domingo, 8 de diciembre de 2013

Una década ganada en la ciencia y la tecnología argentina


Aritz Recalde, diciembre 2013

El proyecto político iniciado en el año 2003, impulsó transformaciones fundamentales del modelo de desarrollo nacional, que influyen directamente sobre la realidad universitaria. En el terreno económico, promovió la reindustrialización del país a partir de la sustitución de importaciones, la protección arancelaria, la diversificación de mercados, el financiamiento público y el apoyo a la producción con mayores niveles de valor agregado. En el plano social, estimuló la generación de empleo y la redistribución de la riqueza por intermedio de la participación directa y protagónica del Estado. En los aspectos políticos, le transfirió poder a la sociedad argentina, anteriormente enajenado en las empresas concentradas y los organismos financieros. Desde el año 2003, la política exterior varió considerablemente y nuestro país salió de la egida de los EUA, para ofrecer en su lugar, un sistema multilateral anclado en la regionalización continental.
A continuación, vamos a comentar brevemente algunas modificaciones suscitadas en las universidades nacionales.

Federalización de la oferta universitaria
Como parte del proyecto nacional mencionado, el gobierno iniciado en el 2003 tomó la estratégica decisión de expandir el sistema universitario, a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
Durante los años noventa, se promovieron once universidades nacionales y a partir de la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, se suscitaron otras nueve.
Resultante de este proceso, la década del noventa, conjuntamente al ciclo kirchnerista y al plan de Alberto Taquini[1], quedarán en la historia del país como los más prolíferos en la apertura de universidades nacionales.
La apertura de nuevas instituciones, consolida un sistema de educación superior federal, caracterizado por el surgimiento de universidades pequeñas o intermedias. Esta política de Estado, desplaza la tradicional hegemonía de aquellas instituciones de grandes dimensiones, como son los casos de la UBA, La Plata,  Córdoba o Rosario.

¿Conocimiento universal o regionalización del conocimiento?
“En consonancia con los esfuerzos de la intervención por ubicar a la Universidad en la senda nacional y popular, se consideró necesario ir transformando los contenidos y métodos de la enseñanza en base a las siguientes ideas centrales: 1) la enseñanza se centrará más en problemas nacionales concretos que en disciplinas o materias; 2) los estudiantes se incorporarán a grupos de trabajo e investigación de esos problemas y recibirán cursos de apoyo de las disciplinas usuales; 3) el aprendizaje comenzará siendo concreto, vinculando a la realidad nacional, y avanzando en abstracción y rigor en años sucesivos”. Ernesto Villanueva, 1974

Uno de los rasgos característicos de las universidades promovidas desde el año 2003, es su impronta renovadora en la concepción acerca de las funciones culturales, sociales y productivas que tiene que cumplir la institución. En general, las nuevas instituciones promueven carreras no tradicionales, se gobiernan con participación de miembros externos e impulsan líneas de investigación surgidas a partir de su inserción en el contexto social y político local.
Las universidades de reciente creación, modificaron la forma tradicional de organizar las acciones académicas. Es oportuno destacar, que actualmente se está promoviendo una regionalización de las funciones universitarias. La Constitución del año 1949 introdujo dicha forma de proyectar la apertura de carreras, la planificación de las investigaciones o de las tareas de trasferencia. La Carta Magna estableció que “Una ley dividirá el territorio nacional en regiones universitarias, dentro de cada una de las cuales ejercerá sus funciones la respectiva universidad. Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales”.
La regionalización del conocimiento iniciada con la Universidad Obrera en 1948 y que adquirió estatuto constitucional en 1949, está teniendo plena vigencia. Actualmente y en línea con la iniciativa de Ernesto Villanueva del epígrafe, la oferta de carreas surge como resultante de identificar la demanda regional en donde se radican las instituciones. En este contexto, las funciones educativas, de investigación, de cooperación o trasferencia, se orientan a la resolución de problemas, más que a la reproducción de disciplinas y de recorridos académicos tradicionales.
Las nuevas universidades están demostrando con hechos concretos, que se puede producir ciencia de calidad con contenido social y productivo relevante para las localidades donde se radican y para la nación en su conjunto.  Asimismo, son un prototipo de que dicha práctica puede estructurarse de manera mancomunada con el Estado local, provincial, nacional y con las organizaciones libres del pueblo.
Ampliar la radicación de universidades en el Conurbano Bonaerense
“La universidad debe ser, efectivamente, para el pueblo en varios sentidos. Uno de ellos: que tengan acceso a todas las carreras estudiantes de las clases más humildes del país”. Rodolfo Puiggros

Dentro de las instituciones creadas en las últimas décadas, adquieren suma relevancia aquellas organizadas en la Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense (RUNCOB)[2]. En general, estas instituciones están inscriptas en zonas cuya fragilidad social y productiva es considerable. Su radicación favorece la democratización social del acceso a la educación superior, cuestión que se expresa en el ingreso masivo de jóvenes de origen popular con escasa historia familiar de estudios universitarios. La RUNCOB está materializando la concepción social universitaria impulsada desde el año 1949, con la sanción de la gratuidad de los estudios universitarios.
Asimismo y si se analizan las altas tasas de crecimiento interanual, las universidades del conurbano están canalizando una demanda educativa no satisfecha por el sistema educativo tradicional[3].
Los gobiernos liberales entendieron que la educación era un instrumento de división de clase, de raza y de etnia. Los programas reformistas, impulsaron el acceso de las clases medias. Según mencionó Puiggrós del epígrafe y cuestión a la cual la RUNCOB contribuye, el nacionalismo popular entendió a la educación superior como un instrumento de igualación y de ascenso social de los sectores de menores ingresos.

Planificación de las políticas del Estado
“Para establecer una política para la ciencia, es necesario que el poder político tenga conciencia clara de sus necesidades y de los objetivos nacionales, y sepa formularlas en términos susceptibles de estudio científico, creando de esta manera una demanda concreta sobre las instituciones de investigación”. Amílcar Herrera


Actualmente, las universidades argentinas y el conjunto de las políticas  de Estado de educación superior, se organizar en torno de de tres grandes modelos o tradiciones universitarias.
La tradición universitaria liberal, entendió que la educación superior tenía que responder, principalmente, a las demandas de los sectores económicos predominantes del mercado. En general, estos grupos de poder estaban ligados estrechamente al extranjero. La universidad proyectada para ese país, fue una institución elitista en su composición estudiantil, que fomentó modelos económicos dependientes y que reprodujo esquemas científicos de contenido europeísta.
Los grupos reformistas transfirieron la soberanía de las decisiones a los miembros internos de la misma institución, al dotarlos del cogobierno y de una amplia autonomía. En un sistema universitario que dispone de importantes niveles de autonomía, existe una tendencia recurrente de las instituciones a desacoplar sus acciones en relación a las demandas sociales, económicas y culturales requeridas por la democracia de masas.
Finalmente, el nacionalismo popular propugnó que las acciones de la universidad deberían orientarse, prioritariamente, atendiendo las demandas de la democracia de masas y del proyecto productivo y tecnológico de país. Para ésta última propuesta, la educación superior tiene que contribuir a dotar a la Argentina de mayores grados de poder político y económico nacional, en paralelo que favorece el ingreso de los sectores populares.
Dos de los hechos institucionales a destacar de las últimas décadas, son la creación de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT). Estos organismos, tienden a articular la tradición universitaria reformista, con el proyecto educativo del nacionalismo popular.
En línea con los objetivos del nacionalismo popular, la SPU tiene la función estratégica de racionalizar la distribución de recursos universitarios y de brindar incentivos que contribuyan al cumplimiento de los planes de mediano y de largo plazo, del conjunto de carteras del Estado y de la democracia de masas. Si se analizan los programas de la Secretaria, se puede observar que, en general, son direccionados hacia las áreas de vacancia definidas por el Estado Nacional. 
La apertura del MINCyT, es una decisión importante que le otorga a la función científica y tecnológica, un rol central en las políticas del Estado. Por un lado, favorece la articulación entre conocimiento e innovación, contribuyendo a la capacitación de recursos humanos en un proyecto nacional industrialista que sustituye importaciones. Además, el Ministerio está oficiando como una apuesta a reforzar la actividad científica, por sobre la tradicional función docente y profesionalizante del sistema universitario.   
Tal cual se observa en el cuadro “inversión del Estado nacional 2003-2013”, el gobierno otorgó importantes recursos a las universidades autónomas. Además, concedió financiamiento a la SPU y al MINCyT, generando condiciones para la planificación estratégica de la educación superior.

Inscribir las universidades en un proyecto de país industrialista, nacionalista y popular
Yo siento que hacía mucho tiempo que no se reconocía a los científicos, como lo hemos reconocido en esta etapa. Pero no esa ciencia que era una ciencia no aplicada, una ciencia como desconectada, desvinculada de la actividad económica, del progreso del país, como si ser científico y tener contacto con lo económico fuera algo - en cierta manera- pecaminoso o contaminara el contacto del científico puro con la empresa. Y es exactamente lo contrario, es potenciar a la ciencia y a la tecnología para ponerla al servicio del crecimiento y el desarrollo de un país, que es lo que han hecho las grandes naciones del mundo”. Cristina Fernández de Kichner

