jueves, 17 de diciembre de 2020

El sentido de la universidad

 Aritz Recalde, 9 diciembre 2020


 Publicado en Revista Movimiento 

El pasado 6 de noviembre fui invitado a disertar en una actividad organizada por la Universidad Nacional de Hurlingam y por la Universidad del Sentido dependiente de la fundación Scholas, Organización Internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa Francisco en el año 2013.

La consigna del encuentro fue “la construcción del sentido de los jóvenes en el mundo de la universidad”. El marco fue propicio para reflexionar sobre el origen, el significado presente y el devenir de nuestra tarea de educadores. Entre otros temas, surgieron los interrogantes ¿qué finalidad le damos a la enseñanza?, ¿qué valores transmite la universidad?, ¿qué imaginario tienen los jóvenes y cómo se forma? y ¿qué cultura estamos fomentando entre los estudiantes?.

La universidad y el sentido común del hombre contemporáneo

La universidad no es la única institución que construye el sentido de los jóvenes y coexiste con otros ámbitos formadores de los valores neoliberales hoy hegemónicos e imperantes en la mayoría de los países del mundo. El resultado de tales ideologías es la conformación del hombre masa y de la sociedad consumista, injusta y apática actual.  

El Papá Francisco viene alertando acerca de la crisis civilizatoria contemporánea que conduce a la sociedad a un estado permanente de indignidad, angustia, desigualdad y violencia. La humanidad atraviesa un drama existencial, caracterizado por el hecho de que abandonó el sentido trascendente para de la vida y todo se vuelve efímero y trivial. El individuo perdió conciencia de su origen y del mandato histórico y cultural de sus antecesores y lo remplazó por el consumo, por la alienación materialista y por la búsqueda autodestructiva de poder. El hombre posmoderno no tiene conciencia del pasado y tampoco obligaciones con el futuro y vive el presente en un estado de angustia e inseguridad emocional, de violencia y anomia frente al prójimo.     

De la lectura de las encíclicas Laudato Si (Cuidado de la Cada en Común) y Fratelli Tutti (Fraternidad y Amistad social) y de la exhortación apostólica Evangelli Gaudium (La Alegría del Evangelio), se observa con claridad que el hombre actual ha asimilado y naturalizado cuatro principios de una perniciosa ideología:

Primero: el mercado manda al hombre y la finanza domina al mercado. A diferencia de la ideología actual, Francisco considera que la economía debe orientarse al bien común de la colectividad y no a la mera acumulación de riqueza. El Papa alertó acerca del peligro que adquiere el actual poder omnímodo del dinero y de la especulación financiera que destruyen la producción y el trabajo derribando fronteras y suprimiendo derechos. Tal cual sostiene Francisco, el dinero parece adquirir vida propia y tiende a reinar la vida de los países, cuando en realidad debería servir al desarrollo humano y a la construcción de la libertad de los pueblos.

Segundo: la marginación y la desigualdad son hechos naturales del mercado. Francisco denunció el descarte social y la extendida pobreza actuales y los caracterizó, sin dudar, como parte de una realidad anticristiana y de una situación humanamente repudiable. El Papa alertó sobre el hecho de que se vienen profundizando las desigualdades dentro de cada nación y también entre los distintos Estados del planeta. El resultado del proceso es la coexistencia de un centro político rico y poderoso y unas periferias subdesarrolladas y pobres.

Tercero: la ciencia y la tecnología son neutrales y la trasformación que se está implementando sobre el mundo de la naturaleza es parte de la evolución. En Laudato Sí Francisco es enfático en destacar el inmenso peligro para la humanidad que acarrea la racionalidad actual, que destruye la naturaleza por intermedio de la expansión de la industria y del uso de la tecnología. En nombre del progreso y de la supuesta neutralidad de la ciencia moderna, se están demoliendo las bases materiales sobre las cuales funciona el planeta.

Cuarto: los valores y el mandato cultural e histórico son negativos e impiden el progreso universal. La ideología del hombre posmoderno sostiene que la religión y la tradición de las comunidades son supersticiones y resabios medievales que se tienen que erradicar. Se quiere imponer en su remplazo una racionalidad única, un igualitarismo autoritario de dimensión universal que niega la pluralidad étnica y nacional y que considera negativamente a la espiritualidad y a la tradición histórica de los pueblos. En nombre del progreso y de la evolución, la ideología neoliberal intenta borrar el irrenunciable derecho humano a la identidad tradicional, lingüista y religiosa local, nacional y regional. 

Resultante de esta ideología se formó el hombre masa, que está cada día más enajenado y separado de sí mismo, de sus vínculos familiares y de su comunidad. El pueblo siente que ya no controla el devenir y que su único fin es el consumo y la lucha animal por la supervivencia. Al ocultarle y negarle las finalidades colectivas, históricas y trascendentes, al hombre posmoderno solamente le queda el egoísmo material, el deseo de goce presente y la búsqueda destructiva de poder.

Al desligar a la persona de los valores, de la cultura y del mandato histórico de sus predecesores, se confunde fácilmente ser con tener, felicidad con consumo y bienestar con acumular bienes.

El individuo amoral actual actúa de manera violenta con los otros hombres y se dedica a luchar por el poder material y político sin reflexionar sobre los resultados de su accionar. Romano Guardini en el “Fin de los tiempos modernos” ya había alertado el resultado negativo de este proceso y estableció que “El hombre de los tiempos modernos abriga la opinión de que todo acrecentamiento de poder es, sin más, progreso, una elevación de seguridad, de bienestar, de utilidad, de plenitud de valores, de fuerza vital. En verdad, el poder es algo por entero polivalente. Puede crear el bien como el mal, edificar como destruir. Lo que realmente llega a ser depende del pensamiento que lo rige y del fin para el cual se lo utiliza”. Tal cual expresó lucidamente Guardini, “El hombre tiene poder sobre la cosas, pero no sobre su poder” y “no tiene conciencia, ni ética de los fines alcances de su poder”. 

El sentido histórico, social y colectivo de la universidad nacional y popular

Uno de los peligros que enfrenta la universidad actual es el de convertirse en un enseñadero sin alma y sin misión nacional e histórica, cuya única tarea sea la de titular a individuos egoístas y carentes de sentido de responsabilidad ética y social.   

La universidad tiene la irrenunciable responsabilidad de construir nuevos sentidos para los jóvenes, evitando caer en el utilitarismo y en las ideologías individualistas y del descarte propias de la posmodernidad. Con este fin, es fundamental educar en valores solidarios forjando una conciencia del deber del individuo para con su colectividad y con su historia. Es en este sentido que Jacques Maritain en “La educación en este momento crucial”, destacó que “La educación debe poner fin a la discordia entre las exigencias sociales y las del individuo dentro del hombre mismo. Necesario le es por consiguiente desarrollar a la vez el sentido de la libertad y el de la responsabilidad, el de los derechos y el de las obligaciones humanas, el valor de que se ha de revestir ante el peligro y en el ejercicio en aras del bien general, y al mismo tiempo el respeto de la humanidad en cada persona individual”. Como bien sostiene Maritain, la universidad tiene que garantizar la libertad y la realización individual, pero también debe imponer la obligación moral de los jóvenes de contribuir a la construcción de la comunidad, de la tradición cultural y del mandato histórico de la nación.

En la Argentina la universidad es autónoma en el plano académico y eso favorece la libertad de pensamiento y de catedra. También lo es en el terreno administrativo y esta condición auspicia la posibilidad de formular y de consolidar políticas de investigación y docentes de mediano y de largo plazo. En nuestra óptica, dicha autonomía nunca puede desligar a la institución de los fines y de las obligaciones históricas y debe estar guiada como plantea Maritain por el “ambiente social y la inspiración política” de la colectividad nacional.

 Las tres funciones de la universidad nacional y popular

La universidad nacional y popular debe orientar sus tres funciones al cumplimiento del bien común y de la emancipación y realización social, económica, cultural y política de la comunidad nacional e internacional.

 Función social

Históricamente, la universidad fue elitista y tuvo como objetivo demarcar y profundizar las diferencias de clase, étnicas, raciales y nacionales. En la tradición liberal solamente la clase alta ingresa a la institución que es arancelada y con eso controla más fácilmente el poder político. 

La universidad nacional y popular por el contrario, debe contribuir a la igualdad de posibilidades y al ascenso social, eliminando las limitaciones al ingreso y a la permanencia de origen económico o étnico. La institución tiene que fomentar el voluntariado social y la cooperación permanente de sus miembros con la comunidad extraacadémica, tendiendo a entablar diálogos y a buscar las soluciones que el pueblo y la nación demandan.

 Función política

La universidad educa al sector dirigente de los países y de sus aulas egresan buena parte de los miembros que conducen el gobierno, las empresas y las ONG.

Asimismo y tema fundamental, la institución introduce a la vida política a los jóvenes. La academia es una verdadera escuela para la futura dirigencia y allí los estudiantes encuentran un ambiente de estudio, de reflexión y de debate sobre los problemas nacionales y sociales. 

