“El engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en
gran parte en el grado de cultura que alcanza cada uno de los miembros que lo
componen (…) el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que
aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación , suprimiendo todo
obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legitima
vocación (…) Una forma racional de
propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la
enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse
para el bien del país”. Decreto 29.337/49
El 22 de noviembre del año 1949, Juan Domingo
Perón sancionó el decreto 29.337 que estableció la
gratuidad de los estudios universitarios en la Argentina. La iniciativa formó
parte del modelo de desarrollo industrialista, nacionalista y popular. En
particular, la gratuidad de la universidad se relacionó a dos aspectos estructurales
del proyecto nacional, que eran la independencia económica y la justicia
social.
La independencia económica y la
gratuidad universitaria
“Yo digo
que el siglo XXI, tiene que ser el siglo de "mi hijo el Ingeniero",
porque necesitamos muchos ingenieros en las distintas ramas, muchos técnicos,
mucha gente que trabaje en agregar valor a esta Argentina que estamos
reindustrializando (…) ahora que recuperamos Yacimientos Petrolíferos Fiscales,
necesitamos también muchos ingenieros en petróleo”. Cristina Fernández
Perón entendió que la dependencia cultural y
científica, impedían el desenvolvimiento de la industria y del poder nacional.
En este contexto, el gobierno exhortó a las universidades a que cumplan cuatro funciones
estratégicas:
1.
capacitar
masivamente[2] los
recursos humanos que demandaba una economía de pleno empleo.
2.
instruir
a los técnicos y a los científicos en las disciplinas industriales propias del
nuevo modelo productivo[3].
3.
conformar
una matriz científica y tecnológica nacional, favoreciendo la consolidación de
un patrón de desarrollo especializado y competitivo con alto valor agregado[4].
4.
promover
un modelo sustentable para la explotación de los recursos naturales del país[5],
atendiendo que eran estratégicos para apuntalar la matriz energética argentina.
La
justicia social y la gratuidad universitaria
La revolución
justicialista se propuso conformar una “Nación
socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”. Los
objetivos políticos y económicos del proyecto, estaban directamente ligados a
la emancipación popular (justicia social). Con este objetivo, el gobierno promovió:
-
la
igualación social de todos los habitantes del país, a partir de la
democratización del acceso a la riqueza y el poder social.
-
la
elevación social y cultural de los trabajadores, universalizando el acceso a la
salud, la recreación, la cultura o la educación en todos sus niveles.
-
la
participación política directa de los trabajadores en el Estado cumpliendo funciones
de Agregados Obreros en el Servicio Diplomático, de directores de empresas
estatales o de diputados en los
organismos parlamentarios.
En este marco, la gratuidad de la universidad
favoreció:
-
la
formación de los recursos humanos especializados que cumplían las tareas en el
nuevo Estado social de derecho.
-
el
ascenso social de los trabajadores por intermedio de la educación superior, accediendo
a una institución que históricamente les fue negada por las clases dominantes.
-
el
diálogo y la vinculación directa en el aula entre las distintas clases sociales,
evitando fenómenos como el racismo, la discriminación y el enfrentamiento
político.
-
la
afirmación de la cultura popular como parte fundamental de la cultura nacional.
-
el
reconocimiento de los trabajadores como sujetos de política educativa y
pedagógica[6].
[1] El Estado planificó
el programa industrialista a partir del Primer Plan Quinquenal (1946 – 52); del
Segundo Plan Quinquenal (1953- incompleto por golpe militar); del Plan Trienal
(1974- incompleto por golpe militar).
[2] Como complemento de
la gratuidad, el gobierno estableció por ley el derecho a becas de los
estudiantes universitario (Art. 87 de la ley 13.031/47).
[3] Con el objetivo de
promover la ciencia aplicada a la producción, el artículo 2, inciso 4, de la
Ley 13.031/47 sostuvo que eran funciones de las universidades “Estimar el estudio y desarrollo de la
ciencia aplicada y las creaciones técnicas, adaptándolas a las necesidades
regionales”. Con esta finalidad, la revolución creó la Universidad Obrera
Nacional (UOM) que impulsó diversas ramas de la ingeniería.
[4] El artículo 100,
inciso c) de la ley 13.031 de 1947 introdujo un apartado “De la enseñanza para
graduados (Cursos y carreras de especialistas)”. El texto estableció que “Las facultades reglamentarán la enseñanza
para graduados, organizando cursos de perfeccionamiento, de especialización y
carrera de especialistas, con el objeto de propender a la formación de los
técnicos que necesita el país en cada una de las ramas de las ciencias y de
actualizar los conocimientos de los profesionales”.
[5] El artículo 2 de la
ley 13.031/47, sostuvo que “Son funciones
de las universidades de las cuales no podrán apartarse: 12) Crear y sostener
institutos de investigación, cursos de perfeccionamiento o de especialización,
para profundizar el estudio o aprovechamiento de las riquezas naturales de la
zona del país donde tuviera su centro de acción cada universidad”.
[6] La UON nació con el objetivo
de desplazar el proceso de aprendizaje desde el ámbito fabril, hacia los espacios
educativos. Con esa finalidad, la institución favoreció los horarios nocturnos,
las prácticas de taller y les otorgó a los trabajadores prioridad en el ingreso.