la ley, Wilde resaltó que el Poder Ejecutivo Nacional nombraba los docentes y que el Congreso nacional aprobaba los Estatutos y los Planes de Estudio. El autor propuso que los Estatutos sean elevados al Poder Ejecutivo (así fue redactada la ley). Finalmente, la norma no mencionó la intervención del Congreso en la aprobación de Planes de Estudio.   
[6] La ley 1.597 de 1885 en su artículo 1.6. sostuvo que “la Facultad respectiva votará una terna de candidatos que será pasada al Consejo Superior, y si este la aprobase será elevada al Poder Ejecutivo quien designara de ella el profesor que deba ocupar la cátedra”.
[7] La ley 1597 de 1887 en el artículo 1.3) obligó a que los derechos universitarios tengan la “aprobación del Ministerio de Instrucción Pública”.

domingo, 8 de diciembre de 2013

Una década ganada en la ciencia y la tecnología argentina


Aritz Recalde, diciembre 2013

El proyecto político iniciado en el año 2003, impulsó transformaciones fundamentales del modelo de desarrollo nacional, que influyen directamente sobre la realidad universitaria. En el terreno económico, promovió la reindustrialización del país a partir de la sustitución de importaciones, la protección arancelaria, la diversificación de mercados, el financiamiento público y el apoyo a la producción con mayores niveles de valor agregado. En el plano social, estimuló la generación de empleo y la redistribución de la riqueza por intermedio de la participación directa y protagónica del Estado. En los aspectos políticos, le transfirió poder a la sociedad argentina, anteriormente enajenado en las empresas concentradas y los organismos financieros. Desde el año 2003, la política exterior varió considerablemente y nuestro país salió de la egida de los EUA, para ofrecer en su lugar, un sistema multilateral anclado en la regionalización continental.
A continuación, vamos a comentar brevemente algunas modificaciones suscitadas en las universidades nacionales.

Federalización de la oferta universitaria
Como parte del proyecto nacional mencionado, el gobierno iniciado en el 2003 tomó la estratégica decisión de expandir el sistema universitario, a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
Durante los años noventa, se promovieron once universidades nacionales y a partir de la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, se suscitaron otras nueve.
Resultante de este proceso, la década del noventa, conjuntamente al ciclo kirchnerista y al plan de Alberto Taquini[1], quedarán en la historia del país como los más prolíferos en la apertura de universidades nacionales.
La apertura de nuevas instituciones, consolida un sistema de educación superior federal, caracterizado por el surgimiento de universidades pequeñas o intermedias. Esta política de Estado, desplaza la tradicional hegemonía de aquellas instituciones de grandes dimensiones, como son los casos de la UBA, La Plata,  Córdoba o Rosario.

¿Conocimiento universal o regionalización del conocimiento?
“En consonancia con los esfuerzos de la intervención por ubicar a la Universidad en la senda nacional y popular, se consideró necesario ir transformando los contenidos y métodos de la enseñanza en base a las siguientes ideas centrales: 1) la enseñanza se centrará más en problemas nacionales concretos que en disciplinas o materias; 2) los estudiantes se incorporarán a grupos de trabajo e investigación de esos problemas y recibirán cursos de apoyo de las disciplinas usuales; 3) el aprendizaje comenzará siendo concreto, vinculando a la realidad nacional, y avanzando en abstracción y rigor en años sucesivos”. Ernesto Villanueva, 1974

