Aritz Recalde, mayo 2016
La Republica Argentina está iniciando la
primera etapa de una crisis económica, política y social con destino sumamente incierto.
En tal sólo cinco meses de una nueva gestión presidencial, el país se encuentra
inmerso en recesión económica y protagoniza una inflación superior al 20%. Productos
esenciales como la carne, el pan y la leche aumentaron en valores cercanos al
50%, originando en la mayoría popular un deterioro de su capacidad de consumo. De no modificarse la política económica, Argentina
atravesará el año 2016 en una situación de estanflación.
El detraimiento del mercado interno resultante
del desempleo, de la inflación y de las inmensas ganancias de las empresas de
servicios de luz o de gas, hacen poco viable la actividad productiva de la
Argentina. En paralelo, el gobierno nacional favorece la apertura comercial, la
libertad financiera de los especuladores y emite bonos a altas tasas, generando
incentivos a los negocios financieros y la
fuga de capitales, por sobre la producción.
La
crisis de Brasil, la baja del crecimiento de China y el deterioro del precio de
nuestros productos de exportación, van a impedir cualquier tipo de “despegue”
económico en el corto plazo.
El Estado está siendo cartelizado por las Corporaciones
Trasnacionales, que definieron las siguientes prioridades de la política
macroeconómica:
-
Pagarle
a los fondos buitres para beneficiar al sector financiero norteamericano
y europeo.
-
Devaluar
el peso y bajar las retenciones de las grandes cerealeras y mineras
exportadoras.
-
Habilitar
el aumento del combustible, la luz, el gas y el agua, para generar exorbitantes
ganancias de las empresas de servicios. Para mantener la rentabilidad de
las multinacionales, el combustible aumentó un 30% en tan sólo unos meses en un
contexto de baja del precio del petróleo mundial. Para completar la
discrecionalidad del Ministro de Energía, importamos gas licuado de Chile vía la
empresa Shell de la que él es representante.
-
Emitir
bonos a altas tasas favoreciendo los negocios de los bancos y especuladores
locales e internacionales.
-
Permitir
el aumento de precios de las grandes cadenas formadoras de precios.
No hay
economía pública que soporte esta política y es por eso que se obliga al
trabajador, los jóvenes, a los jubilados y a las PYMES a financiar la malversación
de la riqueza nacional. Se le exige al obrero aceptar ser despedido o negociar
una paritaria por debajo de la inflación. La política social de CAMBIEMOS parece
orientada a pagar meramente el aumento de la boleta de la luz. Solamente y por
citar dos casos, al jubilado le otorgaron un (1) bono de $ 500 y el proyecto de
ley para la devolución del IVA de la canasta básica a los titulares de planes
sociales, tiene un tope de escasos $ 300 mensuales. El empresario argentino está
siendo perjudicado y pese a que CAMBIEMOS dice frenar la “ley anti despidos” en
nombre del productor. Éste último supuesto carece de realismo cuando le suben
todos los servicios y los impuestos, en cifras varias veces superiores a la indemnización
al trabajador. Con dicha política macroeconómica, las PYMES o comercios se ven
obligados a aumentar sus precios - profundizando la recesión del país - y muchos
de ellos directamente van a quebrar.
La estrategia de los poderes internacionales que
hoy manejan la Argentina consiste:
-
Actuar
políticamente con los delegados de los poderes
económicos (CEOs en la gestión), mediáticos
(local y extranjero) y judiciales. A
estos tres poderes, los acompañan sectores partidarios del GEN, del PJ, del
sindicalismo o del Frente Renovador, entre otros.
-
Debilitar al Estado y
al gobierno argentino,
frente al poder de las empresas y las potencias extranjeras.
-
Debilitar a las
organizaciones sindicales públicas y privadas, para poder transferir ganancias al
capital foráneo y concentrado. Derrotado el sindicato, el empresariado local
queda a la merced del importador extranjero y la financia internacional.
