La Educaciòn Superior en la Provincia de Buenos Aires

Aritz Recalde, febrero de 2013

“En particular nuestras universidades, en su seguidismo –poco exitoso- de las tendencias del Norte, son incapaces de comprender cuáles son las necesidades técnico – científicas de esa transformación social, y resultan meros instrumentos de colonización cultural”. Oscar Varsavsky

Retomando el argumento de Oscar Varsavsky del epígrafe, consideramos oportuno que la provincia de Buenos Aires promueva una política en Educación Superior al servicio de las necesidades técnico – científicas de la región y del país. En este sentido, cabe destacar que buena parte de los valores fundamentales y de los objetivos educativos del proyecto nacional, están claramente planteados en la Ley de Educación Nacional 26.206/06 a la cual la provincia adhirió en 2007.

Los establecimientos de Educación Superior en la provincia

“Sin base científico – tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace imposible (…) el campo científico – tecnológico debe aportar conocimientos para desarrollar una capacidad adecuada, que permita disponer de suficiente poder nacional de decisión”. Juan Perón

En la provincia de Buenos Aires están radicadas 18 universidades nacionales (1), 3 universidades provinciales (2) y 584 Unidades de Educación Superior no universitaria (grado, posgrado y postitulo) (3) . Dentro de las instituciones universitarias nacionales, adquiere suma relevancia aquellas organizadas en la Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense (RUNCOB) (4).

Tal cual se observa en las cifras, los Institutos de Educación Superior no universitaria ocupan un lugar central en el sistema bonaerense, incluyendo según datos del año 2010, a 179.452 alumnos (5) y a 4.370 docentes (6) . En general, la Educación Superior no universitaria está relacionada con los Institutos de Formación Docente y con los Institutos de Educación Técnico Profesional (7). Su gestión está regulada por la Dirección Provincial de Educación Superior y Capacitación Educativa, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación.

Atendiendo la diversidad de instituciones del Sistema de Educación Superior, uno de los aspectos fundamentales a profundizar en una política de Estado, tiene que ver con la articulación del sistema. En este sentido, debería contemplarse la articulación:

- entre las universidades públicas y privadas y la Educación Superior no universitaria;

- entre la Educación Superior y los otros niveles educativos.

- Entre la educación superior, el conjunto del Estado y el sistema productivo.

La Ley de Educación Superior del año 1995 (LES) creo los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CEPRES) (8) como ámbitos institucionales para la articulación regional. Un dialogo fluido dentro del conjunto del sistema educativo, debería evitar superposiciones de ofertas promoviendo la apertura de carreras que respondan a los problemas de cada región.

Sobre la base del dialogo y el compromiso conjunto entre la educación superior y el resto del sistema educativo, se pueden empezar a planificar acciones concretas para reducir las altas tasas de deserción estudiantil, garantizando el acceso y la permanencia efectiva de los sectores populares.

Asimismo, queda mucho avanzar en la articulación de la educación superior no universitaria y la universitaria, en temas como el intercambio de investigaciones o la promoción del posgrado y la capacitación continua de los docentes y los egresados de la provincia (9).

Un tema fundamental, se refiere a la necesidad de articulación entre el sistema productivo y la Educación Superior. Su vinculación es estratégica, ya que y tal cual firmó Juan Perón “mientras el país exporta tecnologías en la capacidad intelectual de sus técnicos, importa tecnología en máquinas y procesos industriales. No obtiene el fruto de lo primero, pero paga bien alto lo segundo”.

Finalmente y en otro nivel de análisis, la RUNCOB podría actuar de manera conjunta para revertir la fuerte asimetría en la distribución de recursos en ciencia y tecnología en relación a las grandes universidades.

La investigación

“El rasgo fundamental de una nación es una política propia”. Juan José Hernández Arregui

Desde el año 2003, el proyecto nacional está impulsando la reconversión del perfil productivo del país. Los argentinos tomamos la estratégica decisión de industrializar el país, consolidando con ello la independencia económica que es la base de la soberanía política de la nación. En este marco, el sistema de Educación Superior tiene la impostergable responsabilidad de reorientar sus recursos materiales y humanos, para apuntalar la industrialización.

El sistema científico del país (10) está debatiendo los alcances de la investigación y de los criterios de validación para su ejecución. ¿Quién recibe los resultados de las investigaciones y qué impacto cultural, social o económico encuentran?, ¿qué utilidad tienen?. Buena parte de la tradición en Educación Superior, reitera una tendencia cientificista que deriva en que las investigaciones solamente sean generadas por el interés de los docentes y los miembros de las mismas instituciones. Otra deformación de las investigaciones, se origina en la tendencia reiterar las agendas provenientes de las agencias de los países extranjeros, que en nombre de la “neutralidad de valores”, instauran las políticas científicas para su beneficio. La provincia debería promover sus propios indicadores para planificar y distribuir los recursos del sistema científico y de Educación Superior.

Para cumplir con esos objetivos, se debe tener en cuenta que la provincia gestiona la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). Además, las instituciones universitarias de la región disponen de los recursos nacionales de ciencia y técnica, como es el CONICET y otros entes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

En otros aspecto, se debe destacar que resta mucho por hacer para efectivizar acciones conjuntas en el campo de la investigación y la divulgación académica, entre la Educación Superior y las instituciones públicas como el Instituto Provincial para la Administración Pública (IPAP), el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET) (11) o el Archivo Histórico Ricardo Levene.

Citas

(1) En el país hay 114 instituciones universitarias. En el universo de la gestión estatal se ubican 48 universidades y 7 institutos estatales. En el caso de la gestión privada, hay 57 instituciones distribuidas en 46 universidades y 11 institutos. Luego hay 1 institución extranjera y 1 internacional. Datos del Anuario de la SPU 2010.

(2) Universidad Pedagógica Provincial (UNIPE), Universidad Provincial de Ezeiza (UPE) y Universidad provincial del Sudoeste (UPSO). Artículo 31. B de la ley de Educación de la provincia 13.688/07.

