viernes, 21 de enero de 2022

Políticas de tierra y vivienda de la Gobernación de Eduardo Duhalde

 Aritz Recalde[1], enero 2021 


 REVISTA MOVIMEINTO 


Antecedentes de la gestión provincial

Eduardo Duhalde destacó que la política que aplicó en la Gobernación (1991-99), fue el resultado de su experiencia previa en la gestión como Intendente de Lomas de Zamora (1974-76 y 1983-87).

En la Municipalidad creó la Dirección Municipal de Tierras (1974) y la Subsecretaría de Tierras y Vivienda (1983), dando participación activa a la población en la flamante Dirección de Organización Social Comunitaria.

La Subsecretaría impulsó las “Casas de Tierras”, integradas por vecinos delegados que fueron elegidos por cada manzana y zona de influencia. Esta organización popular fue fundamental para lograr la sanción y el efectivo cumplimento de la Ley de Expropiación 8358/74, tendiente a regularizar 158 manzanas en la localidad de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora.

La Subsecretaría de Tierras y Vivienda desarrolló un Plan Municipal de Vivienda y adquirió una Planta elaboradora de bloques de hormigón. La construcción de las soluciones habitacionales se realizó con el protagonismo comunitario por parte de los vecinos, Mutuales y Sociedades de Fomento (Duhalde 2021).  

 

El reconocimiento del derecho a la tierra y la vivienda en la Constitución de 1994

Durante la Gobernación Duhalde, se inició un proceso constituyente que terminó con la sanción de una nueva Carta Magna en el año 1994. El artículo 36, inciso 7 de la Constitución bonaerense estableció que “La Provincia promoverá el acceso a la vivienda única y la constitución del asiento del hogar como bien de familia; garantizará el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única y de ocupación permanente, a familias radicadas o que se radiquen en el interior de la Provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos”.

La Constitución impulsó la desconcentración urbana y que los bonaerenses vivan en el interior de la provincia.  Sobre este principio rector, el Gobierno elaboró un conjunto de políticas y de acciones tendientes a favorecer el acceso al suelo y a la vivienda a los habitantes de la Provincia.

 

Modificaciones de la estructura provincial: creación de la Secretaría de Tierras y Urbanismo

Con el Decreto 231/95 el Gobernador creó la “Unidad Provincial de Tierras y Desarrollo Urbano”. Poco tiempo después, éste último ente fue suprimido[2] y remplazado por la “Secretaría de Tierras y Urbanismo” con dependencia de la Unidad Gobernador. El decreto de creación 3426/95 planteó que sus objetivos eran: 1.- Establecer mecanismos y cursos de acción para lograr la regularización dominial y urbana en el territorio; 2.- Desarrollar acciones con el fin de recuperar y reestructurar el fenómeno urbano y dominial de los asentamientos, barrios carecientes y sectores marginados; 3.- Identificar, registrar, evaluar y categorizar los predios de origen público y/o privado que fueren considerados aptos para la concreción de planes y programas de desarrollo y mejoramiento del hábitat, determinando pautas para el desarrollo urbano y la planificación territorial y uso del suelo;  4.- Evaluar y programar las acciones necesarias para la resolución del déficit habitacional en la Provincia, prioritariamente en los distritos declarados de emergencia y establecer los mecanismos de canalización de los recursos financieros que se habiliten para los fines de la Secretaría; 5.- Convenir con los municipios el desarrollo y ejecución de las acciones necesarias a los fines precedentes.

 

Programa Familia Propietaria

Con la Ley 11.423/93[3] se creó el Programa Familia Propietaria y se le asignó un presupuesto inicial de 16 millones de dólares. En la Apertura de Sesiones Legislativas del año 1993, Duhalde destacó que “el gobierno provincial ha puesto en marcha el Plan Familia Propietaria. Un plan que comprende a quienes carecen de terreno, o a aquéllos que teniéndolo, no pueden construir su casa, o a los que teniendo terreno y casa no pueden escriturar. Como se trata de arraigar a la gente y desarrollar la provincia interior, he resuelto que se vuelque a sus ciento cuatro municipios el cien por ciento de los recursos del FONAVI[4] no comprometidos en obras anteriores”.

Con el Decreto 2510/94[5] Duhalde creó una Unidad Ejecutora y Coordinadora del Programa Familia Propietaria, con dependencia del Gobernador. Entre otras funciones, tenía la potestad de “Ejecutar por sí o mediante convenios celebrados con Entidades gubernamentales, municipios, entidades intermedias y/o terceros la implementación del plan”; “Gestionar la expropiación de bienes para su afectación a las obras o servicios” y “Gestionar la obtención de créditos de fuentes nacionales o internacionales”.

Inicialmente, la Unidad se integró con el personal del Instituto de la Vivienda y de la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Con el Decreto 703/97 se aprobó una nueva estructura organizativa compuesta por las Direcciones Provinciales “Técnico-Administrativo”, de “Apoyo Administrativo-Contable” y de “Apoyo Técnico”.

En línea con el mandato de la Constitución bonaerense, el Programa se lanzó en las municipalidades del interior de la provincia. Duhalde destacó que “A la gente debemos arraigarla en el interior de la provincia; donde la calidad de vida es superior, donde los lazos de familia, de amistad, de vecindad, se encuentran más fuertes; y para arraigarlos tenemos que garantizarle ese derecho del que estaba hablando: el derecho de cada familia de ser propietaria” (Duhalde 1999 b).


Tierras del Estado Nacional

La provincia gestionó la adquisición de las tierras del Programa Arraigo y de los inmuebles incluidos en la Ley Nacional 24.146/92.

La ley 23.697/89 de “Emergencia económica” estableció que “el Poder Ejecutivo Nacional centralizará, coordinará e impulsará las acciones tendientes a agilizar las ventas de los inmuebles del dominio privado del Estado, de sus entes descentralizado o de otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados, tengan participación total o mayoritaria de capital o de la formación de las decisiones societarias, que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones o gestión”. A partir de acá y con el Decreto nacional 846/91 se creó la “Comisión de Tierras Fiscales Nacionales - Programa Arraigo” y entre sus funciones estaban las de impulsar “todas aquellas acciones tendientes a lograr la regularización dominial de las tierras fiscales nacionales mediante su transferencia a favor de los actuales ocupantes”.

Con el Decreto 3522/94 se facultó a la Unidad Ejecutora y Coordinadora a “suscribir y aprobar la documentación que fuere menester a fines de obtener la transferencia de los inmuebles comprendidos en la Ley Nacional Nº 24.146/92[6] y su Decreto Reglamentario Nº 776/93”. En este marco, se adquirieron diversos inmuebles destacándose los provenientes de las privatizaciones que quedaron bajo la órbita del Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIEF). La Gobernación firmó un Convenio con este organismo y se obtuvieron, entre otras tierras, 239 hectáreas ubicadas en la municipalidad de Bahía Blanca (Duhalde 1999).

 

El Programa Familia Propietaria en cifras

Para la implementación del Programa Familia Propietaria en el año 1993 se realizó un censo de Necesidades de Tierras, que luego fue permanentemente actualizado. Inicialmente, se inscribieron 48.066 familias y al año 1999 esa cifra se proyectó por arriba de los 150.000 demandantes.

La provincia compró y adquirió tierras del Estado Nacional y de privados en acuerdo con las municipalidades[7]. Posteriormente, se entregaron  créditos a los municipios y a cooperativas de vecinos para la construcción de viviendas. Entre 1994 y 1999 el subsidio girado a las municipalidades alcanzó los 18,5 millones de dólares (Duhalde 1999) (Duhalde 1999 b).

En el año 1999 se había cumplido con la entrega del 93% de las demandas detectadas en el censo de 1993, alcanzando los 44.641 terrenos (Duhalde 1999).

El Plan Familia Propietaria firmó convenios con el Instituto Provincial de la Vivienda, con el Consejo Provincial de la Familia y el Desarrollo Humano y con el Instituto Provincial de Empleo, entre otros. En este marco se construyeron 4000 casas (Duhalde 1999).

El Plan de Regularización Dominial de la ley 24.374/92

Duhalde apoyó la sanción de la Ley Nacional 24.374/92, que estableció un régimen de regulación dominial en favor de los ocupantes que acreditaban la posesión “pública, pacífica y continua durante 3 años”, con anterioridad al 1 de enero de 1992. Los inmuebles urbanos incluidos tenían que tener como “destino principal el de casa habitación única y permanente”.

La norma permitió regularizar lotes, villas y asentamientos de familias que vivían en terrenos privados y en suelo del Estado nacional, provincial y municipal.  No se podía solicitar el ingreso a la ley por parte de quienes tenían otro inmueble o de aquellas personas cuya propiedad no sea la vivienda única. El trámite de la escrituración era gratuito y se realizaba meramente una contribución única del 1% de la valuación fiscal al Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La Secretaría de Tierras y Urbanismo instrumentó la labor, inicialmente, a través de las Casas de Tierras Municipales y luego con la tarea de los 212 Registros Notariales de Escrituración creados por convenios con la Provincia. Este trabajo y logística involucró alrededor de 1000 personas (Duhalde 1999).

Jugó un rol fundamental en todo el proceso la Escribanía General de Gobierno. Esto fue posible ya que el gobernador Antonio Cafiero había impulsado la posibilidad de que la Escribanía se dedique a “Las regularizaciones dominiales de interés social que involucren a particulares, cuando así lo requieran el Poder Ejecutivo Provincial o las Municipalidades” (Ley 10.830/89).

En el marco de la Ley 24.374 entre los años 1991 y 1999 se entregaron más de 350.000 escrituras (Duhalde 1999).

 

Políticas de construcción de viviendas

La Provincia construyó entre los años 1992 y 1999, 83.573 unidades habitacionales. Al finalizar la Gobernación, se encontraban en ejecución otras 24.587 casas. Las iniciativas fueron edificadas con intervención de entidades privadas, de instituciones sin fines de lucro y con gobiernos municipales.  Se les dio participación a las familias y se aplicaron experiencias de autogestión para la construcción, ampliación o finalización de las obras (Duhalde 1999).

Los principales programas de construcción fueron impulsados por:

-          El Instituto Provincial de la Vivienda: ejecutó el Fondo Provincial de la Vivienda, los Planes Nacionales de Vivienda[8] y otro conjunto de políticas orientadas.

Según la investigación de Roxana Manes (2016), los programas de construcción de viviendas dependientes del Instituto vigentes entre 1992 y 1999, dejaron como resultado la construcción de 47.505 casas (1992-2003). La autora describió en detalle los planes y el número de soluciones habitacionales: Operatoria FONAVI: 13.555 viviendas; Operatoria FOPROVI: 70 viviendas; Operatoria Autogestión Constructiva: 2052 viviendas; Operatoria ProCasa: 5206 viviendas; Operatoria ProCasa-Solidaridad-Vuelta al Pago-ProTecho-Reconstrucción de barrios:  468 viviendas; Operatoria Bonaerense I: Abuelos y Novios (1640 viviendas); Operatoria Bonaerense II: Solidaridad (506 Conjuntos Habitacionales de 20.929 viviendas); Operatoria Bonaerense II: Solidaridad Titularización de Hipotecas (5.451 viviendas); Operatoria Bonaerense II: Solidaridad Plan Arraigo (292 viviendas); Operatoria Bonaerense II: Autoconstrucción y Ayuda Mutua (597 viviendas); Operatoria Bonaerense II: Solidaridad Vivienda Básica Asistida (547 viviendas); Operatoria Bonaerense II: Solidaridad Trabajar (1.799 viviendas); Operatoria Bonaerense III: Financiamiento Compartido (1.523 viviendas); Operatoria Bonaerense IV: Emergencia Habitacional (719 viviendas); y Operatoria Bonaerense V: Préstamos Familiares (5.672 viviendas)

-          El Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano: se implementaron los Programas de “Emergencia Habitacional” y de “Auto construcción y Ayuda Mutua”.  

-          El Banco Provincia: lanzó el “Plan PROYECTAR” de crédito social y se financiaron más de 25.000 casas. Con el “Programa de Apoyo a la Construcción” entre 1991 y 1999 se concretaron 240 emprendimientos por 135 millones de dólares.  En el año 1996 se lanzaron los Préstamos Inmobiliarios BAPRO y a 1998 habían alcanzado a 9000 beneficiarios, invirtiendo más de 375 millones de dólares.

 

Los programas fueron un catalizador de nuevos empleos y movilizaron el mercado interno en cada una de las localidades de la Provincia.  

 

 Bibliografía citada

Duhalde Eduardo (1999) Apertura del 127 Periodo de Sesiones Ordinarias, Informe de Gestión, Asamblea Legislativa, Buenos Aires.

                (1999 b) Otro     Estado  es           posible. Diez mensajes fundamentales, Secretaría         

de          Coordinación     de          Estrategias         de          Gobierno, Buenos Aires.

              (2021) América Latina, por una tierra para todos, Hojas del Sur, Buenos Aires.

Manes Roxana (2016) Trayectoria Histórica del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires en el período 1956-2009, Tesis de Maestría, FTS-UNLP.

 

 

 [1] (*) El artículo es parte del Proyecto de Investigación de la UNLa “Las políticas públicas de las gobernaciones de Antonio Cafiero y de Eduardo Duhalde (1987 -1999)”.

[2] También se suprimió la Subsecretaria de Urbanismo y vivienda del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (artículo 9 decreto 3426/95).

[3] La ley 11.423/93 es una modificatoria de la 11.376. Con esta última normativa, el Estado se endeudó por U$S 600 millones para la realización obras de infraestructura y equipamiento en las municipalidades no incluidas en las inversiones del Fondo del Conurbano Bonaerense.

[4] En el año 1992 el Gobierno Federal transfirió a las provincias el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).

[5] Con el decreto 3628/99 se habilitó a la Unidad “Gestionar ante Organismos del Estado Nacional la compra de tierras para la Provincia y realizar todas las gestiones necesarias para incorporar las mismas al Programa Familia Propietaria a fin de dar soluciones habitacionales”.

[6] La Ley 24.146 estableció la “transferencia a título gratuito a favor de provincias, municipios y comunas, de bienes inmuebles innecesarios para el cumplimento de sus fines o gestión de la Administración Pública Nacional, sus empresas y entes descentralizados”. La norma le dio prioridad a la promoción de soluciones habitacionales “para familias de escasos recursos” y con ese fin promovió la articulación con Comisión de Tierras Fiscales Nacionales "Programa Arraigo" de la Presidencia de la Nación.

[7] El Plan favoreció la creación de Bancos de Tierras en muchas municipalidades de la provincia. 

[8] Ley 24.464 creó el “Fondo Nacional de la vivienda”, al cual adhirió la provincia con la Ley 11.663/95 y su decreto reglamentario 187/96.

miércoles, 29 de diciembre de 2021

RESTAURACIÓN O CAOS DE LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA

 

Hace décadas que el país está consolidando un modelo de subdesarrollo ya existente en otros Estados de Iberoamérica. 


La dirigencia abandonó el programa de erradicación de la POBREZA que se volvió estructural (se institucionalizó un un sistema de contención de la indigencia). 

La GEOGRAFÍA URBANA se dividió en clases y hay varias ciudadanías en una misma municipalidad: barrios privados (clase alta-media alta), barrios abiertos con seguridad e infraestructura y barrios marginales violentos y sin condiciones mínimas de derecho (agua, luz, escuelas, asfalto, seguridad o atención sanitaria). 

La EDUCACIÓN  Y LA SALUD dividen a las personas por ingreso económico. Esta nueva y creciente desigualdad se solidificó culturalmente como el nuevo ESTATUS DE LA CLASE MEDIA/MEDIA ALTA. La identidad de los sectores medios se construye en torno de la escuela y la seguridad privadas y el barrio cerrado. 

El ideal educativo igualitario liberal de la ley educativa 1420 (una misma ciudadanía nacional) y el del nacionalismo popular (igualación y ascenso social) desaparecieron hace tiempo. La VIOLENCIA URBANA fue naturalizada y la población que no se muda a un barrio cerrado, se esconde detrás de las rejas, cámaras y alambrados eléctricos. 

El TRABAJO es remplazado por el subsidio, cuestión que humilla al hombre ya que se le niega el derecho y la obligación, de hacer aportes a la construcción de su comunidad. La resignación al DESCENSO SOCIAL permanente, está demoliendo el ideal de “ascenso social” y de “progreso” que fue un rasgo propio de la Argentina del siglo XX. 

A la bomba social y al naufragio de los valores, se le suma el creciente poder del CRIMEN ORGANIZADO que, paulatinamente, está edificando un gobierno paralelo profundizando todos los males y augurando el aumento dramático de la violencia. 

En otras naciones de la región este proceso ya se produjo, se naturalizó y se solidificó cultural e institucionalmente. Tenemos optar entre restaurar y relanzar al futuro los principios de los dos grandes modelos nacionales (liberal y nacional popular) o continuar el proceso de destrucción del país y del hombre argentino, sumergiéndolo definitivamente en el posibilismo, el pragmatismo y el sálvese quien pueda.


