La Constitución de Venezuela: del nacionalismo revolucionario al socialismo

Aritz Recalde

Mayo 2010

En el texto vamos a referirnos de manera resumida a los lineamientos generales del contenido de la Constitución de la Republica Bolivariana Venezuela sancionada en el año 1999 y haremos mención a un conjunto de aspectos del fracasado intento de reforma constitucional del año 2007. Venezuela tiene una Constitución que es un producto de la revolución y que expresa el proceso de cambio político, económico, social y cultural iniciado tras la figura de su presidente, Hugo Chávez Frías. La importancia de la diversidad cultural, la defensa del ambiente, la justicia social o la integración del continente latinoamericano son parte de los fines de la revolución y se expresan en el preámbulo de la Constitución que establece que “El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad” . Dichos fines fundacionales del Estado encuentran un esquema institucional acorde a los nuevos objetivos de la comunidad nacional. En este sentido y a modo de síntesis, el texto constitucional introduce:
1- Una nueva NOCIÓN DE LA PROPIEDAD, TENENCIA Y USO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NATURALES que son articulados en un plan estratégico de desarrollo nacional, sometiendo el interés particular al interés público y social. Con esta finalidad el Artículo 302 sostiene que “El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo. El Artículo 311 establece que (…) “El ingreso que se genere por la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales, en general, propenderá a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud.” En esta línea el Artículo 301 sostiene que “El Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas. No se podrá otorgar a empresas y organismos o personas extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales”. Respecto a la soberanía territorial se establece en el “Artículo 13 que (…) “El territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. El espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares, por parte de ninguna potencia o coalición de potencias”. De la mano de dicha concepción, se observa que los recursos naturales, el uso del suelo o el planeamiento del comercio exterior quedan estrechamente ligados al Estado, que abandona la visión liberal de Estado “gendarme” y desarrolla una condición empresaria. A partir de estos principios, se promueve la creación de modelos alternativos de desarrollo económico, social, comunitario y auto gestionados.
2- Un pasaje de la noción de “derecho liberal” a una CONCEPCIÓN DE DERECHO SOCIAL, en la cual se establece la obligación del Estado de contribuir al acceso a la vivienda, la salud, el trabajo, el deporte y la cultura a todos los habitantes del país, sin distinción social. En este marco se promueve la protección del trabajador y el Artículo 89 establece que “El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. (…) Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. (…) Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad. Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno”.
3- Vinculado a este último punto, se produce una modificación de las PAUTAS CULTURALES DEL ESTADO, promoviendo la identidad del nuevo grupo social hegemónico y favoreciendo el multiculturalismo y la consolidación del ser nacional. Con este fin, los pueblos indígenas o la figura de Simón Bolívar son presentados dos pilares del programa del renovado nacionalismo venezolano. Se reconoce a las poblaciones indígenas el derecho a la identidad en el Artículo 121 que establece que “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones”.
4- Una modificación al esquema de PARTICIPACIÓN POLÍTICA propia del liberalismo creando nuevas herramientas para el ejercicio popular del gobierno. Con este fin la constitución desarrolla ampliamente las instituciones de democracia semidirecta, amplia las facultades y poderes municipales, e introduce nuevos e innovadores instrumentos como es la revocatoria de mandato de funcionarios públicos. La CN reconoce diferentes instancias para la toma de decisiones tal cual de menciona en el Artículo 70 que sostiene que “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.”
5- Una nueva POLÍTICA INTERNACIONAL que promueve entre los fines del Estado la lucha antiimperialista y anticolonial, privilegiando la unidad latinoamericana. El espíritu latinoamericanista de la Constitución de Venezuela está expresado en su preámbulo que establece entre los fines de la nación que se (…) “Promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”.
6- Una renovada concepción de la CUESTIÓN DE GÉNERO. En el articulado de la Constitución se nombra al “ellas” conjuntamente al “ellos” en cada una de las competencias y funciones establecidas.

La propuesta de reforma constitucional fracasada del año 2007 modificó varios artículos del texto del año 1999 atendiendo la decisión política de la revolución de alcanzar el socialismo bolivariano o también llamado del siglo XXI. Los puntos principales se resumen en lo siguiente:

1- NUEVA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL.
El artículo 11 introduce la noción de Regiones Estratégicas de Defensa creadas por decreto del presidente con la finalidad de garantiza la “soberanía, la seguridad y defensa” del territorio nacional. En esta línea, el apartado II cambió de nombre y se denominó “De la geometría del poder” e introdujo una nueva división del territorio del país. El artículo establece una mención especial a la organización municipal, a la ciudad , a las comunas o los distritos funcionales. Dichos ámbitos serían expresión de nuevas formas de organización socialista y oficiarían como estructuras políticas articuladas con el gobierno nacional. Sobre el gobierno local comunal se ejercitaría la democracia directa y las diferentes formas de autogobierno popular de cara al nuevo Estado socialista. En dicho texto aparece la noción de regiones marítimas y de distritos insulares que tienen como objetivo la toma de posesión efectiva y la implementación de una nueva organización política sobre dichos territorios por parte de la revolución.
El Estado se reserva la explotación y comercialización de los hidrocarburos líquidos, sólidos, y gaseosos y amplia sus competencias en este ramo (Art. 302). Las empresas de explotación petrolera estatales no pueden ser privatizadas ni total, ni parcialmente (Art. 303). La propuesta introduce la “seguridad y soberanía alimentaría” como meta del Estado y con este fin abre la posibilidad de asumir áreas económicas o de transferir actividades a organizaciones sociales o cooperativas (Art. 305).

Municipios
El modelo de socialismo bolivariano contempló la participación política activa de los miembros de la comunidad a través de su vinculación con las estructuras institucionales locales. Con este fin, ya mencionamos la aparición de los consejos comunales o las ciudades. La propuesta de reforma introdujo algunas propuestas innovadoras a nivel municipal. Por ejemplo, la constitución fijó criterios para la descentralización de recursos (Art. 167). Además, los municipios dejan de ser conceptualizados como la “unidad política primaria de la organización nacional”, dando paso a la obligatoriedad de reconocer la participación de los Consejos de Poder popular y los medios de producción socialista como núcleos del ordenamiento político. El municipio y según lo establece el artículo 184, puede descentralizar servicios a los entes de Poder popular. El Consejo Comunal es el órgano ejecutor de las decisiones de las Asambleas de Ciudadanos.

