martes, 29 de septiembre de 2015

Relecturas de Malvinas


Aritz Recalde, septiembre 2015

·         A la derrota militar y política, le sigue la cultural
En el año 1982 se produjo una derrota militar argentina en la guerra de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Ese mismo año se había demostrado errónea la estrategia política de la Junta Militar y los británicos consiguieron el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, de la OTAN o de Chile, aislando a nuestro país. Argentina obtuvo el sustento de varios gobiernos de la región, sin poder revertir la estrategia colonialista británica. 
Habiendo alcanzado el éxito militar y político, el gobierno inglés se propuso remachar su dominio sobre las Malvinas a partir de un rotundo y definitivo triunfo cultural. Con esta finalidad, el imperialismo británico desarrolló una estrategia ideológica  orientada, principalmente, a persuadir a los sectores medios argentinos.
Este mecanismo de sugestión neocolonial ya había sido utilizado por Inglaterra en el siglo XIX y como resultado de esta operación, varios políticos e intelectuales argentinos apoyaron públicamente la agresión militar europea en nuestro continente. La embestida de Inglaterra y de Francia de 1845 fue acompañada por Domingo Faustino Sarmiento, que publicó el Facundo con el objetivo de derribar a Juan Manuel de Rosas y de favorecer la ocupación militar extranjera. Algo similar ocurrió en el año 1838 en el contexto de la guerra con Francia, que fue apoyada públicamente por Juan Bautista Alberdi, Florencio Varela o por Esteban Echeverría, entre otros. Esteban Echeverría mencionó en el Dogma Socialista sin parecer sentir contradicción ideológica o al menos vergüenza alguna, que ellos operaron políticamente a Juan Lavalle para que acompañe la armada enemiga francesa.
En la historia de todos los pueblos del mundo existen personajes locales al servicio del extranjero (cipayos). Lo extraño del caso argentino, es que estos personeros alcanzaron lugares predominantes en la política del país y en la organización de su cultura. Echeverría tiene monumentos con su nombre y Sarmiento es considerado el “padre de la escuela pública”. Haciendo analogías, es como si el pueblo de los EUA homenajeara con algarabía al grupo intelectual que ideó o que impulsó al piloto de avión que destruyó las Torres Gemelas en 2001 o los que bombardearon Pearl Harbor de 1941. Sarmiento alcanzó la presidencia del país y nadie le enrostró que apoyó a las fuerzas extranjeras británicas en 1845 o a las brasileñas en 1852. Es como si los franceses a la salida de la Segunda Guerra Mundial, elijan de presidente a un aliado confeso del enemigo alemán o japonés. Difícilmente un país con conciencia nacional cometa semejante agravio a su historia y a sus mártires que lucharon defendiendo el territorio contra el ejército opresor. Parece una realidad habitual que los Estados doblegados política y culturalmente por las potencias coloniales, rindan tributo a los “aliados de sus enemigos”. Esa deformación política y cultural se hizo sistema de pensamiento, programa de cátedra universitaria y línea editorial del periodismo.

A la salida de la guerra de Malvinas del año 1982, los británicos se propusieron aplicar el mismo programa ideológico utilizado desde 1852, cuando cayó Juan Manuel de Rosas. Los argentinos debían ser doblegados culturalmente, impidiendo la conformación de una conciencia nacional. Con esa finalidad los colonialistas ingleses y sus aliados norteamericanos, agitaron una concepción que postula lo siguiente:
a-     La guerra de Malvinas no es una manifestación del colonialismo europeo mundial, sino que simplemente se originó en los excesos de Leopoldo Galtieri y de un nacionalismo autoritario y retrogrado argentino. La política colonial del imperialismo, deja lugar a un relato psicológico y subjetivo que responsabiliza a la Junta Militar argentina.
b-    No existió en el año 1982 en nuestra población un sentimiento nacional y una voluntad de defender el territorio, incluso por medio de las armas. La historia derrotista de la desmalvinización, postula que las movilizaciones de apoyo a la guerra de 1982, son el producto de una mera “operación ideológica” ejercida por la dictadura argentina.
c-     No hubo una batalla entre ejércitos en el contexto de la guerra, sino que se enfrentaron “chicos” (argentinos) y “soldados” (ingleses). Se dan dos operaciones ideológicas conjuntas. Por un lado, la acción militar de nuestro país es borrada y pese a que el saldo de bajas del enemigo es considerable. Se da por hecho que la Argentina no puede ni siquiera pensar un enfrentamiento militar o de resistencia a la prepotencia colonial. Para la ideología de la desmalvinización no es posible que exista un sentimiento nacional de defensa de nuestro suelo. Por otro lado, se busca humanizar al enemigo militar que causó las 649 víctimas y cientos de heridos, que cometió crímenes de guerra (hundimiento del Crucero Belgrano con 323 muertos argentinos) o que obligó a nuestros soldados a morir extrayendo minas. No son poco los argentinos que en lugar de denunciar los crímenes de guerra ingleses, sostienen que sus tropas eran “amigables” y que les daban alimento y “cariño” a los “chicos de la guerra”. El victimario se hace víctima y pareciere que los asesinos ingleses, en realidad, venían a traer la “civilización” y la “libertad” a Malvinas.

·         ¿Qué buscan los argumentos de la desmalvinización?

a-     Buscan impedir que la clase política Argentina haga un análisis geopolítico nacionalista y soberano del tema Malvinas. Se trata de ocultar la voluntad expresa del imperialismo británico y norteamericano de mantener y de profundizar la ocupación de Sudamérica y del Atlántico Sur. En su lugar, la opinión pública local debe fustigar meramente a la Junta Militar y no al criminal extranjero y a su acción expansiva mundial. Resultado de la estrategia neocolonial, no se analizan las agresiones de la OTAN y de las potencias occidentales contra nuestro país y no se estudia el accionar del imperialismo británico y de sus operadores en el continente.  
La política exterior del ex presidente Carlos Menem es un síntoma, trágico, de la derrota cultural y política del país. Durante su mandato, se firmó en España en el año 1990 una Declaración conjunta de las delegaciones de la Argentina y del Reino Unido. Resultado de la Declaración las partes avanzarían en un acuerdo de “Promoción y Protección de Inversiones”: los ingleses no sólo se quedarían con las Malvinas, sino también con las empresas privatizadas argentinas. El texto permitió a los ingleses obtener permisos de pesca y derechos de explotación comercial. Por si ya no fuera poco lo que lograban con ese tratado, los británicos consiguieron que la Argentina esté obligada a informar sobre el movimiento de las Fuerzas Militares de nuestro país. Tal cual se observa en el proceso actual de militarización de las islas, queda claro en los hechos de que no existió “reciprocidad” en este humillante tratado.
Para la dirigencia menemista los ingleses ya no eran colonialistas, sino buenos socios inversores. Ocurrió lo mismo que a la salida de Rosas: los asesinos europeos eran absueltos de su responsabilidad y teníamos que pedir disculpas por haber defendido nuestro suelo. Bajo ésta ideología de la desmalvinización y poco tiempo después, argentinos y británicos se unieron en la Guerra del Golfo: “el colonialismo inglés había terminado y ambas naciones combatirían juntas a la barbarie en el nuevo orden mundial”.   