Aritz Recalde, diciembre 2021

jueves, 4 de noviembre de 2021

Debates sobre pensamiento nacional, peronismo y progresismo: entrevista a Aritz Recalde

 El sociólogo dialogó con AGENCIAPACO URONDO y ofreció diversas reflexiones sobre la


vigencia del pensamiento nacional.

Por Juan Borges


A raíz de la presentación de su libro "Pensadores del nacionalismo popular”, editado por Editorial del Pensamiento Nacional CEES, el sociólogo Aritz Recalde dialogó con AGENCIA PACO URONDO y ofreció diversas reflexiones sobre la vigencia del pensamiento nacional. Además, cuestionó diferentes concepciones del progresismo. "El progresismo es una ideología urbana, cosmopolita, individualista y de clase media. El progresismo comete el error de considerar a la cultura y a la forma de vida rural y federal de las provincias como una expresión de atraso. Con esa ideología retoman consciente o inconscientemente la tesis de la “civilización y la barbarie” de Sarmiento", describió.

 

AGENCIA PACO URONDO: ¿Cómo podríamos definir al pensamiento nacional?

 Aritz Recalde: El pensamiento nacional es una corriente intelectual que analiza los problemas argentinos y mundiales desde una perspectiva nacionalista. No se es pensador nacional por origen de nacimiento y se puede ser hijo de nuestra tierra y adherir a la ideología liberal o marxista clásica. Tampoco se refiere a una disciplina académica particular y en esa corriente hubo y hay historiadores, filósofos, periodistas, abogados, sociólogos o pensadores oriundos del mundo militar y de la política. Tampoco el tema nacional se puede explicar por una ideología y existe tanto un nacionalismo de izquierda en pensadores como Abelardo Ramos o Hernández Arregui, como un nacionalismo de filiación hispanista, como puede profesar José María Rosa.

 La nación es el gran concepto ordenador y pensar en nacional es el gran desafío. Una nación incluye un territorio y un pueblo unidos a partir de una cultura compartida. Hay nación si existe una base económica que genere las condiciones de sustentabilidad de ese pueblo. La comunidad se reúne en base a un principio de solidaridad social y a una unidad de destino movilizadora. La nación es, siempre, un mandato de la historia y cada generación carga con las tradiciones, valores y causas que lo precedieron. La nación es pasado, es presente y es futuro. Para que la nación cultural, económica e histórica exista, debe fundarse un proyecto político que movilice al pueblo organizado y que funde un Estado soberano.

 

APU: ¿Cómo se enlazan las banderas del peronismo con el pensamiento nacional?

AR: Nuestro pensamiento es nacional y además es popular. El pueblo el sujeto fundamental e irremplazable del proceso nacional. Para Perón la grandeza nacional va de la mano de la “felicidad del pueblo” y la independencia económica está directamente relacionada con la justicia social. En este punto el pensamiento nacional se diferencia del liberalismo que entiende que la burguesía es el sujeto de la historia. También es distinto al marxismo que ve en una sola clase, la clase obrera, el motor de la acción política.

El pueblo es una confluencia de clases económicas y es una entidad cultural e histórica. John William Cooke, Antonio Cafiero y Juan Perón explicaron la forma en la cual la Argentina organizó su proyecto político. Perón resalta que el justicialismo fue un Movimiento y no meramente un partido y los sectores fundamentales del proceso político eran los grupos nacionalistas de las FFAA, el sindicalismo, el empresariado nacional y los cuadros de la iglesia. Cooke estudió en detalle la modificación de los comportamientos de ese bloque histórico desde 1955 y mostró cómo una nación se forja como una unidad de destino en tensiones. En el seno de la nación si bien hay acuerdos, también hay disputas. Cafiero se refirió en varios escritos a los temas de la concertación social y de la doctrina nacional. Los tres reflexionaron sobre la dinámica de la organización política nacional y concluyeron que no será una mera imitación, ni tampoco el resultado de ningún vasallaje impuesto desde el extranjero.

 El tema del territorio es central en el pensamiento nacional. El patriotismo es el sentimiento emocional de afecto a la tierra de los padres. Para defender el suelo, que es el espacio vital de la nación, todos los pueblos se movilizan. Sin patriotismo difícilmente existirá una nación, que verá desmembrarse a su territorio en varias partes que serán apropiadas directa o indirectamente por el extranjero.

 

APU:¿Qué vigencia mantienen los pensadores trabajados en su nuevo libro?

 AR: El libro tiene ocho capítulos que recorren la vida y el ideario de siete autores del nacionalismo popular que son el ecuatoriano José María Velasco Ibarra, Alberto Baldrich, el ruso Alexander Duguin, Juan Perón, José María Rosa, el mexicano José Vasconcelos y el dominicano Juan Bosch.

 Más allá de que escriben desde contextos y perspectivas diferentes, todos ellos tienen puntos de encuentro. Defendieron la independencia económica de sus países y su antimperialismo económico los enfrentó a los norteamericanos y a sus grupos de presión. La crítica de Bosch a la industria de la guerra es sumamente actual. Todos esos pensadores consideran que es la cultura el gran ordenador humano y eso los lleva a analizar en detalle el tema de las religiones y los valores. Sus obras toman distancia de los materialismos de origen liberal y marxista que creen que el egoísmo consumista y el odio de clase mueven la historia. En realidad, los pueblos tienen identidades, valores y formas de vida que ponen en juego y a partir de las cuales se movilizan. Estos autores son continentalistas y coinciden en que Suramérica tiene las condiciones para construir una gran nación federal.

 Luego cada uno de ellos tiene su vigencia particular. Vasconcelos trabajó por la unidad intelectual de Hispanoamérica y ese mandato sigue vigente como legado. En base al ideario y a la obra de Bosch hoy funciona el sistema de partidos de la Republica Dominicana. Duguin es una figura fundamental del debate político contemporáneo. Perón forjó el Movimiento político más actual de Suramérica de los últimos setenta años, junto a la Revolución Cubana. Velasco Ibarra fue un gran transformador del Ecuador y buena parte de su ideario se continuó con Rafael Correa. José María Rosa realizó una de las obras historiográficas más importantes del país y junto a Guillermo Furlong, Ernesto Palacio y Vicente Sierra, conformaron una forma de ver y entender la historia nacional. Baldrich es uno de los fundadores de la actual sociología argentina.

 

APU: ¿Cuáles considera que son los debates presentes entre el Pensamiento Nacional y el llamado progresismo cultural?

 A-R: El progresismo es una ideología urbana, cosmopolita, individualista y de clase media. El progresismo comete el error de considerar a la cultura y a la forma de vida rural y federal de las provincias como una expresión de atraso. Con esa ideología retoman consciente o inconscientemente la tesis de la “civilización y la barbarie” de Sarmiento. Hoy reconvierten la idea de la barbarie en la noción de derecha y a la civilización en la categoría de izquierda. Hay una subestimación del lugar de la tradición y de los valores y los progresistas no creen que exista una nación cultural o un mandato histórico de un pueblo. En su lugar, impulsan la fundación de un nuevo orden asentado en la racionalidad de izquierda liberal importada de Europa y de los demócratas norteamericanos.

 El progresismo niega la importancia de la conciencia histórica y es cosmopolita, es actualidad, es efímero y es negación del pasado y de la tradición. El justicialismo se identificó en la corriente histórica de San Martin, Rosas, Yrigoyen y Perón. El progresismo es modernidad cultural, es una corriente política desarraigada de la historia y sin mandato cultural nacional a cumplir. Muchos progresistas incluso directamente, caracterizan al nacionalismo como fascismo y al legado de la historia como cultura retardataria.

 Los progresistas atacan la tradición y la costumbre por ser una supuesta ideología conservadora y ellos vendrían a “moldear” y a modernizar los países. Su supuesta racionalidad esconde una ideología de matriz potencialmente autoritaria, que obliga a todos los pueblos y a las naciones del mundo a ser liberales de izquierda. En nombre de la supuesta racionalidad universal, niegan la historia y buscan o imponer sus valores como supuestamente superiores. En nombre del progresismo norteamericano, se puede bombardear oriente medio para supuestamente liberarlos del islam.

 

APU: ¿Qué otra diferencia considera que surgen entre estas dos visiones?