Es tarea fundamental de la universidad ennoblecer la política y ordenarla al cumplimiento del bien común y a la búsqueda de la libertad y de la realización de la comunidad nacional. Frente a la crisis de los partidos, la institución tiene que contribuir activamente a la educación de una dirigencia que supere el accionar de la “clase” política que procede pragmáticamente y con una lógica de beneficio corporativo que vende y que compra votos y leyes haciendo de la actividad un negocio.

La universidad puede ayudar a dignificar una función que es fundamental e irremplazable en la vida del hombre y que hace tiempo que está en decadencia. La institución debe elevar los fines de la política para orientarlos a la realización de las grandes causas, evitando el cortoplacismo y las típicas confusiones entre gobierno y Estado que le impiden al país pensar y construir proyectos a mediano y largo plazo.  Tiene que concientizar a los jóvenes en que el gobierno no es una caja para para las agrupaciones y las facciones partidarias, sino que es un medio de realización nacional y colectiva y que deben llegar los mejores hombres y mujeres a los cargos ennobleciendo la función pública. Los estudiantes deben persuadirse acerca de que la política no es un recurso para el enriquecimiento y el beneficio personal, sino que es una causa de reparación social y de ideales elevados.

Se trata como sostuvieron Alfredo Calcagno y de Luis Dellepiane, de formar una universidad que labore “por la ciencia, por la Patria, por la Libertad y por América”. En este crucial momento histórico, debemos educar a los jóvenes para que breguen por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Los estudiantes de hoy serán los responsables de edificar el pluri-verso y la multipolaridad de paz y de desarrollo de las naciones del mañana.   

 Función productiva y científica

Las universidades tienen la estratégica tarea de contribuir a formular un proyecto científico y tecnológico orientado al adelanto productivo e industrial y a la construcción de las bases materiales necesarias para superar el subdesarrollo.

La tecnología debe ser un instrumento para la solución de los problemas sanitarios, sociales, medioambientales y educativos los pueblos. Esta tarea requiere abandonar la mentalidad tecnocrática que liga la producción de saber a la mera acumulación de riqueza material. La ciencia y la tecnología tienen que orientarse al desarrollo pleno y sustentable de la comunidad.

Función cultural

La ideología neoliberal imperante es totalitaria y parte del erróneo supuesto de que existen una sola cultura y una idea de sociedad única y universal. Los intelectuales del pensamiento único anhelan formar una gran aldea global unificada culturalmente por internet y por el avance de las tecnologías borrando las identidades históricas, étnicas y nacionales. En realidad, en nombre de la universalidad quieren imponer la ideología occidental y centralmente anglosajona, que obliga a todos los pueblos a adherir al liberalismo de derecha o al liberalismo de izquierda. 

Las universidades tienen que ser ante todo nacionales y federales y deben estudiar, respetar y difundir los valores, la historia, la tradición, la identidad étnica y religiosa de cada comunidad. Respetando y revalorizando lo propio, es como se puede contribuir al cauce y al desenvolvimiento de la cultura universal.

sábado, 17 de octubre de 2020

El 17 de octubre y la Revolución Justicialista

 Aritz Recalde, Octubre 2020

Extraído de OPINARG

 El pueblo vence. El pueblo venía siendo derrotado por la oligarquía desde la Batalla de Caseros. Las guerras de policía de Mitre, los fusiles Remington de Sarmiento, las persecuciones a las montoneras y las represiones en Vasena y en la Semana Trágica habían regado de sangre trabajadora el suelo argentino. 

El 17 de octubre de 1945 tuvo a la clase obrera como el gran sujeto de la historia y en esa oportunidad no sólo triunfó sino que determinó la orientación de la política argentina. Con el fenomenal hecho de masas que, se calcula, movilizó 500 mil almas, el pueblo derrotó a las embajadas británica y norteamericana, así como a los representantes de capital concentrado reunidos en la SRA, la UIA y la Bolsa de Comercio.  La movilización debilitó a la oposición de los grandes partidos tradicionales (UCR, PS, PC y Conservadores), del periodismo comercial y de un sector militar enfrentado al proceso de cambio iniciado con la Revolución de junio de 1943.

Las bases empujan a la dirigencia y ganan la calle. El programa político y social iniciado en el año 1943 encontró una enconada resistencia tanto en sectores internos como internacionales. EUA, Inglaterra y la Unión Soviética cuestionaron el neutralismo del gobierno argentino en la Segunda Guerra y lo caracterizaron como parte de una estrategia de apoyo al frente alemán. Como resultado de las presiones diplomáticas y de los bloqueos económicos, el presidente Edelmiro Farrell emitió el decreto 6945 del 27 de marzo, declarando la guerra a Alemania y a Japón. La medida encontró oposición dentro del nacionalismo argentino y, si bien redujo la hostilidad internacional contra el país, el abandono de la neutralidad no impidió la campaña política pública y agresiva contra Perón, ejecutada por el embajador norteamericano Spuille Braden y por el Partido Comunista. 

El gran empresariado se opuso a la obra social de la Revolución del '43, cuestión frente a la cual Perón manifestó que era natural que frente a la reforma “se hayan levantado las fuerzas vivas, que otros llaman los vivos de las fuerzas (…) ¿En qué consisten esas fuerzas? En la Bolsa de Comercio, quinientos que viven traficando con los que otros producen; en la Unión Industrial, doce señores que no han sido jamás industriales”.

Los altos niveles de aceptación popular de las medidas sociales, fueron un llamado de atención para los partidos políticos tradicionales que vieron en Perón el riesgo que de que se prolongue la Revolución de 1943. Estos grupos iniciaron una dura campaña contra el gobierno desde el periodismo, que era mayoritariamente opositor. Organizaron movilizaciones y acciones callejeras destacándose la Marcha de la Constitución y la Libertad (19/9/45).

Empujados por la estrategia opositora, el 8 de octubre se produjo un amotinamiento militar en Campo de Mayo. En este escenario, el día 9 de octubre Juan Perón presentó la renuncia a todos sus cargos. En su último discurso al frente de la Secretaria de Trabajo y Previsión afirmó a los trabajadores: “venceremos en un año o venceremos en diez, pero venceremos. En esta obra, para mí sagrada, me pongo desde hoy al servicio del pueblo (…) y si algún día, para despertar esa fe, ello es necesario, me incorporaré a un sindicato y lucharé desde abajo”.

A partir del 9 de octubre los hechos se sucedieron rápidamente. Pese a haber renunciado a sus funciones, Perón fue encarcelado y conducido a la Isla Martín García. El día 12 las patronales se opusieron a pagar el aguinaldo ya convenido y se inició la típica revancha clasista que luego se reiteraría en 1955 y en 1976. Los partidos políticos organizaron la transición contrarrevolucionaria con el lema de transferir el poder a La Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, los rumores del encarcelamiento y del peligro de la vida del General circularon entre las barriadas humildes. El día 16 se reunió el Comité Central Confederal de la CGT y con una elección reñida de dieciséis votos a favor y once en contra, se convocó a un paro de 24 horas en defensa de las “conquistas” a realizarse el día 18. En la convocatoria a la huelga no se nombró a Perón, sino meramente al peligro de perder los derechos alcanzados.

Sin esperar la decisión del Confederal, la masa popular se movilizó el día 17 de octubre, exigiendo la vuelta de su líder y consagrándolo como el depositario de la lealtad del pueblo. En la histórica movilización, las bases superaron a sus dirigentes y le otorgaron a Perón un capital político excepcional y sin mediaciones.

El dilema de la clase dirigente. Los militares y civiles opositores presenciaron atónitos la plaza colmada de pueblo pidiendo por Perón. También fueron conscientes de que la policía desobedeció órdenes y levantó los puentes de ingreso a la Capital Federal permitiendo la movilización. El fantasma de la revolución social era un hecho y el régimen estaba en peligro. En ese contexto, un sector militar, entre los cuales estaban Vernengo Lima y Avalos, le propuso a Edelmiro Farrell reprimir violentamente la manifestación con las ametralladoras apostadas en el techo de la casa de gobierno. Farrell se opuso terminantemente y evitó que se produjera un reguero de sangre. Unos días antes, algunos militares ya habían sugerido asesinar a Perón.

Esta tendencia ideológica represiva y terrorista de los militares y los civiles no desapareció en octubre de 1945, sino que siguió vigente. Estos grupos organizaron los atentados contra civiles en 1953, los bombardeos de 1955 y los fusilamientos de 1956, entre otras atrocidades. Esta tendencia política sería hegemónica en la dictadura de 1976, que fue la respuesta al 17 de octubre: la clase dirigente no estaría dispuesta a cogobernar el país con los sectores trabajadores y nacionales. 

¿Por qué se movilizó el pueblo? Jorge Luis Borges consideró al 17 de octubre como “una especie de farsa” y el órgano periodístico Orientación del Partido Comunista caracterizó a los manifestantes como “hordas de desclasados” y “malevaje reclutado”.

En realidad, y para ser más objetivos, hubo dos grandes causas que favorecieron el 17 de octubre. La primera, fue la contundencia de la obra de la Secretaría de Trabajo y Previsión que, en un año y medio, aprobó más convenios y leyes protectoras del obrero y de su familia que todos los gobiernos nacionales anteriores juntos. Dicha efectividad Perón la logró con la intervención de los sindicatos y del partido militar, que le aportaron la agenda de temas a legislar y a resolver, y los cuadros técnicos para implementarlos. El segundo hecho excepcional que favoreció la movilización, fueron las destacadas condiciones de conductor, de orador y de organizador de Juan Domingo Perón, quien supo amalgamar un Movimiento político de articulación de clases y de diversas tradiciones partidarias y culturales.

