domingo, 30 de enero de 2022

Introducción “Pensadores del Nacionalismo Popular”


El Nacionalismo Popular

La categoría de Nación contiene variables demográficas, territoriales, materiales, culturales y políticas. Una Nación incluye a un pueblo en un territorio que conforma el estado vital de la comunidad. El sentimiento de afecto a la tierra se denomina patriotismo y es una forma emocional estable y movilizadora de la comunidad.

Culturalmente, dicha comunidad humana debe estar unificada con un lenguaje y con un sistema de valores compartidos en el cual la religión y la tradición son dos pilares centrales. El presente nacional de un pueblo lleva consigo el mandato cultural histórico de la colectividad, que se proyecta con esa identidad hacia el futuro. La conciencia histórica es parte de la conciencia nacional o, dicho de otra manera, la Nación es la afirmación del grado máximo de la comunidad histórica.

El patriotismo y la uniformidad cultural generan las condiciones de posibilidad para que exista el principio de solidaridad social básico, que cohesiona a las personas y a los grupos y los mantiene unidos para enfrentar las adversidades económicas, políticas e incluso bélicas.

Dentro de cada Nación se producen tensiones y hay grupos que, de forma parcial o incluso radicalmente, se encuentran enfrentados en sus intereses. La Nación, en este sentido, es armonía y conciliación pero a la vez es también disputa y lucha. La unidad comunitaria, a partir de la cual se vertebra la Nación, es el resultado de una síntesis de distintas fuerzas sociales en tensiones y en constante transformación.

La Nación es una entidad histórica situada y su existencia conlleva la disputa con las demás nacionalidades y factores de intereses. La Nación enfrenta el dilema de edificar y consolidar su soberanía o de convertirse en un satélite de otra nacionalidad. En el juego de las relaciones internacionales, si bien las Naciones pueden ser temporalmente factores de antagonismo, son siempre e indefectiblemente una condición de supervivencia de la comunidad.   

Para que exista una Nación es necesaria una base material que es parte de su espacio vital. De la economía depende la subsistencia alimentaria y biológica de la colectividad. Además, en el teatro de las relaciones internacionales, la independencia económica es el principio básico de la soberanía política. La lucha por la soberanía en los siglos XIX y XX se dio en el terreno de la disputa por la industrialización, por el control de los mercados, por el manejo de los recursos naturales y de las finanzas. A la tradición, el lenguaje, la religión, el himno y la bandera, el nacionalismo contemporáneo le sumó la administración del petróleo y de los bancos, la producción de acero y de carbón y el desenvolvimiento de la ciencia y de las maquinas con fines de desarrollo productivo y tecnológico.

La nacionalidad existe como parte de un proyecto y de una voluntad de poder. Las particularidades de cada comunidad histórica organizada inducen a la formación de distintos regímenes políticos e institucionales de gobierno y de administración. El Estado es el órgano político rector de los grupos sociales y, para que tenga vitalidad, en su seno se debe expresar la voluntad de las organizaciones libres del pueblo. El Estado no es un fin en sí mismo, sino un medio de realización de un pueblo y tiene la potestad de mandar y de dirigir a los miembros de la comunidad detrás de objetivos históricos. 

El Estado busca la síntesis de la nacionalidad, que es siempre conflictiva por la disputa de los diversos grupos que la componen. El sector más dinámico y poderoso de la comunidad organizada impone desde el Estado sus valores y sus anhelos. A partir de estos principios, el Estado ordena la convivencia y afirma la cultura del sector predominante y vela por el efectivo cumplimiento de los intereses del conjunto. La dirigencia política solamente es legítima si representa a toda la colectividad nacional y a su tradición cultural e histórica. La síntesis nacional estatal supone afirmar lo inmanente y lo eterno de un pueblo y también reconocer lo dinámico y la posibilidad de construcción de lo nuevo.

La comunidad organizada encuentra en el Estado un medio para resolver sus conflictos geopolíticos, territoriales y existenciales frente a las otras nacionalidades. La unidad interna en el seno del Estado es un principio fundamental de la actividad política frente a un mundo exterior potencialmente hostil. El Estado ejerce, con las armas y con la diplomacia, la soberanía territorial y es el garante y el catalizador de la independencia económica.

Para que el proyecto nacional sea viable se requiere de una elite y de un pueblo organizado que crea en los valores y en las aptitudes de su dirigencia y que ésta movilice la voluntad histórica colectiva. El grupo dirigente debe disponer de prestigio y de ciertas características que resalten valores rectores, entre los cuales se destacan: la inteligencia y la prudencia, la conducta y la rectitud moral, el patriotismo y el nacionalismo, el carácter, la determinación y el carisma, así como la capacidad de ejecución. Además, y como ya mencionamos, la elite debe representar el interés colectivo de la comunidad, fomentando la solidaridad y la acción conjunta del gobierno, del pueblo y del Estado.

Si la elite carece de estas condiciones podría intentar, o al menos pretender, ejercer su dominio por la fuerza o a partir del poder del dinero utilizado para financiar el periodismo y la propaganda. La falta de legitimidad del sector dirigente puede originar la inestabilidad política, el enfrentamiento y la consecuente incapacidad estatal para resolver los problemas nacionales y sociales.

La conducción política necesita de un pensamiento que interprete el signo de los tiempos y que devele los factores estables, dinámicos y cambiantes de cada época. El grupo directriz tiene la responsabilidad de asumir el gobierno y el Estado, afirmando y recreando el mandato de la historia y movilizando la potencialidad política de la comunidad organizada. 

La Nación es una unidad de destino, resultante del pasado y del presente, y transcurre su existencia en tiempos de armonía y de lucha con las otras nacionalidades y grupos de poder. La nacionalidad es un proyecto de vida colectiva que se entiende y que se siente, es razón y emoción en desenvolvimiento.

