martes, 17 de septiembre de 2019

Reformistas radicales y reformistas peronistas: debates parlamentarios y nueva legislación entre 1946 y 1955

 Ernesto Villanueva y Aritz Recalde, mayo 2019

REVISTA PENSAMIENTO UNIVERSITARIO


Contexto político y cultural de surgimiento del peronismo
Juan Domingo Perón accedió a la Presidencia luego del triunfo electoral del 24 de febrero del año 1946. El instrumento político que lo llevó a la primera magistratura se compuso de un entramado pluriclasista, pluripartidario y pluriideológico.
El Justicialismo canalizó históricas demandas sociales y culturales de los trabajadores, entre las cuales se destacó el ingreso gratuito e irrestricto a la universidad consagrado en noviembre del año 1949. Además, se creó la Universidad Obrera Nacional, orientada a favorecer el ingreso de los hijos de la familia trabajadora. El pujante empresariado nacional requería nuevas demandas de capacitación y de formación profesional y en la etapa se impulsaron las disciplinas tecnológicas y las líneas de investigación ligadas al nuevo patrón de desarrollo industrial.
El Justicialismo organizó una estructura partidaria con miembros de distintos orígenes ideológicos. Ya desde 1943, Perón entabló un vínculo con dirigentes del socialismo y miembros de esa fuerza participaron en la creación del Partido Laborista que fue un instrumento fundamental de la campaña electoral. Los socialistas Atilio Bramuglia y Ángel Borlenghi ocuparon la titularidad de la Cancillería y del Ministerio del Interior desde 1946. Además de dirigentes originarios de la izquierda, del Partido Independiente (conservadores) y de sectores nacionalistas, el peronismo integró a un importante grupo de miembros de distintas corrientes de la Unión Cívica Radical (UCR).  El Vicepresidente de Perón desde 1946, Hortensio Quijano, fundó la UCR Junta Renovadora (UCR-JR) y con este sello alcanzaron la banca de la Cámara de Diputados de La Nación 27 legisladores. Se sumaron al Justicialismo otros 10 diputados de distintas corrientes internas del radicalismo, en un bloque partidario compuesto de 109 miembros (CEHP 2019). Un grupo de radicales de FORJA ocupó lugares importantes de la administración de la Provincia de Buenos Aires (Godoy 2015).
Es interesante remarcar que al momento de tratar el Proyecto de Ley Universitaria en 1947, representaron al Justicialismo varios diputados de origen UCR-JR. Dichos legisladores eran docentes y académicos como Raúl Bustos Fierro (UCR-JR Córdoba), José Luis Moreno (UCR-JR Mendoza), Ricardo Guardo (UCR-JR Capital Federal) o Leonardo Obeid (UCR-JR Córdoba). Estos radicales tuvieron una influencia fundamental en la organización universitaria de la etapa, que adquirió marcados rasgos reformistas.
El peronismo fue un movimiento pluri-ideológico y lo integraron católicos, judíos, musulmanes y dirigentes marxistas y agnósticos. Esta diversidad estuvo estrechamente vinculada a la estratificación social de la Argentina, edificada con la afluencia de inmigrantes de diversas comunidades étnicas y nacionales. Tal cual documentó Raanan Rein, el peronismo protagonizó una experiencia de asimilación cultural sumamente exitosa (Rein 2007 y 2018). Si bien la iglesia católica aumentó su influencia en el área educativa ya desde los años treinta, las seis universidades argentinas durante el peronismo mantuvieron su condición de instituciones con una amplia pluralidad religiosa, étnica y partidaria (Recalde 2016) (Puiggrós 1993) (Dercoli 2014).

La política nacional ingresa a la universidad
La Revolución de 1943 y el posterior ascenso del peronismo dividió a todas las fuerzas partidarias y la disputa política nacional se trasladó al seno de las universidades. Uno de los escenarios de la disputa fue la campaña electoral de 1946, en la cual se movilizaron docentes y estudiantiles en ambas expresiones electorales. La FUA y las federaciones de Buenos Aires y del Litoral integraron las columnas de la Unión Democrática y encumbradas autoridades académicas firmaron una solicitada auspiciando la detención de Juan Perón y el traspaso de poder a la Corte Suprema de Justicia.
En el contexto del debate de la Ley Universitaria del año 1947 se produjeron fuertes debates y acusaciones cruzadas que revelaron el alto grado de politización de la Educación Superior que el peronismo no inventó, pero que innegablemente potenció. Hubo profesores y estudiantes de origen e ideario radical y socialista en ambos espacios políticos, aunque las conducciones de la UCR y del Partido Socialista se manifestaron en pública oposición a Perón. Por ejemplo, en el recinto de la Cámara de Diputados el radical Alfredo Calcagno cuestionó la vinculación con el conservador Patrón Costas que tenía el interventor de la UNLP de 1944, Ricardo Labougle. El dirigente justicialista originario de la UCR- JR, Eduardo Colom, le respondió acusándolo de que los rectores universitarios concurrieron a un banquete con el embajador de los EUA, Spruille Braden (Sesiones Cámara de Diputados 1947: 702).
Durante la etapa se crearon  nuevas agrupaciones y el oficialismo impulsó la Confederación General Universitaria (CGU), la Agremiación del Profesorado Universitario (ADA) y la Confederación General de Profesionales (CGP), que oficiaban como la contracara de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y de los Colegios Profesionales ligados directamente a la oposición partidaria nacional.
Esta situación derivó en renuncias, cesantías docentes y en enfrentamientos entre los grupos identificados con el oficialismo y con la oposición. Las tensiones en la universidad de 1946, fueron análogas a las disidencias de la UCR con los conservadores de Córdoba en el año 1918.  La diferencia entre ambos procesos es que el peronismo supuso una continuidad mayor con la institución reformista , a diferencia de esta última tradición que rompió más tajantemente con las autoridades y con los académicos anteriores al radicalismo (Recalde 2016).

Si bien esa disputa malgastó esfuerzos y conllevó a que valiosos académicos se alejaran de la universidad, no impidió el desenvolvimiento de un proyecto científico y tecnológico sumamente importante para la institución hasta nuestros días. Lamentablemente para el país y para la comunidad académica en particular, esta lucha entre partidos nacionales y corrientes universitarias siguieron y se radicalizaron durante el periodo y culminaron en el golpe de Estado de 1955 que expulsó a numerosos profesores y autoridades de las universidades. Incluso, el estatuto de la UBA de 1956 estableció la prohibición de la cátedra para quienes se identificaran con el peronismo.  


Los Planes Quinquenales y la Constitución Nacional de 1949
“La enseñanza impartida hasta el presente ha tenido un carácter enciclopedista, y nosotros debemos ir a la especialización. Hacen falta especialistas y no los hay (…) La mejor colaboración que pueden prestar los profesores al Plan Quinquenal es estudiándolo para ver cuáles deben ser las especializaciones a crearse”. Juan D. Perón año 1947
Una de las características centrales del justicialismo fue que planificó las políticas del Estado. En varios aspectos, esta voluntad entraría en colisión con una tradición que no percibía la necesidad de un diálogo permanente entre necesidades nacionales y formación académica, producto de una visión profesionalista estrecha.
El Gobierno Nacional sancionó el Primer Plan Quinquenal (1947-1952) que incluyó once metas generales para la universidad y un proyecto de ley para su regulación. La iniciativa adjuntó una “exposición de motivos”, en la cual la nueva fuerza política reivindicó el legítimo derecho a regular la vida académica. El documento consideró necesario vincular más estrechamente el desarrollo nacional y la ciencia. Entre otras metas, el Plan Quinquenal contempló extender la dedicación exclusiva de los docentes y su ingreso por concurso. Proyectó establecer la gratuidad de los estudios y crear un sistema de becas, entre otros temas fundamentales en los que había acuerdo entre oficialismo y oposición.

En el año 1949 se sancionó una nueva Constitución Nacional. Por primera vez en la historia de la Argentina, la Carta Magna incluyó la autonomía[5] de las universidades cuyos alcances serían determinados “dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento”. La Constitución estableció que “El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado superior, que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad”. Se crearon “regiones universitarias” y se mandató a la institución a  “organizar los conocimientos universales” y a “profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales”.
La Constitución incluyó “cursos obligatorios y comunes” tendientes a la formación política de los egresados, que tenían que adquirir “conciencia de la responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en esta Constitución”.
La nueva Carta Magna modificó el esquema de los cinco ministerios incluidos en la Constitución de 1853. Gracias a esta reforma, en el año 1949 se creó el Ministerio de Educación de la Nación como un desprendimiento del de Justicia e Instrucción Pública. Con el flamante organismo y conjuntamente con el Consejo Nacional Universitario, integrado por los rectores de las universidades nacionales, instituido en 1947, el Estado propendió a reorganizar y a reglamentar la cultura, la ciencia y la investigación de las Casas de Altos Estudios. La nueva cartera educativa empezó a definir estándares y a regular con mayor exactitud el funcionamiento del conjunto universitario. Se instauró la asistencia obligatoria de los alumnos, el monopolio de la emisión de títulos habilitantes, se coordinaron los planes de las carreras vinculadas y se homologaron condiciones de admisión, de equivalencias y de tipos de ingreso. Se regularon los mecanismos de entrada a la enseñanza por concurso y se instauraron las Carreras Docentes, tendiendo a conformar un sistema más integrado de Educación Superior (Ministerio de Educación de La Nación 1952: 30-31). La etapa estuvo caracterizada por la implementación de grandes programas de obra pública en todas las universidades de la Argentina.
En el año 1952 se aprobó el Segundo Plan Quinquenal (1953-1957) que postuló ocho grandes metas universitarias, entre las que se destacaron la de formar profesionales con, “responsabilidad social y plena conciencia de que están obligados a servir al pueblo”; la de consolidar una educación “gratuita, eminentemente práctica y especializada”;  avanzar en la implementación de la dedicación exclusiva de los docentes; abrir centros universitarios en todo el país; incluir de manera obligatoria “cursos para posgraduados” y entablar una “vinculación permanente con el mundo a fin de mantener el nivel de enseñanza universitaria”. El Plan propuso que las universidades asesoraran al Gobierno Nacional.
Sobre estas bases, la planificación gubernamental puntualizó que el Estado aseguraría el ingreso a todos los aspirantes y que las instituciones tenían que incluir a 200.000 alumnos al año 1957 (un 100% más que en 1951). El Segundo Plan Quinquenal contempló la apertura de las Facultades Obreras creadas por la ley 13.229/48.

La planificación incluyó un apartado específico de “investigaciones científicas y técnicas”. La iniciativa proponía formar investigadores con conciencia social, “exaltando el valor de su misión en la comunidad y protegiéndolos mediante una adecuada legislación”. La conducción de la política científica estaba a cargo del flamante Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICyT), institución ignorada posteriormente como real antecedente del actual CONICET.

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