2- AMPLIACIÓN DE LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA.
“El estado promoverá como política nacional, la participación protagónica del pueblo, restituyéndole el poder y creando las mejores condiciones para la construcción de la Democracia Socialista”. Art. 158 de la propuesta de reforma.

La propuesta contempló la reducción de la edad de los electores a dieciséis años. El Estado adquirió facultades para financiar las actividades electorales y para regular el financiamiento privado, incluyendo la declaración de la prohibición de desarrollar la actividad partidaria con recursos provenientes del extranjero. El nuevo artículo 70 amplió los mecanismos de participación política del pueblo para la “construcción del socialismo” a través de nuevas figuras del Consejo del Poder Popular y los distintos Consejos (comunales, de trabajadores, estudiantiles, etc.-). La norma menciona las cooperativas de propiedad comunal. Este artículo contempla las formas comunales, cooperativas o sociales para la gestión de la propiedad.
Se amplió el piso electoral para implementar las figuras de referendo, la revocatoria o las enmiendas constitucionales. El artículo 141 introdujo la figura de las “misiones” entre los mecanismos “excepcionales e incluso experimentales” que puede desenvolver la Administración Pública. Con este artículo se reconoció la experiencia concreta que viene desarrollando el gobierno desde el año 2003 .
La propuesta planteó la posibilidad de reelección del presidente cuyo mandato se prolongó a siete años (Art. 230). El poder ejecutivo estaba facultado para “ejercer la iniciativa constitucional y constituyente” (Art. 236).
3- AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES.
El texto introduce modificaciones al derecho a la vivienda (Art. 82).
La ley amplió los derechos laborales e introdujo la figura de un Fondo de Estabilidad Social para Trabajadores por Cuenta Propia, cuya finalidad es que dicho universo de personas acceda a los derechos sociales. Una de las cuestiones más novedosas de la propuesta se refirió a la modificación de la jornada laboral, que según figura en el artículo 90 “no excederá la jornada de trabajo diurna de seis horas diarias o de treinta y seis horas semanales”.
4- CULTURA.
La norma introduce a lo largo del texto diversas menciones a la importancia estratégica de consolidar la nueva identidad socialista. Asimismo, se reivindican los valores e imaginarios “bolivarianos”. En esta línea y por ejemplo, se distinguió a Caracas como “Cuna de Simón Bolívar” (Art. 18). El artículo 103 establece entre los objetivos de la educación promover los principios humanísticos del “socialismo bolivariano”. Asimismo, se denomina a los militares como “Fuerza Armada Bolivariana” (Art. 236). La propuesta se refiere particularmente a la importancia de promover la diversidad cultural (Art. 98 y 100) reivindicando las raíces indígenas, afrodescendientes o los valores de la “Gran Nación Suramericana”.
La propuesta refuerza la idea de autonomía universitaria y menciona el derecho al gobierno de las casas de altos estudios por intermedio del “voto paritario” de los miembros de la comunidad educativa. El proyecto menciona el derecho a ocupar los cargos docentes por intermedio de concursos.
5- LA ECONOMÍA SOCIALISTA.
“La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de empresas o entidades regionales, para la promoción y realización de actividades económicas o sociales bajo principios de la economía socialista, estableciendo los mecanismos de control fiscalización que aseguren la transparencia en el manejo de los recursos públicos que en ellas se inviertan, y su razonable productividad económica y social”. Art. 300 del proyecto de reforma.
Uno de los nudos de la propuesta se relacionó con la introducción de menciones a nuevas figuras de propiedad de cara al objetivo socialista del Estado. Los intereses individuales deben dejar lugar a los intereses comunes y los valores humanísticos de la cooperación. El Estado fomenta con dicha finalidad, distintas “formas de empresas y unidades económicas de propiedad social” para promover la construcción colectiva y cooperativa de una economía socialista (Art. 112). Esta propuesta se amplió en los artículos 299 y 300. El artículo 115 introduce diversas formas de propiedad: pública (Estado); social indirecta (Estado a nombre del pueblo); social directa (comunal o ciudadana); colectiva (social o privada); propiedad mixta (articulación de formas publica, sociales o colectivas); y privada.
El sistema monetario propende entre sus fines alcanzar los logros del “Estado socialista” (Art. 318 o 321). El Banco Central de Venezuela es definido como una persona de derecho público sin autonomía para el ejercicio de sus competencias (Art. 318).
6- VENEZUELA EN EL MUNDO.
La propuesta declara el Servicio Exterior como actividad estratégica de Estado y define la política exterior del país sobre los principios de un mundo multipolar y un programa anticolonialista (Art. 152).
El artículo 153 promueve la Confederación y la Unión de América Latina y el Caribe o “un solo proyecto Grannacional, al que Bolívar llamó Una Nación de Repúblicas”.
7- FUERZAS ARMADAS.
El proyecto denominó al cuerpo de militares como “Fuerza Armada Bolivariana”. La propuesta definió a las Fuerzas como “cuerpo esencialmente patriótico, popular y antiimperialista”. A diferencia del viejo articulado que decía que los militares son una institución profesional sin “militancia política”, se estableció que no “tendrán militancia partidista” y su función esta al servicio del pueblo y nunca de “oligarquía alguna o poder imperial extranjero” (Art. 328). Están facultadas para actuar ante un ataque externo y además, coopera en actividades de orden interno y seguridad ciudadana (Art. 328). La Fuerza Armada incluyó la “Milicia Nacional Bolivariana” (Art. 329).
El proyecto de reforma entre cláusulas transitorias menciona la necesidad de dar prioridad a la sanción de 15 leyes, entre las cuales se privilegia la de Poder Popular y la de Economía Socialista.

Finalmente, la propuesta de reforma constitución no fue sancionada. Pese a esta derrota electoral, sigue vigente en Venezuela el debate sobre la construcción de un modelo de sociedad solidaria y alternativa al capitalismo neoliberal. Dichas discusiones incluyen la organización de un nuevo Estado y la modificación de la Constitución, que quedara sujeta a los tiempos y las posibilidades políticas, sociales, económicas y culturales de las organizaciones libres del pueblo.

