jueves, 30 de julio de 2015

Las justicias, los abogados y el poder


Aritz Recalde, julio 2015

Las clases y los grupos de poder definen las pautas de lo que consideramos justo e injusto. La justicia se construye en torno de los valores de los sectores dominantes y de sus concepciones del orden social y político. La justicia es una definición relativa y varía en torno de la lucha por el poder y de la disputa por el sentido que le damos al ordenamiento económico, cultural y político. Los parámetros para diferenciar lo justo de lo injusto, se precisan históricamente y se modifican en cada contexto.
Las nociones de justicia se construyen y se transmiten entre las distintas generaciones por intermedio de tradiciones, valores religiosos y otros patrones culturales. Los grupos, clases y personas aplican las nociones de justicia en sus relaciones sociales básicas, como son la familia y el conjunto de instituciones educativas, sociales y culturales.
Una de las formas de organizar y de cristalizar las nociones de la justicia, la realiza el Estado con el derecho y con sus organismos de aplicación. Con acierto Juan Bautista Alberdi en su Fragmento Preliminar de 1837 sostuvo, que el “derecho no es una colección de leyes escritas (…) era nada menos que la ley moral del desarrollo armónico de los seres sociales (…) el derecho sigue perfectamente armónico con el sistema  general de los otros elementos de la vida social; es decir que el elemento jurídico de un pueblo se desenvuelve en un paralelismo fatal con el elemento económico, religioso, artístico, filosófico de este pueblo”. Las leyes son una cristalización del poder y de la moral y los valores de los grupos humanos en una época y lugar.

Para garantizar el efectivo cumplimiento de las leyes, la sociedad actual otorga suma importancia a los abogados y al Sistema Judicial. Al momento de ejercer su práctica laboral, es frecuente que el abogado suponga que desempeña una acción imparcial de aplicación de normas. El aparto judicial emplea las leyes escritas presumiendo que ejerce un mecanismo objetivo y justo, de resolución de conflictos y de regulación social. En realidad y tal cual postuló Alberdi “saber, pues, de leyes, no es saber de derecho; porque las leyes no son más que la imagen imperfecta y frecuentemente desleal del derecho que vive en la armonía viva del organismo social”. Para Alberdi, el derecho era una realidad viva y para alcanzar su conocimiento cabal y profundo, había que analizar histórica y filosóficamente la realidad nacional. 
Los abogados y de manera muy distinta al postulado de Alberdi, conocen algo de leyes y poco saben de la realidad cultural, histórica o política del organismo social que intentan regular. A partir de acá consideramos oportuno resaltar dos aspectos:

Primero: difícilmente exista justicia si la aplican los abogados, que solamente conocen algo  de leyes. El abogado en su ignorancia funcional, difícilmente captará el “elemento económico, religioso, artístico, filosófico del pueblo”.
La justicia es un tema demasiado importante como para dejarla en manos de los abogados. La aplicación de la justicia requiere una perspectiva interdisciplinaria y tiene que disponer de la intervención de las organizaciones libres del pueblo poseedoras y forjadoras de cultura y valores[1].  

Segundo: el supuesto de universalidad y neutralidad de la ley escrita y de sus órganos de aplicación, impide la existencia de una verdadera justicia. En su lugar se favorece la perpetuación de un sistema opresivo y potencialmente antisocial. Las clases dominantes hicieron de la ley escrita y del comportamiento de sus administradores, una garantía de sus privilegios. Con esa finalidad:
a-     Bloquearon la participación del pueblo en la actividad política, conformando un poder legislativo oligárquico que sancionó un sistema normativo de injusticias, asentado en la opresión legal e institucional de las mayorías.
b-    Legislaron con un lenguaje complejo, autorreferencial y con una argumentación de difícil interpretación para la mayoría. El razonamiento jurídico es endógeno y se justifica reiterando leyes, jurisprudencia o doctrina del propio sistema. La ley escrita suele carecer de sentido común, de sensibilidad cultural y de entendimiento profundo de las relaciones sociales y de poder.
Si la ley escrita no es producto del orden cultural, moral e histórico de un pueblo, se torna exótica para la comunidad que intenta regular. Corrientemente, las normas que reglamentan la vida social son incomprensibles para las personas y ello hace de la justicia una entidad abstracta e ilegible para el pueblo. Buena parte de nuestro sistema de leyes nació como una copia de la norma escrita extranjera y adolece de formas propias y originales.

c-     Se conformó un Sistema Judicial clasista, oligárquico y corporativo. El Poder Judicial ha sido un  reducto controlado por las clases dominantes y no es casualidad que sus cargos sean vitalicios y los circuitos de designación de los funcionarios sean incomprensibles o desconocidos por la mayoría.
El aparato judicial se considera superior a la división de poderes y ello le permite desconocer el mandato popular y bloquear la tarea de la democracia de masas. Esta potestad es utilizada para obtener  privilegios propios de su corporación: la Corte argentina evitó la necesaria jubilación de los jueces, esquivó pagar impuestos y derogó leyes sobre mecanismos de designación y de remoción de sus miembros. Además y en nombre de la Constitución Nacional, bloquean la potestad legislativa cuando asume un  gobierno popular y se presentan como un “límite” al Poder Ejecutivo. El Poder menos democrático de los tres, se conforma como el árbitro político del país subordinando a los parlamentos y los poderes ejecutivos.
El pueblo que no accede al Poder Judicial por su composición clasista y corporativa, enajena su voluntad democrática y su actividad partidaria se encuentra limitada a los márgenes que la corporación de jueces y de abogados considera posible o necesaria. No es una casualidad por ello, que hoy las clases dominantes pierden elecciones e igualmente conservan sus privilegios por su poder económico y por su dominio judicial y mediático.


·         No existirá justicia con una ley escrita por la oligarquía, ya que el derecho está torcido. La aplicación de muchas leyes no garantiza justicia sino que y por el contrario, suele reforzar las estructuras desiguales de una sociedad.
·         Resultante de las asimetrías del orden internacional y de la organización constitucional y normativa interna, el país se encuentra sujeto a una indefensión judicial.
·         No existirá un orden justo si la aplicación de justicia es controlada meramente por abogados y menos aún, por abogados liberales de la elite.

Habitualmente se afirma que la justicia es ciega. El problema es que no es sorda y que a la hora de tomar decisiones escucha más a algunos factores de poder que a otros.





[1] Es en este sentido en que la revolución boliviana que conduce Evo Morales dio sanción constitucional a la “justicia indígena originaria campesina”. 

martes, 21 de julio de 2015

Modelo Argentino para el Proyecto Nacional



Aritz Recalde –julio 2015

Uno de los rasgos fundamentales del neoliberalismo, fue que postuló la desaparición del nacionalismo en Iberoamérica para afirmar, en su lugar, el derecho de las potencias occidentales a imponernos su sistema social. En este contexto, perdía vigencia toda posibilidad de que nuestro país proponga un modelo nacional de desarrollo. Los gobiernos tenían que destruir su Estado y transferir su soberanía económica, política y cultural al FMI, al Banco Mundial, a los EUA o a Europa y sus multinacionales.  Los intereses particulares de las potencias fueron postulados como universales. Con el neoliberalismo, cambiaba el sentido histórico de las palabras soberanía, independencia, Nación o justicia social. Malvender las empresas públicas y estratégicas con las privatizaciones, era una manera de “ingresar al primer mundo.” Cerrar miles de PYMES como resultado de la apertura económica y la desregulación, era una forma de “modernizarse.” La extranjerización de los planes de estudio de las escuelas o de los contenidos de la TV y el abandono del programa científico argentino, eran una supuesta tendencia natural de la “aldea global.” Bajar salarios y eliminar los derechos laborales, se presentaba como un recurso para “atraer inversores.”  El resultado final de este sistema y de sus justificaciones fue la catástrofe económica y social argentina del año 2001, en paralelo al enriquecimiento de los titulares de las empresas y gobiernos extranjeros.

