Aritz
Recalde,
septiembre 2021
Publicado en Revista Movimiento
1-
La Reforma Educativa Nacional
Provincialización de los servicios escolares del nivel secundario
y terciario
A partir de la década del sesenta el Estado Nacional
inició un proceso de transferencia de
los niveles educativos que tuvo TENIA a
su cargo. Hacia los años ochenta, el subsistema primario estaba prácticamente
en su totalidad en manos de las provincias.
A la vuelta de la democracia, el tema de la
transferencia de los servicios educativos tuvo importante agenda en el Congreso
Pedagógico del año 1984. Entre los dictámenes consensuados del Congreso se
puntualizó la importancia de implementar “la
progresiva provincialización y municipalización de la gestión educativa, con la
imprescindible y necesaria transferencia de los recursos pertinentes del Estado
Nacional, especialmente volcados a las provincias de menores recursos propios,
aumentando los índices de coparticipación en los impuestos nacionales correspondientes
a las menos desarrolladas. Deberá garantizar una amplia libertad operativa de
la diversidad de regiones, asegurando la organicidad en la coordinación,
indispensable entre jurisdicciones y sectores y su continuidad a pesar de los
cambios gubernamentales”. Se propuso provincializar la enseñanza inicial,
primaria, media y superior ya que en su punto de vista “La regionalización, la provincialización, el federalismo, presupone que
los Estados provinciales no deben delegar funciones que puedan cumplir”
(Congreso Pedagógico 1984: 222-223).
En el año 1991 el Gobierno Nacional sancionó
la ley 24.049, transfiriendo la administración de los servicios educativos públicos
de nivel secundario y terciario. La norma puntualizó que sería descentralizada
también la regulación de la enseñanza privada. Se transfirieron los bienes
muebles e inmuebles, los contratos y el personal, entre otros aspectos.
La Nación conservó las funciones de “análisis, evaluación y seguimiento de la
situación educativa” y otras tareas de asesoramiento y de gestión de las
relaciones internacionales. La ley incluyó un Anexo con un detalle de los
financiamientos “correspondientes al
costo de servicios de Hospitales e Institutos Nacionales, Políticas Sociales
Comunitarias y Programa Social Nutricional”.
La reforma impulsada por la Ley 24.049 fue parte del proceso general de desarticulación del Estado Nacional.
Con este fin, a partir de 1989 el gobierno de Carlos Menem aplicó un paquete de
privatizaciones de empresas y entes públicos y de descentralización y de transferencia
de bienes y de funciones hacia los niveles provincial y municipal.
El proyecto de provincialización educativa iniciado compulsivamente
con la dictadura de 1976, era contrario
a la doctrina del Justicialismo que tuvo una vocación nacionalista. Con el
Decreto 26.944/47 de Fines de la
Educación, Perón había puntualizado críticamente que el país tenía un
sistema educativo disperso y carente de coordinación e ideales nacionales, lo
que conducía a formar una sociedad débil “sin autodefensas y sin defensas externas”.
Para revertir el problema, propuso fortalecer la “conciencia histórica nacional, nuestra historia y nuestro idioma”.
Con este fin, el Decreto detalló que en todas las escuelas primarias de la
Republica se impartiría un mismo plan de estudios en los aspectos de formación
patriótica, moral, estética y religiosa.
La Ley Federal de Educación 24.195/93
En
el año 1993 se sancionó la Ley Federal
de Educación. Para esta fecha, el Estado
Nacional ya no administraba prácticamente establecimientos educativos,
conservando meramente el subsistema universitario. Las provincias asumieron la
función sin la garantía efectiva del financiamiento en el mediano plazo,
lo que derivó en varios casos en un deterioro general de los salarios y de las
condiciones de infraestructura de la educación pública.
La Ley Federal encontró mucha oposición de
parte de los gremios que asimilaron la provincialización a un intento de
municipalización, en línea como había sucedido en Chile. En realidad y más allá
de opiniones marginales, la municipalizacion nunca estuvo en la agenda del
Gobierno Nacional (Feijoó 2021) (Decibe 2021: 319).