(3) Según datos del Ministerio de Educación de La Nación, hay 2.129 Institutos de Educación Superior No universitaria en el país. 948 son estatales y 1.181 de gestión privada. http://www.mapaeducativo.edu.ar/

(4) Universidad Nacional Arturo Jauretche; Universidad Nacional de Lanús; Universidad Nacional de Avellaneda; Universidad Nacional de Quilmes; Universidad Nacional de La Matanza; Universidad Nacional de Tres de Febrero; Universidad Nacional de General Sarmiento; Universidad Nacional de José C. Paz; Universidad Nacional de General San Martín; Universidad Nacional de Moreno; Universidad Nacional de Lujan.

(5) El total del país es de 691.007 alumnos, ubicados 397.744 en la gestión estatal y 293.263 en el ámbito privado. http://www.mapaeducativo.edu.ar/

(6) El total del país es de 20.049 cargos docentes distribuidos en 11.742 de gestión estatal y 8.307 en el sector privado. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay 3.229 cargos en la gestión estatal y 1.141 en la privada.

(7) Artículo 31 de la ley de Educación de la provincia 13.688/07

(8) En la provincia son el CPRES Bonaerense y el CPRES Región Metropolitana.

(9) La Ley de educación Superior estableció el artículo 39 bis, que favorece el ingreso de egresados de la educación superior no universitaria, al posgrado universitario.

(10) La CIC adhirió al “Documento I de la Comisión Asesora del Personal Científico y Tecnológico del MINCYThacia una redefinición de los criterios de evaluación del personal científico y tecnológico” redactado el 13 de septiembre de 2012.

(11) La ley de Educación de la provincia 13.688/07 en el artículo 123 contempla la participación en el COPRET de las universidades públicas y privadas y la CIC, entre otras instituciones con asiento en la provincia.

Pensamiento Nacional y Cultura

Prólogo

por Iciar Recalde

“La historia grande de Latinoamérica, de la que formamos parte, exige a los argentinos que vuelvan ya los ojos a su patria, que dejen de solicitar servilmente la aprobación del europeo cada vez que se crea una obra de arte o se concibe una teoría.” Juan Domingo Perón

 

Juan José Hernández Arregui estableció que los pensadores nacionales no hacen más que interpretar los estados latentes de las masas y, en este sentido, Pensamiento nacional y cultura aparece en circunstancias profundamente auspiciosas para la vida política del país y de la región. Momento en que las organizaciones libres del pueblo se encuentran en un período de avance, de restauración de derechos y de recomposición del tejido social, respaldado en una fuerte organización del movimiento obrero que retoma la senda abierta por Juan Domingo Perón el glorioso 17 de octubre de 1945. La asunción de Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, y las gestiones de gobierno de la actual presidenta Cristina Fernández, permitieron la reapertura del debate acerca de la nación y de su destino histórico en el contexto de la geopolítica mundial y de la división internacional del trabajo, interrumpido por décadas de políticas tuteladas por el extranjero en consonancia con los vendepatria de tierra adentro. El libro de Recalde no escapa a este propósito cuando da cuenta de manera pormenorizada de que imperialismo y colonialismo son fases del mismo fenómeno y que el imperialismo económico acarrea el cultural a través de todo un enorme aparato de justificación del coloniaje. Sin reparos ni medias tintas, advierte que la lucha política por la liberación nacional es simultáneamente lucha cultural contra la dominación extranjera. Por tanto, la asunción del estatus dependiente del país, a diferencia de lo que la intelligentzia estipula para las ciencias sociales, deberá guiar los análisis de la cultura y no a la inversa. La dependencia, explica pormenorizadamente Recalde, es un fenómeno estructural, visceral de los países periféricos expresado en sus dimensiones económica, política, social, tecnológica, científica, etc., y así como habla a través de las estadísticas de mortalidad infantil del continente, tiene un alma: la cultura de la dependencia, que permite que el proyecto del colonizador entre en el modo de ser social del pueblo dominado hiriéndolo en lo más profundo: su ser nacional. La cultura en un país dependiente es un parto doloroso: extraviada de sus rasgos propios, nace tullida, mutilada, enajenada al servicio del armazón ideológico que justifica la dominación. Esta desfiguración de la mirada autóctona coexiste con todo el conjunto de elementos que integran el sostén de la deshumanización en el Tercer Mundo, porque sólo es posible mantener a un pueblo en situación semicolonial, si su conciencia nacional se imagina previamente partícipe de los valores del amo imperial, de sus objetivos y de su historia. En este sentido, Recalde revela que la cultura en la periferia se internaliza por medio de un complejo proceso de colonización cultural tendiente a legitimar y sostener en el tiempo el dominio económico sobre nuestro país. La ficción jurídica de la independencia política, que Arturo Jauretche describió lúcidamente a través del concepto de estatuto legal del coloniaje, ha jugado un rol sobresaliente en la devastación espiritual de la Argentina a través de la incorporación de modos de ver y experimentar lo social y la nación en su conjunto ligados a cosmovisiones e intereses foráneos. Y en este contexto, las oligarquías, amas y señoras de los aparatos de la cultura en el país en complicidad con los intereses del capital transnacional, llevaron a cabo una labor ininterrumpida de azonzamiento de generaciones intelectuales que aprendieron a pensar en francés, a comerciar en inglés y a renegar profundamente de lo propio. De espaldas al pueblo mestizo y pobre, sentaron las bases del extranjerismo mental, del universalismo de la cultura extranjera y la constante negación de sus orígenes americanos. Doctrinarios, doctores, funcionarios y escribas a sueldo del extranjero, imaginaron la construcción de Europa en su propio suelo y ejecutaron la entrega del patrimonio nacional, el genocidio de sus habitantes y la desarticulación social cobijada en el mito de la blanquitud nacional como justificación científica de la inferioridad del hombre americano. Entregaron la patria sin miramientos, amparados en la moral del librecambio y del progreso. Y así emergió lo de civilizados y bárbaros que coadyuvó a la formación de una pedagogía colonialista con la que se falsificó la historia del país y se asentó una política de la historia que impidió cualquier vislumbre de elaboración de un pensamiento propio. La dupla civilización o barbarie conformó un cuerpo de ideas poderosísimo para legitimar las acciones de exterminio que la oligarquía argentina ejecutó sobre aquellos sectores ligados al federalismo que entorpecían su proyecto de país agroexportador dependiente. Civilizar en Argentina consistió en desnacionalizar: pensar lo propio como hecho anticultural (la barbarie englobaba toda la herencia hispano-indígena, mestiza, religiosa y pobre) y lo extranjero como hecho cultural por excelencia (la civilización era la Europa blanca, laica rica y culta). La servidumbre cultural de nuestros intelectuales sería recompensada con cargos públicos, rentas, el manejo de las instituciones de la cultura, la prensa y todo el aparato de construcción de prestigios al servicio del coloniaje cultural, proceso examinado por Recalde, entre otros aspectos, a través del devenir de la Universidad argentina y del rol antinacional de los medios de comunicación. Y en su reverso, a través del rescate de figuras y de experiencias políticas ligadas al nacionalismo, silenciadas por haberse atrevido, lisa y llanamente, a amar a la patria antes que a las rentas y al crédito personal, defendiendo la soberanía cultural como tarea obligada del intelectual en la periferia y cuestionando la superioridad europea a través del vislumbre de su funcionalidad colonial. La misión de la producción intelectual fiel a su pueblo, advierte Recalde, ha rehuido siempre los oportunismos tras la certeza de que su labor de recuperación de la cultura del continente sepultada por las oligarquías debía desenterrar además, el proyecto de la Patria Grande, de Iberoamérica como única nación frustrada por los intereses imperiales, que fraguaron su desmembramiento en múltiples naciones sin soberanía real. Porque del mismo modo en que el imperialismo estructura las sociedades dependientes naturalizando la opresión a través de la colonización cultural, la cultura ha sido instrumento de la emancipación nacional de los pueblos sometidos. La cultura de la opresión y la cultura de la liberación atraviesan en su enfrentamiento toda la historia de la Argentina y en este punto, el libro de Recalde permite percibir a las claras la disputa entre dos tradiciones culturales diferenciadas que tienen su origen en los debates y en las luchas políticas del siglo XIX y que se reactualizan en el presente. La disputa circunscripta en las figuras de Juan Manuel de Rosas, el Federalismo y las montoneras y Mitre, el Unitarismo y la oligarquía argentina, cuya traducción en términos culturales se describe a través del enfrentamiento entre un proyecto cultural oligárquico/liberal (europeísta, elitista, racista, de civilización y ligado al mito de la blanquitud nacional) y un proyecto cultural nacional, popular y antiimperialista (vinculado a proyectos libertarios, centrado en la mirada realista sobre la situación del país, distributivo y democrático). El siglo XX, encuentra la expresión de esta batalla cultural en el enfrentamiento político que motorizan las figuras de Yrigoyen, Perón y las masas populares, en disputa con la oligarquía y sus voceros intelectuales (vastos sectores de las clases medias, los partidos de izquierda tradicional, entre los principales). Esta batalla continúa vigente en el siglo XXI, momento en que Argentina e Iberoamérica caminan hacia el futuro con el convencimiento de que la política son los pueblos que hacen su historia y que nuestro único norte es el Sur. Recalde sabe que el antiimperialismo, que el nacionalismo de los pueblos oprimidos, no surge de los libros sino del hambre, la ignorancia y el castigo infringido sobre sus hombres. Pero sabe al mismo tiempo, que en tiempos como estos, la fingida neutralidad ideológica es cobardía imperdonable: esa es la razón de estas páginas, herramientas para el combate, que escriben el derrotero de todos esos hombres que sueñan y luchan a lo largo y ancho del continente. Prologar este volumen, además de lo antedicho, significa un honor porque además de los lazos filiales que nos unen, su autor continúa siendo para muchos de los que compartimos su labor militante, una enorme guía intelectual y afectiva para cumplir el destino de la Argentina, de Iberoamérica y del Tercer Mundo en su conjunto: la independencia.

Índice

PRÓLOGO

CAPÍTULO I: PENSAMIENTO NACIONAL: DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Apuntes para una Sociología de la Cultura

¿Qué es el Pensamiento Nacional?

CAPÍTULO II: LOS PENSADORES NACIONALES

Juan José Hernández Arregui y la Sociología argentina

Raúl Scalabrini Ortiz: modelo de intelectual nacionalista

Arturo Jauretche y el periodismo

CAPÍTULO III: PENSAMIENTO NACIONAL Y UNIVERSIDAD

Reflexiones sobre la Reforma Universitaria del año 1918: siete hipótesis para su análisis

Actualidad y futuro del peronismo universitario

El nacionalismo popular y los Intelectuales

El peronismo y la soberanía cultural

Ciencias sociales y nacionalismo

CAPÍTULO IV: PENSAMIENTO NACIONAL Y COMUNICACIÓN

Análisis de la Ley de Servicios de Radiodifusión N° 14.241 del año 1953

El periodismo y los intereses nacionales

¿Periodismo militante o periodismo militar?

CAPÍTULO V: PENSAMIENTO NACIONAL E HISTORIA

Legado de San Martín en el Bicentenario

Obra y legado de Juan Manuel de Rosas en el Bicentenario

¿Chicos de la guerra o Héroes de Malvinas?

El feriado de la soberanía nacional y la política exterior argentina

Sonreí Tercer Mundo: Estados Unidos y Europa te están mirando

BIBLIOGRAFÍA

Descargá el libro completo acá

El Fondo Monetario Internacional, este “monstruo tan peligroso”

Aritz Recalde, febrero 2013

“Cuando en 1946 me hice cargo del gobierno, la primera visita que recibí fue la del Presidente del Fondo Monetario Internacional que venía a invitarnos a que nos adhiriéramos al mismo. Prudentemente le respondí que necesitaba pensarlo y, de inmediato, destaqué dos jóvenes técnicos de confianza del equipo de gobierno, para investigar a este “monstruo tan peligroso”, nacido según tengo memoria en los sospechosos acuerdos de Bretton Woods. El resultado de ese informe fue claro y preciso: en síntesis se trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo. Yo, que tengo la ventaja de no ser economista, puedo explicarlo de manera que se entienda”. Juan Perón (1968: 51)

“El mundo no ha cambiado nunca; lo que ha variado ha sido el tipo del imperialismo dominante. La historia del mundo es el devenir del imperialismo en los tiempos”. Juan Perón (2006: 247)

En el año 2005 Néstor Kirchner anunció la decisión del gobierno nacional de cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La disposición del mandatario argentino, le otorgó suma actualidad a las palabras de Juan Domingo Perón del año 1968, cuando aseveró que “la tecnocracia suele ser funesta cuando se aferra a sus preconceptos aprendidos, olvidando que la economía es una sucesión de casos concretos que han de solucionarse a base de criterio objetivo y no por la aplicación de recetas, a que tan apegados suelen ser algunos técnicos. La economía liberal ha cerrado su ciclo y seguir defendiendo y practicando sus postulados es someterse a unas reglas de juego que ya no existen” (1968: 168).

Las operaciones mediáticas que apoyan las recomendaciones de este “monstruo tan peligroso” como lo llamó Perón, siguen sosteniendo los “preconceptos aprendidos” en las escuelas de economía de las metrópolis. La recetas y las recomendaciones de los técnicos del FMI, presentan a sus intereses imperiales como si fueran medidas de aplicación universal. Los ingleses impusieron sus ambiciones en nombre de la libertad de comercio y la civilización y los norteamericanos hicieron lo mismo, sobre el principio de la globalización y el Consenso de Washington.

Esos “preconceptos” cuando son adoptados por los economistas y los comunicadores de los países dependientes, nos impiden analizar la “sucesión de casos concretos” que condujeron al país a su mayor crisis económica, política y social en el año 2001. La “sucesión de casos concretos” en la historia del país que transcurrió entre 1976 y 2003, muestran un sometimiento político que conllevó a un brutal “saqueo de la Argentina”, tal cual denominó la periodista María Seoane. Las “misiones técnicas” que hoy “juzgan” los indicadores y las estadísticas del país, son las mismas que recomendaron aplicar el modelo de capitalismo global que terminó en crisis asiática de 1997, en el default ruso de 1998, el tequila mexicano de 1995, la crisis norteamericana o que actualmente están destruyendo la economía de Europa.

Frente a los planteos de los tecnócratas del FMI y de los profetas del odio que los difunden, solamente podemos responder que ya hemos aprendido sus lecciones a fuerza de un sinfín de crisis y de una sucesión de tragedias. Sabemos que la veracidad o no de una teoría económica, debe medirse en los alcances de la acción política de los Estados y los pueblos que la impulsan. Desentendiendo las recomendaciones del FMI desde el año 2003, Argentina inició un camino de crecimiento que con aciertos y con errores, afirman nuestra decisión infranqueable de ser un país soberano en lo político y más justo en el plano social.

Como estableció Perón y más allá de las recomendaciones del FMI, “la economía libre y el libre comercio son sólo afirmaciones para el consumo de los tontos y de los ignorantes. La economía nunca ha sido libre: o la controla el Estado en beneficio del pueblo o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de éste” (1968: 168). En Argentina, guste o no les guste a los tecnócratas del “monstruo tan peligroso”, la economía la controla Cristina Fernández de Kirchner para ponerla al servicio del pueblo argentino.

Juan Perón, La Hora de los pueblos, Editorial Norte, Madrid, 1968.

Juan Perón, Los vendepatria, Editorial de INJDP, Secretaria de Cultura de La Nación, Buenos Aires, 006.

María Seoane, El saqueo de la Argentina, Editorial sudamericana, Buenos Aires, 2003.

La gratuidad de los estudios universitarios

Aritz Recalde, noviembre de 2012
 

“El engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcanza cada uno de los miembros que lo componen (…) el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legitima vocación (…) Una forma racional de propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país”. Decreto 29.337/49

 

El 22 de noviembre del año 1949, Juan Domingo Perón sancionó el decreto 29.337 que estableció la gratuidad de los estudios universitarios en la Argentina. La iniciativa formó parte del modelo de desarrollo industrialista, nacionalista y popular. En particular, la gratuidad de la universidad se relacionó a dos aspectos estructurales del proyecto nacional, que eran la independencia económica y la justicia social.

 

La independencia económica y la gratuidad universitaria

“Yo digo que el siglo XXI, tiene que ser el siglo de "mi hijo el Ingeniero", porque necesitamos muchos ingenieros en las distintas ramas, muchos técnicos, mucha gente que trabaje en agregar valor a esta Argentina que estamos reindustrializando (…) ahora que recuperamos Yacimientos Petrolíferos Fiscales, necesitamos también muchos ingenieros en petróleo”. Cristina Fernández

 La fortaleza o la debilidad del poder nacional de un Estado, están directamente relacionados a su nivel de desarrollo económico. Para la revolución justicialista y tal cual quedó expresado en el preámbulo de la Constitución del año 1949, ningún Estado es soberano políticamente, sino alcanza previamente la independencia económica[1]. Con dicho fin, el gobierno promovió la industrialización del país que le permitió aumentar su poder nacional y consolidar la justicia social.

Perón entendió que la dependencia cultural y científica, impedían el desenvolvimiento de la industria y del poder nacional. En este contexto, el gobierno exhortó a las universidades a que cumplan cuatro funciones estratégicas:

1.     capacitar masivamente[2] los recursos humanos que demandaba una economía de pleno empleo.

2.     instruir a los técnicos y a los científicos en las disciplinas industriales propias del nuevo modelo productivo[3].

3.     conformar una matriz científica y tecnológica nacional, favoreciendo la consolidación de un patrón de desarrollo especializado y competitivo con alto valor agregado[4].