Uno de los rasgos característicos de las universidades promovidas desde el año 2003, es su impronta renovadora en la concepción acerca de las funciones culturales, sociales y productivas que tiene que cumplir la institución. En general, las nuevas instituciones promueven carreras no tradicionales, se gobiernan con participación de miembros externos e impulsan líneas de investigación surgidas a partir de su inserción en el contexto social y político local.
Las universidades de reciente creación, modificaron la forma tradicional de organizar las acciones académicas. Es oportuno destacar, que actualmente se está promoviendo una regionalización de las funciones universitarias. La Constitución del año 1949 introdujo dicha forma de proyectar la apertura de carreras, la planificación de las investigaciones o de las tareas de trasferencia. La Carta Magna estableció que “Una ley dividirá el territorio nacional en regiones universitarias, dentro de cada una de las cuales ejercerá sus funciones la respectiva universidad. Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales”.
La regionalización del conocimiento iniciada con la Universidad Obrera en 1948 y que adquirió estatuto constitucional en 1949, está teniendo plena vigencia. Actualmente y en línea con la iniciativa de Ernesto Villanueva del epígrafe, la oferta de carreas surge como resultante de identificar la demanda regional en donde se radican las instituciones. En este contexto, las funciones educativas, de investigación, de cooperación o trasferencia, se orientan a la resolución de problemas, más que a la reproducción de disciplinas y de recorridos académicos tradicionales.
Las nuevas universidades están demostrando con hechos concretos, que se puede producir ciencia de calidad con contenido social y productivo relevante para las localidades donde se radican y para la nación en su conjunto.  Asimismo, son un prototipo de que dicha práctica puede estructurarse de manera mancomunada con el Estado local, provincial, nacional y con las organizaciones libres del pueblo.
Ampliar la radicación de universidades en el Conurbano Bonaerense
“La universidad debe ser, efectivamente, para el pueblo en varios sentidos. Uno de ellos: que tengan acceso a todas las carreras estudiantes de las clases más humildes del país”. Rodolfo Puiggros

Dentro de las instituciones creadas en las últimas décadas, adquieren suma relevancia aquellas organizadas en la Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense (RUNCOB)[2]. En general, estas instituciones están inscriptas en zonas cuya fragilidad social y productiva es considerable. Su radicación favorece la democratización social del acceso a la educación superior, cuestión que se expresa en el ingreso masivo de jóvenes de origen popular con escasa historia familiar de estudios universitarios. La RUNCOB está materializando la concepción social universitaria impulsada desde el año 1949, con la sanción de la gratuidad de los estudios universitarios.
Asimismo y si se analizan las altas tasas de crecimiento interanual, las universidades del conurbano están canalizando una demanda educativa no satisfecha por el sistema educativo tradicional[3].
Los gobiernos liberales entendieron que la educación era un instrumento de división de clase, de raza y de etnia. Los programas reformistas, impulsaron el acceso de las clases medias. Según mencionó Puiggrós del epígrafe y cuestión a la cual la RUNCOB contribuye, el nacionalismo popular entendió a la educación superior como un instrumento de igualación y de ascenso social de los sectores de menores ingresos.

Planificación de las políticas del Estado
“Para establecer una política para la ciencia, es necesario que el poder político tenga conciencia clara de sus necesidades y de los objetivos nacionales, y sepa formularlas en términos susceptibles de estudio científico, creando de esta manera una demanda concreta sobre las instituciones de investigación”. Amílcar Herrera


Actualmente, las universidades argentinas y el conjunto de las políticas  de Estado de educación superior, se organizar en torno de de tres grandes modelos o tradiciones universitarias.
La tradición universitaria liberal, entendió que la educación superior tenía que responder, principalmente, a las demandas de los sectores económicos predominantes del mercado. En general, estos grupos de poder estaban ligados estrechamente al extranjero. La universidad proyectada para ese país, fue una institución elitista en su composición estudiantil, que fomentó modelos económicos dependientes y que reprodujo esquemas científicos de contenido europeísta.
Los grupos reformistas transfirieron la soberanía de las decisiones a los miembros internos de la misma institución, al dotarlos del cogobierno y de una amplia autonomía. En un sistema universitario que dispone de importantes niveles de autonomía, existe una tendencia recurrente de las instituciones a desacoplar sus acciones en relación a las demandas sociales, económicas y culturales requeridas por la democracia de masas.
Finalmente, el nacionalismo popular propugnó que las acciones de la universidad deberían orientarse, prioritariamente, atendiendo las demandas de la democracia de masas y del proyecto productivo y tecnológico de país. Para ésta última propuesta, la educación superior tiene que contribuir a dotar a la Argentina de mayores grados de poder político y económico nacional, en paralelo que favorece el ingreso de los sectores populares.
Dos de los hechos institucionales a destacar de las últimas décadas, son la creación de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT). Estos organismos, tienden a articular la tradición universitaria reformista, con el proyecto educativo del nacionalismo popular.
En línea con los objetivos del nacionalismo popular, la SPU tiene la función estratégica de racionalizar la distribución de recursos universitarios y de brindar incentivos que contribuyan al cumplimiento de los planes de mediano y de largo plazo, del conjunto de carteras del Estado y de la democracia de masas. Si se analizan los programas de la Secretaria, se puede observar que, en general, son direccionados hacia las áreas de vacancia definidas por el Estado Nacional. 
La apertura del MINCyT, es una decisión importante que le otorga a la función científica y tecnológica, un rol central en las políticas del Estado. Por un lado, favorece la articulación entre conocimiento e innovación, contribuyendo a la capacitación de recursos humanos en un proyecto nacional industrialista que sustituye importaciones. Además, el Ministerio está oficiando como una apuesta a reforzar la actividad científica, por sobre la tradicional función docente y profesionalizante del sistema universitario.   
Tal cual se observa en el cuadro “inversión del Estado nacional 2003-2013”, el gobierno otorgó importantes recursos a las universidades autónomas. Además, concedió financiamiento a la SPU y al MINCyT, generando condiciones para la planificación estratégica de la educación superior.