 

Los proyectos de la Nación Argentina

A lo largo de los últimos dos siglos de nuestra historia patria, hubo dos grandes proyectos nacionales: el liberal y el nacionalista popular. 

La generación liberal del siglo XIX tuvo su máximo esplendor con Julio Argentino Roca, que consolidó la unidad territorial y conformó el Estado Nacional moderno, afirmando los límites geográficos desde el norte hasta la Antártida.

El militar tucumano organizó la educación pública en todos sus niveles, instruyendo de manera particular y diferenciada a la masa y a la elite. El pueblo accedió a la ciudadanía cultural con la escuela primaria pública, que fue expandida con la ley 1420 y con la construcción de instalaciones en todo el país. Con el servicio militar obligatorio, Roca contribuyó a unificar social, sanitaria y culturalmente a una población inmigrante, que empezó a recibir atención médica, a hablar un mismo idioma y a entender, a sentir y a querer la argentinidad. Las escuelas, los cuarteles, los territorios nacionales y las obras públicas fueron medios de unidad territorial y política, así como también recursos de construcción de ciudadanía y de uniformidad emocional.

El país desarrolló aceleradamente su economía de exportación agropecuaria, bajo un modelo de inserción económica dependiente del mercado mundial controlado por Inglaterra.

La Argentina liberal reclutó y educó a una elite civil y militar y sus titulares comprendieron cabalmente la importancia de esa labor. Martín Rodríguez fundó la Universidad de Buenos Aires y Bartolomé Mitre impulsó los Colegios Nacionales en donde se educaron los hijos de la oligarquía y del nuevo empresariado, quienes luego viajaban a Europa para completar su formación técnica e ideológica. Bartolomé Mitre, lúcidamente, escribió una historia oficial y creó un diario de doctrina (La Nación) a partir del cual dialogó y educó a la elite en el arte de la conducción del Estado. Para contrarrestar el porteñismo unitario, Urquiza fundó el Colegio Nacional de Concepción de Uruguay, cuna de encumbrados dirigentes y figuras de la cultura y de la política. Domingo Faustino Sarmiento creó el Colegio Militar y esa labor de educación, de profesionalización y de reclutamiento de la dirigencia militar la continuó Julio Roca.

La nación liberal tuvo una elite política culturalmente afrancesada y una conducción económica de ideología anglosajona. La cúpula militara adhirió, centralmente, a los valores prusianos. Esa generación fue capaz de edificar un poderoso Estado centralizador y una Nación que, por varias décadas, fue socialmente injusta, pero económicamente prospera. 

 

El segundo gran proyecto de país fue el del nacionalismo popular conducido por Juan Domingo Perón. El mandatario tenía formación militar, cuestión que le permitió ver con claridad la evolución geopolítica de los Estados y pueblos, y los cambios que se estaban produciendo en las relaciones internacionales de un mundo de entre guerras.

Marcando diferencias con la ideología del liberalismo, Perón divisó con lucidez que en el siglo XX la nacionalidad era sinónimo de industrialización. La producción agropecuaria y la subordinación a un solo mercado nos hacían dependientes tanto de la fluctuación de los precios de los comodity, como de las operaciones comerciales y políticas foráneas. El desarrollo agropecuario había cumplido su ciclo y era momento de avanzar en el cambio de estructuras productivas, siguiendo el esquema de las naciones como Inglaterra, la Unión Soviética, Francia, EUA, Alemania o Japón. Argentina desarrolló e implementó ambiciosos Planes Quinquenales de desarrollo industrial y para sufragarlos modificó las instituciones financieras (nacionalizó depósitos bancarios y Banco Central), los organismos de comercio exterior (creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) y se nacionalizaron los servicios públicos.

El peronismo instrumentó la inclusión histórica de las masas trabajadoras a la nacionalidad. El liberalismo los había integrado a la cultura y, paulatinamente y con límites y temores, también los sumaría al juego electoral a partir de la Ley Sáenz Peña. El Justicialismo implementó una revolución social universalizando el derecho a la educación, a la salud pública, al esparcimiento, a la vivienda y al crédito. Se crearon nuevos Ministerios de Salud, Educación y Trabajo y se aprobaron flamantes leyes y marcos reguladores del mundo laboral.

Perón, a diferencia de sus antecesores liberales, reclutó a la elite del mundo obrero y les dio a los trabajadores una centralidad política nunca antes vista en el manejo del Estado. Nación y pueblo se funcionaron en un nuevo experimento político sumamente exitoso en términos de desarrollo, de construcción de soberanía y de bienestar colectivo. Los dirigentes de origen sindical se convirtieron en diputados, senadores, gobernadores, embajadores y ministros.

El original sistema de ejercicio del poder que tuvo a los sindicalistas como “columna vertebral de Movimiento” y al que Perón denominó Comunidad Organizada, reclutó además una elite proveniente de las fuerzas armadas, del empresariado nacional, de la Iglesia y de los partidos políticos tradicionales. La doctrina de la Nación amalgamó, contuvo y movilizó a un conglomerado histórico pluri clasista con centro en los trabajadores;  pluri étnico, con eje en la cultura cristiana; y pluri partidario detrás de las banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía política para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza nacional.

La Argentina había madurado como Nación y Perón consideró que estábamos en condiciones de cortar amarras con la reproducción dependiente de la cultura europea. Ya no seríamos ni afrancesados, ni anglosajones, sino orgullosamente argentinos y suramericanos en el marco de la doctrina de la Comunidad Organizada. Era momento de forjar un nuevo modelo de organización política y de ecúmene existencial, que si bien afirmaría nuestro anclaje a la tradición occidental y cristiana, lo hacía de manera original y proyectando rasgos propios. Se superaría la etapa de los partidos liberales, para remplazarlos por un Movimiento de masas que motorizaba las acciones y las agendas de las organizaciones libres del pueblo.

