Aritz Recalde[1],
octubre 2018
“Se
insistirá en que las políticas públicas fijen como objetivo fundamental de la
gestión económico social del Estado la creciente participación de sectores
asalariados y jubilados en el ingreso nacional. Se deberá volver al concepto de
retribución digna y al salario mínimo vital móvil actualizado con participación
de representantes de los trabajadores”. Centro
de Estudios para la Renovación Justicialista
Buena
parte de las Políticas de Estado implementadas por Antonio Cafiero desde el año
1987, fueron formuladas previamente en el Centro
de Estudios para la Renovación Justicialista (CEPARJ). En “Bases para el Plan Trienal Justicialista”,
los técnicos del CEPARJ se habían puesto como meta consolidar una “política de pleno empleo” y con esa
finalidad iban a impulsar “programas de
promoción industrial, de activación de obra pública y de reconversión”. El
ambicioso programa tenía como fin la “revolución
productiva”, dando prioridad a la puesta en marcha de planes industriales,
la asistencia a establecimientos productivos pequeños y medianos, el fomento a
la investigación tecnológica y la apertura de planes crediticios en áreas
prioritarias.
Según
datos del documento “Bases para el Plan
Trienal Justicialista”, el nuevo gobernador bonaerense tendría que
enfrentar el problema de que el 20% de los hogares de la provincia eran pobres
y esa cifra era aún más alta en el Gran Buenos Aires. Tres millones de
habitantes vivían en “condiciones
críticas”, dos millones dependían del cuentapropismo y alrededor del 40% de
los menores de 24 meses eran pobres.
Cafiero
administró el Estado bonaerense en un crítico contexto económico y político y el
mandatario no exageró cuando mencionó que “goberné
la provincia durante cuatro años durísimos, en los que pasaron nada menos que
tres estallidos hiperinflacionarios, tres asonadas militares, un rebrote
subversivo, siete ministros de Economía Nacionales, doce planes de ajuste, una
traumática sucesión presidencial y los dramáticos saqueos del hambre”
(Cafiero 2011: 435).
El Instituto Provincial de Empleo (IPE)
Como
resultado de los programas neoliberales iniciados por la dictadura del año 1976,
la Provincia de Buenos Aires perdió 10.000 establecimiento fabriles y 85.000
puestos de trabajo (Síntesis Bonaerense 1988). En este contexto de crisis
social y productiva, Cafiero sostuvo taxativamente que “así como en el siglo pasado se decía que gobernar es poblar, en este
gobernar es crear trabajo”.
En
el mes de diciembre del año 1987 el mandatario lanzó el Instituto Provincial de Empleo, como un ente autárquico dependiente
del gobernador y designó en el cargo a Oscar Tangelson. En el acto de apertura
del Instituto, destacó que el organismo tenía como meta “reinstalar entre los argentinos la cultura del trabajo”, abordando el
drama de los 650.000 subocupados y desocupados que tenia la Provincia. Cafiero
remarcó que en su gestión el trabajo “volverá
a ser un derecho para todos” y un “aporte
solidario y responsable a la comunidad y un pasaporte a la dignificación
individual y social”.
El
IPE publicó la serie de Cuadernos del
“Gobierno del pueblo de la Provincia de
Buenos Aires”. En el Cuaderno N° 3 de abril de 1988, se destacó como
prioridad de política pública la voluntad de erradicar la “Cultura de Especulación”, que promovió “el lucro fácil y la rentabilidad improductiva” y que “desalentó la apuesta a la inversión y el
empleo”.
El Instituto
tenía potestades para concertar y coordinar acciones con otros organismos de
gobierno y trabajó activamente con las áreas de investigación, de capacitación,
de planeamiento y de promoción de empleo local, provincial y nacional. El
organismo centró su labor en cuatro ejes de intervención:
- descentralización
y fortalecimiento municipal;
- cultura
del trabajo y generación de empleo;
- planificación
participativa;
- rescate
de los principios de solidaridad y beneficios colectivos y formas asociativas
de producción.
El
IPE impulsó líneas de acción de “empleo de emergencia”, “proyectos asociativos
y micro unidades”, “empresas asociativas”, “apoyo a empresas en dificultad”,
“plan de obras y empleo por el protagonismo de la comunidad” o de “reactivación
y empleo en la cultura del trabajo”.