La
ley 24.195/93 le otorgó al Consejo
Federal de Cultura y Educación la
potestad de ser el ámbito para la coordinación y la concertación de las
políticas de todas las provincias. El Consejo tenía que fijar la política
educativa, regular titulaciones, definir contenidos básicos comunes, entre
otras cuestiones. La ley creó el Consejo Económico-Social y el Consejo
Técnico-Pedagógico.
El
Consejo Federal definía los Contenidos Básicos Comunes (CBC) obligatorios para
el país, las provincias aprobaban sus diseños curriculares atendiendo las
diferencias regionales y
luego cada escuela formulaba un Proyecto Educativo Institucional.
La norma incluyó el esquema de la Educación Inicial (jardín
de infantes de 3 a 5 años siendo obligatorio el último año); la Educación
General Básica obligatoria (EGB de 9 años de duración); la Educación Polimodal
(3 años mínimos); y la Educación
Superior, profesional y académica de grado y posgrado (denominada “cuaternaria”
hasta la aprobación de la LES). La Ley reconoció los regímenes
de Educación Especial, de Adultos y de Artística. No se incluyó la especificidad
de la educación industrial y
agraria que se integraría en el Polimodal y en los Instintos de Formación
Superior.
La
EGB extendía dos años la formación obligatoria de los jóvenes. Asimismo y tema que recibió cuestionamientos,
la iniciativa habilitaba la posibilidad de primarizar los dos años iniciales de
la educación secundaria, dependiendo de las decisiones de cada jurisdicción. Esta
cuestión obligaba a las escuelas a reorganizar los contenidos de la enseñanza y
los saberes de los docentes. El espacio áulico tuvo que ser readaptado a una
nueva modalidad en la cual se cruzaban nenes y adolescentes.
La Ley Federal destacó la centralidad para la educación
que tienen la familia y la comunidad educativa de padres, estudiantes y
docentes. La normativa hizo particular hincapié en responsabilidad comunitaria
en la educación, auspiciando la participación de la Iglesia Católica y de los demás
los cultos reconocidos por el Estado.
El
artículo 61 de la ley 24.195 fijó
que la inversión pública consolidada total en educación (base año 1992) sería
duplicada gradualmente y el artículo 62 puntualizó que se lograría a partir de implementar
“impuestos directos de asignación
específica aplicados a los sectores de mayor capacidad contributiva”. El
objetivo era alcanzar la inversión del 6% del PBI.
El artículo 63 incluyó la figura del “Pacto Federal Educativo” que permitiría
que los gobiernos nacional y provincial formalicen la aplicación del nuevo
esquema. Se firmaron veintidós acuerdos federales adhiriendo a la Ley (Decibe
2021: 326)
2-
Reformas Educativas en la Provincia de Buenos Aires
Constitución
de la Provincia de Buenos Aires
Durante
la gestión de Eduardo Duhalde y hasta la reforma del año 1994, la provincia
funcionó con la Constitución de 1934
que incluyó un apartado Educación e Instrucción
Pública. Continuando la tradición provincial, la Carta Magna Bonaerense estableció
que la política estaba a cargo del Director General de Escuelas
que era designado por el Poder Ejecutivo en acuerdo con el Senado.
La
Constitución incluyó un Consejo General de Educación y consejos escolares de
nivel municipal y el texto detalló que la “administración
local y el gobierno inmediato de las escuelas en cuanto no afecte la parte
técnica, estarán a cargo de consejos electivos de seis vecinos argentinos de
cada partido de la Provincia”. Estos consejos retomaban el ideario
impulsado por Domingo Sarmiento.
La
instrucción secundaria y superior estaría a cargo de universidades, colegios e
institutos.
En el año 1994 se modificó la Constitución provincial
adecuándola a la reforma nacional. El Capítulo I se tituló Cultura y Educación y estableció que la “cultura y la educación constituyen
derechos humanos fundamentales” y que “La Provincia reconoce a la familia como
agente educador y socializador primario”. La Provincia asumió la gestión directa
de los servicios y se instituyó taxativamente la gratuidad de la educación
pública de gestión oficial en todos los niveles.
La
Constitución definió que el objeto de educación es “la formación integral de la persona con dimensión trascendente y el
respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, formando el carácter
de los niños en el culto de las instituciones patrias, en el respeto a los
símbolos nacionales y en los principios de la moral cristiana,
respetando la libertad de conciencia”.
La propuesta de Reforma Educativa de 1992
Durante
la gobernación de Duhalde la coordinación de la política estuvo a cargo de la
Dirección General de Cultura y Educación conducida inicialmente por Susana
Farías De Castro (1991) y luego por Graciela
Giannettasio (1992-1999).
A inicios de su gestión, Giannettasio publicó el
documento “Lineamientos de la Política Educativa
1992, educación para todos en la provincia de Buenos Aires”. La Directora
General consideraba que la educación acarreaba un deterioro de “dos décadas”, que era el resultante de
las crisis económicas y políticas y su consecuente expresión en la pobreza, la
desigualdad social y en la hiperinflación. Además, Giannettasio remarcó que había
inconvenientes estructurales técnicos, pedagógicos y de política institucional propios
del mismo sistema educativo.
En Lineamientos
de la Política Educativa se cuestionó la existencia de una burocracia
centralista poco permeable al cambio y a la innovación. Se hizo hincapié en el
desfinanciamiento del sistema y en los bajos salarios del personal. Entre los problemas
a resolver se mencionaron el deterioro del equipamiento, las deficiencias de los
planes de estudio y la falta de capacitación docente.
Con el fin de resolver estas cuestiones el equipo de
Giannettasio propuso cuatro grandes “Lineamientos
de política educativa” que eran la “equidad”, la “calidad”, la “cultura de
trabajo” y la “racionalidad de la gestión”.
La Dirección General proponía una agenda de trabajo
centrada en lo siguiente:
- Capacitación docente: titularización, apertura de concursos,
debate del marco jurídico laboral e implementación de jornadas docentes en
horarios de trabajo, entre otros;
- Equidad: políticas sociales, programas para bajar deserción,
trabajo con adolescentes y adultos, entre otras acciones;
- Calidad: evaluar los niveles primario y medio,
capacitar al personal, promover convenios con universidades y mejorar las
publicaciones de la Dirección General;
- Cultura del trabajo: atender demandas del mercado
laboral, firmar convenios con representaciones del trabajo y de la producción,
promover la formación profesional y la capacitación para los microempresarios,
etc.-
- Reforma administrativa: actualización y
capacitación permanente y una política de ocho programas específicos orientados
a Organización, Gestión administrativa contable, Recursos Humanos, Informática,
Descentralización, Infraestructura, Sistema de seguimiento y control, e
incorporar a la curricula de formación docente contendidos de administración
(Lineamientos de la Política Educativa 1992).
Transferencia
de Servicios Educativos Nacionales
El 30 de diciembre de
1993 se firmó el Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a
la Provincia de Buenos Aires. La
ley provincial 11.524/94 aprobó el Convenio y estableció las especificaciones
sobre cómo sería la modalidad del traspaso de los establecimientos y del personal del
nivel secundario y terciario.
Solamente los docentes del sector público
transferidos sumaban 45.280 (CIPPEC 2003:47).
En el año 1999 el sistema educativo bonaerense
era el más importante de Latinoamérica luego del de San Pablo y totalizaba 4
millones de estudiantes y 15.655 establecimientos en los distintos niveles
(Asamblea Legislativa 1999: 101 y 103).
Los cambios de la Ley Provincial de Educación 11.612/94
En el mes de diciembre de 1994 la provincia sancionó la Ley Provincial de Educación 11.612 y adhirió
a los principios
establecidos por la normativa nacional. Se refundó el sistema en base a los
niveles inicial, EGB y polimodal. Se incluyeron la educación especial,
superior, artística, de adultos. En línea con la reforma nacional, no se mencionó
a la educación industrial y agraria que serían subsumidas al polimodal. El
EGB aplicó los Contenidos Básicos Comunes que incluían los módulos de Lengua,
Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Tecnología, Educación
Artística, Educación Física y Formación Ética y Ciudadana (Ministerio de
Cultura y Educación 1995).
La
provincia fue la primera en el país en establecer la obligatoriedad de la
escuela secundaria (polimodal) e incorporar informática e inglés a la curricula.
Se distribuyeron 11.700 computadoras y 5000 impresoras y 1,9 millones de textos
escolares (Asamblea Legislativa 1999: 103).
Continuando
la tradición inaugurada por Sarmiento, la ley 11.612 incluyó un Consejo General de Cultura y Educación presidido por el Director
General de Cultura y Educación y compuesto por diez Consejeros designados por
el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados.
