miércoles, 19 de noviembre de 2014

Papelodromos y calificadoras de riesgo de docencia y de investigación


Aritz Recalde noviembre de 2014

En el sistema universitario argentino coexisten varias opiniones acerca de los criterios de valoración y de reconocimiento académico. Estos distintos puntos de vista se expresan al momento de efectuar un concurso docente, de requerir recursos para investigar, en la instancia de evaluación universitaria o al momento de acreditar una carrera frente a la CONEAU.
A continuación vamos a comentar los rasgos fundamentales de las perspectivas cientificista y la del nacionalismo popular.

El cientificismo, los papelodromos y las “agencias calificadoras de riesgo”
Nuestras universidades forman ingenieros, matemáticos, químicos, biólogos, que rara vez harán descubrimientos científicos y cuando los hagan lo único que podrán hacer con ellos es venderle la patente a una corporación norteamericana. Porque nuestra relación de dependencia, la misma que fijó el límite de nuestro desarrollo económico en el cumplimiento óptimo del papel de abastecedores de materias primas, también nos fijó el límite cultural, y le asignó a nuestros universitarios el rol subalterno de servidores de la tecnología extranjera”. Salvador Ferla

Los investigadores y las calificadoras de riesgo
El sistema de investigación argentino funciona aplicando parámetros cientificistas y como sostuvo Oscar Varsavsky “en pocos campos es nuestra dependencia cultural más notable que en éste, y menos percibida”.
Los parámetros cientificistas se expresan al momento de evaluar a los investigadores en la instancia de la  “categorización”. Para organizar el proceso de categorización se crearon ámbitos que funcionan a la manera de “calificadoras de riesgo de investigación”. En muchos casos, funcionan como las “calificadoras de riesgo financieras” que caratulan a los países con letras (pasando por la A y la D) y con signos (++). Los países con la letra D son “no solventes” y el sistema financiero les sube el costo del dinero o directamente les bloquea los créditos. Las agencias científicas son similares y organizan a los investigadores en una escala que va de la categoría “I” a la “V”. Los primeros adquieren un poder considerable dentro del sistema evaluando carreras y distribuyendo recursos. Los investigadores “no categorizados” son conceptuados como “no solventes”, para intervenir en varios circuitos de tomas de decisiones del sistema científico argentino.
El docente investigador cientificista obtiene el título de “papelodromo”, que demuestra su capacidad para juntar papeles. Desde su ingreso al sistema hasta su jubilación, su vida transcurre dentro de la misma universidad en una carrera de acumulación de certificados. No va a importar si como resultado de su trabajo se genera algún cambio o aporte social, económico o cultural considerable. La finalidad de su actividad se centra en reunir los certificados para ascender en la universidad.
Para acceder a la máxima categoría de la categorización se deben respetar las pautas del sistema cientificista. De manera similar a los concursos docentes, para acceder a la máxima puntuación se deben reunir créditos conseguidos en el paso por el mismo sistema. Juntar papeles de congresos y cursos internos de la universidad es una tarea principalísima y los jóvenes se vuelven verdaderos “papelodromos”. Para acumular créditos académicos se deben evaluar proyectos académicos dentro de la universidad, participar en jurados y apoyar a tesistas de la misma institución. La publicación en revistas extranjeras con referato es fundamental en la carrera del “papelodromo”.
En el plano de la docencia en últimas décadas se está profundizando una tendencia a que los poseedores de la máxima categoría de investigador, se desempeñen solamente en los niveles de posgrado. Los docentes investigadores con mayores categorías están abandonando la función principal de la universidad, que es la docencia a nivel de grado.
En el universo del cientificismo importa poco si el conocimiento generado tiene impacto social, si las tesis de los egresados derivan en innovaciones tecnológicas o si las investigaciones son apropiadas por el Estado y la sociedad que las financia y las justifica. Oscar Varsavsky mencionó que “cientificista es el investigador que se ha adaptado a este mercado científico, que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, desvinculándola de los problemas políticos, y se entrega de lleno a su carrera, aceptando para ella las normas y valores de los grandes centros internacionales”.
El investigador modelo promovido por las “calificadoras de riesgo de investigación” tiene el siguiente perfil:
-       trabaja con agendas de temas internos de la institución, sin necesidad de buscarle aplicación efectiva en la sociedad. Las agencias disciplinan y censuran la posibilidad de desarrollo de una ciencia alternativa que no se ajuste a sus parámetros. Los temas de la universidad suelen están definidos por los centros de poder mundial que introducen tendencias o como dijo Salvador Ferla, fijan un “límite cultural”.
-       realiza su tarea desconectado del mundo productivo y social nacional.
-       tiene escaso o nulo impacto lo que pública, ya que lo orienta hacia el mismo sistema científico para obtener el crédito de la “revista con referato”.

