Aritz Recalde para la Revista de la Seccional Trenque Lauquen de Atilra
El Movimiento Obrero argentino tiene desafíos gremiales, históricos y políticos.
1-
Desafíos gremiales
La recomposición del salario
Los trabajadores deben recuperar el poder adquisitivo del
salario. Ya hace varios años que la inflación está por arriba de las paritarias
y se produjo un deterioro general de los ingresos familiares. En no poco casos
además, el impuesto a las ganancias congeló los aumentos acordados. Se calcula
que en los últimos cuatro años la pérdida de poder adquisitivo fue, en
promedio, de un -15/20%.
En el año 2020 la mayoría de las paritarias cerraron en
una cifra cercana al 30%: por debajo quedaron universitarios (24%), personal
doméstico (28%) y por arriba bancarios (34%) y metalúrgicos (39%). La inflación
calculada
por el INDEC entre enero 2020 y 2021 acumuló un 38,5%. El IPC de San Luis evaluó
que la inflación del mismo período fue superior al 44%. El deterioro de los salarios reales es más grande entre
los trabajadores de ingresos medios y bajos, ya que la mayor parte de su dinero
se destina al consumo de los productos que tuvieron la inflación más alta. En el
año 2020 y según el INDEC, los mayores aumentos de precios se dieron en
alimentos y bebidas (42,3%), vestido y calzado (60,5%), equipamiento del hogar
(43,6%), transporte (38,4%) y salud (35,7%).
Debe
quedar claro, que nos todos pierden en la Argentina contemporánea. Durante los
últimos años los bancos y los grandes grupos económicos aumentaron su
rentabilidad y fueron los trabajadores y los pequeños productores los principales
perjudicados. Se estima, que en el año 2020 en el contexto de la pandemia
cerraron 40 mil PYMES y 90 mil comercios. Al mismo tiempo que se empobreció el
sector de la producción y del trabajo, el Estado les pagó a los bancos y a los sectores
financieros 15.000 millones de dólares de intereses (todo lo recaudado en
concepto de IVA en un año).
La
justicia social: vivienda, salud y educación
El
Movimiento Obrero Organizado debe ser el promotor y el garante de los derechos
básicos e irrenunciables a la vivienda, la salud de calidad y la educación.
La
dificultad de acceso a la vivienda en la Argentina es un problema estructural y
se estima que en el país el déficit habitacional es superior a 3,6 millones de
viviendas (2 millones de casas deficitarias y hay que construir más de 1,6
millones). El mercado inmobiliario está dolarizado en un país caracterizado por
la volatilidad del peso y por las frecuentes devaluaciones. El salario mínimo en
el país ronda los 150 dólares[1] ($ 21.600), el piso
salarial de un maestro es de 215 dólares ($ 31.000) y un becario del CONICET no
supera los 360 dólares mensuales ($ 51.000). En el área metropolitana de Buenos
Aires si bien los precios varían, es muy difícil comprar un departamento de uno
o dos ambientes por menos de 80 a 120 mil dólares. Con esos salarios los
trabajadores no pueden ahorrar y tampoco acceder a los créditos hipotecarios y
se ven obligados a alquilar. Los alquileres promedio más bajos en la Ciudad de
Buenos Aires para uno o dos ambientes, no son inferiores a los $ 20 a 25 mil
pesos si se les suman expensas. Esta realidad obliga a las familias a destinar
gran parte de sus ingresos en alquiles, impuestos y servicios.
Históricamente,
el Movimiento Obrero impulsó planes de vivienda para afiliados y tiene los
medios técnicos y el conocimiento para ofrecer soluciones al Gobierno
Nacional.
Argentina
destina 10 puntos de su PBI en salud (gasto público, obras sociales, fármacos,
etc.) y con ese inmenso esfuerzo que prácticamente duplica la inversión en
educación, no logra dar un servicio eficiente para su población. El tipo de
acceso a la salud en Argentina está estratificado en distintos grupos sociales.
Los sectores de ingresos altos contratan una cobertura prepaga, los
trabajadores en blanco acceden a una obra social sindical y el resto de las
familias tiene acceso al sistema público. Éste último subsistema funciona de
manera muy diferente en las provincias y dentro de los municipios. En no pocos
casos, la deficiencia de la salud pública está llevando a que también el
trabajador de ingresos medios y medios bajos, busque contratar un seguro médico
privado.
Las
obras sociales sindicales juegan un rol central en la provisión de salud y atienden
a más de 16 millones de beneficiarios. Los sindicatos administran modernos
centros sanitarios para sus afiliados dándoles servicios de alta calidad. Lamentablemente,
los gobiernos suele retener ilegalmente parte de estos fondos de las obras
sociales que son de los trabajadores y acumulan deudas con los gremios poniendo
en riesgo las coberturas. Los trabajadores de la salud y el Movimiento Obrero en
su conjunto, tienen capacidad de gestión y el conocimiento necesario para
impulsar la necesaria refundación del
sistema, permitiendo que todo el pueblo acceda, sin diferencias, a los logros
científicos médicos que son propios de nuestro siglo.
La
educación argentina, como la salud, es cada día más clasista. Está aumentando
la cantidad de familias de los estratos medios y altos que eligen el sistema educativo
privado. El ideal liberal igualitario de la escuela pública que fue propio del
siglo pasado, está en crisis terminal. La dirigencia política en su gran
mayoría y ya desde los años noventa, sacó a sus hijos de la educación pública y
pagan una privada. La noción misma de educación pública está en crisis y hace
décadas que se profundizan los problemas de infraestructura, salariales, de
vocación y de sentido de las escuelas del Estado.
Lamentablemente,
hoy la educación no iguala a los argentinos, sino que los divide según sean sus
ingresos. El sindicalismo gestiona escuelas de oficios y de formación
profesional, tiene universidades y apoya diversos recorridos formativos. Sus afiliados
integran todos los niveles educativos y están en condiciones de formular y de gestionar
la necesaria refundación educativa argentina.
2-
Desafíos
históricos: las nuevas tecnologías y la civilización el trabajo
Tecnología
y trabajo
El
mundo entero está sumergido en este debate y las potencias económicas van a la
vanguardia tecnológica y la lucha entre las naciones se está desenvolviendo en
el plano de la innovación y de la ciencia.
Las
nuevas tecnologías están remplazando trabajadores por máquinas y hay
actividades y puestos laborales en peligro de desaparecer. Si bien se crean
nuevas actividades en algunos nichos de mercado como la informática, la comunicación,
la venta online, etc., el balance es un creciente y alarmante aumento del
desempleo. En no pocas ramas de actividad se pone en riesgo el trabajo y con ello
el sindicato que perdería sus afiliados.
El
Movimiento Obrero no puede estar ajeno a la discusión sobre el futuro del trabajo.
Por un lado, esto supone reconversiones de tareas y la planificación y la
organización en el tiempo de nuevas actividades y formaciones técnicas
especializadas. Además y cuestión fundamental, lo que deben discutir los
trabajadores y los Estados es la forma en que se distribuye la riqueza que permite
la tecnología. Este fabuloso excedente fruto de la mayor productividad que
generan la innovación y la ciencia, podría destinarse a la inversión del
desarrollo nacional y a garantizar el derecho de la comunidad a la cultura y al
esparcimiento.
La
pandemia obligó a muchas actividades a virtualizar los procesos de trabajo y a
descentralizar labores a los domicilios de los obreros. Esto genera,
potencialmente, un marco de posibilidad para la mayor flexibilidad laboral por
parte de los dueños del capital. Asimismo, dicha dinámica pone en peligro el
colectivo sindical ya que el trabajador se distancia de su ámbito social, no
tiene relación con sus compañeros y tampoco con sus referentes gremiales.
Actualmente,
la Argentina tiene alrededor del 40% de los trabajadores en el universo de la
informalidad, del desempleo y/o el subempleo. Llevado al nivel de vida del
pueblo, esa realidad explica que alrededor del 45% de los habitantes son
pobres. Hay decenas de miles de niños que no culminan la educación obligatoria
y están en la calle; hay adultos mayores que no hicieron aportes y no tienen
jubilación y padecen problemas de atención médica; miles de jóvenes y adultos no
conocen el trabajo formal, como tampoco lo conocieron sus padres y sus abuelos
que fueron desempleados o informales. Esta mitad de la Argentina descartada y
pobre, tiene problemas de acceso a la vivienda y suele vivir en asentamientos
irregulares[2]
y barrios atravesados por el narcotráfico y la violencia creciente que es
propia de la marginalidad.
Llevado
al plano general del sistema productivo, las altas tasas de desempleo e
informalidad generan el “ejército
industrial de reserva” que puede bajar los salarios de todos los obreros
activos a niveles de miseria. Este último proceso no se consolidó por el hecho
de que existen los Convenios Colectivos de Trabajo y por el Movimiento Obrero
Organizado que es la garantía del cumplimiento de los derechos.
La
informalidad laboral hace inviable el ANSES y la seguridad social en el país. Los
trabajadores y productores en actividad deben destinar un esfuerzo cada día más
grande a financiar los subsidios y planes de ayuda, generando una baja y un
deterioro en sus haberes jubilatorios.
El
pago del inmoral e ilegal endeudamiento financiero especulador exacerbado desde
1977, la extranjerización económica y la fuga de capitales dificultan aún más la
formación del ahorro que requiere el país para destinar en inversión. Sin
inversión no hay desarrollo productico posible y el país seguirá destruyendo
industrias y conduciendo a la mayoría de los argentinos a la pobreza. El país
se hace inviable y avanza a un proceso de inestabilidad y de ciclos de crisis
política, social y económica permanentes.
Al
hacerse crónico los problemas del desempleo y de la pobreza, se está
debilitando la cultura del trabajo. El subsidio dejó de ser una ayuda temporal,
para volverse una forma de vida de millones de compatriotas. En realidad, cada
trabajador debe generar, al menos, lo que consume él y su familia. El desempleo
estructural humilla la dignidad de las personas y acentúa el conflicto de
clases con los sectores del trabajo formal.
El
Movimiento Obrero debe seguir protegiendo la civilización del trabajo y los Convenios
Colectivos. Es el único garante de que no se pierdan definitivamente los
derechos a la vivienda, la educación y la salud. La cultura del trabajo, del
esfuerzo y del ascenso social por intermedio del sacrificio, deben seguir
siendo los pilares de la organización nacional.
3-
Desafíos
políticos
La
Revolución nacional y popular iniciada el 17 de octubre de 1945, se cerró el 24
de marzo de 1976 con la derrota del Justicialismo, del Movimiento Obrero y de
la nación en su conjunto. Desde esa fecha en adelante, el país inició una
profunda decadencia y pese a los logros conseguidos de la etapa de Kirchner. Hoy
la Argentina tiene el PBI del año 1974, cuando el país tenía 20 millones de
habitantes. En
1974 había 800 mil pobres y hoy superamos los 16 millones de pobres.
El
deterioro general de las condiciones de vida fue acompañado por una creciente
extranjerización económica y por una desigualdad inmoral de la distribución de
la riqueza. En el año 2020 el PBI calló 10% y en el mismo período once bancos
privados ganaron por intereses de LELIQS pagados por el Estado, 70.000 millones
de pesos mensuales. Argentina no es un país pobre: en realidad es una nación
empobrecida.
La
decadencia se produce, entre otros temas, por la inexistencia de una dirigencia
política nacional y patriótica que ponga los intereses de la nación, por
delante de los negocios personales, de facción y de grupo económico.
Actualmente, los partidos políticos están en crisis y de no modificarse la
dinámica de su funcionamiento, el sistema en su totalidad puede marchar a un
nuevo escenario similar al 2001.
El
Movimiento Obrero está en condiciones de forjar una dirigencia que sea capaz de
formular un proyecto nacional y de llevarlo a cabo en una alianza con el
conjunto de los sectores productivos, políticos y de la cultura. La CGT es la
organización territorial más importante del país, junto a la iglesia católica.
Es la única institución que tiene cuadros técnicos para resolver los problemas
nacionales y hoy gestiona organizaciones complejas como son los hoteles, las
obras sociales, las escuelas de oficios y las universidades. Los sindicatos son
autárquicos y no dependen de los subsidios estatales a diferencia de las
organizaciones sociales que gestionan recursos y planes de gobierno. Esta
autonomía económica de funcionamiento permite mayores grados de libertad de
acción en relación a los gobiernos y los grupos de poder económico.
El
sindicalismo es de las escasas instituciones formadas a partir de la democracia
directa. Es de las pocas que mantiene una dinámica propia y autónoma de selección
de candidatos y su funcionamiento no puede decidirse desde los medios de
comunicación o desde las redes sociales. La modalidad de elección directa de
los delegados que es propia de los gremios, ya prácticamente no existe en los
partidos políticos que abandonaron el debate y las internas abiertas. La falta
de vitalidad de los partidos está convirtiendo a la actividad política en un
sistema de operadores económicos y mediáticos que construyen los perfiles de
los candidatos y que elaboran campañas según sondeos de opinión. Está muriendo
la política, para ser remplazada por la tecnocracia y por la administración de los
negocios.
Ningún
partido tiene este capital organizativo, ni la autarquía presupuestaria, ni el
conocimiento de los problemas nacionales como el Movimiento Obrero Organizado. Pese
a esta potencialidad, hoy el sindicalismo prácticamente no ocupa lugares de
centralidad en la planificación Estatal.
En
los próximos años el país va a terminar de definir su inserción en el mundo:
seremos una nación independiente o un Estado fallido en el cual el 60% de las
familias terminarán definitivamente en la indigencia y la pobreza, viviendo con
planes sociales financiados con deuda externa o con la explotación del
trabajador formal. En este contexto, el Movimiento Obrero tiene la
responsabilidad histórica indelegable, de construir junto a todos los sectores
del trabajo, la producción y la cultura, un proyecto nacional de desarrollo soberano
y con justicia social que dignifique la política y que nos devuelva el orgullo
de ser argentinos.
[1]
Calculado en base al dólar Blue
($140) y el Solidario ($159) al tipo de cambio del 12/3/21.
[2]
En el año 2018 alrededor de 4.000.000 de personas
(935.000 familias) vivían en las 4.416 villas miserias y asentamientos
irregulares del país. El 68% de esos barrios son anteriores al año 2000 y el
32% se formó en el periodo 2000-16. Crecen las villas miseria en los ciclos de
estancamiento económico, pero también de crecimiento en un país que es sumamente
desigual y que acumula al mismo tiempo ricos y pobres.
