viernes, 25 de abril de 2008

4 PROPUESTAS UNIVERSITARIAS PARA ACOMPAÑAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL


Aritz Recalde, Lic. En Sociología y docente UNLP
Sebastián Tapia, Secretario General de la Federación Universitaria Argentina

Abril de 2008

El texto que sigue a continuación aborda la relación entre el desarrollo nacional y la universidad Argentina a la luz de la huelga de productores agropecuarios. El mencionado conflicto y en algunos casos, fue patrocinado por las organizaciones estudiantiles de la autodenominada “izquierda” y de la “derecha”. Los claustros docentes mantuvieron y en líneas generales, una marcada indiferencia, con pocas pero valiosas excepciones. Contrastando con dicho posicionamiento diversas organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles, algunas vinculadas y otras no, al gobierno nacional, respaldaron las retenciones en una movilización masiva en la Plaza de Mayo. En este cuadro, la corriente de estudiantes y profesionales nacionales de la cual formamos parte apoyamos las retenciones y al pequeño trabajador y productor argentino, distanciándonos de aquellas interpretaciones que “enfrentan” las retenciones con los medianos y pequeños productores agrícolas. Estamos convencidos que y conjuntamente a las mencionadas retenciones, es importante impulsar el conjunto de políticas públicas anunciadas por el gobierno para complementar y fomentar la producción a pequeña y mediana escala.

En el texto que presentamos al lector tenemos como objetivo promover un conjunto de medidas para el sistema universitario nacional con el fin de acompañar al pequeño y al mediano productor y al trabajador argentino, sea o no agrícola, este o no empleado en la actualidad. Con dicho fin, nos vamos a diferenciar claramente del “consignismo” de la mencionada izquierda o la derecha, agrupaciones proclives a repetir frases vacías, abstractas y típicas de la clase media estudiantil del “animémonos y vayan” siguiendo la terminología de Arturo Jauretche. Detrás los anuncios de la “revolución socialista” o “reforma agraria” enarbolada desde algunas agrupaciones desde el aula y la universidad, se esconde una posición de comodidad, en varios casos de irresponsabilidad y sin excepciones, de falta de compromiso concreto y sustancial con el país. En vez de comprometerse con el trabajo diario junto a los productores y trabajadores locales, anuncian medidas que siempre tienen que “aplicar otros”, desentendiéndose de su rol y su deber de estudiante, de profesor, de administrativo o de graduado financiado por el pueblo argentino.

Nuestro punto de partida es simple: la universidad es del pueblo y el “universitario” debe ponerse a su servicio, acompañando las decisiones de los habitantes de las regiones conjuntamente al desenvolvimiento de las políticas publicas locales y provinciales. Las provincias y municipios financian la educación superior y no tienen y salvo marcadas excepciones, ámbitos concretos para formular propuestas y líneas de trabajo en la universidad que esta “enclaustrada” en su territorio y gobernada a si misma y muchas veces de espaldas a la región.
A partir de aquí, es que proponemos construir otra universidad y que no le vamos a pedir las soluciones del país a “terceros”, a los otros, siempre y sin excepciones, al “gobierno”, sino que y por el contrario, vamos a comprometernos desde nuestro rol de universitarios, para poner el gasto de los argentinos al servicio de los argentinos, sin tantas palabras y con más actos concretos.

PROPUESTA I- Direccionar los ingresos, egresos e investigaciones a las Ciencias Aplicadas
Con el fin de acompañar al productor y el trabajador consideramos importante y como punto de partida, analizar el comportamiento de la economía nacional en relación a las carreras y los presupuestos universitarios. Este punto de partida, nos permite sostener que la reconstrucción de la industria nacional y su influencia en el crecimiento del PBI o en la recaudación tributaria, ponen a este sector de vanguardia, como prioritario y estratégico para el país y las políticas públicas. Contrastando el crecimiento industrial argentino y con la importancia que le otorga el gobierno nacional en sus programas de política, podemos observar que las universidades autónomas siguen promoviendo, prioritariamente, las carreras de servicios más acordes al país de los años noventa que al actual y venidero. En este sentido, promovemos modificar el perfil del Sistema Universitario Nacional que se caracteriza por su alta proporción del ingreso y del egreso en las carreras ligadas a los servicios y no a la producción agrícola o industrial. Consideramos prioritario además, iniciar el debate de la importancia fundamental para el país de favorecer las carreras de las Ciencias Aplicadas a la producción nacional.

Si analizamos el promedio de la distribución de estudiantes del conjunto de las Universidades Nacionales del año 2005, distinguiendo por las distintas Ciencias podemos observar que el 75,7 % están anotados en las ciencias Básicas, Humanas, de la Salud y Sociales. El restante 24,3 % se ubica en las Ciencias Aplicadas. Las Ciencias Sociales ocupan el mayor número de ingresos y egresos de alumnos y profesionales. Solamente las carreras de Derecho y de Economía y Administración aportan el 34,86% del total de egresados del país del año 2005. Otro dato central, tiene que ver con que las Ciencias Sociales ocupan el 41,75% de los alumnos de las universidades nacionales en el año 2006.