4.     promover un modelo sustentable para la explotación de los recursos naturales del país[5], atendiendo que eran estratégicos para apuntalar la matriz energética argentina.

 En este contexto, la sanción de la gratuidad de la universidad formó parte de una política de Estado estratégica, sin la cual era imposible consolidar la independencia científica y tecnológica. A partir de su instauración, el modelo productivo dispuso de una cantidad importante de recursos humanos altamente capacitados para una economía industrial en expansión.

 

La justicia social y la gratuidad universitaria

La revolución justicialista se propuso conformar una “Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”. Los objetivos políticos y económicos del proyecto, estaban directamente ligados a la emancipación popular (justicia social). Con este objetivo, el gobierno promovió:

-          la igualación social de todos los habitantes del país, a partir de la democratización del acceso a la riqueza y el poder social.

-          la elevación social y cultural de los trabajadores, universalizando el acceso a la salud, la recreación, la cultura o la educación en todos sus niveles.

-          la participación política directa de los trabajadores en el Estado cumpliendo funciones de Agregados Obreros en el Servicio Diplomático, de directores de empresas estatales o  de diputados en los organismos parlamentarios.

En este marco, la gratuidad de la universidad favoreció:

-          la formación de los recursos humanos especializados que cumplían las tareas en el nuevo Estado social de derecho.

-          el ascenso social de los trabajadores por intermedio de la educación superior, accediendo a una institución que históricamente les fue negada por las clases dominantes.

-          el diálogo y la vinculación directa en el aula entre las distintas clases sociales, evitando fenómenos como el racismo, la discriminación y el enfrentamiento político.

-          la afirmación de la cultura popular como parte fundamental de la cultura nacional.

-          el reconocimiento de los trabajadores como sujetos de política educativa y pedagógica[6].

 A modo de cierre, nos parece oportuno reiterar las palabras de la presidenta Cristina Fernández que estableció que “Cuando uno ve algunos ejemplos no demasiado lejanos de lo que está pasando en otros lados (…) vemos la crisis en que están esos modelos educativos y entonces decimos que estamos en el camino acertado, que decidir que la educación en la Argentina fuera gratuita en todos sus niveles nos ha hecho distintivos en América latina y precisamente ha generado esta calidad de recursos humanos que todos nos reconocen. Así que tenemos que seguir en ese camino y profundizarlo”.

[1] El Estado planificó el programa industrialista a partir del Primer Plan Quinquenal (1946 – 52); del Segundo Plan Quinquenal (1953- incompleto por golpe militar); del Plan Trienal (1974- incompleto por golpe militar).

[2] Como complemento de la gratuidad, el gobierno estableció por ley el derecho a becas de los estudiantes universitario (Art. 87 de la ley 13.031/47).

[3] Con el objetivo de promover la ciencia aplicada a la producción, el artículo 2, inciso 4, de la Ley 13.031/47 sostuvo que eran funciones de las universidades “Estimar el estudio y desarrollo de la ciencia aplicada y las creaciones técnicas, adaptándolas a las necesidades regionales”. Con esta finalidad, la revolución creó la Universidad Obrera Nacional (UOM) que impulsó diversas ramas de la ingeniería.

[4] El artículo 100, inciso c) de la ley 13.031 de 1947 introdujo un apartado “De la enseñanza para graduados (Cursos y carreras de especialistas)”. El texto estableció que “Las facultades reglamentarán la enseñanza para graduados, organizando cursos de perfeccionamiento, de especialización y carrera de especialistas, con el objeto de propender a la formación de los técnicos que necesita el país en cada una de las ramas de las ciencias y de actualizar los conocimientos de los profesionales”.

[5] El artículo 2 de la ley 13.031/47, sostuvo que “Son funciones de las universidades de las cuales no podrán apartarse: 12) Crear y sostener institutos de investigación, cursos de perfeccionamiento o de especialización, para profundizar el estudio o aprovechamiento de las riquezas naturales de la zona del país donde tuviera su centro de acción cada universidad”.

[6] La UON nació con el objetivo de desplazar el proceso de aprendizaje desde el ámbito fabril, hacia los espacios educativos. Con esa finalidad, la institución favoreció los horarios nocturnos, las prácticas de taller y les otorgó a los trabajadores prioridad en el ingreso.  

¿Oligopolios mediáticos o Soberanía Popular?

 

 

Aritz Recalde
Noviembre de 2012

“Los programas de transmisiones se ajustarán a los siguientes principios generales: a) Constituirán un alto exponente de cultura y responderán a un plan de conjunto racional para la elevación del nivel moral e intelectual el Pueblo; b) Contribuirán a la formación y consolidación de la unidad espiritual de la Nación, de consumo con la obra que el Estado realiza en materia de educación y cultura pública; c) Asegurarán una adecuada participación de los valores y motivos culturales, artísticos y tradicionales del interior del país.” Ley de Servicios de Radiodifusión N° 14.241 de 1953

“Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. No nos engañemos.”  Rafael Correa

 

Tal cual afirma el Presidente ecuatoriano en el epígrafe citado, los medios de comunicación actúan respondiendo a intereses sectoriales. La noción de “libertad de prensa”, no sirve para comprender el funcionamiento de los medios y solamente se utiliza para justificar que su estructura siga siendo oligopólica. La línea editorial de la prensa comercial está estrechamente vinculada a los dueños de los medios o a aquellas personas que pagan la pauta comercial. Es por eso, que gran parte de los periodistas de los medios oligopólicos reproducen una línea editorial contraria a los gobiernos nacionalistas y populares de América latina.

Los medios de comunicación oligopólicos influyen sobre las concepciones y las acciones de los Pueblos, de los dirigentes políticos o de los miembros de la Justicia. Frente a ese poder omnímodo y prepotente, la posibilidad de ejercer la voluntad popular se encuentra claramente cercenada. En la Argentina, sobran manifestaciones de esos comportamientos antidemocráticos del periodismo. A lo largo de la historia, puede observarse cómo el pueblo elige a un gobernante en las elecciones y acto seguido, la derecha derrotada en las urnas, utiliza los medios de comunicación para presionarlo. De esa forma, la oligarquía retiene el manejo del poder político obstruyendo la posibilidad de que exista un ejercicio pleno de la soberanía popular.