La participación de los obreros en la obra iniciada en 1943 y su movilización del día 17 generaron las condiciones de posibilidad del Peronismo y a su vez, en un ida y vuelta, el líder potenció y refundó al Movimiento Obrero.

Los trabajadores columna del Movimiento Nacional. El 17 de octubre la clase obrera generó las condiciones para que Perón sea candidato a presidente en febrero de 1946. Los trabajadores aportaron su estructura para la campaña y formaron el Partido Laborista. Luego del triunfo electoral, el Movimiento Obrero ocupó ministerios, cargos legislativos y tareas en las embajadas, entre otros ámbitos. El Estado argentino fue refundado con los Planes Quinquenales y la reforma Constitucional de 1949, y la Revolución Justicialista permitió la universalización de los derechos laborales y sociales a la educación, la salud, el esparcimiento, las jubilaciones y la vivienda.

La clase obrera fue la columna vertebral del proceso político y generó las condiciones de posibilidad de formulación del programa de desarrollo y del despegue productivo argentino. El país inició un histórico ciclo de crecimiento y el sector más dinámico comenzó a ser la industria nacional y el resultado directo de ese proceso fue el pleno empleo.

Una parte de la burguesía no entendió que su propia clase dependía del Movimiento Obrero y acompañó los golpes de Estado contra el peronismo y los trabajadores de 1955 y de 1976. Las dictaduras debilitaron a la clase obrera, que era la base del proyecto político y el dique de contención al liberalismo y a los intereses de las corporaciones trasnacionales. La dictadura de 1976, al destruir el sindicalismo, que era la “gallina de los huevos de oro” del desarrollo argentino, generó las condiciones para el desembarco de la política económica neoliberal de desindustrialización, primarización y extranjerización productiva.

Los legados del 17 de octubre. Gracias a la movilización, se instaló en la agenda política argentina la necesidad de garantizar o al menos de considerar, los derechos de la clase trabajadora. A partir de esa jornada, se desenvolvió con fuerza el Modelo Sindical Argentino y el Movimiento Obrero más poderoso de Sudamérica. La clase obrera adquirió una renovada conciencia social y política de su centralidad en los destinos de la República Argentina. Con base en un Movimiento de trabajadores, se inició un proyecto de desarrollo industrial nacional, popular y antimperialista, edificando un país moderno e integrado socialmente.

 

sábado, 10 de octubre de 2020

Los cuatro Peronismos Universitarios

Nuevo libro de Ernesto Villanueva y Aritz Recalde

LIBRO COMPLETO ACA

Introducción

El peronismo y las universidades

El Primer Peronismo Universitario: planificación y democratización social

El Peronismo nació el 17 de octubre de 1945. Su antecedente directo fue la Revolución del mes de junio de 1943 que inició un programa de gobierno de cariz nacionalista, industrialista y de orientación social.  Los militares que protagonizaron el proceso político tenían diversos orígenes, distintas visiones del país y sus alianzas partidarias no eran las mismas. Pese a su diversidad, en general había cierto acuerdo sobre la necesidad de refundar la política exterior del país en un contexto de finalización de la Segunda Guerra Mundial. Los militares propugnaban modernizar la estructura productiva conformando una industria dinámica, que era visualizada como el rasgo fundamental de los nacionalismos del siglo XX. Proponían refundar el Estado dotándolo de los medios institucionales necesarios para sortear el reordenamiento de la economía y de la política internacional.

Para implementar esta magna labor se requería de una firme voluntad y de un gran poder de decisión. Los partidos políticos tradicionales estaban en crisis en la Argentina, en la región y en el mundo. Los partidos liberales y conservadores europeos que había guiado el ideario de nuestra dirigencia, eran cuestionados por nuevos movimientos de carácter conservador como el falangismo español, el fascismo italiano o el nazismo europeo y por expresiones socialistas o comunistas. Ya desde finales de los años treinta en Iberoamérica surgieron Movimientos de masas que pusieron en jaque a las elites partidarias. Estas experiencias forjaron movilizaciones multitudinarias que trajeron nuevas demandas sociales, como fueron las impulsadas por Getulio Vargas, por Lázaro Cárdenas, por Raúl Haya de la Torre o por Víctor Paz Estenssoro.

Frente a este escenario, los partidos argentinos Unión Cívica Radical (UCR), socialista y conservador carecían de la fuerza, del programa y de la legitimidad necesarias para encarar esa reforma. El peronismo fue la respuesta a una demanda histórica y fue la expresión local del movimiento antiliberal mundial.

Entre los militares del proceso político abierto en 1943 se destacaron Juan Perón y Eduardo Avalos. El primero, entabló un estrecho vínculo con el sindicalismo y con dirigentes políticos de numerosas extracciones ideológicas, a los que convocó desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social fundada sobre el viejo Departamento de Trabajo.  Avalos implementó un acuerdo con la conducción de la UCR  y se sublevó junto a otros militares deteniendo a Perón y ofreciendo al radical Amadeo Sabatini la conducción de la política nacional.

El 17 de octubre el pueblo fue el gran fiscal de la historia y con la masiva movilización sacó al líder de su encierro en la isla Martin García e inició la construcción del nuevo sujeto histórico. En el año 1945 nació un Movimiento político que acentuó aún más la crisis de los partidos políticos tradicionales y que propugnó la construcción de un nuevo Estado.

Estas tensiones ingresaron de lleno a la universidad que era administrada, principalmente, por autoridades y por docentes radicales, socialistas, conservadores y liberales. Inicialmente, surgieron discrepancias en las Casas de Altos Estudios con las intervenciones de los delegados nacionalistas dispuestas por la Revolución de junio de 1943. Revirtiendo estas medidas, en febrero de 1945 Perón impulsó dos decretos tendientes a la normalización de los claustros (decreto 3.156) y a la reincorporación de los profesores cesanteados (decreto 3.157) en las universidades de La Plata, del Litoral, de Córdoba y de Buenos Aires.

Lejos de desaparecer los conflictos con ambas medidas, las tensiones con los académicos continuaron y la institución y sus miembros se encolumnaron en los dos grandes frentes políticos que apoyaban y que se oponían a Perón. Los principales referentes de los partidos tradicionales conservador, radical, socialista y comunista integraron la Unión Democrática y movilizaron sus frentes estudiantiles (FUA o FUBA) y docentes contra el líder Justicialista. Profundizando esa tensión, luego de que Perón asumiera la presidencia se produjeron disputas, renuncias y cesantías de profesores.

El bloque oficialista que triunfó en las elecciones de 1946 organizó un nuevo espacio integrando a estudiantes, profesores y nodocentes de origen radical, socialista, conservador y nacionalista. La importante participación sindical dentro del peronismo, auspició una renovada agenda de reformas sociales en una institución educativa que había tenido un carácter elitista.

El gobierno iniciado en 1943 fundó el Consejo Nacional de Posguerra a partir del cual se redactó el Primer Plan Quinquenal (1947-1951). Como parte del programa de desarrollo, se sancionó la nueva normativa universitaria en el año 1947 que buscó estrechar la educación y la ciencia con la economía y con el conjunto de las políticas públicas. La legislación fue impulsada en el recinto por varios diputados que habían militado en la UCR y que desde 1946 integraban el bloque del oficialismo Justicialista. Tal cual vamos a comentar en el capítulo 1, la ley 13.031/47 incluyó aspectos de la tradición reformista y le agregó conceptos ligados a la planificación Estatal muy en boga en la etapa.

En el año 1948 se creó la Universidad Obrera Nacional (UON) que se regionalizó para atender las demandas productivas y tecnológicas de las zonas de influencia dónde estaba inserta. En 1949 la nueva Constitución Nacional le otorgó la autonomía a las universidades e incluyó una mención explícita a dicha regionalización.

El Justicialismo impulsó la democratización del acceso a la educación. Primero lo hizo otorgando subsidios y becas y luego lo complementó con la eliminación de los aranceles que fue establecida en el mes de noviembre de 1949. Desde 1952 se instituyó la gratuidad en todos los niveles educativos y en 1953 se eliminaron los cursos de ingreso en las universidades.

Durante la etapa Justicialista se aprobaron nuevos marcos regulatorios del trabajo docente y nodocente. Los primeros adquirieron por ley los derechos a la dedicación exclusiva, a la carrera docente y tener salarios dignos. Los nodocentes inscribieron su labor en el marco del derecho laboral del personal de la administración pública nacional. La etapa estuvo signada por la creación de sindicatos y asociaciones de trabajadores, como fue la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) fundada en abril de 1949 o la Asociación Docente Argentina (ADA). En línea con el ideario de la Comunidad Organizada que presentó Perón en el Congreso de Filosofía de Mendoza en el año 1949, surgieron agrupaciones oficialistas de estudiantes secundarios (UES), de jóvenes universitarios (Confederación General Universitaria) y de profesores e intelectuales (Confederación General de Profesionales). 

