martes, 17 de octubre de 2017

Maldonado, mapuches y soberanía nacional

Aritz Recalde, octubre 2017

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto luego de intervenir en una protesta en la pequeña localidad de Cushamen, provincia de Chubut. Maldonado participaba de una manifestación en la Ruta 40 que pedía la liberación del dirigente mapuche detenido en Esquel, el lonco (jefe o cacique) Facundo Jones Huala.

La desaparición de Santiago Maldonado evidenció la existencia de un complejo conflicto de intereses:
- entre un grupo de argentinos étnicamente mapuches y una empresa multinacional (Benetton), por la tenencia de la tierra;
- entre los mapuches y el Estado Nacional, al cual le requieren derechos especiales por integrar una tradición étnica precolombina;
- entre el Estado Nacional y un grupo multinacional que ejerce el dominio de recursos naturales estratégicos del país.
- entre el Gobierno Nacional que apoya a las empresas multinacionales y los trabajadores y pequeños propietarios rurales argentinos.

El problema del acceso a la tierra y las corporaciones multinacionales
El conflicto principal que moviliza a la comunidad mapuche Pu Lof (grupo de familias), es la dificultad en el acceso a la tierra. En parte, sus reclamos se encuadran en el Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y que incluye el “respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. Además, sus requisitorias estás enmarcadas en la ley 26.160/06 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena (prorrogada por ley 26.894/13).
En el mes de marzo del año 2015 realizaron tomas de terrenos y sus miembros exigen el derecho a su propiedad frente al grupo económico Benetton. La empresa es origen italiano y desembarcó en la zona en los años noventa e inició un proceso de compra de tierras que a la fecha, alcanza alrededor de 900.000 hectáreas (según la BBC). Benetton las explota, centralmente, en la producción de algodón bajo la firma Compañía de Tierras Sud Argentino S.A[1].

La extranjerización del suelo argentino con empresas Benetton o las de Joe Lewis, es lesiva a la soberanía nacional. Para menguar los perjuicios ocasionados, en el año 2011 el gobierno de Cristina Kirchner sancionó la Ley 26.737 “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”. La norma fijó límites al dominio extranjero sobre la propiedad y estableció que “Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial[2].
La Ley 26.737 creó un Registro Nacional de Tierras y escribió que en los Tratados Bilaterales de Inversión no puede incluirse a la tierra rural, por ser un recurso natural no renovable. Lamentablemente, la norma no contempló modificar la actual tenencia oligopólica de Benetton, sino que meramente vendría a morigerar la posibilidad de nuevas posesiones.

La construcción gubernamental del caso Maldonado
La estrategia del Gobierno Nacional está centrada en evadir las responsabilidades de sus funcionarios y en ocultar el problema de fondo que es la extranjerización de los recursos naturales del sur argentino.
Los medios de comunicación quieren presentar la desaparición de Maldonado, como parte de un problema étnico que enfrenta a la supuesta “radicalizada nación mapuche”, con el Estado argentino y con el chileno.
En realidad, no se trata de un problema con una etnia, sino que la actitud de Benetton pone en riesgo a la soberanía del conjunto nacional. La acción del gobierno de los CEOS de CAMBIEMOS, está centrada en la defensa de Benetton y de las corporaciones y este hecho perjudica a todos los argentinos, incluyendo a la diversidad étnica de nuestro país.  

El desarrollo de las investigaciones: CAMBIEMOS encubre a Benetton y a la Gendarmería   
Inicialmente, el juez Guido Otranto ordenó desocupar la ruta 40 y no requirió ingresar violentamente a la comunidad Mapuche, como efectivamente ocurrió el 1 de agosto.  
En una primera instancia, la fiscal Silvia Ávila del Ministerio Publico, adujo buen desempeño de los rastrillajes y peritajes judiciales y adujo falta de apoyo por parte de los mapuches.
La investigación está viciada desde su origen. La acción del Juez y de la Fiscal, tiende a convertir en victimarios a las víctimas. Los abogados de Maldonado y del Centro de Estudios Legales y Sociales, recusaron la tarea del Juez que finalmente fue desplazado. Los letrados de la defensa también objetan la falta de parcialidad de la Fiscal y denuncian que toda la investigación está viciada y que se adulteraron pruebas como vehículos, libros de la Gendarmería o no se tuvieron en cuenta otras fuentes fundamentales que involucrarían a los agentes de la fuerza pública conducida por la Ministra de Seguridad.
El Poder Ejecutivo estuvo representado el día de la desaparición de Maldonado, con el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Este último habría participado de tareas de inteligencia y de coordinación previas al desalojo de la ruta. Lejos de ayudar a develar la desaparición, los poderes públicos la ocultan y es dudoso el hecho de que faltan las imágenes del momento de la detención de Maldonado en los videos que filmó la Gendarmería (en cumplimiento de los protocolos de acción).

