REVISTA PENSAMIENTO
UNIVERSITARIO
Contexto político y cultural de surgimiento del peronismo
Juan Domingo Perón accedió a
la Presidencia luego del triunfo electoral del 24 de febrero del año 1946. El
instrumento político que lo llevó a la primera magistratura se compuso de un
entramado pluriclasista, pluripartidario y pluriideológico.
El Justicialismo canalizó
históricas demandas sociales y culturales de los trabajadores, entre las cuales
se destacó el ingreso gratuito e irrestricto a la universidad consagrado en
noviembre del año 1949. Además, se creó la Universidad Obrera Nacional,
orientada a favorecer el ingreso de los hijos de la familia trabajadora. El
pujante empresariado nacional requería nuevas demandas de capacitación y de
formación profesional y en la etapa se impulsaron las disciplinas tecnológicas
y las líneas de investigación ligadas al nuevo patrón de desarrollo industrial.
El Justicialismo organizó una
estructura partidaria con miembros de distintos orígenes ideológicos. Ya desde
1943, Perón entabló un vínculo con dirigentes del socialismo y miembros de esa
fuerza participaron en la creación del Partido Laborista que fue un instrumento
fundamental de la campaña electoral. Los socialistas Atilio Bramuglia y Ángel
Borlenghi ocuparon la titularidad de la Cancillería y del Ministerio del
Interior desde 1946. Además de dirigentes originarios de la izquierda, del
Partido Independiente (conservadores) y de sectores nacionalistas, el peronismo
integró a un importante grupo de miembros de distintas corrientes de la Unión
Cívica Radical (UCR). El Vicepresidente
de Perón desde 1946, Hortensio Quijano, fundó la UCR Junta Renovadora (UCR-JR)
y con este sello alcanzaron la banca de la Cámara de Diputados de La Nación 27
legisladores. Se sumaron al Justicialismo otros 10 diputados de distintas
corrientes internas del radicalismo, en un bloque partidario compuesto de 109
miembros (CEHP 2019). Un grupo de radicales de FORJA ocupó lugares importantes
de la administración de la Provincia de Buenos Aires (Godoy 2015).
Es interesante remarcar que al
momento de tratar el Proyecto de Ley Universitaria en 1947, representaron al
Justicialismo varios diputados de origen UCR-JR. Dichos legisladores eran
docentes y académicos como Raúl Bustos Fierro (UCR-JR Córdoba), José Luis
Moreno (UCR-JR Mendoza), Ricardo Guardo (UCR-JR Capital Federal) o Leonardo
Obeid (UCR-JR Córdoba). Estos radicales tuvieron una influencia fundamental en
la organización universitaria de la etapa, que adquirió marcados rasgos
reformistas.
El peronismo fue un movimiento
pluri-ideológico y lo integraron católicos, judíos, musulmanes y dirigentes
marxistas y agnósticos. Esta diversidad estuvo estrechamente vinculada a la
estratificación social de la Argentina, edificada con la afluencia de
inmigrantes de diversas comunidades étnicas y nacionales. Tal cual documentó
Raanan Rein, el peronismo protagonizó una experiencia de asimilación cultural
sumamente exitosa (Rein 2007 y 2018). Si bien la iglesia católica aumentó su
influencia en el área educativa ya desde los años treinta, las seis
universidades argentinas durante el peronismo mantuvieron su condición de
instituciones con una amplia pluralidad religiosa, étnica y partidaria (Recalde
2016) (Puiggrós 1993) (Dercoli 2014).
La política nacional ingresa a la universidad
La Revolución de 1943 y el
posterior ascenso del peronismo dividió a todas las fuerzas partidarias y la
disputa política nacional se trasladó al seno de las universidades. Uno de los
escenarios de la disputa fue la campaña electoral de 1946, en la cual se
movilizaron docentes y estudiantiles en ambas expresiones electorales. La FUA y
las federaciones de Buenos Aires y del Litoral integraron las columnas de la
Unión Democrática y encumbradas autoridades académicas firmaron una solicitada
auspiciando la detención de Juan Perón y el traspaso de poder a la Corte
Suprema de Justicia.
En el contexto del debate de
la Ley Universitaria del año 1947 se produjeron fuertes debates y acusaciones
cruzadas que revelaron el alto grado de politización de la Educación Superior
que el peronismo no inventó, pero que innegablemente potenció. Hubo profesores
y estudiantes de origen e ideario radical y socialista en ambos espacios
políticos, aunque las conducciones de la UCR y del Partido Socialista se
manifestaron en pública oposición a Perón. Por ejemplo, en el recinto de la
Cámara de Diputados el radical Alfredo Calcagno cuestionó la vinculación con el
conservador Patrón Costas que tenía el interventor de la UNLP de 1944, Ricardo
Labougle. El dirigente justicialista originario de la UCR- JR, Eduardo Colom,
le respondió acusándolo de que los rectores universitarios concurrieron a un
banquete con el embajador de los EUA, Spruille Braden (Sesiones Cámara de
Diputados 1947: 702).
Durante la etapa se
crearon nuevas agrupaciones y el
oficialismo impulsó la Confederación General Universitaria (CGU), la
Agremiación del Profesorado Universitario (ADA) y la Confederación General de
Profesionales (CGP), que oficiaban como la contracara de la Federación
Universitaria Argentina (FUA) y de los Colegios Profesionales ligados
directamente a la oposición partidaria nacional.
Esta situación derivó en
renuncias, cesantías docentes y en enfrentamientos entre los grupos
identificados con el oficialismo y con la oposición. Las tensiones en la
universidad de 1946, fueron análogas a las disidencias de la UCR con los
conservadores de Córdoba en el año 1918.