El líder justicialista estableció que, en temas de relaciones internacionales, no debíamos  ser satélites de las potencias liberales ni tampoco de las comunistas, propugnando el continentalismo y la Tercera Posición.   

La Revolución Justicialista fue el proyecto histórico más trascendente y avanzado en la construcción y en la consolidación del nacionalismo popular argentino. Su labor quedó inconclusa por la acción de sus enemigos —de adentro y de afuera— que aplicaron dos salvajes golpes militares (1955 y 1976),  18 años de prohibiciones y proscripciones (1955 a 1973) y que implementaron una acción política y cultural desestabilizadora.  

El fracaso de la Revolución Justicialista inició un ciclo de oscuridad y de decadencia aún no revertido y que retrotrajo al país, en términos tanto sociales como económicos, al siglo XIX.  

 

La Nación suramericana

Sudamérica contiene los elementos históricos y culturales para formar una Nación de alcance continental y de estructura política federal. La tradición imperial iberoamericana sentó las bases de una gran unidad vertebrada por la lengua española y portuguesa, por la religión católica y por un conjunto de valores y de costumbres que hicieron de la región una entidad cultural e histórica de características únicas.

La relación entre España y Portugal con el mundo precolombino fue conflictiva y violenta, reproduciendo muchas de las características propias de la expansión universal de occidente, que tuvo sus luces y sus sombras. También ese encuentro entre comunidades y culturas fue un momento creativo y fundacional de la nueva ecúmene que hoy nos caracteriza.

Entre los rasgos de la vida americana de origen hispánico que nos identifican en la actualidad, están el mestizaje, la diversidad racial y étnica en unidad de Estado y la proliferación de distintas experiencias de federalismo comunitario.

El criollo que realizó la gesta emancipadora de la independencia vio y sintió el mundo con la ecúmene occidental iberoamericana y actuó y pensó a partir de la influencia de las etnias aborígenes y del mundo afro-descendiente que coexistió en nuestra tierra. 

La ruptura con España derivó en la fragmentación de los virreinatos en diversas repúblicas, que actualmente se encuentran divididas en naciones. Los habitantes y las elites de estas soberanías políticas no siempre reconocen las realidades culturales e históricas compartidas y prexistentes, realidades que favorecen la necesaria obra de reunificación del continente.

Nuestros países tienen problemas estructurales similares, que son propios del subdesarrollo y de la dependencia financiera, tecnológica y comercial que tenemos con las potencias. La pobreza de gran parte de la población, la desigualdad y la violencia social, la falta de infraestructura y el atraso educativo y científico son un mal difundido en prácticamente toda la región. 

Tenemos una cultura y un pasado compartido, una agenda presente de temas no resueltos y un mismo adversario y enemigo en el imperialismo anglosajón, que cubrió de bases militares la región y que ocupa colonialmente parte del territorio, como es el caso de las Malvinas Argentinas. La dependencia financiera del área del dólar y el accionar de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, atentan contra la estabilidad política y el desarrollo social y productivo. Para ejercer ese dominio mundial, las agencias culturales, televisivas, informativas y de redes anglosajonas imponen la ideología liberal que debilita los lazos comunitarios y las identidades colectivas de nuestra región.  

Debemos seguir forjando la unidad del destino que es la reunificación de Sudamérica. No se trata de regresar al mundo pre hispánico, ya que sumergiríamos a la región en guerras étnicas y en mayores divisiones territoriales que hoy son realidades dramáticas de otros continentes y pueblos en guerra. No vamos a propugnar la vuelta a España y tampoco a ninguna nueva forma de colonialismo o de neocolonialismo con los EUA o con China. La Nación suramericana tiene que reunificarse forjando una nueva soberanía política, económica y militar de base continental. El continentalismo suramericano, a diferencia del anglosajón, promoverá el respeto a la existencia de las otras ecúmenes y será protagonista de la construcción de un sistema-mundo que reconozca el pluriversalismo y la coexistencia pacífica de las distintas comunidades organizadas.

La decadencia nacional

La Argentina es un caso digno de estudio de Estado fallido y de Nación fracasada e inconclusa.

Desde la muerte de Juan Perón, si bien hubo ciclos cortos y transitorios de estabilidad y de crecimiento, el proceso general que atravesó el país fue de decadencia económica, política y moral, así como de deterioro generalizado del nivel de vida del pueblo. Las crisis permanentes, la inestabilidad productiva, la carencia de proyectos y la volatilidad e inestabilidad fueron la característica del sistema político desde la vuelta de la democracia del año 1983.

Argentina es un Estado fallido que puede mostrar al mundo que, en cuatro décadas, ha sido capaz de destruir aceleradamente su economía y de sumergir a la mayoría social en la pobreza. Actualmente, el país tiene prácticamente el mismo Producto Bruto Interno que en el año 1974. De esa etapa a la fecha, duplicó su población y multiplicó exponencialmente la pobreza, que aumentó de 800 mil a 20 millones de personas.

Analizado en perspectiva histórica comparada, Argentina es un caso excepcional por su inmensa capacidad de destruir empresas y de remplazar puestos de trabajo formal en la industria por ollas populares y por comedores de desempleados. El país puede enseñar al mundo que superó la época de la explotación de los trabajadores denunciada por Carlos Marx en el siglo XIX: hace décadas que directamente los excluyó del mercado de trabajo capitalista.