b-            Se proponen eliminar la voluntad de defensa del territorio y con ello, debilitar nuestra conciencia nacional. Quieren desconocer la hostilidad manifiesta del hombre argentino frente al extranjero agresor.
Ambos reflejos nacionalistas son tan viejos como nuestra Independencia y ello posibilitó que actualmente no seamos una colonia española, inglesa o francesa. Se esconde o se presenta como un “absurdo”, la voluntad expresa del pueblo de defender su suelo y sus recursos. La desmalvinización supone una escritura de la historia que relativiza o esconde las resistencias del pueblo a las invasiones inglesas de 1808, de las Malvinas de 1833 o contra la agresión europea de 1845. Por el contrario, se hace apología de la ideología del “afrancesado” Bernardino Rivadavia y del “pro británico” Bartolomé Mitre.
La ideología de la desmalvinización se asienta en el supuesto de que nuestro país es pacifista y que repudia la violencia. Paradójicamente, varios de los mismos sectores que postulan que la defensa del suelo que movilizó miles de personas a favor de la guerra es un “absurdo” o una “invención demagógica”, apoyaron la muerte de personas detrás de otras causas como el “socialismo” o la “libertad”. No son pocos los que se escandalizan con la decisión de muchos jóvenes de combatir en Malvinas, mientras que consideran “heroico” la muerte de de miles de guerrilleros que lucharon por el “marxismo” o por el “socialismo”. Parece lógico que la juventud deje su vida en la guerrilla en los montes tucumanos, que acompañe las acciones armadas en todo el continente cayendo en selvas desconocidas y no así, que alguien esté dispuesto a enfrentar a los ingleses para defender la soberanía territorial. 
No son pocos los que fustigan la voluntad de ir a la guerra contra Inglaterra en 1982 y se honran haber luchado por “libertad” cuando acompañaron el bombardeo de Buenos Aires de 1955. A los sucesos tenebrosos de los meses de junio y septiembre de 1955, los llamaron “Revolución Libertadora” y a los jóvenes terroristas de los Comandos Civiles, “patriotas idealistas”. Es bueno destacar, que entre el bombardeo  de junio de 1955 y los 27 fusilados del año 1956, murieron más argentinos que en combate en 1982 (no cuento el crimen de guerra del crucero General Belgrano, donde no hubo enfrentamiento ya que se estaba fuera del teatro de operaciones).
Los promotores de la desmalvinización, no aplican la misma severidad historiográfica para evaluar el conjunto de las guerras en las cuales intervino la Argentina. No son pocas las escuelas y universidades donde se enseña que la Batalla de Caseros y la Guerra del Paraguay son actos de “libertad”. Poco y nada se dice que murieron miles y miles de argentinos y sudamericanos. Solamente en la Guerra del Paraguay se calculan 40.000 bajas argentinas y casi un millón de habitantes del país que fue brutalmente agredido. Escasos son los análisis de la Batalla de Caseros donde los ejércitos del Brasil, de Mitre y de Urquiza, derrocaron a Rosas. No existe registro de la cantidad de muertos y ninguno analizó la participación de los jóvenes en los enfrentamientos. No se mencionan a los miles y miles de “chicos de la guerra” que murieron en conflictos internos absurdos y humillantes contra países hermanos.     

·         Algunas preguntas aun abiertas
¿Una mala conducción militar le quita legitimidad a la decisión del pueblo de combatir por su tierra?
Bartolomé Mitre fue un pésimo conductor militar en Paraguay y llevó a una guerra fratricida al pueblo argentino. Es bueno destacar, que también Mitre como Galtieri, entabló una sangrienta acción militar contra el pueblo argentino. Son escasos o nulos, los estudios históricos que lo juzguen críticamente como a Galtieri. Posiblemente y para nuestra dirigencia de ideología racista, Mitre estuvo justificado en que asesinó paraguayos y no se atrevió a enfrentar al europeo que “venía a civilizarnos”.
La conducción militar de la guerrilla argentina llevó, casi sin excepciones, a la derrota y a la muerte a sus cuadros y a militantes.
Hay un caso interesante para analizar y es el del registro cultural e histórico de las guerras del Pacifico y del Chaco protagonizadas por Bolivia. En ambos casos se produjeron derrotas que tuvieron origen, entre otras cuestiones, en la pésima conducción militar y en la decadencia de la dirigencia política del país. Los bolivianos consideran a sus soldados patriotas y a su dirigencia la juzgaron críticamente como incapaz e incluso, como traidora de sus intereses nacionales. La sociedad boliviana, a diferencia de un sector de la argentina, no siente vergüenza de la guerra ni de la voluntad de sus soldados de luchar por su suelo.

¿La diferencia militar de los Estados enfrentados, invalida la decisión de muchos argentinos de ir a Malvinas?
No son pocos los que consideran ilógico la decisión de muchos argentinos de combatir, por el hecho de que los ingleses tenían superioridad militar. Lo mismo ocurría en 1806, en la Independencia iniciada en 1816 o en las defensas contra las agresiones de 1838 o de 1845.
Esta misma realidad, no impidió el surgimiento de organizaciones revolucionarias en el siglo XX en todo el continente.

·         Reflexión final
Leopoldo Galtieri es un dictador genocida y es el responsable de la pésima conducción militar que trajo aparejada la derrota de la guerra. Más allá de esta realidad, sostenemos que la desmalvinización cultural es una operación ideológica del imperialismo británico y de los EUA. La guerra de Malvinas reflejó una voluntad nacional histórica de defensa del territorio y la soberanía, sin la cual hoy seriamos una colonia extranjera.

Tal cual mencionó el Papa Francisco, actualmente el mundo va a la Tercera Guerra Mundial por el control del territorio, los mercados y los recursos naturales. El enfrentamiento se da en los planos económicos, políticos y militares. En el terreno cultural la lucha es implacable. Las potencias con el manejo del cine, las cadenas de información o las universidades, hacen de su manejo terrorista del mundo un acto de civilización. Los países y pueblos agredidos son presentados como la causa originaria de la violencia y no como las víctimas de un sistema injusto y opresivo.  

Actualmente, los británicos y su socio EUA, continúan con las acciones colonialistas en Iberoamérica, en Europa, en Asía y en África. Debe quedar claro que las Malvinas son un “piso colonial” y no un “techo” y si Sudamérica no consolida su conciencia antiimperialista, será agredida por las potencias extranjeras que ambicionan nuestros territorios y recursos, incluyendo los de la Antártida.




domingo, 6 de septiembre de 2015

Juan Perón y los sindicatos de trabajadores

 Aritz Recalde, septiembre de 2015

“La organización masiva de los trabajadores fue obra de Perón. Este progreso, no sólo es un hecho histórico, sino la herencia que Perón ha dejado, con su resultado, la resistencia heroica al sistema de millones de trabajadores”. Juan José Hernández Arregui

