martes, 27 de noviembre de 2012

La gratuidad de los estudios universitarios

Aritz Recalde, noviembre de 2012
 
“El engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcanza cada uno de los miembros que lo componen (…) el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legitima vocación (…) Una forma racional de propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país”. Decreto 29.337/49
 
El 22 de noviembre del año 1949, Juan Domingo Perón sancionó el decreto 29.337 que estableció la gratuidad de los estudios universitarios en la Argentina. La iniciativa formó parte del modelo de desarrollo industrialista, nacionalista y popular. En particular, la gratuidad de la universidad se relacionó a dos aspectos estructurales del proyecto nacional, que eran la independencia económica y la justicia social.
 
La independencia económica y la gratuidad universitaria
“Yo digo que el siglo XXI, tiene que ser el siglo de "mi hijo el Ingeniero", porque necesitamos muchos ingenieros en las distintas ramas, muchos técnicos, mucha gente que trabaje en agregar valor a esta Argentina que estamos reindustrializando (…) ahora que recuperamos Yacimientos Petrolíferos Fiscales, necesitamos también muchos ingenieros en petróleo”. Cristina Fernández
 La fortaleza o la debilidad del poder nacional de un Estado, están directamente relacionados a su nivel de desarrollo económico. Para la revolución justicialista y tal cual quedó expresado en el preámbulo de la Constitución del año 1949, ningún Estado es soberano políticamente, sino alcanza previamente la independencia económica[1]. Con dicho fin, el gobierno promovió la industrialización del país que le permitió aumentar su poder nacional y consolidar la justicia social.
Perón entendió que la dependencia cultural y científica, impedían el desenvolvimiento de la industria y del poder nacional. En este contexto, el gobierno exhortó a las universidades a que cumplan cuatro funciones estratégicas:
1.     capacitar masivamente[2] los recursos humanos que demandaba una economía de pleno empleo.
2.     instruir a los técnicos y a los científicos en las disciplinas industriales propias del nuevo modelo productivo[3].
3.     conformar una matriz científica y tecnológica nacional, favoreciendo la consolidación de un patrón de desarrollo especializado y competitivo con alto valor agregado[4].
4.     promover un modelo sustentable para la explotación de los recursos naturales del país[5], atendiendo que eran estratégicos para apuntalar la matriz energética argentina.
 En este contexto, la sanción de la gratuidad de la universidad formó parte de una política de Estado estratégica, sin la cual era imposible consolidar la independencia científica y tecnológica. A partir de su instauración, el modelo productivo dispuso de una cantidad importante de recursos humanos altamente capacitados para una economía industrial en expansión.
 
La justicia social y la gratuidad universitaria
La revolución justicialista se propuso conformar una “Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”. Los objetivos políticos y económicos del proyecto, estaban directamente ligados a la emancipación popular (justicia social). Con este objetivo, el gobierno promovió:
-          la igualación social de todos los habitantes del país, a partir de la democratización del acceso a la riqueza y el poder social.
-          la elevación social y cultural de los trabajadores, universalizando el acceso a la salud, la recreación, la cultura o la educación en todos sus niveles.
-          la participación política directa de los trabajadores en el Estado cumpliendo funciones de Agregados Obreros en el Servicio Diplomático, de directores de empresas estatales o  de diputados en los organismos parlamentarios.
En este marco, la gratuidad de la universidad favoreció:
-          la formación de los recursos humanos especializados que cumplían las tareas en el nuevo Estado social de derecho.
-          el ascenso social de los trabajadores por intermedio de la educación superior, accediendo a una institución que históricamente les fue negada por las clases dominantes.
-          el diálogo y la vinculación directa en el aula entre las distintas clases sociales, evitando fenómenos como el racismo, la discriminación y el enfrentamiento político.
-          la afirmación de la cultura popular como parte fundamental de la cultura nacional.
-          el reconocimiento de los trabajadores como sujetos de política educativa y pedagógica[6].
 A modo de cierre, nos parece oportuno reiterar las palabras de la presidenta Cristina Fernández que estableció que “Cuando uno ve algunos ejemplos no demasiado lejanos de lo que está pasando en otros lados (…) vemos la crisis en que están esos modelos educativos y entonces decimos que estamos en el camino acertado, que decidir que la educación en la Argentina fuera gratuita en todos sus niveles nos ha hecho distintivos en América latina y precisamente ha generado esta calidad de recursos humanos que todos nos reconocen. Así que tenemos que seguir en ese camino y profundizarlo”.

[1] El Estado planificó el programa industrialista a partir del Primer Plan Quinquenal (1946 – 52); del Segundo Plan Quinquenal (1953- incompleto por golpe militar); del Plan Trienal (1974- incompleto por golpe militar).
[2] Como complemento de la gratuidad, el gobierno estableció por ley el derecho a becas de los estudiantes universitario (Art. 87 de la ley 13.031/47).
[3] Con el objetivo de promover la ciencia aplicada a la producción, el artículo 2, inciso 4, de la Ley 13.031/47 sostuvo que eran funciones de las universidades “Estimar el estudio y desarrollo de la ciencia aplicada y las creaciones técnicas, adaptándolas a las necesidades regionales”. Con esta finalidad, la revolución creó la Universidad Obrera Nacional (UOM) que impulsó diversas ramas de la ingeniería.
[4] El artículo 100, inciso c) de la ley 13.031 de 1947 introdujo un apartado “De la enseñanza para graduados (Cursos y carreras de especialistas)”. El texto estableció que “Las facultades reglamentarán la enseñanza para graduados, organizando cursos de perfeccionamiento, de especialización y carrera de especialistas, con el objeto de propender a la formación de los técnicos que necesita el país en cada una de las ramas de las ciencias y de actualizar los conocimientos de los profesionales”.
[5] El artículo 2 de la ley 13.031/47, sostuvo que “Son funciones de las universidades de las cuales no podrán apartarse: 12) Crear y sostener institutos de investigación, cursos de perfeccionamiento o de especialización, para profundizar el estudio o aprovechamiento de las riquezas naturales de la zona del país donde tuviera su centro de acción cada universidad”.
[6] La UON nació con el objetivo de desplazar el proceso de aprendizaje desde el ámbito fabril, hacia los espacios educativos. Con esa finalidad, la institución favoreció los horarios nocturnos, las prácticas de taller y les otorgó a los trabajadores prioridad en el ingreso.  


¿Oligopolios mediáticos o Soberanía Popular?


 
 
Aritz Recalde
Noviembre de 2012

“Los programas de transmisiones se ajustarán a los siguientes principios generales: a) Constituirán un alto exponente de cultura y responderán a un plan de conjunto racional para la elevación del nivel moral e intelectual el Pueblo; b) Contribuirán a la formación y consolidación de la unidad espiritual de la Nación, de consumo con la obra que el Estado realiza en materia de educación y cultura pública; c) Asegurarán una adecuada participación de los valores y motivos culturales, artísticos y tradicionales del interior del país.” Ley de Servicios de Radiodifusión N° 14.241 de 1953

Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. No nos engañemos.”  Rafael Correa
 

Tal cual afirma el Presidente ecuatoriano en el epígrafe citado, los medios de comunicación actúan respondiendo a intereses sectoriales. La noción de “libertad de prensa”, no sirve para comprender el funcionamiento de los medios y solamente se utiliza para justificar que su estructura siga siendo oligopólica. La línea editorial de la prensa comercial está estrechamente vinculada a los dueños de los medios o a aquellas personas que pagan la pauta comercial. Es por eso, que gran parte de los periodistas de los medios oligopólicos reproducen una línea editorial contraria a los gobiernos nacionalistas y populares de América latina.
Los medios de comunicación oligopólicos influyen sobre las concepciones y las acciones de los Pueblos, de los dirigentes políticos o de los miembros de la Justicia. Frente a ese poder omnímodo y prepotente, la posibilidad de ejercer la voluntad popular se encuentra claramente cercenada. En la Argentina, sobran manifestaciones de esos comportamientos antidemocráticos del periodismo. A lo largo de la historia, puede observarse cómo el pueblo elige a un gobernante en las elecciones y acto seguido, la derecha derrotada en las urnas, utiliza los medios de comunicación para presionarlo. De esa forma, la oligarquía retiene el manejo del poder político obstruyendo la posibilidad de que exista un ejercicio pleno de la soberanía popular.
No es casualidad, que la línea editorial del periodismo comercial del último siglo dedicó abundantes páginas a sostener que los “enemigos de la libertad de prensa” fueron Yrigoyen, Perón, Alfonsín, Kirchner o Cristina Fernández. Un caso emblemático del enfrentamiento que ejerció la prensa contra los Presidentes argentinos, fue el de Ricardo Alfonsín, quien al referirse al accionar de un oligopolio, sostuvo que: “Si el Pueblo de la Nación fuera lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros.”
Tan importante ha sido y continúa siendo el poder de la derecha y de sus socios mediáticos, que sólo dos gobiernos elegidos democráticamente pudieron sancionar marcos regulatorios de los medios audiovisuales en nuestro país. La primera Ley de Medios de la historia argentina, la impulsó Juan Perón y fue la de Servicios de Radiodifusión N° 14.241 de 1953. La segunda y última norma resultante de la soberanía popular, es la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 de 2009.
 