El ciclo económico neoliberal iniciado en 1976, retomado en los ochenta y profundizado en los años noventa, culminó con recesión económica, desindustrialización y extranjerización de los recursos materiales del país.
Llevado al terreno universitario, un problema central de las décadas del ochenta y del noventa, fue la aplicación de un modelo de desarrollo que consolidó altas tasas de desempleo. El programa neoliberal derivó en una crisis profunda en el año 2001 y ello implicó la expulsión y la subutilización de los recursos humanos universitarios e incluso, favoreció la emigración de científicos y de académicos que buscaron destinos en otros países.   
El proyecto nacional iniciado en 2003 completó la federalización de las universidades argentinas y de los tres momentos de apertura de instituciones mencionados, fue el único programa que le dio sustentabilidad al patrón de crecimiento y que otorgó una función central a la ciencia y a la tecnología en el mediano y en largo plazo. 
El impulso al programa industrialista y de sustitución de importaciones, confirió sustentabilidad económica al proyecto nacional. Sobre esta condición, se apoyan la justicia social y el poder político de los Estados. La generación de empleo en la última década, les permite a los estudiantes[4] y a los graduados universitarios insertar su actividad individual en un proyecto nacional. Incluso y revirtiendo lo ocurrido en la década anterior, hoy regresan los científicos del extranjero que se radican nuevamente en la Argentina, poniendo su conocimiento al servicio del desarrollo colectivo. 

En definitiva y es importante destacarlo, en la última década las universidades forman parte de un país sustentable económica y socialmente, que puso a la ciencia y a la tecnología en el centro del modelo de desarrollo nacional.

Algunas cuentas pendientes
“El papel del profesional en la sociedad cambia por completo cuando la lealtad a su carrera individual y a su empresa es remplazada por lealtad al país y solidaridad social”. Oscar Varsavsky

Consolidar una agenda universitaria sobre los principios del compromiso productivo, tecnológico y social nacional
Las cuatro funciones de las instituciones podrían incluirse una “agenda universitaria”, atendiendo la importancia de revertir un presente caracterizado por:
-       La proliferación de carreras sin planificación y sin articulación regional y nacional[5].
-       La promoción de investigaciones escasamente relevantes, muchas veces generadas solamente sobre demandas endógenas del mismo sistema.
-       La baja articulación entre los requerimientos de la empresa nacional y social y la universidad.
-       La escasa planificación de la acción solidaria de las universidades y el poco frecuente reconocimiento académico de la extensión como parte del proceso de enseñanza[6].

Compromiso social educativo
Sería oportuno que las universidades, conjuntamente a la SPU y al resto de las carteras educativas y sociales del Estado, formulen programas y compromisos efectivos y evaluables, para promover el ingreso de sectores populares y para bajar la alta tasa de deserción de los alumnos de grado y de posgrado.
El Estado destina recursos para ello y existen diferentes experiencias que podrían derivar en un acuerdo nacional, que además de ampliar las erogaciones presupuestarias y los programas de intervención, fije pautas de cumplimiento y metas mensurables en el corto, mediano y largo plazo.

Promover ciencia aplicada a la producción de tecnología e innovación
“La tecnología es uno de de los más fuertes factores de dependencia en la actualidad. Resulta importante enfatizar que este hecho se agudiza en el caso del sector industrial. (…) Ciertos sectores de nuestra economía han dependido y aún dependen de la importación de tecnología extranjera (…) Sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace imposible”.  Juan Perón

El sistema universitario tiene el importante desafío de impulsar carreras, investigaciones y acciones de transferencia, capaces de dotar de mayores niveles de competitividad e innovación, al programa de reindustrialización de la Argentina.
Para cumplir este objetivo, la SPU y el MINCYT iniciaron líneas especiales de becas y de subsidios a proyectos, que pueden ser el punto de partida para profundizar un cambio del perfil del sistema de educación argentino, para orientarlo hacia las ciencias aplicadas y la innovación tecnológica.  
Este desafío tiene entre sus cuentas pendientes, reforzar las acciones y los planes de trabajo mancomunados entre las instituciones universitarias, el MINCyT y el conjunto de establecimientos vinculados a las áreas científicas y tecnológicas (INVAP, CONEA, FAdeA, YPF, etc.).

Trabajar una agenda compartida de articulación entre instituciones académicas iberoamericanas
Durante la última década, se produjo un importante proceso de articulación regional en los planos comerciales y políticos. Anteriormente, existieron acercamientos e iniciativas conjuntas entre gobiernos y pueblos, que muchas veces fueron abandonadas por diversas coyunturas y circunstancias políticas e históricas. Contrariando ésta tendencia, nacieron el MERCOSUR, la UNASUR o la CELAC que favorecieron la determinación de una nueva relación estratégica sudamericana. La tendencia a la convergencia entre países, se evidencia en el aumento del volumen de las relaciones económicas, que dejó como saldo por ejemplo, que Brasil es el primer aliado comercial de la Argentina. Visto desde la otra perspectiva, Argentina es el tercer socio comercial del Brasil, detrás de China y de los Estados Unidos.
A la convergencia económica, se le suma la creciente articulación política entre las dirigencias de las naciones iberoamericanas, que quedó evidenciada en la promoción de acciones conjuntas en el seno del MERCOSUR[7], la UNASUR[8] y la CELAC.
Finalmente, a las convergencias económicas y políticas, deben sumarse las articulaciones culturales. En el terreno académico y universitario, se están produciendo investigaciones que intentan hacer hincapié en los análisis comparados sobre las realidades de los países iberoamericanos. En este contexto, consideramos que hay mucho trabajo por hacer en el universo de la promoción y la profundización de iniciativas conjuntas de integración académica y científica. La región demanda una nueva agenda en común, donde se  incluyan metas de intercambio de alumnos, de docentes, de investigadores, de trabajadores técnico administrativos y de iniciativas de producción de conocimiento socialmente relevante.
Para cumplir estos objetivos, es requisito indispensable que se consoliden parámetros y estándares comunes[9] desde las carteras educativas regionales. El Sector Educativo del Mercosur inició un camino importante en esta tarea, que podría profundizarse.
El Estado nacional desde el Ministerio de Educación, particularmente con la SPU y la CONEAU, tienen mucho por hacer para mejorar la tarea mancomunada con las instituciones de Iberoamérica. Además, las organizaciones libres del pueblo, estudiantiles, de trabajadores administrativos o docentes, disponen un universo significativo a desarrollar en la articulación de acciones y programas conjuntos.
La evolución “deseable” del proceso de integración, debería tender a que las carreras de los distintos países de la región, acrediten parámetros académicos en común y masifiquen los intercambios de sus miembros y de sus producciones científicas. Resultante de estas acciones, los sistemas legales y las decisiones de gestión deberían permitir y fomentar:
-       que las universidades reconozcan asignaturas y recorridos académicos a los alumnos de grado y de posgrado, en las diversas instituciones de la región.
-       la organización de una agenda de investigación compartida.
-       que los egresados de la región puedan ejercer la profesión de manera legal en los Estados parte, conformando un sistema de reconocimiento de títulos y de diplomas. 

Asimismo, sigue vigente el debate sobre la necesidad de direccionar los contenidos de los planes académicos y de los programas de las asignaturas, para orientarlos al estudio de la realidad regional.
La universidad argentina podría mirar menos a Europa y a los Estados Unidos, para impulsar investigaciones, acciones conjuntas y recorridos académicos que involucren, prioritariamente, a los países miembros del MERCOSUR, de la UNASUR y de la CELAC.






[1] Solamente entre los años 1968 y 1973, se abrieron 14 universidades nacionales. 
[2] Conforman la RUNCOB la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad Nacional de General San Martín, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional del Oeste, la Universidad Nacional de Lujan y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Exceptuando casos como las dos últimas, buena parte de las instituciones organizadas en la RUNCOB fueron creadas en el período 1989 - 2009.
[3] Por ejemplo, en el período 2000 - 2010 la tasa de crecimiento de estudiantes fue en UBA de 0,4 %;  en UNLP de 1,9%; en la UNC – 0,6%; en la UNLa 11,6 %; en la UNSaM 11 %; en la UNGS 13%.  Datos del Anuario 2010 de la SPU.
[4] Entre el 2002 y el 2013 la matrícula universitaria aumentó alrededor de un 30%, pasando de una cifra cercana a un 1.300.000 a 1.800.000 alumnos.
[5] Los CPRES incluyeron restricciones al entrecruzamiento y la reiteración de carreras en una misma zona geográfica (Dto. 1047/09). En el caso del universo del posgrado, la regulación de la CONEAU no contempló esta función, cuestión que no revirtió la tendencia a la proliferación de carreras con escasa utilidad social y baja proyección estratégica.
[6] El Ministerio de Educación de la Nación sancionó la resolución 692/12 cuya finalidad es “sugerir” a las instituciones de educación superior, que en las “instancias de evaluación docente para el desarrollo de la carrera docente universitaria, otorguen una valoración especifica y positiva a los postulantes que, además del dictado de clases, desarrollen tareas de investigación, extensión, vinculación y transferencia de conocimiento; guía o acompañamiento en las acciones de voluntariado que realicen los estudiantes”.
[7] Dentro del MERCOSU existe un “Sector Educativo”.
[8] En el ámbito de la UNASUR se formó un Consejo Sudamericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación (COSECCTI).
[9] La acreditación Regional de Carreras de grado tiene un antecedente en el programa MEXA, que incluyó a los miembros del MERCOSUR, Chile y Bolivia. Entre 2007 y 2008 se impulsó un Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias para el reconocimiento regional de la Calidad Académica de sus respectivas titulaciones en el MERCOSUR y Estados Asociados (ARCU – SUR).

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