Inscribir las universidades en un proyecto de país industrialista, nacionalista y popular
Yo siento que hacía mucho tiempo que no se reconocía a los científicos, como lo hemos reconocido en esta etapa. Pero no esa ciencia que era una ciencia no aplicada, una ciencia como desconectada, desvinculada de la actividad económica, del progreso del país, como si ser científico y tener contacto con lo económico fuera algo - en cierta manera- pecaminoso o contaminara el contacto del científico puro con la empresa. Y es exactamente lo contrario, es potenciar a la ciencia y a la tecnología para ponerla al servicio del crecimiento y el desarrollo de un país, que es lo que han hecho las grandes naciones del mundo”. Cristina Fernández de Kichner

El ciclo económico neoliberal iniciado en 1976, retomado en los ochenta y profundizado en los años noventa, culminó con recesión económica, desindustrialización y extranjerización de los recursos materiales del país.
Llevado al terreno universitario, un problema central de las décadas del ochenta y del noventa, fue la aplicación de un modelo de desarrollo que consolidó altas tasas de desempleo. El programa neoliberal derivó en una crisis profunda en el año 2001 y ello implicó la expulsión y la subutilización de los recursos humanos universitarios e incluso, favoreció la emigración de científicos y de académicos que buscaron destinos en otros países.   
El proyecto nacional iniciado en 2003 completó la federalización de las universidades argentinas y de los tres momentos de apertura de instituciones mencionados, fue el único programa que le dio sustentabilidad al patrón de crecimiento y que otorgó una función central a la ciencia y a la tecnología en el mediano y en largo plazo. 
El impulso al programa industrialista y de sustitución de importaciones, confirió sustentabilidad económica al proyecto nacional. Sobre esta condición, se apoyan la justicia social y el poder político de los Estados. La generación de empleo en la última década, les permite a los estudiantes[4] y a los graduados universitarios insertar su actividad individual en un proyecto nacional. Incluso y revirtiendo lo ocurrido en la década anterior, hoy regresan los científicos del extranjero que se radican nuevamente en la Argentina, poniendo su conocimiento al servicio del desarrollo colectivo. 

En definitiva y es importante destacarlo, en la última década las universidades forman parte de un país sustentable económica y socialmente, que puso a la ciencia y a la tecnología en el centro del modelo de desarrollo nacional.

Algunas cuentas pendientes
“El papel del profesional en la sociedad cambia por completo cuando la lealtad a su carrera individual y a su empresa es remplazada por lealtad al país y solidaridad social”. Oscar Varsavsky

Consolidar una agenda universitaria sobre los principios del compromiso productivo, tecnológico y social nacional
Las cuatro funciones de las instituciones podrían incluirse una “agenda universitaria”, atendiendo la importancia de revertir un presente caracterizado por:
-       La proliferación de carreras sin planificación y sin articulación regional y nacional[5].
-       La promoción de investigaciones escasamente relevantes, muchas veces generadas solamente sobre demandas endógenas del mismo sistema.
-       La baja articulación entre los requerimientos de la empresa nacional y social y la universidad.
-       La escasa planificación de la acción solidaria de las universidades y el poco frecuente reconocimiento académico de la extensión como parte del proceso de enseñanza[6].

Compromiso social educativo
Sería oportuno que las universidades, conjuntamente a la SPU y al resto de las carteras educativas y sociales del Estado, formulen programas y compromisos efectivos y evaluables, para promover el ingreso de sectores populares y para bajar la alta tasa de deserción de los alumnos de grado y de posgrado.
El Estado destina recursos para ello y existen diferentes experiencias que podrían derivar en un acuerdo nacional, que además de ampliar las erogaciones presupuestarias y los programas de intervención, fije pautas de cumplimiento y metas mensurables en el corto, mediano y largo plazo.