LOS INTERESES RADICALES Y EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO

Aritz Recalde, junio 2010

La UCR y pese a ser minoritaria en el plano electoral, mantiene un extraño manejo de la política universitaria en el país. El último gobierno nacional de la UCR implementó un ajuste del 13 % a los empleados públicos y a las universidades, sancionó el corralito, implementó la flexibilización laboral, firmó el escandaloso y oneroso megacanje y recortó los salarios a los jubilados, entre otras acciones. Dichas maniobras le valieron la salida en helicóptero a De La Rua que antes de irse asesino a 27 argentinos. En varios casos y pese a su calamitosa salida del poder, siguen controlando las universidades y lo hacen por intermedio de sus rectores, decanos o agrupaciones y además y cuestión central, manejan importantes resortes del Estado como es la Secretaria de Política Universitaria (SPU). Asimismo, se puede observar que radicales como Julio Cobos son líderes de la oposición o como las agrupaciones Franja Morada apoyan públicamente a los grupos concentrados del campo y a los antagonistas al proyecto nacional. Pese a esto y como veremos, los radicales siguen teniendo poder para incidir en la distribución de presupuesto universitario y para manejar programas del Estado del ministerio.
El conflicto político entre Cristina Kirchner y los grupos concentrados sojeros agroexportadores puso en evidencia la dificultad del gobierno para avanzar en la implementación del Proyecto Nacional. Una de esas dificultades se relacionó con los intereses directos entre la prensa monopólica de Clarín o La nación y los agronegocios. Con una importante e histórica determinación, el gobierno promovió la ley de Servicios Audiovisuales iniciando un camino hacia la democratización de la prensa. Otro de los frentes de conflicto abiertos se relacionó estrechamente con la deuda social luego de más de 30 años de neoliberalismo. Pese a los logros alcanzados, el gobierno tiene importantes deudas que se toparon con una crisis económica mundial que amenazó con profundizar los problemas en cuestiones de empleo o de pobreza. De manera similar a la audacia con lo realizado con la Ley de Servicios Audiovisuales, el gobierno trasladó un recurso financiero especulativo en manos de grupos concentrados e incluso extranjeros, en una fuerte de riqueza directa que pasó a los más humildes. La nacionalización del sistema de jubilaciones terminó con los negocios financieros y generó las condiciones para lanzar el subsidio universal por hijo a más de 3 millones y medio de niños. Los argentinos dejamos de financiar las hipotecas del primer mundo para solventar el derecho de la juventud del país a la educación, la salud y el futuro.
Otro de los frentes abiertos en el año 2008 provino de sus propias filas y se refiere a la oposición del vicepresidente Julio Cobos al proyecto del poder ejecutivo. En este caso, el gobierno y pese a que lanzó la reforma política y previa audiencia con la oposición, para democratizar y fortalecer el sistema, no consiguió dar por tierra a esta nociva, destructiva e insólita, obstrucción interna a su gestión. Un caso típico de los límites políticos del gobierno es la administración de algunas áreas de la cartera educativa: el radicalismo ésta firme en la administración de la POLÍTICA UNIVERSITARIA. Lo que estamos cuestionando no es solamente un problema de Partidos, sino que y por el contario, consideramos que el drama del gobierno son algunas políticas propulsadas por estos sectores desde la SPU, a partir de la acción de los lobitas y desde el Congreso. Un caso de ello es la distribución del presupuesto universitario 2010 (ley 26.546) que benefició particularmente a algunas casas de altos estudios.
Podemos mencionar y a modo de ejemplo, el contraste entre un conjunto de universidades desfavorecidas por el presupuesto, con otras que son beneficiadas. Entre las primeras, se puede mencionar a la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la de Lanús (UNLa). Entre las beneficiadas que vamos a mencionar están la Universidad Nacional de Litoral (UNL) y la de Salta (UNSa). La Universidad Nacional de Lanus nació en el año 1996 y esta ubicada en un conglomerado urbano con la abultada cifra de 8.684.437 habitantes[1]. La UNLa tiene 8.316 alumnos[2] y dispone de la tasa de crecimiento más alta de las universidades argentinas y llega al índice del 10,08 % en el periodo 2002-06. La relación entre presupuesto y matrícula deja como resultado una inversión aproximada de $ 6.488 por alumno al año[3]. La UNLa tiene en su planta 222 docentes. La relación entre la matrícula y la cantidad de cargos docentes es de 1 docente cada 37alumnos. La Universidad Nacional de Quilmes fue creada en el año 1989 y se encuentra radicada en el ampuloso conurbano bonaerense. Cuenta con un presupuesto de $ 70.363.659 y con una matrícula de 10.794 alumnos. La relación entre presupuesto y alumnos nos da como resultado una inversión de $6.518 pesos. Su personal docente al año 2006 es de 191 miembros lo cual representa 1 docente cada 56 alumnos.
Por otro lado, están las universidades favorecidas por el radicalismo y los grupos minoritarios que enfrentan al proyecto nacional. La Universidad Nacional del Litoral fue creada en el año 1919 y su sede central se ubica en la ciudad de Santa Fe que tiene 369.589 habitantes y cuya provincia alcanza a más de tres millones de personas. La matricula de la UNL al año 2006 asciende a 35.265 alumnos y tiene un crecimiento considerable del 5,3 % interanual. Su presupuesto para el año 2010 es de $ 285.822.413. Esto deja como saldo una inversión por alumno de aproximadamente de $ 8.104. La UNL tiene en su planta 4.753 cargos docentes lo cual da como resultado la existencia aproximada de 1 docente cada 7,41 alumnos. La Universidad Nacional de Salta es parte de una provincia que se compone de aproximadamente 1 millón de habitantes. La UNSa tiene 21.596 alumnos con un bajo crecimiento que ronda el 0,5 % interanual. Su presupuesto para el año 2010 es de 172.482.913 pesos lo cual deja como saldo la inversión de $ 7.986 por alumno. La UNSa tiene en su planta 2.147 cargos y eso implica la existencia de un docente cada 10 alumnos.
Resumiendo: pese a que la UNLa y la UNQ se encuentran en la región más poblada del país y con grandes problemas sociales, el presupuesto es menor que en las universidades del Litoral y de Salta. Por ejemplo, el gasto por alumno es aproximadamente un 20% menor en la UNLa y en la UNQ en relación a la Universidad de Litoral. Asimismo, la relación entre docente y alumnos es 9 veces superior en la UNLa y 13 veces en la UNQ tomando como referencia la Universidad de Salta.
Otro caso atípico en la distribución presupuestaria de las universidades argentinas es el caso de la Universidad Nacional de San Juan creada en el año 1973. La universidad se inscribe en una provincia cuya población es de 620.023 habitantes. La universidad tiene 20.598 alumnos y una tasa promedio de crecimiento del escaso 0,1%. Su presupuesto para el año 2.010 es la abultada cifra de $ 319.568.299. Eso quiere decir que la inversión por alumno para el año 2010 será de $ 15.514 para la Universidad San Juan y por tomar un ejemplo comparativo, de $ 6.488 para la UNLa. En el año 2006 la cantidad de cargos docentes de la Universidad de San Juan alcanza los 4.869. Haciendo otra analogía, podemos observar que la UNQ dispone de 191 cargos, o sea, que hay 1 docente cada 4 alumnos en San Juan y 1 docente cada 56 alumnos en la UNQ.

Frente a éste panorama la cartera educativa ligada a las universidades desarrolla un prudente silencio. Esto nos deja pensar que el radicalismo a través de la SPU, de Julio Cobos o sus legisladores maneja los hilos de la estratégica política educativa en beneficio propio y en desmedro de aquellas universidades ligadas y comprometidas al Proyecto Nacional.

[1] Los datos mencionados son del INDEC - Censo 2001.
[2] Todos los datos de las universidades son extraídos de la Secretaria de Políticas Universitarias. Anuario 2006.
[3] La tasa de crecimiento de la matrícula 2002- 06 supone actualmente que existen un mayor número de alumnos.

¿Reformismo o peronismo en la ciencia y la tecnología argentina?

Aritz Recalde - junio 2010

Actualmente en el sistema científico y técnico argentino, coexisten dos grandes concepciones acerca de las diferentes maneras de organizar y de planificar sus actividades[1]. Estas dos corrientes políticas y culturales que definen los rasgos centrales de nuestro sistema científico son el reformismo y el peronismo. El MODELO REFORMISTA se relaciona al gobierno de Hipólito Yrigoyen y se centra en la promoción de la autonomía universitaria y en privilegiar el desenvolvimiento de las disciplinas humanas y sociales. Fue una concepción cultural de raíz vanguardista que se vinculó al contexto del país agroexportador y de servicios de principios del siglo xx. Dicha noción supone que la ciencia se desarrolla plenamente si se separa del Estado y de la democracia de masas privilegiando las decisiones internas del cogobierno universitario o de los ámbitos propios de la actividad de los científicos. Dicha definición y más allá de sus justificaciones filosóficas o sus modelos teóricos, implica que los recursos humanos y de investigación queden estrechamente ligados al interés individual de los profesionales y los académicos y que no se vinculen a la planificación de las políticas del Estado. La ciencia se torna en su comportamiento “anarquista” y favorece que cada investigador se desenvuelva en su acción de manera inorgánica e individualista. Los hombres de ciencia en la tradición reformista no inscriben su práctica en el desarrollo nacional, sino que elaboran sus acciones atendiendo solamente sus inquietudes personales o académicas propias de su pequeño espacio de acción: el docente, investigador o poseedor de beca se cree dueño de los recursos públicos. Las concepciones reformistas en la actualidad son un reflejo de nuestra dependencia social, económica y política. El subdesarrollo del país le imprime a la comunidad científica el síndrome anarquista, que no es no más ni menos, que una de las manifestaciones del sentimiento de inferioridad de nuestros intelectuales sumergidos en debates banales e intrascendentes sobre el devenir de cualquier lugar del mundo, menos de la Argentina. La dependencia económica política del país enajena al intelectual y le marca un horizonte sumamente estrecho que se expresa en tareas intrascendentes sin aplicación histórica. El MODELO PERONISTA de ciencia y técnica se vincula al nacimiento y al impulso en el país de la planificación científica estatal de carácter integral y a la promoción de la innovación tecnológica cuya finalidad es industrializar la argentina. Esta concepción establece que no hay posibilidad de desarrollo científico pleno e independiente en el país sin consolidar previamente la industrialización y la inserción de los sectores populares a la planificación de las políticas públicas. La ciencia y la innovación se organizan desde el Estado y el sector privado en función de los intereses nacionales y no viceversa como en la concepción reformista. El peronismo científico es la política que busca resolver el problema de la dependencia: planificar la ciencia con la finalidad de consolidar el desarrollo integral del país. El peronismo profundizó el desarrollo científico en áreas de importancia estratégica nacional como eran la producción de automotores, de aviones, de maquinaria agrícola, de energía atómica, petróleo, derecho, geopolítica, salud o comunicaciones. Dicha tarea implicó la formulación de Planes Nacionales de Desarrollo integral y sustentable (Quinquenales) y la organización y/o promoción de instrumentos institucionales como fueron el Consejo Nacional de Posguerra, el Ministerio de Educación, la Universidad Obrera, los consejos económicos sociales, las escuelas técnicas, las Academias Culturales, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) o de Fabricaciones Militares. El modelo de desarrollo nacional implicó cambios radicales en la composición y en el funcionamiento de las instituciones educativas y científicas en relación a la tradición reformista: la educación y la ciencia en el modelo peronista fueron masivas y planificadas desde el Estado -dentro y fuera de las universidades-. La educación científica se tornó popular con la gratuidad universitaria (1949), con la construcción de obras de infraestructura, la multiplicación de institutos privados y públicos de innovación o con la aparición de los centros de investigaciones antecedentes del actual CONICET. El Estado promocionó carreras y líneas de investigación estratégicas del estilo de Ingeniería en Petróleo o en industrias o las ya mencionadas en energía atómica o salud. La aplicación de las dedicaciones exclusivas permitió que las universidades investiguen además de impartir docencia. No fue casualidad que el primer peronismo dispuso de las acciones de científicos e intelectuales prominentes como Ramón Carrillo (medicina), Manuel Savio (siderurgia, química y fabricaciones militares), Leopoldo Marechal (arte) Arturo Enrique Sampay (derecho), Raúl Mende (planificación), Arturo Jauretche (ensayista político) o Carlos Astrada (filosofía). Para estos intelectuales la conciencia nacional era el punto de partida para desarrollar la actividad científica y tecnológica.
Ambas corrientes ideológicas y políticas están vigentes en la actualidad y sostenemos a modo de hipótesis, que el reformismo tradicional corre el peligro de tornarse una concepción regresiva para el desarrollo nacional. Dentro del REFORMISMO no se producen debates demasiado profundos sobre un modelo científico nacional. El reformismo izquierdista ve en la universidad y en la estructura científica un medio para extraer militantes y no un instrumento para desarrollar la nación. El argumento sería que “la ciencia se va a poner al servicio del país cuando estemos en revolución socialista, mientras tanto no se discute la desconexión del conocimiento con el medio social y productivo”. No existe en la historia argentina un programa científico y técnico de izquierda reformista tradicional[2] y por el contrario, se proclama un universalismo abstracto caracterizado por unos debates que no por acalorados, dejan de ser menos intrascendentes. Su denuncia al burgués imposibilita la articulación posible entre la producción y la ciencia. La radicalidad del discurso esconde su práctica que es claramente conservadora. El liberalismo reformista está abocado a ser una subsidiaria de las metrópolis y se preocupa por respetar el país agrario y de servicios al cual no le hace falta un sistema científico técnico desarrollado. El país es el “campo” y lo administran la oligarquía, las cerealeras trasnacionales, los abogados y los economistas: la innovación científica se importa desde las metrópolis. En la actualidad el PERONISMO sigue siendo el sector más dinámico para la organización científica y técnica, ya que propone industrializar el país e implementar a partir de aquí, una acción intelectual y de innovación tecnológica integral. En la política científica iniciada en el año 2003 coexisten ambas tradiciones y es innegable, que en varias universidades y en organismos como el CONICET, siguen predominando prácticas caracterizadas por su desconexión con el modelo nacional de desarrollo. El peronismo científico está siendo aplicado desde algunas casas de altos estudios pero y principalmente, lo hace desde posprogramas del Estado. Lo ejecuta y por ejemplo, a partir de la puesta en realización de los programas de infraestructura más importantes de las últimas décadas y que incluye 100 obras universitarias terminadas o la construcción de una nueva sede para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El gobierno y retomando el modelo peronista de ciencia y técnica, está promoviendo carreras prioritarias (ingeniería, agronomía o informática) y un sistema de becas orientados a las carreras socialmente relevantes para el país. La acción estatal está promoviendo y financiando la innovación de nivel internacional de instituciones como la CNEA, el INVAP o Fabricaciones Militares. La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la ampliación de los proyectos científicos ejecutados y el financiamiento de las carreras a cientos de estudiantes de posgrado, es un dato importante para el futuro de la organización y la planificación estatal de la ciencia y la innovación tecnológica. La promoción de las escuelas técnicas, el aumento del financiamiento educativo o la entrega de miles de computadoras, complementan un programa cultural y científico estratégico que si se perfecciona y se mantiene en el tiempo, va a oficiar como un pilar fundamental de la nueva Argentina industrialista.

Citas
[1] Estas dos tendencias y tomando distancia de los estudios “académicos” en educación superior, no dividen al campo intelectual entre los supuestos promotores de los modelos “humboltianos o napoleonicos”. La forma en que se construye la historia de la ciencia y de la educación argentina es una de las manifestaciones de nuestra dependencia cultural: queremos encorsetar nuestras prácticas a los sucesos europeos desconociendo los procesos nacionales. Ni la ciencia, ni la política argentina son asimilables linealmente a los modelos de Alemania o a Francia. Es un absurdo frecuente el que aplican los intelectuales cuando quieren interpretar la autonomía universitaria citando a la universidad de Bolonia y no al contexto del gobierno de Hipólito Hirigoyen o a la historia de la legislación hispánica fundacional. Otro tipo de error frecuente es el hecho de mencionar a la UBA liberal y dependiente de 1821, como institución “napoleonica”: Napoleón era un emperador que puso la ciencia al servicio de un imperio y por el contrario, b. Rivadavia fue un dirigente liberal que dispuso del conocimiento al servio de los intereses coloniales. La ciencia del primero acompaño la construcción de un imperio y la producción de la UBA contribuyó a la balcanización del continente y a la implementación del programa aperturista y anti industrialista británico. El mismo inconveniente de interpretación se planteó con la Comisión Nacional de Energía Atómica o con el impulso de la producción de maquinaria agrícola o de aviones con Fabricaciones Militares durante Perón: algunos lo interpretaron como nazismo y otros como bonapartismo. Los modelos científicos y culturales reformista y peronista son en gran medida, originales de nuestro país y fueron exportados a America Latina. Esta condición no niega que estos retoman modelos del extranjero: pero los modifican y ajustan a la situación nacional creando modelos nuevos y originales.

[2] Los planteos de Oscar Varsavsky, Amílcar Herrera o de Fernando Nadra a la hora de proponer un modelo científico para el país, lo hacen a partir de ajustar los aportes del reformismo de izquierda al proyecto nacional y no viceversa.

Universidad y violencia política: un debate pendiente.

Aritz Recalde - mayo 2010

La historia de la relación entre la universidad y la violencia política en el país es compleja y contradictoria. Lo mismo se puede decir de los vínculos existentes entre el movimiento estudiantil y la violación del orden institucional. El caso más paradigmático de las tensiones existentes entre ellos lo expresó el comportamiento de la juventud reformista (FUA o FUBA) que apoyó los golpes militares de 1930 o de 1955. Lo contradictorio del tema y entre otras cuestiones, es que el golpe del año 1930 implicó la destitución violenta del líder popular radical que fuera impulsor de la reforma de 1918: Hipólito Yrigoyen. Un caso similar ocurrió en el año 1955 cuando las federaciones estudiantiles por intermedio de la juventud socialista y radical apoyaron el terrorismo de Estado y la imposición de un régimen de fuerza asentado en la violencia. Dicha actitud implicó la derogación de la ley universitaria 14.297 de 1954 y la expulsión ilegal de la universidad de todos los docentes y profesionales que obtuvieron sus cargos en la democracia. La juventud universitaria reformista aprobó o en otros casos implementó una preocupante omisión, a la agravante situación política de los años 1955 a 1973 y que se caracterizó por las proscripciones y la violencia ejercida por el Estado y las corporaciones sobre las mayorías populares y el orden constitucional. El gobierno popular de 1973 intentó recuperar la legalidad institucional y reincorporó a los cesanteados políticos expulsados de la universidad luego de 1955 y sancionó una ley universitaria por intermedio del congreso democrático (20.654 de 1974). La muerte de Perón y el terror generado dentro de su propio partido por agrupaciones como las AAA o CNU, retrotrajeron la violencia dentro de la universidad. El golpe del año 1976 retomó los asaltos a la democracia profundizando y exacerbando las modalidades golpistas de 1955, de 1962 y de 1966. Frente a la asonada militar dirigentes radicales, demoprogresistas y del mismo peronismo, actuaron en complicidad con el terrorismo de Estado. La experiencia universitaria durante 1976 fue la de una brutal represión sobre el estudiantado y el profesorado. En este marco y de manera similar al año 1955, la FUA siguió actuando y eligiendo a sus autoridades, que no por casualidad para la época, fueron de la agrupación Franja Morada (UCR): Federico Storani (1974-77), Marcelo Marcó (1978-80) y Roberto Vázquez (1980-83). La UCR manejó gran parte de las universidades y tomó las decisiones de la cartera educativa nacional al regreso de la democracia. Sin desconocer la importancia de muchas de las medidas democratizadoras tomadas, el radicalismo no retomó la ley 20.654 y no reincorporó a todos los cesanteados políticos luego de 1976.Frente a dicha compleja realidad, la historia de la universidad y del movimiento estudiantil se debe una profunda autocrítica para no repetir los errores. Luego de las asonadas militares, quedaron inconclusos los planes y los programas educativos de los gobiernos populares y ello hoy se refleja en las dificultades de los universitarios para proponer un proyecto de ciencia y tecnología que acompañe el desarrollo nacional.

Obra y legado de Juan Manuel de Rosas en el Bicentenario

Aritz Recalde - CEHA
Abril de 2010

Rosas y su contexto histórico.
Rosas y el frente político interno. El contexto de asunción de los dos gobiernos de Rosas está estrechamente ligado a los conflictos políticos internos entre unitarios y federales: ocupó el primer gobierno en el año 1829 luego del asesinato de Manuel Dorrego y en el año 1835 lo hizo tras la ejecución de Facundo Quiroga. La acción disgregadora y violenta de los unitarios, que no por casualidad fueron tildados de “salvajes unitarios”, operó como un fuerte escollo para la unidad e integración nacional. A dicho conflicto, se le sumó la existencia de divisiones en el frente político federal entre figuras disimiles como eran Estanislao López en Santa Fe, Juan B. Bustos en Córdoba, Gervasio Artigas en la Banda Oriental o Manuel Dorrego[1]. El gobierno de Bernardino Rivadavia (1826-27) exacerbó el enfrentamiento interno del país a partir de sus iniciativas de crear un Banco privado (Banco Nacional), de contraer empréstitos onerosos con Inglaterra, de hacer negocios mineros con la Mining en La Rioja, de promover la Constitución unitaria de 1826 o permitiendo que Uruguay se separe del país pese al triunfo militar argentino. La gestión unitaria colocó en pie de guerra a las provincias frente a Buenos Aires poniendo en peligro la unidad territorial. Otro conflicto que enfrentó Rosas fue la compleja relación existente entre los pueblos originarios y la forma de vida de los criollos americanos. La economía. Las guerras de la independencia y el libre cambio comercial inaugurado en 1809 y ratificado en 1811 y 1813 (Primer Triunvirato) deterioraron la estructura productiva del país. Los costos humanos y económicos de la independencia implicaban la necesidad de aunar voluntades para reconstruir el continente. Por el contrario, los proyectos unitarios se abocaron a profundizar los conflictos políticos internos, priorizando sus intereses de clase sobre los del país. Estas acciones incluyeron la negativa de Buenos Aires de financiar a San Martin en la guerra contra los realistas del Perú o la acción del Banco rivadaviano que no apoyó a Dorrego en la guerra contra el Brasil. Asimismo, el librecambio impulsado por los unitarios fue un medio de destrucción de las economías artesanales del interior del país. Rosas y el frente político externo. Rosas asumió su primer gobierno en el marco de una profunda crisis política del continente. El resultado de las guerras de la independencia y de la gestión del gobierno de Rivadavia, fueron perjudiciales para el funcionamiento del país y la región. El antiguo Virreinato del Rio de La Plata creado en el año 1776 para detener el avance portugués, se fragmentó y lejos de contener la acción del imperio lusitano, se encontraba debilitado frente a sus operaciones en la cuenca del Plata. La guerra con Brasil del año 1827 ocasionada por la ocupación del Uruguay o la participación lusitana y británica en la Batalla de Caseros de 1852, son elementos fundamentales a tener en cuenta para comprender el proceso rosista. Del antiguo Virreinato se produjeron las escisiones del Paraguay, del Alto Perú, el Uruguay y de las Provincias Unidas. Asimismo, Rosas debió enfrentar una guerra contra el mariscal Santa Cruz de la confederación peru – boliviana, que intentó apoderarse los territorios de Jujuy y de Salta. A dicha complejidad, se le sumó la acción de los imperialismos Europeos que en la misma época ocuparon territorios en Asia y África y los mantuvieron hasta entrado el siglo XX[2].
Rosas y sus acciones de gobierno.
Rosas y el frente político interno. La primer tarea que desarrolló Rosas fue la de promover la unidad de los federales. Lo rubricó con la firma del Pacto Federal de 1831[3] entre Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, a la cual se sumo Corrientes y el conjunto de las provincias argentinas. Unificado el frente político, Rosas y los federales enfrentaron y derrotaron militarmente a los Unitarios expresados en José María Paz. Estas acciones oficiaron como un elemento de unidad nacional y permitieron la reconciliación entre Buenos Aires, el litoral y el interior. A partir de aquí, Rosas inició una acción política con los pueblos originarios que se caracterizó por la negociación y el enfrentamiento[4]. La primera modalidad implicó el reconocimiento de las comunidades, su integración a las tareas de las estancias, la entrega de bienes materiales –cabezas de ganado, etc.- o la vacunación de sus miembros. Con otro grupo de indígenas ligados al tráfico comercial con Chile, desarrolló una tarea de hostigamiento y persecución (campañas de 1833). Para alcanzar su finalidad Rosas motorizó a los sectores populares, cuestión que le valió duras imputaciones de Alberdi que lo acusó críticamente en la obra Derecho Publico Provincial Argentino de aplicar el sufragio universal y de apoyarse en el “populacho”. La economía. En su primer gobierno (1829-32) Rosas no innovó demasiado. Es a partir del año 1835 con la sanción de la Ley de Aduanas, cuando Rosas inició una nueva etapa en la política del país caracterizada por proteger y promover la industria artesanal y la estancia capitalista. Asimismo, Rosas incautó el Banco Nacional de Rivadavia y creo la Casa de la Moneda que dio credibilidad a nuestro patrón monetario. Cancelo la hipoteca de nuestro suelo realizada por Rivadavia e intentó cobrar el canon de enfiteusis, lo cual lo enfrentó a los grandes terratenientes (“Libres del Sur”). Derrotados los latifundistas Rosas desarrolló una política de entrega de tierras a colonos y a militares que fueron apoyados con créditos de la Casa de la moneda. En el año 1837 prohibió la salida de oro y plata para frenar su fuga al extranjero y el defalco del país. La aplicación de la Ley de Aduanas se vio obstruida en parte por las agresiones imperialistas inglesas y francesas. Rosas y el frente político externo. Una vez que Rosas consiguió la unidad de los federales y de las provincias, inició las acciones para organizar el Sistema Americano que consistió en reunir en un régimen federal al antiguo Virreinato. En este marco, se enfrentó y derrotó al imperialismo francés que protagonizó el bloqueo de 1838 y al anglo francés de 1845. La acción antiimperialista de Rosas fue reconocida por José de San Martín que se ofreció a combatir a Inglaterra y a Francia y le entregó su sable utilizado en la Independencia de Chile, Argentina y Perú a modo de reconocimiento[5]. El paso siguiente era vencer al imperio portugués y por eso se le declaró la guerra en 1851. Con estas y otras finalidades, mantuvo el control de la Aduana desde Buenos Aires, cuestión que lo enfrentó a otras provincias. Las acciones ideológicas[6], comerciales y políticas de los unitarios, la derrota de Oribe en Uruguay, el imperialismo británico y los errores y traiciones políticas de Urquiza y el Ejercito Grande, le impidieron culminar su obra que se vio interrumpida en la batalla de Caseros. Lo que vino después es conocido por todos: los países del Virreinato separados[7] y sumergidos en el subdesarrollo y la violencia en las batallas de Pavón, en la Guerra de la Triple Alianza y en las políticas de la presidencia de Bartolomé Mitre.

Batallar por la unidad nacional y la del continente, promover la lucha anti imperialista por todos los medios y defender nuestras industrias movilizando a los pueblos, es parte del legado de Juan Manuel de Rosas en el bicentenario.

[1] No fue fácil ni lineal la relación entre los dirigentes políticos federales que Rosas reunió para organizar el país. Por ejemplo, Bustos desde el Ejército del Norte se enfrentó a López y éste último había combatido contra Artigas luego del Tratado de Pilar.
[2] Las potencias expandieron sus territorios coloniales en paralelo a su agresión al continente americano y a Rosas. Francia y por citar un caso, ocupó Argelia desde 1830 e Inglaterra tomó posesiones en Egipto (1882) o en China tras la Guerra del Opio de 1839 obteniendo el libre comercio con ese país y la posesión Hong Kong. El protectorado sobre la India ejercido por los británicos se expandió considerablemente en la misma época que se agredía a Rosas. La diferencia sustancial entre estos y los otros casos, es que Rosas y la Confederación derrotaron al imperialismo.
[3] Uno de los puntos del acuerdo rubricados en el Pacto era la futura organización de una asamblea para sancionar una Constitución. En la opinión de Rosas que se puede rastrear en la Carta a Facundo Quiroga de la Hacienda de Figueroa de 1834, la Constitución debía ser el fin de un proceso de acuerdos mínimos para la organización nacional y nunca su inverso. Si no se garantizaba el orden interno y externo del país y si no se acordaba previamente su forma de gobierno, el texto caería en desgracia. Esta y otras causas, demoraron la sanción del texto constitucional hasta 1853. El documento sancionado en 1853 fue redactado en gran parte por Juan B. Alberdi en base a copiar otros marcos normativos (principalmente en modelo de Filadelfia en EUA). Tal cual lo adelantó Rosas, dicho texto no era una política en si mismo y no fue reconocido por Buenos Aires que sancionó su Constitución centralista en 1854 separándose de la Confederación. Asimismo, la Constitución de 1853 rubricó la dependencia al extranjero y el sistema agroexportador liberal del país. Tal fue la suerte de las leyes sancionadas por los abogados liberales.
[4] La relación entre los criollos y su sistema de vida y producción con los proyectos indígenas fue complejo. La política colonial española había establecido la ocupación durante siglos y habitaban America en la época de Rosas diversas razas. Frente a dicha realidad, existieron distintas propuestas de articulación. Los unitarios ejecutaron el exterminio del indio como método. Rosas promovió la negociación y la integración al mundo de la estancia de los pueblos originarios. La posibilidad de que Rosas revertiera la ocupación devolviendo los territorios al indígena y migrando al europeo, no era una posibilidad aplicable. Es interesante observar que dirigentes populares como José Hernández mantuvieron reparos y prejuicios sobre el indígena y ellos se pueden leer en el Martín Fierro. Esta cultura de época debe ser atendida para comprender las posibilidades, límites y alcances del modelo propuesto por Rosas.
[5] Rosas legó en testamento el sable al Mariscal paraguayo Francisco Solano López, al cual le reconoció su lucha patriótica en la Guerra de la Triple Alianza contra los mismos enemigos que tuviera Juan Manuel.
[6] Uruguay y Chile oficiaron durante Rosas como un lugar de encuentro y de trabajo de los intelectuales al servicio del imperialismo que promovieron el bloqueo francés y británico contra el país. Posteriormente, apoyaron la intervención brasilera en Caseros que incluyó el ingreso militar de sus tropas a Buenos Aires. Domingo F. Sarmiento, Bartolomé Mitre o Juan B. Alberdi, formaron parte de la tarea. Pedro de Angelis y el Archivo Americano desarrollaron acciones periodistas para detener la acción cultural de los intelectuales cipayos.
[7] Luego de la Batalla de Caseros Justo J. de Urquiza reconoció la independencia de Paraguay y promovió la libre navegación de los ríos y el libre comercio con Europa.

HERNÁNDEZ ARREGUI Y LA SOCIOLOGÍA ARGENTINA

Aritz Recalde, marzo 2010.DDescargalo completo presionando aquí.

Juan José Hernández Arregui: un olvidado de la sociología argentina

Juan José Hernández Arregui[1] (1912 – 1974) desarrolló un aporte sustancial al estudio de la sociología del país y en varios aspectos, cuestión que le otorga una inmensa actualidad, superó el esquematismo de las corrientes de pensamiento hegemónicas en los ámbitos académicos. Pese a sufrir la destitución violenta de sus cátedras por intermedio del golpe militar de 1955, de ser parte de un ocultamiento ejercido por el aparato de la prensa y las instituciones oficiales de la cultura, no le impidieron ser uno los intelectuales argentinos con mayor impronta en los debates de los ambientes juveniles y políticos de los sesenta y setenta. Sus obras principales Imperialismo y Cultura[2] (1957), La Formación de la Conciencia Nacional[3] (1960), ¿Qué es el Ser Nacional?[4] (1963), Nacionalismo y Liberación[5] (1969) y Peronismo y Socialismo[6] (1972), fueron leídas y estudiadas masivamente hasta el año 1976.
La sociología de Hernández Arregui implicó una puesta en cuestión de los cruces entre la ciencia, el campo intelectual y la política argentina. Su fuerte compromiso político con el radicalismo yrigoyenista[7] primero y con el peronismo después, lo distanciaron de las agendas de discusión y de las conductas tradicionales de los miembros de las universidades, afines a la corrientes de pensamiento liberal, desarrollistas o de izquierda europeísta. La relación estrecha entre política y universidad[8] existió siempre, pese a que se lo niegue en nombre de la autonomía académica o la neutralidad científica. Lo que no es habitual, y que caracterizó la experiencia de Hernández Arregui, es el cruce entre el desarrollo científico y su apoyo dado a los gobiernos de contenido nacionalista y popular.
[1] En el Anexo I se presenta una breve biografía del autor.
[2] Juan José Hernández Arregui (1957), Imperialismo y Cultura, Ed. Amerindia, Buenos Aires.
[3] Juan José Hernández Arregui (2004), La Formación de la Conciencia nacional, Ed. Peña Lillo, Buenos Aires.
[4] Juan José Hernández Arregui (2002), ¿Qué es el Ser nacional? Ed. Catálogos, Buenos Aires.
[5] Juan José Hernández Arregui (2004), Nacionalismo y Liberación, Ed. Peña Lillo, Buenos Aires.
[6] Juan José Hernández Arregui (1972), Peronismo y Socialismo, Ed. Hachea, Buenos Aires.
[7] Arregui se vinculó a la UCR y ante el asenso del peronismo se distanció del partido. Norberto Galasso se refiere a su salida del radicalismo de la siguiente manera: “el 10 de febrero de 1947 dirige una carta al presidente del Comité de la provincia, Dr. Arturo H. Illia, donde se desvincula del radicalismo. (…) se considera ya ligado estrechamente al movimiento que acaudilla Perón, pero sin embargo, no milita en el peronismo cordobés”. Norberto Galasso (1986). Juan José Hernández Arregui, del peronismo al socialismo. Ed. Del Pensamiento Nacional, Buenos Aires. Pp. 45-47.
[8] Por ejemplo, el liberalismo porteño unitario que fue enemigo de figuras como José San Martín y los caudillos federales y de la mano de Bernardino Rivadavia, impulsó la apertura de la Universidad de Buenos Aires (1821). Joaquín V. González que promovió la nacionalización de la UNLP en 1905 y llegó un año después a su presidencia, fue ministro y hombre político de los gobiernos de Julio Roca y de Manuel Quintana. Ambas instituciones y sin negar sus particularidades propias, tuvieron en común una intencionalidad política y fueron instrumentos de formación de las elites de la oligarquía y el status quo liberal.

Descargalo completo presionando aquí

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO NOMBRAMOS LA INSEGURIDAD?

CUADERNOS DE TRABAJO DEL CENTRO DE ESTUDIOS HERNÁNDEZ ARREGUI
CUADERNO N° 5

Aritz Recalde – enero 2010

Uno de los temas con mayor agenda en el debate político y mediático actual es el de la denominada inseguridad. Tal como lo señala su nombre, se trataría de un estado de ánimo y de una percepción que tienen los individuos sobre la potencial pérdida de seguridad o el inminente y constante riesgo al cual estaríamos sometidos. Atendiendo a la periodicidad de hechos delictivos en relación al total de los argentinos, es innegable que la inseguridad como fenómeno nacional es ante todo un estado de ánimo o una sensación que no se relaciona necesariamente a un suceso concreto o a un delito específico. Asimismo, es bueno reconocer que la opinión pública o los estados de ánimo colectivos se vinculan a las instituciones de formación de la cultura y en particular, a la televisión y a los medios concentrados. Dicha mención no es un dato menor ya que en este y otros casos, una problemática típica de los grandes núcleos urbanos y en especial del Conurbano Bonaerense y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es exportada y presentada como agenda federal. Cuando planteamos la influencia de la prensa en la formación de la opinión pública, debemos reconocer la importancia que tienen las agendas mediáticas de alcance regional y trasnacional -particularmente la norteamericana- que construyen y difunden modelos de inseguridad, de criminalidad y de acción estatal para el conjunto de América latina.
En el presente artículo no nos proponemos la realización de un estudio de la prensa, pero consideramos importante discutir el tema a la luz de las opiniones y construcciones por ella realizadas y en particular, atendiendo a la existencia de fuertes intereses del sistema de medios puestos en la política y la economía del país y de la región. La prensa en tanto actor político, establece agendas y presiona para la formulación de políticas en dichas áreas. En este sentido, interesarán ciertas opiniones vertidas sobre el tema por dirigentes políticos y periodistas y no solamente aquellas vinculadas a especialistas o teóricos. Nuestro objetivo es realizar un breve comentario en torno al debate actual de la inseguridad incluyendo una mirada que de cuenta de algunos aspectos que son escasamente referenciados en las agendas. En esta línea, consideramos que la discusión sobre el problema de la inseguridad debería partir de un acuerdo mínimo sobre cinco variables elementales:
1- El tipo de legislación pertinente;
2- El funcionamiento del Sistema de Justicia;
3- El debate sobre la organización de los lugares de encierro tales como cárceles e Institutos de Menores;
4- El modelo de Policía y de Fuerzas de Seguridad;
5- El tipo de prevención social y de acciones sobre el universo de la marginalidad.

Estas cinco variables generalmente no son tratadas o lo son de manera inconexa. Nosotros las trabajaremos, presentando dos Modelos conceptuales sobre el tratamiento del tema de la inseguridad. Posteriormente, realizaremos un sucinto análisis de un conjunto de datos estadísticos que nos permitirán poner en debate el alcance y la pertinencia de ambos Modelos. El Cuaderno culmina con la recapitulación de los alcances y los límites que en nuestra opinión tienen ambos puntos de vista.

Descargalo aquí