·         La etapa fundacional de la Revolución Justicialista y los sindicatos
La Revolución Justicialista se desarrolló a partir de transitar tres etapas fundamentales: la social, la política y la económica. La fase social del proceso político permitió la emancipación del obrero y de sus familias, que alcanzaron derechos al trabajo digno y regulado por el Estado, a la educación, a la salud o al espaciamiento. La etapa política de la revolución transformó la fuerza social en poder institucional, garantizando el triunfo electoral de febrero de 1946 y la asunción del Estado por parte de las organizaciones libres del pueblo. A partir de acá, la Argentina avanzó con la consolidación de la independencia económica traducida en los dos Planes Quinquenales. El proceso de transformación iba camino a consolidar la cuarta y última fase de la revolución, que era la institucionalización y el  trasvasamiento generacional. Este proceso no se produjo por causa del golpe de Estado de 1955 y de la seguidilla de dictaduras cívico - militares.
La etapa social de la revolución se inició desde el año 1943 y en particular, a partir de la asunción de Juan Perón en el Departamento Nacional de Trabajo. El futuro presidente tejió una  red de relaciones con las tres grandes centrales sindicales de la época, que eran la CGT 1, la CGT2 y la Unión Sindical Argentina (USA).
Con la participación activa de Domingo Mercante, entabló relaciones con miembros de la CGT 1 de La Fraternidad y de la Unión Ferroviaria (UF). Entre otras figuras destacadas de la UF, Perón inició contacto con José Domenech y con el abogado del gremio Atilio Bamuglia (socialista). José Domenech que luego se distanció del peronismo, es quien designó en la ciudad de Rosario al futuro presidente como “el primer trabajador”. Bramuglia ocupó lugares fundamentales en la política Argentina, como fueron los cargos de gobernador interventor de la provincia de Buenos Aires en 1945 y el de Ministro de Relaciones Exteriores y Culto del primer gobierno justicialista.
Una de las primeras intervenciones de Perón en un conflicto gremial, fue en el marco de un frigorífico en la  localidad de Avellaneda. El gremio de la Carne estaba inscripto en la CGT 2 y tenía en la dirección a José Peter (comunista). La intervención de Perón resolvió el conflicto a favor de los obreros y garantizó la liberación de la cárcel de Peter. Tiempo después, el oficialismo se impuso en la conducción del sindicato con Cipriano Reyes, quien participó activamente en la fundación del Partido Laborista, que llevó al triunfo a Perón en el mes de febrero del año 1946. Proveniente de la CGT 2, Perón hizo excelente relación con el dirigente socialista del gremio de comercio, Ángel Gabriel Borlenghi, al cual acompañó en la sanción del régimen jubilatorio presentado en un acto con más de 150.000 trabajadores, en el mes de diciembre del año 1944.

La estrategia de construcción sindical de Perón que transcurre del año 1943 a 1945, se organizó en dos frentes:
a-     Acción Social. La etapa incluyó la sanción de leyes de defensa del obrero y de mejora de las condiciones de empleo, salud y trabajo de la población.
Según la investigación de Claudio Díaz, desde 1936 a 1940 los sindicatos firmaron 46 convenios y entre 1944 y 1945 más de de 700. La determinación de la agenda de problemas y las propuestas de soluciones (leyes, convenios, obras de infraestructura, etc.-) la realizaron en conjunto el gobierno y los dirigentes sindicales.
Sin las agrupaciones de trabajadores, Perón hubiere hecho muy poco en plano de la gestión social. La movilización del 17 de octubre del año 1945, fue el producto del reconocimiento popular del trabajo social de los sindicatos y de las capacidades extraordinarias de su nuevo líder.
b-    Acción Política. Perón tuvo una estrategia política de debilitamiento de los sindicatos opositores y de creación de nuevos ámbitos de representación de los trabajadores. Por ejemplo, en el año 1943 surgieron la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y en 1944 la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA), entre otras. 

Luego de que Perón es detenido el 12 de octubre de 1945, se reunió la CGT y determinó con 18 votos a favor y 11 en contra, la realización de una huelga general para el día 18. En poco tiempo el General nacionalista había contribuido a emancipar socialmente a los trabajadores, concientizándolos de la importancia de movilizarse por la defensa sus derechos. El 17 de octubre del año 1945 las bases obreras salieron a la calle superando a sus dirigentes y protagonizaron un día histórico para los trabajadores latinoamericanos. En la jornada los obreros derrotaron con una movilización de masas, al imperialismo norteamericano (Braden), la oligarquía interna (SRA, UIA, etc.-) y a los partidos del régimen de derecha a izquierda.
La labor política en los sindicatos, le permitió a Perón conformar la estructura de cuadros dirigentes que fundó la principal herramienta electoral de 1946 (Partido Laborista) y que gestionó el Estado desde 1943 a 1955.

·         Los sindicatos en la óptica de Juan Perón: cinco aspectos fundamentales
“El peronismo fue el que agitó las masas, el que organizó el proletariado. La Confederación General del Trabajo, que no llegaba a 200.000 afiliados en la época pre – peronista, y estaba dividida en dos centrales irreconciliables, pasó luego a tener 4.000.000 (…) Eva Perón fomentaba el odio a la oligarquía y actuaba como agitadora de la lucha de clases”. John William Cooke

1)     Los sindicatos eran reconocidos legalmente por el Estado, abandonando la etapa represiva de los gobiernos anteriores.
Una vez que Perón alcanzó protagonismo en la revolución iniciada en el año 1943, derogó buena parte de la legislación represiva contra los gremios[1]. A partir de su gestión, se aprobaron normas que canalizaron históricas reivindicaciones obreras como son el Estatuto del Peón Rural, los Tribunales del Trabajo, los beneficios jubilatorios, el Instituto Nacional de las Remuneración (fijaba el salario mínimo, entre otras funciones), la prevención de accidentes, el cumplimiento de la jornada de 8 horas o los aguinaldos.
Dando reconocimiento institucional a las organizaciones de trabajadores, en el año 1947 se sancionó la ley de Asociaciones Profesionales 12.921 y en 1953 la de Convenios Colectivos de Trabajo. Ambos instrumentos legales, sentaron las bases del funcionamiento de sindicalismo argentino actual.
La Constitución Nacional aprobada en el año 1949, incluyó un apartado sobre los Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura. Nunca los derechos de los obreros habían alcanzado semejante importancia y menos aún, el rango constitucional que adquirieron.  

2)     Los sindicatos son el centro del armado político electoral y de la administración del Estado
“Los objetivos de las organizaciones de trabajadores consisten en la participación plena, la colaboración institucionalizada en la elaboración del Proyecto Nacional y su instrumentación en la tarea del desarrollo del país. Los trabajadores tienen que organizarse para que su participación trascienda largamente la discusión de salarios y condiciones de trabajo. El país necesita que los trabajadores, como grupo social, definan cuál es la comunidad a la que aspiran, de la misma manera que los demás grupos políticos y sociales. Se requiere la presencia activa de los trabajadores en todos los niveles”. Juan Perón.

El Partido Laborista fue el centro de la estrategia electoral del peronismo y se organizó a partir de la acción y movilización de los dirigentes sindicales. El primer presidente del partido fue el telefónico y ex USA Luis Gay, que era segundado en Buenos Aires por Cipriano Reyes (carnes).  
Una vez al mando del gobierno, Perón les otorgó a los sindicalistas un tercio de los cargos legislativos de la nueva fuerza, modificando la composición de clase de la dirigencia política. Los trabajadores llegaban al poder desplazando a las elites políticas tradicionales.
Perón se propuso exportar la revolución y le otorgó a los sindicatos la tarea de difundir la ideología justicialista en los pueblos de América. Los dirigentes de la CGT ocuparon lugares en las agregadurías obreras de las Embajadas Argentinas en el mundo. Además de las agregadurías obreras, los sindicatos intervinieron en la fundación de la Asociación de Trabajadores Latinoamericanistas Sindicalistas (ATLAS). Los obreros iban a impulsar la ideología de la Tercera Posición, que ubicó al país fuera de la egida directa de los EUA y de la Unión Soviética. Una de las causas de la salida de Luis Gay (telefónico) de la Secretaría General de la CGT, fue su relación con la central norteamericana AFL – CIO.
En paralelo al trabajo con los pueblos, Perón impulsó la unidad de los gobiernos iberoamericanos por intermedio de firmas de convenios y acuerdos comerciales.
Varios dirigentes gremiales alcanzaron lugares estratégicos en el gobierno, como fueron los casos del trabajador de comercio Ángel Borlenghi (Ministro de Interior), del abogado de la Unión Ferroviaria Atilio Bramuglia (Canciller) o del dirigente del vidrio José María Freire (Secretario de Trabajo y Previsión).
La participación en el gobierno de los obreros, no les impidió mantener una agenda de reclamos y huelgas, como fueron los casos de los trabajadores bancarios, portuarios o ferroviarios.  