Una
gestión participativa
“Se
procurará la generalización de los mecanismos de participación en ámbitos
específicos como los vinculados a salarios, empleo, política de precios,
supervisión de la estadística oficial sobre aspectos sociolaborales, gestión de
empresas provinciales, progresiva incorporación por vía convencional del
régimen de cogestión”. Centro de
Estudios para la Renovación Justicialista
En
línea con los principios de la Comunidad
Organizada del justicialismo, Oscar Tangelson remarcó que el IPE iba a
edificar una gestión estatal de manera participativa y en conjunto con las
representaciones sindicales, empresarias, con las universidades y con el resto
del sistema educativo.
Un
rasgo importante del IPE y del conjunto de la política pública de Cafiero, fue
el trabajo mancomunado con las municipalidades. El gobernador definió al
gobierno local como una “célula básica de
la administración provincial, será el nexo activo que debe convocar al primer
eslabón de toda organización social: los gestos solidarios de la acción
comunitaria”. Para reforzar las áreas comunales abocadas a temas laborales,
el Ministerio de Gobierno creó el Servicio Municipal de Empleo que trabajó
coordinadamente con el IPE y con los intendentes.
Los
gobiernos nacional, provincial y municipal iban a planificar las políticas de
empleo en un contexto internacional caracterizado por la “revolución tecnológica”[2]. Los desarrollos de la
robótica, la microelectrónica o la ingeniería genética, exigían readecuar el
perfil productivo y el Estado tenía una función indelegable en la “previsión en materia ocupacional”, “amortiguando racionalmente su gravitación
sobre el desempleo”.
Programa PRO-CASA
La
iniciativa dependió de la Subsecretaría
de Urbanismo y Vivienda y del IPE. El principal origen de los recursos fue el
Fondo Provincial de Vivienda (FOPROVI)[3].
PRO-CASA
tenía como meta organizar unidades productivas para construir viviendas,
capacitar a su personal y asesorarlas para alcanzar su sustentabilidad a lo
largo del tiempo.
La Provincia
firmó 110 Convenios con las municipalidades. Los jefes políticos comunales
conocían las demandas de los vecinos y sus capacidades y eran los encargados de
impulsar las unidades productivas “privilegiando
la formación de cooperativas o grupos de autogestión” de cada localidad.
Según datos del Anuario que publicó la Provincia en 1988, de los convenios PRO-CASA
suscriptos en el primer año de su ejecución, 56 eran de intendentes provenientes
del Partido Justicialista, 49 de la Unión Cívica Radical y 5 de otras fuerzas
políticas (Síntesis Bonaerense 1988).
El
IPE tenía como tarea central optimizar la mano de obra local en coordinación con
los Servicios de Empleo Municipales.
Asesoraba a las unidades productivas en aspectos de capacitación, de gestión empresarial
y de selección de proveedores, entre otros temas.
Registro de Pequeñas Unidades
Productivas (PUP)
El Registro
de PUP se creó con el Decreto 799/89 y tuvo como finalidad que las pequeñas
unidades productivas sean proveedoras del Estado. El Gobierno Provincial podría
elegir la oferta más conveniente y no meramente la de menor precio y de esa
manera el Estado “selecciona mejor, gasta
menos, compra mejor y genera empleo”.
Entre
los fundamentos del programa, se remarcó el hecho de que este tipo de empresas
y organizaciones tienen “escaso
requerimiento de capital y alto coeficiente de empleo” y ello suponía un impacto
directo en la vida de la familia bonaerense. Además, las pequeñas unidades reinvierten
su ganancia en la zona de radicación “generando
un efecto multiplicador”.
Los
municipios eran capacitados por el IPE y oficiaban como centros de admisión
para la inclusión en el Registro.
Como
complemento, el Banco de la Provincia creó una Gerencia de Crédito Social “para asistir financieramente a estos
pequeños grupos de pequeños productores, que no deben exceder el cupo de 20
personas” (Síntesis Bonaerense 1990).
Programa Intensivo de Trabajo (PIT)
El
PIT funcionó con recursos del Fondo
Nacional del Empleo del Ministerio de
Trabajo y Seguridad de La Nación. Tenía como meta realizar obras públicas y
sociales y reinsertar laboralmente a personas inscriptas[4] en el Registro Demandante de Empleo, de las municipalidades que
integraron la Red Provincial de Servicios
de Empleo.
Las
municipalidades y otros organismos adherentes garantizaban las herramientas, los
materiales de construcción y pagaban los seguros. El Fondo era el encargado de sufragar
los salarios.
El
Provincia firmó acuerdos con 108 municipalidades que integraron el PIT. Se
desarrollaron tareas de mantenimiento de la red vial, de infraestructura de
microempresas, de fabricación de elementos de construcción, de instalación de
agua y de reparación de edificios públicos y otros diversos emprendimientos de
forestación y desmalezado de zonas urbanas.
Programa No Me olvides
La
iniciativa se desarrolló con la intervención de tres áreas de la gobernación
que eran el IPE, la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Gobierno y el Servicio de Acción Solidaria Integral del Detenido.
No Me Olvides
tenía como finalidad reactivar “talleres
y fábricas paradas a través de cooperativas de trabajo formadas por liberados”.
Los grupos de de autogestión recibían capacitación por parte del Estado, que
los acompañaba en un “criterio de
adaptación que lo aleje del circuito perverso del delito”. Los ex detenidos
tenían una nueva oportunidad y el Estado garantizaba su readaptación terminando con la negativa cultura del “inmovilismo social”.
Contribuyendo
a las políticas de integración social, el IPE firmó un convenio con la Comisión de Investigaciones Científicas
(CIC) y con los Ministerios de Gobierno
y de Acción Social y lanzó el
Programa “Crecer Trabajando” que
incorporó a jóvenes de instituciones de menores (Síntesis Bonaerense 1988).
La hiperinflación de 1989 y el empleo
Para
paliar los efectos sociales de la hiperinflación, en el año 1990 Cafiero
impulsó el Programa de Emergencia de
Empleo y las municipalidades que firmaron Convenios con la Provincia
implementaron acciones de forestación, redes de cloacas y agua y recibieron “Becas
de Capacitación” para trabajadores desempleados. El Programa buscó el “aprovechamiento de proyectos existentes, la
intensidad en el uso de mano de obra y la implementación descentralizada a
cargo del municipio”. A poco de iniciarse, había 50 iniciativas que
generaron más de mil puestos de trabajo (Síntesis Bonaerense 1990).
Bibliografía citada
·
Bases
para el Plan Trienal Justicialista (S/F), CEPARJ, Buenos
Aires.
·
Cafiero Antonio (2001) Militancia sin tiempo, Planeta, Bs. As.
·
Cuadernos
del IPE N°1 (1988) “Gobernar
es crear trabajo”, febrero, Bs. As.
N° 2, “Revolución Tecnológica”, febrero,
Bs. As.
N°
3 “Políticas, programas, instrumentos”,
abril, Bs. As.
·
“Los
doscientos emprendimientos, obras y logros del Gobierno del Pueblo de la
Provincia de Buenos Aires, 1987-1991”, en Cafiero Renovador, Andrew McAdam (1996), Corregidor, Bs. As.
·
Programa
No me olvides (S/F) IPE – Subsecretaría de Justicia.
·
PRO-CASA
(S/F), Construir con Trabajo, IPE - Subsecretaría
de Urbanismo y Vivienda.
·
Registro de Pequeñas Unidades Productivas(S/F),
“Decreto 799/89”, IPE.
·
Síntesis Bonaerense N º 1 (1988) Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires.
[1]
El texto es parte del Proyecto de investigación de la UNLa "El peronismo bonaerense entre 1987 y 1999:
un estudio de la dinámica política e institucional de las gobernaciones de
Antonio Cafiero y de Eduardo Duhalde".
[2]
El Cuaderno del IPE N° 2 de febrero de 1988, se tituló “Revolución Tecnológica”
y publicó el texto de Oscar Tangelson “Los
cambios tecnológicos y la disminución del empleo”.
[3]
Cafiero denunció que el ente nacional para la construcción de viviendas
(FO.NA.VI) discriminaba a la provincia de Buenos Aires, que “teniendo el 32% del déficit habitacional del
país recibe el 14,5% de estas recursos” (Síntesis Bonaerense 1990).
[4]
En el mes de noviembre del año 1991 se sancionó la ley 24.013, que permitió que
los titulares del PIT se incorporen con la modalidad de “Contrato de trabajo por tiempo determinado como medida de fomento de
empleo”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario