Aritz
Recalde, abril de 2016
Hace ya algunas décadas que la educación
pública argentina está en una profunda crisis. Hay varias cuestiones que
evidencian la dificultad por la cual está atravesando la enseñanza estatal. El
sistema educativo arrastra problemas de infraestructura y dificultades
salariales de sus docentes y administrativos que derivan en huelgas e
interrupciones frecuentes de las clases. La educación estatal tiene
deficiencias serias de planificación y de gestión y carece de un objetivo
nacional y social en sus contenidos y finalidades.
La crisis se origina en el hecho de que los grupos dirigentes, abandonaron la
educación pública como parte constitutiva de los valores fundantes de la
sociedad. A diferencia de las concepciones ideológicas liberales del siglo XIX,
son pocos los políticos, empresarios o dirigentes que creen realmente en la
importancia de la educación estatal inclusiva e igualitaria.
Un sector de la sociedad argentina no abandonó
la defensa del sistema y es habitual por ello, escuchar a dirigentes
partidarios que se muestran “preocupados” por la educación estatal. Una de las
manifestaciones del deterioro de legitimidad social del sistema educativo público,
es que buena parte de la clase dirigente
en todas sus expresiones y banderías, no mandan a sus hijos a la escuela del
Estado, sino que van a la privada. Para
los políticos la educación pública es un valor a reivindicar frente a las cámaras de televisión, pero pocas
veces se manifiesta como una realidad en su grupo familiar.
La educación primaria y secundaria argentina está
fuertemente estratificada socialmente y reproduce la desigualdad económica y la
diferenciación de estatus de origen de los alumnos. En las últimas décadas la
educación estatal primaria y secundaria se está tornando como:
- un
ámbito para jóvenes pobres. La escuela pública lejos de ser un espacio de
encuentro y/o de ascenso social, alimenta la desigualdad existente en el país y
profundiza la brecha cultural: “dime la escuela que puedes pagar y te diré
quién eres”.
- un
espacio de relaciones conflictivas e inestables entre autoridades, docentes,
alumnos y sus familias, caracterizado por los problemas de convivencia (incluso
violentos), las deficiencias de gestión, la falta de autoridad en el aula y la
carencia de fines trascendentes.
- un ámbito de acumulación de poder partidario, que puede funcionar sin una
finalidad más importante que usufructuar los cargos.
La
clase media está abandonando la escuela pública, en sintonía con los grupos de altos
ingresos. A
diferencia de otras épocas, para pertenecer a la clase media ya no se trata particularmente
de manejar un bagaje cultural tradicional[1], sino que hay que adquirir
un nuevo conjunto de bienes y de servicios diferenciadores. Al tradicional
barrio coqueto, la casa chalet o el auto cero quilómetro, hoy para alcanzar el
estatus de clase media tenes que enviar a tus hijos a la escuela privada, vivir
preferentemente en un complejo cerrado, pagar la televisión y contratar
seguridad privada.
La educación estatal en la historia
reciente
En la ideología del liberalismo del siglo XIX
que profesaron figuras como Domingo Faustino Sarmiento o Nicolás Avellaneda, la
educación estatal era un factor de orden
y de progreso social. A diferencia del neoliberalismo actual que es escéptico,
nihilista y cínico, los liberales estuvieron convencidos de que la
educación pública organizaba la convivencia social y que conllevaba la
asimilación de las ideas del orden establecido. El Estado tenía la obligación
de impartir masivamente los valores dominantes y de enseñar las capacidades
científicas y técnicas necesarias para la producción. La educación se organizó
sobre una concepción clasista y étnica y los sectores populares iban a recibir
una educación básica (primaria) y las clases dominantes tenían acceso a la
educación media y universitaria. Ideológicamente, se organizó una institución
que impartió una matriz cultural extranjerizante y oligárquica. Sin ocultar su ideología, la generación
liberal argentina del siglo XIX apostó a la educación pública e invirtió
recursos humanos y económicos para garantizarlo. Buena parte de la
infraestructura educativa existente y su cuerpo normativo originario (ley 1420
y ley universitaria de 1885) se lo debemos a estos grupos dirigentes.
El nacionalismo popular argentino (1946-1955)
postuló tres finalidades para la
educación del país. La primera, fue la función social de igualación de clases y
es por eso que permitió el ingreso de los trabajadores a todos los niveles
educativos incluyendo la universidad. La segunda tarea, fue otorgarle
centralidad en la búsqueda de la independencia económica y la soberanía
tecnológica argentina. La tercera cuestión primordial de la educación, fue la
promoción de contenidos nacionalistas y antiimperialistas. La revolución
justicialista construyó una inmensa obra de infraestructura y fundó
instituciones y leyes que van desde la creación del Ministerio de Educación de
la Nación a la promoción de la escuela técnica y la Universidad Obrera.
El pensamiento
“progresista” difundido en los años ochenta y noventa del siglo XX, destacó
que la educación cumplió una tarea “ideológica burguesa”. Resaltaron que los
grupos dominantes justificaron culturalmente su sistema económico y político y
es a partir de acá, que consideraron que la tarea de la educación emancipadora
era la de transmitir la “ideología revolucionaria”. Se trató en muchos casos y
como se postula normalmente, de “bajar línea”. Algunas corrientes pensamiento
suponían que un sector minoritario de la población debía manejar la ciencia del
movimiento histórico (marxismo), a la espera de las condiciones objetivas de la
lucha de clases. Por fuera de la escuela pública, los dirigentes progresistas y
sus hijos que son alumnos del sistema privado que no conoce los paros docentes,
ni problemas de infraestructura, ni el hambre de los jóvenes humildes, publicaron
encendidas críticas contra el Estado
burgués.
El
liberalismo organizó la estructura material y legal educativa argentina. El
nacionalismo popular refundó la infraestructura escolar, contribuyó a soberanía
tecnológica y le otorgó a la educación una finalidad nacionalista y
antiimperialista. El progresismo educativo hizo libros de crítica y cobró los trabajos
de asesoramiento para el Estado en los años noventa.
Durante la última década se estuvo muy lejos
de resolver la profunda crisis del sistema y pese a que el gobierno nacional
aumentó la inversión en salarios, en infraestructura, en tecnología (distribuyó
computadoras) o impulsó una incompleta renovación de algunos contenidos y leyes,
que muchas veces se detuvo frente a la realidad provincial que administra la
educación primaria y media.
La posible
resolución de la severa crisis moral, económica e institucional de la educación
pública primaria y secundaria, va a requerir una concertación nacional amplia,
debatida y de acción radical y de largo plazo. Los intentos de
organizar la educación con recetas del Banco
Mundial o de universidades extranjeras, está condenado de antemano al rotundo fracaso.
El principio de solución va a salir de los argentinos y dicho debate deberá
incluir, al menos, a los sindicatos educativos, a las organizaciones libres del
pueblo culturales, religiosas, deportivas y productivas y a todo el amplio arco
de los dirigentes partidarios. Sin una sólida y fecunda educación pública, la
nación y su pueblo están en peligro.
[1] A mediados del siglo XX, para pertenecer a la clase
media tenías que conocer de literatura, de geografía o de historia “universal”
(en realidad, europea) y la escuela pública formaba parte fundamental en la
organización de estos saberes. “Pertenecer” implicaba consumos culturales como
el cine, el teatro, la moda u otras instituciones prestigiosas de la cultura
oficial. Para los grupos de clase media alta, el viaje a Europa (Paris o
Londres) era una coronación del acceso a la cultura ilustrada universal y una
manifestación de estatus.
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