3)     Los sindicatos tienen que ser masivos y debe unificarse en una sola CGT.
“Si los trabajadores se dividen pierden todo su poder. Yo he visitado numerosos países del mundo donde hay dos o tres centrales obreras: es como si no hubiera ninguna”. Juan Perón

Perón encontró tres centrales gremiales en el año 1943 e impulsó la organización de una sola herramienta sindical unificada. Durante los primeros gobiernos justicialistas existió una CGT única, que fue conducida por las secretarías de Luis Gay, Aurelio Hernández, José Espejo, Eduardo Vuletich y en 1955 por Hugo Di Pietro.  
Varios años después y previo a asumir su tercer mandato, Perón abogó por la unidad de las CGT y ello permitió la unificación bajo la secretaría de José Ignacio Rucci.
Perón impulsó el esquema de funcionamiento gremial con representación única por rama o actividad. El presidente justificó la propuesta en que la proliferación y fragmentación de los sindicatos, debilitaba el poder de negociación política de los obreros.

4)     Los sindicatos son instituciones de fomento y no meramente de lucha
Previo a la asunción del peronismo, los diversos gobiernos conservadores y radicales, habían reprimido la actividad de los trabajadores organizados. El sindicalismo socialista o anarquista de inicios del siglo XX, protagonizó diversos enfrentamientos a un régimen político que utilizó la violencia reprimiendo la acción gremial, declarando el estado de sitio para impedir los reclamos o incluso, conduciendo acciones sangrientas como las represiones en los talleres Vasena y en la Patagonia.
Con la Revolución Justicialista se terminó la época de represión y los obreros no necesitaron encarar una resistencia y una lucha permanente contra el gobierno. En este contexto, se generaron las condiciones para que los sindicatos desarrollen actividades de fomento social y cultural. Con apoyo del gobierno, los sindicatos obreros construyeron hoteles, campings, predios deportivos, hospitales, planes de vivienda o diagramaron programas de salud y acciones de capacitación.       

5)     El sindicalismo tiene que conformar y consolidar una conciencia nacional y política revolucionaria.   
“Si un mérito nadie le niega a Perón es el haber desarrollado en los trabajadores sentido de clase y la conciencia de su fuerza (…) el merito del nuevo movimiento es hacer del imperialismo el problema central”. John William Cooke
La Revolución Justicialista impulsó la formación política e ideológica de los trabajadores. Con esta finalidad, la revolución inauguró la Escuela Superior Peronista donde dictaron cursos Juan Perón y Eva Duarte. Las clases del Presidente derivaron el su obra “Conducción Política” y seis de las disertaciones de Eva se reunieron en “Historia del Peronismo”.  
La revolución elevó la conciencia política y social de los trabajadores, por intermedio de tres grandes mecanismos. El primero y principal, con la justicia social y con el derecho concreto al ejercicio del gobierno político por los obreros. Los logros sociales generaron una conciencia de los derechos de los trabajadores argentinos, frente al capital y al Estado. El segundo aspecto, fue la democratización del acceso educativo y cultural en todos sus niveles, permitiendo que los trabajadores ingresen masivamente a la educación secundaria, técnica o universitaria (gratuita desde 1949). Finalmente, organismos como la Escuela Superior o el dialogo permanente entre el líder, Eva y los cuadros de conducción y las organizaciones de base, conformaron una ideología que solidificó una identidad que permitió la defensa de los derechos de los trabajadores y del patrimonio de la Nación Argentina.
La ideología de los trabajadores y la tarea de sus estructuras organizativas, permitieron la resistencia a las dictaduras iniciadas en 1955 y el regreso de la democracia y de Perón en el año 1973. Además y cuestión fundamental, la conciencia nacional y antiimperialista de los trabajadores, quedó expresada en su agenda programática de las décadas del cincuenta al setenta. El Programa de La Falda (1957), de Huerta Grande (1962) y del primero de mayo de la CGT de los Argentinos (1968), son expresiones concretas de la conciencia revolucionaria de los trabajadores.
Es importante destacar, que las reivindicaciones de los tres programas sindicales no eran un tema meramente intelectual y declarativo, sino que formaban parte de las acciones concretas de la revolución justicialista en su etapa fundacional.  El Programa de La Falda y el de Huerta grande postulaban el manejo estatal del comercio exterior, que ya se había alcanzado con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI). Huerta Grande propuso la nacionalización de los bancos, cuestión que ya había sido realizada con la administración estatal de los depósitos y con la reforma del Banco Central del año 1946. El Programa de la CGTA, en línea con la Falda y Huerta Grande, convocaba a la nacionalización de empresas públicas en sintonía con el gobierno de 1946 a 1955 que había estatizado ferrocarriles, comunicaciones o energía[2].



[1] El gobierno iniciado en junio de 1943 clausuró la CGT 2 y detuvo a varios dirigentes comunistas, entre ellos a José Peter. Los militares intervinieron la Fraternidad y la Unión Ferroviaria de la CGT 1. Ese mismo año sancionaron un Estatuto de Organizaciones Gremiales que controlaba el accionar de los gremios.
[2] Las ideas estatistas que otorgaban una importancia central a las nacionalizaciones, ya estaban expresadas en los funcionarios del gobierno de 1946 en las iniciativas José Figuerola (Secretaría Técnica de la Presidencia, entre otras), Juan Eugenio Maggi (Agua y Energía Eléctrica, entre otras) o Juan Ignacio San Martín (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, entre otras).

jueves, 30 de julio de 2015

Las justicias, los abogados y el poder


Aritz Recalde, julio 2015

Las clases y los grupos de poder definen las pautas de lo que consideramos justo e injusto. La justicia se construye en torno de los valores de los sectores dominantes y de sus concepciones del orden social y político. La justicia es una definición relativa y varía en torno de la lucha por el poder y de la disputa por el sentido que le damos al ordenamiento económico, cultural y político. Los parámetros para diferenciar lo justo de lo injusto, se precisan históricamente y se modifican en cada contexto.
Las nociones de justicia se construyen y se transmiten entre las distintas generaciones por intermedio de tradiciones, valores religiosos y otros patrones culturales. Los grupos, clases y personas aplican las nociones de justicia en sus relaciones sociales básicas, como son la familia y el conjunto de instituciones educativas, sociales y culturales.
Una de las formas de organizar y de cristalizar las nociones de la justicia, la realiza el Estado con el derecho y con sus organismos de aplicación. Con acierto Juan Bautista Alberdi en su Fragmento Preliminar de 1837 sostuvo, que el “derecho no es una colección de leyes escritas (…) era nada menos que la ley moral del desarrollo armónico de los seres sociales (…) el derecho sigue perfectamente armónico con el sistema  general de los otros elementos de la vida social; es decir que el elemento jurídico de un pueblo se desenvuelve en un paralelismo fatal con el elemento económico, religioso, artístico, filosófico de este pueblo”. Las leyes son una cristalización del poder y de la moral y los valores de los grupos humanos en una época y lugar.