El Consejo adquirió las funciones de asesoramiento y en algunos temas su participación
fue obligatoria como es el caso de la elaboración o la reforma de diseños
curriculares, de leyes y estatutos, entre otras cuestiones. Fue reglamentado en
el año 1995 con la Resolución de la Dirección de Cultura y Educación número 214.
La
ley planteó que el sistema se organizaría sobre el principio de la
Descentralización Regional y
la gestión Distrital. En cada uno de
los Distritos funcionaría el histórico Consejo Escolar que
estaba compuesto por 4 a 10 Consejeros elegidos democráticamente en elecciones
generales, según el tamaño de la población del distrito. Los Consejos tenían a
cargo la administración de los Servicios Educativos incluyendo la provisión de
bienes y servicios y la intervención en cuestiones de regulación del personal
(licencias médicas, asignación de tareas pasivas, etc.-). La ley reconoció y
promovió a las Asociaciones Cooperadoras.
El periodo se caracterizó por un importante crecimiento
de la matrícula que aumentó de 2.7 millones en 1992 a más de 4 millones en el
año 1999 (Asamblea Legislativa 1999: 27). María del Carmen Feijoó,
mencionó que la extensión de la obligatoriedad del EGB venía a romper el “techo de crecimiento” de la matrícula y tuvo
un “impacto democratizador” que
tendió a revertir los altos índices de
repitencia y abandono
de la escuela secundaria tradicional (Feijoó 1996 y 1992).
Para
garantizar esta importante expansión de los últimos dos años del EGB y en los casos que no había infraestructura
pública suficiente, la Dirección de Escuelas firmó diversos convenios con
instituciones privadas y amplió la capacidad edilicia.
En
línea con la Ley Federal, las escuelas bonaerenses tenían que elaborar un Proyecto Institucional.
Con
la nueva normativa la Provincia se comprometía a evaluar la calidad en el
sistema educativo. Desde
el año 1998 se implementó un sistema propio de evaluación que tuvo el asesoramiento
y el monitoreo de UNESCO/OREALC. Se realizaron pruebas de conocimiento de lengua
(escucha, lectura y escritura) y de matemática. Se aplicaron cuestionarios de Formación
Humana y cuestionarios complementarios (alumno, director, docente y ficha de la
institución). Se proponía evaluar el proceso “en dos momentos sucesivos para relevar los cambios producidos e
identificar el aporte que las escuelas han hecho al aprendizaje”. Se
incluyeron dimensiones “integradas y
complementarias”, el “nivel de logro” y “el progreso” (Entrevista Feijoó 2021) (DINIECE 2002: 16-17).
La
opinión de los sindicatos
El
traspaso educativo y la modificación de su estructura recibieron críticas de
los gremios. Inicialmente, la posición de la Federación de Educadores
Bonaerense (FEB) estuvo más cercana a apoyar
la implementación de la reforma (CIPPEC 2003: 60). El Sindicato Unificado de
los Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) por el contrario,
criticó frontalmente la propuesta y la caracterizó como una condición impuesta
por el FMI y el Banco Mundial para la negociación de la deuda externa (SUTEBA
2013: 248).
Asimismo
y tema central, había entre los sindicatos un lógico reparo sobre cómo se garantizaría
la implementación y el financiamiento de la educación siendo que se transfería
una inmensa estructura de cargos, de tareas y de funciones. Los gremios
realizaron paros y movilizaciones exigiendo gradualidad en la cesión de los
servicios y pidieron garantías laborales y presupuestarias (Lafiosca 2007).
Pese al planteo sindical, el traspaso lejos estuvo de ser gradual cuestión que
generó inconvenientes de implementación.
El
tema de los recursos no era una cuestión menor. En la actualidad la cartera
educativa representa el principal destino de los fondos del Estado provincial.
Para poder afrontar la inversión,
en el año 1999 el gobernador Duhalde puntualizó que se triplicaron los recursos
en educación pasando de 1.200 millones de pesos en 1992 a 3.400 en 1999.
Esa inversión implicó el 35 % por ciento del presupuesto general (Duhalde
1999).
Según
un informe del Ministerio de Economía bonaerense, los recursos girados por las
leyes de descentralización educativa no cubrieron los costos básicos de funcionamiento.