Los objetivos de los Servicios de Comunicación Audiovisual
En ambos casos, las Leyes plantean que la comunicación audiovisual tiene que superar una visión meramente comercial, priorizando los objetivos de elevación cultural del Pueblo argentino.

La Ley de Servicios de Radiodifusión N° 14.241 de 1953, sostuvo que: “La organización y el régimen de prestación de los servicios de Radiodifusión se basará en el principio de la subordinación del interés particular, al interés social, cultural, económico y político de la Nación.” Con dicho objetivo, entre otras cuestiones, promovió la reproducción de la cultura nacional y organizó el Servicio Oficial de Radiodifusión.
De manera similar al texto aprobado en 1953, la ley N° 26.522 sostiene que: “La actividad realizada por los Servicios de Comunicación Audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones.” Con este objetivo, la norma reconoce que pueden ser licenciatarios de medios de comunicación, el Estado, el Sector Privado con fines de lucro y el Sector Privado sin fines de lucro. La Ley pone énfasis en la necesidad de promover a los actores de la comunicación no comerciales, tanto privados y públicos.

La Comunicación Audiovisual y la Soberanía Nacional
En el esquema del año 1953, para adquirir un medio de comunicación era requisito ser argentino nativo. Las personas jurídicas o las sociedades, tenían que estar constituidas como mínimo, con el 70% de capital de argentinos.
La actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, obliga a los licenciatarios a ser argentinos nativos y define las obligaciones que tienen que cumplir las personas de existencia ideal (sociedades comerciales, etc.). La norma establece pautas obligatorias de producción y de difusión de música, televisión y de cine nacional y fija entre sus objetivos, la promoción y la defensa de la industria audiovisual originada en el país.       

La Comunicación Audiovisual y los Oligopolios
La Ley N° 14.241 estableció que los Titulares de licencias, los Directores, administradores, Gerentes y los agentes responsables de la gestión del servicio, no podían tener interés directo o indirecto en más de 1 de las 3 redes en las que operaba el sistema.  
La Ley sancionada en 2009 establece en su artículo 45 que: “A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias.” Por eso, introduce restricciones en el acceso, atendiendo la cantidad de licencias a nivel nacional y local y reconociendo límites por cobertura.

Los Servicios Oficiales de Comunicación
Ambas legislaciones promueven que todos los miembros de la sociedad accedan a los medios. Con esa finalidad, se crearon los Servicios de Comunicación Oficiales que dotaron a la Soberanía Popular y a sus representantes de canales de expresión y de comunicación permanente.
La ley del año 1953 incluyó un apartado sobre el Servicio Oficial de Radiodifusión que tenía por fines principales: “a) Contribuir a consolidar la unidad espiritual de la nación exaltando las genuinas tradiciones y sentimiento patrios y procurar un mejor conocimiento patrio del país; b) Jerarquizar los programas radiotelefónicos mediante trasmisiones calificadas y servir de vehículo difusor para la acción del Estado.”
La legislación actual incluye apartados sobre los “Servicios de Radiodifusión del Estado Nacional” y otro centrado en los “Medios de Comunicación Audiovisual Universitarios y Educativos.”
 
Como puede observarse, ambas legislaciones buscan que los medios de comunicación sean un medio de elevación de la Cultura Nacional y Popular y no meras empresas comerciales. Con ese objetivo, las Leyes promueven las producciones nacionales y federales y regulan el ingreso del capital extranjero. En ambos casos, buscan democratizar el acceso a la comunicación al Pueblo y con esa finalidad, prohíben la formación de oligopolios. En su lugar, incentivan la creación de los medios públicos y de representantes de la sociedad civil.

 

 

martes, 13 de noviembre de 2012

El 8N

Aritz Recalde, noviembre de 2012

 El 8 de noviembre se movilizó la derecha argentina, formando parte de una operación política planificada. Es importante señalar, que el análisis de lo ocurrido tiene que distanciarse del mero estudio de la “legitimidad” de los reclamos de los manifestantes. Atender solamente el tratamiento de la agenda introducida en la movilización, podría suponer: 
a-      aceptar que la manifestación fue “espontánea” y que allí se expresó “libremente” una parte de la sociedad argentina, a la que hay “que entender e interpelar”.
b-      que el gobierno no está interviniendo en la resolución de gran parte de los temas allí mencionados.    
c-      que el interlocutor son los “ciudadanos”, desconociendo que en realidad, son los factores de poder económico concentrado.

PRIMERO: el 8N no es el resultado de una “autoconvocatoria” de una red social. Más allá de su origen, es evidente que dejó de serlo en el mismo momento que los oligopolios mediáticos le proporcionaron un tratamiento permanente con una única finalidad, que fue la de darle masividad y visibilidad. Tal es así, que es oportuno resaltar que la verdadera movilización se generó antes y después del 8N, por intermedio de las operaciones periodísticas. Carece de seriedad alguna, suponer que fueron “las redes sociales facebook o twitter” las organizadoras de la convocatoria. Los verdaderos movilizadores del 8N son el grupo Clarín, el capital económico concentrado y los partidos políticos de la oposición.

SEGUNDO: se pudo observar que los dirigentes políticos de la oposición fueron a la marcha sin identificación y sin banderas. El causante de dicha actitud, no fue el hecho de que iban a una “autoconvocatoria” y que las personas que participan en ella repudian a los “partidos políticos”. Por el contrario, la tarea de ocultamiento de los dirigentes es una estrategia mediática premeditada y tiene como finalidad, instalar el supuesto de que “toda la sociedad” repudia al gobierno. Los periodistas insisten que “todos los argentinos” sin distinción partidaria, están “cansados”, incluyendo a muchos que “la votaron y que están arrepentidos”. La dirigencia de derecha es minoritaria electoralmente y es por eso, que no se muestra como alternativa. El 8N es una operación de desgaste contra el gobierno nacional, que busca marcarle una agenda y debilitarlo, para luego iniciar la campaña electoral del 2013.

TERCERO: es importante tener en cuenta que buena parte de la agenda enarbolada por los manifestantes, es interpelada por las políticas del Estado nacional. La habilidad de los medios, está dada por su capacidad para:
a-      Desviar cuáles son las soluciones de fondo para esos problemas.
b-      Evitar el tratamiento objetivo de las responsabilidades que le corresponden a cada actor dentro del sistema político.
Los participantes del 8N, se expresaron a partir de dos maneras de enunciar su descontento con el gobierno nacional. Un sector de la movilización, explicitó una retórica sumamente intolerante y reaccionaria, enarbolando públicamente su oposición a las políticas sociales y distributivas del gobierno nacional. En plena movilización, golpearon a periodistas, pidieron la caída del gobierno y reiteraron frases cargadas de odio y de resentimiento social contra el pueblo argentino y latinoamericano. Frente a  dichas concepciones, el proyecto nacional encarna posiciones ideológicas y políticas irreconciliables. En este marco, es positivo que la derecha se manifieste en la calle: en otra época, lo hacía con los golpes de Estado.

Por otro lado y cuestión fundamental a tener en cuenta, la movilización difundió una agenda de cuestiones sensibles al sentido común de un sector importante de la sociedad. A diferencia del estilo estridente y reaccionario mencionado anteriormente, muchos de los manifestantes se expresaron “pacíficamente y en orden”, cumpliendo el mandato reiterado por los formadores de opinión. Los medios de comunicación se preocuparon especialmente en mostrar solamente éste tipo de manifestaciones. Sobre esos postulados, se organizó la disputa cultural de sentido contra el gobierno nacional. La operación busca:
a-    Definir una agenda de política pública.
b-  Difundir el supuesto de que el gobierno nacional no está interesado en resolver esa agenda, por un tema de “soberbia” o de “exceso de poder”.

