martes, 24 de junio de 2008

Política Nacional o Autonomía Universitaria: ¿quién debe planificar la política educativa?

Comentarios al artículo de Juan Pablo Casas, “Polémica por el proyecto de crear otras 7 universidades nacionales”, diario Clarín.
Aritz Recalde, mayo de 2008
La nota de Clarín comenta diversos proyectos de creación de Universidades nacionales y trae a consideración algunas voces que ponen en cuestión la legitimidad de las nuevas instituciones. Dejando de lado cada una de las propuestas mencionadas, nos interesa señalar que el artículo acarrea un tema más profundo y es aquel referente a quién debe planificar la creación de Universidades y la política educativa. Por un lado, tal cual lo transcribe Casas, están aquellos que sostienen que se le deben dar mayores facultades en estos temas al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a los Rectores de las universidades autónomas. Por otro lado, están otros que guiándose en la ley, sostienen que es el Congreso de la Nación el ámbito legal y lo que es trascendente además, es el lugar legítimo para su creación.
La ley 24.541 (LES) en el artículo 48 sostiene que solo pueden crearse universidades por “ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa” y el mismo artículo sostiene que “tanto el cierre como la creación requerirán informe previo del CIN”. Contrariando la LES, Casas expresa la voz del CIN que le reclama al Estado nacional que el mencionado “informe previo” sea vinculante. Dichos Rectores y tal cual se expresa en algunos comentarios del CIN en este y otras intervenciones públicas, cuestionan al sistema político argentino y sus instituciones al sostener reiteradamente que la universidad autónoma debe planificar las políticas del conjunto del Estado y que los ámbitos de expresión mayoritaria, en este caso el Congreso de la Nación y las comisiones de educación, deben mermar en sus facultades.
Tal cual se expresa diariamente en el funcionamiento de la Educación Superior, ésta concepción genera una escisión profunda entre la democracia de masas y sus representantes, y la universidad cogobernada que funciona, con pocas excepciones, sin generar ámbitos de coordinación con el conjunto del Estado y las organizaciones económicas, sociales o culturales de una región.
El Congreso es la expresión federal de la voluntad popular, buena o mala, pero innegablemente producto de la democracia de masas. No ocurre lo mismo con el cargo de Rector de una Universidad que nace de una elección producto de un conjunto reducido de actores de la comunidad. No desconocemos la opinión del CIN, pero si creemos que el debate de la planificación universitaria debe dar lugar, prioritariamente, al conjunto de actores de la comunidad nacional ligados a las políticas públicas, la producción y el trabajo. Los Ministros de las distintas carteras y en una acción conjunta con los legisladores y los representantes de las organizaciones de la producción y el trabajo de cada región, deben ser los encargados de formular y acompañar la política de creación de universidades. En este cuadro, el CIN puede dar su opinión que no por ser importante, tiene que dejar de ser “no vinculante”. El Congreso y el conjunto de los representantes de la política de la nación, son los depositarios legales y legítimos, que deben planificar la Política Universitaria que tiene que atender las necesidades del conjunto del país y no solamente, la opinión del grupo de universitarios que gobiernan las Casas de Altos Estudios.
Tras 25 años de política electoral de masas, estamos seguros de la importancia que implica reforzar la democracia atendiendo las decisiones de las mayorías para la formulación de las políticas de Estado: los temas universitarios no son la excepción. En este sentido es que el Estado y sus representantes de la elección popular, tiene que iniciar un debate profundo sobre la Planificación Universitaria Nacional y dicha cuestión no puede ser delegada a un grupo de Rectores. Asimismo, y tal cual lo expresamos en las “65 propuestas para refundar Otra Universidad”, consideramos central para la calidad de la democracia y la vida de los habitantes de la comunidad, que los representantes de la políticas públicas municipales y provinciales, conjuntamente a los de la producción y el trabajo de cada región, ingresen al gobierno de las Universidades. En su defecto, se corre el riesgo de implementar dos democracias: una de elites universitarias “autogobernadas” y distantes de la gente; y otra de mayorías populares expresadas en gobiernos que no encuentran canales para relacionarse con la Universidad que les da la espalda. Esta separación puede promover corporaciones universitarias desentendidas de los problemas de la región de la cual forman parte y solamente con más democracia podemos superar este obstáculo.

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