Aritz Recalde, noviembre 2022
Publicado en Investigación en Movimiento
Primera restricción: problemas de
articulación entre las carteras de investigación, de universidades y de
acreditación
En
el año 2007 se creó el MINCyT desdoblando las carteras de ciencia y la de educación.
Como resultante de eso, la Secretaría de Política Universitaria (SPU) se quedó
con funciones ligadas centralmente a la docencia y a la cooperación. En
general, las convocatorias de investigación o de apoyo a los posgrados -que
culminan con instancias de investigación-, suelen disponer de bajo
financiamiento atendiendo la dimensión del Sistema Universitario
Argentino.
Buena
parte de los recursos y de los programas ciencia e investigación pasaron a la
órbita del MINCyT, que es el principal órgano de aplicación de las leyes 23.877
de Promoción y Fomento de la Innovación
Tecnológica, de la 25.467 de Ciencia,
Tecnología e Innovación y de la 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con ésta última norma el Estado Nacional se comprometió a destinar el
1% de PBI en la actividad en el plazo de una década. Lamentablemente, las
universidades prácticamente no fueron incluidas en la regulación y tienen escasa
injerencia en la orientación de dicho financiamiento.
El
tercer actor vinculado al tema de la investigación en las universidades es la
CONEAU, que no dispone de fondos propios para programas de mejora y tampoco
tiene injerencia en la asignación de recursos del MINCyT. El organismo tiene
funciones de evaluación y de acreditación y es importante el trabajo que hace
para fomentar la investigación entre los docentes y para promover las
actividades científicas en los laboratorios. La CONEAU exige como un estándar
de acreditación de los posgrados que exista investigación de calidad y que los
estudiantes participen en ellas, que los docentes publiquen y que las
instituciones apoyen la formación permanente de los planteles docentes orientándolos
a alcanzar el nivel máximo de formación doctoral. Las carreras que cumplen los
estándares y que aprueban las evaluaciones no encuentran en la CONEAU incentivos
económicos para mejorar la investigación, las publicaciones o al menos para
mantener la calidad de sus laboratorios. Ocurre algo similar en las carreras de
grado de interés público.
Segunda restricción: limitantes
presupuestarios de las universidades
Las
universidades invierten, en promedio, entre el 80-90% de sus fondos propios para
garantizar la función administrativa y salarial. En este escenario, son escasos
los recursos que se pueden destinar para la investigación y el desarrollo.
Los
fondos específicos para actividades científicas que se giran por planilla del
Congreso de La Nación son bajos. En instituciones con laboratorios y con maquinaria
compleja en muchos casos esos recursos no alcanzan para cubrir los costos
operativos. Con esos montos es muy difícil encarar obras o la adquisición de
equipamientos tecnológicos.
La
SPU aporta un refuerzo anual que tampoco le permite a las instituciones resolver
fácilmente el limitante presupuestario y solventar con facilidad las actividades
y las publicaciones de I + D.
Gracias
a algunas convocatorias del MINCyT y de otros organismos públicos las instituciones
adquirieron equipamientos valiosos. Suele ocurrir que luego las universidades no
puedan solventar los insumos para su funcionamiento o que no logran reparar los
desperfectos técnicos o las renovaciones del equipamiento.
Estas
restricciones suelen agravarse en las instituciones de reciente creación y que
en general tienen mayores dificultades para acceder a financiamientos por
concursos y convocatorias abiertas, frente a otras instituciones de mayor
trayectoria caracterizadas por disponer de equipos de docentes investigadores
consolidados.
La
mayoría de los docentes del país realizan su labor con una dedicación simple (65,9%),
cuestión que no contribuye a que investiguen. Es bajo el porcentaje de las
dedicaciones semi exclusivas (18,5%) y exclusivas (11,6%) que están en
condiciones más oportunas para realizar actividades por fuera de la docencia.
En
muchos casos los profesores suelen tener una alta carga horaria frente a cursos
y disponen de poco tiempo para realizar otras actividades. El deterioro en los
salarios que se viene produciendo hace varios años tampoco es un incentivo a
que los profesores investiguen.
El
Programa de Incentivos está desfinanciado y perdió importancia. Por si no fuera
poco, el PRINUAR que tiene que implementar el Sistema de Categorización viene
acarreando problemas serios de funcionamiento.
Los
estudiantes que acceden a becas internas de investigación o las becas EVC-CIN
de promoción y de formación se encuentran que en general tienen montos bajos.
Por el contrario, las exigencias de calidad de las iniciativas como las EVC-CIN
son altas al requerirse direcciones de estudiantes con doctorado y la redacción
de proyectos que son sometidos a evaluaciones de pares.
La
gestión financiera de la función de la investigación en universidades encuentra
una seria restricción en la aplicación del sistema de compras de la
Administración Pública. Es muy complejo para los investigadores completar los
trámites para adquirir un equipamiento o un insumo por bajo valor que tenga el
mismo.
Esto
induce a que se produzcan dilaciones en los plazos de las compras y que lleguen
a destiempo y que se adquieran con aumentos de precios por la inflación.
El
problema no es solamente propio de las universidades públicas y el esquema de
la Agencia nacional que administra recursos del BID, también es sumamente engorroso
para el investigador.
Otro
tema que complejiza la gestión de las áreas de investigación es la dificultad
para reunir y sistematizar la información acerca de la labor de los equipos. Sigue
sin resolverse una mejor articulación entre el CV-ar y el SIGEVA. Con el actual
software es muy difícil conocer la
producción de los equipos y hacer estadística sobre las publicaciones, acerca
de la formación de los investigadores o sobre la participación y/o organización
de actividades.
Si
bien las universidades son diferentes en historia, contexto e idiosincrasia,
suelen compartir nociones elitistas de la función de investigación que son
propias de la tradición liberal. Lo mismo ocurre con la influencia del
reformismo y del cientificismo que cruza todas las prácticas y que suele alejar
a las instituciones del contexto social, político y productivo.
Un
tema que debe debatirse en las universidades es la falta de inclusión de los
nodocentes en las investigaciones, ya que ello conlleva la pérdida de un
capital humano muy valioso. Durante las últimas dos décadas el sector amplió su
participación en el sistema y el Convenio Colectivo del año 2006 favoreció su
formación continua. Miles de nodocentes son profesionales y muchos se
capacitaron en las tecnicaturas y en las licenciaturas financiadas por la
FATUN. Su inserción en las diversas
áreas de las universidades les otorga un conocimiento fundamental y a
diferencia de los docentes, todos los trabajadores se desempeñan a tiempo
completo.
Una
cuestión a revisar es la falta de articulación de la tarea de investigación con
el sector productivo y social. Esta situación le quita impacto a muchas
investigaciones que no terminan alcanzando el resultado esperado. Asimismo, se
pierde la posibilidad de conseguir fuentes de financiamiento y de conformar
agendas de temas de relevancia para el desarrollo productivo y la promoción del
trabajo argentino.
Otro
tema que puede ponerse en discusión es el supuesto acerca de que todos los
docentes tienen que investigar. Hay muchos profesores que no tienen vocación y
tampoco la necesaria formación en investigación y sus perfiles se orientan más
a las acciones de cooperación y de vinculación. En las convocatorias no pocos
docente se integran formalmente a equipos de investigación con el sólo fin de
completar su designación, sin aportar nada sustancial al proyecto, a la
universidad y al país. Se produce una carga administrativa innecesaria y se
desincentiva su capacidad creativa en funciones como la vinculación y la
cooperación, entre otras.
Finalmente,
no podemos desconocer la dificultad que tenemos los universitarios para
consolidar una agenda de investigación que contribuya a la construcción de la soberanía
cultural, económica y política y a que nuestras sociedades que nos financian y
otorgan sentido vivan mejor. En muchos casos, importamos los temas del mundo
anglosajón y producimos conocimiento poco arraigado en la comunidad. Esta
dependencia cultural dificulta la posibilidad de formular una investigación orientada
a problemas, regionalizada y social y productivamente con impacto.
Algunas propuestas para conformar un
sistema integrado de investigación y desarrollo
1-
Se podrían reunificar las carteras de universidad y de investigación en un nuevo
Ministerio de Universidades, Ciencia y Desarrollo Federal.
2-
La CONEAU podría tener recursos propios
para el fortalecimiento de la calidad o al menos sus dictámenes deberían
incidir directamente en la asignación de los programas y fondos del MINCyT y de
la SPU.
3-
Se debería impulsar que la Ley de presupuesto del Congreso incluya una línea
para el mantenimiento de Laboratorios, Institutos y Centros de investigación y
ciencia acreditados. Podría funcionar de manera similar al ítem de
transferencia de recursos a los hospitales universitarios.
4-
La SPU y las universidades deben trabajar en el mejoramiento de las
dedicaciones docentes, ya que es muy difícil esperar que existan
investigaciones con designaciones simples.
5-
Todas las instituciones deberían permitir y fomentar el ingreso de los
nodocentes a los proyectos de investigación.
6-
Las instituciones tienen que avanzar a una visión integral de las designaciones
de sus profesores, incluyendo alternativas que van más allá de la función del “docente
investigador” y que incluyan a los extensionistas, a las actividades de
vinculación, de capación a la comunidad, la producción artística, etc.-.
7-
Es fundamental desburocratizar los sistemas de gestión universitaria de la ciencia
y de la investigación. Sería importante que la SPU promueva un nuevo marco para
la gestión científica en universidades, en línea con la Ley 23.877 de promoción
de las UVT. Se tienen que fomentar los subsidios no rembolsables orientando la
evaluación institucional al resultado y el impacto de la investigación y no al
cumplimiento administrativo y formal de las rendiciones como muchas veces
ocurre.
8-
Es estratégico regionalizar y orientar las investigaciones a resolver problemas
de la realidad y no meramente a reproducir agendas foráneas o a discutir endógenamente
con los textos.
9-
La Argentina requiere de un Sistema Nacional de estadísticas de I + D. Entre
otras cuestiones, debe producirse un
trabajo conjunto entre CV-Ar, SIGEVA y las instituciones internacionales de
gestión de la actividad que vienen avanzando en este aspecto.
10-
Es importante que en articulación entre la SPU, la CONEAU y el MINCyT se
diagramen políticas de promoción de la formación doctoral en temas estratégicos
y que se implementen apoyos a las revistas, a la edición de libros,
audiovisuales y otros mecanismos de publicación y divulgación de la actividad científica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario