Aritz Recalde-febrero 2017
De manera sucinta, la inflación se puede definir como el
aumento sostenido y generalizado de los precios. El fenómeno es el resultante
de las disputas de poder social y produce beneficiarios y perjudicados.
La justificación neoliberal
Los programas neoliberales de reducción de la inflación
implicaron una masiva transferencia de ingresos que empobreció al trabajador y
que destruyó a la pequeña y mediana empresa nacional. Las acciones de gobierno
guiadas por esa ideología tienden a priorizar, sin excepciones, la acumulación
de ganancias del empresario oligopólico y del financista extranjero.
Los representantes del poder económico sostienen que la
inflación se genera por la acción de los trabajadores y del Estado. El
acrecentamiento de los precios sería la resultante de:
• Emisión
monetaria, gasto público y regulaciones estatales. Estas últimas generarían
“problemas de confianza” en los inversores.
• Aumentos
salariales que amplían la demanda de bienes.
Con dicho diagnostico las políticas económicas neoliberales
suelen estar vinculadas a:
• Reducción
del déficit fiscal: disminuyendo la emisión destinada a la inversión pública
del gobierno (educación, salud, ciencia o seguridad). El paquete de medidas
puede incluir privatizaciones a grupos extranjeros que generarían “clima
inversor” y divisas.
• Aplicar
planes de reducción de la masa monetaria desde el Banco Central. La regulación
de tasas de interés y la emisión de bonos son dos de sus mecanismos.
• Rebajas
salariales y debilitamiento del poder adquisitivo del trabajador. En
democracia proponen bajar la tasa de
actividad y aumentar el desempleo con la finalidad de disminuir la capacidad de
negociación sindical. Es frecuente que los delegados del poder económico
apliquen políticas de alto impacto (shock distributivo) como es una fuerte
devaluación o el aumento de tarifas, en paralelo a que el gobierno presiona
para poner techo a las paritarias o directamente congelar salarios.
• Aumentar
la oferta de bienes en el “corto plazo” a partir de:
a- Flexibilizar
controles y regulaciones económicas creando un supuesto “clima inversor”.
b- Aumentar
las importaciones para bajar los precios de productos locales.
c- Reducir
la capacidad de compra del salario y destinar el excedente a la potencial inversión
de capital.
d- Bajar
impuestos y desandar la capacidad recaudatoria del Estado que es desfinanciado,
para derivar la riqueza en potenciales inversiones privadas.
En el año 2016 CAMBIEMOS sub-ejecutó el presupuesto nacional
y en 2017 redujo los fondos prácticamente en todas las carteras, menos aquellos
destinados al pago de deuda que aumentaron exponencialmente. El gobierno
eliminó regulaciones a las importaciones y a la salida de dólares, desarticuló
el programa precios cuidados, desestimó controles sobre los intermediarios y
bajó las retenciones al agro, al petróleo y a la minería. Con el objetivo de
reducir el volumen de pesos circulantes, el Banco Central generó incentivos
(ganancias exorbitantes) para la especulación financiera. Las paritarias
laborales quedaron por debajo de la inflación y con la finalidad de “enfriar la
economía”, los ministros pusieron en el congelador a los desempleados, pobres e
indigentes.
Todos los esfuerzos resultantes de la política económica
actual (devaluación, LEBAC o baja de retenciones) los cargó la masa popular,
mientras que los grupos económicos (exportadoras, bancos y empresas de
servicios) acumularon un importante excedente. A diferencia del planteo
oficial, los recursos atesorados en pocos sectores como resultado del
empobrecimiento general de la población, no derivaron en inversión. Tampoco
existió una relación directa entre trabajadores más pobres, super-ganancias
empresarias y crecimiento económico.
Durante el año 2016 la inflación fue la más alta en 25 años
y según un estudio de Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMET
superó el 40,9%. Tomando distancia de sus anuncios de campaña acerca de un
prominente segundo semestre, Mauricio Macri ya aclaró que en realidad “necesita
20 años de crecimiento continuo” para “sacar a todos los argentinos de la
pobreza”. Al Presidente le faltó decir que además de “crecimiento”, haría falta
“distribuir” la riqueza y que de esa manera no habría que esperar tanto tiempo
requiriendo injustos sacrificios a los argentinos más débiles.
La inflación es un reflejo de la lucha política interna
La inflación del año 2016 fue impulsada desde el gobierno
nacional para garantizar los negocios del sector financiero, de los grupos
exportadores de alimentos y de las empresas de servicios.
Los políticos neoliberales niegan que sus medidas estén
orientadas a beneficiar al capital oligopólico y trasnacional y nunca reconocen
que sus programas de gobierno no democratizan los costos de las crisis, sino
que las transfieren al pueblo.
Más allá de la agenda neoliberal ya descripta, la inflación
es una manifestación de la lucha de clases y supone disputas de intereses y
tensiones de poder entre:
- Capital
vs trabajo.
- Capital
productivo vs especulativo.
- Capital
industrial vs empresas de servicios.
- Capital
industrial vs sector agropecuario.
- Grupos
nacionales vs extranjeros.
- PYMES vs
oligopolios.
Los diversos sectores van a utilizar su poder político y
económico para subir el precio de sus bienes. Los aumentos relativos de los
productos implican el desplazamiento de la riqueza de una clase/sector hacia la
otra.
Atendiendo esta circunstancia, los Estados con vocación
industrialista se apropian de los excedentes agrarios y financieros y los
destinan al desarrollo del conjunto social. En el caso argentino, el peronismo
(1946-1955) nacionalizó el comercio exterior, los depósitos bancarios y el
Banco Central. Esta decisión soberana privilegia el interés social al de
facción o clase y les permite a los países mantener a bajo costo los créditos
productivos, los alimentos y las materias primas.
CAMBIEMOS representa a los sectores agropecuarios y es por
eso que aplicó una devaluación superior al 60% en el año 2016. Es por ésta
misma causa que el gobierno nacional eliminó las retenciones al trigo (harina),
el maíz (aceite), la carne o la soja (con reducción parcial). Acto seguido, el
sector transfirió a precios la variación de costos de las importaciones y
obligó a la población a pagar la canasta alimentaria a valores internacionales
(dólares). Los aumentos redujeron la capacidad de compra del salario y
originaron problemas de competitividad del sector industrial manufacturero.
Desde el año 2016 los recursos naturales y las empresas de
servicios dejaron de ser concebidas como una actividad complementaria o
estratégica, para volverse meramente unidades de negocios. Los abusivos
aumentos del combustible, de la luz, del gas y del agua fueron trasladados a
los precios por el sector productivo y por el conjunto de actores de la
economía (clubes de barrio, escuelas privadas, clubes, municipalidades, etc.-).
El caso de la inflación de los derivados de los
hidrocarburos en una muestra contundente del poder político del sector. Si los
precios internacionales del barril del petróleo aumentan, automáticamente suben
los costos internos de las naftas o los aceites. El proceso inverso no ocurre y
la caída de los valores de los mismos productos en el mercado mundial no
origina reducciones de precios. Incuso y por decisión del Ministro Aranguren,
en el año 2016 aumentaron los combustibles con la finalidad de garantizar
ganancias en dólares a las empresas que representa (en un contexto
devaluatorio). En paralelo, en el año 2017 el gobierno eliminó las retenciones
a la exportación petrolera y acompañó la reducción de los derechos laborales de
los trabajadores del sector.
Resultado del apoyo estatal a los empresarios, las
paritarias quedaron por debajo de la inflación y las familias perdieron poder
adquisitivo. Según el estudio de la UMET, en el año 2015 el salario real creció
en promedio 3% y en 2016 cayó un 6,1%. En el Informe “El impacto asimétrico de
la aceleración inflacionaria en argentina (2015-2016)”, se demostró que los
aumentos perjudicaron principalmente a los estratos más pobres de la sociedad
por el hecho de que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo de
alimentos, al alquiler y al pago de servicios. Los tres rubros fueron los que
más subas presentaron el último año, reflejando el contenido oligárquico y de
clase de la inflación actual que multiplica pobres, para beneficiar a unos
pocos ricos.
Para explicar el aumento de los precios en la Argentina no
puede dejar de contemplarse la estructura de producción e intermediación
economía concentrada. No pocas áreas del mercado son controladas por
oligopolios multinacionales, que ejercen presión sobre los precios y que
incluso tienen el poder de enfrentar a los gobiernos. Los grupos económicos
ponen y sacan administraciones y bloquean todos los intentos de regulación
social y colectiva de la propiedad y de la riqueza. Ricardo Alfonsín fue una de
sus víctimas y lo destituyeron con operaciones de evasión impositiva, de retiro
de fondos de los bancos y con la fuga de capitales favoreciendo el
desabastecimiento y los aumentos masivos de precios. Con la caída estrepitosa
de la UCR, la democracia argentina perdió poder frente a las corporaciones.
CAMBIEMOS le otorgó al empresariado los Ministerios y con
ello el pueblo delegó a las corporaciones la capacidad de regulación de los
precios. Por ejemplo, en la Secretaría de Comercio el Presidente designó a una
figura vinculada a la intermediación comercial (supermercados La Anónima), que
es un actor fundamental de la inflación en la Argentina. En los años noventa
quedó demostrado que el gato es mal guardián de las sardinas o como dijo algún
colega, los zorros de los grupos económicos andan sueltos y se están comiendo a
la gallina trabajadora y a la PYME nacional.
La inflación y la organización internacional de la dependencia
En los primeros años del siglo XXI se produjo un aumento de
los precios de las materias primas (petróleo, alimentos o minerales). En parte,
dicho fenómeno se relacionó a la ampliación de la demanda de la economía China
caracterizada por un importante crecimiento ininterrumpido. Además, el capital
financiero de los países centrales destinó recursos a crear fondos de inversión
para producir bienes agropecuarios, haciendo del alimento mundial un bien de
especulación.
En el caso del valor de la energía, se sumaron diversos
conflictos geopolíticos y militares en zonas de producción de hidrocarburos
como es el caso de los enfrentamientos y disputas en los contextos de Irak,
Afganistán, Siria, Libia o Irán.
El aumento de los precios de las materias primas generó
situaciones contradictorias. Por un lado, permitió mejorar temporalmente el
intercambio comercial de Iberoamérica con las potencias industriales, bajando
los precios relativos de las importaciones de manufacturadas. Los países
sudamericanos dispusieron de mayores recursos para implementar los programas de
desarrollo nacional.
La contracara de éste proceso fue el encarecimiento y el
permanente aumento de los precios de la tierra, de los alimentos exportables y
de la energía. El debate del año 2008 sobre las retenciones a las exportaciones
fue una manifestación clara entre dos posiciones frente al aumento de los
valores internacionales: se defiende el plato de comida de los argentinos o el
tema es reducido a la obtención de divisas por parte de las empresas. El
gobierno de CAMBIEMOS tomó esta segunda alternativa y los precios de los
alimentos aumentaron de manera muy superior al resto de la economía.
Aprovechando los altos valores, algunos países profundizaron
su perfil productivo extractivista y agro exportador. En la Argentina y el
Brasil los valores de la soja derivaron en deforestación, desplazamiento de la
cría de ganado o de la siembra de trigo y se hizo evidente la dificultad
gubernamental para regular el mercado de alimentos para su población. De continuarse
la tendencia a hacer de los comestibles una mera divisa, Sudamérica está
condenando a la mayoría popular al hambre o a la desnutrición.
Por el contrario, los chinos a los cuales les vendemos la
soja la utilizan para generar proteínas animales (en un 80%) y garantizar la
nutrición de sus habitantes y la competitividad de su economía. La decisión del
país oriental de importar la soja en lugar de producirla, fue parte de un plan
estratégico de desarrollo que no permitió que desaparezca la producción de
otros vegetales imprescindibles para la dieta nacional.
El remedio puede ser peor que la enfermedad: estanflación
Los funcionarios neoliberales hacen de la política
antiinflacionaria una finalidad en sí misma, sin atender los perjuicios que
pueden aparejar sus decisiones sobre el conjunto de la actividad productiva y
social.
En el año 2016 la política económica de CAMBIEMOS contrajo
la economía que está en recesión (cayó el PBI 2,5%). La suba del precio de los
créditos (tasa de interés), la apertura de las importaciones y la contracción
del consumo interno destruyeron varias actividades productivas aumentando el
desempleo, la pobreza y la indigencia.
Durante su último mandato Cristina Kirchner gobernó con una
alta inflación, cuyo promedio rondó el 25%. En parte, la incapacidad para
resolver el problema fue justificada con la decisión de mantener el mercado
interno de consumo y el crecimiento en un contexto mundial de caída de los
precios de las exportaciones argentinas y de reducción del volumen comercial de
los aliados estratégicos Brasil y China.
El argumento de los ministros del gobierno anterior era que
el consumo y el crecimiento generan tensiones y acomodamientos de precios, que
pueden ser corregidos en paritarias sin necesidad de achicar la economía y
cercenar derechos. El Estado aparecía como un garante de la capacidad de compra
del salario de los trabajadores y de los jubilados.
Según los gestores del kirchnerismo, la contracara se su
política era el programa de metas monetaristas y antiinflacionarias que aplicó
Dilma Rousseff en Brasil. Como resultado de las medidas del Partido de los
Trabajadores se profundizó la caída de actividad productiva del país lusitano,
con las consecuencias sociales que ello conlleva.
La cultura inflacionaria y los medios de comunicación
En la Argentina existe una cultura inflacionaria que es
utilizada por las corporaciones para maximizar sus beneficios.
La sociedad atravesó situaciones sumamente traumáticas como
fue el caso de la hiperinflación alfonsinista y ello generó una tendencia
psicológica a maximizar el corto plazo. La cultura inflacionaria, la presión
empresaria y la acción mediática inducen a los actores de la producción a
ajustar constantemente precios, adelantándose a la “potencial pérdida” de
ingresos.
Los oligopolios de la comunicación utilizan la cultura
inflacionaria para maximizar ganancias de sus publicistas y para debilitar a
los gobiernos que consideran contrarios a sus propios intereses.
Acuerdos básicos para abordar el problema de la inflación
La inflación es una manifestación de la lucha de clases y su
posible solución no es técnica, sino política.
Los sindicatos y las cámaras empresarias y cooperativas
nacionales, tienen un rol político fundamental en la lucha por la determinación
de precios justos.
La propiedad privada tiene una función social y ninguna
corporación puede oponer sus intereses de facción sobre los de la colectividad.
La política antiinflacionaria debe partir de una
concertación nacional que distribuya de manera equitativa los esfuerzos.
La política antinflacionaria no debe impedir que el conjunto
de los sectores productivos y sociales se desarrollen.
El Estado es el ordenador social y tiene la soberanía para
impedir la actuación oligopólica y abusiva de los factores de producción e
intermediación.
La democracia debe regular el comercio interno y de
exportación, promoviendo el trabajo y la producción y castigando la
especulación.
La Nación y su pueblo son los destinatarios de las políticas
del Estado y el consumo de las potencias extranjeras no puede derivar en el
hambre de la familia argentina.
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