AR: El nacionalismo popular bregó históricamente por la independencia económica y es antimperialista y está dispuesto a hacer las reformas estructurales que garanticen la subsistencia de la comunidad nacional. Para el progresismo por el contrario, la liberación es principalmente cultural y se debe derribar el mandato del pasado. Como dijo Antonio Cafiero, el progresismo es de “izquierda liberal” en cultura y moderado y conservador en economía. El enemigo político fundamental del nacionalismo son las corporaciones, los Estados expansionistas y todos aquellos grupos que impidan la justicia social, la afirmación territorial, la independencia económica y el derecho a la identidad nacional. El progresismo es liberal e individualista y el nacionalismo popular es comunitarista. El progresista cree que el ser del hombre es la acumulación de poder individual, sea poder económico o un cargo político. El nacionalista cree que el ser del hombre se realiza en la comunidad y por eso respeta los valores de cada pueblo concernientes a la familia y a las costumbres.

 La ideología progresista dificulta la política de masas. Esa ideología puede ser competitiva solamente en algunas ciudades y no así a nivel nacional y suramericano. El nacionalismo cree en la política de concertación social y el progresismo destaca más los acuerdos de partidos. El nacionalismo postula la meta de la solidaridad social y la unidad de destino en tensiones.

 

APU: ¿Es posible reconstruir la comunidad organizada impulsada por Juan Domingo Perón?

AR: La comunidad organizada fue un sistema de civilización alternativo al comunismo y al capitalismo. El sujeto de la historia era la organización libre del pueblo reunida en torno a valores, a una comunidad, y no meramente a instituciones jurídicas y es por eso que el justicialismo no habló de “sociedad” organizada y si de “comunidad organizada”. Fue una alternativa de civilización frente al liberalismo consumista y al autoritarismo del Estado soviético. El justicialismo apoyó la formación de un hombre de base moral, que actuaba comprometido con su comunidad haciendo del principio de solidaridad social el eje de su prédica. Como bien lo caracterizó Antonio Cafiero, el justicialismo fue parte de la reacción antiliberal del siglo XX y asumió los valores morales de la doctrina social de la iglesia.

 Además, la comunidad Organizada era un sistema de poder en el cual la decisión política estaba en la organización libre del pueblo. Los ministros de economía de Perón como Gelbard o Miranda eran empresarios nacionales organizados. Perón le dio muchísimo poder a los sindicatos, caracterizados por él como columna vertebral de su espacio, al que definió como un Movimiento y no un partido. El Movimiento actuaba como una federación de agrupaciones libres. Perón institucionalizó esta doctrina en la Constitución de 1949. Llevó esta idea a las relaciones internacionales con el continentalismo y con la Tercera Posición.

 Además de posible, hoy es necesario reconstruir al hombre argentino y clarificar el tipo de democracia a la cual aspiramos. El egoísmo del liberalismo acrecentó las desigualdades y facilitó la destrucción económica y moral. El nihilismo del neoliberalismo instaló la ideología del descarte como un hecho supuestamente normal e insuperable. Hoy el hombre se volvió lobo del hombre y en los barrios populares se vive en estado de anomia y de violencia.

 

APU: ¿Cuál podría ser una agenda para dar una batalla cultural contra los propagandistas del neoliberalismo?

 AR: Los neoliberales tienen un periodismo de partido, como es el caso de Canal 13 o TN. También tienen periodismo doctrinario que ordena el debate público y que forma a la elite en el mediano plazo. Posiblemente, entre los más lúcidos pensadores liberales actuales está Carlos Pagni, que hace honor al diario La Nación que siempre dijo de ser un diario de doctrina. La diferencia entre la prensa de partido y la doctrinaria es fundamental. La primera es táctica y se centra en el juego electoral de corto plazo. La segunda es estratégica y forma a la elite que piensa, siente y actúa en el mediano y el largo plazo.

 El justicialismo convirtió su aparato periodístico en un instrumento de partido que cambia su línea editorial en función de la coyuntura. Cada día está más borrosa la identidad del campo nacional en temas estratégicos como el sistema financiero, el programa de desarrollo, la política cultural y social o la política de defensa. El campo nacional no tiene un ámbito de formación y de reclutamiento de elites como sí lo dispone el liberalismo que utiliza sus fundaciones, las corporaciones, las universidades privadas y el periodismo de doctrina.

 

A mi modo de ver, falta un ámbito de formación de una doctrina nacional de mediano y largo plazo. Esa tarea no la cumplen la mayoría de las universidades y tampoco la prensa progresista y menos aún los partidos que son más agentes electorales que usinas de debate.

viernes, 10 de septiembre de 2021

La política educativa de la gobernación de Eduardo Duhalde (1991-1999)

 Aritz Recalde[1], septiembre 2021 

 Publicado en Revista Movimiento 


1- La Reforma Educativa Nacional

Provincialización de los servicios escolares del nivel secundario y terciario

A partir de la década del sesenta el Estado Nacional inició un proceso de  transferencia de los niveles educativos que tuvo TENIA  a su cargo. Hacia los años ochenta, el subsistema primario estaba prácticamente en su totalidad en manos de las provincias[2].

A la vuelta de la democracia, el tema de la transferencia de los servicios educativos tuvo importante agenda en el Congreso Pedagógico del año 1984. Entre los dictámenes consensuados del Congreso se puntualizó la importancia de implementar “la progresiva provincialización y municipalización de la gestión educativa, con la imprescindible y necesaria transferencia de los recursos pertinentes del Estado Nacional, especialmente volcados a las provincias de menores recursos propios, aumentando los índices de coparticipación en los impuestos nacionales correspondientes a las menos desarrolladas. Deberá garantizar una amplia libertad operativa de la diversidad de regiones, asegurando la organicidad en la coordinación, indispensable entre jurisdicciones y sectores y su continuidad a pesar de los cambios gubernamentales”. Se propuso provincializar la enseñanza inicial, primaria, media y superior ya que en su punto de vista “La regionalización, la provincialización, el federalismo, presupone que los Estados provinciales no deben delegar funciones que puedan cumplir” (Congreso Pedagógico 1984: 222-223).

En el año 1991 el Gobierno Nacional sancionó la ley 24.049, transfiriendo la administración de los servicios educativos públicos de nivel secundario y terciario. La norma puntualizó que sería descentralizada también la regulación de la enseñanza privada. Se transfirieron los bienes muebles e inmuebles, los contratos y el personal, entre otros aspectos.

La Nación conservó las funciones de “análisis, evaluación y seguimiento de la situación educativa” y otras tareas de asesoramiento y de gestión de las relaciones internacionales. La ley incluyó un Anexo con un detalle de los financiamientos “correspondientes al costo de servicios de Hospitales e Institutos Nacionales, Políticas Sociales Comunitarias y Programa Social Nutricional”.

La reforma impulsada por la Ley 24.049 fue parte del proceso general de desarticulación del Estado Nacional[3]. Con este fin, a partir de 1989 el gobierno de Carlos Menem aplicó un paquete de privatizaciones de empresas y entes públicos y de descentralización y de transferencia de bienes y de funciones hacia los niveles provincial y municipal.

El proyecto de provincialización educativa iniciado compulsivamente con la dictadura de 1976, era  contrario a la doctrina del Justicialismo que tuvo una vocación nacionalista. Con el Decreto 26.944/47 de Fines de la Educación, Perón había puntualizado críticamente que el país tenía un sistema educativo disperso y carente de coordinación e ideales nacionales, lo que conducía a formar una sociedad débil “sin autodefensas y sin defensas externas”. Para revertir el problema, propuso fortalecer la “conciencia histórica nacional, nuestra historia y nuestro idioma”. Con este fin, el Decreto detalló que en todas las escuelas primarias de la Republica se impartiría un mismo plan de estudios en los aspectos de formación patriótica, moral, estética y religiosa[4].


La Ley Federal de Educación 24.195/93

En el año 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación.  Para esta fecha, el Estado Nacional ya no administraba prácticamente establecimientos educativos, conservando meramente el subsistema universitario. Las provincias asumieron la función sin la garantía efectiva del financiamiento en el mediano plazo[5], lo que derivó en varios casos en un deterioro general de los salarios y de las condiciones de infraestructura de la educación pública.   

La Ley Federal encontró mucha oposición de parte de los gremios que asimilaron la provincialización a un intento de municipalización, en línea como había sucedido en Chile. En realidad y más allá de opiniones marginales, la municipalizacion nunca estuvo en la agenda del Gobierno Nacional (Feijoó 2021) (Decibe 2021: 319).

La  ley 24.195/93 le otorgó al Consejo Federal de Cultura y Educación[6] la potestad de ser el ámbito para la coordinación y la concertación de las políticas de todas las provincias. El Consejo tenía que fijar la política educativa, regular titulaciones, definir contenidos básicos comunes, entre otras cuestiones. La ley creó el Consejo Económico-Social y el Consejo Técnico-Pedagógico.

El Consejo Federal definía los Contenidos Básicos Comunes (CBC) obligatorios para el país, las provincias aprobaban sus diseños curriculares atendiendo las diferencias regionales[7] y luego cada escuela formulaba un Proyecto Educativo Institucional.

La norma incluyó el esquema de la Educación Inicial (jardín de infantes de 3 a 5 años siendo obligatorio el último año); la Educación General Básica obligatoria (EGB de 9 años de duración); la Educación Polimodal (3 años mínimos); y la Educación Superior, profesional y académica de grado y posgrado (denominada “cuaternaria” hasta la aprobación de la LES). La Ley reconoció los regímenes de Educación Especial, de Adultos y de Artística. No se incluyó la especificidad de la educación  industrial[8] y agraria que se integraría en el Polimodal y en los Instintos de Formación Superior. 

La EGB extendía dos años la formación obligatoria de los jóvenes.  Asimismo y tema que recibió cuestionamientos, la iniciativa habilitaba la posibilidad de primarizar los dos años iniciales de la educación secundaria, dependiendo de las decisiones de cada jurisdicción. Esta cuestión obligaba a las escuelas a reorganizar los contenidos de la enseñanza y los saberes de los docentes. El espacio áulico tuvo que ser readaptado a una nueva modalidad en la cual se cruzaban nenes y adolescentes.  

La Ley Federal destacó la centralidad para la educación que tienen la familia y la comunidad educativa de padres, estudiantes y docentes. La normativa hizo particular hincapié en responsabilidad comunitaria en la educación, auspiciando la participación de la Iglesia Católica y de los demás los cultos reconocidos por el Estado.

El artículo 61 de la ley 24.195 fijó que la inversión pública consolidada total en educación (base año 1992) sería duplicada gradualmente y el artículo 62 puntualizó que se lograría a partir de implementar “impuestos directos de asignación específica aplicados a los sectores de mayor capacidad contributiva”. El objetivo era alcanzar la inversión del 6% del PBI[9].

El artículo 63 incluyó la figura del “Pacto Federal Educativo” que permitiría que los gobiernos nacional y provincial formalicen la aplicación del nuevo esquema. Se firmaron veintidós acuerdos federales adhiriendo a la Ley (Decibe 2021: 326)

 

 2- Reformas Educativas en la Provincia de Buenos Aires

Constitución de la Provincia de Buenos Aires

Durante la gestión de Eduardo Duhalde y hasta la reforma del año 1994, la provincia funcionó con la Constitución de 1934[10] que incluyó un apartado Educación e Instrucción Pública. Continuando la tradición provincial, la Carta Magna Bonaerense estableció que la política estaba a cargo del Director General de Escuelas[11] que era designado por el Poder Ejecutivo en acuerdo con el Senado.

La Constitución incluyó un Consejo General de Educación y consejos escolares de nivel municipal y el texto detalló que la “administración local y el gobierno inmediato de las escuelas en cuanto no afecte la parte técnica, estarán a cargo de consejos electivos de seis vecinos argentinos de cada partido de la Provincia”. Estos consejos retomaban el ideario impulsado por Domingo Sarmiento.

La instrucción secundaria y superior estaría a cargo de universidades, colegios e institutos.

En el año 1994 se modificó la Constitución provincial adecuándola a la reforma nacional. El Capítulo I se tituló Cultura y Educación y estableció que la “cultura y la educación constituyen derechos humanos fundamentales” y que “La Provincia reconoce a la familia como agente educador y socializador primario”. La Provincia asumió la gestión directa de los servicios y se instituyó taxativamente la gratuidad de la educación pública de gestión oficial en todos los niveles.

La Constitución definió que el objeto de educación es “la formación integral de la persona con dimensión trascendente y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, formando el carácter de los niños en el culto de las instituciones patrias, en el respeto a los símbolos nacionales y en los principios de la moral cristiana[12], respetando la libertad de conciencia”.

La propuesta de Reforma Educativa de 1992

Durante la gobernación de Duhalde la coordinación de la política estuvo a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación conducida inicialmente por Susana Farías De Castro (1991) y luego por Graciela Giannettasio (1992-1999). 

A inicios de su gestión, Giannettasio publicó el documento “Lineamientos de la Política Educativa 1992, educación para todos en la provincia de Buenos Aires”. La Directora General consideraba que la educación acarreaba un deterioro de “dos décadas”, que era el resultante de las crisis económicas y políticas y su consecuente expresión en la pobreza, la desigualdad social y en la hiperinflación. Además, Giannettasio remarcó que había inconvenientes estructurales técnicos, pedagógicos y de política institucional propios del mismo sistema educativo.

En Lineamientos de la Política Educativa se cuestionó la existencia de una burocracia centralista poco permeable al cambio y a la innovación. Se hizo hincapié en el desfinanciamiento del sistema y en los bajos salarios del personal. Entre los problemas a resolver se mencionaron el deterioro del equipamiento, las deficiencias de los planes de estudio y la falta de capacitación docente. 

Con el fin de resolver estas cuestiones el equipo de Giannettasio propuso cuatro grandes “Lineamientos de política educativa” que eran la “equidad”, la “calidad”, la “cultura de trabajo” y la “racionalidad de la gestión”.

La Dirección General proponía una agenda de trabajo centrada en lo siguiente:

- Capacitación docente: titularización, apertura de concursos, debate del marco jurídico laboral e implementación de jornadas docentes en horarios de trabajo, entre otros;

- Equidad: políticas sociales, programas para bajar deserción, trabajo con adolescentes y adultos, entre otras acciones;

- Calidad: evaluar los niveles primario y medio, capacitar al personal, promover convenios con universidades y mejorar las publicaciones de la Dirección General;

- Cultura del trabajo: atender demandas del mercado laboral, firmar convenios con representaciones del trabajo y de la producción, promover la formación profesional y la capacitación para los microempresarios, etc.-

- Reforma administrativa: actualización y capacitación permanente y una política de ocho programas específicos orientados a Organización, Gestión administrativa contable, Recursos Humanos, Informática, Descentralización, Infraestructura, Sistema de seguimiento y control, e incorporar a la curricula de formación docente contendidos de administración (Lineamientos de la Política Educativa 1992).

 

Transferencia de Servicios Educativos Nacionales

El 30 de diciembre de 1993 se firmó el Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a la Provincia de Buenos Aires. La ley provincial 11.524/94 aprobó el Convenio y estableció las especificaciones sobre cómo sería la modalidad del traspaso de los establecimientos y del personal del nivel secundario y terciario.

Solamente los docentes del sector público transferidos sumaban 45.280 (CIPPEC 2003:47)[13].

En el año 1999 el sistema educativo bonaerense era el más importante de Latinoamérica luego del de San Pablo y totalizaba 4 millones de estudiantes y 15.655 establecimientos en los distintos niveles (Asamblea Legislativa 1999: 101 y 103).


Los cambios de la Ley Provincial de Educación 11.612/94

En el mes de diciembre de 1994 la provincia sancionó la Ley Provincial de Educación 11.612 y adhirió a los principios establecidos por la normativa nacional. Se refundó el sistema en base a los niveles inicial, EGB y polimodal. Se incluyeron la educación especial, superior, artística, de adultos. En línea con la reforma nacional, no se mencionó a la educación industrial y agraria que serían subsumidas al polimodal[14]. El EGB aplicó los Contenidos Básicos Comunes que incluían los módulos de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Tecnología, Educación Artística, Educación Física y Formación Ética y Ciudadana (Ministerio de Cultura y Educación 1995).

La provincia fue la primera en el país en establecer la obligatoriedad de la escuela secundaria (polimodal) e incorporar informática e inglés a la curricula. Se distribuyeron 11.700 computadoras y 5000 impresoras y 1,9 millones de textos escolares (Asamblea Legislativa 1999: 103).

Continuando la tradición inaugurada por Sarmiento, la ley 11.612 incluyó un Consejo General de Cultura y Educación presidido por el Director General de Cultura y Educación y compuesto por diez Consejeros designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados[15]. El Consejo adquirió las funciones de asesoramiento y en algunos temas su participación fue obligatoria como es el caso de la elaboración o la reforma de diseños curriculares, de leyes y estatutos, entre otras cuestiones. Fue reglamentado en el año 1995 con la Resolución de la Dirección de Cultura y Educación número 214.

La ley planteó que el sistema se organizaría sobre el principio de la Descentralización Regional[16] y la gestión Distrital. En cada uno de los Distritos funcionaría el histórico Consejo Escolar que estaba compuesto por 4 a 10 Consejeros elegidos democráticamente en elecciones generales, según el tamaño de la población del distrito. Los Consejos tenían a cargo la administración de los Servicios Educativos incluyendo la provisión de bienes y servicios y la intervención en cuestiones de regulación del personal (licencias médicas, asignación de tareas pasivas, etc.-). La ley reconoció y promovió a las Asociaciones Cooperadoras[17].