Promover ciencia aplicada a la producción de tecnología e innovación
“La tecnología es uno de de los más fuertes factores de dependencia en la actualidad. Resulta importante enfatizar que este hecho se agudiza en el caso del sector industrial. (…) Ciertos sectores de nuestra economía han dependido y aún dependen de la importación de tecnología extranjera (…) Sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace imposible”.  Juan Perón

El sistema universitario tiene el importante desafío de impulsar carreras, investigaciones y acciones de transferencia, capaces de dotar de mayores niveles de competitividad e innovación, al programa de reindustrialización de la Argentina.
Para cumplir este objetivo, la SPU y el MINCYT iniciaron líneas especiales de becas y de subsidios a proyectos, que pueden ser el punto de partida para profundizar un cambio del perfil del sistema de educación argentino, para orientarlo hacia las ciencias aplicadas y la innovación tecnológica.  
Este desafío tiene entre sus cuentas pendientes, reforzar las acciones y los planes de trabajo mancomunados entre las instituciones universitarias, el MINCyT y el conjunto de establecimientos vinculados a las áreas científicas y tecnológicas (INVAP, CONEA, FAdeA, YPF, etc.).

Trabajar una agenda compartida de articulación entre instituciones académicas iberoamericanas
Durante la última década, se produjo un importante proceso de articulación regional en los planos comerciales y políticos. Anteriormente, existieron acercamientos e iniciativas conjuntas entre gobiernos y pueblos, que muchas veces fueron abandonadas por diversas coyunturas y circunstancias políticas e históricas. Contrariando ésta tendencia, nacieron el MERCOSUR, la UNASUR o la CELAC que favorecieron la determinación de una nueva relación estratégica sudamericana. La tendencia a la convergencia entre países, se evidencia en el aumento del volumen de las relaciones económicas, que dejó como saldo por ejemplo, que Brasil es el primer aliado comercial de la Argentina. Visto desde la otra perspectiva, Argentina es el tercer socio comercial del Brasil, detrás de China y de los Estados Unidos.
A la convergencia económica, se le suma la creciente articulación política entre las dirigencias de las naciones iberoamericanas, que quedó evidenciada en la promoción de acciones conjuntas en el seno del MERCOSUR[7], la UNASUR[8] y la CELAC.
Finalmente, a las convergencias económicas y políticas, deben sumarse las articulaciones culturales. En el terreno académico y universitario, se están produciendo investigaciones que intentan hacer hincapié en los análisis comparados sobre las realidades de los países iberoamericanos. En este contexto, consideramos que hay mucho trabajo por hacer en el universo de la promoción y la profundización de iniciativas conjuntas de integración académica y científica. La región demanda una nueva agenda en común, donde se  incluyan metas de intercambio de alumnos, de docentes, de investigadores, de trabajadores técnico administrativos y de iniciativas de producción de conocimiento socialmente relevante.
Para cumplir estos objetivos, es requisito indispensable que se consoliden parámetros y estándares comunes[9] desde las carteras educativas regionales. El Sector Educativo del Mercosur inició un camino importante en esta tarea, que podría profundizarse.
El Estado nacional desde el Ministerio de Educación, particularmente con la SPU y la CONEAU, tienen mucho por hacer para mejorar la tarea mancomunada con las instituciones de Iberoamérica. Además, las organizaciones libres del pueblo, estudiantiles, de trabajadores administrativos o docentes, disponen un universo significativo a desarrollar en la articulación de acciones y programas conjuntos.
La evolución “deseable” del proceso de integración, debería tender a que las carreras de los distintos países de la región, acrediten parámetros académicos en común y masifiquen los intercambios de sus miembros y de sus producciones científicas. Resultante de estas acciones, los sistemas legales y las decisiones de gestión deberían permitir y fomentar:
-       que las universidades reconozcan asignaturas y recorridos académicos a los alumnos de grado y de posgrado, en las diversas instituciones de la región.
-       la organización de una agenda de investigación compartida.
-       que los egresados de la región puedan ejercer la profesión de manera legal en los Estados parte, conformando un sistema de reconocimiento de títulos y de diplomas. 

