El proyecto político iniciado en el
año 2003, impulsó transformaciones fundamentales del modelo de desarrollo
nacional, que influyen directamente sobre la realidad universitaria. En el
terreno económico, promovió la reindustrialización del país a partir de la
sustitución de importaciones, la protección arancelaria, la diversificación de
mercados, el financiamiento público y el apoyo a la producción con mayores
niveles de valor agregado. En el plano social, estimuló la generación de empleo
y la redistribución de la riqueza por intermedio de la participación directa y
protagónica del Estado. En los aspectos políticos, le transfirió poder a la
sociedad argentina, anteriormente enajenado en las empresas concentradas y los
organismos financieros. Desde el año 2003, la política exterior varió considerablemente
y nuestro país salió de la egida de los EUA, para ofrecer en su lugar, un
sistema multilateral anclado en la regionalización continental.
A continuación, vamos a comentar
brevemente algunas modificaciones suscitadas en las universidades nacionales.
Federalización
de la oferta universitaria
Como parte del proyecto nacional
mencionado, el gobierno iniciado en el 2003 tomó la estratégica decisión de expandir el sistema
universitario, a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
Durante los años noventa, se promovieron
once universidades nacionales y a partir de la gestión de Néstor Kirchner y de
Cristina Fernández, se suscitaron otras nueve.
Resultante de este proceso, la década
del noventa, conjuntamente al ciclo kirchnerista y al plan de Alberto Taquini[1],
quedarán en la historia del país como los más prolíferos en la apertura de
universidades nacionales.
La apertura de nuevas instituciones, consolida
un sistema de educación superior federal, caracterizado por el surgimiento de universidades
pequeñas o intermedias. Esta política de Estado, desplaza la tradicional
hegemonía de aquellas instituciones de grandes dimensiones, como son los casos
de la UBA, La Plata, Córdoba o Rosario.
¿Conocimiento
universal o regionalización del conocimiento?
“En
consonancia con los esfuerzos de la intervención por ubicar a la Universidad en
la senda nacional y popular, se consideró necesario ir transformando los
contenidos y métodos de la enseñanza en base a las siguientes ideas centrales:
1) la enseñanza se centrará más en problemas nacionales concretos que en
disciplinas o materias; 2) los estudiantes se incorporarán a grupos de trabajo
e investigación de esos problemas y recibirán cursos de apoyo de las
disciplinas usuales; 3) el aprendizaje comenzará siendo concreto, vinculando a
la realidad nacional, y avanzando en abstracción y rigor en años sucesivos”. Ernesto Villanueva, 1974
Uno de los rasgos característicos de
las universidades promovidas desde el año 2003, es su impronta renovadora en la
concepción acerca de las funciones culturales, sociales y productivas que tiene
que cumplir la
institución. En general, las nuevas instituciones promueven
carreras no tradicionales, se gobiernan con participación de miembros externos e
impulsan líneas de investigación surgidas a partir de su inserción en el
contexto social y político local.
Las universidades de reciente
creación, modificaron la forma tradicional de organizar las acciones académicas.
Es oportuno destacar, que actualmente se está promoviendo una regionalización de
las funciones universitarias. La Constitución del año 1949 introdujo dicha
forma de proyectar la apertura de carreras, la planificación de las
investigaciones o de las tareas de trasferencia. La Carta Magna estableció que “Una ley
dividirá el territorio nacional en regiones universitarias, dentro de cada una
de las cuales ejercerá sus funciones la respectiva universidad. Cada una de las
universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza
le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y
folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las artes
técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y
al incremento de las actividades económicas regionales”.
La regionalización del conocimiento
iniciada con la
Universidad Obrera en 1948 y que adquirió estatuto
constitucional en 1949, está teniendo plena vigencia. Actualmente y en línea
con la iniciativa de Ernesto Villanueva del epígrafe, la oferta de carreas
surge como resultante de identificar la demanda regional en donde se radican
las instituciones. En este contexto, las funciones educativas, de
investigación, de cooperación o trasferencia, se orientan a la resolución de
problemas, más que a la reproducción de disciplinas y de recorridos académicos
tradicionales.
