lunes, 22 de junio de 2009

EL CENTRO DE ESTUDIOS HERNÁNDEZ ARREGUI FRENTE AL ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES



El C.E.H.A. apoya la sanción definitiva del actual anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque:


1- Considera que es el Estado, por intermedio de sus representantes elegidos en democracia, el actor legal y legítimo que debe planificar la comunicación atendiendo al interés social y cultural colectivo y que por lo tanto, no puede concederse la administración y control de los Servicios de Comunicación Audiovisual a empresas oligopólicas y negocios privados. Los medios de comunicación deben ser organizados por la democracia en función del interés del país, no por las corporaciones transnacionales.
2- Estima que el proyecto implica un gran avance en la democratización y en la organización de los Servicios de Comunicación Audiovisual, estableciendo reglas claras sobre quién emite, quién controla y con qué objetivos. El Anteproyecto, aunque perfectible, implica un trascendente avance para hacer de la comunicación un instrumento del desarrollo nacional poniendo al alcance de la democracia y de las organizaciones libres del pueblo, la producción, emisión y fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
3- Concluye que el Anteproyecto es consecuencia de propuestas, debates e iniciativas del Estado y de las organizaciones libres del pueblo. Las resoluciones de éstas últimas fueron recogidas por intermedio de las demandas y propuestas de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y a través de la organización de foros de debate en todo el país. Es fundamental para el futuro, respecto a la viabilidad de la democracia y de la posibilidad misma de consolidar la nacionalidad, masificar el debate y que la comunidad nacional, como una gran escuela, discuta y proponga cuál es el modelo de comunicación para el presente y para el futuro.

A continuación, se presenta una síntesis argumental de los fundamentos a partir de los cuales el C.E.H.A. esgrime su posicionamiento respecto a los tres aspectos mencionados. Incluimos en el texto además:

1- Un punto de partida general para enfrentar el debate;
2- Un esquema simplificado de algunos de los rasgos principales que propone la nueva ley;
3- Algunas iniciativas del CEHA;



3- ALGUNAS INICIATIVAS DEL CEHA
1- La ley debe promover el desarrollo de la industria nacional, privada, cooperativa y especialmente, de aquellas ligadas a las empresas y servicios públicos en manos del Estado. Por eso, proponemos que se establezca un costo diferenciado para la emisión de publicidad por parte de las pequeñas y medianas empresas de capital nacional, en relación a las grandes corporaciones y las empresas extranjeras.


2- En el Titulo I, Disposiciones Generarles, Articulo 3, Objetivos, se podría mencionar “Promover la identidad argentina fortaleciendo la soberanía, la seguridad y la defensa nacional”.


3- Tomando el criterio de la Coalición por una Radiodifusión Democrática se podría reducir el número de licencias en un mismo operador para los prestadores de radiodifusión abierta y por suscripción.


4- Se deberían revisar las menciones a los Tratados Internacionales. Sobre éste tema, la Coalición por una Radiodifusión Democrática plantea la importancia del cumplimiento efectivo de la reciprocidad, cuestión importante. Siguiendo la línea de la Ley de Educación Nacional, debería plantearse una modificación más profunda y tajante del asunto y se podría establecer que: “El Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir los Servicios de Comunicación Audiovisual como una actividad meramente lucrativa o que alienten la extranjerización de la Comunicación y la puesta en cuestión de la soberanía cultural y política del país”.

5- Los programas consideramos prioritarios por el Estado nacional, provincial y municipal de las carteras de Salud y Educación, podrían ser transmitidos de forma gratuita y obligatoria por los prestadores de radio y televisión de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

6- Se podría prohibir la publicidad en los Servicios de Comunicación por suscripción, con la excepción de aquella ligada a la pequeña y mediana empresa nacional.

7- La incompatibilidad del Artículo 23, inciso g) debe alcanzar a las personas de derecho ideal; un miembro de un directorio o un accionista de las empresas de Comunicación, no debería ocupar cargo público alguno.


8- El Artículo 63 al referirse a la emisión de Cadena Nacional o Provincial, debería decir “sin costo”.


9- La ley podría mencionar la importancia de establecer pautas mínimas de emisión de las producciones de las escuelas de música del Estado municipal, provincial o nacional;


10- La ley 14.241 del año 1953 establecía, entre otras cuestiones importantes que pueden rescatarse para el proyecto: “Se prohíbe la transmisión de noticias o comentarios (…) que inciten a la traición contra el Estado, la rebeldía o a la sedición contra las autoridades constituidas; las que puedan provocar la alarma pública o perturbar las actividades económicas o financieras internas; las que pudieran dañar o comprometer las relaciones internacionales del país; las que susciten polémicas o contengan expresiones injuriosas o difamatorias o las que tengan por objeto causar perjuicio moral o material a terceros”.


11- Compartimos la opinión de la Coalición por una Radiodifusión Democrática que establece la importancia de revisar la vigencia de los plazos del decreto 527/05.


12- Acompañamos la opinión de la Coalición por una Radiodifusión Democrática que establece que se debe prohibir la publicidad orientada a menos de 13 años.


13- El proyecto debería establecer claramente la potestad del Estado para regular las tarifas de los servicios de televisión por suscripción.



viernes, 19 de junio de 2009

La Ley de Educaciòn Superior y la Historia Oficial Universitaria


Aritz Recalde - junio 2009




La universidad, conjuntamente al resto de las instituciones del Estado de las carteras de educación y de ciencia y técnica, tienen diversos problemas y desafíos, actuales e históricos, a abordar y a resolver para desarrollar plenamente sus funciones. Dicho complejo panorama involucra, entre otros temas, las estratégicas relaciones entre el sistema educativo y la producción, las organizaciones libres del pueblo y el conjunto del aparato del Estado. En este marco, existe una tendencia política y cultural que identifica entre las prioridades de un potencial cambio de funcionamiento o de la organización del sistema educativo, al tema concerniente a la legislación de la educación superior. Hay una muletilla que está de moda en la universidad y que se repite a modo de disco rayado: hay que “Derogar la Ley de Educación Superior, la “LES” infame menemista”. Como toda moda el producto “derogar la LES”, contempla en su desenvolvimiento a los “vendedores del producto”, a los propagandistas y a los “repetidores a coro y en masa” que consumen y alimentan la ganancia del proveedor. Los primeros y generalmente, son las personas y organizaciones políticas que administran los recursos de la universidad y que en el arco ideológico o político, se los puede identificar con la derecha y con la izquierda o con vertientes del radicalismo y algunos partidos que se dicen seguidores de Marx, de Mao y de Trotsky. Los auto considerados dueños de la universidad y vendedores del producto de moda, difunden los supuestos “males de la LES” por intermedio de una actualización de la Historia Oficial Universitaria, que en su origen está ligada a las opiniones de Bartolomé Mitre sobre Bernardino Rivadavia y derivados. Durante el siglo XX esta corriente liberal de la historia fue actualizada por intelectuales ligados al Partido Socialista y a la UCR. La Historia Oficial Universitaria que inventó y difundió un eje de discusión para pensar la historia de universidad en la dicotomía “autonomía – violación de la autonomía”[2], es difundida desde el aparato de prensa de sus agrupaciones partidarias nacionales, organizaciones universitarias, por sus legisladores o por intermedio de sus vínculos con el “periodismo independiente”. Finalmente, le queda a la juventud revoltosa que tiene iniciativas muchas veces genuinas pero y generalmente, planteadas de manera errónea, levantar el cuco de la LES y asustar con ello a los desprevenidos sobre los supuestos terribles males que esconde esa ley.
La PRIMERA y principal cuestión que resaltan dichos grupos, es que la LES es el principal problema de la universidad argentina ya que implicaría una intromisión del Estado en la administración de la universidad autónoma: las evaluaciones externas pero y especialmente, la CONEAU, son el “mal que atañe a la autonomía”. En SEGUNDO lugar y paradójicamente, la LES cometería el error de dejar en manos de la autonomía universitaria la posibilidad del cobro de aranceles en las carreras de grado. Digo “paradójicamente”, porque muchos de estos grupos son enemigos declarados de la democracia de masas según lo establece la Constitución Nacional[3] y en su lugar, defienden a rajatabla la autonomía como sinónimo del cogobierno y solución última de todos los problemas de la universidad. Si uno tira de la piola de dichas concepciones para justificar la planificación de las políticas educativas entre grupitos reducidos de miembros de la clase media, se puede encontrar en la otra punta del ovillo la formulación de justificaciones con ribetes preocupantemente racistas, sobre la supuesta superioridad del universitario que ejerce el cogobierno en relación al resto del mundo. Incluso podríamos decir, que la universidad argentina es una de las pocas instituciones en el país que públicamente plantean en términos de “peligro”, la potencial articulación de la democracia popular con la planificación de sus políticas. Las decisiones del Congreso Nacional como es una ley o la formulación de políticas vinculadas al resultado electoral desde el Gobierno y el Estado, por ejemplo desde la Secretaria de Políticas Universitarias, suelen ser vistas como intromisiones y violaciones de la autonomía y no importa que sean buenas o malas o que en su origen exista la legitimación electoral de la sociedad[4]. Retomando la cuestión de la “paradoja”, es bueno remarcar que el cogobierno y pese a que según estas interpretaciones es claramente superior en relación a la democracia de masas, esconde en si mismo un peligro “arancelador” y se le pide por eso al Estado que intervenga desde “el exterior” fijando límites a su accionar[5]. El TERCER problema de la LES se refiere a la distribución de poder del cogobierno y también como en el caso anterior, las rencillas entre los miembros del cogobierno son motivo de críticas cruzadas y existen tendencias y planteos que establecen que se le debería ampliar la representación a uno u otro actor de las casas de altos estudios. Nuevamente, se le pide al Estado y al Congreso que a partir de una ley intervenga para resolver las incapacidades, mezquindades y profundas internas, de la administración del propio sistema: por ejemplo, se exige elección directa o mayor representación estudiantil en los consejos.
Como se puede ver, para estas interpretaciones los ejes principales de debate para “derogar la LES” parten del supuesto de que el único problema que hay que resolver de la universidad es de funcionamiento interno: qué ocurre con la relación entre la educación, la ciencia, la investigación y el conjunto del país, pasa a un segundo plano. Según estos, la sociedad que elige a sus representantes del Estado, muchos de ellos profesionales y hombres de importante trayectos científica, tienen que:
- Poner el dinero para financiar el sistema y no pregunta “para qué”;
- Garantizar dicho financiamiento y “apagar incendios” introduciendo desde la legislación nacional cláusulas que intenten “racionalizar” la administración corporativa del propio sistema;
- No intervenir en el planteamiento de demandas del sistema, no evaluar que se hace con los recursos del pueblo, no pedir que se haga política universitaria atendiendo las necesidades de conjunto de los programas públicos y no exigir que se atiendan, prioritariamente, las problemáticas sociales y económicas de la democracia constitucional.

En resumen: el pueblo que no va y no va a ir a la universidad, no tiene derecho a exigir nada al sistema, ya que participa de la democracia de “segunda o de masas” y debe pagar, sin chistar u opinar, el mantenimiento de la estructura. A partir de aquí y desde mi modesta opinión quiero sostener:
PRIMERO: la LES no es la prioridad en un proceso de transformación de la universidad, es un aspecto secundario; incluso y tomando una opinión de Ernesto Villanueva, algunos de los temas prioritarios como el financiamiento, la alta deserción, la articulación interna del sistema y con la comunidad, se podrían discutir y articular en proyectos y normas sin necesidad de modificar la LES; incluso y leyendo los documentos y proyectos presentados en el Congreso de la Nación, se corre el riesgo de modificar la LES sin solucionar ninguno de los temas mencionados.
SEGUNDO: la LES tiene aspectos positivos, negativos e importantes “vacios” sobre temas del sistema de educación superior. Quienes ven en ese texto “todo negativo” se puede suponer o que no entienden de leyes, que mienten o que es sólo una muletilla de campaña que articula los dos aspectos mencionados.
TERCERO: los que dicen que la LES debe ser derogada por ser un legado neoliberal y “menemista” no dicen nada. Primero, por que es innegable que dicha ley se vincula al Pacto de Olivos que implicó un acuerdo público y concertado entre Alfonsin y Menem o sea que no es “simplemente menemista”. Segundo, por que si de derogar medidas sancionadas entre 1989 y 1999 se trata, deberíamos cerrar 9 importantes universidades y dar marcha atrás iniciativas positivas aunque perfectibles, para la articulación de las políticas públicas y la educación superior como son la CONEAU o el programa de Incentivos.

A partir de aquí, creo oportuno resaltar que no niego que sea positivo discutir y asentar las bases para la formulación un nuevo marco legal, pero de lo que sí dudo es de que varios de los promotores tengan en claro cuáles son los problemas reales, profundos, históricos y actuales, del sistema de educación superior y su relación con las demandas de la sociedad y el Estado. Si de lo que se trata es de avanzar solamente en los tres ejes o supuestos problemas que están en la agenda de la derecha y de la izquierda o simplemente de “bajar un símbolo de los noventa”, se estaría perdiendo una buena posibilidad de discutir y abordar soluciones reales y se va a invertir tiempo y dinero en un proyecto que no va a modificar prácticamente ninguno de las demandas del sistema educativo que tiene que contribuir al desarrollo del país que lo financia. Hecho este comentario, voy a mencionar algunos aspectos que considero importantes y que aparecen en un conjunto de proyectos de ley que están en el Congreso de la Nación. No voy a extenderme ya que se puede leer nuestra propuesta del portal del Congreso de la Nación en el documento “60 medidas para refundar la Educación Superior”[6]. Solamente voy a mencionar algunos mecanismos de vinculación entre sociedad y universidad que considero prioritarios y aquellos concernientes a la articulación interna del sistema.




[2] La Historia Oficial de la Universidad en vez de establecer un eje análisis centrado en el apoyo o enfrentamiento de la universidad al “desarrollo o al subdesarrollo del país”, establece la categoría “autonomía - violación de la autonomía”. No por casualidad, los estudios históricos de la universidad ven de manera peyorativa a Rosas y a Perón: ambos políticos que alcanzaron importantes logros para el desarrollo independiente del país.
[3] La justificación va de un lado al otro de los campos ideológicos: la “izquierda” mientras convoca a la lucha insurreccional o el voto en blanco, dice defender la autonomía universitaria para preparar la teoría socialista separada del “Estado burgués”. La derecha y mientras usufructúa el gasto publico y maneja el aparato del Estado “no autónomo”, dentro de la universidad defiende la autonomía para “proteger” la ciencia de la barbarie potencial que esconden las decisiones del pueblo.

[4] La justificación del peligro del “mal gobierno” y casi sin excepciones, culmina en la figura de “Menem”: la autonomía sería un “escudo protector” contra estos programas liberales. Contra dicha interpretación simplista habría que decir un par de cosas. Primero y lamentablemente, las agrupaciones de docentes y de alumnos apoyaron a lo largo de la historia golpes de Estado y acciones de terrorismo contra presidentes de distintas ideologías que nada tienen que ver con el liberalismo: en los golpes militares contra Hipólito Yrigoyen, contra Juan Perón o contra Arturo Illía varias agrupaciones de la universidad salieron a la calle a festejar y dar su apoyo público. En Segundo lugar, durante dicho gobierno “menemista” existieron medidas positivas como la creación de nuevas universidades o la apertura de programas de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU), que pese a ser perfectibles, son positivos: en realidad y en mi opinión, la universidad autónoma no puede decir que administra mejor los recursos que los representantes de la democracia de masas. En Tercer lugar, la universidad además de “resistir” al neoliberalismo, lo apoyó desde la producción textual, a partir de la formación profesional (por ejemplo, Ricardo López Murphy no se educo en Marte) o desde la campaña electoral de y por ejemplo, el radical y cavallista Fernando De la Rua.
[5] Además hay que decir que la gratuidad de los estudios universitarios resultó de una decisión del gobierno de Juan Perón del 22 de noviembre de 1949, al cual la “Historia Oficial de la Universidad” lo acusa de desarrollar una gestión “autoritaria” y “violar la autonomía”: se le pide al Estado que tanto se cuestiona que resuelva las incapacidades y limitaciones del cogobierno y acto seguido, se lo acusa de “intromisión”.
[6] “Agrupación 22 de noviembre”. Material de la Comisión de Educación del Congreso de la Nación recopilado como antecedente para la redacción de otra Ley de Educación Superior. http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/ceducacion/.