Asimismo, sigue vigente el debate sobre la necesidad de direccionar los contenidos de los planes académicos y de los programas de las asignaturas, para orientarlos al estudio de la realidad regional.
La universidad argentina podría mirar menos a Europa y a los Estados Unidos, para impulsar investigaciones, acciones conjuntas y recorridos académicos que involucren, prioritariamente, a los países miembros del MERCOSUR, de la UNASUR y de la CELAC.






[1] Solamente entre los años 1968 y 1973, se abrieron 14 universidades nacionales. 
[2] Conforman la RUNCOB la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad Nacional de General San Martín, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional del Oeste, la Universidad Nacional de Lujan y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Exceptuando casos como las dos últimas, buena parte de las instituciones organizadas en la RUNCOB fueron creadas en el período 1989 - 2009.
[3] Por ejemplo, en el período 2000 - 2010 la tasa de crecimiento de estudiantes fue en UBA de 0,4 %;  en UNLP de 1,9%; en la UNC – 0,6%; en la UNLa 11,6 %; en la UNSaM 11 %; en la UNGS 13%.  Datos del Anuario 2010 de la SPU.
[4] Entre el 2002 y el 2013 la matrícula universitaria aumentó alrededor de un 30%, pasando de una cifra cercana a un 1.300.000 a 1.800.000 alumnos.
[5] Los CPRES incluyeron restricciones al entrecruzamiento y la reiteración de carreras en una misma zona geográfica (Dto. 1047/09). En el caso del universo del posgrado, la regulación de la CONEAU no contempló esta función, cuestión que no revirtió la tendencia a la proliferación de carreras con escasa utilidad social y baja proyección estratégica.
[6] El Ministerio de Educación de la Nación sancionó la resolución 692/12 cuya finalidad es “sugerir” a las instituciones de educación superior, que en las “instancias de evaluación docente para el desarrollo de la carrera docente universitaria, otorguen una valoración especifica y positiva a los postulantes que, además del dictado de clases, desarrollen tareas de investigación, extensión, vinculación y transferencia de conocimiento; guía o acompañamiento en las acciones de voluntariado que realicen los estudiantes”.
[7] Dentro del MERCOSU existe un “Sector Educativo”.
[8] En el ámbito de la UNASUR se formó un Consejo Sudamericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación (COSECCTI).
[9] La acreditación Regional de Carreras de grado tiene un antecedente en el programa MEXA, que incluyó a los miembros del MERCOSUR, Chile y Bolivia. Entre 2007 y 2008 se impulsó un Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias para el reconocimiento regional de la Calidad Académica de sus respectivas titulaciones en el MERCOSUR y Estados Asociados (ARCU – SUR).

sábado, 9 de noviembre de 2013

CUADERNOS DE TRABAJO DEL CENTRO DE ESTUDIOS HERNÁNDEZ ARREGUI


HISTORIA Y PROYECTO NACIONAL
Aritz Recalde, Lihuen Arscone, Dionela Guidi y Juan Godoy
Octubre de 2013

¿Para qué sirve estudiar la historia?
La historia es un instrumento para relatar y para interpretar, los sucesos ocurridos en el PASADO. El PRESENTE de nuestro país, con sus aspectos positivos y con los negativos, se consolidó como producto de dichos acontecimientos ocurridos en el pasado. A partir de acá, que no podemos entender el presente de nuestro barrio o del país, sin comprender lo ocurrido a lo largo de la historia.
La historia acumula información y datos acerca de nuestro pasado y además y tema importante, los “interpreta”. En este segundo aspecto, aparece la ideología de cada historiador y como resultado de ello, surgen diferentes perspectivas para comprender lo ocurrido. La diversidad de ideologías deja como resultante la escritura de relatos históricos distintos, que traducen intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros. Por lo dicho, entendemos como Arturo Jauretche que la historia es la política del pasado y que la actualidad, condensa los sucesos ocurridos anteriormente. Sostiene Jauretche al respecto que “No hay política nacional sin historia revisada, porque el cipayo y el vende patria son consecuencias lógicas y hasta prestigiosas en una historia que ha condenado la política nacional y glorificado la sumisión al extranjero”. En definitiva y como afirma don Arturo, la acción política del presente, se encuentra íntimamente vinculada a la interpretación de nuestro pasado.

El análisis histórico nos brinda elementos para:
-          No repetir los errores cometidos en el pasado.
-          Conocer los aciertos de los hombres de nuestro país, para continuarlos y profundizarlos en el presente.

 
 

La gobernación de Eduardo Duhalde 1991- 1999

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