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Propuestas universitarias para promover el desarrollo nacional
1- Promover el ingreso estudiantil a las Carreras de las Ciencias Aplicadas.
2- Otorgar becas a las Carreras consideradas Prioritarias para la producción de la región en la cual esta ubicada cada universidad.
3- Fijar metas de desarrollo de Patentes y de proyectos de ciencia aplicada al desarrollo tecnológico regional conjuntamente con las instituciones científicas del Estado provincial y los productores locales.
4- Desarrollar un Presupuesto Participativo en cada universidad con las organizaciones de trabajadores, de productores, el Estado municipal y el gobierno provincial sobre un porcentaje de los recursos de investigación.
5- Examinar los perfiles y programas de las universidades conjuntamente con los productores, trabajadores y el sector público con la finalidad de acercarlos a las necesidades del pequeño y mediano productor regional y provincial.
6- Implementar una política de retención de matrículas para enfrentar la alta deserción: promover títulos intermedios, descentralizar ingresos, articular la universidad con otros niveles educativos, desarrollar horarios nocturnos, etc.

PROPUESTA II- Implementar una Secretaria de Vinculación Económica Social que asesore gratuitamente a los productores y trabajadores de las regiones
Las universidades, casi sin excepciones, no disponen de ámbitos institucionales permanentes para la articulación de sus actividades con la comunidad y el Estado. En muchos casos, se atienden solamente las actividades de consultoría rentadas por el sector privado o público. No estamos en contra de que la universidad genere recursos externos, cuestión importante. Ahora bien, consideramos además, que debe brindar y prioritariamente, servicios gratuitos a la sociedad que aporta los recursos para su manutención. Con dicho objetivo y tras un estudio del presupuesto consideramos que existen los recursos humanos y económicos para implementar dicho asesoramiento gratuito a la comunidad y al Estado. Nuestra propuesta hace hincapié en que el asesoramiento lo podrían garantizar aquellos profesionales que tienen una relación contractual que gira entorno de las 40 horas semanales (dedicación exclusiva) y las 20 horas semanales (semiexclusiva).

En las universidades argentinas en el año 2006 había 148.712 docentes y 45.730 docentes universitarios que deben trabajar entre 20 y 40 horas. Dicha dedicación permite dictar horarios en dos turnos, disponer de horarios de consulta y desarrollar las materias los dos cuatrimestres seguidos, lo cual es necesario supervisar para que se cumpla en su totalidad, lo que hoy no ocurre. Hay que tener en claro que estas dedicaciones y con pocas excepciones, les permiten a los docentes cobrar los doce meses del año.

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Consideramos y atendiendo las cifras que los titulares, adjuntos y JTP con dedicación exclusiva y semiexclusiva podrían participar de la Secretaria de Vinculación Económico Social junto con gran cantidad de profesionales que lo harían de manera voluntaria. Por ejemplo, existían en el año 2006 3.671 titulares con dedicación exclusiva que tienen que trabajar 40 horas con un sueldo con antigüedad promedio que a enero del año 2008 era de $ 5.510 ($ 7160 ofrece el gobierno en el 2008). Había 1.808 asociados con la misma dedicación con un sueldo promedio $ 5.075 ($6578 ofrece el gobierno en el 2008). Había al 2006 5.283 adjuntos con un sueldo promedio a enero de $ 4350. (5638 ofrece el gobierno en el 2008). Existían 4.496 JTP con la misma dedicación con un sueldo a enero de 2008 de $ 3.987 ($5146 ofrece el gobierno en el año 2008).

Tengamos en cuenta, primero que hoy y en relación al año 2006 hay mayor cantidad de docentes. Segundo, observemos la propuesta salarial de la SPU actual que propone un aumento aproximado del 27% y cuestión que se va a hacer efectiva en breve, ya que fue rechazada por los gremios para “mejorar” y nunca, para empeorar el ofrecimiento de: 10% aumento en abril + 9,5 % en septiembre + 5% de recomposición en diciembre + 2,5% en enero 2009). Tercero, atendamos que en varios casos una Cátedra esta formada por un Titular, un Adjunto, un JTP y varios ayudantes. Cuarto, que a este sueldo se le suma aquellos ingresos relacionados con la inversión educativa estatal o privada motorizados desde la universidad: régimen de Incentivos, subsidios extranjeros, cargos en postgrados, proyectos de investigación CONICET, consultorias de la universidad, fondos de la Secyt, etc.

