miércoles, 17 de febrero de 2021

El sindicalismo ante el vacío de representación y de programa del sector político

 Julio Piumato y Aritz Recalde para INFOBAE 


El Movimiento Obrero argentino y la Confederación General del Trabajo integran la organización popular más importante del país. Junto a la Iglesia Católica, conforman las dos instituciones con mayor presencia y organización territorial a lo largo y a lo ancho de la Argentina.    

La organización sindical argentina es, junto a las universidades públicas, de las pocas instituciones que funcionan en base a la democracia directa. Los cargos gremiales se alcanzan por intermedio de los votos y las elecciones son reguladas por el Ministerio de Trabajo. El nombramiento de los delegados sindicales es el producto de la persuasión diaria y de la acción personal del dirigente en su lugar de trabajo. Los partidos políticos por el contrario, son organizados de arriba hacia abajo y la democracia interna prácticamente no existe. Los partidos son financiados por corporaciones y las elecciones se deciden en grandes campañas publicitarias de medios de comunicación y es habitual que exista una distancia inmensa entre el candidato y los electores.      

En el capitalismo subdesarrollado, extranjerizado y oligopólico argentino el sindicalismo es la única y última garantía de la dignidad laboral, salarial y familiar. En un país con el 50% de las personas en la pobreza y con el 40% de trabajadores en el universo de los desempleados, informalizados o subempleados, están dadas las condiciones objetivas para reducir los salarios a niveles de miseria. De no existir los Convenios Colectivos de Trabajo y el sindicalismo a cargo de hacerlos cumplir, las relaciones laborales serían flexibilizadas y los sueldos estarían reducidos a la mínima expresión. Por cada trabajador formal bajo Convenio hay varios informales dispuestos a cumplir esa tarea por menor remuneración y en peores condiciones de trabajo.

El Movimiento Obrero argentino sostiene la civilización del trabajo con justicia social y dignidad que fue fundada por la Revolución Justicialista. Los trabajadores en blanco tienen obra social y cobertura de salud familiar, hacen aportes y se jubilan, tienen derechos laborales y jornadas reguladas incluyendo las vacaciones pagas o las licencias por enfermedad y accidentes. El sistema de Convenios sigue garantizando el derecho al esparcimiento, la cultura, la vivienda, la educación y el deporte de las familias. Del otro lado de la Argentina, está el 40% de la masa obrera ubicada en la informalidad, el sub-empleo estructural, la explotación o directamente sin conocer el derecho al trabajo siendo subsidiada en condiciones de pobreza e indigencia permanente.

El Movimiento Obrero es el garante del capitalismo productivo nacional. Para no ser absorbidos por las corporaciones y por los Estados extranjeros, los empresarios argentinos requieren de la alianza con los sindicatos que le garantizan la viabilidad del proyecto en el terreno político. En el año 1976 la dictadura debilitó al Movimiento Obrero y generó las condiciones para que Martínez de Hoz implemente la política neoliberal que destruyó la industria argentina. La experiencia histórica demuestra, que la alianza del capital nacional y de los trabajadores es el principio fundante del proyecto industrialista y de la justicia social. 

El Movimiento obrero tiene el conocimiento técnico y científico del todo el proceso productivo y está en condiciones de ofrecer soluciones y de gestionar el desarrollo integral y la justicia social en la nación. Los partidos neoliberales actúan con los cuadros técnicos de las multinacionales y los partidos progresistas lo hacen con miembros de la clase media rentada por afinidad y lealtad a una persona o a un grupo. No existen prácticamente escuelas de formación política y técnica y los partidos están vacíos de vida interna. Dicha situación favorece la capacidad transformadora de los partidos neoliberales, que usufructúan los cuadros técnicos de las corporaciones. La inexistencia de dirigentes formados técnica y políticamente explica la incapacidad y la lentitud de las iniciativas de los espacios que se dicen progresistas, que carecen de personal especializado y que contratan a los funcionarios sin atender idoneidad y meramente  por lealtad partidaria. El saber técnico, logístico y la organización del Movimiento Obrero argentino le permiten formular e implementar las grandes soluciones nacionales.  La capacidad del sindicalismo se vería potenciada con un acuerdo estratégico entre sindicatos, empresariado productivo y las universidades nacionales.