La diferencia entre ambos procesos es que el peronismo supuso una
continuidad mayor con la institución reformista , a diferencia de esta última
tradición que rompió más tajantemente con las autoridades y con los académicos
anteriores al radicalismo (Recalde 2016).
Si bien esa disputa malgastó
esfuerzos y conllevó a que valiosos académicos se alejaran de la universidad,
no impidió el desenvolvimiento de un proyecto científico y tecnológico
sumamente importante para la institución hasta nuestros días. Lamentablemente
para el país y para la comunidad académica en particular, esta lucha entre
partidos nacionales y corrientes universitarias siguieron y se radicalizaron
durante el periodo y culminaron en el golpe de Estado de 1955 que expulsó a
numerosos profesores y autoridades de las universidades. Incluso, el estatuto
de la UBA de 1956 estableció la prohibición de la cátedra para quienes se
identificaran con el peronismo.
Los Planes Quinquenales y la Constitución Nacional de 1949
“La enseñanza impartida hasta
el presente ha tenido un carácter enciclopedista, y nosotros debemos ir a la
especialización. Hacen falta especialistas y no los hay (…) La mejor
colaboración que pueden prestar los profesores al Plan Quinquenal es estudiándolo
para ver cuáles deben ser las especializaciones a crearse”. Juan D. Perón año
1947
Una de las características
centrales del justicialismo fue que planificó las políticas del Estado. En
varios aspectos, esta voluntad entraría en colisión con una tradición que no
percibía la necesidad de un diálogo permanente entre necesidades nacionales y
formación académica, producto de una visión profesionalista estrecha.
El Gobierno Nacional sancionó
el Primer Plan Quinquenal (1947-1952) que incluyó once metas generales para la
universidad y un proyecto de ley para su regulación. La iniciativa adjuntó una
“exposición de motivos”, en la cual la nueva fuerza política reivindicó el
legítimo derecho a regular la vida académica. El documento consideró necesario
vincular más estrechamente el desarrollo nacional y la ciencia. Entre otras
metas, el Plan Quinquenal contempló extender la dedicación exclusiva de los
docentes y su ingreso por concurso. Proyectó establecer la gratuidad de los
estudios y crear un sistema de becas, entre otros temas fundamentales en los
que había acuerdo entre oficialismo y oposición.
En el año 1949 se sancionó una
nueva Constitución Nacional. Por primera vez en la historia de la Argentina, la
Carta Magna incluyó la autonomía[5] de las universidades cuyos alcances serían
determinados “dentro de los límites establecidos por una ley especial que
reglamentará su organización y funcionamiento”. La Constitución estableció que
“El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado superior,
que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los
fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de
las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la
colectividad”. Se crearon “regiones universitarias” y se mandató a la
institución a “organizar los
conocimientos universales” y a “profundizar el estudio de la literatura,
historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las
artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las
riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales”.
La Constitución incluyó
“cursos obligatorios y comunes” tendientes a la formación política de los
egresados, que tenían que adquirir “conciencia de la responsabilidad que debe
asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en
esta Constitución”.
La nueva Carta Magna modificó
el esquema de los cinco ministerios incluidos en la Constitución de 1853.
Gracias a esta reforma, en el año 1949 se creó el Ministerio de Educación de la
Nación como un desprendimiento del de Justicia e Instrucción Pública. Con el
flamante organismo y conjuntamente con el Consejo Nacional Universitario,
integrado por los rectores de las universidades nacionales, instituido en 1947,
el Estado propendió a reorganizar y a reglamentar la cultura, la ciencia y la
investigación de las Casas de Altos Estudios. La nueva cartera educativa empezó
a definir estándares y a regular con mayor exactitud el funcionamiento del
conjunto universitario. Se instauró la asistencia obligatoria de los alumnos,
el monopolio de la emisión de títulos habilitantes, se coordinaron los planes
de las carreras vinculadas y se homologaron condiciones de admisión, de
equivalencias y de tipos de ingreso. Se regularon los mecanismos de entrada a
la enseñanza por concurso y se instauraron las Carreras Docentes, tendiendo a
conformar un sistema más integrado de Educación Superior (Ministerio de
Educación de La Nación 1952: 30-31). La etapa estuvo caracterizada por la
implementación de grandes programas de obra pública en todas las universidades
de la Argentina.
En el año 1952 se aprobó el
Segundo Plan Quinquenal (1953-1957) que postuló ocho grandes metas
universitarias, entre las que se destacaron la de formar profesionales con,
“responsabilidad social y plena conciencia de que están obligados a servir al
pueblo”; la de consolidar una educación “gratuita, eminentemente práctica y
especializada”; avanzar en la
implementación de la dedicación exclusiva de los docentes; abrir centros
universitarios en todo el país; incluir de manera obligatoria “cursos para
posgraduados” y entablar una “vinculación permanente con el mundo a fin de
mantener el nivel de enseñanza universitaria”. El Plan propuso que las
universidades asesoraran al Gobierno Nacional.
Sobre estas bases, la
planificación gubernamental puntualizó que el Estado aseguraría el ingreso a
todos los aspirantes y que las instituciones tenían que incluir a 200.000
alumnos al año 1957 (un 100% más que en 1951). El Segundo Plan Quinquenal
contempló la apertura de las Facultades Obreras creadas por la ley 13.229/48.
La planificación incluyó un
apartado específico de “investigaciones científicas y técnicas”. La iniciativa
proponía formar investigadores con conciencia social, “exaltando el valor de su
misión en la comunidad y protegiéndolos mediante una adecuada legislación”. La
conducción de la política científica estaba a cargo del flamante Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICyT), institución
ignorada posteriormente como real antecedente del actual CONICET.