El Justicialismo creó una Comisión de Construcciones Universitarias e implementó un importante programa de infraestructura en las diversas instituciones de la Argentina.

Tal cual vamos a mostrar en el libro, si bien las luchas partidarias nacionales atravesaron la vida universitaria, los diez años del Justicialismo fueron sumamente importantes para el desenvolvimiento de las ciencias sociales, humanas y en las disciplinas aplicadas a la innovación y el desarrollo tecnológico.   

El Segundo Peronismo Universitario: la nacionalización de la juventud y de la ciencia

En el año 1955 se produjo un Golpe de Estado y los militares expulsaron a gran parte de los docentes, nodocentes y autoridades de las universidades. El país atravesó 18 años de regímenes de proscripciones y de dictaduras. En marzo de 1973 Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima triunfaron en las elecciones y propugnaron la implementación de un nuevo programa de desarrollo nacional que continuó los lineamientos generales del primer peronismo. Sus pautas fueron diagramadas en un Plan Trienal (1974-1977) que presentó Juan Perón a la Asamblea Legislativa.

El tercer gobierno Justicialista fue acompañado masivamente por la juventud. Una vez obtenido el triunfo electoral de marzo de 1973, las instituciones fueron intervenidas por estudiantes, profesores y por nodocentes que acompañaban al gobierno entrante.

La política universitaria siguió los lineamientos fijados anteriormente en la Hora de Pueblo y en las Coincidencias Programáticas de los Partidos Políticos. A diferencia del año 1947, la nueva ley universitaria sancionada en 1974 tuvo el apoyo del bloque legislativo de la UCR.

La ley 20.654/74 siguió el ideario del primer Justicialismo en lo concerniente a la inducir la vinculación de la ciencia con el desarrollo y a promover la regionalización educativa y la cultura nacional y popular. Una de las diferencias fundamentales en relación a la normativa de 1947, es que la flamante Ley Taiana dotó de mayor autonomía a las universidades en lo referente a la organización del cogobierno. La ley 20.654 conformó un gobierno tripartito con docentes, estudiantes y nodocentes y fomentó la relación de la institución con los representantes de la producción y del trabajo.

La corta y convulsionada atapa que transcurrió de 1973 a 1975, fue un laboratorio pedagógico, cultural y político sumamente importante en la historia de las universidades argentinas. Se implementaron líneas de investigación sobre Latinoamérica y el Tercer Mundo y se realizaron diversas experiencias de articulación del conocimiento con el medio social y productivo. En línea con el movimiento cultural de los años sesenta y setenta, se propugnó activamente el compromiso del profesional con la política y con la reforma social y económica.

El Tercer Peronismo Universitario: expansión universitaria y nuevas regulaciones

Tomando distancia del justicialismo de los años cincuenta y del setenta, a partir del año 1989 Carlos Menem aplicó un programa económico, cultural y social de corte neoliberal. La política universitaria siguió un rumbo diferente y se expandió el Sistema Universitario y el Estado lejos de desligarse de la planificación educativa tuvo un rol activo y protagónico.

En línea con los dos primeros peronismos que impulsaron la planificación estatal educativa, en 1995 se creó una Secretaria de Políticas Universitarias. En 1995 se sancionó una nueva Ley de Educación Superior que le otorgó amplia autonomía a las instituciones, en paralelo a que dio al Estado nacional nuevas competencias regulatorias.

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) supuso un cambio fundamental en la gestión académica e instaló una nueva cultura institucional que puso al interés público y a la evaluación universitaria en el centro del sistema.

Se profesionalizó el área de estadística universitaria otorgándole al Estado un instrumento fundamental para la planificación. La política de Programas orientados a áreas estratégicas o los originados con fondos especiales, le dieron al Estado un instrumento importante para articular la autonomía académica con el desarrollo nacional.

El Régimen de Incentivos instrumentado fue y sigue siendo una importante política de impulso a la investigación entre los profesores. Si bien es perfectible, al día de la fecha no fue remplazado, ni superado.

Durante la etapa la esfera universitaria tuvo una expansión de los subsistemas públicos y privados. Entre 1989 a 1996 se crearon nueve Universidades nacionales y un Instituto de la misma índole, protagonizando uno de los ciclos de crecimiento institucional más significativos de la historia del país.

El Cuarto Peronismo Universitario: expansión del sistema y recuperación presupuestaria

El primero y el segundo peronismo fueron nacionalistas y el tercero neoliberal. Desde 2003 el justicialismo adoptó un esquema económico de carácter desarrollista.

Luego de la crisis del 2001 y de la renuncia del mandatario Fernando de la Rúa, asumió Eduardo Duhalde.  El presidente radical había aplicado una reducción del 13% al presupuesto público incluyendo a las universidades. Revirtiendo la tendencia de los recortes y ajustes,  en el año 2002 se crearon dos universidades y poco a poco fue normalizándose la vida política argentina y también la propia de la educación superior.

Continuando el ideario Justicialista, desde 2003 se aprobó una importante legislación laboral docente y nodocente que se consagró en dos flamantes Convenios Colectivos de trabajo.

El gobierno de Néstor Kirchner y luego el de Cristina Fernández continuaron las políticas de democratización social instaladas por el primer Justicialismo. Se implementaron diversos y masivos proyectos de becas sociales y científicas que intentaron articular la inversión educativa con las áreas estratégicas del desarrollo.  

Desde el Ministerio de Planificación Federal y luego con recursos de la Comunidad Andina de Fomento, se impulsó un inédito programa de infraestructura y de modernización universitaria en toda la Argentina.

Retomando la tendencia de los años noventa, el Gobierno Nacional instrumentó la expansión del sistema de universidades públicas más importante de la historia. En doce años se aprobaron en el Congreso de la Nación las leyes de creación de diecinueve universidades. Gracias a eso, la Argentina y por primera vez, dispone de instituciones en todas las provincias. 

 El Peronismo Universitario: legado y actualidad

El Peronismo Universitario conformó el cuarto gran modelo de gestión de las universidades argentinas, conjuntamente con los proyectos hispanoamericano, el liberal y el reformista. En todos estos sistemas de administración de la educación superior existen continuidades y rupturas con las iniciativas anteriores. En cada caso, se retomaron aspectos prexistentes, se cambiaron políticas y se fundaron nuevas modalidades.

Tal cual vamos a destacar en el presente libro, el peronismo universitario se integró con una confluencia de docentes, de investigadores, de nodocentes y de estudiantes de militancia anterior en la UCR, el socialismo, nacionalismo y otras corrientes partidarias. Este dialogo entre tradiciones ideológicas quedó reflejado en el abrazo de Perón y Balbín y se profundizó en la militancia de los años setenta y ello permitió forjar las Coincidencias Programáticas de los Partidos Políticos y facilitó la aprobación de la ley 20.654/74 con acuerdo unánime de todos los sectores.   

Al menos, hay cuatro pilares que identifican los aportes del Peronismo Universitario y que integran el funcionamiento actual del sistema educativo.

La expansión y regionalización de las universidades argentinas

El Justicialismo es la fuerza política que más universidades nacionales fundó en los doscientos años de historia de la Argentina: 33 sobre un total de 57. Es la única expresión partidaria que en todas sus gestiones, sin excepciones, fundó instituciones. Juan Perón creó la Universidad Obrera Nacional en su primer gobierno e inauguró otras dos en su tercera gestión. Carlos Menem promovió nueve, Eduardo Duhalde dos y Néstor y Cristina Kirchner diecinueve.   

Con la Universidad Obrera Nacional se inició una experiencia sumamente importante de regionalización académica y en cada sede de la institución variaron las carreras y las líneas de investigación. Se orientó la oferta académica a la resolución de los problemas regionales y nacionales y eso promovió la apertura de nuevas líneas de trabajo. Esta característica fue imponiéndose como cultura institucional y actualmente nadie discute que las universidades deben regionalizarse y responder, propietariamente, a la resolución de las diversas agendas de las comunidades en donde están insertas.


La formación de un sistema universitario nacional vinculado a los planes de desarrollo

Con el primer Plan Quinquenal y luego con la ley 13.031/47 el Justicialismo inició la planificación universitaria argentina superando el concepto liberal y reformista de la autonomía.

En el año 1949 y en 1994 le otorgó a la autonomía rango Constitucional. El justicialismo demostró en sus cuatro gestiones que las propuesta de los representantes de la democracia de masas y la autonomía universitaria no son contradictorios, sino complementarios.

Con la finalidad de planificar y de orientar a la labor de las universidades autónomas, el justicialismo sancionó cuatro leyes de educación superior (1947, 1954, 1974 y 1995) sobre cinco aprobadas en toda la historia del país. Se buscó armonizar el desarrollo nacional con la dinámica interna universitaria y además se propugnó superar el aislamiento entre las instituciones a las que se unificó dentro de un mismo Sistema. 

