miércoles, 20 de noviembre de 2019

1949 – 2019: 70 aniversario de la sanción de la Gratuidad Universitaria


Aritz Recalde
Noviembre de 2019


1.      Introducción
El 22 de noviembre del año 1949 por Decreto Presidencial 29.337, se suspendió el cobro de los aranceles universitarios. Con la medida se apuntó a democratizar el ingreso a la educación superior favoreciendo importantes reformas políticas, económicas y culturales en la sociedad argentina.
Hasta el advenimiento del Peronismo, la institución fue elitista y funcionó como un medio de separación de clases sociales otorgando el monopolio del conocimiento y del poder que ello conlleva, a una minoría selecta. La oligarquía terrateniente, el capital extranjero y un reducido grupo de empresarios y de comerciantes radicados en las capitales de provincia, detentaron el poder económico y también el cultural. Ello les otorgó capacidad de decisión política y el control institucional del Poder Judicial, de la administración económica, la salud pública y la educación, entre otras esferas de gobierno.
Según lo detalló Arturo Jauretche en su libro el Medio Pelo en la Sociedad Argentina, el desarrollo económico y social argentino de fines del siglo XIX y de principios del XX, generó las condiciones para el surgimiento de los sectores medios y de pequeños empresarios, muchos de ellos de origen inmigrante. Estos grupos forjaron un status aspiracional conformado por valores, prácticas y consumos culturales. La identidad de los sectores medios se construyó a partir del deporte (tenis o del rugby), de habitar barrios acomodados, ir al hipódromo, tener auto y pileta o viajar de vacaciones. La posibilidad de estudiar en colegios de elite y de acceder a la universidad fueron dos piezas fundamentales de su status.
Jauretche puntualizó que las clases altas y los representantes de los poderes extranjeros delinearon los contenidos y las finalidades de la educación superior, en un proceso que denominó de “colonización pedagógica”. El resultado fue que las clases medias y los empresarios argentinos educados en las universidades aspiraron a ser “clase alta terrateniente” y a verse más como europeos que como americanos y eso los condujo a distanciarse del pueblo. Los intelectuales de clase media se convirtieron en una “intelligentzia” y reprodujeron inconscientemente los conceptos formulados por las usinas ideológicas del extranjero. Como resultado de esa educación, las burguesías locales carecieron de ideología propia, de conciencia y de normas de grupo y para ellos “inglés es el lenguaje de los negocios” y “francés el lenguaje del espíritu”.
Jauretche mencionó que los descendientes de los criollos, de los pueblos originarios y de los gauchos fueron desplazados violentamente a los márgenes de las grandes urbes y culminaron en las villas miseria. Fueron por mucho tiempo desempleados, trabajadores rurales temporarios y con el advenimiento de la industrialización integraron las cuadrillas de obreros de la incipiente economía nacional. Los sectores populares tenían vedado el ingreso a los colegios nacionales y a la universidad y accedían meramente a la escuela primaria en la cual asimilaban los valores de la clase dominante, que edificó desde allí una “política de la historia” y una “colonización pedagógica”.

Ese esquema clasista, racista y estratificado de la universidad fue cuestionado por los nuevos grupos políticos y culturales que paulatinamente se integraron al socialismo y a la Unión Cívica Radical y que confluyeron en las jornadas de la Reforma del año 1918.
La sanción de la gratuidad universitaria de 1949 supuso un reconocimiento a los reclamos y a las luchas de las generaciones anteriores. Tal medida fue facilitada por el hecho de que el Justicialismo logró apoyó en un sector del reformismo[2] y por la capacidad de instalar agenda que tuvo el Movimiento Obrero organizado.
La eliminación de los aranceles adquirió implicancias sociales, ideológicas, políticas y económicas de largo alcance y fue y sigue siendo un rasgo fundamental de la cultura nacional de la Argentina. La democratización de la educación favoreció un cambió de status de las clases medias y de los trabajadores. Los primeros modificaron su visión del mundo acercándose a las posiciones populares y como parte de dicho proceso es que pueden interpretarse la nacionalización de los grupos medios de los años sesenta, el Cordobazo o el rol de los jóvenes en el tercer gobierno Justicialista. Para los trabajadores la gratuidad de la universidad supuso un cambio político y aspiracional. Los obreros ascendieron socialmente, ocuparon lugares fundamentales del poder estatal y privado y tuvieron una renovada conciencia de su centralidad en la construcción de La Nación Argentina.

En el presente artículo vamos a documentar brevemente el marco histórico de aparición de la gratuidad universitaria. Haremos referencias a un conjunto de iniciativas previas al año 1949 y detallaremos de manera sucinta algunos debates sobre el restablecimiento de los aranceles luego de 1955.
       
