Aritz Recalde, 13 de mayo de 2020
En
los medios de comunicación se instaló la visión infectológica del Coronavirus,
que si bien es fundamental, no agota la totalidad de los aspectos que integran una
política de salud pública. El hecho de centrar la mirada solamente en
cuestiones de reproducción de los contagios, lleva en muchos casos a suponer
que el problema se resuelve únicamente con la Cuarentena y dando atención médica
a la población contagiada.
En
realidad, una política integral de salud tiene que incluir además de las cuestiones
médicas, los aspectos sociales, emocionales y económicos vinculados. Asimismo, creemos
que se tiene que contemplar la tarea de los agentes sanitarios y también la
participación de la comunidad organizada, de la familia y del empresariado.
Cuatro ejes y cuatro actores de las
políticas de salud
La lucha
contra el Covid-19 tiene una dimensión médica. La expansión de un virus tiene
que ser abordada por los infectólogos y los epidemiólogos, entre otros
especialistas. En estos casos el Estado asume la indelegable tarea de diagramar
la política de salud pública. Con este fin, dispone del conocimiento y de la
organización de la industria médica, de los sindicatos que administran obras
sociales y sistemas hospitalarios, del personal y de diversas instituciones de
la comunidad.
Para
enfrentar una epidemia es central la política social. El gobierno argentino diariamente
asiste a millones de familias con dificultades para trabajar y que se ven
impedidas de acceder a la alimentación o a los remedios. Esta labor es aún más fundamental
en el universo de las personas con movilidad reducida o en situación de riesgo.
Actualmente, el Estado planifica, financia y ejecuta la política social con la
activa y la estratégica intervención de
la comunidad organizada que conoce los problemas populares y que tiene la
llegada al territorio.
La
política de salud debe atender también las cuestiones emocionales de la
población. Con este objetivo, el Estado tiene que implementar una comunicación
pública y debe diagramar un plan de asistencia de salud mental a los millones
de argentinos desesperados, asustados o deprimidos. En este aspecto juegan un
rol fundamental la comunidad organizada y la familia, que es la célula básica
de la sociedad y que hoy tiene la inmensa responsabilidad de acompañar y de contener
emocionalmente.
Una
política de salud requiere de una política económica.Querer separar ambas dimensiones
puede conducir al fracaso de la estrategia sanitaria y al quiebre productivo del
país con el potencial escenario de desabastecimiento, inflación y saqueos. Por
un lado, el Estado y las empresas deben planificar la producción de los
recursos médicos para abastecer el mercado interno. Es bueno destacar que más
del 65% de la producción farmacológica que consumen los argentinos, es de
origen nacional. Además, el Estado debe contribuir a garantizar las fuentes de trabajo,
que son la base de los ingresos familiares. Si se pierden los empleos van a
quebrar las obras sociales que le dan salud a más de 15 millones de personas.
Si la economía continúa en recesión, el Estado no va a poder recaudar impuestos,
aumentando aún más el déficit fiscal. Se puede producir un corte en la cadena
de pagos de proveedores y en el pago de salarios de los empleados públicos.
La política económica del día después
Aún
no se puede adelantar con certeza los tiempos que durará la circulación del
Coronavirus, ni tampoco cuál será la dinámica de la cuarentena. Lo que sí es
seguro, es que conviviremos con éste virus, como lo hacemos con tantos otros[1], y que debe preparase a la
comunidad y al Estado para coexistir con ellos.
En
el marco de la incertidumbre actual, es importante reconocer que no existe una “única”
solución sanitaria y tampoco “la” receta económica. En realidad, cada región y
cada país están implementando su propia política que surge como el resultante
de su cultura, su economía y de su situación sanitaria.
Incluso
dentro de la misma República Argentina la situación infectológica, social y
económica varía entre provincias y municipalidades y es correcto lo que hace el
Gobierno Nacional de modificar la dinámica de la Cuarentena en cada lugar.
La
crisis supone una oportunidad
Históricamente,
las crisis internacionales generaron perjuicios para nuestro país en el terreno
económico y social. Pero en algunos casos también acarrearon nuevas oportunidades,
por el hecho de que las naciones centrales se abocaron a resolver sus frentes
internos y no a obstruir la posibilidad de desarrollo del resto de los países. No
es casual que en el marco de la Primera Guerra Mundial ascendió al poder
Hipólito Yrigoyen y tras la segunda conflagración mundial Juan Perón alcanzó la
presidencia.
El
gobierno de Alberto Fernández tiene un importante consenso entre la población,
emanado de la reciente elección presidencial y como resultado del tratamiento que
le dio a la lucha contra el Coronavirus. Con ese poder aplicó medidas radicales
y de excepción y puso en cuarentena a 45 millones de personas e inmovilizó a
más de 400 mil pymes.
Ese
poder puede utilizarse para implementar la reforma económica que la Argentina
requiere para garantizar el despegue productivo y la emancipación social del
pueblo. Es un momento oportuno para renegociar la deuda defendiendo los
intereses argentinos, para iniciar un desarrollo industrial soberano y para
implementar los cambios estructurales que el país necesita.