-
Desplazar a la
empresa argentina y a la actividad productiva local, para importar
manufactura extranjera. Proponen detener
la sustitución de importaciones de los últimos años, para hacer de la Argentina
una plaza de la especulación financiera y un exportador de alimentos y recursos
naturales.
-
Mantener la crisis de
gobierno,
para empujarlo a la privatización de los activos públicos y a la apertura
radical de la economía.
A cambio, los organismos financieros
ofrecerán dólares que serán fugados en
el mediano plazo por las multinacionales, que permitirán a la clase media
atesorar y a los representantes e intermediarios de estos negocios,
enriquecerse.
Como respuesta
directa de dicho programa antinacional y antipopular, se generó una importante
movilización.
Solamente en los últimos tres meses, se produjeron masivos hechos colectivos:
-
Reclamo
contra los despidos de empleados estatales (CTA y organizaciones sociales y políticas).
-
Movilización
frente a tribunales de Comodoro Py (Kirchnerismo).
-
Movilización
de trabajadores privados y estatales el día del trabajador (CGT – CTA).
No hay antecedentes en los últimos años de
tan masivas y diversas movilizaciones en tan corto plazo. En paralelo a estos
tres grandes actos, hay cientos de manifestaciones de empleados petroleros, de
empresas privadas, públicas o de la construcción. En el ámbito universitario se
produjo un hecho histórico y los tres claustros (docente, no docente y
estudiantil) convocaron a un paro y se movilizaron conjuntamente el 29 de abril.
Los jóvenes de diversas orientaciones políticas, de izquierda o peronistas, marcharon
por el boleto estudiantil el 6 de mayo.
La
política macroeconómica favoreció una unidad de acción de los sindicatos
nucleados en CTA y todo indicaría la conformación una CGT única. Cristina Fernández
de Kirchner convocó a un “frente ciudadano”,
que parece reiterar la experiencia trasversal de Unidos y Organizados de los últimos años de su gestión. El 3 de
mayo asumió la lista de unidad del Partido
Justicialista y se convocó a su reorganización, incluyendo a delegados del
sindicalismo y a dirigentes partidarios no kirchneristas. Hay otro sector de agrupaciones sociales, culturales y de
izquierda que desarrolla una acción intransigente contra el gobierno
nacional y que no se siente representado en los dos sectores, pero que confluye
en su enfrentamiento a Macri.
CAMBIEMOS asumió el mando del gobierno de la
Argentina con el apoyo del poder económico, mediático y judicial. Además, canalizó
el descontento popular contra una crisis económica mundial que impactó en nuestro
país, que tuvo bajas tasas de crecimiento. Mauricio
Macri se apropió del sentido de la palabra “cambio” o “mejora” de las demandas
sociales o de seguridad no resueltas. Además y cuestión fundamental, CAMBIEMOS acertó en la estrategia política
a diferencia del Frente Para la Victoria (FPV) que careció de una campaña consistente
y de una propuesta para movilizar a la sociedad. Macri alcanzó la Presidencia
gracias al histórico triunfo de María Eugenia Vidal en Buenos Aires y éste
último se consolidó como resultado de las divisiones y errores de estrategia del
FPV. Cristina impulsó para la gobernación a sus jefes de Gabinete y del AFCA y ello
derivó en una derrota histórica que no tuvo antecedentes en el justicialismo
bonaerense.
La potencial
división del Kirchnerismo trasversal y el peronismo, es la garantía de
continuidad del neoliberalismo de CAMBIEMOS. La Argentina y su pueblo demandan la unidad nacional
y para garantizarla, es importante el reconocimiento mutuo de la importancia de
ambos sectores. Sobre esta alianza SINDICAL,
JUSTICIALISTA Y KIRCHNERISTA, deberá diagramarse la estrategia de articulación
con el resto de los sectores políticos y sociales.
En el
año 1946 Juan Perón convocó a la unidad de todas las organizaciones y constituyó
el Partido Único de la Revolución Nacional,
antecedente del actual Partido Justicialista. A 70 años de la histórica unidad política
nacional, tenemos la responsabilidad de emularla reconociendo que el año 2019
nos encontrará unidos o dominados.
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