El sistema de actualización de las Categorías es escasamente dinámico y no permite una renovación fácil y permanente. Por el contrario y de manera similar a las “calificadoras de riego financieras”, tiende a mantener una lógica corporativa y cerrada. Tal cual aseveró Oscar Varsavsky, la “élite científica” y la “burocracia asignan importancia –y fondos- a los temas de investigación”. Las calificadoras de investigación de manera parecida a las financieras, disciplinan a los miembros y los distancian de los grandes problemas nacionales. Los investigadores se vuelven expertos papelodromos y dedican toda una vida a desarrollar temas que solamente leen ellos, su tutor y la agencia calificadora.
La dificultad principal de ésta concepción es que los miembros de la “Categoría I”, suelen ser quienes evalúan carreras de “interés público”. Según el artículo 43 de la Ley de Educación Superior estos títulos ponen en “riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la información de los habitantes”. Las “agencias calificadoras de riesgo de investigación” otorgan el poder para definir parámetros académicos a individuos con escasa práctica profesional e irrelevante intervención social. Como un resultado de ello, los papelodromos impugnan la posibilidad de desarrollo de una ciencia y de una investigación nacional aplicada a la resolución de problemas. En su lugar, impulsan una perspectiva libresca y teoricista, asentada en parámetros propios de la universidad y no del mundo productivo, social o político nacional. 
Por ejemplo, ¿qué debe saber un evaluador de una carrera de ingeniería?, ¿es preferible que tenga desempeño laboral en el mundo profesional o que solamente conozca el tema por los libros?, ¿es un requisito que sus investigaciones se efectúen en gabinetes de empresas o solamente en una cátedra?, ¿es valorable su tarea de formador en el sistema productivo o debe atenderse meramente su paso en la universidad?, ¿deben apreciare sus aplicaciones tecnológicas concretas o sus publicaciones en una revista con referato extranjero?.
Bajo las lógicas de las agencias calificadoras de riesgo de investigación, se pueden producir distorsiones en la distribución de recursos y de competencias académicas. Por ejemplo, al momento de un concurso docente en una asignatura de ingeniería, si se presenta un candidato que “inventó un auto que funciona a agua” y en paralelo un papelodromo que publicó un artículo (le dicen “paper”) en una “revista científica extranjera con referato sobre el auto que funciona a agua”, le van a dar el cargo a éste último. En el universo del derecho constitucional tiene más posibilidades de ser “Categoría I” un papelodromo que participó en congresos universitarios sobre constituciones de Europa y de Estados Unidos y que reunió los certificados, que un Congresal Constituyente que investigó, estudió, redactó y aprobó el texto constitucional argentino.

¿Qué debe saber un docente universitario al momento del concurso?
Los concursos docentes son de antecedentes y de oposición. Entre los primeros, la tradición cientificista postula que debe reconocerse al aspirante el haber obtenido los créditos del propio sistema científico y universitario. Entre los antecedentes destacados se pueden mencionar:
-       participar en congresos y jornadas organizados por la propia universidad.
-       publicar en revistas con “referato” del mismo tipo de institución y preferiblemente del extranjero.
-       efectuar especializaciones, maestrías, doctorados, posdoctorados en una carrera que no encuentra otro objetivo que juntar créditos académicos.

Para alcanzar la meta cientificista los aspirantes dedican tiempo completo a acumular los reconocimientos de la misma institución, desentendiéndose de la realidad externa a las casas de altos estudios. Arturo Jauretche se refirió a éste proceso y mencionó que “el desiderátum entonces es una Universidad aséptica, depurada de toda preocupación vinculada con el destino de la comunidad y por consecuencia, de la nación, a la que da expertos despreocupados de los fines de la técnica y el resultado de su aplicación”. Resultante de ello, el docente  universitario que accede al cargo suele reiterar el siguiente perfil:
-       escaso conocimiento real del objeto sobre el cual trabaja, al cual accedió por intermedio de la academia y no de la práctica profesional y social concreta.
-       dificultades para relacionarse con actores externos a la universidad al manejar solamente los códigos propios del sistema. Este inconveniente se agrava en el contacto con los alumnos ingresantes que manipulan otros saberes.
-       dedica la mayor parte de su vida a comentar revistas o investigaciones de la misma universidad y en menor medida, a interpelar y cambiar la realidad.
-       raramente interviene políticamente en la sociedad para dedicarse exclusivamente a acumular certificados. Desarrolla tareas solidarias y públicas solamente si consigue acreditarlas “académicamente”.

Los parámetros de los evaluadores de la CONEAU
A la hora de avaluar instituciones o de acreditar carreras, la CONEAU se encuentra atravesada por la tensión entre tradiciones universitarias. Parte importante de los parámetros que aplican son cientificistas y reiteran la lógica de las “calificadoras de riesgo de investigación” y de los “papelodromos”. Al momento de avaluar Carreras Nuevas de posgrado o de acreditar una en funcionamiento se aplican los parámetros que mencionamos anteriormente. Resultante de ello, se corre el riesgo de promover unidades de docencia y de investigación caracterizadas por:
-       profesores con escaso conocimiento o nula intervención en el mundo profesional y del trabajo.
-       investigadores de “teorías” y en menor medida actores capaces de hacer innovación, de resolver problemas y de intervenir concretamente en el mundo social y productivo.

Buena parte de estos problemas se hacen más complejos por el hecho de que la Ley de Educación Superior otorgó la definición de los parámetros y los contenidos mínimos del sistema, al Ministerio de Educación y al Consejo de Universidades. El Ministerio y el Consejo están a cargo de definir parámetros en las carreras de interés público (artículo 42) y los estándares de la CONEAU (artículo 45 y 46 b).
Distinto sería si los parámetros y los estándares fueran establecidos en conjunto con los organismos públicos y por el mundo productivo y del trabajo. Por ejemplo, ¿los técnicos del Ministerio de Salud no deberían intervenir en la definición de los parámetros para evaluar medicina o enfermería?; el Ministerio de Industria que impulsa el desarrollo del software argentino ¿no podría intervenir en los estándares para evaluar carreras de sistemas?.  
La CONEAU se compone de miembros universitarios y de otros que son promovidos por las Cámaras legislativas del Congreso, incluyendo con ello la opinión de los representantes de la democracia de masas. Ésta última tarea podría completarse creando comisiones asesoras del Estado y del mundo del trabajo y la producción, que contribuyan a la organización de nuevos parámetros y estándares.

El nacionalismo popular cultural y científico
“La misión de la Universidad no es perpetuar el sistema sino contribuir a transformarlo. Y ésta no es misión de profesores que con un ojo miran a la oligarquía y al poder burocrático del Estado y con el otro a Europa, sino educadores con conciencia nacional”. Juan José Hernández Arregui

Frente al cientificismo, los papelodromos y las calificadoras de riesgo de investigación, el nacionalismo cultural y científico ofrece un sistema alternativo. Las bases de la propuesta le otorgan a la ciencia una función central en el modelo de desarrollo nacional. La finalidad académica, cultural y científica es la de dotar al país de poder nacional de decisión y la ciencia es un medio y no un objetivo en sí mismo. Cambia positivamente la perspectiva del académico cuando persigue finalidades que superan el mero desarrollo individual y se ligan a un proyecto de desarrollo colectivo.     
Las soberanía de las decisiones de inversión y de planificación de la ciencia y de  la tecnología, no recaen meramente en el mercado como postula la tradición liberal y tampoco solamente en la opiniones del cogobierno como impulsa la perspectiva cientificista y reformista. Es la democracia de masas por intermedio del Estado y las organizaciones libres del pueblo, la encargada de definir los parámetros y los objetivos del sistema científico y tecnológico. La relación entre la universidad, el Estado y el mundo productivo se hace estrecha y las carteras científicas y universitarias van en consonancia con las políticas de desarrollo nacional.

 ¿Qué debe saber un docente universitario al momento del concurso?
Para el nacionalismo popular a la hora de acreditar recorridos académicos, deben contemplarse las trayectorias profesionales y de intervención concreta de los científicos y profesores sobre el mundo de la producción, la cultura y el trabajo.
El capital de conocimiento práctico y productivo adquirido por los docentes, es estratégico al momento del proceso de la enseñanza. La producción de innovación, la participación en programas sociales y en prácticas productivas y comunitarias, son cuestiones fundamentales para la práctica docente y el proceso de transmisión del conocimiento.
 
Los investigadores y el poder nacional
“Un pueblo sin un nivel elevado de Ciencia y Tecnología no es independiente. Tampoco lo es si ve el mundo con ojos extranjeros y no tiene una cultura propia”. Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Peronista, año 1973

Para el nacionalismo el objetivo de las investigaciones no es el de acumular créditos internos del sistema, sino que se propone desarrollar la soberanía cultural y tecnológica del país. Las agendas y los temas de investigación se orientan a los planes nacionales del Estado y se articulan con el mundo productivo. Para garantizar esta función el Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Peronista mencionó que era necesario “formular una política científica nacional” que determine “cuáles áreas de la investigación y el desarrollo técnico debe apoyar para alcanzar la metas establecidas, así como distribuir su presupuesto según el orden de prioridades”.
Las revistas internacionales y los referatos endogámicos son desplazados por la pertinencia social, el impacto público y la resolución de problemas regionales y nacionales.  Según los puntos de vista del Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Peronista “la investigación científica de nuestra propia realidad debe estar en manos argentinas. Esta es una condición indispensable de independencia y supervivencia nacional”.
Para el nacionalismo, los investigadores del sistema universitario tienen que poseer una práctica profesional, social, comunitaria y política adquirida. La producción de innovación, de tecnología y la experiencia en la empresa social o privada, son parte fundamental de la formación en investigación.    
Los proyectos de investigación universitaria tienen que resultar en un bien social y productivo de utilidad para el país que los financia. La investigación científica requiere una técnica y además, debe disponer de una ética nacionalista y de un compromiso popular.

Los parámetros de los evaluadores de la CONEAU
Para el nacionalismo y a diferencia de lo que opina un sector del reformismo, es necesaria la CONEAU. La evaluación externa forma parte de un ejercicio propio de la democracia de masas, que obliga a los funcionarios públicos a rendir cuentas frente a la sociedad.
Por
otro lado, la definición de parámetros comunes dentro del sistema es un paso importante para garantizar la unidad científica iberoamericana. Sin organismos como la CONEAU es inviable la necesaria y estratégica articulación dentro de las universidades del continente.  
En el punto de vista del nacionalismo los estándares y los parámetros para regular el interés público y para evaluar carreras e instituciones, dejan de ser  definidos por el mismo sistema universitario para organizarse a partir de los organismos resultantes de la democracia de masas y del mundo productivo.
Por ejemplo, quién debería definir el “riesgo de modo directo en la salud” sino es el Ministerio de salud?; ¿el ministerio de Planificación Federal no debería intervenir en la escritura de los parámetros para evaluar la “seguridad” en las ingenierías en construcciones o en arquitectural?. En la definición de estándares en las ciencias sociales para garantizar los “derechos” de los habitantes, no podría intervenir el Ministerio de Desarrollo Social?,
 

Finalmente y a modo de cierre consideramos oportuno reiterar la opinión de Amílcar Herrera quien estableció que “en un mundo que lo puede modificar prácticamente todo, con sólo utilizar los conocimientos generales por la revolución intelectual más profunda de la historia, el atraso reside más en la mente de los hombres que en las condiciones externas”. 

No hay comentarios: