miércoles, 26 de septiembre de 2018

Internet y soberanía


Aritz Recalde – Luciana Contissa, septiembre 2018

Ya en los años cincuenta, John William Cooke mencionó que las cadenas periodísticas, las agencias noticiosas y los diarios de nuestro país funcionaban como “ramificaciones imperialistas en América Latina”. En el año 1966, el pensador fue categórico y destacó que “la televisión está directamente en manos norteamericanas” y que “el pueblo goza de libertad de prensa, que consiste en la libertad de comprar la prensa del régimen”.
La concentración y la extranjerización de medios de la que habló Cooke, caracterizan al funcionamiento de internet en la actualidad. El servicio lo proveen compañías radicadas en Silicon Valley, y llega a la Argentina a través de cables submarinos que ingresan por la localidad de las Toninas, Provincia de Buenos Aires. El mercado de transporte y distribución que abastece los tubos, cables, fibra óptica, routers y centros de datos, está controlado por las mismas empresas propietarias de las instalaciones de las telecomunicaciones.  Un reducido grupo de corporaciones extranjeras son dueñas de los cables de fibra óptica que proveen el servicio[1]. Tres empresas tienen, prácticamente, el monopolio de la provisión de internet: dos extranjeras (Speedy de Telefónica y Arnet de Telecom) y un grupo nacional (Fibertel de Clarín, que actualmente es operado por Telecom Argentina).
Internet opera con plataformas de empresas norteamericanas, y el mercado de generación de contenidos también se encuentra mayoritariamente fuera de la Argentina. Las dueñas del sistema operativo de nuestras computadoras (Microsoft, Apple) y de nuestros celulares (Android, Windows Mobile, Iphone) son compañías norteamericanas. Las redes sociales que utilizamos (Facebook, Instagram, WhatsApp) y los buscadores de información, como Google, tienen la misma nacionalidad. Ésta última corporación monopoliza el funcionamiento de la tecnología de navegación y obliga a los usuarios a utilizar sus servicios en celulares y tablets que operen con Android (Google Play, Google Play Music, Google Drive, Google Fotos, Gmail, Google Maps, etc.)
Si bien internet reúne información de una extensa, diversa y compleja red de usuarios y de bases de datos, la ordena y la re-direcciona con buscadores mayoritariamente norteamericanos y el principal de ellos es Google. Esta empresa aplica, modifica y renueva algoritmos que llevan a los usuarios a encontrar, centralmente, algunos portales y datos y a desestimar otros. La información se origina en una estructura similar a una red, pero la búsqueda no es horizontal y hay un grupo reducido de corporaciones que “ordenan” qué leer y qué ver y, sobre todo, qué no.

 ¿El fin de las libertades individuales?
Las empresas que operan para que internet funcione reúnen toda la información de los usuarios y la almacenan en diversos nodos y esa inmensa base de datos culmina en los archivos de Silicon Valley en los Estados Unidos. El derecho a la privacidad individual se está perdiendo y las corporaciones implementan un sistema de seguimiento y de registro total del movimiento de las personas (GPS), de sus gustos, de sus conversaciones (audios y textos en aplicaciones de celulares, opiniones en las redes sociales), de las ideologías, los consumos (tarjetas, mercados de pago en línea, etc.) o de las orientaciones sexuales. Toda esta información es utilizada comercial y políticamente sin conocimiento cabal de los usuarios de internet. En algunos casos parece no haber conciencia real del peligro que esto origina y cabe preguntarnos, ¿será que el uso de la tecnología es el costo que estamos dispuestos a pagar por la pérdida de la libertad?
El desarrollo de la big data permite utilizar la información y construir mensajes de manera inteligente. El modelo de consumidor tradicional de información que lee un periódico o escucha un informativo, es remplazado por un esquema construido y direccionado por una maquina, que te dice “qué” vas a recibir según “tu” perfil (construido a la vez por el registro o rastro que va dejando el usuario en la red).

La no intervención supone apoyar la extranjerización de internet
Los gobiernos sudamericanos carecen de un programa coherente de regulación y de organización de los flujos de datos y ello está debilitando la soberanía cultural y política de los países. El pensador argentino Arturo Enrique Sampay ya había planteado que la “no intervención del Estado” significa “dejar libres las manos a los distintos grupos en sus conflictos sociales y económicos (…) la no intervención implica la intervención a favor del más fuerte”. En la actualidad y en nombre de la libertad de expresión y comunicación, las corporaciones norteamericanas nos imponen un neocolonialismo cultural, comercial y político.
Una institución norteamericana sin fines de lucro, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), administra la asignación de dominio y los identificadores de IP (número de personalización de cada dispositivo). El gobierno de los Estados Unidos sancionó leyes y regulaciones que los habilitan a utilizar la información de internet para controlar a los habitantes de otros países. Lo justifican en nombre de la lucha contra el terrorismo (la famosa seguridad nacional que dio origen a internet), pero en realidad es un instrumento de control geopolítico[2].
Para revertir en parte esta tendencia, en el año 2011 el Ministerio de Planificación Federal (MINPLAN) y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), impulsaron el proyecto de “Argentina Conectada” con la finalidad de que el Estado Argentino se convierta en un nuevo proveedor de internet. En 2014 el Gobierno sancionó la Ley 27.078 “Argentina Digital, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” y el artículo 1 de la norma sostuvo: “Declárase de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”.
El gobierno de CAMBIEMOS está desandando la legislación anterior y adolece de una política soberana en la materia, permitiendo que los grupos norteamericanos que organizan los flujos de datos de internet nos impongan su proyecto político, económico y cultural neocolonial.

Internet y la disputa geopolítica mundial
El enfrentamiento entre los Estados adquiere una dinámica comercial, política, militar y también comunicacional. En este marco, no es casualidad que los países con vocación nacionalista estén construyendo sus propios cables de fibra óptica, sus proveedores de internet o de contenidos y que fabriquen aplicativos y plataformas.
El manejo norteamericano de Internet le otorga a sus empresas un lugar privilegiado en el mercado. Por un lado, canalizan los fondos de la publicidad y nos cobran los servicios y aplicativos propios de la red. Además, con la información que reúnen construyen consumidores y los llevan a adquirir los productos de las mismas corporaciones. De no modificarse la tendencia, el sistema actual de internet puede debilitar la industria nacional sudamericana.
Si la región no consolida una política soberana en la materia, se pone en serio riesgo la identidad nacional. Asimismo, el manejo político de internet que realizan las corporaciones y el gobierno de los Estados Unidos, están cercenando el sistema democrático. De no revertirse esta situación, los argentinos vamos a tener que redactar un nuevo artículo 22 de la Constitución nacional, uno que diga que “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de Internet y la TV y de los representantes y autoridades creadas por esas corporaciones”.


[1] Telxius (de Telefónica) y Level 3 son propietarias de la mayoría de cables submarinos que proveen servicio de Internet en Argentina. Además, esas empresas controlan el 72% del mercado mundial junto con Telecom, entre otras.
[2] Es de público conocimiento que los servicios de inteligencia de Estados Unidos espiaron las comunicaciones de la alemana Ángela Merkel y de la ex presidenta del Brasil Dilma Rousseff.  

jueves, 30 de agosto de 2018

Aritz Recalde: “El desastre del plan económico de CAMBIEMOS es una gran estafa al pueblo argentino”.


En una entrevista con Posición Adelantada, Aritz Recalde, Sociólogo, Doctor en Comunicación y docente de la Universidad de Lanús, reflexiona sobre los factores que incidieron en el ascenso de la alianza CAMBIEMOS al gobierno, las severas consecuencias del modelo económico imperante, los desafíos de la oposición y el escenario político nacional y regional hacia el año 2019.

– Luego de aquel “que se vayan todos”, los sucesos del 19 y 20 de diciembre del  2001 y el corolario caracterizado por las serias consecuencias económicas y sociales para nuestro país, el contexto permitía pensar que un retorno a las políticas neoliberales era, al menos, impensado. ¿Cuál es su análisis sobre ello?
En el año 2015 CAMBIEMOS triunfó en las elecciones presidenciales y en varias provincias que eran controladas hasta ese momento por el peronismo, como fue el caso de Jujuy, Mendoza o Buenos Aires. Si bien en cada distrito o provincia existen particularidades políticas y sociales, se pueden trazar algunos rasgos generales para comprender los resultados.
Por un lado, la situación económica mundial, regional y nacional no era buena en 2015. La caída de los precios de exportación del país, la recesión de Brasil (principal aliado comercial) y el menor crecimiento de China (segundo aliado comercial) indujeron un bajo crecimiento. En el año 2013 se había producido una alta devaluación seguida de inflación, que si bien tendió a estabilizarse hacia el 2015, generó cierto malestar en un sector importante de la población. Este inconveniente fue amplificado por la estructura oligopólica y extranjerizante de los medios de comunicación y por las redes.
El segundo elemento a tener en cuenta en la elección es la pobreza estructural no resuelta. Néstor Kirchner encontró un país quebrado, con la mitad de la población pobre (54%) y con un tercio de los trabajadores desocupados (27%). La recuperación económica y el proceso de sustitución de importaciones generaron casi 5 millones de puestos de trabajo. Pese a eso, sigue sin resolverse la situación de subempleo y marginalidad de millones de compatriotas. En ese marco, el gobierno kirchnerista universalizó la cobertura social con fondos públicos (Asignación Universal, Plan Progresar y masificación de jubilaciones). La decisión fue fundamental y sumamente trascendente en términos históricos. Debido a las dificultades macroeconómicas y políticas los programas sociales dejaron de ser un “piso” de dignidad a mejorar y a superar, para convertirse en un “techo”. En la elección de 2015 el oficialismo no ofreció a los sectores populares un proyecto superador y una esperanza real de mejora de vida. Algunos funcionarios del oficialismo hablaban en campaña de un país idílico, más propio del nivel de consumo de la clase media, que el de las barriadas populares. Éstos últimos legítimamente querían mejorar su vida, conseguir seguridad, una mejor educación, salud o infraestructura para su barrio. El error del votante humilde a Macri no fue su legítimo deseo de querer mejorar, sino suponer que CAMBIEMOS podía garantizarlo.
El tercer elemento es el armado político. CAMBIEMOS es un frente político electoral y un poderoso entramado de poder económico trasnacional. Se subestimó a Mauricio Macri y no se le dio la entidad real que representa: es el principal operador en la región de los intereses de la Embajada norteamericana, del capital financiero y de los CEOS de EUA e Inglaterra. Macri tuvo la virtud de convertirse en el conductor de la oposición al FPV y utilizó en beneficio propio el poder mediático, judicial y económico de los sectores concentrados locales e internacionales.
Por el contrario, desde el año 2011 el FPV se dividió y no consolidó una estrategia de poder coherente para garantizar la sucesión de Cristina Fernández. La muerte de Néstor Kirchner le quitó al espacio un hábil armador político y electoral. En 2013 se intentó crear el “Cristinismo”, que se constituyó con la función de conducir al armado “justicialista” de gobernadores e intendentes y a los aliados iniciales del “kirchnerismo”. El eje del nuevo armado cristinista fueron Unidos y Organizados y las agrupaciones de la juventud de clase media. Los resultados electorales de la nueva estructura política no fueron buenos y se perdieron las elecciones 2013, 2015 y 2017.  En 2015 las divisiones políticas de la provincia de Buenos Aires y la inexistencia de un justicialismo unificado y con agenda propia, facilitaron el ascenso de Vidal y esos votos llevaron a Macri a la presidencia.
El cuarto elemento es cultural. De manera similar al planteo de Perón de La Comunidad Organizada, en la Argentina existe una crisis cultural profunda caracterizada por el individualismo y la falta de sentido de las responsabilidades sociales y públicas de millones de personas. El neoliberalismo es una ideología predominante en un sector importante de la sociedad. Esta ideología se imparte y se reproduce en las instituciones educativas y en los medios de comunicación, construyendo una perspectiva de vida hedonista, consumista e individualista. Muchos argentinos exigen derechos, pero no están dispuestos a reconocer obligaciones para con su comunidad. Este necesario cambio de valores demandará mucho tiempo y eso no se consiguió en una década de gobierno kirchnerista.
De las cuatro variables la que mejor explica la derrota del FPV en 2015 es la incapacidad política de organizar la sucesión presidencial. Lo ocurrido en Argentina no es frecuente en la región y los gobiernos populares que tuvieron la voluntad de triunfar y una conducción decidida a consumar su sucesión, ganaron la elección presidencial como es el caso de Alianza País de Ecuador, el PSUV de Venezuela, el PT de Brasil o el Frente Amplio de Uruguay.  Luego, en cada proceso, se abrieron disputas entre líderes y sectores, pero es innegable que existió una mayor voluntad política en ganar las presidenciales y lograr la sucesión. En 2015 Scioli llegó debilitado a la elección por la acción de sectores del mismo oficialismo.

-En uno de sus artículos planteó que este gobierno es de “descarte social”, ¿cómo se manifiesta?
El “descarte social” es una definición del Papa Francisco y expresa los alcances concretos de la política y de la ideología neoliberal mundial que destruyen la economía real, que le quitan el derecho a trabajar al ser humano y que impiden la vida digna a una parte importante de las familias de los países en desarrollo.
En nuestro país los números hablan por si solos y según un estudio reciente de la UCA el 39, 7% de los menores de 14 años son pobres. Crecen las villas miseria y aumenta la violencia sobre una parte importante de los argentinos “caídos” del país de los CEOS. En nombre de la “racionalidad económica”, se construyen políticas de Estado irracionales que condenan a generaciones enteras al hambre y a la exclusión.
Este modelo descarta al ser humano para garantizar la perversa acumulación de riqueza en pocas manos. En un informe reciente de la UNDAV se destaca que se pagaron $ 5.550 por segundo en concepto de intereses de las LEBACS, solamente en los dos primeros años de CAMBIEMOS. El informe calcula que con esos recursos se podrían haber construido 9.513 escuelas. El esfuerzo y el dolor de los argentinos sirven, solamente, para acrecentar ganancias de los especuladores financieros y de los CEOS extranjeros. El programa de CAMBIEMOS destruye la producción, concentra ganancias, extranjeriza nuestros patrimonio y aumenta inmoralmente la desigualdad social.

– El avasallamiento a los derechos civiles y sociales ha sido desde los primeros días de gobierno de Mauricio Macri una constante ¿Considera que tiene algún tipo de límites? ¿Cuáles podrían ser?
Para poner un límite al neoliberalismo el país requiere de un proyecto de desarrollo nacional. Para poder implementarlo hace falta poder nacional. Se deben fortalecer las organizaciones libres del pueblo que son la base del poder nacional.
Las organizaciones de la producción, el trabajo y la cultura son las estructuras fundamentales del poder nacional. El día que en la Argentina no existan los sindicatos, van a desaparecer gran parte de los derechos civiles y laborales. También será destruida la industria nacional como ocurrió desde 1976: los sindicatos eran la garantía política del modelo de desarrollo industrial. Algunos empresarios no lo comprendieron así y luego de conseguir la clausura del sindicato, el modelo económico de Martínez de Hoz no tuvo oposición y destruyó la economía y la actividad de la PYME local fue remplazada por la de los grupos extranjeros.
Si se debilitan las sociedades de fomento, los clubes, las capillas o los centros culturales, la comunidad no tendrá identidad y el país quedará a merced de los aparatos culturales de la oligarquía trasnacional, que controla los principales contendidos de internet y de la televisión.

El segundo paso es el de construir una herramienta electoral y una estrategia de campaña. En ese marco, si no se rehace el peronismo bonaerense (la provincia alberga casi el 40% de los votos del país) CAMBIEMOS tiene grandes chances de ganar las elecciones presidenciales del 2019. Debería reforzarse el concepto de justicialismo como federación de agrupaciones sindicales, sociales y culturales de base. De esta manera, el partido recuperaría vitalidad y adquiriría una representatividad que está perdiendo hace tiempo.
A nivel nacional sería deseable una oposición unificada por consenso o por intermedio de unas PASO amplias. En mi óptica, el peronismo y el Partido Justicialista podrían ser el centro del armado y luego deberían sumarse a todas las fuerzas en una gran interna. La militancia tiene la obligación de reclamarle este gesto a sus dirigentes. Luego de consumada la elección, el que gana conduce y el que pierde acompaña desde un lugar útil dentro del frente. Para alcanzar esta última condición, hay que consumar una fórmula electoral de distribución de cargos que le de participación a los distintos sectores de las PASO.
– La “pobreza cero”, “La luz al final del tunel” anunciados durante la campaña presidencial del 2015 o “el crecimiento del segundo semestre” nunca llegaron y tal vez no lleguen. Las falacias parecen ser una constante en el relato CAMBIEMOS ¿Cómo lo describiría usted?
Este modelo económico ya se aplicó, con altibajos y matices, desde 1976 al 2001. Terminó en la peor crisis de la historia de la Argentina.  La experiencia de CAMBIEMOS no será la excepción.
Ningún país puede desarrollarse en base a la inversión extranjera, sino que debe antes organizar antes el destino de su ahorro e invertirlo en un Proyecto Nacional. El país no va a tener industria si la actividad más rentable es la especulación financiera, como es el caso de las LEBAC y demás instrumentos de especulación actuales. Es inviable la Argentina si no regula la entrada y salida de divisas y de capitales especulativos y si no se organiza un programa de protección industrial de áreas estratégicas.
Argentina requiere un proyecto político, institucional y productivo regional que fortalezca la unidad de Iberoamérica, como paso necesario y previo para ingresar a un mundo en plena guerra comercial. La destrucción del MERCOSUR y de la UNASUR que impulsa Macri es una decisión contraria al vital interés del empresariado nacional y de los trabajadores argentinos y solamente se explica por el mandato de los EUA.
El desastre del plan económico de CAMBIEMOS (recesión, inflación, fuga de capitales y endeudamiento) podría ser conceptuado de “negligencia” o “errores” de algún funcionario, pero en realidad es una gran estafa al pueblo argentino. En nombre de la “libertad de mercado”, están organizando el vaciamiento nacional y una transferencia gigantesca de recursos a los CEOS. La industria argentina desaparecerá o será adquirida por grupos internacionales. El trabajador perderá aun más derechos.