Contra ésta última opinión, es importante destacar que buena parte de  las consignas planteadas por los manifestantes, son cuestiones interpeladas por la agenda del gobierno nacional y no es cierto que no se esté trabajando para resolverlas. El proyecto nacional busca “resolver de fondo” gran parte de las cuestiones sustanciales planteadas en la movilización. Por el contrario y tomando distancia de cualquier búsqueda de solución, los medios de comunicación instalan la agenda con la única finalidad de impedir el triunfo político del proyecto nacional.
Consideramos que la cuestión principal, no se refiere a la veracidad o no, de buena parte del temario que introdujeron los manifestantes. El aspecto sustancial, tiene que ver con poder comprender cómo los instalan y cómo les dan tratamiento particular. A continuación vamos a mencionar algunos ejemplos de lo queremos decir.

¿Los manifestantes piden SEGURIDAD?: el gobierno nacional también y tal es así, que le dio a la problemática un tratamiento central creando el Ministerio de Seguridad o el operativo centinela. Además, el proyecto está impulsando políticas sociales para revertir la conflictividad  en el largo plazo. En éste marco, la operación mediática se centra en dos cuestiones:
-          Sostener que el gobierno nacional no se preocupa del tema por mera “soberbia”;
-          Desviar las responsabilidades institucionales evitando que los reclamos se dirijan a los responsables primarios de la seguridad, como es el caso del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Quieren detener la INFLACIÓN?: el gobierno nacional también. Es por eso, que propone los acuerdos de precios, regula el desplazamiento de los precios internacionales con las retenciones, aporta créditos baratos para el sector productivo o subsidia empresas de servicios y otras actividades estratégicas que permiten bajar los costos de producción. En este cuadro, la operación mediática se centró en:
-          Evitar decir que son las empresas y no el gobierno, ni el INDEC, los que suben los precios.
-          Profundizar las críticas contra los funcionarios que protagonizan la lucha contra la inflación, como es el caso de Guillermo Moreno. En su lugar, le dan cobertura a los políticos neoliberales que fueron protagonistas del desastre, que culminó en la hiperinflación de 1989 y en la crisis del 2001.
-          Instalar el discurso neoliberal contra la inflación, que propone:
a-      “Enfriar la economía”. La propuesta en los hechos, va a generar una profunda recesión como ocurre en España, metiendo en el “congelador” a los problemas sociales de los argentinos. Van a crear desempleo y van a bajar los salarios para “enfriar” el consumo.  
b-      Mejorar la “competitividad”. Ello implica bajar los sueldos de los trabajadores y favorecer las importaciones del extranjero, reiterando las recetas de desindustrialización de la gestión de López Murphy o de Domingo Cavallo.
c-      Enviarle “señales a los mercados”. Esto implica y por ejemplo, desregular las operaciones bancarias y favorecer la especulación financiera como se está haciendo en Grecia. Los resultados están a la vista.
d-     Defender la “seguridad jurídica”. En los hechos, ello va a implicar retomar las privatizaciones de los años noventa.      

¿Piden DEMOCRACIA?: desde el 2003 está claro que el kirchnerismo garantizó en todas las elecciones con transparencia y asumió los resultados electorales con la mayor pluralidad y apertura. La derrota que sufrió el gobierno en el 2009 es un buen ejemplo. No existen en el periodo que transcurre del año 2003 a la fecha, denuncias comprobadas de fraude electoral, ni de falta de democracia. Incluso, es oportuno recordar que el gobierno rescató la democracia de una  crisis profunda que derivó en el que se “vallan todos” y el “voto en blanco”.
Distinta es la metodología política, por ejemplo, de dirigentes como Mauricio Macri que introdujo líneas telefónicas para denunciar niños que fueron declaradas ilegales por la justicia; o que está procesado por escuchas telefónicas violando las libertades individuales. ¿Cuál es el problema entonces?: que la derecha no acepta -como si lo hizo el kirchnerismo en 2009- una derrota electoral.  

¿Quieren LIBERTAD DE EXPRESIÓN?: el gobierno también y por eso aprobó con apoyo de buena parte de la oposición, la ley de medios. La norma  favorece la pluralidad de voces y otorga participación en la emisión y en el control de medios audiovisuales, a todas las personas, las organizaciones y las fuerzas políticas. ¿Qué es lo qué piden entonces los medios?: la libertad de empresa de Clarín y de sus aliados de la oligarquía mediática.