La clase trabajadora está en condiciones de consolidarse como una dirigencia política nacional, ocupando el lugar vacío dejado por los partidos. Hace tiempo que la mayoría de los partidos adquirió como su fin primordial el de reproducirse económicamente y se convirtieron en una nueva clase que administra el rentable negocio de la política. Sus miembros viven holgadamente del excedente de recursos apropiados por el Estado al pueblo vía impuestos. Es habitual que los partidos no tengan programa y tampoco doctrina y que se adecúen a las iniciativas e ideologías del orden mundial de turno. Su tarea no es la propia de una dirigencia a cargo de edificar un proyecto nacional, sino más bien el de ser un grupo rentado de administradores del mercado electoral que es regulado por el aparato cultural privado y por intermedio de subsidios sociales. Este vacío de representación y de programa puede ser ocupado por el Movimiento Obrero, único ámbito técnico, doctrinario y político con capacidad de hacerlo. Los sindicatos no tienen  meramente la tarea para defender condiciones de trabajo, sino que el país requiere que asuman un rol protagónico en el terreno político.

 

La recesión económica, la inflación, la pobreza, la marginalidad y la extrema desigualdad conducen a la Argentina y a Sudamérica a un escenario social y político sumamente difícil. Es momento de refundar y de ennoblecer la política para construir un programa de desarrollo soberano y con justicia social. Esta tarea solamente es posible de la mano del Movimiento Obrero Argentino.  

 

 

 

viernes, 5 de febrero de 2021

Reparación histórica en la Provincia de Buenos Aires:

El Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el

Conurbano Bonaerense

Aritz Recalde, febrero 2020

 REVISTA MOVIMIENTO

Estructura y competencias del Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense

El gobernador Antonio Cafiero (1987-1991) instaló en la agenda política nacional el problema de la Coparticipación bonaerense. En la reunión de “Gobernadores para un Nuevo Pacto Federal” realizada el 8 de abril de 1989, destacó que “dejo constancia de que Buenos Aires considera inequitativa y perjudicial a sus intereses tanto la distribución secundaria de los impuestos coparticipados federalmente, como los cupos de vivienda que distribuye el gobierno nacional en las provincias (…) la provincia reclamará una ley de Coparticipación Federal que la coloque en un pie de igualdad con sus provincias hermanas”. Según información de la Gobernación, la Coparticipación Federal había caído del 32% en 1970 al 22% en 1990 y los bonaerenses eran desfavorecidos en el reparto de los fondos viales, los fondos para Desequilibrios Financieros, en los aportes del Ministerio de Acción Social y en los Regímenes de Promoción industrial. Buenos Aires tenía 19 empleados públicos cada 1000 habitantes, siendo la cifra más baja de todas las provincias. Por citar solo algunos casos, Entre Ríos tenía 37, Río Negro 49, Neuquén 67, Santa Cruz 97 y Catamarca 105.

Cafiero hizo hincapié en el tema puntual del Conurbano al cual caracterizó como “el verdadero país postergado de los argentinos”. En 1990 formuló desde el Ministerio de Gobierno el “Informe sobre la problemática estructural del Conurbano Bonaerense”, que luego fue retomado por el gobernador Eduardo Duhalde. El entonces Subsecretario de Asuntos Municipales, Raúl Fernández, puntualizó que el conurbano se caracterizó por la negativa incapacidad para realizar acciones coordinadas y persistentes en el tiempo. Había una capacidad ociosa instalada industrial, de transporte y de comunicación que tenía que reactivarse y modernizarse. Llevado al plano de la población, Fernández remarcó la negativa “degradación generalizada de la calidad de vida”, el alto desempleo y el “deterioro de la organización social solidaria”. Las áreas rurales eran desvalorizadas en favor de una “urbanización descontrolada”, que ponía en peligro el orden biológico, psicológico y social. Para empezar a resolver estos problemas, el Informe sugería la “necesidad de un Acta de Reparación Histórica del conurbano bonaerense” que tenía que facilitar “el desarrollo equilibrado e integral de la región y la dignificación de la calidad de vida del hombre y su familia” (Informe del Conurbano Bonaerense 1990).