El plan económico: de la emergencia al proyecto
nacional de mediano y largo plazo
El
Gobierno Nacional no presentó aún un plan económico. En parte, esta falencia se
le adjudica a la espera del resultado de la negociación de la deuda, que absorbe
gran parte de los fondos públicos[2].
Economía
de emergencia
El Coronavirus
llevó al Gobierno a implementar una agenda económica de emergencia tendiente a
enfrentar los perjuicios que generaron el Coronavirus y la Cuarentena. Entre
otras acciones, se buscó proteger al trabajador del sector formal con la doble
indemnización o directamente prohibiendo los despidos. El Gobierno financió el
50% de los salarios de algunas empresas y entregó créditos subsidiados a los
trabajadores autónomos, entre otras acciones. Además, se implementaron gestiones
para atender a más de 10 millones de personas de la economía informal que
reciben diariamente alimentos y asignaciones.
De
la emergencia a la Nueva Argentina
El
país necesita un plan integral de desarrollo que incluya un programa económico.
Para poder formularlo e implementarlo se requiere de una doctrina que marque el
rumbo y de una organización política que lo haga realidad. En la Argentina
existen tres grandes doctrinas económicas que se pusieron en práctica y son el
nacionalismo industrialista popular, el desarrollismo productivista y el
liberalismo agroexportador y financiero. El primer modelo lo implementó Juan
Perón y tiene, entre sus grandes teóricos, a Antonio Cafiero. El desarrollismo
tuvo su auge con Arturo Frondizi y entre otros pensadores que le dieron
consistencia teórica se encuentran Aldo Ferrer o Enrique Gugliarmelli.
Desde
nuestro punto de vista, hoy debemos orientar la economía argentina sobre
principios justicialistas y desarrollistas avanzando en la industrialización, en
la nacionalización productiva y en la elevación de la calidad de vida del
pueblo.
Para
formular e implementar el plan económico de la Nueva Argentina es fundamental
dar vida al Consejo Económico y Social que anunció Alberto Fernández y que
estaría integrado por representantes de la política, la producción, la cultura
y el trabajo. El organismo puede funcionar de manera análoga al Consejo
Nacional de Posguerra que formuló los Planes Quinquenales. Además, podría
emular los Consejos que creó el gobernador Antonio Cafiero para implementar la
gestión participativa de la provincia de Buenos Aires.
El
Consejo Social garantizaría así la participación de la comunidad organizada en
la gestión del Estado. Esto le otorga al proyecto político tanto gobernabilidad
institucional como estabilidad social y macroeconómica. Además, aportaría la
estructura de cuadros técnicos y profesionales existente en el Movimiento
Obrero organizado, en el empresariado, en las universidades y en las diversas
instituciones de la cultura y la ciencia.
Medidas
a corto plazo: el empleo y la reactivación del mercado interno
De
manera similar al gobierno que enfrentó la crisis del 2001, debe implementarse
un ambicioso plan de generación de puestos de trabajo. Actualmente, el
desempleo supera el 10% y junto al subempleo y la precarización, dejan como
saldo que alrededor del 40% de las familias tengan dificultades para proveerse
de ingresos. La cuarentena profundizó una recesión que ya lleva casi dos años y
todos los días se pierden puestos de trabajo, se reducen turnos en los empleos
y se bajan los salarios.
Para
reactivar la actividad podrían implementarse tres líneas de acción:
- Planes
de empleo “Estado y comunidad organizada”. En 1987 Antonio Cafiero implementó
los Programas Intensivos de Trabajo, cuya estructura fue retomada en 2002 con
el Plan Jefes y Jefas. El Estado provincial y nacional aportaron los recursos
para sueldos y las municipalidades compraban materiales y seleccionaban y
dirigían las obras. Los trabajadores se organizaron en cooperativas y otras
formas sociales de producción.
Este
tipo de programas sirve para hacer pequeñas obras, planes de vivienda popular o
reparar edificios públicos, clubes y las
instalaciones de las asociaciones barriales. Dicho programa también puede
utilizarse para financiar parte de los salarios docentes de cursos,
capacitaciones y actividades culturales y deportivas en clubes, iglesias e
instituciones de fomento.
- Programas
de “Obra Pública con el sector privado”. Desde el año 2003, la obra pública fue
uno de los grandes motores que generó empleo y que facilitó la reactivación del
mercado interno. Argentina tiene una importante cantidad de empresas que reúnen
técnicos, profesionales y mano de obra disponible en un país que tiene mucho por
hacer.
-
Programas de “apoyo al sector empresarial”. La cuarentena quebró o puso al
borde del cierre a miles de pymes. Hoy los diversos países del mundo[3] están otorgando créditos subsidiados
al productor, le garantizan protección arancelaria e inyectan fondos a las
familias para mantener la actividad del mercado interno.