Para garantizar el desenvolvimiento del sistema entre 1991 y 1999, la provincia
tuvo que destinar alrededor de $ 800 millones de presupuesto propio (Cuadernos
de Economía 2001: 29).
La identidad bonaerense
La
Ley Provincial de educación se refirió a la importancia de fomentar la “identidad bonaerense”. En este marco, la
Dirección General de Cultura y Educación convocó al concurso “Buscando la bandera bonaerense”
(Res. 6952/95).
En
la etapa inicial participaron alrededor de un millón de jóvenes de todas las
escuelas de la provincia y se presentaron más de 81.000 bocetos. De este
universo quedaron preseleccionados 32 proyectos finalistas. Se formó un jurado con
representantes de la UNLP, expertos de historia, delegados de la producción y del
trabajo y diputados y senadores. Este jurado seleccionó a los cuatro diseños
finalistas que fueron sometidos a una elección en todas las escuelas de la
provincia el día 12 de agosto. Fue elegido el proyecto elaborado por las
comunidades educativas de las Escuelas de Enseñanza Media Mateo Gelicich y Domingo
Faustino Sarmiento, ambas ubicadas en la municipalidad de Capitán Sarmiento.
La bandera articuló los valores del agro y de la
industria, la conciencia marítima y pampeana, y la tradición bonaerense del
federalismo. Se compone de una franja superior de color azul en representación
del cielo, del mar y de los ríos. En el centro tiene un sol naciente (esplendor),
que es rodeado por un semicírculo de laureles (símbolo de gloria). La parte
inferior de la bandera es de color verde representando el suelo fértil y en el
centro hay un girasol que simboliza la producción agropecuaria. Éste último
está rodeado por una rueda dentada que representa a la producción industrial.
El color rojo de la bandera simboliza el federalismo bonaerense.
Con la ley 11.997/97 se aprobó la bandera y con el
decreto 2979/97 se designó a la ciudad de Capitán Sarmiento como “cuna de la bandera”. La insignia fue
jurada el 14 de noviembre de 1997 en la Basílica de Luján. El día 20 de
noviembre en conmemoración a la Batalla de la Vuelta de Obligado se declaró el “día de la bandera bonaerense” (Ley 12.384/99).
Infraestructura escolar
Dado que la provincia opto por incorporar los dos nuevos
años de obligatoriedad (8vo y 9vo) al nivel primario, necesito adaptar la
infraestructura escolar disponible a ese esquema.
Durante la etapa se implementó un importante programa de
construcción y ampliación de escuelas primarias, polimodales y jardines en toda
la provincia modernizando y mejorando sustancialmente la infraestructura.
Susana Massobrio
mencionó que la expansión de la infraestructura permitió crear establecimientos
fuera de los centros urbanos, permitiendo que los jóvenes de la periferias
tengan derecho estudiar.
En la apertura de sesiones del año 1999 el gobernador
Duhalde detalló que “Construimos
1.285 escuelas y jardines nuevos, y ampliamos y refaccionamos 8.000 establecimientos
más”
(Duhalde 1999).
El Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el
Conurbano bonaerense, destinó una importante cantidad de recursos para
modernización del sistema en los grandes aglomerados urbanos de la Provincia.
Para garantizar la obligatoriedad del nivel preescolar se construyeron en el
conurbano 234 jardines. Se realizaron obras de ampliación y mejoramiento en 37
escuelas primarias (22.500 m2). El Ente del Conurbano edificó 18
establecimientos de enseñanza media (23.000 m2), 11 de enseñanza técnica
(21.500m2) y 13 escuelas especiales (13.000 m2) (Recalde 2020).
Agenda laboral
La ley 10.579/87 había aprobado el Estatuto del Docente
bonaerense y su implementación fue parte de importantes debates durante la
gobernación de Duhalde.
En el mes de febrero de 1992 la Directora de Escuelas, Farías
de Castro, propuso modificar la estructura de la Dirección de Escuelas, derogar
el decreto reglamentario del Estatuto Docente (2140/90) y buscó cambiar el
régimen de licencias. Las
medidas recibieron una fuerte oposición de los gremios que organizaron
movilizaciones y otras acciones de protesta.