¿Quieren COMPRAR DIVISAS para atesorar?: el gobierno también quiere cuidar el poder adquisitivo de los argentinos y es por eso, que no olvida que en el año 2001 las cacerolas sonaron por el asalto que implicó el “corralito”. En el 2001 en nombre de la “libertad de mercado”, les robaron los ahorros en dólares a los argentinos y en su lugar les dieron bonos (patacones o Lecop). El gobierno nacional está protegiendo el ahorro de los argentinos y es por eso, que evita la fuga de capitales y las operaciones de desestabilización financiero que lo originan. Lo que no va a permitir el gobierno nacional, es que los grandes especuladores bursátiles sigan ganando fortunas sin generar riqueza y a costa de confiscar nuestros ahorros.

 

jueves, 1 de noviembre de 2012

La Fragata Libertad y la dignidad nacional



Aritz Recalde, noviembre 2012

“Lo que no puedo concebir es el que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempo de la dominación española; una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer”. José de San Martín

La detención de la Fragata Libertad por el accionar de los especuladores bursátiles norteamericanos, muestra la impunidad con la que siguen actuando los factores de poder financiero. Estos mismos intereses, son los que están demoliendo a gran parte de Europa, continuando con las recetas económicas que destruyeron Latinoamérica.
Frente al accionar de los especuladores financieros, se suma la preocupante actitud de algunos dirigentes partidarios y de periodistas, que defienden públicamente a los bonistas en nombre de la necesidad de “honrar las deudas”. Para tal gravosa actitud, arguyen que el problema de fondo no es la detención ilegal e ilegitima de la fragata, sino que el verdadero drama estriba en que la Argentina no reconoce los derechos de los especuladores que no adhirieron al canje de deuda. De esa manera, los periodistas se debaten sobre la “vergüenza” que les da formar parte de la “Argentina deudora”.
Frente a semejante acto de atropello que implicó la detención de la fragata, es bueno preguntarse qué ocurriría si un barco militar de los Estados Unidos -que es el país con mayor deuda externa del planeta-, es detenido por un juez argentino como resultante de una demanda de un extranjero. Para poder adelantar una “potencial contestación” de los norteamericanos, vamos a comentar un altercado ocurrido hace un tiempo en las Islas Malvinas.

Tal cual lo relató José María Rosa, en el mes de diciembre del año 1831 las Islas Malvinas estaban bajo la égida del gobierno argentino, por intermedio de la comandancia de Luis Vernet. Por una disposición legal de nuestro país, estaba regulada la “pesca de anfibios” y se incluyó un impuesto a los buques pesqueros que operaban en la zona. Vernet detuvo algunos buques pesqueros de bandera norteamericana, con la finalidad de dar cumplimiento a la legislación nacional. Para evitar practicar las leyes argentinas, el cónsul norteamericano en Buenos Aires George W. Slacum, mandó a las Malvinas la corbeta de guerra Lexington. El barco ingresó a Puerto Soledad, detuvo a los colonos de la isla y destruyó y saqueó las propiedades de nuestros compatriotas, que fueron arrestados ilegalmente para ser trasladados a Montevideo. Con esa agresión, los norteamericanos obtuvieron la libertad para "pescar tranquilamente" en las Malvinas.

En esa fecha, Balcarce cumplía un interinato en el gobierno y en representación del país, protestó frente a los Estados Unidos “por una conducta tan opuesta al derecho de la naciones como contraria a las relaciones de amistad y buena inteligencia que conservan ambas Repúblicas”. Reincorporado en el poder y cuestionando la gravosa tropelía, Juan Manuel de Rosas declaró persona “no grata” al nuevo ministro norteamericano en Buenos Aires, Francis Baylies, que se retiró del país en septiembre del año 1832, aconsejando que “los Estados Unidos declarasen la guerra al insolente gobierno de Buenos Aires”. Frente a la agresión norteamericana, Rosas mantuvo acéfala la representación de la Argentina en Washington hasta el año 1838, en el que se nombró a Carlos María de Alvear con instrucciones de “entenderse directamente con la Secretaria de Estado” sobre la reclamación por el atropello.

Tal cual se lee, parece que algunos empresarios norteamericanos están acostumbrados a no cumplir las leyes y a realizar abusos contra la soberanía de los países. Por suerte para la dignidad nacional, tanto Juan Manuel de Rosas como el gobierno actual, no están dispuestos a negociar frente a la presión y a la prepotencia de los grupos económicos extranjeros y tal cual estableció Cristina Fernández de Kirchner, “se podrán quedar con la fragata, pero no con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país. No se va a quedar con eso ningún fondo buitre, ni nadie".

José María Rosa, Historia Argentina, Tomo 4, Ed. Oriente. Pp. 187-189