El periodo se caracterizó por un importante crecimiento de la matrícula que aumentó de 2.7 millones en 1992 a más de 4 millones en el año 1999 (Asamblea Legislativa 1999: 27). María del Carmen Feijoó[18], mencionó que la extensión de la obligatoriedad del EGB venía a romper el “techo de crecimiento” de la matrícula y tuvo un “impacto democratizador” que tendió a revertir  los altos índices de repitencia y abandono[19] de la escuela secundaria tradicional (Feijoó 1996 y 1992).

Para garantizar esta importante expansión de los últimos dos años del EGB  y en los casos que no había infraestructura pública suficiente, la Dirección de Escuelas firmó diversos convenios con instituciones privadas y amplió la capacidad edilicia.

En línea con la Ley Federal, las escuelas bonaerenses tenían que elaborar un Proyecto Institucional[20].

Con la nueva normativa la Provincia se comprometía a evaluar la calidad en el sistema educativo[21]. Desde el año 1998 se implementó un sistema propio de evaluación que tuvo el asesoramiento y el monitoreo de UNESCO/OREALC. Se realizaron pruebas de conocimiento de lengua (escucha, lectura y escritura) y de matemática. Se aplicaron cuestionarios de Formación Humana y cuestionarios complementarios (alumno, director, docente y ficha de la institución). Se proponía evaluar el proceso “en dos momentos sucesivos para relevar los cambios producidos e identificar el aporte que las escuelas han hecho al aprendizaje”. Se incluyeron dimensiones “integradas y complementarias”,  el “nivel de logro” y “el progreso” (Entrevista Feijoó 2021) (DINIECE 2002: 16-17).

  

La opinión de los sindicatos

El traspaso educativo y la modificación de su estructura recibieron críticas de los gremios. Inicialmente, la posición de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) estuvo más cercana a apoyar[22] la implementación de la reforma (CIPPEC 2003: 60). El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) por el contrario, criticó frontalmente la propuesta y la caracterizó como una condición impuesta por el FMI y el Banco Mundial para la negociación de la deuda externa (SUTEBA 2013: 248).

Asimismo y tema central, había entre los sindicatos un lógico reparo sobre cómo se garantizaría la implementación y el financiamiento de la educación siendo que se transfería una inmensa estructura de cargos, de tareas y de funciones. Los gremios realizaron paros y movilizaciones exigiendo gradualidad en la cesión de los servicios y pidieron garantías laborales y presupuestarias (Lafiosca 2007). Pese al planteo sindical, el traspaso lejos estuvo de ser gradual cuestión que generó inconvenientes de implementación.

El tema de los recursos no era una cuestión menor. En la actualidad la cartera educativa representa el principal destino de los fondos del Estado provincial. Para poder afrontar la inversión[23], en el año 1999 el gobernador Duhalde puntualizó que se triplicaron los recursos en educación pasando de 1.200 millones de pesos en 1992 a 3.400 en 1999[24]. Esa inversión implicó el 35 % por ciento del presupuesto general (Duhalde 1999).

Según un informe del Ministerio de Economía bonaerense, los recursos girados por las leyes de descentralización educativa no cubrieron los costos básicos de funcionamiento. Para garantizar el desenvolvimiento del sistema entre 1991 y 1999, la provincia tuvo que destinar alrededor de $ 800 millones de presupuesto propio (Cuadernos de Economía 2001: 29).

 

La identidad bonaerense

La Ley Provincial de educación se refirió a la importancia de fomentar la “identidad bonaerense”. En este marco, la Dirección General de Cultura y Educación convocó al concurso “Buscando la bandera bonaerense[25] (Res. 6952/95).

En la etapa inicial participaron alrededor de un millón de jóvenes de todas las escuelas de la provincia y se presentaron más de 81.000 bocetos. De este universo quedaron preseleccionados 32 proyectos finalistas. Se formó un jurado con representantes de la UNLP, expertos de historia, delegados de la producción y del trabajo y diputados y senadores. Este jurado seleccionó a los cuatro diseños finalistas que fueron sometidos a una elección en todas las escuelas de la provincia el día 12 de agosto. Fue elegido el proyecto elaborado por las comunidades educativas de las Escuelas de Enseñanza Media Mateo Gelicich y Domingo Faustino Sarmiento, ambas ubicadas en la municipalidad de Capitán Sarmiento.

La bandera articuló los valores del agro y de la industria, la conciencia marítima y pampeana, y la tradición bonaerense del federalismo. Se compone de una franja superior de color azul en representación del cielo, del mar y de los ríos. En el centro tiene un sol naciente (esplendor), que es rodeado por un semicírculo de laureles (símbolo de gloria). La parte inferior de la bandera es de color verde representando el suelo fértil y en el centro hay un girasol que simboliza la producción agropecuaria. Éste último está rodeado por una rueda dentada que representa a la producción industrial. El color rojo de la bandera simboliza el federalismo bonaerense.

Con la ley 11.997/97 se aprobó la bandera y con el decreto 2979/97 se designó a la ciudad de Capitán Sarmiento como “cuna de la bandera”. La insignia fue jurada el 14 de noviembre de 1997 en la Basílica de Luján. El día 20 de noviembre en conmemoración a la Batalla de la Vuelta de Obligado se declaró el “día de la bandera bonaerense” (Ley 12.384/99).

 

Infraestructura escolar

Dado que la provincia opto por incorporar los dos nuevos años de obligatoriedad (8vo y 9vo) al nivel primario, necesito adaptar la infraestructura escolar disponible a ese esquema.

Durante la etapa se implementó un importante programa de construcción y ampliación de escuelas primarias, polimodales y jardines en toda la provincia modernizando y mejorando sustancialmente la infraestructura. Susana Massobrio[26] mencionó que la expansión de la infraestructura permitió crear establecimientos fuera de los centros urbanos, permitiendo que los jóvenes de la periferias tengan derecho estudiar. 

En la apertura de sesiones del año 1999 el gobernador Duhalde detalló que “Construimos 1.285 escuelas y jardines nuevos, y ampliamos y refaccionamos 8.000 establecimientos más” (Duhalde 1999).

El Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano bonaerense, destinó una importante cantidad de recursos para modernización del sistema en los grandes aglomerados urbanos de la Provincia. Para garantizar la obligatoriedad del nivel preescolar se construyeron en el conurbano 234 jardines. Se realizaron obras de ampliación y mejoramiento en 37 escuelas primarias (22.500 m2). El Ente del Conurbano edificó 18 establecimientos de enseñanza media (23.000 m2), 11 de enseñanza técnica (21.500m2) y 13 escuelas especiales (13.000 m2) (Recalde 2020).


Agenda laboral

La ley 10.579/87 había aprobado el Estatuto del Docente bonaerense y su implementación fue parte de importantes debates durante la gobernación de Duhalde.

En el mes de febrero de 1992 la Directora de Escuelas, Farías de Castro, propuso modificar la estructura de la Dirección de Escuelas, derogar el decreto reglamentario del Estatuto Docente (2140/90) y buscó cambiar el régimen de licencias[27]. Las medidas recibieron una fuerte oposición de los gremios que organizaron movilizaciones y otras acciones de protesta.

Con el fin de atender el conflicto, en el mes de marzo el Gobernador creó una Comisión Mixta compuesta con miembros de los principales gremios (SUTEBA, FEB y SADOP) y con representantes del Ministerio de Trabajo (aprobada por el Decreto 642/92).

En el mes de abril renunció Farías de Castro y la remplazó Giannettasio. Cumpliendo la agenda de los Lineamientos de la Política Educativa, la Directora de Escuelas encaró  una importante cantidad de acciones tendientes a garantizar los derechos de los docentes.  

Como parte de la labor conjunta con la Comisión Mixta, Duhalde sancionó el Decreto 2485/92 de reglamentación del Estatuto del Docente (Ley 10.579 y sus Complementarias 10.614, 10.693 y 10.743); el Decreto 3206/92 que permitió titularizar a todo el Personal Docente Provisional que revestía en Cargos Jerárquicos; y el Decreto 2202/92 impulsando el pago de un adicional “para el personal que no registre inasistencias en cargos u horas cátedras alguna, licencias, franquicias, o faltas de puntualidad, en el mes calendario respectivo”.

 

Capacitación docente

Entre los años 1992 a 1994 se implementó un proyecto de capación en tecnología en las escuelas, por intermedio de experiencias educativas semi-presenciales. La propuesta tenía  módulos organizados a partir de videos y materiales autodidácticos que fueron seleccionados y enviados por la Dirección General de Escuelas a los docentes (Feijoó 2021).

En el año 1999 se iniciaron actividades de capacitación en el marco de la Red Federal de Formación Docente Continua. Las capacitaciones las dictaron docentes de Universidades Nacionales, en el marco de acuerdo con Institutos de Formación docente y Centros de Investigación Educativa (CIE) distritales (Entrevista  Massobrio 2021).

Los Institutos de Formación se abocaron a la reconversión de los maestros de primaria, con el fin de que se desempeñen en el último ciclo del EGB. Otros, ampliaron la oferta de postítulos y de capacitaciones que sumaron puntajes para la carrera docente.


Deporte y recreación

En el año 1992 se iniciaron los Torneos Juveniles Bonaerenses dependientes del Instituto Bonaerense del Deporte del Ministerio de Gobierno y Justicia. Fueron  articulados con el Ministerio de Salud y Acción Social y con la Dirección General de Escuelas (Decreto 610/92). Entre los considerandos del decreto de creación se destacó “Que las experiencias de participación en competencias educativas, desarrolladas en un clima de convivencia y real alegría, es la manera de contribuir a la formación de la personalidad individual y grupal de los jóvenes” y “Que el deporte y las actividades culturales son un medio idóneo para procurar hombres con mente y cuerpo sanos, fundamentales para el desarrollo de la cultura del trabajo”;

Los Torneos se orientaron a jóvenes entre 10 y 18 años y a partir de 1996 se incluyeron Adultos Mayores (60 años en adelante) y deportistas con discapacidades. La organización tenía tres etapas que eran la Local, la Regional y la Final que se disputaba en la localidad de Mar del Plata. Los ganadores viajaban a España e Italia.

 

Inscriptos a los Torneos Juveniles Bonaerenses por año

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

60.000

149.482

167.803

299.979

497.294

1.000.000

1.200.000

Elaboración propia con datos de la Asamblea Legislativa 1999

 

En el año 1993 la Dirección General de Escuelas lanzó el Programa Infantil Bonaerense Educativo Solidario (P.I.B.E.S). A partir de 1996 la iniciativa tuvo modificaciones parciales y pasó a denominarse “Programa Pibes Bonaerenses”.

Entre los años 1993 y 1997 más de 250.000 estudiantes visitaron la Costa Atlántica como parte de un programa que articuló fines educativos, culturales y sociales (Recalde 2019).

 

Becas sociales

Durante la gestión de la UCR se sancionó la ley 10.502/87 creando el régimen de becas para establecimientos oficiales en el nivel secundario, terciario y universitario.

En el año 1998 el Gobernador aprobó el decreto 4665 incluyendo un beneficio para los jóvenes del nuevo Nivel  Polimodal. Según Duhalde, en  sus ocho años de gestión se otorgaron100.000 becas de 100 pesos mensuales a familias que, por problemas económicos, no puedan mandar sus hijos a la escuela” (Duhalde 1999). Para financiar el programa se creó un fondo con 100 millones de pesos anuales (Asamblea Legislativa 1999: 105).

Con el fin de garantizar el derecho educativo, la gobernación financió la movilidad de estudiantes de zonas periféricas a escuelas ubicadas en los cascos urbanos (Entrevista Massobrio 2021).

 

Expansión universitaria en la Provincia de Buenos Aires

A diferencia de lo ocurrido en el nivel secundario y terciario, durante los años noventa el Estado Nacional mantuvo la gestión directa de las universidades y expandió considerablemente su número.  

El gobernador Duhalde remarcó el hecho de que “en una década se crearon en nuestro territorio seis nuevas universidades, la misma cantidad que se crearon en toda la historia de nuestra provincia[28]. Son las universidades nacionales de Quilmes, La Matanza, Tres de Febrero, Lanús, General San Martín y General Sarmiento” (Duhalde 1999).

En el año 1992 se sancionó la ley de creación de la Universidad Provincial del Sudoeste (Leyes 11465 y su modificatoria 1153/94) con sede en Pigué. Recién inició sus actividades durante la gestión del gobernador Rouckauf.

 

Bibliografía citada

- Asamblea Legislativa (1999) Apertura del 127 periodo de Sesiones Ordinarias, Secretaría de Comunicación Social, Buenos Aires.

- Cuadernos de Economía (2001) ¿Por qué y cómo reformar el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires?, Ministerio de Economía, Buenos Aires.

- CIPPEC (2003) “Las provincias educativas, estudio comparado sobre el estado, el poder y la educación en las 24 provincias argentinas”, CIPPEC, Buenos Aires.

- Congreso Pedagógico (1984) Informe Final de la Asamblea Nacional, Córdoba.

- Decibe Susana (2021) “Las reformas en educación, ciencia y tecnologías”, en Los Noventa, Sudamericana, Buenos Aires.

-DINIECE (2002) La Evaluación de la Calidad Educativa en Argentina, Experiencias Provinciales, Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

- Duhalde Eduardo (1999) Apertura de sesiones legislativas, Buenos Aires. 

- Feijoó M. del Carmen (1992) Reportaje, Revista de Educación y Cultura, Año 12, N 1, Buenos Aires.

(1996) El impacto democratizador de la extensión de la obligatoriedad escolar. Revista de ciencias sociales UNQ, en línea http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1439

- Frente Gremial Docente Bonaerense (2003) Ante el  fracaso de la reforma educativa, Escuela pública, popular y democrática. En línea www.suteba.org.ar›files

- Giovine Renata (2012) El Arte de gobernar el sistema educativo. Discursos de Estado y redes de integración socioeducativas, Universidad Nacional del Quilmes, Buenos Aires.

- Guadagni A. Alieto (2011) Otra escuela para el futuro, Instituto Di Tella – Siglo XXI, Buenos Aires.

- Lafiosca María Luz (2007) Acciones y discursos de los sindicatos de docentes frente a la sanción de la ley de transferencia  de establecimientos educativos nacionales a las jurisdicciones en la década de los ’90: los casos bonaerenses  de FEB  y SUTEBA, I Encuentro Latinoamericano de Estudios Comparados en Educación, SAECE.

- Lineamientos de la Política Educativa (1992) Lineamientos de la política educativa 1992, educación para Todos en la Provincia de Buenos Aires, Revista de Educación y Cultura, Año 12, N 1, Buenos Aires.

- Ministerio de Cultura y Educación (1995) Contenidos Básicos Comunes para la Educación General Básica, Ministerio de Educación y Cultura.

- Recalde Aritz (2019) El Plan P.I.B.E.S de la gobernación de Eduardo Duhalde, Revista Movimiento.

(2020) Reparación histórica en la Provincia de Buenos Aires: el Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense, Revista Movimiento.

 

Entrevistas a María de Carmen Feijoó y Susana Massobrio (agosto 2021).



[1] El artículo se integra en el proyecto de investigación de la UNLa “El peronismo bonaerense entre 1987 y 1999”.

[2] La ley 1420 de 1884 estableció la obligatoriedad y gratuidad de la escuela primaria en las provincias. La ley  2737 de 1890 creó un mecanismo de subvenciones del Gobierno Nacional a la educación provincial.  La ley 4874 de 1905 facultó a que el Estado Nacional, por solicitud provincial, cree escuelas elementales, infantiles, mixtas y rurales en todo el país (Ley Lainez). A partir de los años sesenta, se inició el traspaso consensuado de los establecimientos educativos primarios al nivel provincial por intermedio de convenios. La ley 21809/78 y el Decreto Nacional 1.231/78 transfirieron compulsivamente a las Provincias “todas las escuelas de enseñanza pre-primaria y primaria, supervisiones y juntas de clasificación dependientes del Consejo Nacional de Educación”. Esta última transferencia incluyó a 6779 establecimientos y 44.050 agentes (Giovine 2012: 121). Con la ley 22.367/80 se aprobó la “transferencia a provincias de servicios de educación de adultos”.

[3] El proceso de desarticulación del Estado Nacional es previo al año 1989. Ya Juan Carlos Onganía sancionó la ley 18.586/70 de transferencia  a “las provincias los organismos y funciones nacionales existentes en territorios provinciales”. Este proceso fue profundizado a partir de la dictadura de 1976. Con esta misma finalidad, Menem sancionó las leyes de Emergencia Económica (23.697/89) y de Reforma del Estado (23.696/89).

[4] Dando fuerza de ley a una iniciativa de la Revolución de junio de 1943, el gobierno de Juan D. Perón instituyó la educación religiosa nacional en las escuelas (ley 12.978/47). La educación religiosa fue incluida en la ley de Educación provincial bonaerense 5650 de 1951. En el mes de mayo de 1955 el Gobierno Nacional sancionó la ley  14.401 de derogación de la enseñanza religiosa en las escuelas.

[5] Susana Decibe argumenta que el problema fue que la ley 24.049 no garantizó que los recursos girados por la Nación se destinen a la educación y las provincias usaron ese dinero para otros destinos. Puntualizó que hubo mayor déficit en las provincias que tenían salarios más altos que los nacionales (Decibe 2021: 319).

[6] El Consejo había sido regulado por Ley 19.682/72 (Agustín Lanusse). Fue modificado por la 22.047/79 (Jorge R. Videla) y a la vuelta de la democracia por el Decreto  943/84 (Raúl Alfonsín).

[7] El “Nivel Jurisdiccional recoge los aportes de la jurisdicción a través de la elaboración de sus Diseños Curriculares y contextualiza los CBC en términos de la realidad regional, de acuerdo a las Orientaciones Generales y Específicas para la Elaboración de Contenidos Básicos Comunes (Res. Nº 33/93, CFEyE) y a los Criterios para la Elaboración de los Diseños Curriculares Compatibles (Res. Nº 37/94)” (Ministerio de Cultura y Educación 1995).

[8] Este nivel había sido una característica fundamental del primer peronismo y de su proyecto productivo de desarrollo. La Ley Educativa provincial 5650/51 incluyó las escuelas técnicas profesionales, las escuelas fábricas y las escuelas de capacitación, artes y oficios. En línea con el primer peronismo, en 1974 se creó la Dirección General de Formación Profesional. En 2005 se aprobó la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional.

[9] Con el mismo objetivo en el año 2005 se aprobó la ley 26.075 que propuso que “El presupuesto consolidado del Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la educación, la ciencia y la tecnología se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2010, una participación del SEIS POR CIENTO (6%) en el Producto Interno Bruto (PIB)”.

[10] El gobernador Antonio Cafiero había impulsado en 1989, sin éxito, una reforma de la Carta Magna. La propuesta le daba a la educación rango de Ministerio como había ocurrido en el año 1949 a nivel constitucional y con la ley de Educación provincial 5650/51. La iniciativa de Cafiero impulsó la creación de Consejos Escolares y la participación comunitaria, la Carrera Docente y la finalidad de “preservación del acervo histórico y cultural del Municipio y de la Provincia”.

[11] Esta regulación data de la Constitución de 1873 que en la Sección VII de Educación e Instrucción Pública dividió la gestión en un órgano  unipersonal designado por el Poder Ejecutivo (Director General de Escuelas) y otro ámbito deliberativo (Consejo General de Educación). La Administración local estaba a cargo de consejos electivos de vecinos designados a nivel de cada parroquia de la Capital y en cada municipio de la  Provincia. Estos aspectos fueron regulados por la Ley de Educación provincial 988/75.

[12] La Constitución provincial de 1994 retomó los principios de la enseñanza de la moral cristiana que fueron introducidos en la Carta Magna de 1934. La Constitución de 1934 fue el marco institucional que permitió que el gobernador Manuel Fresco implemente la educación religiosa en todas las escuelas de la provincia en el año 1936.

[13]Los docentes transferidos sumaban en total 63967, de los cuáles 45280 pertenecían al sector público y 18687 al privado (Diario El Día 19/10/92). En términos presupuestarios, esto supuso la incorporación de 575.319 horas cátedra y 28.481 cargos” (CIPPEC 2003:47).

[14] Con la Res. 4447/96 se fundó el Consejo Provincial de Educación Tecnológica (COPRET) dependiente de la Dirección General de Escuelas. Se crearon los Trayectos Técnicos Profesionales articulados con la Educación Polimodal. Los alumnos cursaban a contra turno y de manera obligatoria los Trayectos y al culminar y aprobar obtenían un certificado de Educación Polimodal y el Título de Técnico en la especialidad  (electromecánica, agro, construcciones, industria de procesos, entre otras) (Asamblea Legislativa 1999: 105).

[15] La ley estableció que cuatro de los diez consejeros, saldrían de “una lista de candidatos elegidos en un número igual al doble de los Consejeros a asignarse por la Asamblea de Docentes Provinciales”.

[16] La Resolución de la Dirección de Escuelas 6032/93 incluyó 16 Regiones Educativas.

[17] Antonio Cafiero había dinamizado la participación popular de la comunidad y la formación de Consejos Escolares y con ese fin sancionó la ley 10.589/87.  Al momento de la aprobación de esta última norma, estaba vigente la Ley provincial 6266/60 de Consejos Escolares que dotaba al flamante ámbito con funciones de administración local de escuelas primarias, de infraestructura edilicia, de administración del personal y de acción social.

[18] María del Carmen Feijjó fue Subsecretaria de Educación de la Provincia (1992-1994).

[19] Feijoó puntualizó que se da una importante reducción de estudiantes en el paso de primero a segundo año de la secundaria. Este problema se agrava entre los sectores de bajos recursos. Citando como ejemplo la provincia de Buenos Aires, mencionó que “para 1995 había 211.301 estudiantes en primer año de la media, mientras que en segundo ese dato se reducía a 176.377; en la técnica en cambio la caída era aún mayor, pues de 51.153 chicos en primero, había en segundo 35.952” (Feijoó 1996: 112).

[20] Susana Massobrio considera que si bien la Provincia no implementó estudios y evaluaciones globales, la experiencia fue positiva y muchas escuelas desarrollaron Proyectos Institucionales sumamente dinámicos (Entrevista a Massobrio 2021).

[21] El Gobierno Federal implementó los Operativos Nacionales de Evaluación de la Calidad.

[22] En noviembre de 2003 se realizó el Congreso del Frente Gremial Docente Bonaerense compuesto por la FEB y SUTEBA. Allí ambas entidades sindicales parecieron coincidir en el cuestionamiento a la reforma educativa de 1994. El argumento fue que la Ley Federal y la norma bonaerense 11.612/94 ampliaban las diferencias entre escuelas ricas y pobres, no habrían resuelto las altas tasas de abandono y repitencia y habrían debilitado el nivel medio técnico y agrario. El Frente Gremial cuestionó lo que consideró fue un ajuste y una reducción del presupuesto educativo y la precarización de las condiciones salariales y laborales, entre otros temas (Frente Gremial Docente Bonaerense 2003).

[23] Alieto Guadangni puntualizó que la participación del gasto educativo dentro del presupuesto provincial es la más alta del país: “34 por ciento versus un promedio de todas las provincias de apenas el 20 por ciento”. Pese a esta inmensa inversión el “gasto por alumno se ubica apenas en el promedio nacional. Esto refleja la inequidad del actual régimen de coparticipación federal de impuestos” (Guadagni 2011: 38).

[24] El presupuesto educativo de 1991 fue de 1044 millones de pesos y en el año 1999 aumentó a 3640 millones (CIPPEC 2003: 47). Pasó del 1,8% del PBI provincial en el período 1984-91 al 2,8% en el año 1999 (Asamblea Legislativa 1999: 27).

[25] En el mes de septiembre de 1990 Cafiero había creado una Comisión para formular la bandera (Decreto 3672/90). El Consejo analizó las insignias existentes a lo largo del tiempo y su simbología. El 6 de septiembre promulgó el decreto 2932/91 creando la “Bandera Oficial de la Provincia de Buenos Aires al pabellón compuesto por tres bandas, la superior y la inferior en color azul-celeste y la central blanca, un gorro frigio rojo, las manos entrelazadas, la pica, las ramas de laurel y de olivo, el sol naciente, las espigas cruzadas y la media rueda dentada”.

[26] Susana Massobrio fue Vicepresidenta 1 del Consejo General de Cultura y Educación.

[27] Entre otros temas, Farías de Castro propuso desdoblar los establecimientos de más de mil alumnos, realizó cuestionamientos al funcionamiento de la Educación Especial y creó 48 regiones (Entrevista a Feijoó y Massobrio 2021). Cuestionó la existencia de maestros que no trabajaban amparados en el régimen de licencias. Con el fin de regularizar el tema, modificó el sistema de juntas médicas dependiente de la Dirección de Escuelas recibiendo oposición frontal de SUTEBA que consideró que se estaba “privatizando” el servicio.  

[28] UNLP (nacionalizada en 1905), UNMDP (nacionalizada en 1973), UNLZ (1972), UNLu (1973), UNICEN (1974), UNS (nacionalizado Instituto Tecnológico en 1956) y UTN (ex Universidad Obrera Nacional de 1948).

Políticas de tierra y vivienda de la Gobernación de Eduardo Duhalde

  Aritz Recalde [1] , enero 2021   REVISTA MOVIMEINTO  Antecedentes de la gestión provincial Eduardo Duhalde destacó que la política q...