El documento Modelo Argentino para el Proyecto Nacional de Juan Perón, representa una impugnación de los puntos de vista políticos, ideológicos, económicos y sociales del neoliberalismo. Las bases de la iniciativa se presentaron el 1 de mayo del año 1974, en el contexto de la apertura de las Sesiones del Congreso Nacional. Allí, el mandatario mencionó que la Argentina necesitaba conformar, dilucidar e institucionalizar un “Proyecto Nacional.” Para alcanzar la meta, Perón propuso a los legisladores los principios vectores de un “Modelo Argentino”, que no llegó a presentarse en su versión definitiva hasta el año 1976, como resultado de la muerte temprana del Presidente el 1 de julio de 1974.  Perón mencionó en su discurso que el mundo estaba atravesando una “época de cambio revolucionario y de reacomodamientos” y la Argentina luego de turbulentos ciclos de dictaduras y enfrentamientos, había iniciado la “Reconstrucción Nacional.” En tal sentido, realizó una convocatoria amplia a la unidad de clases empresarias y trabajadoras (Pacto Social) y a la acción mancomunada de los Partidos políticos de la Argentina. Perón aseveró que si fracasaba la convocatoria a la unidad nacional, el año 2000 nos podría encontrar “sometidos a cualquier imperialismo.” Había que optar entre el “neocolonialismo o la liberación.”  Ésta última definición era una categoría política, económica, sociocultural, científico tecnológica, ecológica e institucional. En el plano político, el país tenía que alcanzar mayores grados de “decisión nacional.” Con esta finalidad, el pueblo debía organizarse en una Comunidad Nacional fortificada por vínculos de solidaridad y conciencia social. El individuo participaría en las organizaciones libres del pueblo (de trabajadores, intelectuales, empresarios, religiosos, etc.) y éstas se sumarían a la vida política nacional a través de los Partidos y de otros ámbitos como el Consejo para el Proyecto Nacional. Perón manifestó que el Partido Político “para que ejerza una acción eficiente, requiere no solamente del valor numérico de sus integrantes, sino también de una base ideológica explícitamente establecida. Tal aspecto podrá evidenciarse a través de una clara plataforma política, que no será otra lo que el Partido conciba como Proyecto Nacional.” En la Comunidad Nacional los trabajadores cumplían una tarea fundamental y los objetivos de sus organizaciones según el Modelo “consisten en la participación plena, la colaboración institucionalizada en la elaboración del Proyecto Nacional y su instrumentación en la tarea del desarrollo del país.” En el plano económico,  Perón postuló que había que industrializar el país y  aseveró que “hay que tener siempre presente que aquella Nación que pierde el control de su economía, pierde su soberanía.” Para el Presidente la planificación era imprescindible y con esa finalidad el gobierno organizaría un sistema económico mixto, en el cual el Estado cumpliría una función empresarial estratégica. Las políticas públicas no eran meramente un “vehículo para alimentar una desocupación disfrazada.” El gobierno apostaba al ahorro y al trabajo nacional, con el objetivo de ampliar los márgenes de poder de decisión sobre la “explotación, uso y comercialización de sus recursos.” Perón sostuvo taxativamente que el capital extranjero tenía que “tomarse como un complemento y no como un factor determinante e irremplazable.” En el aspecto sociocultural, el Modelo impulsó la justicia social distributiva. El país alcanzaría el pleno empleo, incluyendo la participación obrera en la distribución del producto del trabajo. Perón mencionó que no era correcto hablar de los “impactantes índices de crecimiento global, si no van acompañados de una más equitativa distribución personal y funcional de los ingresos, que termine definitivamente con su concentración en reducidos núcleos o elites.” El Estado iba a ser el garante de la justicia social, sancionando y haciendo cumplir las leyes protectoras del empleo, la familia, la juventud o la ancianidad, integrando el territorio de manera federal. En el ámbito científico y tecnológico, manifestó que el país estaba exportando capacidad intelectual en paralelo a que importaba onerosamente tecnología en maquinarias y procesos industriales. El sistema científico estaba concentrado en algunos centros urbanos, era dependiente del extranjero, funcionaba en compartimientos estancos y carecía de una planificación nacional coherente y unitaria. La superación de dichas limitaciones, era para Perón un tema estratégico atendiendo que “sin base científico tecnológica  propia y suficiente, la liberación se hace también imposible.” En el plano ecológico, denunció que las “llamadas sociedades de consumo son, en realidad, sistemas sociales de despilfarro masivo.” En este sistema económico irracional, el Tercer Mundo aportaba los recursos naturales a los países tecnológicamente avanzados. Producto del accionar del despilfarro la humanidad “mata el oxígeno que respira, el agua que bebe y el suelo que le da de comer.” Perón destacó que la solución no era meramente argentina, sino que era una cuestión que tenía que movilizar al conjunto de países del mundo. Finalmente, postuló que la Argentina necesitaba un gobierno y un Estado fuertes y eficientes a la vez. Ello implicaría superar la ideología liberal del “Estado mínimo”, en paralelo a que se construiría una “administración pública vigorosa y creativa.” Según adelantó, el Estado no era meramente un factor de empleo y es por eso que “construir las instituciones primero y conferirle funciones después ha dado lugar al nacimiento de burocracias que, sin objetivos claros, concluyen siendo un fin en sí mismas y sirviendo sólo a la autoconservación.