Las nuevas universidades están
demostrando con hechos concretos, que se puede producir ciencia de calidad con
contenido social y productivo relevante para las localidades donde se radican y
para la nación en su conjunto. Asimismo,
son un prototipo de que dicha práctica puede estructurarse de manera
mancomunada con el Estado local, provincial, nacional y con las organizaciones
libres del pueblo.
Ampliar
la radicación de universidades en el Conurbano Bonaerense
“La universidad debe ser, efectivamente, para el
pueblo en varios sentidos. Uno de ellos: que tengan acceso a todas las carreras
estudiantes de las clases más humildes del país”. Rodolfo Puiggros
Dentro de las instituciones creadas en
las últimas décadas, adquieren suma relevancia aquellas organizadas en la Red
de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense (RUNC OB)[2].
En general, estas instituciones están inscriptas en zonas cuya fragilidad
social y productiva es considerable. Su radicación favorece la democratización
social del acceso a la educación superior, cuestión que se expresa en el
ingreso masivo de jóvenes de origen popular con escasa historia familiar de
estudios universitarios. La RUNC OB
está materializando la concepción social universitaria impulsada desde el año
1949, con la sanción de la gratuidad de los estudios universitarios.
Asimismo y si se analizan las altas
tasas de crecimiento interanual, las universidades del conurbano están
canalizando una demanda educativa no satisfecha por el sistema educativo tradicional[3].
Los gobiernos liberales entendieron
que la educación era un instrumento de división de clase, de raza y de etnia.
Los programas reformistas, impulsaron el acceso de las clases medias. Según
mencionó Puiggrós del epígrafe y cuestión a la cual la RUNC OB
contribuye, el nacionalismo popular entendió a la educación superior como un
instrumento de igualación y de ascenso social de los sectores de menores
ingresos.
Planificación
de las políticas del Estado
“Para
establecer una política para la ciencia, es necesario que el poder político
tenga conciencia clara de sus necesidades y de los objetivos nacionales, y sepa
formularlas en términos susceptibles de estudio científico, creando de esta
manera una demanda concreta sobre las instituciones de investigación”. Amílcar Herrera
Actualmente, las universidades
argentinas y el conjunto de las políticas
de Estado de educación superior, se organizar en torno de de tres
grandes modelos o tradiciones universitarias.
La tradición universitaria liberal, entendió que la
educación superior tenía que responder, principalmente, a las demandas de los
sectores económicos predominantes del mercado. En general, estos grupos de
poder estaban ligados estrechamente al extranjero. La universidad proyectada
para ese país, fue una institución elitista en su composición estudiantil, que
fomentó modelos económicos dependientes y que reprodujo esquemas científicos de
contenido europeísta.
Los grupos reformistas transfirieron
la soberanía de las decisiones a los miembros internos de la misma institución,
al dotarlos del cogobierno y de una amplia autonomía. En un sistema universitario
que dispone de importantes niveles de autonomía, existe una tendencia
recurrente de las instituciones a desacoplar sus acciones en relación a las
demandas sociales, económicas y culturales requeridas por la democracia de
masas.
Finalmente, el nacionalismo popular propugnó
que las acciones de la universidad deberían orientarse, prioritariamente, atendiendo
las demandas de la democracia de masas y del proyecto productivo y tecnológico
de país. Para ésta última propuesta, la educación superior tiene que contribuir
a dotar a la Argentina de mayores grados de poder político y económico nacional,
en paralelo que favorece el ingreso de los sectores populares.
Dos de los hechos institucionales a
destacar de las últimas décadas, son la creación de la Secretaria de Políticas
Universitarias (SPU) y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (MINCyT). Estos organismos, tienden a articular la tradición
universitaria reformista, con el proyecto educativo del nacionalismo popular.
En línea con los objetivos del
nacionalismo popular, la SPU tiene la función estratégica de racionalizar la
distribución de recursos universitarios y de brindar incentivos que contribuyan
al cumplimiento de los planes de mediano y de largo plazo, del conjunto de
carteras del Estado y de la democracia de masas. Si se analizan los programas
de la Secretaria, se puede observar que, en general, son direccionados hacia las
áreas de vacancia definidas por el Estado Nacional.
La apertura del MINCyT, es una decisión
importante que le otorga a la función científica y tecnológica, un rol central
en las políticas del Estado. Por un lado, favorece la articulación entre
conocimiento e innovación, contribuyendo a la capacitación de recursos humanos
en un proyecto nacional industrialista que sustituye importaciones. Además, el
Ministerio está oficiando como una apuesta a reforzar la actividad científica,
por sobre la tradicional función docente y profesionalizante del sistema
universitario.
Tal cual se observa en el cuadro “inversión del Estado nacional 2003-2013”,
el gobierno otorgó importantes recursos a las universidades autónomas. Además,
concedió financiamiento a la SPU y al MINCyT, generando condiciones para la
planificación estratégica de la educación superior.
Inscribir
las universidades en un proyecto de país industrialista, nacionalista y popular
“Yo
siento que hacía mucho tiempo que no se reconocía a los científicos, como lo
hemos reconocido en esta etapa. Pero no esa ciencia que era una ciencia no
aplicada, una ciencia como desconectada, desvinculada de la actividad
económica, del progreso del país, como si ser científico y tener contacto con
lo económico fuera algo - en cierta manera- pecaminoso o contaminara el
contacto del científico puro con la empresa. Y es exactamente lo contrario, es
potenciar a la ciencia y a la tecnología para ponerla al servicio del
crecimiento y el desarrollo de un país, que es lo que han hecho las grandes
naciones del mundo”. Cristina
Fernández de Kichner
El ciclo económico neoliberal iniciado
en 1976, retomado en los ochenta y profundizado en los años noventa, culminó
con recesión económica, desindustrialización y extranjerización de los recursos
materiales del país.
Llevado al terreno universitario, un problema
central de las décadas del ochenta y del noventa, fue la aplicación de un modelo
de desarrollo que consolidó altas tasas de desempleo. El programa neoliberal derivó
en una crisis profunda en el año 2001 y ello implicó la expulsión y la subutilización
de los recursos humanos universitarios e incluso, favoreció la emigración de
científicos y de académicos que buscaron destinos en otros países.
El proyecto nacional iniciado en 2003 completó la
federalización de las universidades argentinas y de los tres momentos de
apertura de instituciones mencionados, fue el único programa que le dio
sustentabilidad al patrón de crecimiento y que otorgó una función central a la
ciencia y a la tecnología en el mediano y en largo plazo.
El impulso al programa industrialista
y de sustitución de importaciones, confirió sustentabilidad económica al
proyecto nacional. Sobre esta condición, se apoyan la justicia social y el
poder político de los Estados. La generación de empleo en la última década, les
permite a los estudiantes[4]
y a los graduados universitarios insertar su actividad individual en un
proyecto nacional. Incluso y revirtiendo lo ocurrido en la década anterior, hoy
regresan los científicos del extranjero que se radican nuevamente en la
Argentina, poniendo su conocimiento al servicio del desarrollo colectivo.
En definitiva y es importante
destacarlo, en la última década las universidades forman parte de un país
sustentable económica y socialmente, que puso a la ciencia y a la tecnología en
el centro del modelo de desarrollo nacional.
Algunas
cuentas pendientes
“El
papel del profesional en la sociedad cambia por completo cuando la lealtad a su
carrera individual y a su empresa es remplazada por lealtad al país y
solidaridad social”.
Oscar Varsavsky
Consolidar una agenda universitaria
sobre los principios del compromiso productivo, tecnológico y social nacional
Las cuatro funciones de las instituciones
podrían incluirse una “agenda universitaria”, atendiendo la importancia de
revertir un presente caracterizado por:
-
La
proliferación de carreras sin planificación y sin articulación regional y nacional[5].
-
La
promoción de investigaciones escasamente relevantes, muchas veces generadas solamente
sobre demandas endógenas del mismo sistema.
-
La
baja articulación entre los requerimientos de la empresa nacional y social y la
universidad.
-
La
escasa planificación de la acción solidaria de las universidades y el poco
frecuente reconocimiento académico de la extensión como parte del proceso de
enseñanza[6].
Compromiso social educativo
Sería oportuno que las universidades,
conjuntamente a la SPU y al resto de las carteras educativas y sociales del
Estado, formulen programas y compromisos efectivos y evaluables, para promover
el ingreso de sectores populares y para bajar la alta tasa de deserción de los alumnos
de grado y de posgrado.
El Estado destina recursos para ello y
existen diferentes experiencias que podrían derivar en un acuerdo nacional, que
además de ampliar las erogaciones presupuestarias y los programas de
intervención, fije pautas de cumplimiento y metas mensurables en el corto,
mediano y largo plazo.
Promover ciencia aplicada a la
producción de tecnología e innovación
“La
tecnología es uno de de los más fuertes factores de dependencia en la actualidad. Resulta
importante enfatizar que este hecho se agudiza en el caso del sector
industrial. (…) Ciertos sectores de nuestra economía han dependido y aún
dependen de la importación de tecnología extranjera (…) Sin base
científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace imposible”. Juan
Perón
El sistema universitario tiene el
importante desafío de impulsar carreras, investigaciones y acciones de
transferencia, capaces de dotar de mayores niveles de competitividad e
innovación, al programa de reindustrialización de la Argentina.
Para cumplir este objetivo, la SPU y
el MINCYT iniciaron líneas especiales de becas y de subsidios a proyectos, que
pueden ser el punto de partida para profundizar un cambio del perfil del
sistema de educación argentino, para orientarlo hacia las ciencias aplicadas y
la innovación tecnológica.
Este desafío tiene entre sus cuentas
pendientes, reforzar las acciones y los planes de trabajo mancomunados entre
las instituciones universitarias, el MINCyT y el conjunto de establecimientos
vinculados a las áreas científicas y tecnológicas (INVAP, CONEA, FAdeA, YPF,
etc.).
Trabajar una agenda compartida de
articulación entre instituciones académicas iberoamericanas
Durante la última década, se produjo
un importante proceso de articulación regional en los planos comerciales y políticos.
Anteriormente, existieron acercamientos e iniciativas conjuntas entre gobiernos
y pueblos, que muchas veces fueron abandonadas por diversas coyunturas y
circunstancias políticas e históricas. Contrariando ésta tendencia, nacieron el
MERCOSUR, la UNASUR o la CELAC que favorecieron la determinación de una nueva
relación estratégica sudamericana. La tendencia a la convergencia entre países,
se evidencia en el aumento del volumen de las relaciones económicas, que dejó
como saldo por ejemplo, que Brasil es el primer aliado comercial de la Argentina. Visto
desde la otra perspectiva, Argentina es el tercer socio comercial del Brasil,
detrás de China y de los Estados Unidos.
A la convergencia económica, se le
suma la creciente articulación política entre las dirigencias de las naciones
iberoamericanas, que quedó evidenciada en la promoción de acciones conjuntas en
el seno del MERCOSUR[7],
la UNASUR[8]
y la CELAC.
Finalmente, a las convergencias
económicas y políticas, deben sumarse las articulaciones culturales. En el
terreno académico y universitario, se están produciendo investigaciones que
intentan hacer hincapié en los análisis comparados sobre las realidades de los
países iberoamericanos. En este contexto, consideramos que hay mucho trabajo
por hacer en el universo de la promoción y la profundización de iniciativas
conjuntas de integración académica y científica. La región demanda una nueva agenda
en común, donde se incluyan metas de
intercambio de alumnos, de docentes, de investigadores, de trabajadores técnico
administrativos y de iniciativas de producción de conocimiento socialmente
relevante.
Para cumplir estos objetivos, es
requisito indispensable que se consoliden parámetros y estándares comunes[9]
desde las carteras educativas regionales. El Sector Educativo del Mercosur
inició un camino importante en esta tarea, que podría profundizarse.
El Estado nacional desde el Ministerio
de Educación, particularmente con la SPU y la CONEAU, tienen mucho por hacer
para mejorar la tarea mancomunada con las instituciones de Iberoamérica.