El Justicialismo impulsó activamente la tarea de investigación en las universidades y en el conjunto de instituciones  públicas. Su propuesta fue y sigue siendo la de promover programas orientados a los Problemas Nacionales y regionales económica y socialmente relevantes. En el Primer gobierno fundó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en el Tercero el Programa de Incentivos y en el Cuarto el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

El peronismo creó nuevos instrumentos de gestión institucional que permitieron que el Estado potencie áreas estratégicas del desarrollo científico y que se favorezca la organización de un sistema integrado con estándares compartidos. En el año 1947 impulsó el Consejo Nacional Universitario, antecedente del actual Consejo de Universidades. Fundó en 1949 el Ministerio de Educación de la Nación y la Subsecretaria de Universidades, en 1993 la Secretaria de Política Universitarias y en 1995 la CONEAU. 

Actualmente, se habla de autonomía responsable y se ofrecen distintos modelos posibles de relación con el Estado. Ya prácticamente no se considera al conjunto de las Políticas Públicas emanadas del sistema democrático como un “peligro” o como un factor “distorsivo” de la ciencia. Por el contrario, cada día es más habitual el dialogo y el apoyo mutuo entre la educación superior y el conjunto del Estado. Paulatinamente gana consenso el concepto acerca de que la autonomía es un medio necesario para la gestión científica y cultural, pero no conforma un fin en sí mismo.  

Los derechos sociales y laborales de la comunidad académica

El primer Justicialismo estableció la gratuidad de las universidades, fomentó los horarios nocturnos, subsidió apuntes y creó por ley planes de becas. Tales acciones tuvieron como finalidad derribar la histórica barrera de clase que imponían las instituciones. Resultado de eso, aumentó considerablemente la matrícula y se modificó el perfil de la clase dirigente del país. La masificación del estudiantado permitió atender la demanda técnica generada por la industrialización. 

Durante el tercer y cuarto peronismo se expandió el sistema universitario por todo el país y principalmente en el conurbano bonaerense. Como resultado de este proceso, hubo un aumento importante de estudiantes de primera generación universitaria y originarios de los grupos más humildes.

Además, el peronismo en la primera y la cuarta etapa fue el que instauró y que potenció los principales derechos de los trabajadores docentes y nodocentes. Consagrando esta vocación, el Justicialismo kirchnerista sancionó los Convenios Colectivos de Trabajo nodocente (2006) y el de los profesores (2015).   


LIBRO COMPLETO ACA

jueves, 8 de octubre de 2020

Las regulaciones universitarias y la reforma de la Ley de Educación Superior

 Aritz Recalde para Página 12

El Presidente Alberto Fernández anunció que impulsará una nueva LES, en remplazo de la actual 24.541/95. La norma ya tiene 25 años y tuvo tres modificatorias parciales con las leyes 25.573/02, 25.754/03 y 27.204/15. Si bien al momento de su sanción el texto recibió diversas críticas, se debe reconocer que la LES fue lo suficientemente amplia al punto de que no fue un impedimento para implementar el programa universitario iniciado en 2003. Caracterizar a la LES como meramente neoliberal es una simplificación y para ser más exactos, la norma articuló aspectos las tres tradiciones universitarias del siglo XX que son el liberalismo, el reformismo y el nacionalismo popular.

El liberalismo sancionó la Ley 1597/85 que tenía solamente 4 artículos y que se complementó con la 1420/84 de Educación Común. La universidad era arancelada y los docentes eran designados por el Poder Ejecutivo en base a una terna enviada por las Facultades. La institución era elitista y tenía como finalidad profundizar las desigualdades sociales y en 1885 concurrían a la UBA y la UNC solamente 775 estudiantes.

Los reformistas de 1918 promovieron la formación de una cultura humanista, social y sudamericana y los jóvenes exigieron formar parte de las decisiones del cogobierno. Reivindicaron la importancia de la autonomía en los planos académicos y políticos institucionales. La vocación autonomista no favoreció la sanción de leyes, sino más bien cambios de los Estatutos de cada universidad.

El nacionalismo popular universitario fue implementado por el Justicialismo, que elaboró Planes Quinquenales e inscribió el programa educativo y científico como parte del desarrollo nacional. El peronismo sancionó las leyes universitarias 13.031/47, 14.297/54 y la 20.654/74 que estuvieron orientadas a articular más estrechamente la labor de las instituciones, con la búsqueda de la independencia económica, la justicia social y la construcción de un nuevo Estado. Las instituciones fueron regionalizadas y se creó un Consejo Nacional Universitario de coordinación con participación del Ministro de Educación y de los rectores. La regionalización universitaria indujo la creación de la UON que ofertó carreras de ingenierías vinculadas a la producción de cada provincia. El Justicialismo concibió a la educación como parte de la justicia social y en 1947 sancionó la legislación protectora del trabajo docente (dedicación exclusiva y Carrera docente) y nodocente. Estableció por ley las becas de estudiantes e instauró la gratuidad de la universidad (Dto 29.337/49) y del conjunto de la educación (Dto 4.493/52).

 

La nueva LES deberá ser parte de un amplio debate nacional con los representantes de la producción, del trabajo y de la cultura. Tendrá el desafío de articular armoniosamente la autonomía, con la necesaria planificación federal y estratégica del desarrollo. Deberá educar en el compromiso social de sus miembros y por la formación de un ideario nacionalista y sudamericano. Tendrá que crear condiciones para que estudien los sectores populares y para el efectivo cumplimiento de los derechos laborales docentes y nodocentes.

 

 

viernes, 7 de agosto de 2020

El Proyecto Nacional del Justicialismo y la gratuidad universitaria

 Revista del Instituto de Investigación en Educación Superior (IIES)

Introducción

“No puede concebirse a la universidad como separada de la comunidad, y es inadmisible que proponga fines ajenos o contrarios a los que asume la Nación. No puede configurarse como una isla dentro de la comunidad, como fuente interminable de discusiones librescas”. Juan Domingo Perón

 

El establecimiento de la gratuidad de la universidad fue sancionada por el Poder Ejecutivo Nacional en el mes de noviembre de 1949 y se incluyó como parte de las metas sociales, económicas, culturales y políticas de los Planes Quinquenales.

No fue la presión de la misma comunidad universitaria la que determinó su sanción, aunque si contribuyó a eso. Tal cual vamos a profundizar en el presente artículo, Juan Domingo Perón no fue el primero en propugnar la gratuidad y un sector de los reformistas lo venían planteando en documentos y en jornadas. La tradición reformista ingresó al Justicialismo de la mano del importante grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora (UCR-JR) y de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA) que se integraron al oficialismo. Estos radicales participaron de redacción y defendieron en el recinto el ordenamiento institucional de la educación superior que fue aprobado en los Planes Quinquenales y en las leyes de 1947 y de 1954.

La gratuidad de la universidad era necesaria para lograr las metas de los Planes Quinquenales y del Proyecto Nacional Justicialista. En una gran síntesis, la medida se originó por cuatro cuestiones.

Económicamente, la acción se justificó en la necesidad de masificar la formación educativa del pueblo y en fortalecer la orientación técnica y aplicada de los profesionales en una economía industrializada y dinámica que alcanzó el pleno empleo.

Políticamente, tenía la finalidad de cambiar el componente social de la clase dirigente, dando al sector trabajador la posibilidad de acceder al título universitario y a lugares de poder político que históricamente le fueron impedidos.

En el plano social, la educación superior empezó a ser un medio de igualación y de ascenso en el nivel de vida de los trabajadores. En parte, era el resultado de la masificación del nivel educativo secundario y de la mejora del nivel de vida popular que favorecía que las familias obreras continúen en la enseñanza superior. Además, la medida se integró a un flamante sistema de promoción y de protección de los derechos laborales y colectivos. En la nueva Argentina los derechos sociales a la salud, la vivienda, la educación o el esparcimiento eran accesibles a todas las personas, sin distinciones de origen.    

En el plano cultural, la gratuidad facilitó un nuevo y fecundo dialogo entre clases  anteriormente distanciadas por la frontera educativa. En la óptica del Justicialismo, la universidad popular tenía que derribar la cultura elitista, racista y europeísta típica de las clases medias y altas. Era necesario construir una matriz identitaria nacionalista, sudamericana y humanista que oriente el saber para ponerlo al servicio de los pueblos y no meramente del capital extranjero y de la oligarquía. 

 

La gratuidad universitaria y los reformistas Justicialistas

La Reforma fue un movimiento político y cultural que superó los marcos de acción universitaria e irradió su influencia a distintas esferas de la sociedad argentina y sudamericana. El proceso se desarrolló con la participación de dirigentes radicales, socialistas, independientes y conservadores y estuvo caracterizado por un anhelo de cambio político y social para el país, la región y el mundo.

En su punto de vista, la universidad debía ser una usina de renovación cultural y tenía que contribuir a construir una nueva humanidad. Con esta ambiciosa meta los reformistas propugnaron cambiar los fines y los contenidos de la educación e impulsaron nuevos vínculos con los problemas sociales de su tiempo.

Los jóvenes cuestionaron el carácter arancelado y elitista del ingreso a las instituciones educativas, ya que ese limitante dejaba como saldo que solamente las clases altas y medias acomodadas podían estudiar.

 La gratuidad en los primeros congresos reformistas

Como resultado del mandato del Primer Congreso Nacional de Estudiantes efectuado en el mes de julio del año 1918, Gabriel Del Mazo y Dante Ardigó elaboraron un Proyecto de Resolución de “Gratuidad de la Enseñanza Superiorcon el fin de elevarlo al poder público. La iniciativa propuso constituir una universidad “absolutamente gratuita” y que esté caracterizada por ser “abierta, amplia y democrática”. Del Mazo y Arigó destacaron que los aranceles conformaron una institución de carácter “oligárquica”, que profundizaba las desigualdades sociales existentes impidiendo a los más pobres estudiar. La limitación económica se convertía en un filtro y muchos jóvenes no alcanzaban ese derecho pese a que tenían capacidades y vocaciones. En su opinión, la gratuidad de la institución iba a “afianzar la justicia”, contribuyendo a edificar un nuevo humanismo educativo.

Para financiar el Proyecto Del Mazo y Arigó impulsaron una reforma tributaria recuperando la experiencia de Uruguay, que implementó un “Impuesto al Ausentismo” compuesto con una contribución inmobiliaria efectuada sobre los individuos que tenían una propiedad y que no eran residentes en el país.

La iniciativa de gratuidad universitaria no fue implementada y no derivó en la propugnada actualización de la normativa nacional. Retomando los postulados reformistas, en el Segundo Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios del mes de agosto de 1932, los jóvenes siguieron requiriendo la democratización del acceso a la educación. Entre las resoluciones del Congreso, se consideró necesario:

“1) El Estado debe establecer una asignación fija, que en ningún caso podrá ser disminuida, que permita el eficaz desenvolvimiento de la Universidad, limitándose únicamente a controlar la inversión de la misma. Ello sin perjuicio de la formación del fondo universitario proveniente del gravamen al privilegio y a la riqueza improductiva;

2) La gratuidad de la enseñanza, que es una consecuencia de la democracia universitaria y de la asistencia e investigación libre;

3) Aumento de la remuneración a los profesores con el fin de asegurarles su independencia económica;

4) Se creará un amplio sistema de becas con el fin de: a- asegurar a los estudiantes pobres sus estudios; b- asegurar a los estudiantes capacitados sus cursos de perfeccionamiento con vistas a sus vocaciones docentes o de investigación”. 

Más allá de los planteos del Segundo Congreso la gratuidad no fue sancionada y las universidades siguieron siendo aranceladas.

 El legado reformista dentro del Justicialismo

En 1918 no hubo un solo reformismo, sino que en realidad coexistieron en un mismo proceso histórico numerosas corrientes políticas e ideológicas. Esta condición permite entender la diversidad de comportamientos y de tendencias que afloraron en las universidades durante las décadas del veinte al cuarenta.

El Justicialismo coexistió con esta pluralidad de visiones, ideologías y encuadramientos partidarios y eso se vio claramente reflejado en todas las universidades donde hubo reformistas oficialistas y reformistas opositores.

Tal cual adelantamos, la sanción de la gratuidad universitaria no fue el resultado directo de la demanda interna universitaria, sino que en realidad se originó en las exigencias del nuevo Proyecto Nacional. Asimismo, es bueno reconocer que Justicialismo instaló rápidamente en la agenda el tema gracias a la conciencia del problema que tenía la importante cantidad de dirigentes reformistas y de origen socialista que integraron sus filas.

Los activistas de origen sindical y socialista crearon el Partido Laborista que fue un instrumento fundamental de la campaña electoral del peronismo en 1946. Entre otros importantes miembros de militancia socialista que se sumaron al oficialismo, están Atilio Bramuglia que fue Canciller y Ángel Borlenghi designado Ministro del Interior. La gratuidad universitaria era parte del ideario socialista y los diputados peronistas oriundos de esa corriente fueron impulsores de la sanción de las leyes sociales de universalización de los derechos, incluyendo a la educación.

El Justicialismo sumó a un importante grupo de activistas de las diferentes corrientes de la UCR. El Vicepresidente de Perón desde 1946, Hortensio Quijano, fundó la UCR Junta Renovadora y con este partido alcanzaron la banca de la Cámara de Diputados de La Nación 27 legisladores. Se integraron al Justicialismo otros 10 diputados de distintas corrientes internas del radicalismo, en un bloque partidario compuesto de 109 miembros. Un grupo numeroso de radicales oriundos de FORJA ocupó lugares importantes de la administración de la Provincia de Buenos Aires.

En buena medida y a diferencia de lo que plantean algunos historiadores, el programa universitario del peronismo fue formulado con una intervención activa del reformismo oficialista de tradición socialista y radical. Se opusieron activamente diputados y senadores que de identificaban también con el reformismo, pero que estaban encuadrados dentro de la bancada de la UCR.

Cuando se trató el Proyecto de Ley Universitaria en 1947 representaron al Justicialismo los diputados de origen UCR-JR. Dichos legisladores eran destacados docentes y académicos como fue el caso de Raúl Bustos Fierro (UCR-JR Córdoba), José Luis Moreno (UCR-JR Mendoza), Ricardo Guardo (UCR-JR Capital Federal) o Leonardo Obeid (UCR-JR Córdoba). Estos radicales tuvieron una influencia fundamental en la organización universitaria del Justicialismo y en el establecimiento de la gratuidad.

Los reformistas que se integraron al peronismo en 1946 retomaron el legado del obrerismo juvenil propio de los socialistas y dirigentes de izquierda que como Palacios o Deodoro Roca, en 1918 habían propugnado activamente por la proletarización de matrícula de la universidad y por la vinculación de la institución con las luchas de los trabajadores.

Asimismo, el reformismo de orientación Justicialista expresó una crítica profunda al funcionamiento académico e institucional y para eso retomó muchos de los temas difundidos en el ideario de FORJA. Los intelectuales peronistas cuestionaron con dureza a los científicos y a los docentes de la universidad liberal por considerar que contribuían al mantenimiento del imperialismo cultural y económico. Además, los acusaban de ser cómplices del sistema de la desigualdad social que usufrutuaba la oligarquía argentina. Este planteo se observa nítidamente en la obra de algunos intelectuales de origen radical y reformista que se integraron al oficialismo como fue el caso de Juan José Hernández Arregui, Diego Luis Molinari, John William Cooke o Arturo Jauretche, entre otros.

Jauretche si bien no ejerció la docencia, tuvo una importante militancia estudiantil y los jóvenes forjistas llegaron a presidir la Federación Universitaria Argentina en el año 1939. En la antesala del Justicialismo, este grupo de radicales que luego se integrarían al peronismo publicó el “Manifiesto de FORJA a los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires”. Allí mencionaron que: “Demasiado sabemos en qué medida es esta Universidad, madre de las corrupciones, adoctrinamientos y complicidades que han llevado al país a la situación presente de colonialismo económico y cultural (…) En la deliberada desviación de la inteligencia argentina y en la frustración de sus mejores intentos, la Universidad ha tenido parte principal. Se ha desenvuelto de espaldas al país, ajena a su drama y a la gestación de su destino. Costeada y mantenida por el esfuerzo de todos los argentinos, movió a las sucesivas promociones a buscar en el título profesional la satisfacción –cada día más problemática- de la propia comodidad”.

Juan José Hernández Arregui era un admirador de Hipólito Yrigoyen, tenía una formación marxista y alcanzó el grado de doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba.  Destacó que “Los postulados de la Reforma del 18, extensión universitaria, agremiación estudiantil, becas, residencias estudiantiles, cooperativas, comedores y asistencia médica gratuita, universidad abierta al pueblo, equivalencia de títulos para los estudiantes latinoamericanos, etc., fueron conquistas de la época de Perón. Estas conquistas fueron efectivamente logradas durante el gobierno de Perón (Hernández Arregui J.J., 2004, p. 367). 

 

 El programa nacional de desarrollo, la educación y la ciencia

El Justicialismo fue la primera experiencia de planificación gubernamental integral del desarrollo nacional. En la concepción doctrinaria del peronismo el Estado argentino tenía tres grandes funciones:

-          impulsar el orden justo y el bien común de la colectividad.

-          articular políticamente al pueblo en una Comunidad Organizada.

-          ejercer el derecho a la autodeterminación política nacional frente a los otros Estados.

 En la doctrina Justicialista la economía y el mercado no construyen sociedad, sino que meramente asignan bienes. El trabajo no es una mercancía, sino que es el medio de realización humana que contribuye a formar la personalidad del individuo y a definir su aporte a la comunidad.  

A partir de 1943 y principalmente desde 1946 el Estado organizó integralmente la economía nacional y sancionó los nuevos marcos reguladores y protectores del trabajador y de sus familias. Ambas decisiones colisionaron con la ideología económica e institucional del liberalismo y el Gobierno fue acusado de subvertir el orden económico y de violar lo que se consideraba eran las normales relaciones laborales de mercado.  

En el año 1944 se creó el Consejo Nacional de Posguerra y en dicho ámbito se formuló el Primer Plan quinquenal implementado entre 1947 y 1951. El Consejo propugnó la nacionalización del Banco Central, de los depósitos bancarios y del comercio exterior efectuada por intermedio del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI). En el año 1952 el gobierno presentó el Segundo Plan Quinquenal (1953-58) que fue interrumpido por la dictadura de 1955.

La política pública fue regionalizada y se implementaron programas económicos, sociales y de infraestructura tendientes a industrializar la Argentina, alcanzar el pleno empleo y a edificar un ambicioso esquema de derechos a la vivienda, la salud, educación, esparcimiento, entre otros.

Se planificó la instalación de una nueva industria nacional a lo largo y ancho del territorio nacional. En Jujuy se conformó un polo siderúrgico con Altos Hornos Zapla y en Tucumán se potenció la producción ferroviaria en los Talleres de Tafí Viejo. La provincia de Córdoba fue un polo dinámico de producción aeronáutica y automotor público y privado. Las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) fabricaron autos, aviones, tractores, entre otras fundamentales innovaciones tecnológicas. El sur argentino se convirtió en un eje petroquímico y energético sumamente dinámico. En la provincia de Buenos Aires se diversificó el perfil productivo con el crecimiento de la industria en paralelo a la actividad agropecuaria y se dinamizó la producción naval en los astilleros nacionales de Rio Santiago y otras dependencias.     

Dicho modelo de desarrollo nacional y productivo requirió un nuevo programa científico y educativo. Con esta finalidad se refundó la estructura institucional en todos sus niveles. 

Se instituyó en 1944 la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional y se fomentaron las escuelas de nivel medio y centralmente las de orientación técnico y profesional de jóvenes, adultos y de mujeres obreras. Se crearon escuelas fábrica, escuelas de perfeccionamiento y escuelas de aprendizaje (Conditi C., 1974).

El crecimiento de la matrícula del nivel secundario fue sumamente importante y centralmente en el universo de las escuelas industriales. Este aumento se vio luego expresado en el masivo ingreso a las universidades.

Matrícula de la enseñanza secundaria. Años 1935/1965

 

Año

Bachillerato

Normal

Comercial

Industrial

Total

1935

40953

24387

11050

7351

83741

1945

62151

50331

27880

23873

164235

1955

115451

97245

83257

76749

372702

1965

178555

184934

178739

103656

645884

 

 

Tasa de crecimiento anual

 

1935-1945

4,3

7,5

9,7

12,5

7.0

1945-1955

5,9

6,8

11,6

12,4

8,4

1955-1965

4,5

6,6

7,9

3,1

5,7

 (Giménez G., 2019)

Con el objetivo de acompañar el programa federal de desarrollo industrial el Justicialismo creó la Universidad Obrera Nacional (UON), con la ley 13.229 de 1948. La institución era gratuita, tenía horarios nocturnos para los obreros e inició sus actividades en el año 1953 con 676 estudiantes. La propuesta permitió que ingresen los hijos de los trabajadores, contribuyendo a la democratización social que impulsaba el Justicialismo.

La UON fue la primera experiencia planificada de regionalización universitaria y la oferta académica y de investigación fue diferente en las diversas Facultades que organizaron sus tareas a partir de la realidad productiva de cada zona. Entre otras sedes, se abrieron las de Capital Federal donde residía el Rectorado, la de Córdoba (ingeniería aeronáutica), la de Bahía Blanca (ingeniería química) y la de Tucumán (construcciones ferroviarias).

La labor de la UON se articuló con otro amplio número de instituciones científicas creadas o potenciadas en la etapa como fueron el Instituto Tecnológico del Sur fundado por Miguel López Francés (desde 1956 Universidad Nacional del Sur), el Instituto Antártico, la Comisión Nacional de Energía Atómica, Fabricaciones Militares o el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

 La Constitución de 1949 y las nuevas regulaciones educativas

En el año 1949 se institucionalizó la Revolución Justicialista con la sanción de una nueva Constitución Nacional. La Carta Magna estableció la función social de la propiedad privada y el nacionalismo económico otorgando al Estado la potestad para administrar  los recursos naturales y los servicios públicos.

La Constitución incluyó un apartado “Derechos del trabajador, la familia, la ancianidad y de la educación y la cultura”. En el terreno educativo la Carta Magna puntualizó que “Los alumnos capaces y meritorios tienen el derecho de alcanzar los más altos grados de instrucción. El Estado asegura el ejercicio de este derecho mediante becas, asignaciones a la familia y otras providencias que se conferirán por concurso entre los alumnos de todas las escuelas”.

La Carta Magna modificó la estructura de los cinco ministerios contenidos en la Constitución de 1853. Esta reforma auspició la creación del Ministerio de Educación de la Nación como un desprendimiento del de Justicia e Instrucción Pública. El flamante organismo tenía participación en el Consejo de Universidades creado con la ley 13.031/47. 

La Constitución estableció por primera vez en el país la autonomía de las Casas de Altos Estudios y dividió al territorio en “regiones universitarias”. Se fijó que “Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales”.

Al presentar el Primer Plan Quinquenal Perón destacó el hecho de que uno de los grandes problemas de “orden pedagógico”  era “la falta de dedicación del profesorado a la labor docente”. A partir de acá, es que la planificación universitaria Justicialista incluyó la dedicación exclusiva y la estabilidad de los docentes (Primer Plan Quinquenal, 1946, p. 195).

Durante la etapa se aprobó una actualización normativa integral en todos los niveles educativos y en el caso universitario el Congreso Nacional sancionó las leyes 13.031/47 y 14.297/54. La legislación de 1947 incluyó nuevos derechos laborales de sus miembros como fueron la figura del docente investigador de tiempo completo, el aumento salarial automático y la estabilidad de los profesores garantizada con la figura de las carreras “docente” y “científica”.

Surgieron diversas organizaciones gremiales tendiente a garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos laborales. En 1950 se fundó la Agremiación del Docente Argentino (A.D.A) con personería jurídica y adherida a CGT. Llegó a tener 80.000 afiliados. Poco tiempo después se creó la Agremiación del Profesorado Universitario. En el año 1949 nació la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) que representó a los nodocentes (Ministerio de Educación, 1952).

La reforma de la ley 13.031/47 se motivó en el intento de adecuar el funcionamiento de la universidad a las metas de la Constitución Nacional de 1949 y del Segundo Plan Quinquenal. La ley 14.297/54 estableció la obligación de garantizar la gratuidad universitaria y detalló la importancia de ligar a las instituciones a los “problemas nacionales”. La nueva norma incluyó la figura de regiones universitarias de la Constitución Nacional. La institución académica brindaría asesoramiento al Gobierno Nacional como lo propuso el Segundo Plan Quinquenal.

En el año 1949 el Justicialismo fundó la Subsecretaría Universitaria dependiente del Poder Ejecutivo (Decreto 6233 del 12 de marzo). En 1951 la reemplazó por una Dirección de Gestión Universitaria dependiente del Ministerio de Educación.

 La gratuidad de la universidad

El Primer Plan Quinquenal y la ley 13.031/47

El Primer Plan Quinquenal Justicialista  sostuvo que el Estado instauraría la gratuidad de la universidad en el universo de estudiantes de bajos ingresos. El Plan subrayó que podrían acceder a los distintos niveles educativos todos aquellos que tengan la aptitud adecuada prescindiendo de los medios económicos que poseen”.

La iniciativa incluyó un Proyecto de Ley de “Estatuto Universitario” que planteó la meta de la “gratuidad de la enseñanza universitaria”. La iniciativa en su Título III “De los estudiantes”, Capítulo I “Del ingreso a la Universidad”, Artículo 48 “Gratuidad”, fijó que “la enseñanza universitaria es completamente gratuita en todos sus aspectos para todos aquellos alumnos inscriptos que carecieren de medios para costearla. Los estudiantes que por sí o por su familia no se hallaren en las condiciones señaladas en el párrafo anterior costearán la referida enseñanza en todo o en parte, según las circunstancias de cada caso, conforme a los aranceles y demás disposiciones universitarias”.

Como complemento, en el artículo 50 de la propuesta se introdujo la obligación del Estado de crear Becas de “compensación económica familiar” y de “estudios”. El beneficio se asignaría “teniendo en cuenta las características y necesidades regionales, sociales, económicas y culturales referidas a cada universidad”.

A diferencia de la iniciativa contemplada en el Proyecto de ley del Primer Plan Quinquenal, la norma 13.031/47 de “Régimen Universitario” no incluyó la gratuidad plena de los estudios para los sectores humildes. En su lugar, el artículo 87 fijó que “El Estado creará becas para la enseñanza gratuita, cuya distribución entre las diversas universidades de la Nación, se hará por el Poder Ejecutivo. Para proceder a dicha distribución, se tendrán en cuenta las características y necesidades regionales, sociales, económicas y culturales, referidas a cada universidad, procurando que con la concesión de becas se cumplan, de la manera más acabada posible y con un sentido social, los fines asignados a la universidad”. Los miembros de familias “obrera, artesana o empleada” carentes de recursos podrían requerir el beneficio y la “beca consistirá en obtener gratuitamente la enseñanza universitaria en todos sus aspectos y grados, el suministro de libros y útiles, y en el otorgamiento del diploma o título que se obtuviere, y en conceder una compensación económica familiar que equivalga lo más aproximadamente posible a la aportación del alumno”.

Esta última decisión permitió que al momento de debatir en el recinto la iniciativa de la ley 13.031/47, el diputado radical Alfredo Calcagno critique el hecho de que la gratuidad de la enseñanza “insinuada en el Plan Quinquenal, no figura en el proyecto”. La UCR presentó una propuesta en representación de la minoría y Calcagno detalló que “nuestro proyecto suprime las limitaciones numéricas al ingreso y consagra el principio de la gratuidad sin restricciones, así como la compensación económica a la familia proletaria”. La iniciativa de ley elevada por el bloque radical estipuló que “la enseñanza será gratuita y laica. No se exigirá contribución pecuniaria ni regirá tasa alguna para ingresar a las universidades”. Si los nuevos estudiantes privaban de ingresos económicos a su familia, estás tendrían “derecho a una ayuda pecuniaria” (Sesiones Cámara de Diputados, 1947, pp. 676 - 706-708). 

Es importante destacar que si bien hubo matices en la forma de lograr la democratización universitaria en el debate legislativo de 1947, los Justicialistas de origen reformista y los reformistas opositores acordaban en la importancia de avanzar en ese sentido. Dicha conciencia social del problema universitario favoreció el mantenimiento y la defensa de ese derecho a lo largo del tiempo. 

 

El Decreto Presidencial 29.337/49

La gratuidad de la universidad en la República Argentina no se alcanzó con una ley, sino con la sanción del Decreto Presidencial 29.337 que estableció “Suspéndase con anterioridad al 20 de junio de 1949 el cobro de los aranceles universitarios”.

Entre los considerandos del Decreto se estableció que el “engrandecimiento y auténtico progreso de un Pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcanza cada uno de los miembros que lo componen” y que “una forma racional de propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país”. El texto sostuvo que los “jóvenes capaces y meritorios” iban a poder encausar sus actividades potenciando sus aptitudes y su “legitima vocación” en “su propio beneficio y en el de La Nación”.

A diferencia del planteo del Primer Plan Quinquenal, la propuesta no formuló diferenciaciones sociales entre los jóvenes y la situación de sus familias y todos los estudiantes fueron eximidos del pago.

El Gobierno sancionó el Decreto 4.493/52 que suspendió los aranceles de toda la enseñanza que impartía el Ministerio de Educación. A partir del año 1953 se eliminaron paulatinamente los cursos de ingreso.

El Segundo Plan Quinquenal (1953-1957) ratificó la medida y en el apartado IV. G. 8 “Universidades”, se estableció que la enseñanza superior era “gratuita”. El Programa de Gobierno fijó que las universidades y profesorados tenían que “asegurar el ingreso a los diversos cursos de todos los aspirantes que reúnan condiciones básicas de aptitud y vocación”.

La primera ley del Congreso de La Nación que incluyó taxativamente la gratuidad universitaria, fue la “Ley Orgánica de Universidades 14.297 de 1954. La norma afirmó los principios del Decreto 29.337/49 y estableció que las “universidades argentinas cumplirán su misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social”, teniendo como objetivoasegurar la gratuidad de los estudios”.

Tal cual se observa en el cuadro a continuación y como resultado de los cambios sociales y educativos que se dieron en el país, se produjo un importante aumento de la matrícula universitaria.

 

Evolución de la matrícula universitaria

Universidades Nacionales

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

47.400

52.011

51.447

56.722

66.212

80.445

90.922

98.132

119.029

135.891

138.317

Buenos Aires

19.976

22.419

21.215

24.531

29.611

37.611

41.898

45.576

61.223

77.714

75.200

Córdoba

6.571

6.648

6.069

6.452

7.284

9.384

10.031

11.269

14.600

12.617

14.961

Cuyo

1.151

1.173

1.365

1.636

1.727

1.882

2.491

2.633

3.251

3.788

4.376

La Plata

11.378

12.213

12.498

13.132

13.120

14.755

15.975

17.781

16.484

16.545

17.735

Litoral

7.004

8.191

8.708

9.333

12.426

14.169

16.404

16.360

17.990

19.016

18.526

Ins. Tecnológico del Sur

-

-

-

231

354

550

1.005

1.124

976

804

855

UON

-

-

-

-

-

-

-

-

676

1.466

1.955

Tucumán

1.320

1.367

1.592

1.407

1.690

2.094

3.118

3.389

3.829

3.941

4.709

                               (Giménez G., 2019)

 

Medidas para financiar la gratuidad universitaria

El artículo 2 del Decreto 29.337/49 comprometió al Estado Nacional a dotar a las universidades de los recursos necesarios para alcanzar la gratuidad.

Anteriormente, la ley 13.031/47 creó un tributo especial para financiar la universidad compuesto con el impuesto del dos por ciento a toda persona –de existencia física, ideal, con o sin personalidad jurídica, o sucesión indivisa– que empleare trabajo de otra.

La ley 14.297/54 incluyó entre los fondos de las universidades a los provenientes del artículo 8 de la Ley 13.558 (Presupuesto Nacional) que determinó que “Del producido del impuesto a que se refiere la Ley 13.343 y previa deducción de la participación que corresponde a las provincias y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, aféctase el cincuenta por ciento (50%) con destino a las universidades nacionales, constituyendo la suma que así se obtenga los "recursos universitarios", provenientes de dicha ley”. 

 Palabras de cierre

El programa universitario del Justicialismo fue una experiencia original que articuló la tradición reformista autonomista y la nueva planificación propia de los Estados nacionales de posguerra.

La educación superior se integró a los Planes Quinquenales y durante la etapa se produjo un considerable aumento de la inversión educativa y mejoraron los salarios docentes, la infraestructura federal y se implementaron importantes planes de apoyo social a las familias trabajadoras.

La universidad se democratizó y cambió el componente social de los estudiantes auspiciando su ascenso social y la protagónica participación política de la clase trabajadora en la Argentina. La articulación dentro de las aulas de las distintas clases sociales, facilitó el proceso de nacionalización de la universidad que se dio en las década del sesenta y del setenta.

En línea con la reforma de 1918, el Justicialismo propugnó la formación de una cultura humanista, nacionalista y popular con el objetivo de remplazar el europeísmo y el elitismo propio de los académicos. En la visión del peronismo la educación tenía que orientarse a resolver los problemas sociales y federales del desarrollo argentino y sudamericano. La regionalización universitaria incluida en la Constitución Nacional y en la fundación de la UON, iban en este sentido y se buscó conformar una educación orientada a resolver problemas y a afirmar la cultura y los valores federales.

El Justicialismo auspició la sanción de leyes protectoras del trabajo y la creación de sindicatos para hacerlas cumplir. Desde esa época a la actualidad, las agrupaciones de trabajadores docentes y nodocentes de las universidades se tornaron actores centrales en la promoción de los derechos y en la formulación de las políticas educativas.

 Bibliografía citada

Benente Mauro (2019) (compilador) Donde antes estaba solamente admitido el oligarca: la gratuidad de la educación superior, EDUNPAZ, Buenos Aires.

Conditi Cecilio (1974) “La universidad Obrera Nacional, reportaje a su primer rector”, Entrevista a Cecilio Conditi realizada por Leónidas Lamborghini, El Cronista Comercial, 14 de marzo.

Dércoli Julián Andrés (2014) La política universitaria del primer peronismo, Nuevo Encuentro, Buenos Aires.

Giménez Graciela (2019) “Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad: Datos sobre el Decreto 29.337/49 que estableció la gratuidad universitaria”, en La conquista de un derecho: Reflexiones latinoamericanas a 70 años de la gratuidad universitaria en Argentina, Ernesto Villanueva (Compilador), UNAJ, UNQ, CLACSO, Buenos Aires.

Hernández Arregui, Juan José (2004) La formación de la conciencia Nacional, Biblioteca de Pensamiento Nacional, Piña Lillo, Ediciones Continente, Buenos Aires.

Jaramillo, Ana (2011) (compiladora) El Peronismo y la educación, Ediciones de la UNLa, Buenos Aires.

Jauretche Arturo (2006) El Medio pelo en la sociedad argentina, Corregidor, Buenos Aires.

Primer Plan Quinquenal (1946) Extraído de El Estado Peronista: los planes quinquenales del peronismo, Falivene G. y Dalbosco H. (2018) (Compiladores), EDUNPAZ, Buenos Aires.

Ministerio de Educación de La Nación (1952) Labor desarrollada durante la primera presidencia del General Juan Perón, Ministerio de Educación de La Nación, Buenos Aires.

Perón Juan Domingo (2007) Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, INJDP, Buenos Aires.

Recalde Aritz (2016) Intelectuales, Peronismo y Universidad, Punto de Encuentro, Buenos Aires.

(2018) “La Reforma de 1918 y la integración Sudamericana”, en El legado reformista en las nuevas universidades del conurbano, UNPAZ UNDAV.

Sesiones Cámara de Diputados (1947) Sesiones del 23 y 24 de julio de 1947, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de La Nación.

 Normativa citada

-          Ley 13.031 de 1947, Nuevo Régimen Universitaria.

-          Ley 14.297 de 1954, Orgánica de Universidades.

-          Decreto 26.944 de 1947, Fines de la Educación.

-          Decreto 6233 de 1949, creación de la Subsecretaria Universitaria.

-          Decreto 29.337 de 1949, Supresión de Aranceles Universitarios.

-          Decreto 16.251 de 1951, Estructura y Organización del Ministerio de Educación.

-          Decreto 4.493 de 1952 de Gratuidad de la Enseñanza.

-          Constitución Nacional del año 1949.

 

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