Otro dato a tener en cuenta es la carga de alumnos que tienen los docentes. En este caso consideramos la importancia de la dispersión existente entre Carreras y años, pero pese a eso, es un dato importante a analizar que nos permite avanzar en la implementación de la mencionada Secretaria. Al año 2006 existían, aproximadamente, 1 docente cada 9 alumnos en las universidades nacionales. Por supuesto, este promedio es algo engañoso pues va de profesores que atienden cientos de alumnos, a los que tienen una relación uno a uno e, incluso, aquellos que sólo dictan cursos de manera esporádica, pero permite tener una idea de la cuestión. Incluso, al respecto podría ponderarse la dedicación con la cantidad de docentes y con sus distintos niveles, tarea que queda para un futuro informe y que, seguramente, dará cuenta de la existencia de una masa de docentes jóvenes que soportan la inmensa cantidad de alumnos sin que ello sea debidamente reconocido y, a la inversa, una porción de profesores cuyo prestigio les permite dedicaciones formales y retribuciones altas.

La Secretaria de Vinculación económico Social debería tener participación permanente de las Organizaciones Libres del Pueblo y del Estado provincial y municipal y podría tener las siguientes funciones:
1- Asesorar técnicamente de manera gratuita a las organizaciones de la comunidad y al Estado provincial y municipal.
2- Aplicar el Presupuesto Participativo o las Audiencias Públicas para articular sus proyectos con la sociedad y el Estado.
3- Planificar el Voluntariado Universitario permanente.
4- Coordinar el Servicio Social Obligatorio de un año para todos los graduados.

PROPUESTA III- Implementar un Servicio Social Obligatorio para graduados y un Voluntariado permanente para alumnos.
Creemos a conciencia, que la condición de estudiante y de graduado es un “derecho”, pero además, implica un profundo “deber” por parte de los argentinos que vamos a la universidad pública financiada por otros argentinos. Teniendo en cuenta la relación entre presupuesto 2008 (solamente analizando el fondo de dinero de la ley de presupuesto 26.337) y la proyección de egresados media para este año, cada profesional le costaría a la sociedad, aproximadamente $89.862[1]. A partir de aquí y entre otras cuestiones, es que promovemos un Servicio Social Obligatorio de un año para los egresados con el objetivo de que le “devuelvan” al país la inversión del Estado y que se formen en una práctica profesional con compromiso social. Este Servicio debe ser federal: los profesionales deben regresar a las pequeñas localidades del interior que pagan la universidad y que no la usufructúan.

La relación entre la partida de presupuesto 2008 atendiendo solamente el fondo de la ley mencionada y los alumnos, nos da como saldo una inversión aproximada del Estado de $ 4398,72 por cada estudiante al año[2]. Esta inversión es un derecho de los argentinos, pero además, implica un deber de la juventud con la sociedad: proponemos que las universidades desarrollen un Voluntariado Permanente y que destine presupuesto, infraestructura y personal, para ejecutarlo. Asimismo, que es prioritario que el Sistema Universitario otorgue créditos académicos a los estudiantes y profesionales que hagan dichas prácticas sociales.

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PROPUESTA IV- Fomentar el protagonismo social para fiscalizar que la inversión educativa llegue a los trabajadores y productores de la región.

Consideramos elemental establecer que solamente con la participación de la sociedad Argentina y sus organizaciones, tanto públicas y privadas, conjuntamente con los estudiantes, profesores, graduados, funcionarios y administrativos universitarios, podremos modificar el comportamiento, en varios casos, poco comprometido de la universidad con la región. Hay que superar las frases vacías y el “animémonos y vayan”, y poner la universidad al servicio del pueblo argentino. A partir de aquí, es que llamamos a la comunidad, tanto universitaria (los usufructuarios de la inversión) y no universitaria (los que nos pagan), a que:

1- Exijan sus derechos a que sus problemas sean textualizados en la universidad y que se les busquen soluciones y se les brinde asesoramiento permanente gratuito.
2- A que controlen y fiscalicen a conciencia la forma en que se invierte el gasto universitario exigiendo un rendimiento de cuentas: hay que averiguar los temas y cuánto se gasta en lo que investiga promoviendo temas prioritarios para la región; se deben publicar los salarios y las dedicaciones de los docentes e investigadores; se deben publicar los contratos de las secretarias de trabajo a terceros; hay que exigir que los docentes trabajen las 20 o las 40 horas a favor de la comunidad, el municipio y los grupos sociales más desprotegidos.
3- Las organizaciones libres del pueblo y el Estado municipal y provincial, deben exigir el derecho a ingresar al gobierno de universidad y tal cual ocurre en diversas universidades del país, de Latinoamérica o de Europa. El debate del “cogobierno” y la democratización de la isla democrática debe dejar paso al debate de “la universidad del pueblo con el pueblo dentro”.
4- Difundan la importancia de implementar el Servicio Social Obligatorio, el Voluntariado Permanente o las Audiencias Públicas.


[1] Relación ley de presupuesto 2008 mencionada sobre 62.900 egresados.
[2] Relación 1.285.000 alumnos sobre presupuesto 2008.

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