Para garantizar el efectivo cumplimiento de las leyes, la sociedad actual otorga suma importancia a los abogados y al Sistema Judicial. Al momento de ejercer su práctica laboral, es frecuente que el abogado suponga que desempeña una acción imparcial de aplicación de normas. El aparto judicial emplea las leyes escritas presumiendo que ejerce un mecanismo objetivo y justo, de resolución de conflictos y de regulación social. En realidad y tal cual postuló Alberdi “saber, pues, de leyes, no es saber de derecho; porque las leyes no son más que la imagen imperfecta y frecuentemente desleal del derecho que vive en la armonía viva del organismo social”. Para Alberdi, el derecho era una realidad viva y para alcanzar su conocimiento cabal y profundo, había que analizar histórica y filosóficamente la realidad nacional. 
Los abogados y de manera muy distinta al postulado de Alberdi, conocen algo de leyes y poco saben de la realidad cultural, histórica o política del organismo social que intentan regular. A partir de acá consideramos oportuno resaltar dos aspectos:

Primero: difícilmente exista justicia si la aplican los abogados, que solamente conocen algo  de leyes. El abogado en su ignorancia funcional, difícilmente captará el “elemento económico, religioso, artístico, filosófico del pueblo”.
La justicia es un tema demasiado importante como para dejarla en manos de los abogados. La aplicación de la justicia requiere una perspectiva interdisciplinaria y tiene que disponer de la intervención de las organizaciones libres del pueblo poseedoras y forjadoras de cultura y valores[1].  

Segundo: el supuesto de universalidad y neutralidad de la ley escrita y de sus órganos de aplicación, impide la existencia de una verdadera justicia. En su lugar se favorece la perpetuación de un sistema opresivo y potencialmente antisocial. Las clases dominantes hicieron de la ley escrita y del comportamiento de sus administradores, una garantía de sus privilegios. Con esa finalidad:
a-     Bloquearon la participación del pueblo en la actividad política, conformando un poder legislativo oligárquico que sancionó un sistema normativo de injusticias, asentado en la opresión legal e institucional de las mayorías.
b-    Legislaron con un lenguaje complejo, autorreferencial y con una argumentación de difícil interpretación para la mayoría. El razonamiento jurídico es endógeno y se justifica reiterando leyes, jurisprudencia o doctrina del propio sistema. La ley escrita suele carecer de sentido común, de sensibilidad cultural y de entendimiento profundo de las relaciones sociales y de poder.
Si la ley escrita no es producto del orden cultural, moral e histórico de un pueblo, se torna exótica para la comunidad que intenta regular. Corrientemente, las normas que reglamentan la vida social son incomprensibles para las personas y ello hace de la justicia una entidad abstracta e ilegible para el pueblo. Buena parte de nuestro sistema de leyes nació como una copia de la norma escrita extranjera y adolece de formas propias y originales.

c-     Se conformó un Sistema Judicial clasista, oligárquico y corporativo. El Poder Judicial ha sido un  reducto controlado por las clases dominantes y no es casualidad que sus cargos sean vitalicios y los circuitos de designación de los funcionarios sean incomprensibles o desconocidos por la mayoría.
El aparato judicial se considera superior a la división de poderes y ello le permite desconocer el mandato popular y bloquear la tarea de la democracia de masas. Esta potestad es utilizada para obtener  privilegios propios de su corporación: la Corte argentina evitó la necesaria jubilación de los jueces, esquivó pagar impuestos y derogó leyes sobre mecanismos de designación y de remoción de sus miembros. Además y en nombre de la Constitución Nacional, bloquean la potestad legislativa cuando asume un  gobierno popular y se presentan como un “límite” al Poder Ejecutivo. El Poder menos democrático de los tres, se conforma como el árbitro político del país subordinando a los parlamentos y los poderes ejecutivos.
El pueblo que no accede al Poder Judicial por su composición clasista y corporativa, enajena su voluntad democrática y su actividad partidaria se encuentra limitada a los márgenes que la corporación de jueces y de abogados considera posible o necesaria. No es una casualidad por ello, que hoy las clases dominantes pierden elecciones e igualmente conservan sus privilegios por su poder económico y por su dominio judicial y mediático.


·         No existirá justicia con una ley escrita por la oligarquía, ya que el derecho está torcido. La aplicación de muchas leyes no garantiza justicia sino que y por el contrario, suele reforzar las estructuras desiguales de una sociedad.
·         Resultante de las asimetrías del orden internacional y de la organización constitucional y normativa interna, el país se encuentra sujeto a una indefensión judicial.
·         No existirá un orden justo si la aplicación de justicia es controlada meramente por abogados y menos aún, por abogados liberales de la elite.

Habitualmente se afirma que la justicia es ciega. El problema es que no es sorda y que a la hora de tomar decisiones escucha más a algunos factores de poder que a otros.





[1] Es en este sentido en que la revolución boliviana que conduce Evo Morales dio sanción constitucional a la “justicia indígena originaria campesina”. 

martes, 21 de julio de 2015

Modelo Argentino para el Proyecto Nacional



Aritz Recalde –julio 2015

Uno de los rasgos fundamentales del neoliberalismo, fue que postuló la desaparición del nacionalismo en Iberoamérica para afirmar, en su lugar, el derecho de las potencias occidentales a imponernos su sistema social. En este contexto, perdía vigencia toda posibilidad de que nuestro país proponga un modelo nacional de desarrollo. Los gobiernos tenían que destruir su Estado y transferir su soberanía económica, política y cultural al FMI, al Banco Mundial, a los EUA o a Europa y sus multinacionales.  Los intereses particulares de las potencias fueron postulados como universales. Con el neoliberalismo, cambiaba el sentido histórico de las palabras soberanía, independencia, Nación o justicia social. Malvender las empresas públicas y estratégicas con las privatizaciones, era una manera de “ingresar al primer mundo.” Cerrar miles de PYMES como resultado de la apertura económica y la desregulación, era una forma de “modernizarse.” La extranjerización de los planes de estudio de las escuelas o de los contenidos de la TV y el abandono del programa científico argentino, eran una supuesta tendencia natural de la “aldea global.” Bajar salarios y eliminar los derechos laborales, se presentaba como un recurso para “atraer inversores.”  El resultado final de este sistema y de sus justificaciones fue la catástrofe económica y social argentina del año 2001, en paralelo al enriquecimiento de los titulares de las empresas y gobiernos extranjeros.