En algunos contextos de precios altos de sus productos exportables, el país tuvo superávit fiscal y comercial, pero nunca resolvió el déficit social, productivo y tecnológico que ya se ha convertido en estructural. Un tercio de su población tiene problemas de alimentación, vestido y de acceso a la salud. El país produce pobreza a granel, se especializa en fugar dólares y, en épocas de crisis, emigra al extranjero a sus clases medias y altas universitarias.

Aunque suene increíble para las generaciones jóvenes, hasta los años setenta del siglo pasado la Argentina era un país considerablemente industrializado, tenía pleno empleo, disponía de una importante y vigorosa cultura nacional integradora y se enorgullecía de ser igualitario socialmente frente a otros países de la región. El mito de la Nación moderna y próspera hoy está terminado, y nos encontramos con un país que se derrumba crisis tras crisis.

Territorialmente, la Argentina se divide en una cambiante geografía que tiene zonas de extrema miseria, que contrastan con los barrios cerrados con seguridad privada en donde viven las familias integradas al capitalismo. En un mismo municipio hay varias ciudadanías argentinas y el derecho a la seguridad, la propiedad privada, el empleo, la cultura y la tranquilidad se está volviendo un privilegio de unos pocos. La comunidad se fragmenta y crece la violencia en las barriadas populares, que son atravesadas por el crimen organizado (centralmente el narcotráfico) y por el crimen desorganizado de una comunidad anárquica en donde aumentan el robo y la violencia interpersonal.  

El país, que supo ser un faro cultural en Sudamérica, padece una crisis moral inédita. La educación es cada día más desigual y los sectores medios y altos abandonaron la escuela pública como valor, haciendo concurrir a sus hijos al subsistema privado que divide a los jóvenes por su nivel de ingresos. El país retrocedió más de un siglo y abandonó el programa educativo liberal que apostó a la escuela primaria estatal como un medio de formación de ciudadanía nacional. Hoy esa vocación uniformadora de la masa popular fue remplazada por el clasismo educativo y hay escuelas diferentes para los ricos, los sectores medios y los pobres.

La dirigencia política renunció a formular un proyecto nacional y aceptó sin demasiadas contradicciones el programa neocolonial de la finanza extranjera, ese que deja como saldo que una gran parte de sus habitantes estén social e históricamente excluidos. En este marco, la educación perdió sus finalidades nacionales y comunitarias. La escuela de ricos se orienta a reproducir la condición de clase de la minoría integrada, mientras que la educación de los pobres tiene como función postergar en el tiempo el —casi seguro— desempleo y la marginación de la gran mayoría de los estudiantes. Los valores nacionales han sido paulatinamente abandonados en la educación argentina, para ser remplazados por aquellos que resaltan el individualismo y un materialismo de ideología liberal de izquierda y liberal de derecha. 

La Argentina se habituó al crecimiento anárquico de las villas miserias y a que su población no acceda a una vivienda digna, que no tenga los servicios públicos elementales y que tampoco ejerza el derecho a la salud. Parece normal que las embarazadas humildes no dispongan de cobertura sanitaria, que los bebes nazcan con bajo peso y estén mal alimentados y que los nenes revuelvan la basura para poder comer. El país no garantiza el derecho a nacer en condiciones mínimas de dignidad y no tiene políticas de natalidad y demográficas para poblar su inmenso territorio. Allá lejos quedó el mandato moral justicialista y parece habitual que actualmente los únicos privilegiados son los niños que no nacen.

El fracaso del país se volvió una cultura política y la resignación frente al desastre es el sentido común generalizado. La pobreza fue institucionalizada y el subsidio alimentario dejó de ser un medio transitorio de ayuda y se consolidó como una forma de vivir y de ser. El valor del trabajo fue sustituido por políticas de asistencialismo y de contención y reproducción de la marginalidad. La angustia y escepticismo emocional es el rasgo característico de un pueblo que no recuerda de dónde viene, que vive de manera efímera y materialista el presente y que no sabe hacia dónde se conduce.

 

La reconstrucción nacional

En épocas de crisis, la labor del pensador es muchas veces amarga. La comprensión de los hechos y de los dramas de nuestro tiempo nos obligan a afirmar un valiente escepticismo. Hay que tener conciencia de que la verdad no se hace de amigos entre la política partidaria ni entre el periodismo, acostumbrados éstos a aplicar la más efectiva censura que se haya inventado en democracia: el silenciamiento.  

El presente y el futuro del país nos enfrentan a posibilidades y también a grandes peligros.  El Estado fallido argentino es incapaz de generar desarrollo y luego de cada una de las crisis que protagonizó, el número de los excluidos aumentó y también se acrecentó la marginación de la masa popular. 

La Nación se encuentra en serio riesgo ya que se debilitan los vínculos de solidaridad social y crece el clima de anomia y de violencia en las grandes ciudades. La injusticia y los estados de decadencia política auguran la pérdida de legitimidad y de representación de la dirigencia partidaria y consecuentemente producirán mayores tensiones, desordenes y fracturas en el cuerpo social.

La crisis argentina es terreno fértil para las ambiciones foráneas. Nuestra incapacidad nacional permitió que el país se convierta en un casino financiero mundial y en un exportador de pobres. Cada argentino que nace acumula una copiosa deuda externa que pagaran él, sus hijos y sus nietos, en base a privaciones y a sacrificios. El hambre de la Argentina casino es la garantía de la sustentabilidad de la especulación financiera foránea y de la reproducción del actual sistema de desorden mundial institucionalizado que controlan unas pocas corporaciones y potencias.