-Teniendo en cuenta el poder político de los medios concentrados, las operaciones de algunos periodistas afines al gobierno de turno y la censura imperante ¿Es este un desafío para las bases políticas opositoras de repensar otras estrategias de comunicación que contribuyan a una deconstrucción de ese escenario?
La comunicación de CAMBIEMOS se apoya en el inmenso poder del sistema de medios de comunicación  oligopólico y extranjerizante de la Argentina. Macri sancionó el DNU 267/15 y profundizó este rasgo y le dio más poder a un grupo reducido de actores (principalmente Clarín), que ponen en jaque a la democracia. Hoy pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de los periodistas y grupos económicos que ponen a sus representantes y a sus autoridades.
La decisión del gobierno de salir de TELESUR y destruir TELAM forman parte de la estrategia: en su lugar veremos la norteamericana CNN y el Estado importará las noticias de las agencias de las potencias occidentales. Los contenidos de los buscadores de internet y de las redes sociales son direccionados por las corporaciones, principalmente norteamericanas. Están desapareciendo las libertades individuales y un grupo reducido de firmas y factores del poder reúnen toda la información de las personas (ubicación, gustos, orientaciones sexuales, partidarias, etc.-) y la están utilizando comercial y políticamente.
Ese inmenso poder mediático hoy es potenciado por el aparato judicial y por los servicios de inteligencia que construyen el temario y la agenda de la TV, diarios, portales y radios. Con la información reunida montan causas que son publicitadas masivamente y extorsionan a políticos y a sindicalistas.
En este escenario, CAMBIEMOS seguirá teniendo mayor poder de comunicación en TV, portales y radios. La oposición deberá maximizar la tarea de la organización popular para marcar agenda y comunicar su mensaje de cara al 2019. El intento de la oposición de copiar el modelo de comunicación de CAMBIEMOS no le dio resultados a Scioli en 2015 y tampoco a Cristina en 2017.  Posiblemente, antes de comunicar, hay que tener un frente político opositor sólido y saber qué se quiere hacer con el país para enviar un mensaje claro al electorado.
En el mediano y largo plazo, la Argentina e Iberoamérica tienen un serio problema por la forma actual que adquiere la distribución de información en la prensa e internet. Se deben regular los medios de comunicación con la finalidad de garantizar la libertad de expresión, la pluralidad de voces y la identidad nacional. El actual sistema de medios debilita la democracia de partidos. Además, oficia como un ordenador del consumo y el comercio e impide la planificación económica y el desarrollo de la producción nacional.

 – ¿Cuál es la perspectiva sobre la coyuntura política, económica y social que vislumbra para el 2019, en nuestro país principalmente y a nivel regional?
El 2019 nos encontrará unidos o dominados. La oposición debe ser consciente de esa histórica responsabilidad que encarna.
En la región se consolidaron programas nacionales y populares como es Bolivia o el Uruguay del Frente Amplio. Otras experiencias están en crisis, como ocurre con el sandinismo en Nicaragua y el chavismo en Venezuela. En ambos casos, no se puede aventurar una pronta resolución. El ascenso en México de un gobierno de orientación popular es una buena noticia, pero hay que ver qué ocurre cuando tome el mando del Estado y ver los márgenes de acción que tiene MORENA de López Obrador.
Para la Argentina y Sudamérica en general, el gran interrogante es la elección presidencial en Brasil.  La destrucción del PT es parte de un programa de recomposición del poder norteamericano. El Brasil de Lula estaba consolidándose como potencia sudamericana y apostaba a conformar los BRICS reformulando la geopolítica regional. El frente opositor al PT y al empresariado industrial nacional de ese país tiene poder mediático, judicial y financiero. El golpe institucional contra la ex presidenta Rousseff careció de legitimidad y es de dudosa legalidad. La detención de Lula denota la falta de imparcialidad y el alarmante partidismo judicial que construye causas por mandato de las potencias extranjeras y de la oligarquía brasileña. La estrategia de “lucha contra la corrupción” inaugurada en la causa de Odebrecht, no terminará con la corrupción en el país, sino que culminará con el proyecto de Brasil potencia industrial. Las empresas del país serán adquiridas por CEOS extranjeros y Sudamérica permanecerá definitivamente bajo la egida norteamericana.


Por Andrea Rivas

jueves, 23 de agosto de 2018

¿Políticas de Estado o de gobierno en las universidades?


Aritz Recalde - agosto 2018

Uno de los grandes inconvenientes que atraviesa el país es la incapacidad de la dirigencia partidaria de continuar las acciones de sus predecesores y de consolidar Políticas de Estado en el mediano y en el largo plazo. Resultado de eso, Argentina atraviesa permanentes ciclos institucionales de construcción y de destrucción, de avance y de retroceso de programas y de acciones de gobierno realizadas con el esfuerzo y con los recursos de todos los argentinos.
El problema surge por el hecho de que el país arrastra una disputa de proyectos de desarrollo enfrentados y que hay divergencias de intereses locales e internacionales y entre grupos internos de poder de clase o de facción. Asimismo, buena parte de la dirigencia partidaria carece de visión estratégica, de vocación nacionalista y de patriotismo y se comporta como una clase que hace de la función pública un negocio. Los cargos de legislador o ejecutivos se utilizan al modo de franquicia y se venden al poder de turno y los partidos se comportan ambivalentemente y carecen de doctrina y de programa. Los mismos dirigentes que ayer fueron nacionalistas o desarrollistas, hoy son neoliberales y sin presentar demasiadas contradicciones estatizan y al poco tiempo privatizan las mismas empresas públicas, hacen leyes y regulaciones y luego las derogan justificando posiciones contrarias.
La política educativa padece el mismo mal argentino y CAMBIEMOS está desandando las medidas del gobierno anterior en nombre de la “pesada herencia”. La crisis universitaria que están generando fue exteriorizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que le manifestó oficialmente al Jefe de Gabinete de La Nación la necesidad de resolver la paritaria salarial y de retomar los planes de infraestructura vigentes y proyectados. En paralelo, los sindicatos docentes y nodocentes efectuaron paros, movilizaciones y se están implementando diversas protestas de las comunidades académicas como fueron los abrazos a las universidad Arturo Jauretche, La Plata o Quilmes, entre otras. 
Para justificar los desafortunados ajustes y la falta de programación científica y académica CAMBIEMOS distribuye los eslogan acerca de que hay una “pesada herencia”, que existen “muchas universidades” o de que los “pobres no estudian”.