Como parte de la negociación de la campaña electoral del año 1989, Duhalde acordó con Carlos Menem la obtención de un Fondo especial para la provincia que revirtiera en parte, la inequidad de los recursos que recibía Buenos Aires. Resultado de esto, el 2 de abril de 1992 se aprobó la ley nacional 24.073/92 que creó el Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense. El artículo 40 de la norma estableció que la recaudación del impuesto a las ganancias se distribuiría en “Un DIEZ POR CIENTO (10 %) al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense, a ser ejecutado y administrado por la Provincia de Buenos Aires. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática”.

Con la ley provincial 11.247/92 se creó una cuenta bancaria especial de destino de los fondos de la ley 24.073, denominada Fondo del Conurbano Bonaerense”. La ley mencionó que el Fondo estaría organizado con los recursos “a) Los Determinados por el artículo 40°, apartado 1), de la Ley Nacional N° 24.073; b) Los aportes del Tesoro Nacional otorgados especialmente para el cumplimiento de los fines previstos en la presente Ley; c) El recupero o reciclaje de aquellos aportes financieros destinados a diversos emprendimientos realizados de acuerdo a los fines previstos en la presente Ley. d) Los préstamos que específicamente sean otorgados por Organismos Nacionales e Internacionales; e) Donaciones y legados; f) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas sociales a cargo de la cuenta especial”. Si bien el origen de los recursos era diverso, en la práctica quedaron subsumidos mayoritariamente a los originados por la ley nacional 24.073/92.

Los fondos eran administrados por una Unidad Ejecutora dependiente del Gobernador. El artículo 4 de la ley 11.247/92 puntualizó que “Se financiarán total o parcialmente con los recursos del Fondo los estudios, proyectos, obras, mantenimientos y suministros que se requieran para la ejecución de programas sociales de saneamiento, infraestructura urbana, salud, educación, seguridad, empleo, y todos aquellos compatibles con la reparación y garantía de los derechos humanos básicos”. Los recursos podían ejecutarse por forma directa con los Organismos Provinciales, por convenio con Municipios y/u Organismos de otra Jurisdicción, por terceros contratistas o concesionarios y a partir de convenios con entidades intermedias, consorcios vecinales o Cooperativas.

Se incluyó a los Partidos de Avellaneda, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General San Martín, General Sarmiento, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, La Plata, Berisso, Ensenada y San Vicente. La Ley detalló que “El Poder Ejecutivo podrá incluir en el programa social aquellos proyectos que deban ejecutarse o que produzcan efectos en otros Municipios a los mencionados, en la medida que tengan vinculación técnica, socioeconómica y/o gráfica con algunas de las comunas precedentemente enumeradas”.

El Decreto 1279/92 organizó la Unidad Ejecutora destinada a administrar el Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense. La Unidad se integró con un Presidente y dos Secretarios siendo uno Administrativo y el otro Técnico. Posteriormente, se creó la Secretaría de Relaciones Institucionales que trabajó con las nuevas municipalidades creadas en el proyecto Génesis 2000. El Presidente tenía rango y jerarquía de Secretario de Estado. La gestión se organizó a partir de las Gerencias Administrativa, Económico Financiera y de Planeamiento (Danani, Chiara, Filc 1997).

La estructura de la Unidad Ejecutora era pequeña y gran parte de sus recursos fueron implementados por intermedio de acuerdos con otras entidades. En un estudio sobre  las modalidades de ejecución de fondos asignados a programas sociales del año 1993, se observa que la inversión se hizo mayoritariamente por intermedio de contratistas (55,41%), seguido por entidades intermedias (22%) como cooperativas escolares, mutuales, plan P.I.B.E.S., etc; y por intermedio de los municipios (8,9%) (Danani, Chiara, Filc 1997).

El Presidente Unidad Ejecutora, Antonio Arcuri, mencionó que el Fondo se orientó centralmente al desarrollo de los municipios, de las entidades intermedias y del conjunto social. La Unidad Ejecutora adquirió responsabilidades “administrativas” en la preparación de los proyectos, “técnicas” en la ejecución, de “promoción” y de “apoyo y capacitación” (Arcuri 2003).

En el año 1995 la ley Nacional 24.621/95 fijo el tope del impuesto en $ 650 millones de pesos anuales. Esta decisión implicó que luego de la devaluación del año 2002 el Fondo perdiera paulatinamente su valor.

La Ley Provincial 11.746/96 denominó al organismo como Unidad Ejecutora Reconstrucción del Gran Buenos Aires e incluyó en su articulado a las nuevas municipalidades creadas con el Programa Génesis 2000.

Según Antonio Arcuri, el dinero invertido entre 1992 y 1999 fue de alrededor de 4500 millones de pesos (dólares). Los recursos recibidos por el Fondo en relación al presupuesto de la Provincia, representaron un 4,39 % para 1992, un 7,83 % para 1993 y el 9,53 % en 1994 (Danani, Chiara, Filc 1997).

 

Destino del Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense[1]

Inversión en Salud

Se crearon 1200 camas a partir de construir ocho nuevos hospitales. Con presupuesto del Fondo y del Gobierno español de edificaron los nosocomios “Domingo Mercante” en José C. Paz, “Arturo Oñativia” en Almirante Brown, “Héroes de Malvinas” en Merlo y “Carlos Bocalandro” en la municipalidad de Tres de Febrero. Con recursos y ejecución del Fondo se construyeron los hospitales “Mariano y Luciano de la Vega” en Morón, “Evita Pueblo” en Berazategui, “Cecilia Grierson” en Presidente Perón, el “Municipal” en Tigre y se finalizó “Mi pueblo” de la localidad de Florencia Varela. Los servicios de salud fueron equipados en sus distintas especialidades y se construyeron consultorios externos con tecnología moderna.

En paralelo, se remodelaron y/o ampliaron los 21 hospitales existentes y se iniciaron obras de los nuevos de González Catán y de Tigre.

El Fondo destinó recursos especiales para los programas de Trasplante de Órganos y el Plan Materno Infantil Vida.

Inversión en Educación

La Provincia implementó la Ley Federal de Educación con la Ley provincial 11.612/94. En este marco, se invirtieron más de 300 millones de pesos (dólares) para la construcción de escuelas y de jardines. La ley 11.612 hizo obligatorio el nivel pre-escolar y se construyeron para eso 234 jardines para más de 40.000 chicos de 3 a 5 años. Los edificios tenían 424 metros cuadrados con salas, salón de usos múltiples, áreas administrativas, patios de juego con mástil, entre otras cuestiones pedagógicas, de apoyo docente, administrativa, de servicios y de recreación. 

Se construyeron 37 escuelas de Enseñanza General Básica con una superficie de 22.500 metros cuadrados, edificando 299 aulas, 7 aulas especiales, 6 talleres, 2 laboratorios, 25 gabinetes, 22 salones de usos múltiples, 53 baños individuales y 47 grupos sanitarios.

La Unidad Ejecutora construyó 18 establecimientos de enseñanza media y 11 de enseñanza técnica con una superficie de 44.500 metros cuadrados. Construyó otros 13 edificios para Escuelas Especiales con una superficie de 13.000 metros cuadrados.

Con recursos del Fondo se financió el “Plan P.I.B.E.S” y el Plan de Reciclado “No comas vidrios, recíclalo”, ambos dependientes de la Dirección General de Escuelas.

Inversión en calidad de vida y medio ambiente

Con el objetivo de diagramar las obras, se formuló entre la Unidad Ejecutiva y la Facultad de Ingeniería de la UNLP un “Plan Director de Agua Potable y Saneamiento”.

Se realizaron obras de desagües pluviales, de control de crecidas y de saneamiento alcanzando una superficie de 22.500 hectáreas beneficiando a 1,2 millones de personas. Entre otras acciones, se destacaron el saneamiento de “Arroyo Claro” y de la “Cuenca del Arroyo Las Horquetas Basualdo” (J.C. Paz, Tigre y Malvinas Argentinas) y el saneamiento del Arroyo Don Mario y recuperación de la cuenca del Arroyo Susana en la Matanza (incluyendo el entubamiento entre el Río la Matanza y la Ruta 3). Se entubó el “Arroyo Giménez” de Berazategui. Se realizó el saneamiento y entubamiento de la “Cuenca del Arroyo Santa Catalina” ubicada en Monte Grande y en Luis Guillon.

Se terminó el “Muro Costero” de Punta Lara con una superficie de 3500 metros lineales sobre la costa del Río de La Plata. Se dragó la Laguna de San Vicente y se parquizó y construyó una mampostería de 260 metros de longitud.

Se amplió la red de agua potable beneficiando a 500.000 habitantes. Entre otras obras, la iniciativa incluyó el servicio de agua en barrio Parque San Martin, localidad de Merlo; y la modernización del establecimiento potabilizador Donato Gerardi de La Plata, Berisso y Ensenada.

Se financiaron desagües cloacales beneficiando a 300.000 habitantes. Entre otras obras, se destacaron la “Planta de Paso de Rey” en Moreno y la red de desagües cloacales en el municipio de San Miguel.

 

Inversión en rutas, avenidas y calles

Se implementó el “Programa de Pavimentación de Accesos a Escuelas Unidades Sanitarias y Barrios”. En este marco, se pavimentaron e iluminaron 9870 cuadras integrando 1070 establecimiento educativos (93% de los accesos a escuelas).

Se creó el “Programa de Pavimentación de Redes Troncales” para unir los barrios con los centros. Se recuperaron y adaptaron avenidas y se construyeron nuevas vías de acceso en un total de 3104 cuadras.

El “Programa de Rehabilitación” de las principales rutas y vías del conurbano recuperó 370 kilómetros de calzadas.

Se rehabilitaron 1625 cuadras en zonas urbanas.

El “Programa Mejorando Calles” facilitó la conectividad de los barrios con el centro y se acondicionaron 10.470 cuadras. Entre las obras más destacadas, están las avenidas Días Vélez y Republica en Tres de Febrero (88 cuadras); la repavimentación de la avenida Otamendi en Quilmes (19 cuadras); la pavimentación de la avenida Iriarte en Almirante Brown (96 cuadras); la pavimentación de Donato Álvarez, Quilmes y Lanús (25 cuadras); la pavimentación de 144 cuadras de las avenidas de José C. Paz y la pavimentación e iluminación de la Avenida Dardo Rocha y calles Ranelagh en Berazategui (76 cuadras). En Lomas de Zamora se pavimentaron las avenidas Cerrito y Armesti y su continuación en Lanús (Lynch, 65 cuadras). En la ciudad de La Plata se amplió la Avenida Antártida y se pavimentó la avenida 25 (31 cuadras).

Por su importancia,  se destacó la obra de pavimentación, repavimentación y ensanche de las avenidas Pavón, Yrigoyen y la ruta 201 (29 kilómetros) que une Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y San Vicente. La Ruta 205 fue mejorada en sus 20,7 kilómetros.

El “Programa de Alumbrado Público” colocó 15.700 columnas alumbrando 4000 cuadras.

Inversión en Municipalidades

El “Proyecto Génesis 2000” creó las municipalidades de Presidente Perón (ley 11.480/94), Ezeiza (ley 11.550/94), José C. Paz (ley 11.551/94), Malvinas Argentinas (ley 11.551/95), San Miguel (ley 11.551/95), Punta de Indio (ley 11.584/95), Ituzaingó (ley 11610/95) y Hurlingan (ley 11610/95).

Las nuevas municipalidades tenían que organizarse siguiendo el modelo de gestión basado en los principios de “a) Modernización tecnológica administrativa; b) Desburocratización; c) Descentralización funcional y administrativa; d) Gestión, presupuesto y control por resultados; e) Calidad de servicios y cercanía con el vecino; f) Limitación Proporcional del gasto de los Concejos Deliberantes respecto de los presupuestos globales de los Municipios; g) Racionalidad de estructuras administrativas y plantas de personal acorde a las modalidades de prestaciones de los servicios”.

La Secretaría de Desarrollo Institucional de la Unidad Ejecutora tuvo a cargo la modernización tecnológica, la organización de la estructura administrativa y de gestión, la redistribución del personal y el desarrollo de circuitos y normas de las flamantes municipalidades. Con aportes del Fondo se adquirieron retroexcavadoras, motoniveladoras, camionetas, de gestión, herramientas y se construyeron galpones y centros logísticos en las nuevas municipalidades, entre otras.  Se invirtió en equipamiento y software de gestión para todos los nuevos municipios.

Se construyeron edificios municipales en la Localidad de Guernica en Presidente Perón (4070 metros cuadrados), en Verónica (Punta Indio) y el centro administrativo de Esteban Echeverría (5975 metros cuadrados). Se remodeló el Centro Cívico en Alejandro Korn de San Vicente (1244 metros cuadrados). En Villa Tesei, Hurlingan, se remodeló y construyó el edificio del Centro Cultural (1492 metros cuadrados).

 

Inversión en justicia y seguridad

El Fondo del Conurbano financió la instalación de 248 redes informáticas en 233 Juzgados y 15 Cámaras en los Departamentos Judiciales de San Isidro, San Martín, Morón, Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza y La Plata.

La Unidad Ejecutora financió la construcción las unidades carcelarias de Campana, de Florencio Varela y de La Plata. Con recursos del organismo se remodelaron las cárceles de Olmos y las unidades 8, 10 y 17 de La Plata.

Se compraron 2520 camionetas y 2280 patrulleros para la policía bonaerense. Se adquirieron 22 camiones de bomberos (autobombas, polveros, etc.-) y 20 furgones para transportar brigadas explosivas.

El Fondo financió las “Casas Solidarias” del Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano para mujeres jefas de hogar y para capacitación laboral (390 mts 2 cada una ubicadas en Florencio Varela, Malvinas Argentinas, Lanús y Lomas de Zamora).

La Unidad Ejecutora apoyó la construcción del “Centro de Rehabilitación para la drogodependencia” de la Secretaría de Prevención y Asistencia a las Adicciones (585 mts 2 en Lomas de Zamora).

 

Bibliografía citada

- Arcuri Antonio Ernesto (1999) El conurbano bonaerense: origen, crecimiento y transformación, Buenos Aires.

                        (2003) Conurbano Bonaerense: aportes para un debate impostergable, Buenos Aires.

- “Basta de discriminaciones, bonaerenses de pie” (1989), extraído de Después de tres años de gobierno, 1990, Secretaria de Prensa y difusión de la Provincia, Buenos Aires.

- Cafiero Antonio (1988) “No sólo administramos un gobierno, también somos los portadores de un proyecto”, extraído de Cafiero y el pueblo, un años después: un proyecto en marcha, Secretaria de Prensa y difusión de la Provincia, Buenos Aires.

- Danani, C., Chiara M. Filc, J (1997) El papel del fondo de reparación histórica del conurbano bonaerense en la reproducción de los sectores populares de la Región Metropolitana de Buenos Aires: una aproximación macroinstitucional, Colección Investigación, Informe de Investigación Nº 2, Instituto del Conurbano, UNGS, Buenos Aires.  

- “El arte de administrar bien” (1990), extraído de Después de tres años de gobierno, 1990, Secretaria de Prensa y difusión de la Provincia, Buenos Aires.

- Feijo María del Carmen (2021) El conurbano como problema, algunos antecedentes, Revista Movimiento, en línea http://www.revistamovimiento.com/historia/el-conurbano-como-problema-algunos-antecedentes/

- Informe del Conurbano Bonaerense (1990) Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires.



[1] Los datos fueron obtenidos, centralmente, de los trabajos del presidente de la Unidad Ejecutora Antonio E. Arcuri (1993) (2003).

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