El documento Modelo Argentino para el Proyecto Nacional de Juan Perón, representa una impugnación de los puntos de vista políticos, ideológicos, económicos y sociales del neoliberalismo. Las bases de la iniciativa se presentaron el 1 de mayo del año 1974, en el contexto de la apertura de las Sesiones del Congreso Nacional. Allí, el mandatario mencionó que la Argentina necesitaba conformar, dilucidar e institucionalizar un “Proyecto Nacional.” Para alcanzar la meta, Perón propuso a los legisladores los principios vectores de un “Modelo Argentino”, que no llegó a presentarse en su versión definitiva hasta el año 1976, como resultado de la muerte temprana del Presidente el 1 de julio de 1974.  Perón mencionó en su discurso que el mundo estaba atravesando una “época de cambio revolucionario y de reacomodamientos” y la Argentina luego de turbulentos ciclos de dictaduras y enfrentamientos, había iniciado la “Reconstrucción Nacional.” En tal sentido, realizó una convocatoria amplia a la unidad de clases empresarias y trabajadoras (Pacto Social) y a la acción mancomunada de los Partidos políticos de la Argentina. Perón aseveró que si fracasaba la convocatoria a la unidad nacional, el año 2000 nos podría encontrar “sometidos a cualquier imperialismo.” Había que optar entre el “neocolonialismo o la liberación.”  Ésta última definición era una categoría política, económica, sociocultural, científico tecnológica, ecológica e institucional. En el plano político, el país tenía que alcanzar mayores grados de “decisión nacional.” Con esta finalidad, el pueblo debía organizarse en una Comunidad Nacional fortificada por vínculos de solidaridad y conciencia social. El individuo participaría en las organizaciones libres del pueblo (de trabajadores, intelectuales, empresarios, religiosos, etc.) y éstas se sumarían a la vida política nacional a través de los Partidos y de otros ámbitos como el Consejo para el Proyecto Nacional. Perón manifestó que el Partido Político “para que ejerza una acción eficiente, requiere no solamente del valor numérico de sus integrantes, sino también de una base ideológica explícitamente establecida. Tal aspecto podrá evidenciarse a través de una clara plataforma política, que no será otra lo que el Partido conciba como Proyecto Nacional.” En la Comunidad Nacional los trabajadores cumplían una tarea fundamental y los objetivos de sus organizaciones según el Modelo “consisten en la participación plena, la colaboración institucionalizada en la elaboración del Proyecto Nacional y su instrumentación en la tarea del desarrollo del país.” En el plano económico,  Perón postuló que había que industrializar el país y  aseveró que “hay que tener siempre presente que aquella Nación que pierde el control de su economía, pierde su soberanía.” Para el Presidente la planificación era imprescindible y con esa finalidad el gobierno organizaría un sistema económico mixto, en el cual el Estado cumpliría una función empresarial estratégica. Las políticas públicas no eran meramente un “vehículo para alimentar una desocupación disfrazada.” El gobierno apostaba al ahorro y al trabajo nacional, con el objetivo de ampliar los márgenes de poder de decisión sobre la “explotación, uso y comercialización de sus recursos.” Perón sostuvo taxativamente que el capital extranjero tenía que “tomarse como un complemento y no como un factor determinante e irremplazable.” En el aspecto sociocultural, el Modelo impulsó la justicia social distributiva. El país alcanzaría el pleno empleo, incluyendo la participación obrera en la distribución del producto del trabajo. Perón mencionó que no era correcto hablar de los “impactantes índices de crecimiento global, si no van acompañados de una más equitativa distribución personal y funcional de los ingresos, que termine definitivamente con su concentración en reducidos núcleos o elites.” El Estado iba a ser el garante de la justicia social, sancionando y haciendo cumplir las leyes protectoras del empleo, la familia, la juventud o la ancianidad, integrando el territorio de manera federal. En el ámbito científico y tecnológico, manifestó que el país estaba exportando capacidad intelectual en paralelo a que importaba onerosamente tecnología en maquinarias y procesos industriales. El sistema científico estaba concentrado en algunos centros urbanos, era dependiente del extranjero, funcionaba en compartimientos estancos y carecía de una planificación nacional coherente y unitaria. La superación de dichas limitaciones, era para Perón un tema estratégico atendiendo que “sin base científico tecnológica  propia y suficiente, la liberación se hace también imposible.” En el plano ecológico, denunció que las “llamadas sociedades de consumo son, en realidad, sistemas sociales de despilfarro masivo.” En este sistema económico irracional, el Tercer Mundo aportaba los recursos naturales a los países tecnológicamente avanzados. Producto del accionar del despilfarro la humanidad “mata el oxígeno que respira, el agua que bebe y el suelo que le da de comer.” Perón destacó que la solución no era meramente argentina, sino que era una cuestión que tenía que movilizar al conjunto de países del mundo. Finalmente, postuló que la Argentina necesitaba un gobierno y un Estado fuertes y eficientes a la vez. Ello implicaría superar la ideología liberal del “Estado mínimo”, en paralelo a que se construiría una “administración pública vigorosa y creativa.” Según adelantó, el Estado no era meramente un factor de empleo y es por eso que “construir las instituciones primero y conferirle funciones después ha dado lugar al nacimiento de burocracias que, sin objetivos claros, concluyen siendo un fin en sí mismas y sirviendo sólo a la autoconservación.


El punto de vista de Perón tiene una actualidad plena, tal cual lo demuestran los programas políticos de afirmación nacionalista de la última década en Bolivia, Argentina o Venezuela. La posibilidad de profundizar los principios del Modelo Argentino estará dada por la voluntad y capacidad política de las organizaciones libres del pueblo.   

lunes, 13 de julio de 2015

La Universidad y el país


Aritz Recalde, julio de 2015

En la década de los noventa muchos de nosotros reclamábamos el mejoramiento de las condiciones de desenvolvimiento de la universidad argentina. El presidente De La Rua había recortado el 13 % de los salarios del sector público, buena parte de las instituciones tenían congeladas las plantas de trabajadores y la inversión en infraestructura era escasa o nula. El contexto económico y social general era y sin ánimo de exagerar, dramático. En el plano universitario el desempleo fue sumamente alto y muchos egresados viajaban al exterior buscando un mejor destino. Dentro de las universidades una de las consignas que levantábamos era la “triplicación de presupuesto”.
En la última década y a contramano de la etapa anterior, el sistema universitario fue parte de un cambio estructural y profundo. Superando ampliamente nuestro reclamo de triplicación del presupuesto, la inversión del Estado aumentó de $ 1.900 millones en el año 2003 a más de $ 39.000 millones en 2015. Los universitarios no se fueron más al extranjero, sino que regresaron más de 1100 con el apoyo del programa RAICES. El desempleo bajó considerablemente pasando del 24 % al 7% y hay carreras universitarias con una tasa de inserción profesional casi plena. Lejos de los recortes del ministro de economía Ricardo López Murphy, en el año 2005 los trabajadores técnicos y administrativos firmaron un Convenio Colectivo y en 2015 los docentes el suyo. Desde 2009 los profesores universitarios tienen derecho a la movilidad jubilatoria del 82%. En temas de infraestructura, las universidades nacionales fueron reconstruidas y la envergadura de la inversión en aulas, bibliotecas, oficinas, laboratorios o espacios deportivos tiene escasos antecedentes en la historia del país. 

El pueblo argentino está aportando a las universidades más recursos de lo que creímos posible por mucho tiempo. En dicho contexto, considero importante destacar que los académicos tenemos que concientizarnos en la responsabilidad histórica que ello implica. En nuestra opinión, debemos preguntarnos qué le estamos devolviendo al conjunto de la Argentina que nos financia con su trabajo cotidiano. Algunos de los interrogantes que podemos hacernos es:
-          ¿la universidad está contribuyendo a la consolidación de la democracia, la justicia social y a la superación del neoliberalismo?
-          ¿las carreras que estamos impulsando acompañan el desarrollo regional y nacional?,
-          ¿las investigaciones y acciones de transferencia contribuyen a la consolidación de una soberanía económica y tecnológica?,
-          ¿la universidad es inclusiva socialmente?, ¿cuál es el aporte que hace a la emancipación de los grupos vulnerables?,
-          ¿las universidades reproducen un saber universal?, ¿son usinas de pensamiento nacional y latinoamericano?.

A continuación respondemos brevemente a algunos de estos interrogantes.