Uno de los grandes causantes del fracaso del país es que, desde la muerte de Juan Perón y el establecimiento de la dictadura de 1976, la Argentina no consolidó una dirigencia con vocación nacional. Su lugar lo ocupa una clase política que ambiciona más los dólares que el poder nacional y que se siente más interpelada por la riqueza material, que por el cumplimiento de una causa de reparación social, histórica y moral. El pensamiento financiero se impuso como la ideología de una parte de la dirigencia, que administra el mercado electoral cumpliendo con las apetencias del capital extranjero y de las sociedades anónimas, sin patria y sin alma, que controlan el mundo.

Son escasos los partidos políticos que hablan de la verdad y en su lugar profesan un optimismo deshonesto que es amoldado al lenguaje maquillado de la campaña electoral. Lamentablemente, de nada vale ese engaño y con esa actitud solamente se augura una nueva y más profunda crisis.

La decadencia y el drama social de la Argentina contemporánea no encuentran un interlocutor que sea capaz de movilizar al pueblo en la necesaria cruzada de reparación nacional y social. La falta de estadistas está haciendo de la actividad partidaria un sistema de administración de la decadencia y de fuga planificada de la riqueza al extranjero.

Pese a todo, en el país siguen existiendo organizaciones libres del pueblo y un significativo tejido de instituciones formadoras de dirigentes. En el país existe una gran cantidad de organizaciones dedicadas a labores deportivas, artísticas, solidarias y de fomento, en dónde aún existen valores y experiencias de vida en comunidad.

Las dos organizaciones más importantes de la Argentina en términos de cantidad de miembros, de alcance geográfico y de grado de institucionalización, son el Movimiento Sindical y la Iglesia Católica, hoy conducida por el Papa Francisco.

El Movimiento Obrero Organizado es el gran legado de la Revolución peronista y es el último reservorio político para la defensa de la cultura del trabajo digno y de la justicia social. El sindicalismo, además, tiene los cuadros técnicos para la formulación y la implementación del programa de desarrollo nacional que requiere impostergablemente la Argentina.

La Iglesia de Francisco y las diversas instituciones evangélicas representan y congregan  a una población suramericana mayoritariamente cristiana. El actual Papado enarbola la defensa de la humanidad frente al naufragio de los valores materialistas; y reivindica la solidaridad de las relaciones internacionales frente a la tiranía universal del dinero, que moviliza a los mariscales de la guerra y del comercio anglosajones que destruyen las naciones y que siembran el hambre en los pueblos. La Iglesia católica y las instituciones evangélicas de la Argentina administran una inmensa red de contención social, sin la cual el descarte y la exclusión humana serían aún más dramáticas. En el terreno cultural la Iglesia Católica es la garante de la escuela de calidad para decenas de miles de hijos de los humildes y de la clase media y cumple una tarea abandonada hace tiempo por el Estado. En el plano espiritual, las iglesias y capillas siguen aportando a la construcción de la solidaridad social, la esperanza, la fe y el desarrollo de los valores comunitarios del hombre argentino, frente a una sociedad y a una clase política liberal, individualista, consumista y materialista.

Para salir de la encrucijada, se requiere de un amplio frente de unidad nacional. La labor de reconstrucción necesita de un estadista y de una nueva generación política de composición federal y que sea el resultado de la concertación social. Es momento de superar el porteñismo y su ideología liberal de izquierda y de derecha, para avanzar hacia el federalismo, el nacionalismo popular y el continentalismo.

En línea con la tradición justicialista, es necesario forjar un Movimiento que amalgame y que reclute una elite policlasista, pluriétnica y pluripartidista. El país requiere de la participación activa de los dirigentes del empresariado nacional y de las distintas fuerzas partidarias.

La reconstrucción necesita de un pensamiento nacional arraigado a la tierra, que sienta y que entienda el mandato de la historia y que contribuya a forjar la conciencia nacional y a la búsqueda de soluciones científicas y tecnológicas argentinas y suramericanas.

La tarea de reconstrucción demandará una acción austera, sacrificada y patriótica de refundación material, política, cultural y emocional. Es momento de reconstruir el Estado y de formular e implementar un proyecto nacional de perspectiva popular y suramericana.  

El libro “Pensadores del Nacionalismo Popular”

El libro analiza la obra intelectual y política de un conjunto de pensadores y actores políticos que ofrecen experiencias para solucionar el drama de la Argentina contemporánea. En cada caso, son recuperados un conjunto de sus aportes teóricos que desarrollaron para entender y para actuar en el contexto que les tocó vivir.

El libro inicia con un trabajo sobre el ecuatoriano José María Velasco Ibarra, político activo e intelectual prolífero, cuyos dotes de estadista y de caudillo le permitieron alcanzar la presidencia de su país en reiteradas ocasiones y promover una obra revolucionaria de reparación social y moral.

El segundo capítulo trata sobre Alberto Baldrich, que es uno de los fundadores de la sociología nacional. Pensador agudo y profundo, desarrolló las bases para una sociología de la cultura en la que se resalta la importancia de los valores, las costumbres y las tradiciones para la organización de la comunidad nacional. Sus categorías son puestas en desenvolvimiento para analizar la historia argentina contemporánea.

El capítulo tercero realiza un estudio sucinto de algunas obras del pensador ruso contemporáneo Alexander Duguin. Si bien tiene particularidades que son propias de su contexto de producción, la obra del lucido intelectual aborda aspectos de la organización política y de la cultura que también son propias de la tradición del pensamiento nacional argentino y suramericano. Su obra ofrece un análisis agudo de las relaciones internacionales e introduce una crítica al liberalismo anglosajón.

Los capítulos cuatro y cinco trabajan sobre el ideario de Juan Domingo Perón. En este caso, evitamos referencias a su biografía que ya aparece extensamente desarrollada en diversos libros e investigaciones. Analizamos puntualmente sus obras Conducción Política y Comunidad Organizada. En esos trabajos, el líder justicialista sintetizó el modelo de sociedad y de democracia a la que aspiramos y ofreció un sistema de organización del poder para forjar ese proyecto histórico.