No es casualidad, que la línea editorial del periodismo comercial del último siglo dedicó abundantes páginas a sostener que los “enemigos de la libertad de prensa” fueron Yrigoyen, Perón, Alfonsín, Kirchner o Cristina Fernández. Un caso emblemático del enfrentamiento que ejerció la prensa contra los Presidentes argentinos, fue el de Ricardo Alfonsín, quien al referirse al accionar de un oligopolio, sostuvo que: “Si el Pueblo de la Nación fuera lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros.”

Tan importante ha sido y continúa siendo el poder de la derecha y de sus socios mediáticos, que sólo dos gobiernos elegidos democráticamente pudieron sancionar marcos regulatorios de los medios audiovisuales en nuestro país. La primera Ley de Medios de la historia argentina, la impulsó Juan Perón y fue la de Servicios de Radiodifusión N° 14.241 de 1953. La segunda y última norma resultante de la soberanía popular, es la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 de 2009.

 

Los objetivos de los Servicios de Comunicación Audiovisual

En ambos casos, las Leyes plantean que la comunicación audiovisual tiene que superar una visión meramente comercial, priorizando los objetivos de elevación cultural del Pueblo argentino.

La Ley de Servicios de Radiodifusión N° 14.241 de 1953, sostuvo que: “La organización y el régimen de prestación de los servicios de Radiodifusión se basará en el principio de la subordinación del interés particular, al interés social, cultural, económico y político de la Nación.” Con dicho objetivo, entre otras cuestiones, promovió la reproducción de la cultura nacional y organizó el Servicio Oficial de Radiodifusión.

De manera similar al texto aprobado en 1953, la ley N° 26.522 sostiene que: “La actividad realizada por los Servicios de Comunicación Audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones.” Con este objetivo, la norma reconoce que pueden ser licenciatarios de medios de comunicación, el Estado, el Sector Privado con fines de lucro y el Sector Privado sin fines de lucro. La Ley pone énfasis en la necesidad de promover a los actores de la comunicación no comerciales, tanto privados y públicos.

La Comunicación Audiovisual y la Soberanía Nacional

En el esquema del año 1953, para adquirir un medio de comunicación era requisito ser argentino nativo. Las personas jurídicas o las sociedades, tenían que estar constituidas como mínimo, con el 70% de capital de argentinos.

La actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, obliga a los licenciatarios a ser argentinos nativos y define las obligaciones que tienen que cumplir las personas de existencia ideal (sociedades comerciales, etc.). La norma establece pautas obligatorias de producción y de difusión de música, televisión y de cine nacional y fija entre sus objetivos, la promoción y la defensa de la industria audiovisual originada en el país.       

La Comunicación Audiovisual y los Oligopolios

La Ley N° 14.241 estableció que los Titulares de licencias, los Directores, administradores, Gerentes y los agentes responsables de la gestión del servicio, no podían tener interés directo o indirecto en más de 1 de las 3 redes en las que operaba el sistema.  

La Ley sancionada en 2009 establece en su artículo 45 que: “A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias.” Por eso, introduce restricciones en el acceso, atendiendo la cantidad de licencias a nivel nacional y local y reconociendo límites por cobertura.

Los Servicios Oficiales de Comunicación

Ambas legislaciones promueven que todos los miembros de la sociedad accedan a los medios. Con esa finalidad, se crearon los Servicios de Comunicación Oficiales que dotaron a la Soberanía Popular y a sus representantes de canales de expresión y de comunicación permanente.

La ley del año 1953 incluyó un apartado sobre el Servicio Oficial de Radiodifusión que tenía por fines principales: “a) Contribuir a consolidar la unidad espiritual de la nación exaltando las genuinas tradiciones y sentimiento patrios y procurar un mejor conocimiento patrio del país; b) Jerarquizar los programas radiotelefónicos mediante trasmisiones calificadas y servir de vehículo difusor para la acción del Estado.”

La legislación actual incluye apartados sobre los “Servicios de Radiodifusión del Estado Nacional” y otro centrado en los “Medios de Comunicación Audiovisual Universitarios y Educativos.”

 

Como puede observarse, ambas legislaciones buscan que los medios de comunicación sean un medio de elevación de la Cultura Nacional y Popular y no meras empresas comerciales. Con ese objetivo, las Leyes promueven las producciones nacionales y federales y regulan el ingreso del capital extranjero. En ambos casos, buscan democratizar el acceso a la comunicación al Pueblo y con esa finalidad, prohíben la formación de oligopolios. En su lugar, incentivan la creación de los medios públicos y de representantes de la sociedad civil.

 

 

El 8N

Aritz Recalde, noviembre de 2012

 El 8 de noviembre se movilizó la derecha argentina, formando parte de una operación política planificada. Es importante señalar, que el análisis de lo ocurrido tiene que distanciarse del mero estudio de la “legitimidad” de los reclamos de los manifestantes. Atender solamente el tratamiento de la agenda introducida en la movilización, podría suponer: 

a-      aceptar que la manifestación fue “espontánea” y que allí se expresó “libremente” una parte de la sociedad argentina, a la que hay “que entender e interpelar”.
b-      que el gobierno no está interviniendo en la resolución de gran parte de los temas allí mencionados.    
c-      que el interlocutor son los “ciudadanos”, desconociendo que en realidad, son los factores de poder económico concentrado.

PRIMERO: el 8N no es el resultado de una “autoconvocatoria” de una red social. Más allá de su origen, es evidente que dejó de serlo en el mismo momento que los oligopolios mediáticos le proporcionaron un tratamiento permanente con una única finalidad, que fue la de darle masividad y visibilidad. Tal es así, que es oportuno resaltar que la verdadera movilización se generó antes y después del 8N, por intermedio de las operaciones periodísticas. Carece de seriedad alguna, suponer que fueron “las redes sociales facebook o twitter” las organizadoras de la convocatoria. Los verdaderos movilizadores del 8N son el grupo Clarín, el capital económico concentrado y los partidos políticos de la oposición.

SEGUNDO: se pudo observar que los dirigentes políticos de la oposición fueron a la marcha sin identificación y sin banderas. El causante de dicha actitud, no fue el hecho de que iban a una “autoconvocatoria” y que las personas que participan en ella repudian a los “partidos políticos”. Por el contrario, la tarea de ocultamiento de los dirigentes es una estrategia mediática premeditada y tiene como finalidad, instalar el supuesto de que “toda la sociedad” repudia al gobierno. Los periodistas insisten que “todos los argentinos” sin distinción partidaria, están “cansados”, incluyendo a muchos que “la votaron y que están arrepentidos”. La dirigencia de derecha es minoritaria electoralmente y es por eso, que no se muestra como alternativa. El 8N es una operación de desgaste contra el gobierno nacional, que busca marcarle una agenda y debilitarlo, para luego iniciar la campaña electoral del 2013.

TERCERO: es importante tener en cuenta que buena parte de la agenda enarbolada por los manifestantes, es interpelada por las políticas del Estado nacional. La habilidad de los medios, está dada por su capacidad para:

a-      Desviar cuáles son las soluciones de fondo para esos problemas.
b-      Evitar el tratamiento objetivo de las responsabilidades que le corresponden a cada actor dentro del sistema político.
Los participantes del 8N, se expresaron a partir de dos maneras de enunciar su descontento con el gobierno nacional. Un sector de la movilización, explicitó una retórica sumamente intolerante y reaccionaria, enarbolando públicamente su oposición a las políticas sociales y distributivas del gobierno nacional. En plena movilización, golpearon a periodistas, pidieron la caída del gobierno y reiteraron frases cargadas de odio y de resentimiento social contra el pueblo argentino y latinoamericano. Frente a  dichas concepciones, el proyecto nacional encarna posiciones ideológicas y políticas irreconciliables. En este marco, es positivo que la derecha se manifieste en la calle: en otra época, lo hacía con los golpes de Estado.

Por otro lado y cuestión fundamental a tener en cuenta, la movilización difundió una agenda de cuestiones sensibles al sentido común de un sector importante de la sociedad. A diferencia del estilo estridente y reaccionario mencionado anteriormente, muchos de los manifestantes se expresaron “pacíficamente y en orden”, cumpliendo el mandato reiterado por los formadores de opinión. Los medios de comunicación se preocuparon especialmente en mostrar solamente éste tipo de manifestaciones. Sobre esos postulados, se organizó la disputa cultural de sentido contra el gobierno nacional. La operación busca:

a-    Definir una agenda de política pública.
b-  Difundir el supuesto de que el gobierno nacional no está interesado en resolver esa agenda, por un tema de “soberbia” o de “exceso de poder”.

Contra ésta última opinión, es importante destacar que buena parte de  las consignas planteadas por los manifestantes, son cuestiones interpeladas por la agenda del gobierno nacional y no es cierto que no se esté trabajando para resolverlas. El proyecto nacional busca “resolver de fondo” gran parte de las cuestiones sustanciales planteadas en la movilización. Por el contrario y tomando distancia de cualquier búsqueda de solución, los medios de comunicación instalan la agenda con la única finalidad de impedir el triunfo político del proyecto nacional.

Consideramos que la cuestión principal, no se refiere a la veracidad o no, de buena parte del temario que introdujeron los manifestantes. El aspecto sustancial, tiene que ver con poder comprender cómo los instalan y cómo les dan tratamiento particular. A continuación vamos a mencionar algunos ejemplos de lo queremos decir.

¿Los manifestantes piden SEGURIDAD?: el gobierno nacional también y tal es así, que le dio a la problemática un tratamiento central creando el Ministerio de Seguridad o el operativo centinela. Además, el proyecto está impulsando políticas sociales para revertir la conflictividad  en el largo plazo. En éste marco, la operación mediática se centra en dos cuestiones:

-          Sostener que el gobierno nacional no se preocupa del tema por mera “soberbia”;
-          Desviar las responsabilidades institucionales evitando que los reclamos se dirijan a los responsables primarios de la seguridad, como es el caso del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Quieren detener la INFLACIÓN?: el gobierno nacional también. Es por eso, que propone los acuerdos de precios, regula el desplazamiento de los precios internacionales con las retenciones, aporta créditos baratos para el sector productivo o subsidia empresas de servicios y otras actividades estratégicas que permiten bajar los costos de producción. En este cuadro, la operación mediática se centró en:
-          Evitar decir que son las empresas y no el gobierno, ni el INDEC, los que suben los precios.
-          Profundizar las críticas contra los funcionarios que protagonizan la lucha contra la inflación, como es el caso de Guillermo Moreno. En su lugar, le dan cobertura a los políticos neoliberales que fueron protagonistas del desastre, que culminó en la hiperinflación de 1989 y en la crisis del 2001.
-          Instalar el discurso neoliberal contra la inflación, que propone:
a-      “Enfriar la economía”. La propuesta en los hechos, va a generar una profunda recesión como ocurre en España, metiendo en el “congelador” a los problemas sociales de los argentinos. Van a crear desempleo y van a bajar los salarios para “enfriar” el consumo.  
b-      Mejorar la “competitividad”. Ello implica bajar los sueldos de los trabajadores y favorecer las importaciones del extranjero, reiterando las recetas de desindustrialización de la gestión de López Murphy o de Domingo Cavallo.
c-      Enviarle “señales a los mercados”. Esto implica y por ejemplo, desregular las operaciones bancarias y favorecer la especulación financiera como se está haciendo en Grecia. Los resultados están a la vista.
d-     Defender la “seguridad jurídica”. En los hechos, ello va a implicar retomar las privatizaciones de los años noventa.      

¿Piden DEMOCRACIA?: desde el 2003 está claro que el kirchnerismo garantizó en todas las elecciones con transparencia y asumió los resultados electorales con la mayor pluralidad y apertura. La derrota que sufrió el gobierno en el 2009 es un buen ejemplo. No existen en el periodo que transcurre del año 2003 a la fecha, denuncias comprobadas de fraude electoral, ni de falta de democracia. Incluso, es oportuno recordar que el gobierno rescató la democracia de una  crisis profunda que derivó en el que se “vallan todos” y el “voto en blanco”.

Distinta es la metodología política, por ejemplo, de dirigentes como Mauricio Macri que introdujo líneas telefónicas para denunciar niños que fueron declaradas ilegales por la justicia; o que está procesado por escuchas telefónicas violando las libertades individuales. ¿Cuál es el problema entonces?: que la derecha no acepta -como si lo hizo el kirchnerismo en 2009- una derrota electoral.  

¿Quieren LIBERTAD DE EXPRESIÓN?: el gobierno también y por eso aprobó con apoyo de buena parte de la oposición, la ley de medios. La norma  favorece la pluralidad de voces y otorga participación en la emisión y en el control de medios audiovisuales, a todas las personas, las organizaciones y las fuerzas políticas. ¿Qué es lo qué piden entonces los medios?: la libertad de empresa de Clarín y de sus aliados de la oligarquía mediática.

¿Quieren COMPRAR DIVISAS para atesorar?: el gobierno también quiere cuidar el poder adquisitivo de los argentinos y es por eso, que no olvida que en el año 2001 las cacerolas sonaron por el asalto que implicó el “corralito”. En el 2001 en nombre de la “libertad de mercado”, les robaron los ahorros en dólares a los argentinos y en su lugar les dieron bonos (patacones o Lecop). El gobierno nacional está protegiendo el ahorro de los argentinos y es por eso, que evita la fuga de capitales y las operaciones de desestabilización financiero que lo originan. Lo que no va a permitir el gobierno nacional, es que los grandes especuladores bursátiles sigan ganando fortunas sin generar riqueza y a costa de confiscar nuestros ahorros.

 

La Fragata Libertad y la dignidad nacional

Aritz Recalde, noviembre 2012

“Lo que no puedo concebir es el que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempo de la dominación española; una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer”. José de San Martín

La detención de la Fragata Libertad por el accionar de los especuladores bursátiles norteamericanos, muestra la impunidad con la que siguen actuando los factores de poder financiero. Estos mismos intereses, son los que están demoliendo a gran parte de Europa, continuando con las recetas económicas que destruyeron Latinoamérica.

Frente al accionar de los especuladores financieros, se suma la preocupante actitud de algunos dirigentes partidarios y de periodistas, que defienden públicamente a los bonistas en nombre de la necesidad de “honrar las deudas”. Para tal gravosa actitud, arguyen que el problema de fondo no es la detención ilegal e ilegitima de la fragata, sino que el verdadero drama estriba en que la Argentina no reconoce los derechos de los especuladores que no adhirieron al canje de deuda. De esa manera, los periodistas se debaten sobre la “vergüenza” que les da formar parte de la “Argentina deudora”.

Frente a semejante acto de atropello que implicó la detención de la fragata, es bueno preguntarse qué ocurriría si un barco militar de los Estados Unidos -que es el país con mayor deuda externa del planeta-, es detenido por un juez argentino como resultante de una demanda de un extranjero. Para poder adelantar una “potencial contestación” de los norteamericanos, vamos a comentar un altercado ocurrido hace un tiempo en las Islas Malvinas.

Tal cual lo relató José María Rosa, en el mes de diciembre del año 1831 las Islas Malvinas estaban bajo la égida del gobierno argentino, por intermedio de la comandancia de Luis Vernet. Por una disposición legal de nuestro país, estaba regulada la “pesca de anfibios” y se incluyó un impuesto a los buques pesqueros que operaban en la zona. Vernet detuvo algunos buques pesqueros de bandera norteamericana, con la finalidad de dar cumplimiento a la legislación nacional. Para evitar practicar las leyes argentinas, el cónsul norteamericano en Buenos Aires George W. Slacum, mandó a las Malvinas la corbeta de guerra Lexington. El barco ingresó a Puerto Soledad, detuvo a los colonos de la isla y destruyó y saqueó las propiedades de nuestros compatriotas, que fueron arrestados ilegalmente para ser trasladados a Montevideo. Con esa agresión, los norteamericanos obtuvieron la libertad para "pescar tranquilamente" en las Malvinas.

En esa fecha, Balcarce cumplía un interinato en el gobierno y en representación del país, protestó frente a los Estados Unidos “por una conducta tan opuesta al derecho de la naciones como contraria a las relaciones de amistad y buena inteligencia que conservan ambas Repúblicas”. Reincorporado en el poder y cuestionando la gravosa tropelía, Juan Manuel de Rosas declaró persona “no grata” al nuevo ministro norteamericano en Buenos Aires, Francis Baylies, que se retiró del país en septiembre del año 1832, aconsejando que “los Estados Unidos declarasen la guerra al insolente gobierno de Buenos Aires”. Frente a la agresión norteamericana, Rosas mantuvo acéfala la representación de la Argentina en Washington hasta el año 1838, en el que se nombró a Carlos María de Alvear con instrucciones de “entenderse directamente con la Secretaria de Estado” sobre la reclamación por el atropello.

Tal cual se lee, parece que algunos empresarios norteamericanos están acostumbrados a no cumplir las leyes y a realizar abusos contra la soberanía de los países. Por suerte para la dignidad nacional, tanto Juan Manuel de Rosas como el gobierno actual, no están dispuestos a negociar frente a la presión y a la prepotencia de los grupos económicos extranjeros y tal cual estableció Cristina Fernández de Kirchner, “se podrán quedar con la fragata, pero no con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país. No se va a quedar con eso ningún fondo buitre, ni nadie".

José María Rosa, Historia Argentina, Tomo 4, Ed. Oriente. Pp. 187-189