¿La universidad está contribuyendo a la consolidación de la democracia, la justicia social y a la superación del neoliberalismo?
La historia de la universidad iberoamericana es la de nuestra oligarquía dependiente. No es casualidad por ello, que muchos de los intelectuales y hombres de cultura salidos de la institución, apoyaron dictaduras contrarias a los intereses nacionales y que violaron derechos humanos y constitucionales. De manera inversa, tampoco es un hecho aislado que fueron varios los académicos que enfrentaron a programas populares y democráticos. Miembros de la Federación Universitaria  Argentina (FUA) y de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) resistieron públicamente a Hipólito Yrigoyen y a Juan Perón y se manifestaron a favor sus derrocamientos en 1930 y en 1955. Actitud similar tomarían algunos docentes que se integraron activamente a la Unión Democrática en las elecciones de 1946 y que participaron de la intervención de la universidad con las dictaduras iniciadas en 1955.
Estas vinculaciones entre académicos y poderes concentrados locales y trasnacionales, no es un tema meramente argentino y suele repetirse en Iberoamérica frente a la eclosión de programas de gobierno de transformación política y social.
La concepción elitista y antidemocracia de sectores de la universidad argentina, se hace evidente en el relato de la historia de la institución. La “historia oficial universitaria” postula que gobiernos democráticos y constitucionales como el peronismo son autoritarios y que las dictaduras de Eduardo Lonardi o de Eugenio Aramburu que lo derrocaron, son legítimas. Docentes y alumnos de la institución y no pocos historiadores, siguen reiterando sin muchos reparos o contradicciones, el supuesto de que la sangrienta dictadura de Aramburu inició una “Edad de Oro” de la universidad.  La institución en esta etapa silenció el bombardeo de junio 1955 y justificó la derogación de la Constitución Nacional de 1949. Está documentado que miembros de la universidad integraron organizaciones paramilitares terroristas (Comandos Civiles). 
Ya derrocados Hipólito Yrigoyen y Juan Perón, miembros de la universidad argentina organizaron un relato autoritario, centrado en la defensa de una autonomía que desconoce el voto popular y que reivindica la violencia contra la democracia y los sindicatos. En este planteo se desconoce la legitimidad de la democracia de masas y de la voluntad popular, para afirmar en su lugar el derecho supuestamente universal y a-histórico del cogobierno tripartito. Cualquier reforma política e institucional impulsada desde la democracia de masas, es recibida como una violación del derecho de la propia corporación. Como resultado de esta ideología, la institución que originariamente fue elitista y conservadora, no se adecuó a la era de los gobiernos nacionales y populares del siglo XX.
A sabiendas de esta realidad, en más de una ocasión los poderes concentrados entregaron la universidad a los académicos, quienes tenían que impedir la asunción de los proyectos nacionalistas y distributivos.
El año 1955 no fue el único caso en la historia del siglo XX, donde se fusionan los intereses de las oligarquías y los académicos y para desarrollar el neoliberalismo Carlos Menem no cerró universidades, sino que abrió once. Un sector de la clase media y de los universitarios que apoyó o gerenció el neoliberalismo, recibió como beneficio la administración de las academias y accedió a los dólares de la convertibilidad para viajar al extranjero.
Inicialmente, la variable de ajuste del neoliberalismo fueron los trabajadores estatales de las empresas privatizadas y aquellos del sector privado que fueron sepultados por la presión del capital trasnacional y por la apertura económica. Recién hacia mediados y fines de los años noventa, todos los universitarios vieron perjudicados directamente sus ingresos con el recorte salarial del presidente De La Rua.
Las políticas de cambio iniciadas en el año 2003, no surgieron de la universidad y tampoco encontraron una resonancia directa en la institución. El nuevo modelo de desarrollo fue el resultado del accionar de la clase política partidaria, de las organizaciones sociales y sindicales o de sectores de las entidades empresarias. La universidad tuvo escaso impacto político y cultural en los debates nacionales que están permitiendo superar el neoliberalismo.

A contramano del planteo reformista conservador o del liberalismo, el nacionalismo popular postuló que la universidad es democrática si acompaña la emancipación del conjunto de la comunidad nacional y no meramente si garantiza el cogobierno de los propios académicos. En el año 1946 el presupuesto universitario era de 48 millones de pesos moneda nacional y al año 1954 había aumentado a 400 millones. Con esta ampliación de los recursos, se impulsaron programas académicos que respondían a la emancipación del trabajador y al plan nacional de desarrollo. En el año 1949 se estableció la gratuidad universitaria y durante la etapa se reorientó el gasto hacia las carreras tecnológicas. En 1948 se creó la Universidad Obrera Nacional, se construyeron edificios educativos y los trabajadores alcanzaron derechos como es el caso de las dedicaciones exclusivas docentes.
La mera preocupación por la autonomía y el cogobierno, dejó lugar a un proyecto científico y tecnológico orientado a mejorar las condiciones productivas, sociales, culturales y tecnológicas del país.

¿Las carreras que estamos impulsando acompañan el desarrollo regional y nacional?
La creación y proliferación de las carreras universitarias debe ponerse en debate.
Para la tradición liberal, la oferta académica tiene que ser una respuesta a las señales de mercado mundial y no es casualidad que en nuestro país derecho y la economía fueron las carreras más difundidas. Se trató de hacer una universidad que no rompa con los marcos de la división internacional del trabajo, que ubican a la Argentina como un país de servicios y agroexportador.
Para el reformismo la decisión queda sujeta a la opinión del cogobierno, cuestión que hace que un reducido círculo de académicos diagrame la oferta académica financiada por el Estado. En dicha óptica y en varios casos, se puede escindir el programa de desarrollo nacional, de la inversión en ciencia y técnica.
Para el nacionalismo popular la apertura de carreras debe regionalizarse y articularse con el conjunto de las políticas del Estado. La proliferación de carreras tiene que acompañar el desenvolvimiento productivo y la emancipación social de las comunidades donde está ubicada. Cada universidad va a desarrollar un perfil propio y las carreras no serán copia de los esquemas académicos tradicionales, sino que ofician como respuestas concretas a los problemas del pueblo y de la nación. Con dicha concepción se creó la Universidad Obrera Nacional en el año 1948, que impulsó las ingenierías aeronáuticas o ferroviarias, entre otras. Las iniciativas eran fundamentales para la fábrica de aviones de Córdoba y la producción ferroviaria de Tucumán y contribuían al plan nacional de desarrollo.
Actualmente y sin eliminar la competencia originaria de la universidad, el Ministerio de Educación está impulsando becas para ingenierías y se financian investigaciones y carreras consideradas estratégicas.
A partir de acá nos planteamos, ¿el Estado nacional tiene que dejar sujeta la proliferación de carreras a la autonomía de cada universidad?, ¿ésta función no debería atender una planificación productiva, cultural y científica regional y nacional?.

