Aritz
Recalde, de agosto 2019
La
seguridad en las Bases para el Plan Trienal Justicialista
“La
represión debe ser considerado el último instrumento de la seguridad delictiva,
que debe siempre ir precediendo de la política social y de la prevención del
delito”. Bases para el Plan Trienal Justicialista
En el año 1986 los equipos técnicos de
Antonio Cafiero integrantes del Centro de Estudios para la Renovación
Justicialista (CEPARJ), publicaron las Bases
para el Plan Trienal Justicialista. La propuesta incluyó el apartado “la protección de los derechos personales y
la familia”. La iniciativa mencionó que las instituciones provinciales
tenían la obligación de “erradicar la
delincuencia organizada y las manifestaciones más antisociales de la
criminalidad”.
Entre los dos tipos principales delitos
identificados por el CEPARJ estaban el tráfico de drogas, la pornografía y el
juego organizado; y en segundo lugar los asaltos y las agresiones personales.
Puntualizaron que los primeros requerirían la acción coordinada de los tres
niveles del Estado (municipal, provincial y federal), de las instituciones de
la comunidad y de asesores profesionales especializados. Para el abordaje de
los asaltos y agresiones el CEPARJ propuso implementar un esquema preventivo
incrementando “la actividad ambulatoria
de los efectivos policiales”. Se propició la reforma de la legislación
penal y procesal y la recuperación social de los menores que delinquieron
evitando su “internacionalización
institucionalizada”.
El CEPARJ impulsó una Reforma Judicial
orientada a modificar la política “centralista
que conspira contra los principios de la celeridad, inmediación y economía de
la Justicia”. Proponían renovar las cárceles atendiendo la densidad de
población, la necesaria diferenciación funcional de los establecimientos y su distribución
territorial con la finalidad de lograr “el
mejor cumplimiento del fin constitucional de rehabilitación de los reclusos”
(CEPARJ: 23-24).
La
opinión de las organizaciones libres del pueblo
Antonio Cafiero impulsó una gestión
participativa y convocó a la comunidad a intervenir en el diagnóstico, la
planificación y la implementación de las políticas del Estado. Con este objetivo
entre los meses de marzo y de octubre del año 1988 la Dirección de Entidades de
Bien Público de la Provincia, realizó seis encuentros regionales de reflexión
en las localidades de Quilmes, Moreno, Olavarría, Necochea, Bahía Blanca y San
Nicolás. Participaron miembros de Sociedades de Fomento, Clubes y entidades
deportivas, Hogares policiales, Cooperadoras, Cetros Nativistas, Centros de
Jubilados y Pensionados, Cooperativas, Talleres Protegidos, Mutuales,
Bibliotecas y de Bomberos Voluntarios (Dirección de Entidades 1989).
Los participantes de los foros se
distribuyeron en comisiones temáticas y una de ellas trató el eje Seguridad. El
abordaje del concepto fue amplio y surgieron temas de delincuencia contra las personas
y los bienes, aspectos de seguridad frente a siniestros, catástrofes y
accidentes y se mencionaron políticas de prevención y de educación. En los
encuentros se tocó la cuestión de la labor policial, del funcionamiento del
Poder Judicial y de otras instituciones como los bomberos y los correccionales
de menores.
Las Entidades de Bien Público
propusieron:
-
Penalizar
más severamente el consumo y el tráfico de drogas.
-
Modificar
el Código Procesal Penal para facilitar el accionar policial frente a los
delitos “a efectos de que no solo esté salvaguardada
la figura y la persona que comente el delito, sino también la comunidad, de tal
suerte de lograr mayor equilibrio en el logro de protección del bien común”.
-
Aumentar
la cantidad de efectivos policiales y orientar su labor a patrullar las calles
y menos a realizar tareas administrativas en comisarías.
-
Invertir
mayores recursos en tecnología y en logística policial.
-
Reorganizar
los radios de acción policial por ser muy amplios y por carecer de control
eficiente del territorio.
-
Trabajar
de manera conjunta entre la comunidad y el Estado para resolver problemas de iluminación
y eliminar baldíos para evitar que sean utilizados para delinquir.
-
Articular
la labor policial con las Entidades de Bien Público “para que en forma práctica, rápida y organizada se piense en una
táctica y estrategia que le permitan actuar rápidamente” y para “controlar las personas extrañas que merodeen”
por los barrios de la Provincia (Dirección de Entidades 1989).
Las
fuerzas de seguridad en épocas de crisis
La situación social bonaerense y la
delincuencia
El contexto social e institucional de
la gobernación de Cafiero no fue nada fácil. La política económica de la dictadura
deterioró la estructura productiva bonaerense. Este proceso fue continuado en
democracia durante la gestión de Raúl Alfonsín y como resultado de eso se
acrecentaron el desempleo y la pobreza. El Producto Bruto por habitante del
país se redujo casi el 20% entre 1974 y 1990 y en el mismo período el sector
industrial cayó en su participación del 28% al 21% del PBI (Síntesis Bonaerense
1990: 99).
Relacionado con esta realidad
económica y social aumentaron los índices de criminalidad. En 1985 en la
Provincia de Buenos Aires se produjeron 47.370 delitos y en 1989 122.608. En el
mismo período en el conurbano bonaerense la cifra se elevó de 27.226 a 83.645
casos.
En el año 1990 la Subsecretaría de
Seguridad publicó el documento Plan de
Seguridad. En el texto se presentaron estadísticas que daban cuenta del crecimiento
de los hechos delictivos durante las décadas del setenta y del ochenta. En el
texto se remarcó que el principal aumento se observó en los delitos contra la
propiedad y contra las personas. Se detalló que “el achicamiento del aparato productivo, la concentración urbana, la
vulnerabilidad de los asentamientos, la desocupación y especialmente las crisis
económicas años 75 y 86, entre otros, han repercutido sobre la vida cotidiana
consolidando profundas desigualdades sociales (…) y este creciente
desequilibrio en la generación y disfrute de bienes contribuye al incremento de
la actividad delictiva creando un clima de inseguridad en la población”
(Plan Seguridad 1990: 7).
Frente a esta realidad en el año 1989
el Ministro de Gobierno Carlos Álvarez, planteó que la tarea de seguridad tenía
que ir de la mano de una nueva política económica que genere trabajo y que
garantice a las familias el acceso a la educación, la salud y la vivienda.
Álvarez sostuvo que una vez atacados los fenómenos sociales que inciden en la
tasa del delito, “hay que tener en cuenta que aún los países desarrollados tienen el problema
de seguridad” (Síntesis Bonaerense 1989: 140-141).
La cultura policial de la dictadura
En el documento Plan de Seguridad se detalló que en los años 70 la policía había
sido “conducida políticamente como fuerza
de repliegue ante un objetivo de conflicto interno (…) este objetivo principal
sobre cualquier otro existente, marcó en la fuerza policial una conducción
operativa definida de repliegue y actuación como represión ante objetivos
determinados. Lo expuesto definió una tendencia permanente de falta de
presencia policial en las calles y un acostumbramiento de estilo operativo de
sus cuadros y tropas en actuar reaccionando y no previniendo”. A este
inconveniente se sumó el hecho de que no había una Ley de Seguridad nacional y
las competencias provinciales y municipales eran difusas (Plan Seguridad 1990:
17).
Un tema que sobrevoló la etapa fueron
las desobediencias y los levantamientos militares carapintadas contra el
gobierno nacional. Antonio Cafiero se enfrentó públicamente a este accionar
sedicioso y en sus palabras “En todos los
casos, fuera el presidente Alfonsín o Menem, siempre sostuve la misma actitud
de pleno respaldo a las instituciones democráticas que había adoptado durante
los episodios de Semana Santa de 1987” (Cafiero 2011: 440).
Por requerimeinto del Gobernador la
policía de Buenos Aires resistió el intento de copamiento guerrillero del
regimiento de La Tablada, producido el 23 de enero de 1989 (Los 200
emprendimientos 1991) (Síntesis Bonaerense 1990: 101).
En el mes de mayo de 1987 se produjo
la muerte a manos de la policía de tres jóvenes en la localidad de Ingeniero Budge,
Lomas de Zamora. Poco tiempo después, en agosto de 1987 se originó un
acuartelamiento policial en la Provincia de Buenos Aires. En una entrevista del
mes de diciembre de 1987 Antonio Cafiero mencionó que el episodio más negativo
del año había sido la “asonada policial”
y si bien fue presentada por los efectivos como parte de reclamos salariales,
el gobernador la caracterizó como un “apriete”. En ese marco, puntualizó que
“Nosotros apuntamos a una revalorización de la institución policial y para eso
necesitamos una policía ética, con profunda vocación de servicio y
consustanciada con la democracia” (Síntesis Bonaerense 1988).
Durante la gobernación Cafiero se
iniciaron investigaciones sobre la corrupción policial y en 1989 se dejaron
cesantes y fueron exonerados 607 efectivos y al 1 de octubre de 1990 otros 537
agentes siguieron el mismo camino (Síntesis Bonaerense 1990: 101).
El
primer año de gestión
Según datos del Ministerio de Gobierno
Buenos Aires estaba en el puesto 23 en la cantidad de policías por habitante en
las provincias argentinas. Los bonaerenses disponían de 2,7 agentes cada mil
personas, La Pampa 5,8 y Tierra del Fuego 10 y “el mínimo indispensable para un desempeño aceptable de la función de
prevención debe ser 4 x 1000 y el ideal de 7 x 1000” (Plan Seguridad 1990:
11-14 y 17).
El Ministro de Gobierno del primer año
de la gestión de Antonio Cafiero, Luis Brunati, puntualizó que “la policía bonaerense cuenta con 38.000
efectivos de los cuales 8.000 cumplen funciones del tipo administrativo”.
Los 30.000 agentes de calle se dividían en tres guardias para cumplir las 24
horas en las 663 dependencias entre unidades regionales, comisarias,
subcomisarias, destacamentos y puestos de vigilancia. El Ministro consideró
necesario “el remplazo del modelo actual
por otra más eficiente que asegure una mayor presencia policial en la calle”.
Entre las medidas implementadas en el primer año de gestión, Brunati puntualizó
que se sumaron 1400 agentes y se firmaron convenios con las municipalidades que
aportaban autos, sistemas de comunicaciones y combustible.
En una entrevista del mes de diciembre
de 1987 Cafiero hizo referencia a las primeras acciones de su gobierno y a los
proyectos que tenía en cartera. Indicó que “incorporamos
a 1400 agentes policiales para que recorran las calles y no para que ocupen
escritorios”. Propuso crear un arancel para algunos de los servicios
brindados por la fuerza y sus fondos serían destinados a modernizar la
policía.
En otro plano, Brunati mencionó que el
“sistema carcelario bonaerense[1]
era más que sombrío” y con la finalidad de mejorarlo se creó una Comisión
Pro-Olmos y se trasladó a otras dependencias a prisioneros de alto riesgo para
“desmembrar las verdaderas fuerzas
policiales de choque que se habían constituido en los penales” (Síntesis Bonaerense
1988: 102).
El
Plan de Seguridad 1989 / 1990
El 25 de noviembre de 1989 el entonces
Ministro de Gobierno Carlos Alvarez presentó el Plan de Seguridad Provincial.
La propuesta tenía cinco pilares
centrales que eran la lucha contra el narcotráfico, el reequipamiento y
restructuración de la policía provincial, la reforma del Código de
Procedimiento, la construcción de nuevas cárceles y la participación de la
comunidad. El programa incluyó la descentralización con las municipalidades y
difundió el lema “ganamos la calle, para
que la calle sea tuya” (Síntesis Bonaerense 1989: 31).
Para implementar el Plan Cafiero creó
un Consejo de Seguridad presidido por el Ministro de Gobierno, los
subsecretarios de Seguridad, Gobierno y Justicia, el Jefe Policial,
representantes de ambas cámaras, intendentes e instituciones de la comunidad
(Síntesis Bonaerense 1989: 30-31).
El Plan
de Seguridad puntualizó que frente a los problemas de seguridad era
habitual culpar a las policías por ser corruptas y proponer mayores penas con
reformas legales. En la óptica de la Gobernación, si bien ambas cuestiones eran
aspectos a tener en cuenta, debían necesariamente integrarse con un plan global
de seguridad. Se destacó por eso que aplicarían una política integral en la
materia y con esta meta Cafiero implementó un “Ciclo de Seguridad” conformado con los cuatro ejes Sistema Normativo,
Sistema de Seguridad (policía), Sistema Judicial y Sistema Penitenciario.
La nueva Estructura Orgánica de la
seguridad bonaerense
En el año 1989 se aprobó una
restructuración de la Seguridad de la Provincia y se crearon:
-
La
Dirección General del Narcotráfico y la Drogodependencia[2] integrada a la Drugs
Enforcement Administration (DEA) norteamericana;
-
La
Dirección General de Ciencias Técnicas y Criminalista;
-
La
Dirección General de Inspección y Control de Gestión con asiento en la Jefatura de Policía y con
cinco Directores Regionales;
-
La
División Sustracción de Automotores y se fundaron nuevas Delegaciones de la
Dirección de Abigeato (Plan Seguridad 1990: 60-61).
-
La
División de la Mujer[3] y el Menor que tenía como
tarea verificar el correcto funcionamiento de la Comisaría del Menor y de la
recientemente fundada Comisaria de la Mujer. El Plan detalló que el “organismo que representará a la Policía
ante otras dependencias del Estado o Poderes y coordinará con los mismos todo
lo inherente a la problemática (…) centralizará todo requerimiento que le
efectúen las dependencias bajo su órbita y se ocupará de realizar el
seguimiento de expedientes (…) se incorpora a esta División la Sección
Prevención Asistencial y por lo tanto se la dota de las Asistentes Sociales que
cuenta la Repartición para atender los distintos casos de la citadas
comisarias” (Plan Seguridad 1990: 74).
Se implementó un Programa de Formación
de Subcomandos Radioeléctricos, caracterizados por “su presencia permanente en las calles con el solo objetivo de prevenir
y/o recibir las urgencias o necesidades de la población para actuar de
inmediato”, permitiendo que la comunidad “disponga las 24 horas del día de un elemento que reacciones en el menor
tiempo posible ante una urgencia o necesidad que se le presente” (Plan Seguridad 1990: 50).
Cafiero formó los destacamentos de la
Policía Vial con las funciones de la anterior Policía Caminera (Cafiero 2011:
467).
Mejorar la relación de la policía con la
comunidad
El Gobernador creó los Consejos de
Seguridad Municipales otorgando una participación activa a la comunidad y a las
autoridades locales. Estaban integrados por “un coordinador designado por el Intendente, por un miembro del Consejo
Deliberante, uno de cada organización intermedia de la zona, cooperadoras, sociedades
rurales y un representante de la Unidad Regional o comisarias del lugar. Su
tarea: sumar esfuerzos, priorizar necesidades y fortalecer la acción de la
policía provincial” (Síntesis Bonaerense 1989:74). En cuatro años se
abrieron en la Provincia 80 Consejos se Seguridad Municipal (Los 200
emprendimientos 1991).
La Subsecretaría de Seguridad modificó
la capacitación de los efectivos incluyendo materias humanísticas, con la
finalidad de mejorar el vínculo de los agentes con los vecinos.
Se potenciaron las tareas de las
Cooperadoras Policiales y se difundió “en
la comunidad el accionar desinteresado y abnegado de estas organizaciones,
buscando su reconocimiento, y ampliación de la participación de la población en
sus proyectos de apoyo a la institución municipal” (Plan Seguridad 1990:
44).
Inversión en recursos humanos
En la Gobernación consideraban que
atendiendo las demandas y el crecimiento poblacional la Provincia tenía que
sumar 5000 policías por año durante cinco años. En 1987 se incorporaron 1400
agentes, en el año 1989 6000 y 2.025 en el primer semestre de 1990 (Plan
Seguridad 1990: 59) (Síntesis Bonaerense 1990: 100). En los cuatro años de su
gestión se incrementó la dotación policial en 10.000 agentes y aumentó un 20%
su presencia en las calles (Los 200 emprendimientos 1991).
Estos efectivos de seguridad integraron
el “Programa de Incrementos, Racionalización
y Política salarial del personal Policial” aprobado por Decreto 236/90. Los
nuevos agentes se destinarían a cubrir tareas en las Comisarias, Comandos y Subcomandos
Radioeléctricos, Cuerpo de Infantería, Grupos Operativos de las Brigadas de
Investigaciones e Inteligencia y a otras dependencias priorizando la presencia
policial en las calles.
La Subsecretaría de Seguridad impulsó
diversos programas de capacitación orientados a la terminalidad de la escuela
secundaria, Cursos a Distancia para Oficiales Subalternos, Seminarios de
Perfeccionamiento Docentes y se impulsó un proyecto de Academia de Estudios
Superiores[4] (Plan Seguridad 1990:
59-60).
Inversión en logística y material
policial
En el texto Plan de Seguridad se mencionó que en el año 1987 no había
uniformes, 800 autos estaban sin funcionamiento, la fuerza carencia de
municiones y la mitad de los equipos de radio eran obsoletos. Para empezar a
saldar estos faltantes, se aprobó un importante Programa de adquisición de
uniformes, de armamento, de automóviles y camionetas y de equipos de
comunicaciones, entre otros recursos fundamentales de la logística policial
(Plan Seguridad 1990: 65-69).
En el año 1987 Cafiero había manifestado
su decisión de que la policía cobre algunos de los servicios que brindaba. Con
esta meta, el Plan de Seguridad creó
el “Programa de recaudación de recursos
propios”. En este marco, la policía dispondría la recaudación proveniente
de la Tasa de Servicios Administrativos, de la Verificación y grabado de
vehículos, de la Ley de Alarmas, de la Ley de Policía Adicional y de la Ley de
Agencias Privadas de Seguridad, entre otros (Plan Seguridad 1990: 53-54).
Grupo Halcón
El Gobernador impulsó la Brigada
Especial Operativa Halcón[5] como “cuerpo de elite de la policía provincial para la lucha contra el crimen
organizado, el terrorismo y los piratas del asfalto”. Inicialmente,
funcionó en el conurbano bonaerense y en un segundo momento alcanzó a las
localidades de Bahía Blanca, San Nicolás y Mar del Plata. La nueva fuerza tenía
equipamiento de última tecnología (Síntesis Bonaerense 1989).
Un nuevo Código de Procedimiento Penal
El gobernador impulsó –sin éxito- un
proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal de 1915. Para realizar
dicha modificación en el mes de agosto de 1988 Cafiero creó una Comisión
especial compuesta por los subsecretarios de Seguridad, Justicia y Asuntos
Legislativos, por la Asesoría General de Gobierno y con técnicos designados por
el gobernador. Intervinieron en su formulación los Colegios Profesionales,
legisladores de distintos partidos políticos, representantes de los municipios,
la policía provincial, juristas y representantes de organizaciones intermedias
y comunitarias. Entre otros aspectos, contemplaba el principio de instancia
única, el juicio oral, la celeridad y verdad real y “busca limitar la impunidad de los delitos graves” (Síntesis
Bonaerense 1988: 15 y 102) (Síntesis Bonaerense 1989: 136) (Síntesis Bonaerense
1990: 102).
Bibliografía
citada
- Barreneche Oscar (2006) Una política para la seguridad pública:
Adolfo Marsillach y la nueva policía peronista, en El Gobierno de Domingo Mercante en Buenos Aires (1946-1952), T II,
Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.
- CEPARJ (1986) Bases Para el Plan Trienal Justicialista, Frente Renovador
Peronista de la Provincia de Buenos Aires.
- Dirección de Entidades de Bien
Público (1989) Propuesta de las Entidades
de Bien Público al Gobierno del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires,
Ministerio de Acción Social, Provincia de Buenos Aires.
- Fernández María Belén (2019) entrevista
personalizada, junio 2019.
- Los Doscientos emprendimientos,
obras y logros del Gobierno del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, 1987 –
1991, extraído de Andrew Mcadam (1996), Cafiero
el Renovador.
- Recalde Aritz (2018) Políticas para la mujer durante la
gobernación de Antonio Cafiero.
- Síntesis Bonaerense (1988) Cafiero y el Pueblo, un año después, un
proyecto en marcha, Dirección Provincial de Prensa, Provincia de Buenos
Aires.
- Síntesis Bonaerense (1989) Transformaciones, concertación, solidaridad,
descentralización, participación, Dirección Provincial de Prensa
Provincial, Buenos Aires.
- Síntesis Bonaerense (1990) Después de tres años de gobierno,
Dirección Provincial de Prensa, Provincia de Buenos Aires.
- Plan
de Seguridad 1990, Subsecretaría de Seguridad, Ministerio de Gobierno,
Provincia de Buenos Aires.
[1]
El Gobernador Cafiero llamó a
licitación la construcción de cinco cárceles
en el conurbano para atender los Departamentos Judiciales de San Isidro, Morón,
Lomas de Zamora y San Martín (Síntesis Bonaerense 1990: 112).
[2]
Anteriormente, existía una División de
Toxicomanía. El gobierno de Cafiero introdujo el tema de las adicciones a las
políticas públicas bonaerenses y desde los Ministerio de Salud y de Acción
Social realizó Jornadas Regionales de Participación y Capacitación sobre el uso
indebido de las Drogas (Síntesis Bonaerense 1989: 83).
[3]
El Gobernador Domingo Mercante
incluyó a la mujer a la policía provincial y creó en 1947 la “Brigada Femenina”
con 55 agentes, cuyo objetivo era cuidar a la mujer y el menor. Cafiero
modificó la legislación para formentar el ingreso femenino a la fuerza de
seguridad y creó la Comisaria de la Mujer. El Ministro de Seguridad León
Arslanian impulsó la ley 13.201/04 eliminando las restricciones normativas a
las mujeres policías (Barreneche 2006: 83-84) (Recalde 2018).
[4]
En 1946 fue designado como Jefe de Policía el Coronel Adolfo Marsillach quién
impulsó la ley 5270/48 incluyendo un nuevo escalafón y en 1949 fundó la Escuela
Superior de Policía que es un antecedente del proyecto de Academia de Estudios
Superiores (Decreto Nº 17204/50) (Barreneche
2006).
[5]
En el mes de septiembre de
1986 se creó el Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Luego de los
levantamientos del Regimiento de La Tablada, Cafiero la refundó como Brigada
Especial Operativa Halcón comúnmente denominada “Grupo Halcón”. En 1997
adquirió la denominación de División Especial de Seguridad Halcón. Datos de https://www.mseg.gba.gov.ar/interior/halcon_div/mision.html