LAS POLÍTICAS DE ESTADO UNIVERSITARIAS
La noción de “pesada herencia” debería ser erradicada definitivamente del lenguaje político ya que no explica nada. La política científica, de investigación o docente de una universidad se construye en décadas y no en años y su efectiva consolidación no depende de ningún gobierno particular, sino de varios. Las acciones de ciencia y de tecnología son por definición siempre de mediano y de largo plazo y lo lógico sería que la actual gestión consolide lo iniciado y que mejore o corrija lo que considera perfectible. Lo que no debería hacer es destruir y caracterizar fácilmente un complejo proceso de inversión educativa, que por definición, demandará mucho tiempo y recursos.
El planteo de CAMBIEMOS es anticientífico y para poder evaluar efectivamente una universidad primero hay que consolidarla. Ese tipo de razonamiento es desafortunado y permitió que en el año 1955 se cierre la Universidad Obrera Nacional meramente por considerarla “peronista” (luego fue reinaugurada como UTN). Tal sistema mental es peligroso y por ejemplo, ¿en nombre de la “pesada herencia militar” el gobierno democrático de 1973 debió haber cerrado las universidades de Rosario o de Jujuy del Plan Taquini?; ¿en el año 2003 Néstor Kirchner tenía que clausurar las instituciones nacionales de Tres de Febrero, Matanza o Quilmes por haber sido inauguradas en el ciclo neoliberal de Menem?. Por suerte para la ciencia y para el conjunto de los argentinos, a nadie se le ocurrió cometer semejante desatino.

¿HAY MUCHAS UNIVERSIDADES?

Periodos de mayor apertura de universidades públicas en la historia Argentina
Periodo
Apertura de universidades
1968 a 1973 / Plan Taquini
14
1989 a 2003 / Menem a Duhalde
13
2003 a 2015 / kirchnerismo (Ver Anexo)
19

La mención a que se crearon muchas universidades carece de seriedad por diversas cuestiones. Por un lado, el país podría tender a crear universidades federales más pequeñas que la UBA o la UNLP y descentralizar esas unidades académicas como propuso Alberto Taquini en los años sesenta. Esta decisión supondría la proliferación de diversas instituciones en las provincias y no su clausura como postula CAMBIEMOS.
Por otro lado, en un mundo en plena guerra comercial la economía Argentina tiene el gran desafío de aumentar la inversión científica para elevar las cadenas de valor y ser competitiva. Si nuestro objetivo es parecernos a las potencias capitalistas como postula CAMBIEMOS, deberíamos imitar su decisión de destinar una mayor inversión científica y tecnológica.
Lamentablemente y a contramano de lo ocurrido en la década anterior, están reduciendo las partidas presupuestarias del CONICET y de otros entes estatales vinculados a la actividad.

¿Pesada herencia del CONICET?
Año
2003
2013
Investigadores
3.804
7.194
Técnicos
2.378
2.312
Becarios
2.221
8.553

El planteo de que se crearon muchas universidad atrasa décadas y es más una muletilla publicitaria que un diagnostico o una propuesta real para el sistema de educación superior. La decisión actual de desandar lo actuado en el MINCYT, el INTA, el INTI o la CONEA y las demás instituciones científicas, genera un serio perjuicio al desarrollo nacional y profundiza nuestra condición de economía subdesarrollada y dependiente.

¿LOS POBRES NO ESTUDIAN?
CAMBIEMOS redujo año tras año la cantidad de becas universitarias y sub-ejecutó los programas sociales. Los aumentos del transporte y de los insumos universitarios (libros, fotocopias y tecnología) tampoco están ayudando a los estudiantes a culminar su formación.  
Algunos funcionarios justifican la decisión de recortar los fondos en nombre de la “equidad”. La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires declaró que los humildes no estudian en la universidad y que sería necesario por eso reorientar la inversión a los ciclos primarios y al secundario.

Desde el año 1949 la universidad argentina es gratuita. Durante las décadas del setenta y noventa se inauguraron instituciones en distritos de escasa tradición académica y de bajos recursos y eso permitió incluir en las aulas a nuevos actores sociales. Esta última tendencia fue profundizada desde el año 2003, periodo en que además aumentaron exponencialmente las becas.


Becados por año y programa

2002
2006
2010
2013
PNBU - Cantidad de becados
2453

6259
15.021
16.669
Becas Bicentenario - Cantidad de becados

--

--
34.370
28.644
                         
A diferencia del planteo de María Eugenia Vidal, los datos muestran que muchos jóvenes de primera generación universitaria están ingresando a las aulas. Asimismo, las nuevas instituciones tienen importantes tasas de crecimiento y eso se ve favorecido por estar radicadas muchas de ellas en localidades de alta densidad poblacional.  
Lo que sí es real es que sigue existiendo una alta deserción y que hay alumnos con diferentes niveles de educación previa. En estos casos, en lugar de desfinanciar el sistema de educación superior y de buscar culpables, no ¿deberían implementarse medidas de apoyo y de fortalecimiento académico y social a estos estudiantes y sus familias?.

CAMBIEMOS y el conjunto de las fuerzas partidarias deberían convencerse de que la Argentina requiere políticas de Estado de educación, ciencia y tecnología.


ANEXO - CREACIÓN DE UNIVERSIDADES 2002 - 2015
Años 2002/3
Universidad Nacional de Chilecito, Ley Nº 25.813/03 (decreto del 2002).
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Ley Nº 25.824/3 (decreto del 2002).

Años 2003 - 2015
Universidad Nacional del Chaco Austral, Ley 26.335/07.
Universidad Nacional de Río Negro, Ley 26.330/07.
Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ley Nº 26.576/09.
Universidad Nacional de Avellaneda, Ley Nº 26.543/09.
Universidad Nacional de José Clemente Paz, Ley Nº 26.577/09.
Universidad Nacional de Moreno, Ley Nº 26.575/09.
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Ley Nº 26.559/09.
Universidad Nacional de Villa Mercedes, Ley Nº 26.542/2009.
Universidad Nacional del Oeste, Ley Nº 26.544/09.
Universidad Nacional de Hurlingham, Ley 27.016/14.
Universidad Nacional de las Artes, Ley 26.997/14.
Universidad Nacional de los Comechingones, Ley. 26.998/14.
Universidad Nacional de Rafaela, Ley. 27.062/14.
Universidad de la Defensa Nacional, Ley 27.015/14.
Universidad Nacional Alto Uruguay, Ley 27.074/14.
Universidad Nacional de San Antonio de Areco, Ley 27.213/15.
Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, Ley 27.212/15.
Universidad Nacional Guillermo Brown, Ley 27193/15
Universidad Pedagógica Nacional, Ley 27194/15

Creación de institutos universitarios 2002 - 2015
Instituto Universitario de Seguridad Marítima, Ley 26286/07
Instituto Universitario de Gendarmería Nacional, Ley 26.286/07
Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, Ley N° 26.995/14

Instituciones provinciales 2002 - 2015
Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires (2014)
Universidad Provincial del Sudoeste (2014)
Universidad Provincial de Córdoba (2015)
Universidad Provincial de Ezeiza (2015)
Instituto Universitario Patagónico de las Artes (2015)


lunes, 13 de agosto de 2018

El concepto de Comunidad Organizada en Juan Domingo Perón


Aritz Recalde, agosto 2018  
 “La comunidad organizada debe conformarse a través de una conducción centralizada en el nivel superior del gobierno, donde nadie discute otro derecho que el de sacrificarse por el pueblo; una ejecución descentralizada y un pueblo libremente organizado en la forma que resulte más conveniente a los fines perseguidos”.
Juan D. Perón, 1974

El concepto de Comunidad Organizada fue desarrollado por Juan Perón en el año 1949. Asimismo, la noción aparece mencionada por el mandatario en otras oportunidades y ocupó un lugar importante en su libro Modelo Argentino para el Proyecto Nacional del año 1974.
En una gran síntesis, la noción de Comunidad Organizada está fundada sobre tres ideas fuerza:
Primero: la República Argentina debe edificar un nuevo proyecto de civilización alternativo al capitalismo liberal. La Comunidad Organizada es un programa de democracia social, participativa y humanista que reconoce y que garantiza los derechos de las personas y que establece una clara conciencia de sus obligaciones. El individuo solamente se realizará en una Comunidad liberada y su destino estará directamente ligado al del conjunto de la colectividad.
Segundo: La Comunidad Organizada es una democracia participativa y está edificada en torno a la acción de las organizaciones libres de pueblo. El sujeto político de la Revolución Justicialista es el pueblo organizado autónomamente y no el individuo egoísta (liberal) o el Estado colectivista (comunista).  
Tercero: en el plano geopolítico mundial, la Comunidad Organizada es un proyecto de civilización alternativo al individualismo capitalista y al colectivismo soviético. Ambos sistemas fracasaron y producto de ello la humanidad está inmersa en una crisis política, económica, social y moral profunda.


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martes, 31 de julio de 2018

Antonio Cafiero y la autonomía municipal en la Provincia de Buenos Aires


Julio 2018
Aritz Recalde- Santiago Cafiero


El Peronismo histórico y el municipalismo bonaerense
La cuestión municipal está poco desarrollada en el Justicialismo originario. En parte,  dicha omisión surge en que el peronismo priorizó en su construcción política la edificación del Estado federal y Nacional. Se trataba en palabra de Juan Perón, de consolidar un “Gobierno centralizado para concebir unitariamente, Estado descentralizado para ejecutar independientemente y Pueblo libremente organizado para trabajar y producir en iniciativa y esfuerzo. Tal, en grandes líneas, la comunidad organizada que propugna el Justicialismo”.
Las municipalidades eran parte de los ámbitos administrativos y políticos del Estado descentralizado, que propugnó el justicialismo. Conformaban el espacio de desenvolvimiento de las organizaciones libres del pueblo provenientes del trabajo, la producción y la cultura. Muchas de dichas iniciativas quedaron inconclusas por la dictadura castrense del año 1955, que destituyó al gobernador bonaerense Carlos Aloé y a los intendentes y concejales. El golpe militar derogó la Constitución Provincial del año 1949 y la Ley Orgánica de Municipalidades número 5542/49. Caído el gobierno democrático, se sancionó el Decreto 6769/58, Ley Orgánica de municipalidades, que regula actualmente el funcionamiento de las intendencias bonaerenses.
Dentro del justicialismo fue Antonio Cafiero quien más claramente promovió una refundación institucional de las municipalidades, dotándolas de nuevos instrumentos políticos y de recursos económicos. El dirigente tuvo la particularidad de impulsar la autonomía municipal de manera complementaria y catalizadora del programa de refundación bonaerense. Ambas dimensiones -local y provincial-, iban a contribuir a edificar una democracia social y un proyecto nacional integrado.
   