Con el fin de atender el conflicto, en el mes de marzo el
Gobernador creó una Comisión Mixta compuesta con miembros de los principales gremios
(SUTEBA, FEB y SADOP) y con representantes del Ministerio de Trabajo (aprobada
por el Decreto 642/92).
En el mes de abril renunció Farías de Castro y la
remplazó Giannettasio. Cumpliendo la agenda de
los Lineamientos de la Política Educativa,
la Directora de Escuelas encaró una
importante cantidad de acciones tendientes a garantizar los derechos de los
docentes.
Como parte de la labor conjunta con la Comisión Mixta,
Duhalde sancionó el Decreto 2485/92 de reglamentación del Estatuto del Docente
(Ley 10.579 y sus Complementarias 10.614, 10.693 y 10.743); el Decreto 3206/92
que permitió titularizar a todo el Personal Docente Provisional que revestía en
Cargos Jerárquicos; y el Decreto 2202/92 impulsando el pago de un adicional “para el personal que no registre
inasistencias en cargos u horas cátedras alguna, licencias, franquicias, o
faltas de puntualidad, en el mes calendario respectivo”.
Capacitación docente
Entre los años 1992 a 1994 se implementó un proyecto de
capación en tecnología en las escuelas, por intermedio de experiencias educativas
semi-presenciales. La propuesta tenía módulos organizados a partir de videos y
materiales autodidácticos que fueron seleccionados y enviados por la Dirección
General de Escuelas a los docentes (Feijoó 2021).
En el año 1999 se iniciaron actividades de capacitación en
el marco de la Red Federal de Formación Docente Continua. Las capacitaciones
las dictaron docentes de Universidades Nacionales, en el marco de acuerdo con Institutos
de Formación docente y Centros de Investigación Educativa (CIE)
distritales (Entrevista Massobrio 2021).
Los Institutos de Formación se
abocaron a la reconversión de los maestros de primaria, con el fin de que se
desempeñen en el último ciclo del EGB. Otros, ampliaron la oferta de postítulos y de capacitaciones que sumaron
puntajes para la carrera docente.
Deporte y recreación
En
el año 1992 se iniciaron los Torneos
Juveniles Bonaerenses dependientes del Instituto Bonaerense del Deporte del
Ministerio de Gobierno y Justicia. Fueron articulados con el Ministerio de Salud y
Acción Social y con la Dirección General de Escuelas (Decreto 610/92). Entre
los considerandos del decreto de creación se destacó “Que las experiencias de participación en competencias educativas,
desarrolladas en un clima de convivencia y real alegría, es la manera de
contribuir a la formación de la personalidad individual y grupal de los jóvenes”
y “Que el deporte y las actividades
culturales son un medio idóneo para procurar hombres con mente y cuerpo sanos,
fundamentales para el desarrollo de la cultura del trabajo”;
Los
Torneos se orientaron a jóvenes entre 10 y 18 años y a partir de 1996 se
incluyeron Adultos Mayores (60 años en adelante) y deportistas con
discapacidades. La organización tenía tres etapas que eran la Local, la
Regional y la Final que se disputaba en la localidad de Mar del Plata. Los ganadores
viajaban a España e Italia.
Inscriptos
a los Torneos Juveniles Bonaerenses por
año
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
60.000
|
149.482
|
167.803
|
299.979
|
497.294
|
1.000.000
|
1.200.000
|
Elaboración propia con datos de la
Asamblea Legislativa 1999
En
el año 1993 la Dirección General de Escuelas lanzó el Programa Infantil Bonaerense Educativo Solidario (P.I.B.E.S). A
partir de 1996 la iniciativa tuvo modificaciones parciales y pasó a denominarse
“Programa Pibes Bonaerenses”.
Entre
los años 1993 y 1997 más de 250.000 estudiantes visitaron la Costa Atlántica
como parte de un programa que articuló fines educativos, culturales y sociales
(Recalde 2019).
Becas sociales
Durante la gestión de la UCR se sancionó la ley 10.502/87
creando el régimen de becas para establecimientos oficiales en el nivel
secundario, terciario y universitario.
En el año 1998 el Gobernador aprobó el decreto 4665
incluyendo un beneficio para los jóvenes del nuevo Nivel Polimodal. Según Duhalde, en sus ocho años de gestión se otorgaron
“100.000 becas de 100 pesos mensuales a
familias que, por problemas económicos, no puedan mandar sus hijos a la escuela”
(Duhalde 1999). Para financiar el programa se creó un fondo con 100 millones de
pesos anuales (Asamblea Legislativa 1999: 105).
Con el fin de garantizar el derecho educativo, la
gobernación financió la movilidad de estudiantes de zonas periféricas a
escuelas ubicadas en los cascos urbanos (Entrevista Massobrio 2021).
Expansión universitaria en la Provincia de Buenos Aires
A
diferencia de lo ocurrido en el nivel secundario y terciario, durante los años
noventa el Estado Nacional mantuvo la gestión directa de las universidades y
expandió considerablemente su número.
El
gobernador Duhalde remarcó el hecho de que “en
una década se crearon en nuestro territorio seis nuevas universidades, la misma
cantidad que se crearon en toda la historia de nuestra provincia.
Son las universidades nacionales de Quilmes, La Matanza, Tres de Febrero,
Lanús, General San Martín y General Sarmiento” (Duhalde 1999).
En
el año 1992 se sancionó la ley de creación de la Universidad Provincial del
Sudoeste (Leyes 11465 y su modificatoria 1153/94) con sede en Pigué. Recién
inició sus actividades durante la gestión del gobernador Rouckauf.
Bibliografía
citada
- Asamblea Legislativa (1999) Apertura
del 127 periodo de Sesiones Ordinarias, Secretaría de Comunicación Social,
Buenos Aires.
- Cuadernos de Economía (2001) ¿Por qué y cómo reformar el sistema educativo
de la provincia de Buenos Aires?, Ministerio de Economía, Buenos Aires.
- CIPPEC (2003) “Las provincias educativas, estudio comparado
sobre el estado, el poder y la educación en las 24 provincias argentinas”,
CIPPEC, Buenos Aires.
- Congreso Pedagógico (1984) Informe Final de la Asamblea Nacional,
Córdoba.
- Decibe Susana (2021) “Las
reformas en educación, ciencia y tecnologías”, en Los Noventa, Sudamericana, Buenos Aires.
-DINIECE (2002) La Evaluación de la Calidad Educativa en
Argentina, Experiencias Provinciales, Dirección Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa, Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología.
- Duhalde Eduardo (1999) Apertura de sesiones legislativas,
Buenos Aires.
- Feijoó M. del Carmen (1992) Reportaje, Revista de Educación y
Cultura, Año 12, N 1, Buenos Aires.
(1996) El impacto democratizador de la extensión
de la obligatoriedad escolar. Revista de ciencias sociales UNQ, en línea http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1439
- Frente Gremial Docente
Bonaerense (2003) Ante el fracaso de la reforma educativa, Escuela
pública, popular y democrática. En línea www.suteba.org.ar›files
- Giovine Renata (2012) El Arte de gobernar el sistema educativo.
Discursos de Estado y redes de integración socioeducativas, Universidad
Nacional del Quilmes, Buenos Aires.
- Guadagni A. Alieto (2011) Otra escuela para el futuro, Instituto
Di Tella – Siglo XXI, Buenos Aires.
- Lafiosca
María Luz (2007) Acciones y discursos de
los sindicatos de docentes frente a la sanción de la ley de transferencia de establecimientos educativos nacionales a
las jurisdicciones en la década de los ’90: los casos bonaerenses de FEB
y SUTEBA, I Encuentro Latinoamericano de Estudios Comparados en
Educación, SAECE.
- Lineamientos de la Política
Educativa (1992) Lineamientos de la
política educativa 1992, educación para Todos en la Provincia de Buenos Aires,
Revista de Educación y Cultura, Año 12, N 1, Buenos Aires.
- Ministerio
de Cultura y Educación (1995) Contenidos
Básicos Comunes para la Educación General Básica, Ministerio de Educación y
Cultura.
- Recalde
Aritz (2019) El Plan P.I.B.E.S de la
gobernación de Eduardo Duhalde, Revista Movimiento.
(2020) Reparación histórica en la
Provincia de Buenos Aires: el Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en
el Conurbano Bonaerense, Revista Movimiento.
Entrevistas
a María de Carmen Feijoó y Susana Massobrio
(agosto 2021).