El capítulo seis aborda el pensamiento del historiador José María Rosa. Este intelectual es uno de los grandes fundadores de la escuela revisionista y fue uno de los más influyentes autores sobre la dirigencia sindical y política de los años sesenta y setenta. Rosa construyó un mito movilizador de base historiográfica, en el cual el pueblo organizado  es el sujeto de la Nación.

El capítulo siete analiza en el concepto de Pentagonismo que formuló el político y escritor dominicano Juan Bosch. La noción aporta elementos para comprender la dinámica expansiva y violenta de la política exterior norteamericana que está directamente ligada a la industria militar.

El último artículo se centró en el pensador mexicano José Vasconcelos. Puntualmente, analizamos su punto de vista sobre el rol de la universidad y sobre la función de los intelectuales para la construcción política de un proyecto antimperialista y soberano del continente suramericano.

 

Si bien los ámbitos geográficos e históricos de producción son diferentes, todos estos pensadores tienen puntos en común. El primero es la vocación nacional y antimperialista, junto con la reivindicación que hacen del derecho a la autodeterminación política e histórica de nuestras comunidades organizadas. El segundo tema que los une es que destacan la importancia de la cultura como elemento fundamental de la organización humana, desestimando las teorías materialistas propias de la izquierda y del liberalismo. El tercer aspecto es que coinciden, en algún momento de su vida y de obra, en que los EUA e Inglaterra y su ideología del liberalismo anglosajón son los enemigos históricos a enfrentar.  El cuarto tema que los identifica es la convicción de que Sudamérica es una ecúmene propia y que nuestro accionar político presente tiene que aportar a la reunificación de las pequeñas patrias y a la construcción de una unidad de destino común. Finalmente, los siete autores comparten el hecho de que la comunidad nacional debe movilizar a las organizaciones libres del pueblo, que son los grandes protagonistas del momento histórico que nos toca vivir.


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viernes, 21 de enero de 2022

Políticas de tierra y vivienda de la Gobernación de Eduardo Duhalde

 Aritz Recalde[1], enero 2021 


 REVISTA MOVIMEINTO 


Antecedentes de la gestión provincial

Eduardo Duhalde destacó que la política que aplicó en la Gobernación (1991-99), fue el resultado de su experiencia previa en la gestión como Intendente de Lomas de Zamora (1974-76 y 1983-87).

En la Municipalidad creó la Dirección Municipal de Tierras (1974) y la Subsecretaría de Tierras y Vivienda (1983), dando participación activa a la población en la flamante Dirección de Organización Social Comunitaria.

La Subsecretaría impulsó las “Casas de Tierras”, integradas por vecinos delegados que fueron elegidos por cada manzana y zona de influencia. Esta organización popular fue fundamental para lograr la sanción y el efectivo cumplimento de la Ley de Expropiación 8358/74, tendiente a regularizar 158 manzanas en la localidad de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora.

La Subsecretaría de Tierras y Vivienda desarrolló un Plan Municipal de Vivienda y adquirió una Planta elaboradora de bloques de hormigón. La construcción de las soluciones habitacionales se realizó con el protagonismo comunitario por parte de los vecinos, Mutuales y Sociedades de Fomento (Duhalde 2021).  

 

El reconocimiento del derecho a la tierra y la vivienda en la Constitución de 1994

Durante la Gobernación Duhalde, se inició un proceso constituyente que terminó con la sanción de una nueva Carta Magna en el año 1994. El artículo 36, inciso 7 de la Constitución bonaerense estableció que “La Provincia promoverá el acceso a la vivienda única y la constitución del asiento del hogar como bien de familia; garantizará el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única y de ocupación permanente, a familias radicadas o que se radiquen en el interior de la Provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos”.

La Constitución impulsó la desconcentración urbana y que los bonaerenses vivan en el interior de la provincia.  Sobre este principio rector, el Gobierno elaboró un conjunto de políticas y de acciones tendientes a favorecer el acceso al suelo y a la vivienda a los habitantes de la Provincia.

 

Modificaciones de la estructura provincial: creación de la Secretaría de Tierras y Urbanismo

Con el Decreto 231/95 el Gobernador creó la “Unidad Provincial de Tierras y Desarrollo Urbano”. Poco tiempo después, éste último ente fue suprimido[2] y remplazado por la “Secretaría de Tierras y Urbanismo” con dependencia de la Unidad Gobernador. El decreto de creación 3426/95 planteó que sus objetivos eran: 1.- Establecer mecanismos y cursos de acción para lograr la regularización dominial y urbana en el territorio; 2.- Desarrollar acciones con el fin de recuperar y reestructurar el fenómeno urbano y dominial de los asentamientos, barrios carecientes y sectores marginados; 3.- Identificar, registrar, evaluar y categorizar los predios de origen público y/o privado que fueren considerados aptos para la concreción de planes y programas de desarrollo y mejoramiento del hábitat, determinando pautas para el desarrollo urbano y la planificación territorial y uso del suelo;  4.- Evaluar y programar las acciones necesarias para la resolución del déficit habitacional en la Provincia, prioritariamente en los distritos declarados de emergencia y establecer los mecanismos de canalización de los recursos financieros que se habiliten para los fines de la Secretaría; 5.- Convenir con los municipios el desarrollo y ejecución de las acciones necesarias a los fines precedentes.