La autonomía municipal y la propuesta de Reforma Constitucional de 1989-1990
Cafiero desarrolló varios de sus conceptos municipales en su gobernación (1987-1991) y propuso institucionalizarlos en la iniciativa de Reforma Constitucional iniciada en el año 1989. La Carta Magna bonaerense del año 1934 que se quiso remplazar, había nacido en un contexto de abstención de la UCR y en un sistema político caracterizado por el fraude electoral. La iniciativa de Reforma fue votada ampliamente por la Legislatura de la Provincia el 5 de diciembre del año 1989 y finalmente fue rechazada por un plebiscito efectuado el 5 de agosto de 1990.
Años después, y en sus memorias, el ex gobernador así recuerda la experiencia y los desafíos que enfrentaba el proceso de reforma “desde los primeros meses de 1989 los mejores constitucionalistas del PJ, de la UCR, de la Democracia Cristiana y de otros partidos con representación parlamentaria venían trabajando en un clima de cooperación y entendimiento pocas veces vistos. El resultado consensuado fue una propuesta sumamente avanzada, pero a contrapelo de las tendencias neoliberales imperantes en aquellos tiempos. El principal valor subyacente en todo el texto era la solidaridad; se destacaba el papel del Estado como agente de la justicia social y se hablaba de la función social de la propiedad privada, cuando el capitalismo más egoísta se mostraba triunfante en todo el mundo, el Estado estaba en retirada y lo más parecido a la justicia social que se pregonaba por los medios eran las cenas de caridad. Además, la dirigencia política estaba sumamente desprestigiada y el proyecto fue visto como un acuerdo de cúpulas. Todo esto fue explotado por la prensa de derecha, que advirtió que un triunfo del voto afirmativo podía significar un obstáculo en el proceso de “liquidación” del Estado en el que muchos estaban empeñados” (Militancia sin tiempo, Antonio Cafiero).
La nueva Constitución tenía cuatro “pilares fundamentales” que eran “la reafirmación de la identidad de la Provincia”; el reconocimiento de los derechos sociales e individuales; “el protagonismo popular”; y la “descentralización y autonomía Municipal”. La iniciativa definió a la Provincia como “un Estado social y democrático de derecho” y promovió el “pluralismo político, la participación popular, la solidaridad y la justicia social”. Se instituyó al trabajo como “un derecho y un deber social”, se introdujeron los Tribunales de Trabajo y se impulsó a las entidades sindicales, cooperativas y mutuales. El Estado tenía como función la “formación y defensa de la familia” y se obligaba a desenvolver un “sistema integral de seguridad social”. El proyecto ampliaba las garantías a la libertad de expresión, el habeas corpus o a vivir en un “medioambiente sano”.
En línea con el ideario de la Constitución del año 1949, la Reforma postuló que la “actividad económica y el capital deben estar al servicio del hombre y cumplir una función social”. En este marco institucional, las Municipalidades podrían “Declarar de utilidad pública y proceder a la expropiación de los bienes que considere necesario” e “intervenir con fines de utilidad común en la actividad económica, creando y promoviendo la participación popular”.
La Constitución sostuvo que “el Municipio es una comunidad natural dotada de autonomía institucional, política, económica - financiera, tributaria y administrativa”. El gobierno local estaba facultado para dictar su propia Carta Orgánica, introduciendo aspectos de organización política, institucional y administrativa y mecanismos de “participación comunitaria”. Las municipalidades debían promover las figuras de “iniciativa, referéndum, plebiscito y consulta popular”. Las Cartas Orgánicas podrían “prever la creación de Concejos Vecinales Electivos, en las localidades que no sean cabecera de Partido, los que tendrán las atribuciones y funciones que le establezcan las Cartas y para cuestiones estrictamente locales”. Las comunidades iban a regular su régimen financiero, presupuestario y contable, garantizando los derechos laborales y la “publicidad de los actos de gobierno”, entre otras diversas competencias.
Las intendencias tendrían como meta “instrumentar las políticas de apoyo y difusión de los valores culturales, regionales, provinciales y nacionales en general. Preservar el patrimonio histórico y artístico”.
Con el objetivo de garantizar el efectivo protagonismo  municipal, la Constitución instauró que los fondos del régimen de coparticipación a las intendencias no podrían ser inferiores al 20% de los ingresos de la provincia. Las intendencias estaban facultadas para constituir organismos Municipales, intermunicipales, consorcios o cooperativas de vecinos tendientes a la realización de obras públicas o brindar servicios.
Tras promover la reforma y haber quedado trunca, Antonio Cafiero dejó su impresión sobre las dificultades que se presentaron, no necesariamente por ausencia de consenso político y social: “Trabajamos mucho para reformar la Constitución provincial, incorporando una serie de principios emparentados con la doctrina justicialista y cristiana. A contramano del plan neoliberal que se quería implantar a nivel nacional, en nuestro proyecto se plasmaba el derecho a una información “veraz”, cláusula duramente resistida por los grandes medios de comunicación. Se incorporaba el concepto de que la propiedad privada debía cumplir con una función social, cláusula resistida por el poder económico que buscaba el laissez-faire. Se consagraba el principio de descentralización y autonomía municipal, duramente resistido por quienes querían volver al caudillismo político provincial” (Militancia sin Tiempo, Antonio Cafiero).

La reforma municipal bonaerense
Las intendencias bonaerenses tienen una centralidad demográfica, económica, social, cultural y política fundamental para el país. La ciudad de La Plata duplica en habitantes a la Provincia de Santa Cruz. La localidad de Lomas de Zamora tiene más individuos que la totalidad de Chubut. En Lanús habitan más personas que en la Provincia de la Rioja. En la localidad de Florencio Varela viven más ciudadanos que en La Pampa. En el partido de La Matanza, habitan prácticamente la misma cantidad de personas que en la provincia de Mendoza.  
La actual regulación municipal fue sancionada por un gobierno militar y ha recibido reformas parciales durante décadas. En 2019 se cumplen setenta años de la sanción de la Constitución Bonaerense de 1949 y de la “Ley Orgánica de Municipalidades número 5542/49” y treinta de la propuesta de Antonio Cafiero de dotar de autonomía política a las intendencias bonaerenses.
¿No habrá llegado la hora de convocar al pueblo y su dirigencia a elaborar la necesaria refundación institucional de las municipalidades bonaerenses?

  