La Ministra de Seguridad de La Nación, Marcos Peña y las cadenas de noticias de dedicaron a:
-          Desligar a Noceti y a la Gendarmería de la desaparición de Maldonado.
-          Evitar se caratule la causa como “desaparición forzada de personas” requerida por la querella y que finalmente se impuso frente a la figura “Persona desaparecida”.
-          Construir un enemigo de ficción, violento y secesionista en la “Resistencia Ancestral Mapuche” (RAM). Dicho grupo no tiene poder en el país y no hay pruebas de un vínculo real con la comunidad Mapuche local.

Con esa finalidad, desde el Gobierno Nacional y sus medios adeptos, fomentan hipótesis falsas:
1-      Maldonado viajó 45 kilómetros y se radicó en Chile. Luego sostuvieron algo similar, divulgando datos de testigos dudosos que afirmaban que lo habrían visto en Entre Ríos. Nada se comprobó.
2-      Los mapuches habrían atacado a los gendarmes, cometiendo un acto de flagrancia que llevó a la fuerza pública a reprimir y en la persecución Maldonado ahogó en el Río Chubut.
Ambas hipótesis son falaces. Es prácticamente imposible, que no aparezca Maldonado en una pequeña localidad como Cushamen o que nadie lo hubiera visto marcharse en semejante distancia. Asimismo, la escasa profundidad del río pone en duda que se hubiera ahogado o que no lo encuentren varado en alguno de los márgenes de su cauce. Por otro lado y cuestión fundamental, integrantes de la Comunidad mapuche declararon ante la Justicia, que a Maldonado se lo llevó la Gendarmería.

Otras hipótesis
Hipótesis 1: el gobierno asesinó a Maldonado para persuadir a los manifestantes. Hebe de Bonafini y sectores de los Mapuches sostienen que la gendarmería buscó un “muerto”, para disciplinar el conflicto social. Esta hipótesis es poco creíble atendiendo la relación asimétrica de poder entre Benetton y los mapuches: la empresa multinacional no necesita un asesinato para garantizar su inmensa riqueza en Chubut. Dicha hipótesis carece de veracidad y en realidad a Mauricio Macri no le sirve la muerte de Maldonado, sino que lo perjudica.
Hipótesis 2: el gobierno envió un mensaje de “orden” y la desaparición de Maldonado fue un exceso de la Gendarmería o una consecuencia no buscada de la represión.  Esta hipótesis es más creíble que la anterior y va en línea con las represiones de los conflictos laborales en la empresa Cresta Roja o en PepsiCo.

La tarea de la fuerza pública en el sur es parte de una estrategia de contención y de disciplinamiento de los reclamos sociales, que se complementa con medidas como el protocolo anti-piquete o la detención de Milagro Sala impulsada por el gobernador de CAMBIEMOS, Gerardo Morales. El Gobierno Nacional también “construyó” mediáticamente la “imagen del orden”, cuando reprimió la movilización del 1 de septiembre.  Ahora bien, una cosa es imponer la noción de orden como está haciendo CAMBIEMOS y otra muy distinta, salir a asesinar dirigentes sociales.

Conclusión preliminar
No es meramente la comunidad mapuche la que fue agredida por Benetton, sino la nación argentina en su totalidad. Una corporación extranjera es dueña de la riqueza y ello pone en riesgo la soberanía nacional en su totalidad.
El Poder Judicial no hace justicia, sino que acumula omisiones y parcialidades para favorecer al poder económico. Estas falencias son denunciadas por la familia de Maldonado, por el CELS o por el Comité contra Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
El Poder Ejecutivo Nacional está al servicio de los CEOS y su posicionamiento conduce a avalar los abusos de los empresarios extranjeros y no garantiza la seguridad de las personas y el derecho a la imparcialidad de la justicia.
Las fuerzas de seguridad en el país carecen de una conducción y organización de sus acciones que garantice una acción ajustada a la ley. Por el contrario, hace décadas que existe un desmanejo de la fuerza, que reitera abusos e imparcialidades.   



[1] Según lo documentó Ramón Minieri, inicialmente la Compañía de Tierras Sud Argentino era británica. La empresa nació con un grupo de particulares que requirieron gratuitamente al Estado Argentino la tierra, con la finalidad de radicar colonos europeos en el marco de la Ley de Inmigración de Nicolás Avellaneda.
[2] Para flexibilizar la ley y favorecer el acaparamiento extranjero del país, CAMBIEMOS sancionó el Decreto 820/16 modificando porcentajes de titularidad de los extranjeros.  

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