 

Programa Familia Propietaria

Con la Ley 11.423/93[3] se creó el Programa Familia Propietaria y se le asignó un presupuesto inicial de 16 millones de dólares. En la Apertura de Sesiones Legislativas del año 1993, Duhalde destacó que “el gobierno provincial ha puesto en marcha el Plan Familia Propietaria. Un plan que comprende a quienes carecen de terreno, o a aquéllos que teniéndolo, no pueden construir su casa, o a los que teniendo terreno y casa no pueden escriturar. Como se trata de arraigar a la gente y desarrollar la provincia interior, he resuelto que se vuelque a sus ciento cuatro municipios el cien por ciento de los recursos del FONAVI[4] no comprometidos en obras anteriores”.

Con el Decreto 2510/94[5] Duhalde creó una Unidad Ejecutora y Coordinadora del Programa Familia Propietaria, con dependencia del Gobernador. Entre otras funciones, tenía la potestad de “Ejecutar por sí o mediante convenios celebrados con Entidades gubernamentales, municipios, entidades intermedias y/o terceros la implementación del plan”; “Gestionar la expropiación de bienes para su afectación a las obras o servicios” y “Gestionar la obtención de créditos de fuentes nacionales o internacionales”.

Inicialmente, la Unidad se integró con el personal del Instituto de la Vivienda y de la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Con el Decreto 703/97 se aprobó una nueva estructura organizativa compuesta por las Direcciones Provinciales “Técnico-Administrativo”, de “Apoyo Administrativo-Contable” y de “Apoyo Técnico”.

En línea con el mandato de la Constitución bonaerense, el Programa se lanzó en las municipalidades del interior de la provincia. Duhalde destacó que “A la gente debemos arraigarla en el interior de la provincia; donde la calidad de vida es superior, donde los lazos de familia, de amistad, de vecindad, se encuentran más fuertes; y para arraigarlos tenemos que garantizarle ese derecho del que estaba hablando: el derecho de cada familia de ser propietaria” (Duhalde 1999 b).


Tierras del Estado Nacional

La provincia gestionó la adquisición de las tierras del Programa Arraigo y de los inmuebles incluidos en la Ley Nacional 24.146/92.

La ley 23.697/89 de “Emergencia económica” estableció que “el Poder Ejecutivo Nacional centralizará, coordinará e impulsará las acciones tendientes a agilizar las ventas de los inmuebles del dominio privado del Estado, de sus entes descentralizado o de otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados, tengan participación total o mayoritaria de capital o de la formación de las decisiones societarias, que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones o gestión”. A partir de acá y con el Decreto nacional 846/91 se creó la “Comisión de Tierras Fiscales Nacionales - Programa Arraigo” y entre sus funciones estaban las de impulsar “todas aquellas acciones tendientes a lograr la regularización dominial de las tierras fiscales nacionales mediante su transferencia a favor de los actuales ocupantes”.

Con el Decreto 3522/94 se facultó a la Unidad Ejecutora y Coordinadora a “suscribir y aprobar la documentación que fuere menester a fines de obtener la transferencia de los inmuebles comprendidos en la Ley Nacional Nº 24.146/92[6] y su Decreto Reglamentario Nº 776/93”. En este marco, se adquirieron diversos inmuebles destacándose los provenientes de las privatizaciones que quedaron bajo la órbita del Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (ENABIEF). La Gobernación firmó un Convenio con este organismo y se obtuvieron, entre otras tierras, 239 hectáreas ubicadas en la municipalidad de Bahía Blanca (Duhalde 1999).

 

El Programa Familia Propietaria en cifras

Para la implementación del Programa Familia Propietaria en el año 1993 se realizó un censo de Necesidades de Tierras, que luego fue permanentemente actualizado. Inicialmente, se inscribieron 48.066 familias y al año 1999 esa cifra se proyectó por arriba de los 150.000 demandantes.

La provincia compró y adquirió tierras del Estado Nacional y de privados en acuerdo con las municipalidades[7]. Posteriormente, se entregaron  créditos a los municipios y a cooperativas de vecinos para la construcción de viviendas. Entre 1994 y 1999 el subsidio girado a las municipalidades alcanzó los 18,5 millones de dólares (Duhalde 1999) (Duhalde 1999 b).

En el año 1999 se había cumplido con la entrega del 93% de las demandas detectadas en el censo de 1993, alcanzando los 44.641 terrenos (Duhalde 1999).

El Plan Familia Propietaria firmó convenios con el Instituto Provincial de la Vivienda, con el Consejo Provincial de la Familia y el Desarrollo Humano y con el Instituto Provincial de Empleo, entre otros. En este marco se construyeron 4000 casas (Duhalde 1999).

El Plan de Regularización Dominial de la ley 24.374/92

Duhalde apoyó la sanción de la Ley Nacional 24.374/92, que estableció un régimen de regulación dominial en favor de los ocupantes que acreditaban la posesión “pública, pacífica y continua durante 3 años”, con anterioridad al 1 de enero de 1992. Los inmuebles urbanos incluidos tenían que tener como “destino principal el de casa habitación única y permanente”.

La norma permitió regularizar lotes, villas y asentamientos de familias que vivían en terrenos privados y en suelo del Estado nacional, provincial y municipal.  No se podía solicitar el ingreso a la ley por parte de quienes tenían otro inmueble o de aquellas personas cuya propiedad no sea la vivienda única. El trámite de la escrituración era gratuito y se realizaba meramente una contribución única del 1% de la valuación fiscal al Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La Secretaría de Tierras y Urbanismo instrumentó la labor, inicialmente, a través de las Casas de Tierras Municipales y luego con la tarea de los 212 Registros Notariales de Escrituración creados por convenios con la Provincia. Este trabajo y logística involucró alrededor de 1000 personas (Duhalde 1999).