¿Las investigaciones y acciones de transferencia contribuyen a la consolidación de una soberanía económica y tecnológica?
En la tradición reformista la articulación entre la universidad, el mundo productivo y el conjunto del Estado, suele presentarse de manera negativa. Toda potencial fusión entre las actividades académicas y los poderes públicos se considera violatoria de la autonomía, dando por hecho que la actividad científica no tendría que formar parte de la democracia popular. Se cree que las decisiones de la mayoría popular son contrarias a la razón científica, que debería ser administrada por una pequeña minoría de especialistas. A partir de acá, que cada docente y cátedra investiguen lo que ellos mismos consideran necesario o interesante y que es repudiada la posibilidad de que los mandatarios que vota la gente en municipios o en la nación, intervengan en la definición de líneas de acción.
Algo similar suele sostenerse de la relación entre la universidad y la empresa. El liberalismo impulsa una relación estrecha entre la universidad y la empresa trasnacional u oligopólica. Por el contrario, el reformismo suele rechazar la vinculación académica con el mundo productivo, al considerarla una distorsión de la autonomía científica.
El nacionalismo popular promueve una actividad científica con miras a alcanzar la soberanía tecnológica y la independencia económica del país. La articulación con la empresa estatal, cooperativa y privada nacional, forma parte fundamental de la tarea académica y científica de las universidades. Lo mismo ocurre con la vinculación entre la academia y los Estados municipales, provinciales y municipales, que es conceptuada como legítima y necesaria.
Con miras a alcanzar estas metas, se considera que el Estado nacional tiene una legitimidad de origen para planificar las políticas de investigación y los planes de promoción tecnológica. Entre otros instrumentos para alcanzar esta meta, el nacionalismo popular sostiene que las becas deben orientarse a las áreas de vacancia y que Estado tiene que financiar prioritariamente aquellas acciones de transferencia y de investigación con impacto social y productivo. No son la cátedra y el estudiante quienes definen el destino de la totalidad de recursos públicos de investigación. Tampoco cumplirá esa tarea la empresa trasnacional, sino que es la democracia de masas el ámbito legítimo y legal para ello.

¿La universidad es inclusiva socialmente?
Siete prejuicios antiguos sobre la educación superior
Pablo González Casanova
1- Prejuicio: la educación superior debe ser para una élite, no para las masas.
2- Prejuicio: la educación superior disminuye la calidad conforme se imparte a un mayor número de gente.
3- Prejuicio: sólo una proporción mínima es apta para la educación superior (digamos el 0,01 o el 1%).
4- Prejuicio: para la educación superior se debe seleccionar a los más aptos.
5- Prejuicio: no se debe proporcionar educación superior más allá de las posibilidades de empleo.
6- Prejuicio: el Estado ya está gastando demasiado en educación superior. La educación superior no debe ser gratuita o semigratuita.
7- Prejuicio: no se debe querer que todos sean profesionales. Sería horrible un mundo en el que no hubiera obreros.

Históricamente las universidades fueron elitistas e ingresaban a ellas pequeños grupos de la elite y tal cual sostiene González Casanova, dicha situación se configuró como “prejuicios” o como una ideología conservadora que es presentada como una verdad incuestionable. La educación era un instrumento para ampliar la desigualdad entre ricos y pobres, entre nacionales y europeos, entre blancos y negros o entre mujeres y hombres.
Desde el año 1949 que se suprimieron los aranceles universitarios en la Argentina, la institución se propone ser un mecanismo de igualación social y no de diferenciación. La apertura de universidades en todo el país y en regiones socialmente más relegadas como es el caso del conurbano bonaerense, está contribuyendo a ampliar las posibilidades de ingreso de los grupos vulnerables. 
Está demostrado que la gratuidad y la apertura irrestricta del ingreso en las universidades argentinas, no garantizan el egreso de los estudiantes. Hoy existe un desgranamiento que supera el setenta porciento de los estudiantes. Desde el año 1949 se democratizó el ingreso, el desafío actual es el de garantizar la permanencia y el egreso. Frente a dicha realidad, es importante destacar que la universidad no es gratuita, sino que hay un sistema cruzado de subsidios que pagan todos y que usufructúan unos pocos. Para los trabajadores que administramos las universidades, ello debe implicar un compromiso más profundo con el egreso de los estudiantes. En la medida que administramos recursos públicos, no sería desacertado que el Estado distribuya el presupuesto a partir de definir pautas de gestión y de mejoramiento de las tasas de deserción.

 ¿Cuál es el aporte que hace la universidad a la emancipación de los grupos vulnerables?
El liberalismo define a la universidad como una fábrica de títulos y de profesionales individualistas. El reformismo suele preocuparse más por la abstracta “libertad científica”, que sobre los resultados de su accionar en su medio social. Como resultado de ello, se conforma un profesional dedicado meramente a un aspecto académico puntual, sin ligazón a su medio histórico y sin mayores perspectivas sociales que cumplimentar el informe de investigación de su beca.
Para el nacionalismo popular además de preocuparse por el ingreso irrestricto y el egreso masivo de estudiantes, las universidades tienen que masificar los programas de cooperación con la comunidad. A estas acciones, la institución debe acompañarlas con el compromiso político de sus miembros con el medio social, cuestión que incluye la formación educativa en valores solidarios y comprometidos con los intereses populares y nacionales.   

¿Las universidades reproducen un saber universal?, ¿son usinas de pensamiento nacional y latinoamericano?
Para la tradición ideológica liberal la universidad argentina del siglo XIX tenía que europeizarse. La finalidad era alcanzar la “civilización” y es por ello que toda la producción cultural, científica o tecnológica anterior tenía que desaparecer. Se intentó borrar la cultura precolombina y además la tradición hispánica, para hacer del país un satélite espiritual inglés y francés.
En parte, la reforma del año 1918 nació como una propuesta de refundación cultural, que propuso acercar la institución a la problemática nacional e iberoamericana. Desde distintas perspectivas ideológicas y provenientes diversas disciplinas, los reformistas originarios conformaron una corriente cultural que buscó un sentido social y nacional de la labor intelectual y docente.  
Buena parte de este ímpetu fue abandonado y las instituciones se distanciaron de su contexto y de las problemáticas de su tiempo. Pese a las incapacidades y frustraciones de la institución que fueran anunciadas por reformistas como Deodoro Roca o Manuel Ugarte, la búsqueda de una universidad consustanciada con su país y cultura, se expandió hacia diversos lugares de Latinoamérica.
Desde mediados del siglo XX, un sector importante de la universidad nacional se pensó como parte integrante de los Estados Unidos. Importamos la estructura institucional, copiamos carreras y reprodujimos teorías y agendas de investigación como si fueran las únicas y las más adecuadas.

El nacionalismo popular universitario postuló la necesidad de conformar una ciencia y una tecnología propia. Esta finalidad no implicó nada parecido al autismo cultural, sino que se trató de recuperar las producciones de diversas latitudes, consolidando una nueva síntesis capaz de plantear y de resolver nuestros propios problemas.
Por un lado, el nacionalismo consideró que los académicos tienen que conocer la historia, la cultura y las ideas de nuestros países por considerarlas portadoras de saberes fundamentales del ordenamiento social.
Además, el nacionalismo universitario destinó recursos a sectores de la producción científica y tecnológica que históricamente eran vedados a nuestros países por las potencias extranjeras.  A partir de esta decisión soberana, es que Argentina produjo energía atómica, desarrolló la industria automotriz, naval o ferroviaria nacional, realiza un cine, una pintura y una música de nivel internacional y puede lanzar satélites al espacio.
Como resultado de la tendencia a la nacionalización de las universidades, hoy nuestros jóvenes estudian autores argentinos y latinoamericanos además de europeos y muchos de ellos se dedican a la producción de bienes tecnológicos sumamente especializados.  

Finalmente, consideramos oportuno destacar que la construcción de una soberanía cultural y científica nacional debería ser una meta de nuestras universidades. Esta definición imprime un sentido trascendente a la labor del investigador, del administrativo, del docente o del estudiante. Se trata de optar ya que y como aseveró Hernández Arregui “Digase cuanto se quiera, la realidad que circunda al intelectual es política y su silencio es político. El silencio de los intelectuales se llama traición al país.”


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