Además, las organizaciones libres del pueblo, estudiantiles, de trabajadores
administrativos o docentes, disponen un universo significativo a desarrollar en
la articulación de acciones y programas conjuntos.
La evolución “deseable” del proceso de
integración, debería tender a que las carreras de los distintos países de la
región, acrediten parámetros académicos en común y masifiquen los intercambios
de sus miembros y de sus producciones científicas. Resultante de estas
acciones, los sistemas legales y las decisiones de gestión deberían permitir y
fomentar:
-
que
las universidades reconozcan asignaturas y recorridos académicos a los alumnos
de grado y de posgrado, en las diversas instituciones de la región.
-
la
organización de una agenda de investigación compartida.
-
que
los egresados de la región puedan ejercer la profesión de manera legal en los
Estados parte, conformando un sistema de reconocimiento de títulos y de
diplomas.
Asimismo, sigue vigente el debate
sobre la necesidad de direccionar los contenidos de los planes académicos y de
los programas de las asignaturas, para orientarlos al estudio de la realidad
regional.
La universidad argentina podría mirar
menos a Europa y a los Estados Unidos, para impulsar investigaciones, acciones
conjuntas y recorridos académicos que involucren, prioritariamente, a los
países miembros del MERCOSUR, de la UNASUR y de la CELAC.
[1] Solamente entre los
años 1968 y 1973, se abrieron 14 universidades nacionales.
[2] Conforman la RUNC OB la Universidad
Nacional de Lanús, la Universidad
Nacional de Avellaneda, la Universidad
Nacional de Quilmes, la Universidad
Nacional Arturo Jauretche, la Universidad
Nacional de La Matanza, la Universidad
Nacional de Tres de Febrero, la Universidad
Nacional de General Sarmiento, la Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad
Nacional de General San Martín, la Universidad
Nacional de Moreno, la Universidad Nacional del Oeste, la Universidad Nacional de Lujan y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Exceptuando casos como las dos últimas, buena parte de las
instituciones organizadas en la RUNC OB
fueron creadas en el período 1989 - 2009.
[3] Por ejemplo, en el
período 2000 - 2010 la tasa de crecimiento de estudiantes fue en UBA de 0,4
%; en UNL P
de 1,9%; en la UNC – 0,6%; en la UNL a 11,6 %; en la UNS aM
11 %; en la UNGS 13%. Datos del Anuario
2010 de la SPU.
[4] Entre el 2002 y el
2013 la matrícula universitaria aumentó alrededor de un 30%, pasando de una
cifra cercana a un 1.300.000 a 1.800.000 alumnos.
[5] Los CPRES incluyeron
restricciones al entrecruzamiento y la reiteración de carreras en una misma
zona geográfica (Dto. 1047/09). En el caso del universo del posgrado, la
regulación de la CONEAU no contempló esta función, cuestión que no revirtió la
tendencia a la proliferación de carreras con escasa utilidad social y baja
proyección estratégica.
[6] El Ministerio de
Educación de la Nación sancionó la resolución 692/12 cuya finalidad es
“sugerir” a las instituciones de educación superior, que en las “instancias de evaluación docente para el
desarrollo de la carrera docente universitaria, otorguen una valoración
especifica y positiva a los postulantes que, además del dictado de clases,
desarrollen tareas de investigación, extensión, vinculación y transferencia de
conocimiento; guía o acompañamiento en las acciones de voluntariado que
realicen los estudiantes”.
[7] Dentro del MERCOSU
existe un “Sector Educativo”.
[8] En el ámbito de la
UNASUR se formó un Consejo Sudamericano
de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación (COSECCTI).
[9] La acreditación Regional
de Carreras de grado tiene un antecedente en el programa MEXA, que incluyó a
los miembros del MERCOSUR, Chile y Bolivia. Entre 2007 y 2008 se impulsó un
Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias para el reconocimiento
regional de la
Calidad Académica de sus respectivas titulaciones en el
MERCOSUR y Estados Asociados (ARCU – SUR).
No hay comentarios:
Publicar un comentario