El punto de vista de Perón tiene una actualidad plena, tal cual lo demuestran los programas políticos de afirmación nacionalista de la última década en Bolivia, Argentina o Venezuela. La posibilidad de profundizar los principios del Modelo Argentino estará dada por la voluntad y capacidad política de las organizaciones libres del pueblo.   

lunes, 13 de julio de 2015

La Universidad y el país


Aritz Recalde, julio de 2015

En la década de los noventa muchos de nosotros reclamábamos el mejoramiento de las condiciones de desenvolvimiento de la universidad argentina. El presidente De La Rua había recortado el 13 % de los salarios del sector público, buena parte de las instituciones tenían congeladas las plantas de trabajadores y la inversión en infraestructura era escasa o nula. El contexto económico y social general era y sin ánimo de exagerar, dramático. En el plano universitario el desempleo fue sumamente alto y muchos egresados viajaban al exterior buscando un mejor destino. Dentro de las universidades una de las consignas que levantábamos era la “triplicación de presupuesto”.
En la última década y a contramano de la etapa anterior, el sistema universitario fue parte de un cambio estructural y profundo. Superando ampliamente nuestro reclamo de triplicación del presupuesto, la inversión del Estado aumentó de $ 1.900 millones en el año 2003 a más de $ 39.000 millones en 2015. Los universitarios no se fueron más al extranjero, sino que regresaron más de 1100 con el apoyo del programa RAICES. El desempleo bajó considerablemente pasando del 24 % al 7% y hay carreras universitarias con una tasa de inserción profesional casi plena. Lejos de los recortes del ministro de economía Ricardo López Murphy, en el año 2005 los trabajadores técnicos y administrativos firmaron un Convenio Colectivo y en 2015 los docentes el suyo. Desde 2009 los profesores universitarios tienen derecho a la movilidad jubilatoria del 82%. En temas de infraestructura, las universidades nacionales fueron reconstruidas y la envergadura de la inversión en aulas, bibliotecas, oficinas, laboratorios o espacios deportivos tiene escasos antecedentes en la historia del país. 