viernes, 22 de junio de 2018

La Segunda Reforma Universitaria



Aritz Recalde - Leonardo Moyano
Junio de 2018
El legado de los reformistas del año 1918
Hace un siglo se produjo la Reforma Universitaria del año 1918, conformando uno de los sucesos políticos y culturales sudamericanos más importantes del siglo XX. Con justeza, el peruano Raúl Haya de La Torre lo caracterizó como el “más trascendente movimiento de renovación intelectual acaecido en Indoamerica desde la Independencia”.
Europa se encontraba sumergida en una cruenta guerra y en una decadencia política, económica y cultural. Frente a ese panorama, la juventud iberoamericana elevó la esperanza de un nuevo mundo. Los universitarios promovieron activamente la edificación de una cultura humanista, que iba a funcionar como marco para construir una sociedad justa, libre y solidaria.
La Reforma retomó el legado de los pensadores, artistas, dirigentes políticos y trabajadores de nuestra región. Las jornadas reflejan los aires libertarios de la revolución mexicana y el legado intelectual de José Vasconcelos. La iniciativa afirmó los ideales americanistas de la Magna Patria del uruguayo Enrique Rodó y también la causa democrática y social del presidente José Batlle y Ordóñez. El proceso luego se irradió por las diversas universidades sudamericanas, templando la política regional con nuevas consignas y con renovadas banderas emancipadoras.    
La Reforma Universitaria fue pluripartidista y diversa en el plano ideológico. El movimiento expresó los anhelos de cambio social y de democratización electoral, en línea con la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Los reformistas bregaron por una universidad comprometida con su tiempo, que garantizara la participación activa de los jóvenes y que estuviera consustanciada con el cambio social y político de los pueblos. La institución tenía que ser forjadora de la conciencia nacional independiente y antiimperialista, contribuyendo a la unidad sudamericana y a un nuevo orden regional y mundial de paz y de fraternidad.
La Universidad de la Segunda Reforma Universitaria
En el contexto de surgimiento y de desenvolvimiento de la Reforma, los trabajadores carecían de derechos sociales y laborales, y en muchos casos las organizaciones sindicales no eran reconocidas institucionalmente. Las represiones de los Talleres Vassena y de la Patagonia son expresiones trágicas de esa realidad. Las mujeres no votaban y tenían cercenadas las posibilidades de estudiar en la universidad. Los modelos productivos del país y de la región eran dependientes y atrasados y se caracterizaban por la escasa industrialización y por la mera exportación de recursos naturales.
Con posterioridad al año 1918, surgieron en todo el Continente diversos movimientos nacionales que intentaron superar el subdesarrollo y emancipar socialmente al pueblo. En ese marco, se conformó una nueva agenda universitaria, científica, cultural y social y eso supuso cambios y actualizaciones a la Reforma.
Los obreros exigieron el derecho a estudiar y a participar activamente de la vida académica. Cumpliendo este anhelo, Juan Perón sancionó la gratuidad de los estudios en el año 1949 y sostuvo que “yo no quiero una universidad para el privilegiado: yo quiero la universidad para el Pueblo (…) hemos de llevar a las universidades profesionales a nuestros muchachos pobres, porque entre ellos, estoy persuadido, hay más inteligencia y más corazón que en los otros”.  La Revolución Justicialista creó comedores estudiantiles subsidiados, horarios nocturnos y promovió becas para jóvenes de bajos recursos y derechos laborales para docentes y nodocentes. El gobierno inauguró la Universidad Obrera Nacional (UON), con carreras de ingeniería orientadas a alcanzar la independencia económica.
En las décadas del cuarenta al setenta, los sindicatos de trabajadores ocuparon un lugar fundamental en la vida nacional y en su origen la Universidad Obrera designó un rector proveniente de la Confederación General del Trabajo. Con justeza, Ernesto “semilla” Ramírez afirmó que “en la universidad no puede lograr hacerse otra cosa que lo que sucede en el país; en este momento el pueblo y su columna vertebral, los trabajadores, asumen el gobierno y también lo tenemos que asumir en la Universidad”. Los universitarios argentinos lucharon por alcanzar los derechos laborales de estabilidad, salario digno, capacitación y carrera académica y administrativa. Con estos antecedentes y por primera vez en la historia, en los años 2006 y 2015 se sancionaron los Convenios Colectivos de trabajo nodocente y docente, respectivamente.
Abandonando posiciones elitistas, las Casas de Altos estudios fueron reconociendo la importancia de incluir en los órganos de gobierno a los docentes (1918), los estudiantes (1918), a los graduados (1956), a los nodocentes (1974) y a miembros de la producción y del trabajo que intervienen en consejos sociales y comunitarios en diversas universidades argentinas.

Ciencia para la emancipación
Los académicos no pueden ser ajenos al acontecer nacional. Los universitarios no nos podremos realizar plenamente en una comunidad que no se realiza. La autonomía no puede convertirse en la justificación de una universidad isla, distante de la realidad nacional y social. Ernesto “semilla” Ramírez lo manifestó con lucidez: “nosotros decimos que vamos a crear una universidad para la liberación (…) lo que no vamos a tolerar es que en nombre de la libertad de cátedra o en nombre de la autonomía universitaria venga a trabajarse en contra del país”. Con esta misma finalidad, entendemos que las instituciones deben orientar sus funciones de docencia, transferencia, cooperación e investigación, para acompañar el desarrollo nacional y la soberanía cultural y tecnológica de los países.
A cien años de las históricas jornadas de Córdoba, seguiremos bregando por edificar:
-       Una cultura y una ciencia nacional y antiimperialista, reconociendo la diversidad histórica, étnica y regional, promoviendo el dialogo interdisciplinario y orientando la actividad académica hacia la solución de los problemas argentinos, sudamericanos y universales;
-       Una universidad abierta al pueblo y en la cual la educación sea un derecho social universal y no un privilegio de elite o de clase;
-       Una comunidad colegiada y democrática de trabajo, en la cual intervengan los cuatro claustros con voz y voto, en dialogo directo y permanente con consejos sociales compuestos con organizaciones de la producción y del trabajo de cada región;
-       Una institución cogobernada, con participación protagónica de los sindicatos y en la cual se reconozcan, garanticen y profundicen los derechos laborales de sus trabajadores docentes y nodocentes;
-       Una conciencia sudamericana que contribuya a la efectiva integración cultural, social, productiva y tecnológica de nuestros pueblos, gobiernos y Estados;
-       Una agenda de investigación, de docencia y de transferencia que contribuya a la formación de cadenas de valor, a la innovación y a la soberanía industrial y tecnológica sudamericana;
-       Una cultura humanista y democrática, que reconozca y que promueva el pleno ejercicio de los derechos humanos, repudiando las dictaduras y la violación del orden constitucional.

Como bien dijo Arturo Jauretche, “el remedio no es menos Reforma, si no más Reforma, es decir más politización (…) entendiendo por politización aproximar más la Universidad al país”.

La gobernación de Eduardo Duhalde 1991- 1999

  El proyecto político que transformó la  Provincia d e Buenos Aires Prólogo Eduardo Duhalde, febrero de 2026 Cuando llegó a mis manos el bo...