martes, 8 de septiembre de 2009

Servicios Audiovisuales: liberación o dependencia

CENTRO DE ESTUDIOS HERNÁNDEZ ARREGUI
(El presente documento es un resumen de la propuesta del C.E.H.A. presentado al COMFER sobre la base del primer borrador del Anteproyecto de Ley Servicios Audiovisuales)

(…) “La cultura es un arma del dominio político”- Juan José Hernández Arregui

El C.E.H.A apoya la sanción definitiva del actual anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque:
PRIMERO: Considera que es el Estado, por intermedio de sus representantes elegidos en democracia, el actor legal y legítimo que debe planificar la comunicación atendiendo al interés social y cultural colectivo y que por lo tanto, no puede concederse la administración y control de los Servicios de Comunicación Audiovisual a empresas oligopólicas y a los negocios privados. Los medios de comunicación deben ser organizados por la democracia en función del interés del país, no por los grupos económicos concentrados y las corporaciones transnacionales.
SEGUNDO: Estima que el proyecto implica un gran avance en la democratización y en la organización de los Servicios de Comunicación Audiovisual, estableciendo reglas claras y precisas sobre tres cuestiones fundamentales: ¿quién emite?, ¿quién y cómo se controla? y ¿con qué objetivos se desenvuelve la comunicación?. Consideramos que el Anteproyecto implica un trascendente avance para hacer de la comunicación un instrumento del desarrollo nacional democratizando el acceso de las organizaciones libres del pueblo, a la producción, la emisión, la fiscalización y el control de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
TERCERO: Concluye que el Anteproyecto es consecuencia de propuestas, debates e iniciativas del Estado y de las organizaciones libres del pueblo. Las resoluciones de éstas últimas fueron recogidas por intermedio de las demandas y propuestas de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y a través de la organización de foros de debate en todo el país. Frente a la práctica de la democracia directa y popular que dio marco a dicho proyecto, aparecen los grupos reducidos de poder que por intermedio de operaciones políticas y construcciones falsas de sentido, enfrentan la legal y legítima decisión popular de sancionar otro marco institucional. Apoyamos el proyecto ya que consideramos innegable la trascendencia histórica que implicó conformar y concensuar una ley en base a la democracia directa y deliberativa y no por intermedio de los lobbys de los grupos concentrados de poder.

Atendiendo la diversidad de opiniones, de comentarios y las consecuentes modificaciones implementadas al texto, el C.E.H.A. considera pertinente mencionar brevemente en la agenda de debate, la importancia de incluir algunos aspectos de la relación entre la “soberanía nacional” y los Servicios Audiovisuales.

LA COMUNICACIÓN Y LA SOBERANÍA NACIONAL
La subsistencia de la comunidad nacional está estrechamente ligada al desarrollo pleno de los factores de la producción y el trabajo de nuestro país en el marco de la división del trabajo mundial. El desarrollo nacional se relaciona e interactúa con las acciones económicas, políticas y culturales del conjunto de los países y los grupos económicos que compiten por la obtención de los mercados o de los recursos naturales y financieros a nivel planetario. En esta línea, es bueno recordar que no fue casualidad que el paso previo para la entrega a manos privadas y extranjeras de los recursos estratégicos como el petróleo, fue la privatización de los canales y radios públicas que fueron transferidos a grupos económicos a partir de la sanción del la ley 23.696 de 1989, denominada como “De emergencia administrativa y reforma del Estado”. Dichos medios de comunicación privatizados, oficiaron en muchos casos como un instrumento para justificar la transferencia del patrimonio cultural, económico y social de los argentinos al extranjero y a las empresas trasnacionales. Transferido a particulares el ahorro nacional (servicios públicos, jubilaciones, bancos, recursos naturales, etc.) gran parte de la prensa concentrada y extranjera hijas de las privatizaciones se avocó:
- Primero: A cuestionar las OPCIONES POLÍTICAS AL SISTEMA NEOLIBERAL y a promover las agendas y programas de los imperios en el país; el periodismo concentrado fue el brazo cultural de los programas políticos del capital trasnacional. Actualmente al actuar privilegiando sus meros intereses comerciales, la prensa concentrada se vincula directamente a los proyectos de los grandes grupos económicos y a los gobiernos extranjeros que son sus publicistas. Sobre el particular, Juan Domingo Perón estableció que (…) Hoy no hay quien no utilice la publicidad para fines propagandísticos con resultados variables. Pero los imperialismos se sustentan en algo más serio que la simple publicidad. A ellos no les es suficiente publicar un aviso para vender su artículo, sino que deben imponerlo a toda costa, y para eso no es suficiente avisar. Por eso los Estados han creado todo un servicio publicitario, disfrazado con diversos nombres o siglas” (Política y Estrategia. No ataco, critico: “La Publicidad” “La Opinión Pública”, 03-1951).
- Segundo: A garantizar la rentabilidad y el consumo de la producción extranjera importada ya que, y entre otros temas, dichos grupos económicos son generalmente auspiciantes de la prensa. En muchos casos, y cuestión que se evidenció notoriamente con el punto de vista del grupo Clarín acerca de las retenciones móviles del año 2008, la prensa se vincula a la estructura de negocios del capital trasnacional utilizando su influencia cultural para apuntalar el modelo productivo agroexportador y dependiente. A partir de aquí, que compartimos la opinión de John W. Cooke cuando estableció que “nosotros creemos en la libertad de prensa, de la prensa independiente y la ideológica, de la equivocada y de la que esta en la verdad; pero en lo que no creemos es en el derecho de estas empresas mercantiles y capitalistas para procurar que los resortes del Estado se pongan al servicio de sus intereses cada vez que hay cuestiones gremiales en juego” (Acción parlamentaria 16/03/1951).

La Argentina, que anteriormente fue una potencia política con un importante desarrollo industrial y pleno empleo, se transformó en una economía de servicios, raquítica y dependiente, extranjerizada y profundamente fragmentada en lo social: el modelo concentrado, monopólico, comercial y extranjerizante de los Servicios Audiovisuales, favoreció dicho proceso. Las reformas implementadas a la ley 22.285 durante la democracia, lejos de revertirlo fueron un agravante. A partir de aquí pudimos ver como con el neoliberalismo:
a- Importamos el trabajo extranjero en lugar de la producción argentina: la prensa concentrada favorece, diariamente, la publicidad y el consumo de las firmas extranjeras oprimiendo al productor y al trabajador nacional.
b- Entregamos la administración de los recursos estatales y financieros a privados y a empresas trasnacionales: es bueno recordar que el capital español y norteamericano controla empresas estratégicas que son protegidas por la presencia de su prensa en el país.
c- Abandonamos nuestra política exterior soberana e independiente para pasar a las relaciones “carnales con Estados Unidos”: en su lugar importamos los modelos de política de las potencias y su justificación del estado actual de conflicto bélico mundial y permanente. La radicación de bases militares en Colombia o la actual dictadura de Honduras, actualizan el debate sobre las relaciones exteriores del país y en especial, plantean claros desafíos para América Latina. Las potencias que son parte del conflicto lo entienden al pie de la letra: Estados Unidos utiliza la industria del cine para hacer “apología” de las ocupaciones en Medio Oriente y lo que interesa, lo hace para justificar sus políticas en América Latina (el llamado “narcoterrorismo”, entre otros, es una construcción simbólica del cine norteamericano que favorece la política de avance militar sobre el continente). A la industria cultural de recreación, la acompañan las campañas de la prensa de las potencias con canales de noticias para América Latina como CNN, o sus agencias de noticias (como la United Press International, Associated Press o Reuters), que son utilizadas para enfrentar a los gobiernos democráticos que toman medidas populares: la campaña contra las figuras de Hugo Chávez, contra Evo Morales o contra las retenciones en la Argentina, son ejemplos de la utilización política que hace la industria cultural y la prensa extranjera.

A partir de aquí es que sostenemos la importancia de encuadrar el debate de la ley en términos de soberanía nacional y por eso proponemos que:
PRIMERO: La ley debe promover el DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL, privada, cooperativa y especialmente, de aquellas ligadas a las empresas y servicios públicos en manos del Estado. Por eso, planteamos para la ley:
- Que se establezca un costo diferenciado para la emisión de publicidad por parte de las pequeñas y medianas empresas de capital nacional, en relación a las grandes corporaciones y a las empresas extranjeras.
- Que se prohíba la publicidad en los Servicios de Comunicación por suscripción -ya que el mantenimiento del medio está garantizado por la cuota que paga el usuario-, con la excepción de aquella ligada a la pequeña y mediana empresa nacional.

SEGUNDO: La ley entre sus objetivos debe priorizar los irrenunciables preceptos de SOBERANÍA Y DE SEGURIDAD NACIONAL. Por eso, proponemos:
- Que en el Titulo I, Disposiciones Generales, Articulo 3, Objetivos, se mencione “Promover la identidad argentina fortaleciendo la soberanía, la seguridad y la defensa nacional”.
- Revisar las menciones a los Tratados Internacionales. Sobre éste tema, la Coalición por una Radiodifusión Democrática planteó la importancia del cumplimiento efectivo de la “reciprocidad”, cuestión sumamente importante y que fue incluida en el texto que ingresó al Congreso. Nosotros planteamos, siguiendo la línea de la Ley de Educación Nacional, que debería esbozarse una modificación más profunda y tajante del asunto estableciendo que: “El Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir los Servicios de Comunicación Audiovisual como una actividad meramente lucrativa o que alienten la extranjerización de la Comunicación y la puesta en cuestión de la soberanía cultural y política del país”.

- Introducir y siguiendo la ley 14.241 del año 1953, que (...) “Se prohíbe la transmisión de noticias o comentarios (…) que inciten a la traición contra el Estado, la rebeldía o a la sedición contra las autoridades constituidas; las que puedan provocar la alarma pública o perturbar las actividades económicas o financieras internas; las que pudieran dañar o comprometer las relaciones internacionales del país; las que susciten polémicas o contengan expresiones injuriosas o difamatorias o las que tengan por objeto causar perjuicio moral o material a terceros”.

Para culminar, traemos a consideración unas palabras de Juan Domingo Perón que establecen claramente y sin medias tintas, el espíritu que queremos dar a nuestros aportes (…) “La preparación de la opinión pública de un país soberano es parte de la soberanía que ejerce el Gobierno y no puede cederla al extranjero sin verse inmerso en el delito de alta traición”. (Política y Estrategia. No ataco, crítico: “La Publicidad” “La Opinión Pública”, 03-1951).

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