El pueblo argentino está aportando a las universidades más recursos de lo que creímos posible por mucho tiempo. En dicho contexto, considero importante destacar que los académicos tenemos que concientizarnos en la responsabilidad histórica que ello implica. En nuestra opinión, debemos preguntarnos qué le estamos devolviendo al conjunto de la Argentina que nos financia con su trabajo cotidiano. Algunos de los interrogantes que podemos hacernos es:
-          ¿la universidad está contribuyendo a la consolidación de la democracia, la justicia social y a la superación del neoliberalismo?
-          ¿las carreras que estamos impulsando acompañan el desarrollo regional y nacional?,
-          ¿las investigaciones y acciones de transferencia contribuyen a la consolidación de una soberanía económica y tecnológica?,
-          ¿la universidad es inclusiva socialmente?, ¿cuál es el aporte que hace a la emancipación de los grupos vulnerables?,
-          ¿las universidades reproducen un saber universal?, ¿son usinas de pensamiento nacional y latinoamericano?.

A continuación respondemos brevemente a algunos de estos interrogantes.

¿La universidad está contribuyendo a la consolidación de la democracia, la justicia social y a la superación del neoliberalismo?
La historia de la universidad iberoamericana es la de nuestra oligarquía dependiente. No es casualidad por ello, que muchos de los intelectuales y hombres de cultura salidos de la institución, apoyaron dictaduras contrarias a los intereses nacionales y que violaron derechos humanos y constitucionales. De manera inversa, tampoco es un hecho aislado que fueron varios los académicos que enfrentaron a programas populares y democráticos. Miembros de la Federación Universitaria  Argentina (FUA) y de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) resistieron públicamente a Hipólito Yrigoyen y a Juan Perón y se manifestaron a favor sus derrocamientos en 1930 y en 1955. Actitud similar tomarían algunos docentes que se integraron activamente a la Unión Democrática en las elecciones de 1946 y que participaron de la intervención de la universidad con las dictaduras iniciadas en 1955.
Estas vinculaciones entre académicos y poderes concentrados locales y trasnacionales, no es un tema meramente argentino y suele repetirse en Iberoamérica frente a la eclosión de programas de gobierno de transformación política y social.
La concepción elitista y antidemocracia de sectores de la universidad argentina, se hace evidente en el relato de la historia de la institución. La “historia oficial universitaria” postula que gobiernos democráticos y constitucionales como el peronismo son autoritarios y que las dictaduras de Eduardo Lonardi o de Eugenio Aramburu que lo derrocaron, son legítimas. Docentes y alumnos de la institución y no pocos historiadores, siguen reiterando sin muchos reparos o contradicciones, el supuesto de que la sangrienta dictadura de Aramburu inició una “Edad de Oro” de la universidad.  La institución en esta etapa silenció el bombardeo de junio 1955 y justificó la derogación de la Constitución Nacional de 1949. Está documentado que miembros de la universidad integraron organizaciones paramilitares terroristas (Comandos Civiles). 
Ya derrocados Hipólito Yrigoyen y Juan Perón, miembros de la universidad argentina organizaron un relato autoritario, centrado en la defensa de una autonomía que desconoce el voto popular y que reivindica la violencia contra la democracia y los sindicatos. En este planteo se desconoce la legitimidad de la democracia de masas y de la voluntad popular, para afirmar en su lugar el derecho supuestamente universal y a-histórico del cogobierno tripartito. Cualquier reforma política e institucional impulsada desde la democracia de masas, es recibida como una violación del derecho de la propia corporación. Como resultado de esta ideología, la institución que originariamente fue elitista y conservadora, no se adecuó a la era de los gobiernos nacionales y populares del siglo XX.
A sabiendas de esta realidad, en más de una ocasión los poderes concentrados entregaron la universidad a los académicos, quienes tenían que impedir la asunción de los proyectos nacionalistas y distributivos.
El año 1955 no fue el único caso en la historia del siglo XX, donde se fusionan los intereses de las oligarquías y los académicos y para desarrollar el neoliberalismo Carlos Menem no cerró universidades, sino que abrió once. Un sector de la clase media y de los universitarios que apoyó o gerenció el neoliberalismo, recibió como beneficio la administración de las academias y accedió a los dólares de la convertibilidad para viajar al extranjero.
Inicialmente, la variable de ajuste del neoliberalismo fueron los trabajadores estatales de las empresas privatizadas y aquellos del sector privado que fueron sepultados por la presión del capital trasnacional y por la apertura económica. Recién hacia mediados y fines de los años noventa, todos los universitarios vieron perjudicados directamente sus ingresos con el recorte salarial del presidente De La Rua.
Las políticas de cambio iniciadas en el año 2003, no surgieron de la universidad y tampoco encontraron una resonancia directa en la institución. El nuevo modelo de desarrollo fue el resultado del accionar de la clase política partidaria, de las organizaciones sociales y sindicales o de sectores de las entidades empresarias. La universidad tuvo escaso impacto político y cultural en los debates nacionales que están permitiendo superar el neoliberalismo.

A contramano del planteo reformista conservador o del liberalismo, el nacionalismo popular postuló que la universidad es democrática si acompaña la emancipación del conjunto de la comunidad nacional y no meramente si garantiza el cogobierno de los propios académicos. En el año 1946 el presupuesto universitario era de 48 millones de pesos moneda nacional y al año 1954 había aumentado a 400 millones. Con esta ampliación de los recursos, se impulsaron programas académicos que respondían a la emancipación del trabajador y al plan nacional de desarrollo. En el año 1949 se estableció la gratuidad universitaria y durante la etapa se reorientó el gasto hacia las carreras tecnológicas. En 1948 se creó la Universidad Obrera Nacional, se construyeron edificios educativos y los trabajadores alcanzaron derechos como es el caso de las dedicaciones exclusivas docentes.
La mera preocupación por la autonomía y el cogobierno, dejó lugar a un proyecto científico y tecnológico orientado a mejorar las condiciones productivas, sociales, culturales y tecnológicas del país.

¿Las carreras que estamos impulsando acompañan el desarrollo regional y nacional?
La creación y proliferación de las carreras universitarias debe ponerse en debate.
Para la tradición liberal, la oferta académica tiene que ser una respuesta a las señales de mercado mundial y no es casualidad que en nuestro país derecho y la economía fueron las carreras más difundidas. Se trató de hacer una universidad que no rompa con los marcos de la división internacional del trabajo, que ubican a la Argentina como un país de servicios y agroexportador.
Para el reformismo la decisión queda sujeta a la opinión del cogobierno, cuestión que hace que un reducido círculo de académicos diagrame la oferta académica financiada por el Estado. En dicha óptica y en varios casos, se puede escindir el programa de desarrollo nacional, de la inversión en ciencia y técnica.
Para el nacionalismo popular la apertura de carreras debe regionalizarse y articularse con el conjunto de las políticas del Estado. La proliferación de carreras tiene que acompañar el desenvolvimiento productivo y la emancipación social de las comunidades donde está ubicada. Cada universidad va a desarrollar un perfil propio y las carreras no serán copia de los esquemas académicos tradicionales, sino que ofician como respuestas concretas a los problemas del pueblo y de la nación. Con dicha concepción se creó la Universidad Obrera Nacional en el año 1948, que impulsó las ingenierías aeronáuticas o ferroviarias, entre otras. Las iniciativas eran fundamentales para la fábrica de aviones de Córdoba y la producción ferroviaria de Tucumán y contribuían al plan nacional de desarrollo.
Actualmente y sin eliminar la competencia originaria de la universidad, el Ministerio de Educación está impulsando becas para ingenierías y se financian investigaciones y carreras consideradas estratégicas.
A partir de acá nos planteamos, ¿el Estado nacional tiene que dejar sujeta la proliferación de carreras a la autonomía de cada universidad?, ¿ésta función no debería atender una planificación productiva, cultural y científica regional y nacional?.

¿Las investigaciones y acciones de transferencia contribuyen a la consolidación de una soberanía económica y tecnológica?
En la tradición reformista la articulación entre la universidad, el mundo productivo y el conjunto del Estado, suele presentarse de manera negativa. Toda potencial fusión entre las actividades académicas y los poderes públicos se considera violatoria de la autonomía, dando por hecho que la actividad científica no tendría que formar parte de la democracia popular. Se cree que las decisiones de la mayoría popular son contrarias a la razón científica, que debería ser administrada por una pequeña minoría de especialistas. A partir de acá, que cada docente y cátedra investiguen lo que ellos mismos consideran necesario o interesante y que es repudiada la posibilidad de que los mandatarios que vota la gente en municipios o en la nación, intervengan en la definición de líneas de acción.
Algo similar suele sostenerse de la relación entre la universidad y la empresa. El liberalismo impulsa una relación estrecha entre la universidad y la empresa trasnacional u oligopólica. Por el contrario, el reformismo suele rechazar la vinculación académica con el mundo productivo, al considerarla una distorsión de la autonomía científica.
El nacionalismo popular promueve una actividad científica con miras a alcanzar la soberanía tecnológica y la independencia económica del país. La articulación con la empresa estatal, cooperativa y privada nacional, forma parte fundamental de la tarea académica y científica de las universidades. Lo mismo ocurre con la vinculación entre la academia y los Estados municipales, provinciales y municipales, que es conceptuada como legítima y necesaria.
Con miras a alcanzar estas metas, se considera que el Estado nacional tiene una legitimidad de origen para planificar las políticas de investigación y los planes de promoción tecnológica. Entre otros instrumentos para alcanzar esta meta, el nacionalismo popular sostiene que las becas deben orientarse a las áreas de vacancia y que Estado tiene que financiar prioritariamente aquellas acciones de transferencia y de investigación con impacto social y productivo. No son la cátedra y el estudiante quienes definen el destino de la totalidad de recursos públicos de investigación. Tampoco cumplirá esa tarea la empresa trasnacional, sino que es la democracia de masas el ámbito legítimo y legal para ello.

¿La universidad es inclusiva socialmente?
Siete prejuicios antiguos sobre la educación superior
Pablo González Casanova
1- Prejuicio: la educación superior debe ser para una élite, no para las masas.
2- Prejuicio: la educación superior disminuye la calidad conforme se imparte a un mayor número de gente.
3- Prejuicio: sólo una proporción mínima es apta para la educación superior (digamos el 0,01 o el 1%).
4- Prejuicio: para la educación superior se debe seleccionar a los más aptos.
5- Prejuicio: no se debe proporcionar educación superior más allá de las posibilidades de empleo.
6- Prejuicio: el Estado ya está gastando demasiado en educación superior. La educación superior no debe ser gratuita o semigratuita.
7- Prejuicio: no se debe querer que todos sean profesionales. Sería horrible un mundo en el que no hubiera obreros.

Históricamente las universidades fueron elitistas e ingresaban a ellas pequeños grupos de la elite y tal cual sostiene González Casanova, dicha situación se configuró como “prejuicios” o como una ideología conservadora que es presentada como una verdad incuestionable. La educación era un instrumento para ampliar la desigualdad entre ricos y pobres, entre nacionales y europeos, entre blancos y negros o entre mujeres y hombres.
Desde el año 1949 que se suprimieron los aranceles universitarios en la Argentina, la institución se propone ser un mecanismo de igualación social y no de diferenciación. La apertura de universidades en todo el país y en regiones socialmente más relegadas como es el caso del conurbano bonaerense, está contribuyendo a ampliar las posibilidades de ingreso de los grupos vulnerables. 
Está demostrado que la gratuidad y la apertura irrestricta del ingreso en las universidades argentinas, no garantizan el egreso de los estudiantes. Hoy existe un desgranamiento que supera el setenta porciento de los estudiantes. Desde el año 1949 se democratizó el ingreso, el desafío actual es el de garantizar la permanencia y el egreso. Frente a dicha realidad, es importante destacar que la universidad no es gratuita, sino que hay un sistema cruzado de subsidios que pagan todos y que usufructúan unos pocos. Para los trabajadores que administramos las universidades, ello debe implicar un compromiso más profundo con el egreso de los estudiantes. En la medida que administramos recursos públicos, no sería desacertado que el Estado distribuya el presupuesto a partir de definir pautas de gestión y de mejoramiento de las tasas de deserción.

 ¿Cuál es el aporte que hace la universidad a la emancipación de los grupos vulnerables?
El liberalismo define a la universidad como una fábrica de títulos y de profesionales individualistas. El reformismo suele preocuparse más por la abstracta “libertad científica”, que sobre los resultados de su accionar en su medio social. Como resultado de ello, se conforma un profesional dedicado meramente a un aspecto académico puntual, sin ligazón a su medio histórico y sin mayores perspectivas sociales que cumplimentar el informe de investigación de su beca.
Para el nacionalismo popular además de preocuparse por el ingreso irrestricto y el egreso masivo de estudiantes, las universidades tienen que masificar los programas de cooperación con la comunidad. A estas acciones, la institución debe acompañarlas con el compromiso político de sus miembros con el medio social, cuestión que incluye la formación educativa en valores solidarios y comprometidos con los intereses populares y nacionales.   

¿Las universidades reproducen un saber universal?, ¿son usinas de pensamiento nacional y latinoamericano?
Para la tradición ideológica liberal la universidad argentina del siglo XIX tenía que europeizarse. La finalidad era alcanzar la “civilización” y es por ello que toda la producción cultural, científica o tecnológica anterior tenía que desaparecer. Se intentó borrar la cultura precolombina y además la tradición hispánica, para hacer del país un satélite espiritual inglés y francés.
En parte, la reforma del año 1918 nació como una propuesta de refundación cultural, que propuso acercar la institución a la problemática nacional e iberoamericana. Desde distintas perspectivas ideológicas y provenientes diversas disciplinas, los reformistas originarios conformaron una corriente cultural que buscó un sentido social y nacional de la labor intelectual y docente.  
Buena parte de este ímpetu fue abandonado y las instituciones se distanciaron de su contexto y de las problemáticas de su tiempo. Pese a las incapacidades y frustraciones de la institución que fueran anunciadas por reformistas como Deodoro Roca o Manuel Ugarte, la búsqueda de una universidad consustanciada con su país y cultura, se expandió hacia diversos lugares de Latinoamérica.
Desde mediados del siglo XX, un sector importante de la universidad nacional se pensó como parte integrante de los Estados Unidos. Importamos la estructura institucional, copiamos carreras y reprodujimos teorías y agendas de investigación como si fueran las únicas y las más adecuadas.

El nacionalismo popular universitario postuló la necesidad de conformar una ciencia y una tecnología propia. Esta finalidad no implicó nada parecido al autismo cultural, sino que se trató de recuperar las producciones de diversas latitudes, consolidando una nueva síntesis capaz de plantear y de resolver nuestros propios problemas.
Por un lado, el nacionalismo consideró que los académicos tienen que conocer la historia, la cultura y las ideas de nuestros países por considerarlas portadoras de saberes fundamentales del ordenamiento social.
Además, el nacionalismo universitario destinó recursos a sectores de la producción científica y tecnológica que históricamente eran vedados a nuestros países por las potencias extranjeras.  A partir de esta decisión soberana, es que Argentina produjo energía atómica, desarrolló la industria automotriz, naval o ferroviaria nacional, realiza un cine, una pintura y una música de nivel internacional y puede lanzar satélites al espacio.
Como resultado de la tendencia a la nacionalización de las universidades, hoy nuestros jóvenes estudian autores argentinos y latinoamericanos además de europeos y muchos de ellos se dedican a la producción de bienes tecnológicos sumamente especializados.  

Finalmente, consideramos oportuno destacar que la construcción de una soberanía cultural y científica nacional debería ser una meta de nuestras universidades. Esta definición imprime un sentido trascendente a la labor del investigador, del administrativo, del docente o del estudiante. Se trata de optar ya que y como aseveró Hernández Arregui “Digase cuanto se quiera, la realidad que circunda al intelectual es política y su silencio es político. El silencio de los intelectuales se llama traición al país.”