Jugó un rol fundamental en todo el proceso la Escribanía General de Gobierno. Esto fue posible ya que el gobernador Antonio Cafiero había impulsado la posibilidad de que la Escribanía se dedique a “Las regularizaciones dominiales de interés social que involucren a particulares, cuando así lo requieran el Poder Ejecutivo Provincial o las Municipalidades” (Ley 10.830/89).

En el marco de la Ley 24.374 entre los años 1991 y 1999 se entregaron más de 350.000 escrituras (Duhalde 1999).

 

Políticas de construcción de viviendas

La Provincia construyó entre los años 1992 y 1999, 83.573 unidades habitacionales. Al finalizar la Gobernación, se encontraban en ejecución otras 24.587 casas. Las iniciativas fueron edificadas con intervención de entidades privadas, de instituciones sin fines de lucro y con gobiernos municipales.  Se les dio participación a las familias y se aplicaron experiencias de autogestión para la construcción, ampliación o finalización de las obras (Duhalde 1999).

Los principales programas de construcción fueron impulsados por:

-          El Instituto Provincial de la Vivienda: ejecutó el Fondo Provincial de la Vivienda, los Planes Nacionales de Vivienda[8] y otro conjunto de políticas orientadas.

Según la investigación de Roxana Manes (2016), los programas de construcción de viviendas dependientes del Instituto vigentes entre 1992 y 1999, dejaron como resultado la construcción de 47.505 casas (1992-2003). La autora describió en detalle los planes y el número de soluciones habitacionales: Operatoria FONAVI: 13.555 viviendas; Operatoria FOPROVI: 70 viviendas; Operatoria Autogestión Constructiva: 2052 viviendas; Operatoria ProCasa: 5206 viviendas; Operatoria ProCasa-Solidaridad-Vuelta al Pago-ProTecho-Reconstrucción de barrios:  468 viviendas; Operatoria Bonaerense I: Abuelos y Novios (1640 viviendas); Operatoria Bonaerense II: Solidaridad (506 Conjuntos Habitacionales de 20.929 viviendas); Operatoria Bonaerense II: Solidaridad Titularización de Hipotecas (5.451 viviendas); Operatoria Bonaerense II: Solidaridad Plan Arraigo (292 viviendas); Operatoria Bonaerense II: Autoconstrucción y Ayuda Mutua (597 viviendas); Operatoria Bonaerense II: Solidaridad Vivienda Básica Asistida (547 viviendas); Operatoria Bonaerense II: Solidaridad Trabajar (1.799 viviendas); Operatoria Bonaerense III: Financiamiento Compartido (1.523 viviendas); Operatoria Bonaerense IV: Emergencia Habitacional (719 viviendas); y Operatoria Bonaerense V: Préstamos Familiares (5.672 viviendas)

-          El Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano: se implementaron los Programas de “Emergencia Habitacional” y de “Auto construcción y Ayuda Mutua”.  

-          El Banco Provincia: lanzó el “Plan PROYECTAR” de crédito social y se financiaron más de 25.000 casas. Con el “Programa de Apoyo a la Construcción” entre 1991 y 1999 se concretaron 240 emprendimientos por 135 millones de dólares.  En el año 1996 se lanzaron los Préstamos Inmobiliarios BAPRO y a 1998 habían alcanzado a 9000 beneficiarios, invirtiendo más de 375 millones de dólares.

 

Los programas fueron un catalizador de nuevos empleos y movilizaron el mercado interno en cada una de las localidades de la Provincia.  

 

 Bibliografía citada

Duhalde Eduardo (1999) Apertura del 127 Periodo de Sesiones Ordinarias, Informe de Gestión, Asamblea Legislativa, Buenos Aires.

                (1999 b) Otro     Estado  es           posible. Diez mensajes fundamentales, Secretaría         

de          Coordinación     de          Estrategias         de          Gobierno, Buenos Aires.

              (2021) América Latina, por una tierra para todos, Hojas del Sur, Buenos Aires.

Manes Roxana (2016) Trayectoria Histórica del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires en el período 1956-2009, Tesis de Maestría, FTS-UNLP.

 

 

 [1] (*) El artículo es parte del Proyecto de Investigación de la UNLa “Las políticas públicas de las gobernaciones de Antonio Cafiero y de Eduardo Duhalde (1987 -1999)”.

[2] También se suprimió la Subsecretaria de Urbanismo y vivienda del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (artículo 9 decreto 3426/95).

[3] La ley 11.423/93 es una modificatoria de la 11.376. Con esta última normativa, el Estado se endeudó por U$S 600 millones para la realización obras de infraestructura y equipamiento en las municipalidades no incluidas en las inversiones del Fondo del Conurbano Bonaerense.

[4] En el año 1992 el Gobierno Federal transfirió a las provincias el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).

[5] Con el decreto 3628/99 se habilitó a la Unidad “Gestionar ante Organismos del Estado Nacional la compra de tierras para la Provincia y realizar todas las gestiones necesarias para incorporar las mismas al Programa Familia Propietaria a fin de dar soluciones habitacionales”.

[6] La Ley 24.146 estableció la “transferencia a título gratuito a favor de provincias, municipios y comunas, de bienes inmuebles innecesarios para el cumplimento de sus fines o gestión de la Administración Pública Nacional, sus empresas y entes descentralizados”. La norma le dio prioridad a la promoción de soluciones habitacionales “para familias de escasos recursos” y con ese fin promovió la articulación con Comisión de Tierras Fiscales Nacionales "Programa Arraigo" de la Presidencia de la Nación.

[7] El Plan favoreció la creación de Bancos de Tierras en muchas municipalidades de la provincia. 

[8] Ley 24.464 creó el “Fondo Nacional de la vivienda”, al cual adhirió la provincia con la Ley 11.663/95 y su decreto reglamentario 187/96.

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