2.      La Reforma Universitaria del año 1918 y la gratuidad universitaria
En el año 1972 el filósofo Juan José Hernández Arregui mencionó que la gratuidad universitaria alcanzada en 1949, integró el ideario de los reformistas de 1918. Puntualizó que “En 1943 la universidad tenía algo más de 60 mil alumnos. Con Perón llegó a 260 mil. La enseñanza universitaria era gratuita, comedores estudiantiles, apuntes sin cargo impresos en la Fundación Eva Perón, privilegios para los estudiantes que trabajan, colonias, supresión de los exámenes de ingreso, mesas examinadoras mensuales, acortamiento de las carreras, etc.- Tal cual lo había reclamado la Reforma de 1918, en la Argentina, la enseñanza media y superior dejó de ser un prerrogativa de clase” (Hernández Arregui 1972: 120).
Como bien sostiene Hernández Arregui, la Reforma Universitaria del año 1918 estuvo caracterizada por un anhelo de cambio social y por un espíritu democratizador. Sus protagonistas cuestionaron el carácter arancelado y elitista del ingreso a las instituciones educativas públicas, ya que ese limitante dejaba como saldo que solamente las clases altas y medias acomodadas podían estudiar.
La experiencia reformista propuso acercar a la universidad a los problemas de la comunidad y favoreció la apertura de programas de extensión y de vinculación con el medio. En su ideario la universidad no podía estar aislada de la vida cultural del país, sino que debía comprometerse consciente y activamente con la vida nacional.
Como resultado del mandato del Primer Congreso Nacional de Estudiantes efectuado en el mes de julio del año 1918, Gabriel Del Mazo y Dante Ardigó elaboraron un Proyecto de Resolución de “Gratuidad de la Enseñanza Superiorcon el fin de elevarlo al poder público. La iniciativa propuso constituir una universidad “absolutamente gratuita” y que esté caracterizada por ser “abierta, amplia y democrática”. Del Mazo y Arigó destacaron que los altos aranceles conformaron una institución de carácter “oligárquica”, que profundizaba las desigualdades sociales existentes impidiendo a los pobres estudiar. La limitación económica se convertía en un filtro y muchos jóvenes no alcanzaban ese derecho pese a que tenían capacidades y vocaciones. En su óptica, la gratuidad de la institución iba a “afianzar la justicia”, contribuyendo a forjar un nuevo humanismo educativo.
Para financiar el Proyecto Del Mazo y Arigó impulsaron una reforma tributaria recuperando la experiencia de la República Oriental del Uruguay[3], que implementó un “Impuesto al Ausentismo” compuesto con una contribución inmobiliaria efectuada sobre las personas que tenían una propiedad y no eran residentes en el país.

La iniciativa de gratuidad universitaria no fue implementada en 1918 y no derivó en la propugnada actualización de la normativa nacional en la materia. Retomando los postulados reformistas, en el Segundo Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios del mes de agosto de 1932, los jóvenes siguieron pidiendo la democratización del acceso a las Casas de Altos Estudios. Entre las resoluciones del Congreso, se consideró necesario:
“1) El Estado debe establecer una asignación fija, que en ningún caso podrá ser disminuida, que permita el eficaz desenvolvimiento de la Universidad, limitándose únicamente a controlar la inversión de la misma. Ello sin perjuicio de la formación del fondo universitario proveniente del gravamen al privilegio y a la riqueza improductiva;
2) La gratuidad de la enseñanza, que es una consecuencia de la democracia universitaria y de la asistencia e investigación libre;
3) Aumento de la remuneración a los profesores con el fin de asegurarles su independencia económica;
4) Se creará un amplio sistema de becas con el fin de: a- asegurar a los estudiantes pobres sus estudios; b- asegurar a los estudiantes capacitados sus cursos de perfeccionamiento con vistas a sus vocaciones docentes o de investigación”. 

En esta oportunidad como en el año 1918, la gratuidad no fue sancionada y las universidades siguieron siendo aranceladas y elitistas.


DESCARGÁ EL LIBRO COMPLETO "LA CONQUISTA DE UN DERECHO" - UNAJ/CLACSO/UNQ



[2] La rama política del peronismo se organizó con dirigentes originarios de la izquierda –principalmente socialista-, del Partido Independiente (conservadores), de sectores nacionalistas y de un importante grupo de miembros de distintas corrientes de la Unión Cívica Radical.  El Vicepresidente de Perón desde 1946, Hortensio Quijano, fundó la UCR Junta Renovadora (UCR-JR) y con este espacio alcanzaron la banca de la Cámara de Diputados de La Nación 27 legisladores. Se sumaron al Justicialismo otros 10 diputados de distintas corrientes internas del radicalismo, en un bloque partidario compuesto de 109 miembros. El Proyecto de Ley Universitaria del justicialismo del año 1947 fue presentado en el recinto de la Cámara de Diputados por varios miembros de la UCR-JR. Estos sectores y otros radicales oriundos de FORJA aportaron muchos miembros de militancia universitaria reformista, que tuvieron influencia en la organización de la educación superior de la etapa.  
[3] En la actualidad Uruguay sigue impulsando mecanismos alternativos de financiamiento educativo. La ley 16.524/94 creó el Fondo de Solidaridad que “tendrá como destino financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional”. Según lo estipuló la normativa “El Fondo se integrará con aportes anuales efectuados por todos los egresados en actividad que posean título profesional expedido o revalidado por la Universidad de la República o por el nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional”. La norma tuvo algunas modificaciones con la ley 17.451/02.

No hay comentarios:

Políticas obreras del gobernador Manuel Fresco

  Aritz Recalde [1] ,   2024  “Èsta es la democracia social que practica el Gobierno de Buenos Aires, ésta es la democracia social, que es...