El
Plan a mediano y largo plazo: el desarrollo integral
Tal
cual adelantamos, el país requiere de un programa de desarrollo que incluya un
plan económico. Dicha programación no puede dejar de implementar:
-
Políticas de impulso a la tecnificación y el aumento de los volúmenes de
producción del “sector agropecuario”. Este último es sumamente dinámico en la
Argentina y produce parte importante de las divisas.
-
Políticas de fomento del “sector industrial” tendientes a sustituir
importaciones. Se deben fortalecer las acciones para aumentar las cadenas de
valor, invertir en tecnología, maquinaria y en capacitación. El sector requiere
de estabilidad macroeconómica, de apoyo financiero y de protección arancelaria.
Se debe garantizar la existencia un mercado interno pujante y de un mercado
externo para colocar excedentes. La industria nacional, y centralmente las
pymes, son los principales generadores de trabajo de calidad en el país.
-
Políticas de fomento de “Regímenes especiales” de industria farmacológica, turismo,
pesca, ganadería, agricultura familiar, artesanía, minería, energía, servicios
públicos, ciencia y tecnología, etc.-.
Reformas estructurales para financiar y
hacer viable el programa de desarrollo
La
Argentina es inviable económica y socialmente si no impulsa un cambio
estructural del funcionamiento de cinco sectores estratégicos:
- Reforma
del sistema financiero. El actual
sistema financiero garantiza la especulación y la fuga de recursos. Se debe terminar
con el sistema que históricamente estafa al ahorrista y se tiene que orientar la
tarea de los Bancos hacia la producción y la capitalización nacional. Con este
fin hay que modificar la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Entidades
Financieras y los marcos regulatorios de los Bancos Públicos.
- Reforma
del comercio exterior. Es fundamental
hacer un uso racional y nacional de las divisas en un mundo que está cada día
más cerrado. Con este fin, se pueden recuperar y actualizar las experiencias de
las Juntas Reguladoras y del Instituto Argentino de Promoción de Intercambio.
Asimismo, nuestra dirigencia tiene un inmenso desafío en buscar nuevos mercados
para colocar los excedentes productivos. Hay mucho por avanzar en la
construcción del mercado sudamericano y en el comercio bilateral con acuerdos
estratégicos nacionales.
- Reforma
del comercio interior. El Gobierno
tiene que impedir la acción inflacionaria y de cartelización productiva que
hacen los grandes comercializadores. En paralelo, se tienen que expandir los
mercados y ferias populares y hay que implementar políticas de apoyo a los
almacenes de cercanía. El Gobierno lanzó la Tarjeta Alimentaria y eso fondos
van a los grandes supermercados. Sería deseable que el Banco Nación garantice
un acceso gratuito o subsidiado al uso de posnet u otros sistemas de pago a los
almacenes de cercanía.
- Reforma tributaria. Es
fundamental que el sistema de recaudación de impuestos promueva la producción y
que desaliente la especulación, instalando definitivamente el criterio de que "los
que más tienen más aportan".
- Nuevo régimen de Servicios públicos. El
país necesita mejorar el funcionamiento de los servicios de electricidad, gas, combustible y servicios de comunicación como
internet y telefonía. Lo mismo ocurre en tema de rutas, autopistas, puertos,
ferrocarriles, flota mercante, etc.-. En todos los casos, es fundamental instalar
y hacer cumplir el concepto de servicio público estratégico e impedir que sea
la mera lógica comercial lo que guíe su desenvolvimiento.
Las
dificultades son muchas, pero la dramática situación social y económica exige
que se busquen soluciones profundas a los problemas nacionales. Llegó el
momento de que la dirigencia se cargue la patria al hombro y que se convenza de
que política es el arte de hacer que lo necesario sea posible.
[1] Durante las últimas
dos décadas cada cinco a seis años surgió o tomó estado público un nuevo virus
que derivó en epidemia y/o pandemia. En el año 1997 fue la Gripe Aviar (H5N1),
en 2002/3 el Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en 2009/10 la Gripe
Porcina (H1N1) en 2012/5 el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y en
2019/20 el Covid 19.
[2] En un gran resumen,
el país tiene una deuda pública que ronda los 324 mil millones de dólares.
Actualmente, se está negociando con los poseedores de 66 mil millones de
títulos en dólares bajo legislación extranjera. Además, queda definir cómo se
abordará el tema de los vencimientos de los 72 mil millones con los organismos
internacionales, los 37 mil millones de títulos de legislación nacional y los
146 mil de deuda interestatal.
[3] EUA, que es un país
liberal, implementó el mayor plan de apoyo económico del mundo con la ley de
“Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus” (CARES). El Estado le
otorgó subsidios a contribuyentes y sus familias y a desempleados. Se financió
a instituciones de vivienda y se prohibieron desalojos. También recibieron
partidas especiales las empresas y las organizaciones sin fines de Lucro. Se
destinaron recursos a la asistencia alimentaria, a la inversión en
infraestructura y seguros de salud y para préstamos a estudiantes, entre otros.
